Domingo Rasilla (Corrales de Buelna, 1965) intuye -porque no ha sabido de ningún otro caso- que es el único geógrafo que ha hecho una tesis sobre el viento sur en el norte de España. Presentó en 1996 su investigación sobre ese viento muy fuerte, que implica temperaturas muy altas y una humedad muy baja, característico de Cantabria. Aunque, matiza, se da en muchas montañas del mundo. “He vivido por medio mundo”, dice este licenciado en Geografía por la Universidad de Oviedo y doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, que pasó dos años en Estados Unidos, en Colorado, en una zona que tiene algo parecido al efecto del sur en Cantabria, con cambios drásticos de temperatura en un día. Cuenta que no solo estudió el viento sur por su origen, también por fenómenos, como los incendios forestales, o por sus efectos sobre las variables de la meteorología. Por ejemplo: “El sur, en Asturias, apenas aparece, donde sopla con más fuerza es en Cantabrua y donde se registran las temperaturas más altas es en País Vasco”. Hace un cuarto de siglo que es docente de la Universidad de Cantabria, fue presidente de la Asociación Española de Climatología de 2018 a 2020 y ejerce como profesor titular de geografía física: “El clima de mayo de 2026, esa anomalía climática, es el opuesto directo al clima habitual de Cantabria, que es templado y húmedo”, advierte.

¿Qué le lleva a obsesionarse con el viento sur?

Yo cuando me voy a Madrid a hacer el doctorado, el profesor que me va a dirigir me da dos opciones: o una cosa sobre Madrid, sobre la isla de calor urbana —diferencia de la acumulación de calor de las ciudades versus los espacios rurales de alrededor—, o un tema que me gustase del norte de España. Efectivamente, el viento sur, si hay algo típico de Cantabria y de todo el Cantábrico, es el viento sur. Hay muchos otros climas similares a los de Cantabria, húmedos y tal, pero muy poquitos tienen el viento sur.

¿Puede describir el viento sur?

Es un viento muy fuerte que trae temperaturas muy altas y humedad relativa muy baja. Se produce cuando una masa de aire atraviesa una montaña y tiene que descender desde la vertiente de Barlovento a la vertiente de sotavento; en este caso viene del sur de la meseta. En Cantabria lo que tenemos son unas condiciones de altas temperaturas y viento que favorecen incendios y contaminación. También tenemos evidencia de que el ozono aumenta cuando ocurre este tipo de situaciones. Es un fenómeno que se da en muchas montañas del mundo. Aquí en España una cosa similar son las ponentadas en el Levante, en Valencia. Es parecido también el famoso Levante del Estrecho —no es igual, pero los efectos son similares—, que en Cádiz lo llaman 'El matacabras', porque nos saca lo peor, y en Europa lo tenemos en los Alpes. Estás en invierno con temperaturas de 10 o 12 grados y un 80% de humedad, y de repente te pones en 20; es como si viajaras a una zona tropical en cuestión de horas.

34 grados durante una semana de mayo en Cantabria: “Temperaturas inusualmente elevadas”, dijo la AEMET. ¿Esto es así?

Sí. En climatología se utilizan las normales climáticas (periodos de referencia como 1991-2020) y a partir de la probabilidad de aparición de unos determinados registros se dice si es una ola de calor. Lo inusual no es solamente la temperatura tan alta, sino que pasáramos una semana así.

La duración.

Sí. La explicación es que el tipo de situación atmosférica no es la misma. Antes teníamos golpes de calor debidos al sur y en este caso lo que tuvimos fue un anticiclón de bloqueo que viene desde el norte de África y ha ascendido por Europa. Esto hace que ya no venga el aire húmedo del Atlántico y lo que nos llegó es aire cálido y seco del norte de África, con la atmósfera lechosa, porque probablemente venga con polvo del Sáhara. —se acerca a su ordenador y pide observar mapas de modelos numéricos en su web de referencia: Ogimet—. Es el famoso anticiclón de bloqueo que se nos ha dividido en dos: uno en las Islas del Mar del Norte y el de las Azores. Se ve cómo llega todo este aire cálido hacia el norte. Hay seis grados de diferencia porque el observatorio de Aemet de Cueto está al lado del mar y le influye muchísimo y el otro está en el aeropuerto. Lo raro es la magnitud de las anomalías térmicas. La temperatura media normal de Santander igual son 15 o 20 grados en mayo. Antes eran pequeños golpes de calor de un día y esta vez tuvimos una semana entera. El clima de mayo de 2026, esa anomalía climática, es el opuesto directo al clima habitual de Cantabria, que es templado y húmedo.

¿Qué son las anomalías climáticas?

La anomalía térmica es la diferencia entre la temperatura de hoy y el promedio en los últimos 30 años. Las anomalías en el norte de España están siendo mucho más elevadas que en el resto del país. En Madrid puede haber 3 o 4 grados por encima de lo normal, pero el problema es el norte. Si en París o Londres tienen 34 grados, cuando lo esperable son 15 o 16, estás hablando de 20 grados de diferencia con lo habitual.

