La UE quiere suavizar los objetivos de emisiones para vehículos, pero el sector exige más flexibilidad
La hoja de ruta para la descarbonización de la movilidad en la UE vuelve a estar en discusión. El Parlamento Europeo ha dado un nuevo paso para flexibilizar los objetivos de emisiones de CO₂ de los vehículos nuevos, aunque los fabricantes automovilísticos consideran que las modificaciones todavía son insuficientes para adaptar la regulación a la situación del mercado y proteger la competitividad de la industria europea.
La patronal europea de fabricantes automovilísticos (ACEA) ha instado a los Estados miembros a aprovechar las próximas negociaciones, que afrontan una fase decisiva en el Parlamento Europeo en diciembre, para ampliar el margen de actuación de las compañías, con menos exigencias de compensación de emisiones y un mayor reconocimiento de las tecnologías de descarbonización alternativas a los vehículos 100% eléctricos ante la reticencia que generan en los usuarios.
La Comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara aprobó hace unos días gracias a la mayoría conservadora, por 48 votos a favor, 30 en contra y dos abstenciones, la propuesta encabezada por el Partido Popular Europeo (PPE) para revisar los objetivos de emisiones de coches y furgonetas. El texto plantea reducir del 100% al 87,5% la exigencia de recorte de CO₂ para los turismos en 2035. Para alcanzar el objetivo restante, los fabricantes podrían recurrir a créditos vinculados al uso de acero de bajas emisiones producido en Europa, con un límite del 7,5% respecto a los niveles de emisiones de 2021.
En el caso de las furgonetas, la propuesta también rebaja las exigencias. El objetivo de reducción para 2030 pasaría del 50% vigente al 35%, mientras que el correspondiente a 2035 se reduciría del 100% al 80%. En este último caso, también se permitiría recurrir a créditos por el empleo de acero bajo en carbono, con un máximo del 7,5%.
La propuesta parlamentaria introduce además incentivos para impulsar la fabricación europea de vehículos eléctricos. Los coches eléctricos pequeños, de hasta 4,2 metros de longitud y producidos en la UE, computarían como 1,4 vehículos a la hora de calcular las emisiones medias de cada fabricante. Los modelos eléctricos de alta eficiencia fabricados en territorio comunitario contarían como 1,2 vehículos. Estos multiplicadores aumentarían hasta 1,5 y 1,3, respectivamente, cuando los automóviles se incorporasen a programas de arrendamiento social como el que ha puesto en marcha Francia.
Para las furgonetas eléctricas producidas en Europa también se contempla un sistema de supercréditos, con un multiplicador de 1,2 hasta finales de 2034 y de 1,4 a partir de 2035.
La industria reclama más margen para los híbridos
El impulso a la rebaja de las exigencias en reducción de emisiones para la industria automovilística tiene lugar tras el consenso alcanzado por Alemania y Francia (primer y tercer fabricante en la UE) sobre una hoja de ruta más flexible para el sector. Muchas de las reclamaciones de los dos países se recogen en la propuesta aprobada por la comisión de la Eurocámara. De momento, España, segundo país fabricante de automóviles europeo, se ha alineado con el bloque de Estados que quieren mantener las exigencias medioambientales.
Pese a valorar positivamente el avance hacia una regulación más pragmática y tecnológicamente neutral, ACEA considera que la flexibilidad incorporada sigue siendo demasiado limitada, tanto por su alcance como por su duración. La asociación, que representa a los principales fabricantes de automóviles europeos, sostiene que el Consejo de la UE tendrá ahora un papel determinante para adaptar la normativa a las condiciones reales del mercado y de la industria, sin renunciar a los objetivos de descarbonización.
La potente patronal alemana VDA ha sido especialmente contundente con la situación de los híbridos enchufables. Su presidenta, Hildegard Müller, ha reclamado a Bruselas que garantice de inmediato el futuro de esta tecnología y suspenda el endurecimiento del denominado factor de utilidad, que determina cómo se calculan las emisiones de estos vehículos en función de su utilización eléctrica.
La dirigente advierte de que mantener las nuevas exigencias podría poner en peligro unos 50.000 puestos de trabajo en Alemania, especialmente entre los proveedores de componentes. A su juicio, la regulación europea corre el riesgo de hacer inviable en el mercado comunitario una tecnología que todavía cuenta con demanda internacional.
Müller reclama una apertura tecnológica real que incluya, además de los coches eléctricos de batería, los híbridos enchufables, los vehículos con extensores de autonomía y los modelos de combustión que utilicen combustibles renovables. La industria alemana considera que todas estas alternativas deben poder contribuir a los objetivos climáticos y a preservar el empleo y la capacidad industrial europea.
El debate sobre los combustibles alternativos también ha encontrado respaldo en España. La asociación Crecemos, que cuenta entre sus integrantes con empresas como Repsol, Exolum, Técnicas Reunidas, Airbus y Toyota, ha calificado de “histórico avance” el reconocimiento de los vehículos propulsados exclusivamente por combustibles renovables y bajos en carbono como vehículos de cero emisiones.
La propuesta de los eurodiputados contempla modificar la definición de vehículo de cero emisiones para incluir tanto los modelos sin emisiones de CO₂ por el tubo de escape como aquellos que funcionen exclusivamente con combustibles renovables y bajos en carbono que cumplan determinados criterios.
Crecemos considera que esta decisión reconoce el papel de los combustibles renovables como una solución complementaria a la electrificación y reivindica el potencial de España para convertirse en uno de los principales centros europeos de producción y utilización de estas energías. Según los datos de la asociación, el país consumió más de dos millones de toneladas de combustibles renovables en 2025, lo que permitió evitar la emisión de 5,5 millones de toneladas de CO₂.
La negociación entra en una fase decisiva
El texto aprobado por la Comisión de Medio Ambiente todavía no constituye la posición definitiva del Parlamento Europeo. El mandato para negociar con los gobiernos de los Veintisiete está previsto que se someta a votación en el pleno de la Eurocámara, con mayoría conservadora, durante diciembre. A partir de entonces, el Parlamento y el Consejo deberán negociar el contenido definitivo de la revisión normativa.
La discusión se produce en un contexto en el que la industria reclama adaptar el ritmo de la transición energética a la evolución de la demanda, la infraestructura de recarga y la capacidad de producción europea. La patronal alemana también pide revisar las exigencias para los vehículos comerciales pesados y acelerar el despliegue de puntos de recarga y estaciones de repostaje de hidrógeno.
El debate regulatorio coincide, además, con las dificultades que afronta Europa para reducir sus emisiones sin perjudicar el crecimiento económico. Según los últimos datos de Eurostat, las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE aumentaron un 1,4% interanual en el segundo trimestre de 2026, hasta 833 millones de toneladas de CO₂ equivalente, mientras que el PIB avanzó un 1,5%. En España, el incremento de las emisiones fue del 3,6%, hasta 73,1 millones de toneladas, frente a un crecimiento económico del 2,6%.