La Audiencia de Las Palmas ha absuelto a los 14 procesados el llamado caso Fundescán, tras quince años de instrucción para aclarar si el sindicato UGT hizo o no un uso fraudulento de las subvenciones públicas que recibió del Gobierno de Canarias para cursos de formación entre 2006 y 2009.
En el último día del juicio, el Gobierno de Canarias y las otras dos acusaciones particulares ya habían comunicado al tribunal que retiraban los cargos contra todos los acusados, tras haber llegado a un acuerdo con UGT por el que el sindicato abonará 430.000 euros a la comunidad autónoma y 232.634 euros a los demás perjudicados.
Sin embargo, la Fiscalía mantuvo su acusación de fraude en el uso de subvenciones públicas, delito que ahora la Audiencia descarta en una sentencia absolutoria que han adelantado La Provincia y el digital Espiral 21 y a la que ha tenido acceso EFE este jueves.
Procesados
Las nueve personas acusadas por la Fiscalía eran Alicia María Rodríguez y José Lorenzo López (expresidentes del patronato de Fundescan); Manuela Fernández y Carmen Dumpierrez (exsecretarias de la fundación), y los exvocales Juan Raúl Núñez, Antonio Martín, Andrés Pérez, José Yanes y Carmen Guadalupe.
El resto de acusaciones incluían a otras cinco personas, todas miembros de la Ejecutiva Regional de UGT en el momento de los hechos. Son Jesús Trancho, José Antonio Montesdeoca, Miguel Pérez, Dulce María Quintana y Carlos Uche. El último fue secretario general de UGT en Canarias y, posteriormente, asesor en Fundescan.
Los hechos
Las acusaciones sostenían que los procesados desviaron las subvenciones de los cursos de formación que recibió la fundación para financiar al sindicato.
UGT recibió en 2008 una subvención de 744.426 euros para cursos del Plan Nacional de Formación e Inserción (Plan FIP Canarias 2008). El Servicio Canario de Empleo (SCE) le reclamó el reintegro de este importe porque no lo aplicó “a los fines legalmente previstos”, pero la fundación no lo devolvió. Lo mismo ocurrió con otra subvención de 2009 para la financiación de las acciones de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia para el Autoempleo. Percibió 1.099.567,84 euros y desvió a otros fines, según la administración, 852.032,24 euros.
La tercera subvención es de 2008, ascendía a 302.163,42 euros y estaba destinada al mantenimiento del servicio técnico de Fomento de la Economía Social. El SCE pidió el reintegro de 193.826,65 euros.
La Fiscalía cuantificó el fraude en 1,7 millones de euros. Para el Ministerio Público, los hechos constituían tres delitos contra la Hacienda Pública. Y por cada uno de ellos pedía tres años de cárcel. Al acusado Andrés Pérez le atribuyó un delito y, por tanto, solicitó para él tres años de prisión. A Alicia María Rodríguez, Manuela Fernández, Juan Raúl Núñez y Antonio Martín, dos delitos (seis años). Y a José Lorenzo López, Carmen Dumpiérrez, José Yanes y Carmen Guadalupe, tres delitos (nueve años).
Además, pedía para cada uno de ellos multa del triple de la cuantía defraudada, lo que asciende a 41,3 millones de euros, y el pago de las cantidades presuntamente defraudadas.
Para la acusación particular, por su parte, los hechos eran constitutivos de un delito continuado de estafa y de cuatro delitos contra la Hacienda Pública de defraudación de subvenciones. Por ello, pedía penas de entre seis y doce años para los catorce procesados.