¿Qué elementos pueden potenciar esta anomalía?

Hay varias maneras de abordar el problema. Una es estadística, calculando el periodo de retorno: cada cuántos años es esperable que ocurra un fenómeno de este tipo. Cuanto mayor sea el periodo, más anómalo es. La otra manera es la atribución, a partir de modelos climáticos, para plantear si la anomalía se debe a la variabilidad natural o al cambio climático. Esto se hizo con la Dana y se concluyó que tiene que haber algo detrás que potencie esas lluvias. En los Alpes los glaciares se están fundiendo a una velocidad espectacular.

Sobre el periodo de retorno, ¿tiene referencia similar a lo ocurrido en mayo?

Un día de 34 grados en Cantabria, en mayo, igual tiene un periodo de retorno de 20 años, pero una semana así, no tiene precedentes. La mayor parte de los días de calor en primavera se debían a episodios de viento sur; lo llamativo, en este caso, es que han predominado vientos flojos de componente este y noroeste, pero no viento sur.

¿Cómo tendría que ser el clima habitual en la franja costera?

Es un clima atlántico: templado, lluvioso y nuboso. No hay grandes oscilaciones térmicas. Llueve aproximadamente uno de cada dos días. Tenemos una de las insolaciones —horas de sol— más bajas del sur de Europa, similar al sur de Gran Bretaña. Por eso aquí no había vino hasta hace poco, porque no había grados suficientes para la uva.

Pero ahora están entrando productores de tinto.

Sí, a raíz del cambio climático se están produciendo movimientos. Y también se está comprando mucha vivienda en Cantabria; la gente busca el fresco. El clima de Cantabria era templado y lluvioso con pocas oscilaciones térmicas, pero eso está cambiando.

Menciona la presión con la vivienda. ¿Puede suponer esto un problema en Cantabria?

El Mediterráneo se está convirtiendo en una caldera y la gente tiende a venirse al norte. En Santander los precios de la vivienda están disparatados y hay presión turística. Esto genera problemas de infraestructuras; localidades que tienen 1.000 habitantes y pasan a 40.000 en verano tienen problemas de agua, recogida de basuras y orden público.

¿Podemos prever que habrá más días de insolación de lo normal?

Hay una tendencia a que las primaveras cálidas y secas vayan seguidas de veranos cálidos y secos. Si esta anomalía persiste, es probable que tengamos un verano con temperaturas más altas de lo normal.

Quería hacer un inciso: usted no es meteorólogo, es geógrafo experto en climatología.

Exacto. En España la meteorología no existe como carrera, es un título que da el Estado por oposición. Yo soy geógrafo.

¿Qué cosas podemos afirmar que tienen que ver con el cambio climático en el norte?

La Tierra siempre ha estado sometida a cambios climáticos naturales; el ser humano es producto del cambio climático. Lo que ocurre ahora es que estamos devolviendo a la atmósfera gases almacenados en combustibles fósiles. Las simulaciones indican que la tendencia ascendente de las temperaturas no se explica sin los gases de efecto invernadero. El problema actual es el cambio climático antrópico, provocado por el ser humano, y, sobre todo, su velocidad. Estamos acelerando muy rápido.

¿Qué elementos de la geografía física se están viendo alterados?

El aumento del nivel del mar es muy claro. En Santander tenemos una serie desde 1943 que muestra que el nivel sube 2 milímetros al año como media. Eso supone unos 14 centímetros en 70 años. Hay una regla que dice que por cada centímetro que aumenta el nivel del mar, la costa retrocede un metro. Vemos un retroceso de arenales y la inundación de zonas que antes no se alcanzaban. En los temporales de 2014 el agua entró hasta la cocina en chalés de Somo que se construyeron hace 40 años pensando que el agua no llegaría. También la vegetación se ve afectada: algunas especies tienden a ascender hacia lugares más frescos por el aumento de temperatura.

Ha dicho recientemente Roberto Media, consejero de Fomento y Ordenación del Territorio, que Cantabria es la segunda comunidad con mayor descenso de emisiones de CO2. ¿Cuál es su valoración?

Habría que ver hasta qué punto se debe a que cada día tenemos menos industrias. En la lucha contra el cambio climático hay mitigación y adaptación: a veces los éxitos del primer mundo se deben a que exportamos las empresas más contaminantes a otros lugares. Yo lo único que veo es que nuestros alumnos se van de Cantabria porque no hay oportunidades.

Sobre políticas públicas de adaptación, ¿qué deberían hacer las administraciones públicas en Cantabria?

