Un soleado mediodía de mediados de octubre, una señora de más de setenta años se acerca decidida a la carpa central de la acampada por la vivienda en Santander. Ofrece media sonrisa y pregunta: “¿Sabes cómo luchábamos nosotros cuando éramos jóvenes?”. No deja espacio para la respuesta —aunque por debajo se escucha “A ver...”— y se responde seca: “Estudiando y trabajando”.

Tira otra pregunta seguida: “¿Sabes cómo he comprado mi piso? Ahorrando, privándome de muchas cosas, de fumar, de beber, de muchas cosas”. Mientras se aleja, Ángeles, de 52 años, que es la persona a la que se ha dirigido, le responde: “Me parece estupendo, señora, y que lo conserve durante muchos años”.

La señora no sabe que Ángeles y su pareja fueron desahuciadas y viven en situación de calle. Tampoco sabe que Fernando, jubilado, que está a unos metros, tiene un piso y una casa en propiedad. O que Quitos vive alquilado en casa de su abuela y Julio es profesor de Economía y vive de alquiler en casa de una amiga. Estos son solo cuatro casos. La señora no sabe porque no pregunta qué llevó a decenas de personas a instalar cuarenta tiendas para formar parte de la primera Acampada por la Vivienda de la Plaza Porticada, en Santander.

Cinco minutos después, se acerca otra señora de edad similar, con una sonrisa entera: “¿Qué necesitáis?”, pregunta antes de irse a comprar. Como la segunda, dicen en la acampada, es la mayoría.

Mañana: Ángeles y Fernando

El 28 de septiembre, un grupo del Sindicato de Estudiantes de Cantabria llego a la plaza de la Porticada de Santander. Al día siguiente, llegaron Fernando y Quitos. Al día siguiente, Ángeles y su pareja. El viernes día 2 llegó Julio.

El 13 de octubre, quince días después, cerca de 40 tiendas aguantan en un costado de la céntrica plaza, con la vista puesta en cómo organizarse, al menos, hasta la huelga general convocada por el Sindicato de Inquilinas, el 11 de noviembre. “Estamos cansados, algunos dicen de irse y otros preferimos aguantar”, dice Fernando. De momento, aguantan.

En la acampada de la plaza Porticada de Santander, en el centro de la ciudad, dicen que la mayoría de gente se acerca a ofrecer ayuda y así sucede en los ratos que elDiario.es les visita. En el puesto de recogida de comida hay tortillas y bocadillos y sobaos. En la pizarra, colgada en una columna de un arco, pone qué falta.

Fernando vive en una casa propia en Barcena de Pie de Concha, tras residir muchos años en Bilbao. Tiene además un apartamento en propiedad. Se lo pensó varios días, mientras veía la acampada de Madrid crecer. El 30 de septiembre se lanzó hasta Santander, a cuarenta minutos en coche de su pueblo, decidido a estar con la gente de la acampada: “Así fue la decisión: ellos se han movido, voy a ir con ellos”, dice con naturalidad.

“Desde entonces, he dormido aquí todos los días menos dos, porque era mi cumple y me fui a Bilbao con mis hijos”, cuenta sonriente este padre jubilado de tres hijos. Uno tiene piso en propiedad y las dos hijas viven en Bilbao en una habitación alquilada, en casas distintas, “porque todavía no les llega para comprar un piso”. El panorama de su familia le ha influido para formar parte de la acampada. Y no está solo, le acompaña su perra Lola.

Fernando se muestra vitalista, trata de animar a Ángeles. Esta noche han sido ellos los que han hecho la guardia de la acampada. Hacen guardia en dos turnos de noche porque, casi desde el principio, ha habido insultos a gritos de madrugada (y de día) como “iros a trabajar” o “hijos de puta”. a Ángeles le han gritado esta misma noche. “De los jóvenes: hay una chavala que tiene una paciencia con ellos que yo alucino. Ha llegado a estar ahí con cinco o seis chavales y hacerles cambiar de idea. Yo decía, ”Dios, es que se está ganando el cielo“.

Desde el 28 de septiembre, tres veces ha llegado la policía local de Santander a identificar personas de la acampada. La última, un mediodía de esta semana, la policía revisó “todas” las tiendas para “un informe”, cuenta Fernando que les dijeron. Como en la segunda vez, y a diferencia de la primera visita, los agentes no hablaron de multas.

La mayoría de la gente transita por la plaza ajena al colorido marco de tiendas de campaña que resisten en una esquina de la plaza, a un costado de la escultura del militar Pedro Velarde. Los que se detienen curiosos, tiene ánimo de ayudar y algunos colaboran con dinero para las multas venideras, que cuelan por la chimenea de una casita hecha a mano llamada 'caja de resistencia' de este lugar rebautizado por los que acampan como 'plaza de Amparo'.

“A nosotras esto nos supera”, reconoce Ángeles apesadumbrada. Cuando dice “esto”, no se refiere a la acampada, se refiere a vivir en la calle. De la acampada siente orgullo porque, dice, todos son “gente obrera”. Lleva con su pareja —que cuida de sus perras mientras hablamos—, dos meses en Santander.

Cuentan que vivían en Valencia hasta que fueron desahuciadas en julio de 2025. Su pareja está jubilada y ella no tiene empleo, pero lo busca: es cocinera. Han pasado por el centro de acogida Princesa Leticia y han dormido en la estación de autobuses, antes de formar parte de la acampada.

“Peleo por tener mi vida normal de antes”, explica Ángeles, que lleva sin trabajo desde 2023: “Los perjudicados somos todos, pero la gente obrera somos los que pagamos los platos rotos de la gente 'con posibles'; la gente que tiene un buen colchón no se preocupa por este tipo de causas”, dice Ángeles mirando a la plaza y pone un ejemplo: “Éste hombre -en referencia a Fernando- cobra su pensión y yo tenía una ayuda de 423 euros y pagaba 700 euros por el alquiler, aparte de luz y agua”.

“No bebemos alcohol ni tomamos drogas”, dice Ángeles sin ser preguntada al respecto. Presupone prejuicios, porque los experimenta con frecuencia. Pero la sensación de superación de vivir en la calle, no le quita para defender la acampada: “Peleamos por los derechos de todos, porque los alquileres son abusivos. Si pagas, no comes y, si no pagas, te desahucian”. Echa un vistazo alrededor y aunque por las mañanas hay poca gente (“alguno está descansando, muchos trabajan o estudian”), advierte con firmeza: “He visto familias completas con niños en la calle”.

Tarde: Quitos y Julio

Julio es profesor interino de Economía, está sentado en la carpa central de la acampada, enfrente de su amigo Quitos. En general, hay más gente por las tardes, así que se nota el movimiento esta tarde nublada de octubre. Julio es de Santander y vive de alquiler. “Tengo un trabajo más o menos estable, con un sueldo más o menos decente. No tengo casa, vivo ahora mismo en casa de una amiga que ella sí que consiguió comprar”, puntualiza este docente que percibe una carencia de pensamiento crítico en el curriculum educativo. “Deja poco espacio para los problemas sociales y económicos”, opina sobre el curriculum.

Algunos alumnos de quince años del curso anterior han pasado a visitarle desde que forma parte de la acampada. En clase, dice que trata de que le expliquen “qué creen que está pasando” por una razón: “Nada de lo que hacemos en economía es natural, sino que todos son decisiones y todo lo que está pasando como sociedad lo elegimos entre todos; que siga pasando, lo permitimos o luchamos contra ello”, dice que les plantea para romper con lo que presuponen. Y pone un ejemplo: “Si nosotros no queremos, como sociedad, que haya absolutamente nadie que viva en la calle, podemos hacerlo”.

Quitos es de Astillero y vive de alquiler en casa de su abuela, en Santander. Son conscientes de que, ahora mismo, tienen dónde vivir por familia y por amigos. Quitos, tiene 33 años, es pensionista desde hace dos meses. Es un caso peculiar por su edad: “Tengo una incapacidad absoluta revisable, que me han concedido porque tengo insuficiencia renal crónica y me han hecho un trasplante, pero me está rechazando el trasplante”, cuenta después de año y cuatro meses de transplante.

“Es importante recalcar que es una pensión después de varios años trabajando y mientras estaba trabajando de tornero fresador también dedicaba tiempo a luchar”, interrumpe Julio.

Desde los 25 años, Quitos cuenta que está involucrado con temas sociales en Cantabria y desde que empezó la acampada, ha decidido dedicar su tiempo a esta causa. “Es una elección, pero aquí todos ponemos el cuerpo”. Algunos amigos “de toda la vida” entienden por qué está en la acampada y otros, menos. Su madre, en cambio, tiene clara la decisión de su hijo. No pasa igual en los entornos de todos los acampados, hay familia y amigos con cierta resistencia a esta lucha, por más que les expliquen que es para todos, cuentan ambos.

“En una ciudad pequeña como la nuestra nos esperábamos a cierta gente. La acampada ha demostrado que es un tema bastante transversal y que ha movido a muchísima gente diferente”, dice Julio.

Transversal porque, como advierte Quitos, en el Sindicato de la Vivienda de Cantabria, que lleva un año funcionando, en la última asamblea, llegaron 8 ó 10 casos nuevos de desahucio“.

Quitos reconoce que los jóvenes que, de jueves a sábado, se han acercado de madrugada a insultar, le preocupan. No casa por caso, porque no son violentos y porque la mayoría de gente “se ha involucrado con nosotros”, matiza, pero percibe en ellos algo que hace menos de una década no estaba ahí: “El problema es que ya no da vergüenza levantar la mano mientras cantan el Cara al Sol, ahora es una opinión y eso es un problema”.

Quitos se levanta y ofrece fruta a tres hombres que la piden y regresa: “Los chavales sienten que ser fascista o decir que con Franco se vivía mejor es ser rebelde. Oí por ahí que hay quien dice que la ultraderecha es el nuevo punk o el nuevo antisistema y no es así, están intentando cambiar los significados de las cosas”. Julio le observa y se suma: “Un chaval vino a la acampada y nos dijo: 'Mis amigos no dejan de decir tonterías, ¿puedo traerlos y les explicáis?'. Al menos se ven pequeños cambios”.

Quitos es optimista: “Veo a chavales con 16, 17, 18 años, 20 años... tengo esperanza en eso. Obviamente siguen siendo pocos, como lo éramos nosotros, los que empezamos en el activismo en Cantabria, pero hay gente con muchas ganas de trabajar, que viene con una base y con una conciencia ya dispuestos a participar y a hacer y a cambiar las cosas”.

El mismo día, 13 de octubre, la acampada celebra por la tarde una asamblea. Es hora de decidir, tras dos semanas, si el grupo si se queda o se levanta. La acampada por la vivienda en Santander se queda.

Cuando, a principios de los años ochenta, Abel Ojugas tenía nueve años, dice que el agua de la Ría San Martín de la Arena era “color chocolate oscuro”. Así describe el efecto de los vertidos a un estuario que nace en la desembocadura de los ríos Saja y Besaya, entre los municipios de Suances, Miengo, Polanco, Santillana y Torrelavega. El recuerdo del portavoz de la asociación Proyecto Ría San Martín es el de alguien que se crió “a cien metros” de una ría ubicada en una zona marcada por dos siglos de industrialización y urbanismo.

“Nos bañábamos en la ría y, cuando te tirabas al agua, no podías ver ni diez centímetros por debajo de la superficie”, evoca Ojugas, que ahora tiene 54 años: “En aquella época, había vertidos industriales, pero también aguas fecales que llegaban directamente a la ría. Los malos olores eran habituales”, dice de un lugar conocido también como Ría de Requejada, ahora también ría de Suances.

Ojugas recuerda una ría, en la que entre agosto y septiembre aparecieron 94 aves muertas, con síntomas similares, según datos de la asociación Proyecto Ría San Martín. Estas cifras fueron reducidas a 44 por el Gobierno de Cantabria (PP) -que circunscribió el conteo a agosto- sobre los que encargó un análisis sin resultados “concluyentes” de por qué murieron.

Por eso, las asociaciones Ría San Martín, Seo/Birdlife y Ecologistas en Acción de Cantabria piden al Gobierno autonómico que siga investigando el porqué y coinciden en subrayar que la ría carece de una figura jurídica de protección ambiental. Las tres han propuesto una en concreto al Gobierno de Cantabria (PP): la declaración de Área Natural de Especial Interés (ANEI). De tenerla, permitiría una gestión sostenible y una planificación compatible con las actividades turísticas y económicas. Es decir, qué usos están permitidos, cuáles requieren autorización y cuáles estarían prohibidos. En la anterior legislatura hubo unos pocos movimientos por parte de la administración pública, en la actual, no ha habido ninguno.

“Es una de las rías más importantes de Cantabria, pero está totalmente desprotegida. Históricamente, ha sido una ría que se la ha destrozado con vertidos y con rellenos; en este momento, ese deterioro continúa y la mortandad de aves es un dato más de ese deterioro”, resume Ramón Sainz, portavoz de Ecologistas en Acción para los temas de la Ría.

