Caso Fundescan: el juicio por el presunto fraude de 1,7 millones en cursos de formación de UGT arranca este martes

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzga desde este martes el caso Fundescan, un presunto fraude de 1,7 millones de euros en las subvenciones públicas que recibió entre 2006 y 2009 la Fundación para el Desarrollo Social de Canarias, vinculadas al sindicato UGT, para cursos de formación. 

La vista se celebrará quince años después de que se abrieran diligencias en el Juzgado de Instrucción 4 de Las Palmas de Gran Canaria y tres después de que se decretara la apertura de juicio oral. 

En el banquillo se sentarán catorce acusados para los que se piden penas de hasta catorce años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública en la modalidad de fraude de subvenciones. 

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha reservado 16 sesiones para este juicio, que arranca este martes y podría extenderse hasta el 16 de mayo. 

La investigación del caso Fundescan se inició en 2010 y duró doce años. Durante la instrucción prestaron declaración más de un centenar de testigos y el número de investigados llegó a alcanzar la treintena. 

Finalmente fueron catorce los procesados, aunque la Fiscalía sólo acusa a nueve de ellos. También están personados como acusación los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y un grupo de extrabajadores y profesores de la fundación vinculada al sindicato UGT. 

Las nueve personas acusadas por la Fiscalía son Alicia María Rodríguez y José Lorenzo López (expresidentes del patronato de Fundescan); Manuela Fernández y Carmen Dumpierrez (exsecretarias de la fundación), y los exvocales Juan Raúl Núñez, Antonio Martín, Andrés Pérez, José Yanes y Carmen Guadalupe. 

El resto de acusaciones incluyen a otras cinco personas, todas miembros de la Ejecutiva Regional de UGT en el momento de los hechos. Son Jesús Trancho, José Antonio Montesdeoca, Miguel Pérez, Dulce María Quintana y Carlos Uche. El último fue secretario general de UGT en Canarias y, posteriormente, asesor en Fundescan.

Los hechos

Las acusaciones sostienen que los procesados desviaron las subvenciones de los cursos de formación que recibió la fundación para financiar al sindicato. 

UGT recibió en 2008 una subvención de 744.426 euros para cursos del Plan Nacional de Formación e Inserción (Plan FIP Canarias 2008). El Servicio Canario de Empleo (SCE) le reclamó el reintegro de este importe porque no lo aplicó “a los fines legalmente previstos”, pero la fundación no lo devolvió. Lo mismo ocurrió con otra subvención de 2009 para la financiación de las acciones de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia para el Autoempleo. Percibió 1.099.567,84 euros y desvió a otros fines, según la administración, 852.032,24 euros.

La tercera subvención es de 2008, ascendía a 302.163,42 euros y estaba destinada al mantenimiento del servicio técnico de Fomento de la Economía Social. El SCE pidió el reintegro de 193.826,65 euros.

La Fiscalía cuantifica el fraude en 1,7 millones de euros. Para el Ministerio Público, los hechos constituyen tres delitos contra la Hacienda Pública. Y por cada uno de ellos pide tres años de cárcel. Al acusado Andrés Pérez le atribuye un delito y, por tanto, solicita para él tres años de prisión. A Alicia María Rodríguez, Manuela Fernández, Juan Raúl Núñez y Antonio Martín, dos delitos (seis años). Y a José Lorenzo López, Carmen Dumpiérrez, José Yanes y Carmen Guadalupe, tres delitos (nueve años).

Además, pide que se les imponga a cada uno de ellos multa del triple de la cuantía defraudada, lo que asciende a 41,3 millones de euros, y el pago de las cantidades presuntamente defraudadas.

Para la acusación particular, por su parte, los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa y de cuatro delitos contra la Hacienda Pública de defraudación de subvenciones. Por ello, pide penas de entre seis y doce años para los catorce procesados.

A juicio de esta parte, los acusados, miembros de la Comisión Ejecutiva de UGT y del patronato de la fundación, propiciaron “el enriquecimiento patrimonial del sindicato a costa de Fundescan”, vulnerando “las normas más básicas de control económico de las fundaciones”.

Antes de que se dictara el auto de apertura de juicio oral, UGT difundió un comunicado en el que defendía que los cursos de formación se impartieron “a plena satisfacción” de sus destinatarios, que contrató a Fundescan para la ejecución de esas subvenciones y que se quedó una cantidad, “en ningún caso superior al 15%” de esos fondos, para afrontar los gastos de “la gestión, divulgación y justificación” de las subvenciones.