Participé en el Plan de Adaptación al Cambio Climático de Santander. Siempre han existido cambios climáticos, pero el cambio climático antrópico ya está aquí y, en Cantabria, la sociedad ya es una sociedad muy dependiente del clima y muy envejecida. Los ancianos son especialmente propensos al calor. Hemos perdido capacidad de resiliencia; hace 50 años la gente se adaptaba a las nevadas o al calor, ahora un día de lluvia o una nevada paraliza la ciudad. En la ciudad de Santander y el área de la Bahía, que acumula tres quintas partes de la población regional, las actuaciones deberían ir encaminadas a mitigar los efectos no sólo del aumento de la temperatura global, sino de su intensificación en zonas urbanas (efecto de isla de calor) mediante optimización de las viviendas, creación de redes sociales de soporte durante episodios críticos, creación y adaptación de infraestructuras como refugios climáticos o renaturalización (parques, jardines, arbolado) allí donde sea factible y conveniente. La renaturalización tiene un problema que estamos estudiando y es que si lo haces con especies que son muy polinizadoras y el polen genera muchos problemas de alergia, vas a tener lo comido por lo servido.

¿Podemos hablar de menos flores, pero más árboles y arbustos?

No es solamente renaturalizar; tienes que mirar qué árboles porque hay un aumento del polen en la atmósfera. Cada vez hay más. En parte es una reacción al cambio climático, por las temperaturas, pero también puede ser y lo hemos visto, debido a que se han plantado muchos árboles y no se ha hecho de una manera adecuada. Hay que conseguir que la población no vea las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático como obstáculo para su bienestar, y sí como una vía para mantener y mejorar ese bienestar en general. Y mirar ejemplos alrededor, como el de Bilbao o Barcelona, que están trabajando mucho los refugios climáticos. Es decir, crear zonas donde, en un en caso de un exceso de calor, tú puedas ir o puedas llevar a una persona mayor que conozcas a que pase un la mañana o la tarde. Un aspecto es el tema del aire acondicionado.

¿Diría que hay un plan regional contra el cambio climático?

Más allá de Cantabria, mi impresión es que no hay una propuesta política real y de consenso en la lucha contra las consecuencias del cambio climático. Como ejemplo, políticos de uno y otro signo se tiran los trastos a la cabeza cada vez que hay un episodio de grandes incendios, como el del pasado año. Pero sabemos que el fenómeno de los incendios es multifactorial: un aumento de la biomasa (en parte por recuperación de la vegetación natural causado por la despoblación del medio rural) y/o una mayor ocupación del espacio conocido como interfaz urbano-forestal, que son áreas donde no se sabe bien si estamos todavía en la ciudad o ya en el campo, muy habitual en regiones del Mediterráneo—. Eso crea las condiciones ideales para que, bajo unas condiciones de mayor energía en la atmósfera, como calor, sequedad, y viento, los incendios forestales (que en números absolutos están disminuyendo, pues los servicios de extinción son efectivos cuando los incendios están comenzando) se propaguen y que, por mucho dinero que se invierta en extinción, va a ser imposible apagar. Luchar contra estos fenómenos requiere una política nacional y global de gestión del territorio, no políticas regional y sectoriales. En relación con los incendios forestales, el aumento de las temperaturas y una mayor frecuencia de periodos de sequía supondrá un riesgo adicional, no sólo durante la actual temporada de incendios, sino también una extensión de las situaciones de riesgo a otros momentos del año. Pero, dado que hoy en día los incendios en Cantabria están muy vinculados a las actividades actuales en el medio rural, habría que definir claramente qué se espera de este medio rural en el futuro: ¿sólo un espacio ganadero, un espacio forestal, un espacio turístico, o todo ello al mismo tiempo?

¿Cómo tendría que plantear la mitigación el Gobierno de Cantabria?

Tendría que plantear una ordenación del territorio a medio y largo plazo, asumiendo que el calentamiento del planeta se incrementará a lo largo del presente siglo y sus consecuencias perdurarán en el tiempo. Habría que evaluar cómo interactuará el cambio climático con las tendencias socioeconómicas y demográficas, como el envejecimiento de la población, despoblación rural y concentración en núcleos urbanos, terciarización de la economía con el turismo) y vinculadas al proceso de globalización. En otros países, hay una red de vigilancia en la que se sabe dónde viven las la gente mayor y son las administraciones las que van a los domicilios de la gente que se supone que tiene problemas para verificar que están bien. Gran parte de la población mayor vive en viviendas que normalmente no están bien acondicionadas. Con el tiempo, vamos a tener que incorporar aquí, en Cantabria, aire acondicionado y yo no sé si nuestra red eléctrica está preparada para este tipo de consumos de picos de consumo. Claro, el cambio climático lo que va a suponer es que en verano va a llegar menos agua y entonces vamos a tener una lucha muy fuerte entre la demanda humana, la demanda industrial, la demanda del riego y la demanda energética ¿Cómo solucionamos este este sudoku? Hay que dar de beber a la gente. También tendría que adaptar la cartografía de riesgos, por ejemplo, inundaciones, a los escenarios de cambio climático, como aumento de los días con precipitaciones intensas, temporales y subida del nivel del mar en la costa. Tendría que adaptar las infraestructuras hidráulicas a estos escenarios, con limpieza de cauces y vigilancia. Y, en la medida de lo posible, recurrir a soluciones basadas en la naturaleza; por ejemplo, conservación de la vegetación de ribera, recuperar marismas, dunas y estuario). Dado que el transporte es uno de los principales sectores de emisiones, tendría que promover el transporte público, tanto dentro de los espacios urbanos como para el acceso a éstos desde el resto de la región, en especial el ferrocarril, de tal manera que se minimicen las interrupciones del servicio y se cumplan frecuencias, al contrario de lo que ocurre hoy en día. Esto también puede ayudar a reducir las concentraciones de gases nocivos para la salud, como el NO2 o las partículas. Y habría que actualizar la red de sensores del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA), incorporando los que miden las partículas más pequeñas, como PM2.5, que son las más dañinas para la salud. 