El estudio 'Análisis de los vestigios de contaminación en el estuario de Suances (norte de España): retos para los métodos de datación y la recuperación ecológica tras el cierre de la mina', publicado en la revista científica Regional Studies in Marine Science, en diciembre de 2025, hizo muestreos de sedimentos superficiales en 2022. Los investigadores concluyeron que el estuario almacena cantidades sustanciales de sedimentos contaminados por dos tipos de vertidos: por un lado, mineros, por el vertido directo o accidental de estériles de mina, residuos de lavado de mineral y lodos mineros y, por otro, industriales.

Los recuerdos de infancia de Abel Ojugas tienen que ver con un siglo antes, a finales del siglo XIX, cuando la industrialización de la zona arrancó con la explotación de la Real Compañía Asturiana del gran yacimiento de zinc y plomo en la mina de Reocín, que instaló una cantera en Cortiguera para que la Real Compañía pudiese meter navíos. Esto entroncó, a inicios del siglo XX, con la fábrica de productos químicos de Solvay, que abrió una cantera de piedra caliza, cerca de la playa de Cuchía. Y, posteriormente, con la extinta fábrica de celulosa Sniace, en Torrelavega, a finales de los años cuarenta del siglo pasado. La mina pasó a manos de Asturiana de Zinc (AZSA) a mediados de los ochenta, hasta su clausura en 2003, la cantera dejó de operar en 2005 -en cuyo espacio restaurado anidan hoy aves- y Sniace cerró en 2020.

A lo largo del espacio fluvial que desemboca en la ría de Suances se implantaron con los años la planta de óxido de zinc y dióxido de azufre líquido conocida como Fábrica de Hinojedo (1929, hoy propiedad de Glencore); la fábrica de producción y envasado de azufres Julio Cabrero y Compañía (1960) y la planta química farmacéutica Moehs (2000).

Junto con otros investigadores de País Vasco y Madrid, José Gómez-Arozamena, profesor jubilado de la Universidad de Cantabria (UC) y nacido en Torrelavega, hizo tres estudios sobre la ría, en 2005, 2015 y 2022. Éste último para ver cómo estaba la ría veinte años después del cierre de la mina. Para el informe, analizaron los sedimentos y, en función de lo que se encontraron, determinaron de dónde venía la contaminación: “El principal aporte ha sido la mina”, sintetiza a elDiario.es Gómez-Arozamena.

El estudio documentó elevadas concentraciones de cinc, plomo y cadmio, provenientes de los residuos y lodos del yacimiento minero y también mercurio, vinculado a los efluentes industriales de Solvay. En todos los casos, “se han reducido”, pero la presencia es “alta”, señala el investigador que, en el informe, hizo la datación cronológica de los sedimentos, y que trabajaba en el laboratorio de radioactividad ambiental del departamento de Radiología y Medicina Física de la UC.

La razón, interpretó con su equipo de investigación, es que por la dinámica fluvial y mareal, la contaminación vuelve a estar en suspensión porque las riadas removilizan las capas superficiales. “Lo que podríamos esperar después de 20 años del cierre de la mina es que hubiera habido una regeneración natural de la contaminación y eso es lo que no se ha producido. Ese es el fenómeno por lo cual pensamos que había tal cantidad de contaminación, tales cantidades de concentración que, aunque no haya más aportes, se vuelven a redistribuir. Es casi una mina lo que tenemos en el sedimento”. 

Abel Ojugas no conoce el contenido del informe, pero comprende la realidad de la zona: “No estoy en contra de las fábricas ni de la actividad industrial. Creo que se puede mantener la actividad económica y, al mismo tiempo, conservar nuestro patrimonio natural”, enfatiza Ojugas mientras echa la vista atrás, a cuando los grandes barcos mercantes que entraban hacia el puerto del municipio de Requejada, formaban parte del paisaje habitual de la ría.

Del barquero a las “montañas” de azufre

Antiguamente, antes de los puentes y las pasarelas, un barquero cruzaba a la gente de orilla a orilla, de Suances y Cortiguera, a Cuchía. Abel Ojugas suma a su relato a su vecino José Manuel Gómez Eguren, gran conocedor de la historia de la zona que cuenta que llegó a haber cinco barquerías y la última que aguantó se llamaba Santo Domingo. “El último barquero que quedó, fue precisamente el guarda de la cantera de Cortiguera, que se encargaba de custodiar el polvorín que existió hasta finales del siglo XX”, describe. “Algunos vecinos del pueblo de Cudón estaban casados con vecinos del pueblo de Cortiguera y al grito de: 'barquero', le llamaban y el guarda amablemente les cruzaba de un lado a otro”, agrega.

Frente a la fábrica de Solvay se fue haciendo una isla de vertidos sobre una isla existente, hoy conocida como Isla de Solvay o Isla de Monti, que pertenece a Hinojedo y queda frente al municipio de Requejada. Solvay la compró para utilizarla como vertedero químico durante décadas. Después, la empresa pasó a sacar los vertidos por un emisario submarino, pero la acumulación de materiales en isla Monti quedó sin depurar.

Abel Ojugas solía bañarse de niño enfrente de la isla de Monti y recuerda que la isla estaba vigilada por los guardas de Solvay: En una época en la que, él ni sus amigos sabían apenas nadar, un día su hermano empezó a ahogarse, pero una amiga logró sacarlo del agua, para ir a su casa “todos llenos de fango”, evoca: “Con los años seguimos frecuentando la isla de Monti: cruzábamos para cazar, una actividad que entonces formaba parte de nuestras vidas”.

En la memoria de este vecino se agolpan también las montañas “enormes” de azufre almacenado al aire libre en el puerto de Requejada: “Cruzábamos la ría a nado para llegar hasta allí y llevarnos un poco de azufre. Después cogíamos unas pastillas de potasio que le quitábamos a mi tío y hacíamos nuestras travesuras, provocando pequeños estallidos”.

Cuando Abel Ojugas se bañaba con sus hermanos y amigos en la playa de La Concha, que limita con la desembocadura de la ría, en Suances, en el lugar donde se lanzaban al agua, “se acumulaba tanta espuma que prácticamente nos cubría y apenas podíamos vernos”, dice quien considera que “aquella ría era nuestro mundo”.

Mientras la urbanización de los cinco municipios por los que discurre, ha ido creciendo, también se han instalado en la zona diversos polígonos industriales y a finales de los noventa, el Estado y la consejería de Medio Ambiente para la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Vuelta Ostrera. “El conjunto de afecciones provocadas por las aguas residuales urbanas, de origen agropecuario e industrial, genera una situación de grave contaminación en el sistema fluvial”, se explica a modo de justificación de la EDAR en el convenio entre ambas instituciones.

En la zona de la cantera, había una cueva que posteriormente quedó tapada cuando se construyó la depuradora de Vuelta Ostrera -que lleva dos décadas pendiente de nueva ubicación, tras una sentencia del Tribunal Supremo-. Un día, Abel Ojugas decidió entrar con un amigo y quemar tres neumáticos: “El humo lo invadió todo. Se hizo completamente de noche dentro de la cueva. No veíamos la salida y empezábamos a asfixiarnos”. Hasta que vio un rayo de luz y salieron: “Teníamos toda la cara negra del humo y solamente nos resaltaban los ojos”.

“Allí nos criamos, aprendimos a nadar, pescamos nuestras primeras lubinas, pasamos noches, enteras pescando angulas”, dice el presidente de la asociación Proyecto Ría San Martín.

Veinte años de mejoría

Ojugas desea una figura de protección para una ría que “en los últimos veinte años”, su situación “ha mejorado mucho”. Lleva años haciendo censos de animales y es rotundo sobre el cambio que ha experimentado la zona. Coincide con su percepción Felipe González, delegado de SEO/Birdlife en Cantabria, que afirma que, “desde el cese de los vertidos de la fábrica de Sniace, además del saneamiento general en 2007”, las condiciones de la ría han mejorado de forma notable.

“Han vuelto las nutrias a Torrelavega y se ha llegado a observar hasta salmones remontar”, ejemplifica antes de señalar que uno de los “grandes” indicadores de calidad de un humedal o de una ría es la presencia de aves limícolas, algo que sucede en la Ría San Martín, que son las que se alimentan en el fango de gusanas y quisquillas.

En la última década, mientras la ría ha mejorado, la política ha empezado a recibir peticiones concretas para cuidarla. En 2017, Ecologistas en Acción solicitó verbalmente a por primera vez a la consejería de Desarollo Rural, una figura específica para preservar la ría, el ANEI. El Gobierno anunció el inicio de expediente para su declaración tres años después, en 2020. En 2023, cerca de las elecciones, el gobierno abrió el expediente a consulta pública y Ecologistas presentó alegaciones. En 2024, ya con el gobierno del PP, volvió a preguntar al respecto, pidió de nuevo la reanudación urgente del expediente para la protección de la ría, denunciando una parálisis de veinte meses en la tramitación del expediente. Pero silencio.

Hoy ecologistas, ambientalistas y expertos en aves destacan el “alto valor” ornitológico de la ría, donde acude con frecuencia gente a hacer avistamientos de aves. Es uno de los 44 humedales de Cantabria incluidos en el  Inventario Español de Zonas Húmedas (IEZH) del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). De hecho, es el cuarto humedal más importante de Cantabria para aves acuáticas invernantes, situándose solo por detrás de las marismas de Santoña, la bahía de Santander y el embalse del Ebro, señala Felipe González, delegado de SEO/Birdlife en Cantabria, que atribuye, entre otras razones, al “aporte” de agua dulce que vierte el colector de salida de la depuradora de Vuelta Ostrera, que “es lo que más atrae a las aves a ese rincón”.

Es la ría más importante de Cantabria por su ubicación geográfica y por su caudal, apunta Sainz, de Ecologistas en Acción: “Recibe cerca del 10% de las aves invernantes de la comunidad y alberga especies de salmón atlántico y anguila europea, prácticamente extinguidas; además, hay plantas en riesgo de desaparición de especies, abunda, como la Suaeda vera, el junquillo salado y la adormidera marina. ”Está apareciendo el águila pescadora, con el objetivo de conseguir anidar, a pesar de haber sido derribado un poste de anidación recién instalado y con el problema de las motos de agua“, cuestiona Sainz.

Abel Ojugas, que se crio junto al estuario, solo pide protección para la asociación Ría San Martín: que el Gobierno autonómico estudie la figura jurídica del ANEI y considere la posibilidad de incorporar la ría a la Red Natura 2000: “No hemos venido a enfrentarnos con administraciones, empresas, cazadores, ni con nadie. Lo único que defendemos es que este espacio tenga el mismo reconocimiento y las mismas garantías de conservación que merecen las demás marismas y estuarios de Cantabria”, para preservar que la ría que tuvo color “chocolate negro” hoy sea “transparente”. Ojugas cree que “debemos conservar lo que tanto ha costado recuperar”.

La asociación Proyecto Ría San Martín registró 88 aves acuáticas muertas en la ría de Suances, solo entre el 8 y el 21 de agosto, en lo que calificó como “la mayor catástrofe ambiental” que ha sufrido el enclave natural de la Ría San Martín, que carece de figura de protección ambiental. El 21 de agosto fue también la fecha en la que el Gobierno de Cantabria (PP) finalizó su recogida de aves, que redujo a la mitad (44) y cuyo análisis de laboratorio posterior no ha arrojado resultados concluyentes sobre por qué murieron, tal como ha recordado el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, esta semana.

Según consta en el informe de seguimiento de mortalidad de fauna de la asociación del 21 de agosto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la mitad fueron ánades azulones (44) a los que se suman 17 gaviotas reidoras, 11 cercetas comunes, 8 tarros blancos, 7 ánades frisos y un cisne vulgar, además de aves moribundas o debilitadas de distintas especies. “La cifra continúa considerándose un mínimo y no equivale a la mortalidad total del episodio”, se subraya en el documento. De hecho, desde el 16 de septiembre en adelante, la asociación ha encontrado cuatro cadáveres más con la misma sintomatología que los 88 anteriores: un ánade azulón, dos cercetas comunes y una gaviota reidora muertos, “además de otros ejemplares observados afectados” durante el seguimiento, advierte su portavoz, Abel Ojugas.

En agosto, la asociación comunicó sus hallazgos y colaboró “sobre el terreno” con guardas de la Consejería de Desarrollo Rural. Sin embargo, el Gobierno de Cantabria no ha pedido su informe de seguimiento, que sí ha enviado al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), sin pretender establecer con el documento “por sí mismo” la causa de la mortalidad. Tras la falta de comunicación por parte del Gobierno autonómico, la Asociación Ría San Martín, que lleva años documentando sobre el terreno el censo de aves en la ría, ha optado por no comunicar directamente los hallazgos de septiembre a la Administración autonómica.

El portavoz de la asociación, dice que, históricamente, “hubo ocasiones concretas en las que aparecieron numerosos peces muertos”, pero subraya que “nunca habíamos vivido un episodio como el iniciado el 8 de agosto”. Y enfatiza la idea de “iniciado” precisamente porque pide al Gobierno de Cantabria que amplíe la investigación.

Y es que el consejero Media informó en el último pleno parlamentario de que, realizados los análisis, se excluía que la posibilidad de que la causa de la mortandad de aves tuviese su origen en la Estación Depuradora de Vuelta Ostrera, localizada frente a la ría de Suances, pero no indicó si los análisis de aves acuáticas continuarían. Consultados la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria (PP) y la concejalía de Medio Ambiente de Suances (PSOE), no han ofrecido respuesta a la fecha de publicación.

