Caso Mediador: el fiscal pide 13 años de cárcel para Navarro Tacoronte, 8 para ‘tito Berni’ y 11 para su sobrino Taishet
El caso Mediador entra en su recta final después de que la Fiscalía haya presentado su escrito de acusación ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, solicitando la apertura del juicio oral contra esa trama de corrupción que operó entre mediados de 2020 y 2021 y que ya celebró un primer juicio con duras condenas para una parte de los encausados.
El Ministerio Fiscal pide 13 años de cárcel para el mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte; once para el que fuera director general de Ganadería del Gobierno canario, Taishet Fuentes, y ocho para su tío, Bernardo Fuentes, conocido como tito Berni, que era diputado nacional del PSOE en el momento de los hechos, aunque dimitió al ser descubierto. A todos ellos se les acusa de pertenencia a organización criminal para cometer delitos como cohecho y estafa, además de otros que no recaen en todos los acusados. Además, el fiscal pide dos años de cárcel y la suspensión de empleo o cargo público para el exgeneral de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, al que se acusa de cohecho y tráfico de influencias por usar su posición para ofrecer contratos en África a cambio de comisiones.
Las peticiones de cárcel se extienden también a los siguientes empresarios:
M. Á. R. G. (administrador de Hispano Robysa): 10 meses de prisión en total y sendas multas; A. M. G. (Biogranja Montesdeoca) 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación para obtener subvenciones públicas por 6 años y 10 años de inhabilitación para cargo público; E. B. R. y M. I. R. E. (matrimonio de empresarios de Mec Suministra): 3 años y 6 meses de prisión, 6 años de inhabilitación para obtener subvenciones y 10 años de inhabilitación para cargo público; J. S. S. E. y M. I. S. C. (Asesoramiento y Servicios de Drones SL): padre e hija imputados por cohecho tras realizar múltiples transferencias al entorno del mediador y pagar billetes de avión a cambio de contratos amañados. Afrontan 3 años y 3 meses de prisión cada uno, además de 6 años de inhabilitación para recibir ayudas públicas o contratar con el sector público; M. M. P. S. (empresario): acusado de cohecho tras pagar un banquete de 7.800 euros y servicios de prostitución en Madrid para ganarse el apoyo de los políticos de la red. Se solicita para él 1 año de prisión.
Así operaba la trama
La trama, encabezada por Marco Antonio Navarro Tacoronte, el mediador, se dedicaba a captar a empresarios a cambio de prebendas, comisiones y el posterior desvío de fondos o favores políticos, recuerda el escrito del Ministerio Fiscal.
Al frente de esta organización criminal se situaba un núcleo delictivo con un reparto de funciones muy claro: el exdiputado nacional del PSOE por la provincia de Las Palmas Juan Bernardo Fuentes Curbelo, su sobrino y exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes Gutiérrez durante el pacto de las flores, y el intermediario Antonio Navarro Tacoronte, conocido popularmente como el Mediador.
Según el escrito del Ministerio Fiscal, la trama utilizaba la influencia de sus cargos públicos para ganarse la confianza de empresarios de los sectores agrícola, ganadero y de energías renovables. Para convencerlos de la “seriedad” de los negocios ilícitos, los acusados organizaban visitas guiadas al Congreso de los Diputados y a las dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid.
Una vez captados, los empresarios debían abonar un peaje inicial, que habitualmente consistía en una transferencia de 5.000 euros a las cuentas de la Asociación Deportiva Vega Tetir, en Fuerteventura, club presidido por el propio Juan Bernardo Fuentes Curbelo y que servía como tapadera.
Posteriormente, los pagos se diversificaban mediante transferencias a cuentas de familiares o personas del entorno de Antonio Navarro Tacoronte para borrar el rastro del dinero. El fiscal destaca en su escrito que una parte importante de estas comisiones se destinaba a costear comidas, hoteles y servicios de prostitución para el disfrute de los principales encausados, gastos que eran sufragados directamente con las tarjetas de la red de intermediación.
Las peticiones de pena, al detalle
Estas son al detalla las penas que solicita Ministerio Fiscal por el caso Mediador:
Juan Bernardo Fuentes Curbelo (exdiputado del PSOE): Se le solicitan 8 años de prisión (6 por un delito continuado de cohecho y 2 por pertenencia a grupo criminal) , además de 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Taishet Fuentes Gutiérrez (exdirector general de Ganadería del Gobierno canario): Afronta una petición total de 11 años de prisión (6 por cohecho, 2 por grupo criminal y 3 por un delito continuado de estafa), junto con inhabilitaciones que suman más de 20 años.
Antonio Navarro Tacoronte (el Mediador): El Fiscal solicita para él 13 años de prisión al considerarlo cooperador necesario y autor de múltiples delitos, incluyendo cohecho (6 años), grupo criminal (2 años), estafa (3 años), falsedad en documento mercantil (1 año) y tráfico de influencias (1 año).
Álvaro de la Bárcena Argany. (Exviceconsejero del Sector Primario): Se le acusa de un delito continuado de prevaricación administrativa por exonerar conscientemente de las sanciones a empresas de la trama. El Fiscal solicita 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Estefanía Margarita González Núñez, jefa de Servicio de la Dirección Técnica de Ganadería. Acusada de prevaricación administrativa tras modificar la gravedad de un expediente sancionador (de grave a leve) para forzar su prescripción. Se solicitan 10 años de inhabilitación especial.
El empresario A B. P.: Se le acusa de un delito de cohecho para lo que se le solicita la pena de un año de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la vigencia de la pena.
M. Á. R. G. (Administrador de Hispano Robysa): Tuvo un papel activo dando cobertura al Mediador mediante la emisión de facturas ficticias para blanquear las dádivas. Se le acusa de falsedad en documento mercantil y cohecho. Al aplicársele una atenuante analógica muy cualificada por colaborar con la justicia (aportó sus equipos informáticos), su pena se reduce a 10 meses de prisión en total y sendas multas.
A. M. G. (Biogranja Montesdeoca): Acusado de cohecho, inductor de prevaricación y falsedad mercantil. Recurrió a la trama para librarse de devolver una subvención y afrontar una multa. Se solicitan 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación para obtener subvenciones públicas por 6 años y 10 años de inhabilitación para cargo público.
E. B. R. y M. I. R. E. (Matrimonio de empresarios de Mec Suministra): Acusados de cohecho e inducción a la prevaricación tras pagar a la trama para destrabar una subvención retenida de 100.000 euros y evitar sanciones. Para cada uno se piden 3 años y 6 meses de prisión, 6 años de inhabilitación para obtener subvenciones y 10 años de inhabilitación para cargo público.
J. S. S. E. y M. I. S. C. (Asesoramiento y Servicios de Drones S.L.): Padre e hija están acusados de cohecho tras realizar múltiples transferencias al entorno del Mediador y pagar billetes de avión a cambio de contratos amañados. Afrontan 3 años y 3 meses de prisión cada uno, además de 6 años de inhabilitación para recibir ayudas públicas o contratar con el sector público.
M. M. P. S. (Empresario): Acusado de cohecho tras pagar un banquete de 7.800 euros y servicios de prostitución en Madrid para ganarse el apoyo de los políticos de la red. Se solicita para él 1 año de prisión.