¿Qué previsiones maneja para Cantabria y el norte?

Prevemos un aumento de temperaturas y una 'mediterranización' de las precipitaciones: veranos más secos e inviernos con lluvias más intensas. Además, hay más energía en la atmósfera, lo que favorece situaciones extremas como las galernas.

El 17 de abril de 2026, el sindicato UGT organizó en Cantabria la primera huelga del comercio textil en más de veinte años. Según sus cálculos, la respaldaron el 60% de las empleadas y cerraron algunas tiendas. Para entender esa protesta, a la que siguieron algunas más, había que prestar atención a un nuevo y poderoso actor: la Asociación Retail Textil España (ARTE), que representa a 16 empresas y más de 40 marcas. La gran patronal del textil, aupada por marcas como Inditex y Mango en 2023, estaba cambiando las de por sí cambiantes reglas del juego del comercio. Y lo evidencia el conflicto derivado del primer convenio español que ha impulsado ARTE, recién firmado con CCOO y Fetico.

En Cantabria, las trabajadoras de las grandes cadenas de ropa, en su mayoría mujeres dependientas, pasarán a formar parte del convenio estatal, una vez sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El resto se mantendrá, por ahora, en el convenio colectivo autonómico firmado en octubre de 2025, con validez hasta final de 2029. Por ahora, porque la gran patronal lo ha impugnado.

Más de 3.000 personas trabajan en tiendas de ropa cántabras, según cálculos sindicales. Desde ARTE indican que no tiene datos desglosados por comunidades autónomas del número de empleadas que trabajan en grandes cadenas, pero en CCOO indican que son 729 personas de 22 grandes marcas en Cantabria, según consta en la denuncia de impugnación de ARTE al convenio autonómico, en el que están representadas 740 pequeñas y medianas empresas.

Las posiciones ante un convenio unificado se han mantenido entre la adhesión y la resistencia a un movimiento que han liderado las grandes cadenas de ropa. La nueva gran patronal convive con las dos patronales autonómicas, pero ha defendido durante los últimos tres años la necesidad de un único convenio español frente a numerosos convenios —hay convenios autonómicos y provinciales, según el caso—. Ante esto, los sindicatos mayoritarios han tenido posiciones enfrentadas: UGT, en contra. CCOO, a favor.

La negociación del convenio estatal entre patronal y sindicatos ha sido a nivel nacional. Pero las movilizaciones en Cantabria han puesto la lupa en el convenio colectivo autonómico, cuya vigencia va de 2026 a diciembre de 2029, por una razón en la que ambos sindicatos coinciden: es uno de los convenios, por comparación, más beneficiosos de España. Solo cambian las posiciones del ránking. En UGT dicen que es el segundo mejor, detrás del de Euskadi, y en CCOO, que está entre los cuatro primeros.

Los sindicatos explican que las dependientas ganan más en Cantabria que en otras provincias que aún se rigen por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Además, el salario base de las denominadas 'dependientas mayores' (con experiencia superior a ocho años) es sensiblemente mayor en Cantabria. También el sistema de descansos por trabajar en sábados y festivos es comparativamente mejor que en otras provincias. Esto conlleva un día libre de descanso y un descuento entre semana por todas las horas que trabajen el sábado tarde. “Esto viene de de muy atrás: abrimos los sábados por la tarde, pero con la condición de un día libre remunerado”, defiende Noemí Secadas, secretaria de Comercio de la Federación de Servicios de UGT en Cantabria.

Por ahora, este convenio coexistirá con el nuevo convenio estatal, que afecta a las empresas de textil con más de 400 trabajadores, una superficie mínima de 3.500 metros cuadrados o que tengan tiendas en tres comunidades. El estatal implica reducción de horas (de 1790 a 1740 horas) y once fines de semana libres al año, con pluses de 55 euros por trabajar de forma voluntaria domingos y 80 euros por festivos, además de aumentos del 3% anual para los próximos 3 ejercicios, entre otros compromisos.