Sobre la localización de las aves, la asociación explica que “la mayor concentración de aves muertas o afectadas” que documentó se produjo en la conocida como charca de Vuelta Ostrera, en el entorno de la salida de la depuradora: “En nuestros seguimientos no observamos un episodio comparable de mortalidad aguas arriba de la ría”, dice Ojugas.

No obstante, la asociación Ría San Martín explica que es un dato de campo “relevante” respecto a la distribución, aunque incide en que “por sí solo no permite señalar ni excluir de forma definitiva ninguna instalación o actividad concreta”, dice Ojugas: “La determinación del origen corresponde a los análisis y a las administraciones competentes”. Y es por esto que pide continuar los análisis, tras el hallazgo de cuatro aves más muertas en las últimas semanas “con los mismos síntomas” que las otras 88.

Abel Ojugas es claro sobre la importancia de que se amplíe la investigación en la ría de Suances: “No queremos convertir esto en una pelea ni señalar culpables. Pero tampoco queremos que se cierre una situación de esta importancia diciendo simplemente que no se sabe qué ocurrió. Si no se conoce la causa, entendemos que lo lógico es continuar investigando”.

“No quiero ser una Maricarmen, hay muchas 'Maricarmenes', no quiero ser referente de nadie, es algo que me ha pasado a mí, pero no quiero ser un ejemplo, simplemente es una historia”. El que marca distancias con el desahucio que ha marcado la agenda de este septiembre en España, se llama Pepe. Su historia de vida incluye un largo proceso de desahucio que concluyó saliendo forzosamente de su casa a los 70. Ese año, se mudó a uno de los tres bloques de la calle Hermanos Calderón, que han pasado de alquiler asequible a manos de un fondo de inversión que presiona a los inquilinos con dos opciones: irse o comprar el piso.

A punto de cumplir 75, dice que tiene “fortaleza mental”, que la ha tenido siempre, pero mira fijamente para hacerse la pregunta que le gustaría no tener que plantearse, porque su contrato vence en 2028: “Tengo 74 años, imagina que me vuelve a pasar lo mismo”. Lo mismo es otro desahucio. Si se tiene que marchar, anticipa una respuesta: “Vamos a interpretarlo como que nos hemos comprado otro piso en otra zona”, cuenta.

Pepe nació en 1952, “en la zona de Torrelavega”. Casado y con hijos, trabajó toda su vida como agente comercial. Sentado en una silla alta de una cafetería del centro de Santander, habla a unos metros de la acampada por el derecho a la vivienda que resiste desde finales de septiembre en la capital de Cantabria. Está acompañado de un vecino de Hermanos Calderón, calle que queda a las afueras de la ciudad. Ambos viven en unos bloques que representan el primer caso masivo de compra de 107 viviendas por un fondo privado en Santander.

En 2009, Pepe y su mujer heredaron el 50% de un piso de sus suegros, el otro 50% lo heredó el hermano de su mujer. Entonces, trabajaba como autónomo y decidió pedir una hipoteca y puso su piso, en Santander, como aval para comprar la vivienda, y pagó a su cuñado. “En resumidas cuentas, arreglamos el problema de mi cuñado, pero el que me compliqué fui yo: la parte proporcional de él la perdí embargando mi vivienda. Pasó, salió mal”.

Era el inicio de la crisis del ladrillo, Pepe se quedó sin trabajo y, algunos meses, no pudo hacer frente al pago de la hipoteca. “Los bancos venden dinero, no venden pisos. Entonces, llegó el tocho”. Cuando dice “el tocho”, se refiere a la notificación de embargo: “Me tenía que ir. No tiene la culpa nadie, nada más que, quizás, yo por una mala gestión, y me vi ahí en medio”.

Los dos primeros meses tras la notificación, la fuerza mental que dice que le caracteriza, desapareció. “Me negué rotundamente a salir de casa, tuve una temporada que no me sentía cómodo, es que no veía ningún tipo de salida”. Durante esas cuatro semanas, evoca, tenía insomnio. Pepe se levantaba de madrugada a dar vueltas. “Y volvía a la cama... y volvía a la ventana... y vivía en un cuarto que hace un quinto... Ese malestar, esa sensación de impotencia, de todas esas cosas que te pueden ocurrir”.

“Arrastro los desahucios, pero estoy bien”

Pepe esbozó esas noches frente a la ventana durante la primera asamblea pública por el derecho a la vivienda que se organizó la semana pasada en Santander. Entonces, le ofrecieron el micrófono desde el Sindicato de la Vivienda de Cantabria, y dijo a la juventud presente: “Arrastro los desahucios, tengo mala suerte, pero hoy estoy bien. Estoy aquí por luchar por los jóvenes y ya más no me pueden quitar, ya me lo quitaron. No os dejéis intimidar por nada”.

Frente a la ventana, recuerda mientras toma un café junto a la plaza Porticada de Santander, tenía dos opciones: “Dar un paso atrás o un paso al frente”. Pero dio un paso atrás. Cuenta hoy que le ayudó su “extraordinaria” familia. Le recordó su carácter y algo más: “El banco te puede quitar la casa, pero no te puede quitar la familia”, le dijeron.

Su forma de actuar es “de carácter, de tirar 'pa'lante'. Yo no veo las dificultades, mientras veo una apertura de algo que hay una solución de algo, yo atajo siempre por ese lado”. Entonces, a través de un familiar, consiguió un empleo fijo en el departamento de ventas de una empresa. Y, en paralelo, contactó con la entonces incipiente Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Cantabria.

Y, durante dos años, este hombre que se describe como “de derechas”, empapeló de carteles las cristaleras de varios bancos y cuenta que entró en ellos con la PAH a protestar por el derecho a la vivienda, porque “más allá de ideologías, hay derechos que hay que preservar”, defiende. “He colaborado con la PAH con todas las consecuencias.”

Pepe dejó de colaborar activamente con la PAH cuando inició el proceso judicial, en 2011, que se alargó una década. No logró salvar su casa. En 2021, doce años después de las noches frente a la ventana, se presentaron en su casa “seis u ocho personas”, no llamó a nadie de la plataforma para evitar el desalojo. “Ya te vas cansando de pleitear, ya no te sientes cómodo, la vida tiene otro sistema. La vida es para vivirla, para disfrutarla. Decir disfrutarla. Pensé: aquí tiene que parar todo”.

En Hermanos Calderón, “como un recién casado”

Entonces Pepe alcanzó un acuerdo con el juzgado. Su mujer y él se marcharon. Entró a vivir de alquiler asequible en los bloques de la calle Hermanos Calderón y poco después, se jubiló. Todo parecía que iría bien. Tuvieron que volver a comprar muebles para su nuevo piso. Adaptó una habitación como su despacho, “un rinconcito” donde dibujar y escribir. Se sentía, dice, “como un recién casado” por una razón: “porque ya piensas que esta casa es donde te vas a quedar. Ya dices: aquí ya hay calidad de vida, jubilado, calidad de vida y bienestar.”

Cinco años después, fue notificado de que su piso, como los otros 106 de alquiler asequible, pasaban a manos del fondo de inversión Mosaic Propco, junto con otros bloques en varias ciudades más. Entonces, “tras la alarma inicial”, se unió con sus vecinos en la Plataforma de Afectados de Hermanos Calderón. “Yo ya voy en grupo. Si tenemos que volver a cambiar, como te digo, pensaremos que nos hemos comprado otro piso en otra zona”.

“Ya estoy muy arraigado a la zona con mis vecinos, mis amistades, mi farmacia, mi médico, mi grupo de la partida, pensaba que ahí es donde me iba a quedar ya mis últimos días”.

“Indistintamente de las ideologías que yo pueda tener y respetando las ideologías que tengan los demás, el derecho de la vivienda es fundamental. Es un derecho que tenemos todos ciudadanos, el de derechas, el de izquierda, el de arriba y el de abajo”, dice Pepe convencido. “No hay que ser de izquierdas para ir a una manifestación como la del otro día. Soy respetuoso con todo el mundo y con los jóvenes, puesto que tengo familia joven, igual –en algún momento– te tienes que poner de lado, sí, pero respetándolos”.

Mosaic Propco carece de contacto directo para saber si contempla alternativas habitacionales para personas que ya han sufrido desahucios o si ha considerado mantener los alquileres asequibles en Hermanos Calderón. Así, elDiario.es ha trasladado estas consultas a Básico Living, gestora de los alquileres para Mosaic, que ha redirigido la consulta a su matriz Básico Real Estate, que ha declinado hacer ningún comentario. También se ha enviado las mismas dudas a la representante legal de Mosaic que aparece en las escrituras de la compraventa de los pisos, que trabaja para TMF, proveedor de servicios administrativos, que también ha declinado hacer comentarios.

Cantia Aparicio ha traído su vela de casa y ya la ha colocado. Apoyada en una columna, con su perro, se expresa tranquila para decir por qué ha llegado a la plaza Porticada de Santander: “Es importante para el futuro: si no nos movemos ahora, no nos moveremos nunca y, sobre todo por recordar a Amparo y Maricarmen”.

Ella es una de las doscientas personas que han participado este lluvioso jueves a la concentración convocada desde el Sindicato de Vivienda, tras la muerte de MariCarmen Abascal, a los 87 años; una muerte que ha removido España y que, en Cantabria, se suma al caso más simbólico de desahucio; el de la muerte de Amparo Pérez, que murió también hospitalizada, hace doce años, mientras derribaban su casa.

La vela de Cantía Aparicio ha sido una de las más de cuarenta que junto a un ramo de flores han reposado este jueves en un bloque de hormigón, a modo de altar, en la que se ha podido leer escrito con tiza: 'Descansa en paz, por un mundo con más empatía'.

El minuto de silencio que se ha repetido por numerosas ciudades de España, en Santander, ha continuado con “el corazón en un puño” de las dos integrantes del movimiento surgido al calor de la acampada en la plaza, por el derecho a la vivienda, que han leído el comunicado tras la muerte de Maricarmen: “Nos ha sacudido igual que hace doce años nos sacudió la muerte de nuestra vecina Amparo Pérez”. De ambas han dicho que son “símbolos” para la comunidad “cuando la dignidad tomó rostro de abuela”, antes de denunciar que “son muertes políticas”.

“No vamos a permitir que se diga que son cosas de la edad: son la punta del iceberg de todo lo que está podrido, pero también la punta de lanza por el derecho a la vida y la dignidad”, han dicho las dos mujeres que han leído el comunicado ante la atenta escucha general pese al agua. “Nos han dado el regalo más hermoso: la esperanza de decir basta; a Maricarmen la debemos mucho, nos lo debemos”, han dicho antes de animar a participar en la huelga del 11 de noviembre.

Unos armónicos cánticos entre todos llamando a la huelga han seguido a un largo aplauso. Las consignas en memoria de las dos mujeres: Maricarmen vive, la lucha sigue. Amparo vive, la lucha sigue. No son muertes, son asesinatos'.

“Es necesario estar aquí, porque se está quedando toda la gente en la calle”, ha explicado una chica llamada Olga, que ha llegado a la concentración con su madre, de mismo nombre, y su padre, Paco. “Es una vergüenza que les estén multando por un bien que es para todos”, ha dicho Olga, en referencia a las identificaciones que ha hecho la Policía Local de Santander a las personas que están participando en la acampada en Santander, precisamente en la plaza Porticada.

“Hay que estar aquí apoyando a esta gente que se queda en la calle sin opciones: Pedro Sánchez tiene la culpa de no haberlo hecho primero, pero los ayuntamientos del PP y el Gobierno de Cantabria, lo están vendiendo todo”, ha añadido su madre.

Una vecina llamada Mercedes, que ha llegado de Bilbao porque visita Santander con frecuencia, ha reconocido sentirse “emocionada” tras la muerte de Maricarmen: “Estoy apoyando para que no haya desahucios: es difícil arreglar el problema de la vivienda, no es algo para ahora, pero lo poco que se haga, será suficiente”.

El PRC decidirá el próximo viernes 16 de octubre si se presenta o no a las elecciones generales del 29 de noviembre. Así lo ha anunciado el secretario general de la formación, Miguel Ángel Revilla, en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles, tras la reunión del Comité Ejecutivo del PRC. “De momento no hay fumata blanca”, ha dicho Revilla sobre la posibilidad.

Para la toma de decisión de cara a las generales, el Comité Ejecutivo ha acordado ampliar la consulta a todos los comités locales y comarcales para que cada uno traslade la opinión de los militantes.

Tras la ejecutiva, Revilla ha explicado que, en el encuentro, ha intervenido la mayoría de los miembros de la Ejecutiva y ha reconocido que hay opiniones “variadas”: “desde los que piensan que tenemos que ir porque dejar una urna sin la papeleta del PRC es un hándicap; hasta aquellos que argumentan que unas elecciones como éstas, (...) donde va a haber un voto muy polarizado, van a ser muy complicadas”.

“Creemos que un tema tan delicado como éste debe tener más participación que el Comité Ejecutivo”, ha dicho el expresidente cántabro, que ha asegurado que no se ha barajado ningún nombre ante la posibilidad de ir a las elecciones.

