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El Poder Judicial hace magistrado suplente del TSJC a un vicesecretario del PP canario, juzgado en 2014 por corrupción

El actual vicesecretario de Estudios y Programas del PP de Canarias, Jorge Rodríguez, ha sido designado magistrado suplente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por el Consejo General del Poder Judicial en una resolución publicada el pasado día 27 en el Boletín Oficial del Estado. Rodríguez, histórico dirigente popular, mano derecha de José Manuel Soria en sus comienzos en los años 90, dirigente empresarial del sector de la construcción, portavoz de su partido en materia económica, exdiputado regional y senador hasta 2019, accede a esa plaza tras presuntamente haber cumplido con los exigentes requisitos que se requieren para ocupar una plaza en la que se corrigen o enmiendan las resoluciones de jueces y juezas de carrera que ejercen en los juzgados de lo social de las islas. Lo más llamativo de su nombramiento es, sin embargo, su relación directa con un sonado caso de corrupción por el que fue investigado, acusado y juzgado por tráfico de influencias. En los hechos probados de la sentencia, dictada en 2014, se acreditó fehacientemente que el ahora magistrado suplente del TSJ de Canarias, siendo parlamentario regional del PP, representó a una empresa madrileña -Grupo Europa- para ejercer su influencia ante ayuntamientos canarios gobernados por su partido y así facilitar concursos amañados para la construcción de viviendas sociales. Quedó acreditado que por asesoramientos urbanísticos a esa firma recibió al menos 64.000 euros, a pesar de no tener concedida la compatibilidad por el Parlamento de Canarias, donde se encontraba en situación de dedicación exclusiva.

Grupo Europa, asalto al suelo público

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Gracias a este nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde más de mil días por el bloqueo promovido por el PP, Jorge Rodríguez Pérez ejercerá ahora como magistrado suplente de la Sala de lo Social del TSJ de Canarias, la que entiende de los asuntos del ámbito laboral, pese a que su experiencia profesional como abogado ha estado centrada en el ámbito del asesoramiento empresarial, particularmente el urbanístico. De hecho, en la sentencia que lo absolvió por dos delitos de tráfico de influencias, se dio por sentado que en la legislatura 2007-2011 cobraba dedicación exclusiva del Parlamento de Canaria al tiempo que ejercía como asesor empresarial y cobraba por sus servicios. En su biografía aparece que llegó a ser secretario general de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Las Palmas. Una de las empresas a las que asesoró por aquellos años fue Grupo Europa, una compañía madrileña que buscó denodadamente establecerse en Canarias de la mano de intermediarios como el flamante nuevo magistrado suplente.

Cuando en 2007 Canarias Ahora publicó una serie de informaciones que relacionaban al portavoz económico del PP isleño con la trama de corrupción del caso Faycán, de cuya pieza principal se desgajó una dedicada exclusivamente al caso Grupo Europa, Rodríguez dimitió y se querelló contra este periódico. En 2011, cuando ya se supo que la causa llegaría a juicio, el dirigente popular consiguió que su partido volviera a ponerlo en las listas al Parlamento autonómico, lo que lo convirtió en aforado. Entonces la causa sufrió el consiguiente retraso al pasar al TSJC, alto tribunal al que paradójicamente ahora regresa pero investido magistrado suplente.

Jorge Alberto Rodríguez y los otros cinco acusados en el caso Grupo Europa fueron juzgados en 2014 por la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, presidida entonces por su titular, el tinerfeño José Ramón Navarro Miranda, a quien el Consejo General del Poder Judicial nombró presidente de la Audiencia Nacional justo cuando se celebraban las sesiones de este juicio. En la sentencia, firmada por Navarro Miranda y los dos jueces de adscripción territorial (JAT) que le acompañaron en ese tribunal, se condenó a todos los acusados a distintas penas y se absolvió a Jorge Rodríguez aplicándole el principio de indubio pro reo, es decir, en caso de duda, a favor del reo, porque a juicio del tribunal no quedó suficientemente probado que las influencias desplegadas por el acusado fueran suficientes para torcer el ánimo de la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Telde y el alcalde de esa ciudad, ambos por entonces del Partido Popular.