Según CCOO, es una oportunidad para las trabajadoras de otros territorios que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). “La conciliación de ARTE es mejor: mejora básicamente el tema de conciliación y horas”, dice Pablo Toyos, responsable autonómico de Comercio, quien menciona al sector del calzado, también incluido en el marco de debate, que tiene peores condiciones en general que en el textil: “Para el calzado, la entrada en ARTE supondría un incremento de casi 1.800 euros anuales solo por empezar a trabajar bajo este marco”, asegura.

En cambio, para UGT, la voluntariedad de trabajar en domingo o festivos es supuesta porque “en el momento en que dices: necesito a cinco y vais a ser vosotras, ya no es voluntario: al final las obligan a ir”, critica Eliseo Alonso, responsable de acción sindical y negociación colectiva en Cantabria. 

Cantabria, de 2023 a 2026

Durante los primeros tres años de existencia de ARTE, las siglas de la patronal no fueron especialmente conocidas, en buena medida porque la negociación se ha dilatado mucho y también porque el sindicato Fetico exigió formar parte. La mesa negociadora se constituyó el 17 de julio de 2023, pero el conflicto tomó forma en 2026: en enero, ARTE firmó un preacuerdo con los dos sindicatos que apostaban por el convenio estatal: CCOO, con mayor representación, y Fetico. UGT denunció públicamente entonces que no había sido parte del proceso. “UGT Cantabria no había visto ni un solo papel ni había participado... se le presentaron en la mesa”, sostiene Secadas, de UGT.

A inicios de 2026, había entrado en vigor el nuevo convenio colectivo de Cantabria, con carácter retroactivo, acordado entre UGT y CCOO y las dos patronales locales de pequeños comerciantes. El acuerdo no tardó mucho en ser impugnado por la patronal de grandes cadenas: ARTE defendía que no se le comunicó la apertura de la negociación y, además, cuestionó que se incluyeran pluses, como el de actividad para empresas de más de 250 empleados, que les perjudicaban.

Entre abril y mayo, UGT mantuvo en Cantabria sus huelgas, porque consideraban que el convenio es problemático para los derechos históricos ganados. En la última semana de mayo, los sindicatos trataron, sin éxito, de firmar un acuerdo con la patronal de Cantabria (CEOE) para blindar todos los convenios colectivos de Cantabria. Este movimiento, según CCOO, protegería los derechos adquiridos y solo mejoraría lo que en el convenio de ARTE implique mejores condiciones. Mientras, UGT teme “la muerte” del convenio colectivo del comercio textil.

El futuro de las dependientas de Cantabria, y el resto de empleados del comercio textil, depende de a quien se le pregunte, tras la firma del convenio estatal el 2 de junio de este año.

Para CCOO, el convenio estatal convivirá con el autonómico: “Hasta 2030 la aplicación del convenio de Cantabria se mantendrá en su integridad”, confía Pablo Toyos: “Ciertas expectativas de derecho, aún entrando en ARTE, se conservan. Es decir, aquí se da una característica de la dependienta mayor, y eso en ARTE no existe, pero como dependiente mayor en curso tendrías tus garantías de seguir cobrando lo mismo”, dice el representante de CCOO.

Para UGT, el panorama es distinto: “Las nuevas contrataciones entran mucho más baratas. Con lo cual, la chica de 48 años que está en Zara a 24.000 euros corre peligro frente a la de 20, que va a entrar con 18.000 euros”, considera Eliseo Alonso.

El juicio por la impugnación de ARTE del convenio del comercio textil de Cantabria será, en principio, el 13 de enero. Esta fecha del calendario y sus posibles recursos determinará, por un tiempo, si la teórica vigencia del convenio cántabro se mantiene hasta 2030 o si la impugnación de ARTE volverá a cambiar las reglas del juego.

El primer 'campanu' de 2026 en Cantabria llegó 29 días después de que comenzase la temporada de pesca deportiva y se subastó por 6.500 euros a un clásico restaurante de Santander. El 'campanu', nombre del primer salmón atlantico de la temporada capturado en los ríos de Cantabria y de Asturias, lo hizo casi un mes tarde. Si en los años sesenta, se pescaban alrededor de 2.000 salmones en temporada, en 2016, fue la última vez que se pescaron más de cien. En 2024 fueron 48 y, en 2025, solo ocho ejemplares. Y la temporada 2026 acaba el 30 de junio.

Aunque puede que sea uno de los últimos, el Gobierno ha celebrado este sábado 30 de mayo, como cada año, el primer salmón porque “es una especie muy nuestra”. Pero la situación, “no es nada favorable” para el salmón: “No hay salmones en el río”, ha dicho rotundo Ángel Serdio, director General de Montes, que ha dado las cifras, en una rueda de prensa, junto a la consejera de Pesca, María Jesús Susinos.