El otro acuerdo que ha tomado el el PRC ha sido posponer el XIV Congreso, previsto para el 15 de noviembre, y que abordará la elección del secretario general y la reforma de los estatutos, a la última semana de enero: “En medio de toda una campaña electoral iba a quedar completamente diluido”.

Junto a Revilla ha comparecido también la candidata a la Presidencia autonómica, Paula Fernández. Ambos han recalcado que el partido tiene “siempre” como objetivo Cantabria. “Vamos a hacer una campaña muy fuerte para intentar que la ausencia mía no se note para nada en el resultado electoral”, ha sostenido Revilla, que ha destacado que Fernández es “una gran candidata”, así como lo son los candidatos a las alcaldías.

Cuando el 8 de agosto empezaron a aparecer aves muertas en la Ría San Martín, en Suances, la asociación que denunció el caso, calculó más de un centenar de aves muertas y el Gobierno de Cantabria (PP) redujo a 44 ejemplares. Una “catástrofe ambiental” de tal magnitud, según dijo la asociación Ría San Martín, que obligó a hacer análisis que aclarasen las razones de la mortandad, que no fueron concluyentes.

Dos meses después, el ejecutivo autonómico aún desconoce las causas de la muerte masiva. “Los resultados no son concluyentes”, ha dicho este lunes en el Parlamento de Cantabria, el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media: “En el Gobierno de Cantabria seguimos sin saber qué pasó pero no era la calidad del agua la razón”.

El 1 de septiembre, la consejería de Desarrollo Rural informó de que los análisis de servicios veterinarios encargados por el Gobierno de Cantabria descartaban gripe aviar, enfermedad de Newcastle, fiebre del Nilo y pasteurelosis y no pudieron confirmar botulismo ni salmonela. Este lunes, a preguntas del PSOE, el consejero Media ha insistido en el descarte del botulismo porque los análisis no permitieron establecer un diagnóstico definitivo, ha subrayado.

Media ha dicho que “en su habitat natural”, los episodios de botulismo aviar son “relativamente frecuentes” en los meses más cálidos del año, favorecidos por tres razones: si hay elevadas temperaturas, escasa renovación del agua, situaciones de bajo nivel de oxigeno. “Las condiciones registradas en este verano en algunas zonas de la ría podrían haber favorecido el desarrollo de este tipo de procesos pero resultados no permiten confirmarlo”.

Sin las razones del del porqué, el consejero de Medio Ambiente ha querido aclarar quién no ha sido. Según ha dicho, técnicos de su Consejería han realizado tomas de muestras de agua “para descartar” que se hubiera producido algún problema con la estación de aguas residuales (EDAR) de depuradora de Vuelta Ostrera, ubicada junto a la ría y pendiente de cierre desde hace más de veinte años, “que es lo que todos, en un primer momento, podríamos haber pensado”, ha afirmado.

Media ha pormenorizado los datos y, una vez ha concluido, ha dicho que “todo este rollo” era para explicar la situación. Ha descartado que el origen de la mortandad radicase en Vuelta Ostrera. Ha indicado que tanto los análisis externos como el laboratorio interno de la EDAR han evaluado la calidad del agua y los procesos de tratamiento y “no se ha producido ninguna avería o alteración reseñable que pudiese afectar ”al funcionamiento de una depuradora que, según ha dicho, que fue diseñada para 310.000 habitantes y, en la actualidad, opera para 228.000, “por lo tanto, está por debajo de su nivel de capacidad”.

El Ayuntamiento de Santander (PP) comienza la sobrevenida retirada de árboles, farolas y mobiliario urbano de la plaza Pombo para, a continuación, arrancar con el apuntalamiento del subterráneo que queda debajo de la plaza. Una situación que deriva de unas grietas que fueron detectadas a inicios de año y que tensa un escenario de por sí complejo entre el vecindario, los comerciantes de la zona y el Ayuntamiento de Santander (PP).

El consistorio cerró en mayo el aparcamiento subterráneo de la plaza Pombo, que permanecía abierto desde finales de los ochenta, bajo una de las plazas más antiguas del centro de Santander. Al día siguiente, también cerró el acceso a la plaza y al histórico tiovivo que quedaba encima. La razón: habían aparecido grietas en la zona central del parking, a las que la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP) denominó, siguiendo la descripción de los técnicos, “afecciones”.

El aparcamiento había funcionado bajo gestión exclusivamente municipal hasta que, en 2007, pasó a ser una concesión a manos de Cintra Aparcamientos -posteriormente denominada Empark- durante 50 años y un canon de 10 millones de euros. Al año siguiente, en 2008, hubo una reforma parcial para añadir un acceso a los residentes.

Casi veinte años después, en enero de 2026, Empark detectó las primeras grietas y, como consecuencia, clausuró veinte plazas de aparcamiento, pero dejó la mayor parte del parking subterraneo en funcionamiento. Los técnicos municipales optaron por “observar la evolución de las fisuras” y encargaron un informe técnico completo sobre el estado estructural del aparcamiento, mientras que la concesionaria solicitó un informe técnico complementario.

En febrero, el Ayuntamiento valló parte de la superficie de la plaza. En principio, sería “provisional”. Durante tres meses, la concesionaria analizó la estructura y en mayo determinó que había más grietas en otras zonas del aparcamiento. Según el análisis del informe que hizo público el Ayuntamiento, las patologías estructurales presentaban “una mayor extensión”. De ahí, el anuncio del cierre del aparcamiento a los propietarios y residentes usuarios del aparcamiento para que retirasen sus vehículos.

Esta medida motivó también la posterior suspensión temporal de la concesión a la empresa Empark para evitar que los plazos siguieran corriendo mientras el parking no estaba abierto. Además, la alcaldesa convocó a reuniones a los afectados y advirtió a los vecinos, propietarios de plazas y comerciantes de que previsiblemente las obras se postergarían, por lo menos, un año y les ofrecieron otros aparcamientos, algunos a más de dos kilómetros de distancia.

El Ayuntamiento empezó a tener reuniones con los afectados para informarles de las posibles razones técnicas para que apareciesen grietas en el subterráneo que, según el último informe de agosto, son: la falta de armadura en las vigas que sostienen el techo, el exceso de cargas sobre la cubierta y los asentamientos de la cimentación.

Las obras comenzarán el próximo 5 de octubre y durarán, en principio, 13 meses, sumado al cierre en mayo de la infraestructura, supone por lo menos 18 meses meses sin aparcamientos para los residentes y usuarios frecuentes. 

El Consistorio anunció recientemente que quitará los árboles, los bancos, las farolas y el templete de la plaza Pombo para reducir la carga que soporta el aparcamiento y así Empark pueda estabilizar y asegurar el interior del subterraneo. Concluida la obra interna, el consistorio reurbanizará la plaza, “bien mediante su reposición o mediante una nueva configuración más actual, cuya definición se consensuará con los vecinos”.

Según informó recientemente en un comunicado el Ayuntamiento, Empark se encargará de las obras correspondientes “propiamente” al aparcamiento. Con un matiz técnico: “sin perjuicio de que las comprobaciones pendientes permitan determinar si alguna de ellas pudiera estar vinculada a posibles responsabilidades por vicios ocultos”. Por su lado, el Ayuntamiento asumirá las actuaciones relativas a “la urbanización” de la plaza.

En la última reunión con los propietarios, la alcaldesa anunció que en un plazo de un año podrán volver a utilizar los garajes y que, conforme se vayan cerrando el proyecto, el presupuesto y el calendario actualizado, se los trasladará “con la misma transparencia con la que hemos venido actuando desde el inicio”. El consistorio no ha compartido con los afectados el informe técnico que describe la situación del subterráneo.

Gema Igual también explicó quién pagaría la cuenta de las obras. Según el usuario del parking, les dijo que “por agilizar y dar celeridad a los tiempos de ejecuciones de la obra del parking público, Empark asumiría el desembolso de dichas obras con capital privado”. Uno de los asistentes a la reunión dice que la alcaldesa argumentó que la razón es que si lo asumiese el Ayuntamiento con capital público “se tardaría mucho más mucho más tiempo”.

El Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) del Gobierno de Cantabria (PP) ha modificado, desde el 1 de octubre, el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para personas dependientes. El SAD pasa así de prestarse de 7 a 22 horas, todos los días del año, en función de las necesidades del usuario, a distribuirse en dos tipos de jornadas: ordinaria —de lunes a viernes de 7 a 22 horas y sábados de 7 a 15 horas— y excepcional —sábados de 15 a 22 horas, domingos y festivos—, exclusivamente para tareas de atención personal (aseo, movilidad, alimentación), según consta en el pliego técnico.

La nueva categoría de 'excepcional' se limita ahora a tareas de atención personal sábados tarde, domingos y festivos. Esto significa que excluye, según el pliego, servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar, como limpieza, lavado, cocina u otros.

Eso sí, este cambio horario no afecta a la atención del tipo que sea que reciban los futuros usuarios de grado III, también llamados grandes dependientes, ni de los usuarios de cualquier grado que, antes de octubre, ya recibían las prestaciones sábados tarde, domingos y festivos. Pero, y aquí viene el matiz a interpretar, pueden recibir el servicio en estas jornadas las personas de “cualquier grado que por motivos excepcionales motivados se consideren necesarios”, según el pliego técnico.

No consta en la documentación qué circunstancias concretas son ahora excepcionales. Tal como advierten los sindicatos y algunos afectados que han contactado a elDiario.es, el cambio está sujeto a interpretación y supone un condicionante para los usuarios de grado I y grado II que entren a partir de octubre.

El grado I supone una dependencia moderada, en la que la persona necesita apoyo al menos una vez al día o de forma intermitente. El grado II implica dos o tres veces al día, pero no necesita de forma permanente un cuidador, a diferencia del grado III, que supone la pérdida total de autonomía y apoyo generalizado.

Según confirman los sindicatos UGT, Comisiones Obreras (CCOO) y las delegadas de atención a domicilio por USO, los nuevos usuarios quedarán sujetos a la consideración y valoración de la Fundación Cántabra de Salud y Bienestar, empresa pública vinculada a la Consejería de Servicios Sociales, que determinará, caso por caso, si concede a estos usuarios el servicio en las franjas horarias consideradas ahora “excepcionales”, a través de la Unidad de Ejecución y Seguimiento de Contratos (UESEC), según lo que indique su Programa Individual de Atención (PIA), que es el documento en el que se expone qué servicios recibe un usuario.

Queja elevada al Parlamento

Personas afectadas han elevado al Parlamento la situación mediante un escrito que ha sido admitido a trámite y trasladado a los grupos parlamentarios. En el documento se señala que el Servicio de Ayuda a Domicilio “no es una prestación accesoria” y se subraya que “para muchas personas constituye el apoyo que permite levantarse, asearse, vestirse, alimentarse, mantener unas condiciones mínimas de higiene y permanecer en su domicilio con seguridad y dignidad”. Necesidades, inciden, “que no desaparecen durante el fin de semana ni en los días festivos”.

Los usuarios señalan en su escrito que este cambio puede generar conflictos de interpretación y ponen ejemplos: “La higiene corporal de una persona no puede separarse siempre de tareas indispensables como cambiar ropa de cama tras una incontinencia, limpiar un derrame que compromete la seguridad o preparar una comida sencilla”.

Consideran el cambio “una limitación” que afecta “especialmente” a quienes viven solos, a los hogares en los que conviven dos personas dependientes, a las familias con cuidadores de edad avanzada, a quienes no disponen de recursos para contratar apoyo privado y a quienes residen en zonas rurales.

Este cambio ha generado molestias por lo que consideran “restricciones” en los horarios para nuevos usuarios. De hecho, también se ha trasladado al ICASS la preocupación por las nuevas condiciones horarias y se ha solicitado expresamente que se garantice que “cualquier persona” en situación de dependencia, “con independencia de su grado”, pueda acceder a atención personal los sábados por la tarde, domingos y festivos mediante una valoración individualizada, “cuando sus necesidades básicas así lo requieran”, sin excepcionalidades.

La directora del ICASS, Carmen Arce, asegura a elDiario.es que el cambio “no supone una restricción ni una reducción” de los derechos de las personas usuarias del SAD. La consideración de determinadas franjas horarias como prestaciones de carácter excepcional, subraya, “no supone, por sí misma, la exclusión de las personas usuarias que precisen atención en dichos periodos”, afirma.

Y en esa formulación “no supone, por si misma, la exclusión” es donde los afectados advierten el riesgo de no tener el servicio garantizado los fines de semana y festivos.

La prestación del servicio los sábados tarde, domingos y festivos, defienden desde el ICASS, mantendrá la valoración individualizada de las necesidades de cada persona, “teniendo en cuenta su situación funcional, social y familiar”, así como los criterios técnicos. Respecto a la intensidad, horario y contenido del servicio, “podrán contemplarse actuaciones” en sábados por la tarde, domingos y festivos “cuando concurran las circunstancias previstas en la regulación vigente”. Una frase, ésta última, que de nuevo genera enormes dudas de la aplicación práctica y deja abierta a la interpretación los criterios concretos de la Fundación para las jornadas excepcionales.

