Dieciséis pufs, seis colchonetas, una mesa de ping-pong, un sofá de cachemir de color rojo o una mesa de 1,40 por 2,80 metros por 1.461 euros son algunos de los elementos comprados en diciembre de 2018 por la funcionaria Pilar Rodríguez Machín, asesora de Coalición Canaria (CC), para dotar la Casa de la Juventud de Santa Cruz de Tenerife presuntamente esquivando las exigencias de contratación pública. Se trata solo de una pequeña parte de las compras que detectó accidentalmente la justicia al recurrir a ella una empresa proveedora que no pudo cobrar al ser rechazadas sus facturas por el grupo de gobierno que sucedió al de Coalición Canaria en el verano de 2019 a la vista de los informes negativos de la Intervención. Todas las facturas llevan el “conforme” de la que entonces era concejala de Juventud, Deportes y Educación, Verónica Mesegué del Pino, también de CC.
La jueza titular de Instrucción 1 de Santa Cruz de Tenerife solicitó a principios de septiembre al Ayuntamiento de la ciudad que le remitiera el expediente completo de uno de los pagos que se fraccionaron de manera presuntamente ilegal. Se trata de los que se efectuaron a la contratista María Caballero Arellano, que recurrió a la jurisdicción Contencioso-Administrativa para poder cobrar. El juez le dio la razón pero detectó tales irregularidades en la tramitación administrativa que lo puso en conocimiento de los juzgados de instrucción para que se valorara la apertura de una investigación penal. Actualmente se encuentra imputada la funcionaria Pilar Rodríguez Machín, cargo de confianza de Coalición Canaria, actual consejera delegada del Instituto Municipal de Atención Social (Imas) y esposa del diputado de ese mismo partido José Alberto Díaz-Estébanez. Rodríguez Machín fue citada como investigada el pasado agosto pero se acogió a su derecho a no declarar.
En las facturas investigadas por la jueza se detallan las compras que se realizaron bajo la declaración de “urgencia” para dotar la conocida como Casa Siliuto, es decir, la Casa de la Juventud de Santa Cruz de Tenerife, a pocos meses de las elecciones locales de 2019, celebradas en mayo. La funcionaria adquirió a esta proveedora un sofá de tres plazas, en tejido cachemir rojo, por 699 euros; una mesa Enea Design de 120x280 centímetros, por 1.461; cuatro pufs Furninova Cube 60x60, a 312,50 euros cada uno (en total, 1.250 euros); seis colchonetas Fatboy, a 259,95 euros cada una (en total, 2.069.60 euros), y otros doce pufs, en este caso a 79,95 euros (959,40 euros en total).
También se compraron a la misma proveedora una mesa de ping-pong por 499 euros o seis foscurit que en total costaron 2.662,77 euros.
Pero, además de esta proveedora, los servicios municipales custodian decenas de facturas de otras empresas que prestaron servicios o vendieron bienes al Ayuntamiento para la Casa de la Juventud utilizando el mismo procedimiento que ha conducido a la apertura de esta investigación judicial.
Todas las facturas aparecen firmadas por la funcionaria de Coalición Canaria Pilar Rodríguez Machin con el “conforme” de la concejala Verónica Mesegué del Pino.
Entre otras muchas compras, destaca las de tres papeleras de tres bocas, a 452 euros cada una, servidas por Cavas Catalanas; cinco sillas italianas de malla negra a 586 euros cada una, compradas a Samper Croissier, S.L.; y tres muebles a la medida para la Casa Siliuto (un mostrador y dos armarios) por importe total de 14.980 euros encargado también por la vía de urgencia y sin respetar los trámites de contratación a Construcciones Felipe Méndez, S.L.
En el momento de firmar estas facturas y formalizar estos contratos bajo sospecha, Pilar Rodríguez Machín era jefa de servicio de Promoción Económica y Juventud. Tras el cambio de gobierno municipal en 2019, la funcionaria regresó a su plaza de jefa de sección del Imas, pero antes elevó a la nueva junta de gobierno municipal los pagos que dejó pendientes de su etapa como responsable del anterior servicio. Pero como consecuencia de los informes negativos de los servicios de intervención, el equipo que presidía la socialista Patricia Hernández los paralizó, dando lugar al recurso de una de las proveedoras que ha destapado todas las irregularidades.
Rodríguez Machín, una histórica de CC en Santa Cruz de Tenerife, regresó al entorno del poder municipal en cuanto su partido retornó al poder en 2020. Actualmente es consejera delegada del Imas, un cargo de confianza del grupo de gobierno.