Casi dos décadas después de que se abriera la investigación, la Fiscalía Anticorrupción y las defensas negocian un acuerdo que puede evitar el juicio contra el clan ruso Kokorev por la presunta trama de blanqueo de capitales con origen en el tráfico de armas con el Gobierno de Guinea Ecuatorial de Teodoro Obiang.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebra el próximo lunes una vista a meros efectos de conformidad. Es decir, para que los seis acusados o alguno de ellos, si finalmente así lo deciden sus defensas, acepten los hechos y, por tanto, los delitos que les atribuye la Fiscalía Anticorrupción (la única acusación tras la retirada, por cuestiones económicas, de la acción popular que hasta 2024 ejerció la Asociación Pro-Derechos Humanos de España). También asumirán, por tanto, las penas, aunque los términos de la conformidad se conocerán el lunes.
Según ha informado la Fiscalía de Las Palmas, ha sido el representante del Ministerio Público en esta causa, Javier Ródenas, quien ha puesto en conocimiento de la Audiencia Provincial la posibilidad de un acuerdo. El inicio del juicio estaba señalado para octubre.
El fiscal Anticorrupción presentó hace ya cuatro años (a finales de mayo de 2021) el escrito de acusación en esta causa. El Ministerio Público solicitaba penas de entre cinco y ocho años de cárcel y multas que suman 657 millones de euros para los seis procesados, entre los que se encuentran tres miembros de la familia Kokorev (el matrimonio formado por Vladimir y Julia y su hijo Igor) y el conocido abogado y asesor fiscal canario Juan Arencibia.
El fiscal cifra en 120 millones de euros la “riqueza ilícita” obtenida a través del blanqueo de capitales. Como cabecilla de la trama sitúa a Vladimir Kokorev, ciudadano ruso afincado en Las Palmas de Gran Canaria. Los hechos ocurrieron entre 1999 y 2014. En su escrito de acusación, de más de 500 páginas, Ródenas detalla el entramado pergeñado con el objetivo de lucrarse de fondos públicos.
El origen está en los contratos de armas y material militar de doble uso (buques, helicópteros de combate, vehículos blindados, corbetas militares, patrulleras, fragatas…) suscritos por Kokorev con el Gobierno de Guinea Ecuatorial. Esos contratos, siempre según el relato de Anticorrupción, se camuflaban bajo otros conceptos (venta de yates, barcos o adquisición de material diplomático).
La consigna era ocultar cualquier referencia militar en los conceptos bancarios, puesto que el tráfico era ilegal.
Además, a esos contratos se les aplicaba un “notorio sobrecoste” que después se repartían los componentes de la trama y funcionarios y militares de alta graduación del Gobierno guineano con los que actuaban en connivencia.
El abogado Juan Arencibia ideó, según Anticorrupción, la compleja red de empresas pantalla radicadas en paraísos fiscales (República de Panamá, Antillas Holandesas, Islas Seychelles y Delaware) que habría servido para blanquear el dinero.
Una vez introducido en el circuito económico legal, esos fondos se destinaron a la compra de propiedades inmobiliarias, relata la acusación. De los 109 millones que, según Anticorrupción, habría obtenido la trama con este proceder “clandestino y corrupto”, al menos 70 millones se transformaron en patrimonio inmobiliario.
Penas
En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción solicita la mayor pena para Vladimir Kokorev, el jefe de la “organización criminal transnacional”. En concreto, pide ocho años de prisión y una multa de 240 millones de euros, además de la inhabilitación para ejercer en empresas marítimas, de intermediación, consignación o inmobiliarias durante siete años. Para Julia y su hijo Igor pide seis años de cárcel y 150 millones de multa para cada uno.
Juan Arencibia se enfrenta a una pena de cinco años y medio de cárcel y la inhabilitación para ejercer durante tres años como asesor fiscal y durante cinco como intermediario del sector financiero además de una multa de 100 millones.
Las otras dos acusadas son las hermanas de Juan Arencibia, Margarita y Maria Luisa, para quienes solicita la misma pena de prisión y multas de diez y siete millones de euros. El fiscal considera que ambas contribuyeron a blanquear los fondos ilícitos y a transformarlos en patrimonio inmobiliario.
El denominado caso Kokorev se abrió en 2009 en el Juzgado de Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria. La querella que dio origen a este procedimiento fue presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España después de que una subcomisión del Senado de Estados Unidos detectara transferencias de 26,4 millones de euros desde la denominada cuenta del petróleo que el Gobierno de Guinea Ecuatorial tenía en el banco Riggs de Nueva York hasta la cuenta que la empresa Kalunga, propiedad de la familia Kokorev, había abierto en la sucursal del Banco Santander en la calle Franchy Roca de Las Palmas de Gran Canaria.
Los tres miembros de la familia Kokorev fueron detenidos en septiembre de 2015 en Panamá tras una orden internacional de busca y captura. Después de un mes en el centro penitenciario de La Joya, en el país centroamericano, fueron trasladados hasta Gran Canaria. Vladimir Kokorev permaneció encarcelado hasta 2018.
En diciembre de 2023 ya se celebró una vista para determinar si el juicio debía celebrarse en la Audiencia Nacional, como sostenían los abogados de Vladimir Kokorev (José Antonio Choclán) y Julia Kokorev (Antonio José García Cabrera), o en la Audiencia de Las Palmas, como defendía el letrado de Igor (Álvaro Campanario). Finalmente, el caso se juzgará en Las Palmas.