Empleadas “quemadas” con condiciones “pésimas”

Los sindicatos UGT y CCOO hablan de “concentración” para describir el cambio en la prestación entre semana y sábados de 7 a 15 horas, que realizan las trabajadoras a domicilio contratadas por las empresas para dar servicio al ICASS. Y, para las delegadas de las trabajadoras a domicilio por el sindicato USO, “no se específica cuál es el carácter excepcional” de las jornadas de sábado tarde, domingo y festivo, en el pliego técnico.

Para UGT, la nueva regulación se traduce en una atención “centrada en la persona, garantizando que el servicio se dirija de forma prioritaria” a los usuarios que presenten un mayor grado de dependencia, valora Gema Fernández Oria, secretaria de Dependencia e Intervención Social, de UGT Cantabria. El acceso a las jornadas excepcionales, abunda, se reserva “preferentemente” a personas con Grado III, mientras que los nuevos usuarios de otros grados dependerán de la valoración que se le realice y el grado, lo que determinará si “tendrá o no” atención personal (alimentación, aseo), excluyendo otras tareas, apunta.

CCOO interpreta el cambio del horario de atención domiciliaria como una concentración de todos los servicios “que sean de limpieza o paseo”, de lunes a viernes. “Es mejor para intentar rellenar los horarios a las trabajadoras”, analiza Silvia Solar, encargada del sector de Ayuda a Domicilio de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de Comisiones Obreras, en Cantabria, “para que así consigan tener jornadas completas”. Consultada sobre el efecto en los usuarios, Solar admite que es “un recorte” porque se trata de “una reducción de acceso” a los días de prestación del servicio, pero señala que las trabajadoras son profesionales que están “muy quemadas” con un empleo “muy precario”, aunque cuestiona que “desde luego, el Gobierno no lo ha hecho por el beneficio” de las empleadas.

En UGT perciben el cambio organizativo como “positivo”. Gema Fernández advierte de que las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio “están cansadas, agotadas, se sienten invisibles, con condiciones laborales son pésimas”.

Para las delegadas por USO, hay más cosas que reivindicar dentro del nuevo pliego. Por un lado, con relación a la suma de kilómetros a partir de los cuales la entidad adjudicataria debe asumir el gasto de desplazamiento del personal, que se reduce de 40 a 20. Por otro, que solo se contempla reconocer 4 kilómetros recorridos a la hora, pagando cada kilómetro a 0,24 euros, pese a que el convenio marca 0,18 euros por kilómetro. También afirman que las empresas no están renovando a las trabajadoras que carecen de vehículo propio. “Con el combustible por las nubes los trabajadores tendremos que pagar de nuestro bolsillo para poder trabajar”, lamentan.

“Mientras el Gobierno de Cantabria aumenta en 8,7 millones el presupuesto para residencias, centros de día y pisos tutelados, el servicio de atención domiciliaria sigue en el olvido”, cuestionan las delegadas por USO.

La atención a domicilio del SAD del Gobierno de Cantabria es un servicio externalizado, de ahí los pliegos para concurrir a los contratos. Reivindican que las empleadas deberían de ser trabajadoras públicas por ser “un servicio esencial” que ofrece la administración.

El Servicio de Ayuda a Domicilio del Gobierno autonómico divide Cantabria por lotes, que son las zonas geográficas que luego se adjudican a las empresas. En marzo, una de las empresas a licitación para el expediente CA-ICASS/2025/0022 interpuso un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Esta situación suspendió el procedimiento hasta que el Tribunal desestimó el recurso. En junio, los lotes que no estaban en el recurso comenzaron a funcionar con las nuevas empresas: Ogara, para el lote 4 y People Plus Innovation, para el 5. En octubre, fecha de incorporación de los cambios en el pliego, empezará Ogara con los lotes 1 y 3 y la empresa Urgatzi, con el 2.

A diferencia del anterior pliego, en el que CCOO y UGT afirman que pudieron contribuir con aportes, subrayan que en este proceso ninguno ha sido informado directamente por el ICASS sobre los cambios.

Aparte del SAD del Gobierno de Cantabria, los ayuntamientos también ofrecen por su lado atención a domicilio, en su mayoría también realizada por empleadas de empresas privadas de servicio a domicilio. Los únicos consistorios que mantienen el servicio municipal a domicilio sin privatizar son Peñarubia, Selaya y la mancomunidad de servicios sociales Alto Pas, que incluye Toranzo, Luena, San Pedro del Romeral, Santiurde de Toranzo y Vega de Pas, según datos recopilados por CCOO.

A inicios de 2026, el Puerto de Santander tenía programados 38 cruceros, lo que sumaría más de 62.000 pasajeros, según la Autoridad Portuaria (APS). A finales de agosto, habían recalado 23 cruceros, lo que suponía -según datos oficiales-, un 35% más de embarcaciones de este tipo que en 2025 y un 54% más de pasajeros, pasando de los 24.349 de 2025 a los 37.528, hasta agosto de este año.

Estos datos de la APS responden a una estrategia que la Autoridad Portuaria, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander lanzaron a finales de 2023 bajo la marca 'Santander cruise', para atraer más cruceros. Una estrategia cuyo impacto real económico el presidente del Colegio de Economistas de Cantabria, Fernando García Andrés, ha puesto ahora en cuestión. Según el Puerto, el objetivo es llegar hasta los 90.000 cruceristas en 2030, lo que según sus cálculos podría generar hasta 24.1 millones de euros de impacto económico a través del turismo.

A principios de septiembre, García Andrés manifestó sus dudas sobre ese cálculo y sobre el impacto económico favorable para Santander de los cruceros en una tribuna publicada por El Diario Montañés. “Hay que poner en una balanza los pros y los contra, los beneficios y los costes, y si realmente esto reporta un beneficio a la ciudad”, demanda ahora. “Los cruceros van creciendo y se producen externalidades negativas que también hay que tener en cuenta”, dice a elDiario.es para explicar el costo social que puede suponer el aumento de cruceros en la capital de Cantabria.

“Hay que ser más rigurosos en los análisis; hay intereses económicos por parte de la autoridad portuaria y de las agencias de viajes porque son los que directamente se quedan con parte del valor, pero la pregunta es qué ganamos como ciudad y como comunidad”, abunda.

Para el presidente del Colegio de Economistas, hay que poner varias situaciones en la balanza. De un lado, la gente que desembarca -solo 5.000 un día del pasado agosto- y las consecuencias de esa cantidad de turistas, la contaminación de los cruceros; y el coste de los servicios públicos que lleva aparejado un elevado y concentrado número de cruceristas. Y, del otro lado, propone evaluar qué economía genera el turismo de cruceros.

En su opinión, que el Puerto hable de más de 24 millones de impactos en los próximos cuatro años como ganancia, está por demostrar. Por eso, pide “que no se haga tanta publicidad de cosas que no sabemos: que el turismo de cruceros genere más prosperidad que molestias, más empleo que congestión, más riqueza local o si va a generar beneficios o costes”, argumenta.

Solo entre septiembre y noviembre, están previstas las escalas de catorce cruceros, con casi 19.800 pasajeros. Por eso, García Andrés reconoce que está “preocupado” por comparativa: “Nos puede pasar lo que ha pasado en Barcelona o en Palma de Mallorca, que ya están desviando los cruceros afuera del centro del puerto, porque es ingestionable”.

Los cruceristas, señala, pasan por Santander de tránsito, unas horas. Por lo tanto, demanda estimaciones concretas del tiempo que está el turista y cuánto se puede gastar, para calcular el impacto en impuestos. Así, solicita a la Autoridad Portuaria un estudio “riguroso, bien trabajado, bien argumentado, ¿tienen un estudio así?”, se pregunta. Trasladada la consulta al Puerto de Santander sobre cómo hizo los cálculos, la institución no ha respondido a elDiario.es.

El Gobierno de Cantabria (PP) no ha emitido una posición desde que en abril de 2026 se hiciera pública la venta de las 107 viviendas de alquiler asequible, en Santander, de Fundación La Caixa al fondo privado Mosaic Propco. En septiembre, la plataforma de inquilinos afectados de los tres bloques de la calle Hermanos Calderón propuso hasta en cuatro ocasiones una reunión para que el consejero de Vivienda, Roberto Media, conociera el caso de primera mano y así plantearle que ejerciera de mediador. La respuesta, en el cuarto intento, ha sido el silencio.

El 2 de septiembre, el representante jurídico de la plataforma, Juan Manuel Brun, trasladó la petición de “toma de contacto” para que la Consejería de Vivienda tuviese conocimiento “de primera mano” de una situación que afecta cerca de 90 familias que pueden ser desalojados de sus casas y “terminarían, la mayoría, en situaciones de extrema vulnerabilidad”.

Así, trasladó por escrito al ejecutuvo autonómico que considerase “qué actuaciones” podría realizar la Consejería de Vivienda. El objetivo era saber “qué alternativas” podría proponer Vivienda para el centenar de familias.

Por un lado, pedían que el gobierno autonómico ejerciera de mediador con Fundación La Caixa, como responsable de la venta. “Entendemos que Fundación La Caixa tiene responsabilidad jurídica en la compraventa que hizo con el fondo”. Consultada Fundación La Caixa al respecto de la petición de los vecinos, indican que “la relación con el Ayuntamiento siempre ha sido fluida” y que, tras la venta, la compañía declina hacer comentarios sobre los bloques de Hermanos Calderón.

Por otro, la plataforma pidió a Vivienda que explorase vías “para una posible venta” de Mosaic a manos públicas. La idea era y es que el Gobierno de Cantabria liderase la compra de las viviendas, con el Ayuntamiento de Santander (PP).

En las tres primeras comunicaciones, según Brun, la consejería de Vivienda dilató la reunión, pero la posibilidad estaba ahí. El cuarto intento fue a finales de septiembre, coincidiendo con las masivas movilizaciones en España por Maricarmen -la madrileña de 87 años cuyo desahucio fue paralizado por presión social-. Brun amplió entonces a Vivienda una nueva posibilidad de compra: que liderase la compraventa con el Ayuntamiento y con Casa 47, la entidad estatal de vivienda (PSOE).

Desde entonces, no ha habido ninguna respuesta. “Justamente cuando más posibilidades hay de lograr algo conjuntamente” con el resto de instituciones, cuestiona el representante jurídico.

“Si no quieren ir con esta propuesta tan ambiciosa, tienen 90 familias que se van a la calle ¿Qué van a hacer tanto desde la consejería de Vivienda? ¿Por qué no ha emitido ninguna opinión?”, se pregunta Brun, que subraya que no busca confrontar: “Creemos que hay vías jurídicas presupuestarias que les permitirían actuar sin problemas.”

Brun advierte de que la propuesta de ley de Vivienda liderada por Roberto Media habla precisamente de colaboraciones entre Ayuntamientos, Estado y Consejería de Vivienda para la adquisición de viviendas para alquiler asequible: “Es lo que nosotros estamos pidiendo”.

De momento, las únicas palabras recientes del consejero Roberto Media -cuyo borrador de ley está enfocado en la lucha contra la ocupación y rechaza poner topes a los precios del alquiler- sobre las movilizaciones por la vivienda en España han sido que las propuestas que llegan de la Puerta del Sol, en Madrid, “se aproximan más a Cuba que a un estado democrático y de derecho”.

El 28 de agosto, la administradora de fincas de la comunidad de propietarios del edificio número 4 de la calle Bailén, en el centro de Santander, notificó por correo electrónico a la constructora Ferrovial de la aparición de grietas en el inmueble. Contactó a la multinacional de la construcción por “los daños que se produjeron en algunas” de las viviendas del edificio “como consecuencia de las obras del edificio colindante con motivo de la apertura de Faro Santander”. Así consta en el correo electrónico, al que ha tenido acceso elDiario.es.

La reforma del antiguo Edificio Pereda fue ideada por el estudio del arquitecto David Chipperfield. A partir de 2021, se procedió al vaciado y demoliciones dentro del edificio para, en 2023, realizar la propia obra del centro cultural. Fue Ferrovial la empresa que hizo la rehabilitación de la antigua sede del Banco Santander, reinaugurada en septiembre como centro cultural Faro Santander, en tres mil de los más de diez mil metros cuadrados de superficie útil que tiene el edificio, según datos del Banco Santander.

El número 4 de Bailén hace contraesquina en una calle perpendicular que desemboca a la fachada del centro cultural, cuya entrada histórica estaba en el Paseo Pereda y ahora, bajo su característico arco. En el escrito de la comunidad de vecinos se afirma que, durante las obras de Faro Santander, Ferrovial fue informada de “las incidencias detectadas”. También se asegura que acudió un técnico encargado de valorar los daños al edificio, para visitar las viviendas afectadas. Y, según el correo, éste “confirmó a los propietarios que las pequeñas grietas existentes eran compatibles con las obras del edificio colindante y que, por tanto, estaban relacionadas con las obras ejecutadas”.

La administración de la finca esperó a la finalización de la obra de Faro Santander para enviar el correo electrónico: “Entendemos que procede abordar la reparación de estos daños, por lo que solicitamos a Ferrovial que, como responsable de los trabajos ejecutados, proceda a coordinar y realizar las reparaciones necesarias”.

En el correo solicitaron información del procedimiento a seguir “para la atención de estas incidencias”, además de fechas estimadas para las reparaciones y los datos de la persona de contacto en Ferrovial. Según ha podido saber este periódico, el correo no ha recibido respuesta.