En respuesta a elDiario.es, el Gobierno ha advertido de que prefiere restringir cupos y fechas en lugar de imponer una veda total. Pero la opción de la veda, “siempre con informes técnicos” que la sustenten, está sobre la mesa. Eso sí, no será ya. Y tampoco por decisión propia.

Los dos políticos han advertido de que no tomarán ninguna decisión hasta que termine la temporada de pesca, y la veda dependerá del informe nacional que confirme si el salmón atlantico está en riesgo de extinción, circunstancia que está evaluando el Ministerio de Transición Ecológica.

El Ejecutivo ha advertido de que “solo” suspendería la campaña de pesca general por un contexto de sequía avanzada o caudales de ríos muy bajos. Una situación que ha ocurrido dos veces en los últimos 20 años, ha dicho el director general.

El director general de Montes ha abundado en detalles sobre las características del salmón atlantico: “Cantabria se encuentra en la frontera sur de la distribución de la especie”, hecho que lleva al salmón a sufrir más ante cualquier cambio ambiental. También ha destacado que es la especie “más difícil de gestionar” porque se pesca justo cuando llega al río para reproducirse por única vez en su vida. Además, ha advertido de que los ríos cántabros son pequeños y con bajo caudal en comparación con los grandes ríos salmoneros de Escocia, Noruega o Islandia.

Las razones

Desde los años sesenta, los salmones llegan más pequeños, más jóvenes y cada vez más tarde. Y, durante los últimos años, los datos de capturas han mostrado “claramente” un descenso muy acusado de las poblaciones salmoneras. Es una especie que se ha extinguido “en el 70%” de los ríos en los que había ejemplares históricamente, ha explicado recientemente a elDiario.es, en Asturias, el experto biólogo Alfredo Fernández Ojanguren García Comas, profesor titular del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas del área de Zoología del grupo de investigación Divan Diversidad y Conservación Animal de la Universidad de Oviedo.

Consultado por la principal causa en Asturias que explique el descenso, Fernández ha dicho que “hay problemas de calidad de agua, vertidos, contaminación, talas de bosques de ribera... Todo eso es negativo y son problemas que afectan al salmón”. Y a esto, agrega: “No es una cuestión de repartir culpas, porque las culpas no valen para nada. Lo que hay que mirar es que los datos dicen que el salmón se está extinguiendo y el tipo de pesca deportiva es particularmente dañino”, ha dicho este experto que defiende políticas de protección, más allá de vedas o restricciones.

En Cantabria, las razones de que cada vez haya menos salmones, según el gobierno, no tienen que ver con los pescadores. Susinos ha defendido que son “los que mejor cuidan nuestros ríos”, y Serdio ha compartido esta opinión para, unos minutos después, matizar que la actividad “no facilita o no contribuye” a la supervivencia de la especie.

Susinos y Serdio han defendido que “no les temblará la mano” a la hora de tomar medidas, pero Serdio ha ido un paso más allá, al decir que tiene “una sensación, un pálpito” que le hace anticipar el contenido del informe ministerial sobre la protección del salmón: “Será difícil rebatir un informe científico que indique lo contrario”, ha dicho al prever un documento “bastante clarividente” sobre el salmón.

Una vez el ministerio decida si el salmón está en peligro de extinción, tendría que decidir si entra en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) , hecho que conllevaría la prohibición automática de la pesca del salmón.

En el valle de Cayón, en Cantabria, es raro que alguien llame Nestlé a la primera fábrica que la multinacional suiza puso en España en 1905. La gente dice “La Nestle”, con artículo y sin tilde. Los vecinos la consideran su fábrica, en un gesto de identificación con una empresa que ha sido el motor de empleo histórico para generaciones de familias de la comarca, con la que ahora están en frontal conflicto.

Por eso, la plantilla de Nestlé, en el municipio de La Penilla, y en las otras las cinco factorías repartidas por España afronta con particular malestar los despidos, un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado en abril para 301 empleados (49, en La Penilla). Por eso, también, tras las movilizaciones de mayo, los trabajadores y sus familias encaran con tensión los paros. Todo, mientras negocian con una dirección cuya última y rechazada propuesta ha sido despedir a 43.

Todos son conscientes de que Nestlé tiene un masivo plan mundial de despidos. Pero la consciencia no quita que se sientan defraudados. “Antes era nuestra empresa, era mi empresa... Desde el ERE es 'la' empresa': ha cambiado la empresa y cambiamos nosotros”, dice con manifiesta distancia Sergio Ruiz, delegado del sindicato USO en el comité de empresa.

“La gente de la zona siempre procuraba entrar en la empresa. Era la costumbre”, dice este hijo, hermano y padre de empleados de Nestlé, que lleva 37 años dentro. Pero, desde el anuncio del ERE, percibe “incertidumbre y ansiedad”: “A mi hija la hicieron fija a principios de año”, dice sin poder manifestar alegría.