Rodríguez fue senador por designación autonómica hasta 2019. Su última aparición pública en Canarias se produjo el pasado mes de abril, cuando defendió en el Parlamento regional su candidatura para ser vocal de la Junta de Control de Radio Televisión Canaria, cuya elección se frustró al no alcanzar los candidatos seleccionados el mínimo respaldo en la Cámara.

La querella de Rodríguez contra Canarias Ahora fue finalmente archivada al probarse que todas las informaciones publicadas fueron veraces.

El actual vicesecretario de Estudios y Programas del PP de Canarias, Jorge Rodríguez, ha sido designado magistrado suplente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por el Consejo General del Poder Judicial en una resolución publicada el pasado día 27 en el Boletín Oficial del Estado. Rodríguez, histórico dirigente popular, mano derecha de José Manuel Soria en sus comienzos en los años 90, dirigente empresarial del sector de la construcción, portavoz de su partido en materia económica, exdiputado regional y senador hasta 2019, accede a esa plaza tras presuntamente haber cumplido con los exigentes requisitos que se requieren para ocupar una plaza en la que se corrigen o enmiendan las resoluciones de jueces y juezas de carrera que ejercen en los juzgados de lo social de las islas. Lo más llamativo de su nombramiento es, sin embargo, su relación directa con un sonado caso de corrupción por el que fue investigado, acusado y juzgado por tráfico de influencias. En los hechos probados de la sentencia, dictada en 2014, se acreditó fehacientemente que el ahora magistrado suplente del TSJ de Canarias, siendo parlamentario regional del PP, representó a una empresa madrileña -Grupo Europa- para ejercer su influencia ante ayuntamientos canarios gobernados por su partido y así facilitar concursos amañados para la construcción de viviendas sociales. Quedó acreditado que por asesoramientos urbanísticos a esa firma recibió al menos 64.000 euros, a pesar de no tener concedida la compatibilidad por el Parlamento de Canarias, donde se encontraba en situación de dedicación exclusiva.

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Gracias a este nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde más de mil días por el bloqueo promovido por el PP, Jorge Rodríguez Pérez ejercerá ahora como magistrado suplente de la Sala de lo Social del TSJ de Canarias, la que entiende de los asuntos del ámbito laboral, pese a que su experiencia profesional como abogado ha estado centrada en el ámbito del asesoramiento empresarial, particularmente el urbanístico. De hecho, en la sentencia que lo absolvió por dos delitos de tráfico de influencias, se dio por sentado que en la legislatura 2007-2011 cobraba dedicación exclusiva del Parlamento de Canaria al tiempo que ejercía como asesor empresarial y cobraba por sus servicios. En su biografía aparece que llegó a ser secretario general de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Las Palmas. Una de las empresas a las que asesoró por aquellos años fue Grupo Europa, una compañía madrileña que buscó denodadamente establecerse en Canarias de la mano de intermediarios como el flamante nuevo magistrado suplente.

Cuando en 2007 Canarias Ahora publicó una serie de informaciones que relacionaban al portavoz económico del PP isleño con la trama de corrupción del caso Faycán, de cuya pieza principal se desgajó una dedicada exclusivamente al caso Grupo Europa, Rodríguez dimitió y se querelló contra este periódico. En 2011, cuando ya se supo que la causa llegaría a juicio, el dirigente popular consiguió que su partido volviera a ponerlo en las listas al Parlamento autonómico, lo que lo convirtió en aforado. Entonces la causa sufrió el consiguiente retraso al pasar al TSJC, alto tribunal al que paradójicamente ahora regresa pero investido magistrado suplente.