El 7 de septiembre, una semana después del envío del correo, Ana Botín, presidenta del Banco Santander, acompañada del Rey de España, además de otras autoridades y celebridades, inauguraba Faro Santander. Todo, tras el cierre al tráfico del arco que representa al edificio y la salida de México de la prestigiosa colección Gelman, hoy gestionada por el banco y expuesta en parte en Faro. “Mientras se transformaba la sede del Paseo Pereda, también se ha estado transformando el banco”, dijo aquel día Ana Botín.

La comunidad de vecinos ha trasladado la petición a Ferrovial, pero han consensuado no elevar la solicitud por la vía judicial, porque quieren resolver la situación en buenos términos. elDiario.es ha consultado a Ferrovial por el número de inmuebles del que ha tenido constancia notificada de afecciones en algún grado por la obra de Faro Santander, también por el número total de inmuebles afectados por grietas al que ha acudido un técnico para revisarlas durante los años de obras y por el número total de edificios en los que hará reparaciones y si de estas evaluaciones y diagnóstico final ha informado al Ayuntamiento de Santander, pero no ha dado comentarios. También ha trasladado estas consultas a Faro Santander y ha informado del caso de la petición de la comunidad, a lo que ha respondido también que “el Banco no hace comentarios”.

El 16 de octubre de 2025, InmoCaixa, inmobiliaria de la obra social de Fundación La Caixa, vendió a un fondo privado llamado Mosaic Propco tres bloques de viviendas, en Santander, en lote. Durante más de una década y hasta ese día, los 107 pisos habían sido de alquiler asequible con derecho a compra y los residentes iban renovando. Ese mismo mes, los inquilinos fueron notificados de la compraventa. La operación no afectaba solo a las viviendas de Santander, incluía bloques en Córdoba, Vicálvaro, Pinto, Vallecas, y Erandio.

La mayoría de inquilinos de los bloques de Santander contactó de inmediato a Inmocaixa, algunos estaban negociando la compra, pero la respuesta fue la misma: el dueño de sus pisos era ahora otro.

En febrero de 2026, Mosaic les contactó individualmente con Básico Living, su empresa de gestión de alquiler, para los pagos mientras los contratos estuviesen vigentes. En paralelo, en esas fechas, la empresa de desocupación Imass también les contactó. Las llamadas de presión de Imass empezaron a ser constantes: o pagaban a precio de mercado (alrededor de 250.000 euros) y se hacían propietarios o aceptaban una irrisoria indemnización y se iban. En abril de 2026, ya organizados como plataforma de afectados, decidieron visibilizar el primer caso masivo de afectados por futuros desahucios en Santander. La mayoría de vecinos no quería irse.

Hay que retrotraerse quince años para entender cómo se pasó de impulsar la vivienda con interés social a una presión inmobiliaria sin precedentes de fondos buitre por toda España. En la capital de Cantabria, la construcción de tres bloques de pisos en la calle Hermanos Calderón fue anunciada en 2011 por el Ayuntamiento de Santander (PP) en compañía de directivos de La Caixa. Sería un proyecto, en suelo privado, de viviendas de alquiler asequible en una zona residencial de nueva construcción, a las afueras de la ciudad, que hoy forma parte de la zona de expansión de la capital.

Dos años después, en 2013, los dos primeros bloques fueron terminados y los inquilinos, previo pago pagar del mes de alquiler, el mes de fianza y un depósito de 1500 euros, entraron a vivir en las 70 viviendas. Dos años después, en 2015, el mismo alcalde del PP, Íñigo de la Serna, anunció también con directivos de Caixabank, que las 37 viviendas restantes estaban listas. En total, 107 viviendas de alquiler asequible sorteadas entre solicitantes empadronados en Santander, a propuesta del Ayuntamiento.

El alcalde afirmó entonces que el Ayuntamiento de Santander era la institución que “más” estaba trabajando por la vivienda social. Y el entonces director territorial de Caixabank dijo que el acceso a una vivienda digna era “la apuesta” del banco desde 2005, “en plena bonanza económica, un momento en el que los jóvenes y las personas mayores eran los colectivos con mayores dificultades en el acceso a una vivienda”.

Un año después, de La Serna se convirtió en ministro de Obras Públicas y la entonces concejala de Festejos, Gema Igual, pasó a ser alcaldesa. De ahí en adelante, mientras la lucha contra los desahucios copaba las calles de España, los inquilinos de Hermanos Calderón que pudieron comprar su piso, lo hicieron –hay casos de venta por 135.000 euros– y la mayoría siguió viviendo en alquiler a precio módico. Ese era el acuerdo hasta que a finales de 2025 estalló todo por los aires.

En Santander, fue el Partido Socialista el que hizo público en abril de 2026 el caso de la venta de los tres bloques a un fondo privado. Presentó una moción en el pleno sobre la situación de las 107 viviendas y condenó la actitud del Ayuntamiento: “Hemos pasado de un proyecto de alquiler asequible a una operación especulativa en manos de fondos”, dijo su portavoz Daniel Fernández.

Mientras, la plataforma de afectados se alió con el recién creado Sindicato de la Vivienda de Cantabria y empezó a reunirse con partidos de la oposición. Izquierda Unida denunció que estaban siendo sometidos a presiones. La plataforma fue estableciendo lazos con los inquilinos del resto de ciudades donde Fundación La Caixa había construido vivienda asequible. En junio salieron a protestar por la capital de Cantabria y exigieron a la alcaldesa Gema Igual que valorase comprar los pisos o, al menos, mediase por ellos, aprovechando un tenso turno de ruegos y preguntas de un pleno municipal. “Mientras los fondos buitre se adueñan de nuestra ciudad y convierten la vivienda en un negocio, ¿qué va a hacer este Ayuntamiento?”, le preguntó Clara Salas, uno de los rostros visibles del colectivo. La regidora les dijo que revisaría el caso.

El silencio fue absoluto durante dos meses hasta que, a finales de agosto, Igual accedió a reunirse con un pequeño grupo de la plataforma. No les prometió nada, el encuentro no fue publicitado, pero les avanzó que no compraría las viviendas que, como les recordó, están en suelo privado.

En este tiempo, las llamadas de la empresa de desocupación Imass para presionar a los inquilinos a comprar o marcharse se han mantenido, la empresa propietaria les ha privado de las bonificaciones de agua y alcantarillado y el primer contrato de una familia inquilina vence ya en noviembre. El resto de contratos de alquiler irá terminando entre 2027 y 2028.

El mediático caso de Maricarmen, la vecina octogenaria del barrio de Retiro, en Madrid, les ha llevado de nuevo a protestar a las calles de Santander el pasado viernes. Este martes, junto con afectados por Mosaic Propco de Vallecas, Pinto y Vicálvaro, los vecinos de Hermanos Calderón están en el Congreso de los Diputados, para hablar con partidos políticos, para buscar “una solución para toda España”. Su penúltimo gesto ha sido invitar a la ciudadanía a mandar una carta a la alcaldesa para que reconsidere la compra de sus pisos, la respuesta de Gema Igual ha sido que la compra, a su juicio, sería “ilegal”.

“Qué sociedad queréis como jóvenes”, preguntó al micrófono una señora de unos sesenta años, cargando con una bolsa. “Es bastante fácil caer en la avaricia, lo he visto”, advirtió antes de recibir un aplauso. Así terminó el segundo testimonio que pudo escucharse este martes durante la primera asamblea pública organizada por el Sindicato de Vivienda de Cantabria, en la plaza del Ayuntamiento de Santander, en medio de la oleada Maricarmen que ha provocado una negociación en seis días de un decreto por la vivienda, que ha sido partido en dos, para su votación este viernes.

Un día después del grueso de manifestaciones en el resto del país -y tras una pequeña concentración marcada por el viento sur y las persistentes chispas de lluvia-, las reivindicaciones del Sindicato, que nació en abril, se hicieron. Y con ellas, la gente comenzó a sentarse, sobre cartones, sillas de camping o directamente en el suelo, evocando las concentraciones de 2015.

El Sindicato, heredero de movimientos sociales como Cantabria No se Vende y la PAH, exigió al Gobierno de Cantabria (PP) que regule los pisos turísticos, que acabe con los contratos temporales, que prohíba los desahucios, y, “sobre todo que los fondos buitre no se coman los barrios, como ha pasado en Hermanos Calderón”, dijo una de las sindicalistas, ante la atenta mirada de varios vecinos de los tres bloques de viviendas a los que un fondo de inversión quiere sacar de sus pisos de alquiler asequible, promovidos en origen por Fundación La Caixa, porque ahora son de su propiedad.

“Sabemos que los fondos de inversión están invadiendo Cantabria, pero estamos ante un punto de inflexión: no vamos a parar”, dijeron desde el Sindicato antes de exigir la dimisión del consejero de Vivienda, Roberto Media -quien ha enfocado su propuesta de ley de Vivienda en la lucha contra la ocupación-, y de preguntar retóricamente al delegado del Gobierno y al Estado “por qué reprime a palos el gobierno más progresista de la historia”.

Entre el centenar de asistentes que había sobre las siete de la tarde, había gente de veinte años a setenta y muchos. De los más jóvenes, solo un chico dijo estar pagando un alquiler de temporada, pero una chica de unos veinte dijo que Cantabria concentraba una de las juventudes más precarias del país y que no les era posible independizarse: “Está bien que la gente que milita como la que no esté hoy aquí y sepa la situación que vivimos los jóvenes en Cantabria”.

Escuchándola, un chico a su lado recordó la violencia que sufrió en el primer desahucio al que acudió para frenarlo. “Iba con conciencia de clase, pero no esperaba lo que pasó: la guardia civil me pegó una paliza en el pueblo donde vivía”, dijo antes de agregar que, gracias a que una persona grabó desde arriba, pudo desmontar la tesis policial de que él les había agredido: “La mejor manera de parar un desahucio siempre ha sido la fuerza popular. Lo que quieren es que te quedes en casa”, concluyó animando a la gente a evitar desahucios.

El micrófono social, muy tímido al inicio, fue pasando de mano. “En estos ocho de gobierno progresista, las condiciones de vida de la clase trabajadora no han mejorado”, advirtió un joven antes de que otro chico de unos veintitantos años cuestionase a las empresas de desocupación “aunque no existen en Cantabria” y señalase “las tiritas” del borrador del nuevo decreto de vivienda.

Una chica del Sindicato le señaló que sí existen empresas de desocupación y explicó, además, cómo la empresa cántabra de la vivienda, Gesvican, tiene una oficina de gestión contra los llamados 'ocupas' y 'inquiocupas': “Tenemos un organismo de gestión pública que está sacando a la gente de sus casas”.

Para ese instante, como un reflejo de los círculos de Podemos de 2015 en todas las ciudades de España, en el centro de la plaza del Ayuntamiento de Santander se había formado un círculo. Entonces, Una señora de pelo corto, sentada en su silla, recordó su desahucio. “Nadie sabe lo que es esto hasta que lo vive. Yo ocupé mi vivienda, según ellos, aunque era de mis padres pero la pusimos como aval en un banco y nos llevó a la ruina. He llegado a mirar la cartera para poder comprar un pan, me ha ayudado, sobre todo, la gente de la calle”. Tras siete años de contrato, ahora la vivienda, le han dicho en el banco, es propiedad “de unos chicos muy majos” que en principio se la van a alquilar cinco años. Ella reconoció que no confiaba. “Bueno, que tengáis suerte”, dijo a los jóvenes de la asamblea.

A la juventud presente también se refirió un señor de 74 años “y 53 cotizados”, que estaba de pie y que conocía a la señora de hacía casi veinte años, aunque llevaban tiempo sin verse. “Yo sí sé lo que es un desahucio, y ahora me encuentro en la calle hermanos Calderón. Arrastro los desahucios, tengo mala suerte, pero hoy estoy bien. Estoy aquí por luchar por los jóvenes y ya más no me pueden quitar, ya me lo quitaron. No os dejéis intimidar por nada”.

Algunos mencionaron a Amparo, la mujer que simbolizó en Cantabria la lucha contra los desahucios en 2015 y que murió dos días después de que la sacaran de casa. En medio del círculo de la primera asamblea popular por la vivienda del Sindicato, había un cartel que decía: 'Amparo, te mataron'.

La Plataforma de Afectados por las viviendas de Hermanos Calderón ha lanzado la campaña 'Hay una carta para ti', para que los ciudadanos envíen una carta a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP) por correo postal en la que piden que el Ayuntamiento compre las 107 viviendas en las que residen propiedad de un fondo privado que quiere venderlas.

En origen, fueron promovidas como alquiler asequible por InmoCaixa, inmobiliaria de Fundación La Caixa y así funcionaron hasta que, en 2025, fueron vendidas al fondo Mosaic Propco. La nueva propiedad pretende vender las viviendas a precio de mercado conforme vayan venciendo los contratos, lo que amenaza con expulsar de sus hogares a cientos de personas, algunas en situación de especial vulnerabilidad y con hasta 15 años de residencia.

La carta estará disponible en las redes de la Plataforma de Afectados por las viviendas de Hermanos Calderón, del Sindicato de Vivienda de Cantabria y de sindicatos de otras comunidades, así como de distintas organizaciones sociales y políticas.