“Es que ha sido nuestra vida. Hemos estado ahí viviendo todo el valle de 'La Nestle'. Había un cierto sentimiento de toda la gente como algo tuyo”, describe Antonio (nombre ficticio porque tiene familia trabajando en Nestlé) que ha dedicado 40 años a la empresa.

Terry, también jubilado y con familiares dentro, también pide anonimato, coincide con sus compañeros: “El sentimiento de pertenencia a la Nestle ha sido muy importante en todos los trabajadores de la empresa. La Penilla no merece este trato”.

Memoria histórica de un valle

El sentimiento identitario es notable porque, entre todos y sin pedírselo, hacen memoria histórica de Nestlé. Se saben la historia de su fábrica, porque es la historia de su valle. Como historiadores involuntarios, cuentan que, en 1905, Nestlé se instaló en Cantabria y trajo personal directivo suizo. En esta época existía una zona residencial conocida como “la colonia” donde vivían los ingenieros y jefes. Contaba incluso con su propia “escuela suiza” para los hijos de estos empleados, para enseñarles en su idioma. “Mi abuelo empezó trabajando allí con 12 años de botones”, dice Terry.

En la posguerra, subraya Terry, “la fórmula infantil del pelargón quitó el hambre a los niños”, dice. “Luego, con un bote de leche condensada y una tableta se criaron generaciones de hijos de empleados”.

A partir de las cincuenta, fue el boom de las contrataciones. “Decían que era una empresa familiar porque todo el mundo quería meter a sus hijos allí”, cuenta Antonio.

Antonio entró a la fábrica en 1975, porque su padre consideró que era más estable, aunque ganase menos que en su empleo. “En aquellos años, cuando las mujeres empleadas se casaban, las echaban por ley... tenían que dejar la fábrica”, añade este ex empleado cuyos dos hermanos trabajaron también en Nestlé.

En esa década, la fábrica creo una escuela de aprendices. “Escogieron a niños aprendices de 15 años y les prepararon para que luego fuesen los jefes de talleres”, evoca Terry.

En los setenta, Antonio dice que las condiciones salariales “no eran maravillosas, pero estaban bien”. Para 1977 se produjo la primera gran huelga. Paralizó el valle de Cayón “y prácticamente la actividad general en Cantabria” durante más de veinte días. Hubo incluso cartas de despidos “Y, a raíz de ahí, se cambió un poco la mentalidad”. Con cambio de mentalidad, Antonio se refiere a que mejoraron las condiciones. Entre los ochenta y los noventa, este ex miembro del comité recuerda que la empresa solía ir “de cara”, que “siempre” negociaba los convenios: “Los jefes decían que prpreferíanue los trapos sucios se lavaran en casa”.

Desde los años 2000, coinciden, las negociaciones empezaron a ser “más duras”. Cuentan que les mantenían el IPC, pero las subidas eran más peleadas. Aun así, todos recuerdan ese tiempo a la empresa multinacional como una empresa“muy local”, en la que el trabajo seguía pasando de padres a hijos.

Para que la gente comiese chocolate

El recuerdo más reciente, antes del anuncio de despidos, fue el Covid. “Fuimos trabajadores esenciales, indispensables, para que la gente en casa pudiese comer chocolate... Seis años después, un ERE”, confronta Juan Miguel González, presidente del comité de empresa de Nestlé en La Penilla, cuya abuela entro en la fábrica a mediados de los cincuenta: “Éramos una gran familia y ahora la empresa parece que no tiene sentimientos”.

“Nos ha dado mucho trabajo a todo el valle y al final es una repulsa lo que nos genera el ERE porque no lo vemos justificado. No se entiende que, desde Suiza, sean capaces de apretar un botón y digan que hay gente que sobra”, dice Terry, cuya opinión coincide con la de Antonio: “Las ofertas actuales de la empresa son irrisorias”.

Juan Miguel González, que lleva 26 años en la empresa y también está en el comité de empresa europeo, saca un único efecto bueno derivado del ERE: “Ha provocado que estemos muy unidos, trabajadores, vecinos y jubilados de todo el valle”, dice ante la contradicción de que la semana de la negociación del ERE se incorporarán trabajadores fijos discontinuos.

Un experto en cultivos tropicales vio claro en 2024 el negocio del aguacate cántabro: “Si yo pudiera, a los clientes que tengo, llevarles aguacate de calidad como el que se puede producir aquí... me lo quitan de las manos”. Juan de Dios García, que cultiva aguacate, mango y chirimoya en Málaga, habló en la que fue la primera jornada técnica de cultivo de aguacate en Cantabria. De entonces a ahora, la producción aumenta muy lentamente, pero refleja cómo el cambio climático y la búsqueda de rentabilidad reconfiguran las tendencias en los usos del suelo en una región cuya climatología dista de la tropicalidad.

