La Justicia anula uno de los proyectos del Circuito del Motor por la caducidad de la declaración de impacto ambiental

Nuevo varapalo judicial contra el Circuito del Motor de Tenerife. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado el recurso de apelación presentado por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) contra la única sentencia que daba la razón al Cabildo de Tenerife. De este modo, la Justicia ha anulado uno de los proyectos en los que se divide esta obra porque la Declaración de Impacto Ambiental está caducada: el proyecto modificado número 2 de la fase 2 del acceso norte al Circuito del Motor en Granadilla de Abona.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, recuerda que la DIA fue aprobada en 2011 con una condición: se caducaría si las obras no comenzaban en un plazo máximo de cinco años. El Cabildo, por su parte, justifica que las obras comenzaron pocos días antes del plazo establecido y defiende que basta con probar el inicio de la obra, sin que les sea exigible probar cuánto está ejecutado de la totalidad del proyecto.

El TSJC apunta que se ha ejecutado un 1,5% del proyecto total y sostiene que la legislación medioambiental ha variado ''sustancialmente'' desde que se aprobó la DIA hace más de once años. ''Los técnicos de la Oficina de apoyo técnico-jurídico a la CEAT (Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife) observan que las obras que se han realizado hasta el momento son de escaso calado en relación con la magnitud del proyecto'', indica la sentencia. Además, añaden que las condiciones ambientales del territorio donde se va a desarrollar el Complejo Deportivo puede haber variado desde 2011.

Restaurar los terrenos

ATAN ha celebrado la resolución del TSJC y asegura que ''nadie en el Cabildo puede decir que no lo sabía''. ''Sus propios técnicos y el defensor de Pueblo advirtieron de la ilegalidad, y aun así Rosa Dávila (CC) y, antes que ella, Pedro Martín (PSOE) siguieron adelante con el proyecto, dilapidando dinero público y destrozando un hermoso tabaibal del sur de Tenerife en una actitud caciquil'', subrayan en un comunicado.

''Por si fuera poco, a día de hoy no lo han cancelado, pasando por encima de la ley y de los tribunales para imponer su política de hechos consumados. Es extremadamente curioso cómo las obras hospitalarias y educativas, entre otras, pueden alargarse décadas y lo rápido que se ha ejecutado este destrozo, con sus “máquinas de guerra” contra el territorio, sabiendo que no iban a poder ganarlo en los tribunales'', añaden.

ATAN exige la paralización inmediata de las obras y la restauración de los terrenos afectados. ''La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y su consejera del Medio Natural, Blanca Pérez, han demostrado su incapacidad total para gestionar el extraordinario patrimonio de Tenerife. Sus hechos y su falta de respeto por la conservación de su territorio contradicen el discurso político rancio y populista'', aseveran.

El Tribunal Supremo

Esta resolución judicial se suma a la providencia emitida por el Tribunal Supremo el 30 de septiembre en la que confirmaba que la declaración de impacto ambiental estaba caducada. El Alto Tribunal desestimó un recurso presentado por el Cabildo de Tenerife por ''falta de fundamentación suficiente'' y ''carencia de interés casacional objetivo'' e impuso al Cabildo el pago de las costas procesales hasta un importe máximo de 1.000 euros.

Se trata del recurso interpuesto por el Cabildo contra la primera sentencia que emitió el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre el Circuito del Motor. Esta desestimó el recurso de apelación presentado la corporación que preside Rosa Dávila y confirmó la nulidad del Proyecto de Explanaciones e Instalaciones para Graderíos Desmontables del Circuito.

Este es uno de los cuatro proyectos en los que se divide la obra, que pretende ocupar 650.000 metros cuadrados de suelo en el municipio de Granadilla y que cuenta con una inversión pública inicial de 51 millones de euros.