La campaña propone que los participantes se graben un vídeo corto mientras rellenan la carta, se prepara el sobre, se echa al buzón o de cualquier otra forma que a cada persona se le ocurra para que lo suban a sus redes sociales con la etiqueta #ConLosVecinosDeHermanosCalderónNoALosFondosBuitre o alguna etiqueta similar.

Según indican desde la plataforma, la carta contiene una petición concreta: que el Ayuntamiento estudie “de inmediato” las fórmulas jurídicas y económicas disponibles y adopte las medidas necesarias para adquirir las viviendas, por la vía que resulte más adecuada, “de manera que sigan siendo asequibles y las familias puedan permanecer en ellas”.

Los afectados esperan que estas cartas den lugar a “un verdadero intercambio epistolar”. Esperan que, después de recibir cientos o miles, la alcaldesa responda de la con actuaciones concretas “y que ponga las necesidades de sus vecinos por encima de las de un fondo especulador extranjero”, subrayan en el comunicado.

Como ejemplo, plantean el del Ayuntamiento de Málaga, también del PP, que ya ha adquirido viviendas de otra promoción de InmoCaixa con ese fin: “Es un precedente que demuestra que existe margen para actuar y que la decisión de explorar esa vía depende exclusivamente de la voluntad del Ayuntamiento de Santander”.

Para participar, basta con descargar la carta, rellenarla, firmarla, meterla en un sobre, ponerle un sello y enviarla a Gema Igual Ortiz, alcaldesa de Santander con la dirección Plaza del Ayuntamiento, s/n 39002 Santander.

Los señalamientos a la gestión del Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander (SMTU) se han colocado en la lista de conflictos abiertos que afronta el Ayuntamiento de Santander que lidera la alcaldesa Gema Igual (PP) con trabajadores municipales. Los seis sindicatos que integran el comité de empresa han consensuado una posición crítica por considerar que la gerencia del servicio “incumple” la gestión de la bolsa de empleo y suman ahora nuevos conflictos con la gerencia: falta de plantilla, de vestuario, de transporte y de espacio en las cocheras ante el aumento “insuficiente” de la flota y una posible externalización a cocheras privadas como solución.

En un año marcado por las tensiones con la Junta de personal municipal y, en particular, con la policía local, el conflicto con la la bolsa de empleo de los trabajadores de autobuses supone otro frente para el equipo de gobierno del PP, de cara a las elecciones.

En la última oposición, la bolsa de aprobados quedó corta y el Ayuntamiento abrió una bolsa extraordinaria que incluía a postulantes que, supuestamente, habían suspendido pruebas prácticas. A continuación, cuando salieron los resultados de los admitidos, algunos aspirantes que les correspondía trabajar, avisaron al comité, que detectó que se habían saltado números correlativos. Al pedir explicaciones formales, la gerencia -según los seis sindicatos que integran el comité- les confirmó verbalmente que se había alterado el orden de llamamiento sin notificación escrita previa a los afectados.

Consultados por elDiario.es, los seis sindicatos hacen un diagnóstico común que agrava el panorama: no existe un listado público en línea de la bolsa de empleo en el que los candidatos puedan ver cómo avanzan. Es la gerencia la que, por petición sindical, traslada el documento con la lista. Sucede así desde hace años, pero el comité denuncia que es la primera vez que se producen este tipo de saltos en la bolsa.

El comité cuestiona que la justificación que dio el Ayuntamiento es que busca limitar así las demandas judiciales por abuso de temporalidad. Y es que los trabajadores que superan los tres años de contratación continuada entrarían en “fraude de ley” y podrían reclamar indemnizaciones o que se les hiciera fijos. Presuntamente, se les argumentó que esto ocurre porque se trata de aspirantes que acumulan “mucha interinidad”, reconfirman los seis sindicatos.

El presidente del comité (CCOO), Miguel Ángel Iglesias, cuestiona que, desde la gerencia, que funciona bajo el paraguas de la concejalía de Fomento, “no se nos transmite información ninguna” y consideran que han tomado “arbitrarias”. En el sindicato SCAT califican la fórmula del salto en la lista como “unilateral”. Desde CSIF señalan que se dan “un montón de negociaciones particulares” y en UGT se exige que el funcionamiento “debería ser más transparente”.

La sección sindical de USO ha obtenido varias victorias judiciales recientemente contra el abuso en la contratación temporal. Su objetivo, es “frenar la precariedad y reparar el perjuicio sufrido por los trabajadores tras años de temporalidad prolongada e injustificada”, indican en un comunicado tras su último fallo favorable con compensación especifica por abuso de temporalidad. Estas resoluciones la sitúan como “la única representación de todo el servicio que está obteniendo fallos favorables y compensaciones económicas”, indican desde la sección sindical.

El comité reclama que debería de informarse a los aspirantes porque, en algunos casos, ya les han trasladado su intención de llevar la situación a los tribunales, con lo cual, subrayan, la gerencia no resuelve el exceso de interinidad en los juzgados. Para las próximas oposiciones, censuran desde el comité, se les ha avanzado la intención de “eliminar los méritos” acumulados por los candidatos a la hora de competir, por lo que anticipan otro foco más de conflicto.

Plantilla “deficiente”, cocheras “obsoletas” y externalización

El presidente del comité relata que recientemente varios nuevos empleados acudieron a trabajar con ropa de calle durante varios días. “Lo del tema de la ropa ya es vergonzoso”, confirman desde el sindicato SIEP. En teoría y por convenio, cada dos años, la gerencia les renueva el vestuario reglamentario. En la práctica, llevan cuatro años sin ropa nueva.

A esto suman -y coinciden el resto de sindicatos- una plantilla “deficiente”. La falta de personal, indican desde SCAT, obliga a “tirar de jornadas voluntarias” y “horas extraordinarias”, situación sobre la que CSIF calcula que los conductores acumulan “sobre 9. 000 horas extras” y en SIEP elevan “10.000 ó 12.000 horas”. extraordinarias.

Los sindicatos describen unas cocheras “obsoletas”, que “se han quedado pequeñas”. Las cocheras del Servicio Municipal de Transportes tienen alrededor de cinco años, estiman, “pero ya no caben” los vehículos. Los sindicatos valoran positivamente el estado de las cocheras, pero mientras el Ayuntamiento anuncia que renueva la flota, señalan, “hay que hacer con menos autobuses, en el mismo tiempo, las vueltas”. Esto hace que los conductores se sientan “muy presionados”, cuestionan en SIEP. En este contexto, señalan desde UGT, hay prejubilaciones pendientes que no se acaban de ejecutar, lo que eleva la presión laboral.

Todos los sindicatos -a excepción de CSIF, que habla de “refuerzo” y “ayuda” al ser preguntado por las rutas externalizadas que gestiona Alsa, hablan de líneas externalizadas. Y varios coinciden en un riesgo al señalar la falta de espacio en cocheras: que el Ayuntamiento busque espacio en cocheras privadas. Desde USO rechazan la privatización de las líneas: “ya hay varias y el servicio está cada vez peor”, cuestionan. Y lo sintetizan desde SIEP: “Nos preocupa muchísimo porque, una vez que externalizan, es casi imposible que ese servicio vuelva al Ayuntamiento”.

'Nos quedamos'. Eso es lo que pone en un cartel colgado en una de las ventanas del piso de alquiler donde viven María L. Brizuela y F. Manuel Saiz, de 55 años y con dos hijos. Muchos carteles decoran los cristales de las 107 viviendas de renta asequible de la calle Hermanos Calderón, en Santander, que fueron vendidas por Fundación La Caixa al fondo de inversión Mosaic Propco.

En otras casas pone 'Nuestros hogares no son un negocio', 'Lucho por mi techo', o, 'Gema, te da igual el artículo 47'. La diferencia es que Brizuela y su marido son los únicos cuyo contrato vence en 2026, en concreto en noviembre, tras siete años en ese piso. Esta es la primera familia que afronta su posible salida. “Es mi casa, es nuestra casa, en noviembre no nos vamos, nos quedamos aquí”, defiende Brizuela con firmeza, sentada con Saiz, en una cafetería debajo de su bloque, en Peñacastillo, a las afueras de Santander.

La pareja acepta dar sus datos, pero pide no ser retratada. Acceden a que se vean sus manos y las entrelazan. Cuentan que, para acceder al piso de alquiler asequible, siete años atrás, tuvieron que pagar el mes de alquiler, el mes de fianza y un depósito de 1500 euros: “Suma que estaba sin amueblar, con los consiguientes gastos”. Entonces, Brizuela trabajaba en residencias de mayores y su marido era autónomo.

En junio de 2025, esta familia cuenta –con resignación– que estaba negociando la posible compra del piso. “El último precio que nos dio La Caixa eran 150.000 euros y nosotros ofrecimos 135.000 y ya nunca nos contestaron”. Cuando, en octubre, fueron notificados como los demás de la venta de los tres bloques de alquiler asequible al fondo de inversión, dice que llamaron a su arrendadora, “pero se desentendieron completamente”, afirma Brizuela.

En enero de 2026, “un señor con traje” llamó a su puerta para “tomar contacto con los vecinos”. Llevaba la ficha de la familia. “Sabía que habían intentado comprar. Nos dijo que el precio de venta era 248.000 euros... Y nunca más”, evoca Saiz, que hoy es panadero y su mujer tiene plaza de auxiliar en el hospital Valdecilla.

La tensión ha marcado a esta familia y a las más de ochenta restantes que han visto cómo, si no acceden a pagar el precio que oferta en cada caso el fondo de inversión, se quedan sin su casa. Saiz es pesimista –dice–, Pero Brizuela es optimista. En 2026, el Gobierno de España anunció un Real Decreto que permitía una prórroga de 2 años en vivienda habitual siempre que el contrato venciese antes de 2027. Brizuela y su familia solicitaron acogerse a la prórroga, pero fue rápidamente derogada.

Aun así, confían en que puedan quedarse, amparándose en la vigencia de la prórroga cuando la pidieron. Cuentan que les ha ayudado que su hija mayor es jurista, para entender que los procesos jurídicos se dilatan. Consultado al respecto, Juan Manuel Brun, abogado de las familias residentes en los 107 pisos dice a elDiario.es que “sería extraño que el juez contemplara el desalojo, en caso de que fuera instado –por Mosaic–”.

En el resto de mesas, cerca de las siete de la tarde de un día entre semana, la gente charla tranquila. Con dos vasos de café ya vacíos, Saiz dice que fue “más batallador” en su juventud, pero que ya no. Y Brizuela, que tiene la misma edad que su marido, se siente “cada vez más reivindicativa, cada vez más luchadora, cada vez más peleona”. En lo que ambos coinciden es en una idea que repite Saiz varias veces: “No me va a presionar nadie para largarme de aquí”.

El Ayuntamiento de Santander, que lidera la alcaldesa Gema Igual (PP), acumula en lo que va de 2026 más de quince casos en los tribunales. Y esto solo contando los que son sido públicos. La regidora afronta un presente particularmente judicializado contra su gestión, tras 23 años en el equipo de gobierno de Santander (13 como concejala y 10 como alcaldesa), más teniendo en cuenta que volverá a ser candidata por el PP en las próximas municipales.

Están las adjudicaciones anuladas, como la feria taurina y el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). También las medidas cautelares, como la que otorgó el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria para permitir la celebración de la misma feria de toros o la que obliga a la reapertura temporal al tráfico del acceso peatonalizado bajo el arco de Faro Santander, que fue peatonalizado. También están las demandas sindicales por conflictos de personal municipal. Y a esto se suman las denuncias de colectivos, como la del futuro McDonald's en un mercado o la zona de bajas emisiones, de grupos vecinales y asociaciones.

El Ayuntamiento de Santander enfrenta dos litigios ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales por adjudicación de contratos: el de la feria taurina y el del PGOU. El verano llegó con la posibilidad de que no se celebrase la feria taurina, una de las fiestas más importantes para la alcaldesa, cuando un tribunal anuló la prórroga del contrato que la empresa Lances de Futuro tenía para gestionar externamente la plaza de toros.

Entonces, el Ayuntamiento, a través de la empresa municipal, recurrió la decisión y pidió con éxito medidas cautelares para poder festejar, aunque el recurso sigue pendiente. Si no se hubiese celebrado, según el auto del juez, Santander se hubiera quedado “alicorta, deprimida; irreconocible, en suma, como tal fiesta grande de la ciudad”.

El mismo tribunal que anuló la adjudicación de la feria taurina, suspendió poco después, de forma cautelar, el contrato para redactar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que el Ayuntamiento adjudicó a la segunda empresa mejor valorada Esto sucedió tras un recurso admitido de una firma, que quedó excluida a última hora del proceso.

La empresa Omicron-Amepro obtuvo la mejor puntuación, por lo que recurrió su exclusión del proceso y solicitó, al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público, la suspensión cautelar de la tramitación hasta que se resolviera el recurso. Esto sucede en una ciudad en la que su último PGOU se aprobó en 2012 y fue anulado por el Tribunal Supremo en 2016.

Este año, la justicia admitió a trámite el recurso para la reapertura al tráfico que hizo el grupo municipal Izquierda Unida del vial que discurre bajo el arco del nuevo centro cultural Faro Santander, que estos días está de inauguraciones. Y es que la regidora dijo hasta en cinco ocasiones, a lo largo de seis años, que el cierre concluiría en cuanto terminase la obra de Faro Santander.