Jorge Alberto Rodríguez y los otros cinco acusados en el caso Grupo Europa fueron juzgados en 2014 por la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, presidida entonces por su titular, el tinerfeño José Ramón Navarro Miranda, a quien el Consejo General del Poder Judicial nombró presidente de la Audiencia Nacional justo cuando se celebraban las sesiones de este juicio. En la sentencia, firmada por Navarro Miranda y los dos jueces de adscripción territorial (JAT) que le acompañaron en ese tribunal, se condenó a todos los acusados a distintas penas y se absolvió a Jorge Rodríguez aplicándole el principio de indubio pro reo, es decir, en caso de duda, a favor del reo, porque a juicio del tribunal no quedó suficientemente probado que las influencias desplegadas por el acusado fueran suficientes para torcer el ánimo de la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Telde y el alcalde de esa ciudad, ambos por entonces del Partido Popular.

Rodríguez fue senador por designación autonómica hasta 2019. Su última aparición pública en Canarias se produjo el pasado mes de abril, cuando defendió en el Parlamento regional su candidatura para ser vocal de la Junta de Control de Radio Televisión Canaria, cuya elección se frustró al no alcanzar los candidatos seleccionados el mínimo respaldo en la Cámara.

La querella de Rodríguez contra Canarias Ahora fue finalmente archivada al probarse que todas las informaciones publicadas fueron veraces.

El actual vicesecretario de Estudios y Programas del PP de Canarias, Jorge Rodríguez, ha sido designado magistrado suplente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por el Consejo General del Poder Judicial en una resolución publicada el pasado día 27 en el Boletín Oficial del Estado. Rodríguez, histórico dirigente popular, mano derecha de José Manuel Soria en sus comienzos en los años 90, dirigente empresarial del sector de la construcción, portavoz de su partido en materia económica, exdiputado regional y senador hasta 2019, accede a esa plaza tras presuntamente haber cumplido con los exigentes requisitos que se requieren para ocupar una plaza en la que se corrigen o enmiendan las resoluciones de jueces y juezas de carrera que ejercen en los juzgados de lo social de las islas. Lo más llamativo de su nombramiento es, sin embargo, su relación directa con un sonado caso de corrupción por el que fue investigado, acusado y juzgado por tráfico de influencias. En los hechos probados de la sentencia, dictada en 2014, se acreditó fehacientemente que el ahora magistrado suplente del TSJ de Canarias, siendo parlamentario regional del PP, representó a una empresa madrileña -Grupo Europa- para ejercer su influencia ante ayuntamientos canarios gobernados por su partido y así facilitar concursos amañados para la construcción de viviendas sociales. Quedó acreditado que por asesoramientos urbanísticos a esa firma recibió al menos 64.000 euros, a pesar de no tener concedida la compatibilidad por el Parlamento de Canarias, donde se encontraba en situación de dedicación exclusiva.

Grupo Europa, asalto al suelo público

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Gracias a este nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde más de mil días por el bloqueo promovido por el PP, Jorge Rodríguez Pérez ejercerá ahora como magistrado suplente de la Sala de lo Social del TSJ de Canarias, la que entiende de los asuntos del ámbito laboral, pese a que su experiencia profesional como abogado ha estado centrada en el ámbito del asesoramiento empresarial, particularmente el urbanístico. De hecho, en la sentencia que lo absolvió por dos delitos de tráfico de influencias, se dio por sentado que en la legislatura 2007-2011 cobraba dedicación exclusiva del Parlamento de Canaria al tiempo que ejercía como asesor empresarial y cobraba por sus servicios. En su biografía aparece que llegó a ser secretario general de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Las Palmas. Una de las empresas a las que asesoró por aquellos años fue Grupo Europa, una compañía madrileña que buscó denodadamente establecerse en Canarias de la mano de intermediarios como el flamante nuevo magistrado suplente.

29 de agosto de 2021 - 22:46 h