Un caso en el que un juez de lo Contencioso-Administrativo obligó a la administración local a la reapertura provisional de una calle que ha sido peatonalizada. El Ayuntamiento pidió a la justicia que revocase la decisión y la alcaldesa avanzó que, de hacerlo, no lo haría antes de que concluyan los eventos inaugurales.

Así tendrá que ser -aunque la alcaldesa no lo ha ejecutado- mientras se resuelve el contencioso en el que IU ha exigido ante la Justicia que el ayuntamiento que dirige Gema Igual (PP) abra de nuevo una calle cerrada al tráfico desde 2021.

La política de personal del ayuntamiento también es un frente abierto para Gema Igual, con cinco victorias judiciales, solo del sindicato CSIF, casi consecutivas. La justicia anuló y exigió que el ayuntamiento rehiciese las bases para el concurso de intendente de Policía Local y la adjudicación de una comisión de servicios. También obligó al consistorio a pagar a un trabajador un curso de adiestrador canino que había pagado de su bolsillo,un complemento no cobrado desde 2017, y a pagar 26.000 euros a los escoltas de la alcaldía por horas extra que se les adeudaban.

El consistorio también tuvo que suspender el examen de diez plazas de auxiliar administrativo y anunciar una nueva convocatoria, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) declarase caducada una plaza de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2019, por lo que se obligaba a anular los actos posteriores a esa plaza. El TSJC señalaba que los tres años de vigencia de una oferta debían abarcar todo el proceso selectivo, no solamente la convocatoria, y las diez plazas correspondían a 2022.

Después vino el final del largo conflicto con la ex concesionaria del servicio de basuras. Ascan-Geaser rechazaba la finalización del contrato decidida por el Ayuntamiento tras años de señalamientos políticos y vecinales de mal estado de los contenedores y falta de limpieza en las calles. La sentencia, en este caso favorecía al Ayuntamiento, porque rechazaba la petición y avalaba la resolución municipal del contrato por incumplimiento del contratista.

Conflictos con el Estado

Los choques por competencias están en los tribunales también. En el primer caso, es una larga guerra de competencias en los tribunales respecto a un antiguo balneario, conocido como La Horadada. Dedicado mucho tiempo a restauración y a una escuela de surf, quedó abandonado hace veinte años, en la playa de Los Peligros. Este caso, muy alargado en el tiempo, deriva de que el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) anunció en 2011 su demolición, por el mal estado del edificio, pero el Ayuntamiento impidió al Gobierno Central la demolición del edificio “por su protección cultural”.

La Audiencia Nacional obligó al Consistorio a asumir la conservación de La Horadada y rechazó su recurso contra la decisión del Miteco de que fuese el Ayuntamiento el que se hiciese cargo de la infraestructura. La Audiencia, de hecho, refrendó la legalidad de la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre e impuso las costas al Ayuntamiento.

El segundo caso, el que está marcando el año, es la judicialización del desplome con consecuencias mortales de la pasarela de madera en la playa de El Bocal, en la que una joven resulto herida y murieron seis jóvenes. El Ayuntamiento se personó en la causa y la alcaldesa defendió su gestión en dos sentidos: por un lado, respecto a la obra del proyecto de la senda costera del litoral, que incluía la pasarela, Igual defendió en varias ruedas de prensa que nunca recepcionó la obra que realizó Dragados para la Demarcación de Costas y que, por lo tanto, no le correspondía el mantenimiento de la pasarela siniestrada.

Gema Igual hizo esta defensa hasta que la jueza que instruye el proceso determinó que el mantenimiento le correspondía a Costas. Y por otro, se desentendió de la policía local que recibió el aviso del 112 tras una llamada de un vecino el día antes de la tragedia y la expedientó, al tiempo que la agente pasaba a ser investigada.

Vecinos contra McDonald's, ZBE y un arco

Las denuncias de asociaciones vecinales también son una vara de medir el presente de Gema Igual. A inicios de año, arrancó otro litigio que tenía que ver con el tránsito, en particular el de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), con el recurso por lo Contencioso que presentó la Asamblea Ciudadana Santander Saludable contra la ordenanza de la ZBE, que entró en vigor en 2026, y que abarca el 0.06% de Santander.

Luego, la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche recurrió las licencias que ha dado el Ayuntamiento a la nueva concesionaria que va a explotar uno de los tres mercados de Santander, el de Puertochico, y fue admitido a trámite. Éste es uno de los casos más polémicos de los últimos años porque buena parte de la superficie del mercado ha pasado de ser pensada para poner algunos 'gastrobares' a aprobarse la instalación de un McDonald's con una amplia terraza exterior, con horario continuado. Es uno de los casos que más sobresale por el conflicto vecinal que ha generado en el centro de Santander.

El mismo día de la inauguración de Faro Santander, el 7 de septiembre, una comunidad de vecinos de la calle Marcelino Sanz de Sautuola, que conecta con el arco, presentaron una nueva demanda contra el Ayuntamiento para exigir la reapertura al tráfico. El vecindario de “más de 200 personas”, formado por 84 viviendas y 58 garajes, constituye el último caso de conflicto vecinal judicializado que afronta Gema Igual en la recta final hacia las elecciones municipales.

“Voy a salir a ganar las elecciones, lo tengo clarísimo. Me voy a dejar la piel”, ha dicho este viernes Felipe Piña, a ocho meses de las elecciones municipales. “Se va a votar es a Santander y no una siglas”, ha lanzado el portavoz del Grupo Municipal Regionalista en Santander, tras anunciar que ha presentado su candidatura a las primarias dentro del PRC para ser el aspirante a la Alcaldía de Santander.

De esta forma, si gana las primarias, competirá frente a la regidora Gema Igual (PP), a la que ha calificado como “probablemente, la peor alcaldesa de toda la historia de la ciudad”.

Piña ha dado declaraciones en la plaza del Ayuntamiento de Santander, en las que ha hablado de un proyecto “transformador” que dará lugar a una “recuperación” de la ciudad, “totalmente abocada a la decepción de los vecinos”. “Hoy se inicia un nuevo ciclo en Santander”, ha defendido tras la apertura del calendario de los comicios internos, del PRC.

“No me presento como un candidato ideológico, sino como -y permitidme que haga esa apreciación- como el candidato de todos los santanderinos”. Piña, que ha creado durante tres años un perfil activo en redes sociales recorriendo los barrios de Santander, ha advertido de que, en este tiempo, ha notado un “tsunami” en contra de la regidora: “Santander era la envidia de cualquier ciudad y se ha convertido en algo que ha decepcionado a los vecinos en cada esquina, en cada barrio”, ha dicho sobre sus visitas a los barrios de la ciudad.

Además, ha calificado de “error” por parte de Génova que sea candidata a continuar en la Alcaldía, después de casi 50 años de gobiernos del PP en la capital de Cantabria: “Sin ningún género de duda, va a bajar” en sus resultados electorales y ha vaticinado que no se repetirá una mayoría absoluta.

Consultado sobre si contemplaría una coalición PRC-PSOE en el futuro equipo de gobierno, se ha circunscrito a su plan: “No podemos hablar de coaliciones, como digo, en una situación de que yo voy a salir a ganar las elecciones”.

Piña ha cuestionado que el Ayuntamiento que dirige Gema Igual haya “creado” un modelo “de ciudad escaparate y masificada”, que ha dado con “la expulsión de los vecinos”. Por todo ello, ha insistido en la necesidad de “recuperar” la ciudad. “La alcaldesa va a bajar por desgaste, por la mala gestión, por la soberbia”, ha vaticinado Piña.

Piña ha asegurado que “estaría contento” si alguien más del partido se presentara como candidato a las primarias -que se celebrarían el 10 de octubre-. El candidato ha dicho que agradece las primarias del PRC, “de la misma manera que mi aterrizaje en 2023 fue un poco abrupto”, ha dicho en referencia a su candidatura en las anteriores municipales.

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Santander coincide con el Partido Popular en respaldar la peatonalización del arco del antiguo Banco Santander, si el equipo de gobierno que dirige Gema Igual (PP) presenta informes técnicos de seguridad que así lo avalen. En un paso más allá, también propone cerrar al tráfico más calles cercanas a Faro Santander, como Hernán Cortés y Peña Herbosa. Mientras, el PRC admite que podría haber estado de acuerdo en esa solución “siempre justificada y con el máximo consenso” pero ahora hay que abrirlo porque lo ha dicho un juez.

Como ha adelantado la Cadena SER y ha confirmado elDiario.es, el PSOE sostiene que los vehículos no deben volver a pasar por este tramo de la calle Sanz de Santuola donde se ubica la puerta de acceso al museo. El portavoz del PSOE, Daniel Fernández, ha dicho que “abrir ese espacio al tráfico, desde el punto de vista del sentido común, va a generar problemas”.

Fernández -que es empleado en excedencia del Banco Santander- ha aseverado que si el equipo de gobierno del PP hace una comisión previa y lo lleva a pleno, el PSOE aceptaría el proyecto: “Si nos explican todo, donde nosotros podemos hacer valoraciones, nosotros votaríamos a favor de que se mantuviese cerrado” al tráfico.

De hecho, los socialistas consideran que la zona peatonal debería extenderse más allá del arco, de forma progresiva, hacia las calles aledañas, hasta Peñaherbosa y Hernán Cortes. Y, para no afectar a los residentes, han planteado como alternativa instalar un sistema de pivotes automáticos con lector de matrículas.

Frente al PP y el PSOE que defienden la peatonalización, los otros tres grupos de la oposición, Izquierda Unida, VOX y el PRC defienden la reapertura. Por distintas razones. IU ha presentado el recurso judicial que ha desencadenado en las medidas cautelares dictadas por el juez, que obligan a abrir al tráfico hasta que se resuelva definitivamente. El concejal Keruin Martínez reprocha que el Ayuntamiento ha intentado “legalizar después” una decisión -la de peatonalizar- que se ejecutó sin el procedimiento y los informes previos necesarios.

En febrero de este año, planteó una moción en el pleno municipal para revisar si la actuación urbanística coincidía con el proyecto original de Faro Santander: el PP la rechazó, el PSOE la apoyó, Vox y PRC se abstuvieron.

A preguntas de elDiario.es sobre esta polémica, el PRC dice que “hay un juez que manda abrir y hay que abrir”. El portavoz regionalista Felipe Piña reconoce -en condicional- que previamente no hubiera desechado el cierre, si antes se hubiese solucionado la movilidad de residentes y comerciantes con informes técnicos de seguridad.

“Con esto podríamos haber estado de acuerdo en esa solución, siempre justificada y con el máximo consenso” -precisa- “no como se ha hecho: por la puerta de atrás y sin informes, algo gravísimo desde el punto de vista procedimental administrativo”. En el presente, ante la situación actual, Piña considera que “ese vial ha dicho un juez que hay que abrirlo y la alcaldesa no debe desobedecer, hay que cumplir la ley”.

Por su parte, el socialista Daniel Fernández justifica su decisión. Dice que la crítica que ha hecho a la alcaldesa sobre este asunto “desde el principio” estuvo orientada a la ausencia de documentación y de informes que justificasen el cierre. “Que ha sido un capricho de última hora, totalmente opaco”, matiza. “Aquí la crítica ha sido precisamente hacia cómo lo han hecho, no hacia lo que han hecho”, concluye.

Cronología de la polémica

La alcaldesa Gema Igual (PP) dijo en 2021 que, una vez finalizadas las obras de Faro Santander, se retomaría el tránsito bajo el arco. Sin embargo, en 2026, meses antes de la inauguración de la reformao, Igual anunció que se mantendría cerrado. Tras esto, Izquierda Unida denunció por la vía judicial la decisión y la semana pasada obtuvo medidas cautelares para que el Consistorio reabra -mientras dure el proceso judicial- el tránsito de para el paso de la línea de autobús 5C2, de residentes, vehículos de emergencia y del transporte de mercancías que suministra a los comercios de la zona.

Tras esto, el PSOE acusó a Gema Igual de “engañar” a la ciudadanía“ y le afeó que ”gobernar también consiste en cumplir la palabra dada a tus vecinos“, en referencia a la promesa de recuperar el tráfico. Después, el Ayuntamiento pidió unos días más al juez mientras se celebran las actividades de inauguración -aunque avanzó que pediría que se revoque la decisión judicial- y una comunidad de vecinos también denunció al Ayuntamiento por el cierre. Mientras tanto, el tránsito bajo el arco sigue siendo peatonal.

Desde el PSOE, que habían llevado tiempo atrás el cierre al pleno del Ayuntamiento, tanto el concejal Javier González de Riancho como el portavoz Daniel Fernández, han cuestionado la forma de proceder del equipo de gobierno: “No ha explicado bien lo que quería hacer desde el principio y ha venido a hechos consumados a decir que eso se cerraba”, ha criticado González de Riancho.

Para el PSOE, el Ayuntamiento ha tenido cinco años de obras “para reorganizar el tráfico, el acceso, la peatonalización de la zona y la línea de autobús, y de repente, de un día para otro ha dicho la alcaldesa: 'No, que eso se va a quedar cerrado, peatonal”, ha advertido González de Riancho.