Hace más de cien años que Cantabria es una región caracterizada por un uso principal del suelo: pasto para dar de comer a las vacas. El negocio de producir para alimentar a la ganadería —vaca de leche y de carne— ha marcado la economía y ha cambiado el paisaje de la comunidad. Aún hoy marca el uso mayoritario del suelo, principalmente para la producción de hierba (para pasto directo, siega o silos) y también para maíz forrajero, pero “se encuentra en clara recesión” por los altos costes y la falta de relevo generacional en el campo.

Así lo advierte Roque Sainz de la Maza, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Peritos Agrícolas de Cantabria. Cuenta que funciona porque es un cultivo rentable con un valor añadido y producción altos, pero confirma un cambio de tendencias en los usos del suelo desde hace 30 años y “sobre todo”, en los últimos 15 años.

El aguacate representa la tendencia más reciente por dos razones: el cambio climático con temperaturas aún más suaves y la reducción de las heladas en la costa. Pero su producción es muy minoritaria con apenas 20 hectáreas y unos 13 productores, según estimaciones del CIFA, siglas del centro encargado de la investigación agraria del Gobierno de Cantabria, que acaba de organizar otra jornada técnica alrededor de este árbol.

“La inversión histórica ha sido y es en pasto, hubo una invasión de pasto, pero la climatología y la orografía -con una riqueza de suelos poco explorada- ofrecen alternativas”, advierte Eva García, investigadora especialista en hortofruticultura del CIFA, sobre una región en la que el tomate y la patata son cultivos localizados, de mucho autoconsumo, pero con esfuerzos de producción mayor.

Del kiwi al arándano

El primer intento de dar una alternativa al suelo del suelo fue con el kiwi, a finales de los ochenta. Significó la primera “gran ola” de cultivos alternativos para diversificar la producción tradicional. “Empezó con mucha fuerza porque el clima era el ideal y tenía muy poca necesidad de riego” por la lluvia, explica Sainz de la Maza. “La gente plantó kiwis porque era una oportunidad de negocio pura y dura”, pero faltó especialización técnica para afrontar el cultivo y las plagas que vinieron.

Luego, la competencia extranjera fue brutal, sobre todo de Nueva Zelanda y países sudamericanos, relata el experto, por lo que el precio se desplomó. Muchos dejaron de cultivar kiwi y los que resisten, afrontan problemas de drenaje que han diezmado las plantaciones.

El kiwi empezó a convivir, a mediados de los noventa, y con especial impacto en los 2000, con el arándano, que había sido probado primero en Galicia y Asturias. “Fue la segunda oleada, la segunda panacea... se adaptó relativamente bien en Cantabria”, rememora Sainz de la Maza: “Se adaptó bien al clima húmedo y requería menos agua que el kiwi”.

El cultivo de arbustos de frutos rojos, especialmente de arándano, tenía el reto agregado de que las plantas suelen estar sujetas al pago de patentes, por lo que el gasto inicial fue mayor. “Al principio, iban muy poquito a poco, se plantearon algunas explotaciones pequeñas, pero surgió el problema de la comercialización”. Aunque ahora se vende arándano en los supermercados, el reto fue cómo exportarlo, porque es un fruto primordialmente consumido en el norte de Europa.

Con el paso del tiempo, la producción de arándano en Cantabria se concentró en menos manos. En muy pocas manos, de hecho. Hoy son no más de cinco productores sólidos y que han logrado introducirse “con éxito” en los canales de exportación de Francia hacia arriba. Ahora, “la gente planta dos o tres variedades distintas para tener toda la campaña de manera continuada”, explica el presidente del colegio.

Hoy son alrededor de 190 hectáreas de suelo dedicadas al arándano, según datos del CIFA. El último reto de los que aguantan con la producción de arándano es el clima. “Hay que hacer aportes de agua porque, si no, las plantas se asuran”. Este verbo, asurarse, se traduce en que a una planta de arándano le dé un golpe de calor y se seque de golpe, algo que está sucediendo con el incremento de jornadas de calor extremo, por lo que tienen que invertir en infraestructuras de almacenamiento de agua, que antes no eran necesarias.

Del vino (pasando por la patata) al aguacate

Desde los dos miles, la tendencia ha sido usar el suelo para vino, sobre todo vides de blanco joven. A diferencia del kiwi y el arándano, la implantación ha sido más gradual y más técnica. “La gente que se ha dedicado al vino, en su mayoría, son gente más mucho más profesionalizada”, opina Sainz de la Maza, sobre unos productores de vino en Cantabria, que han dependido mucho de la ubicación exacta de la finca: “Una orientación al norte puede suponer el fracaso total de la cosecha”, explica.

Junto al blanco, más recientemente, se ha empezado a hablar de producción de tinto. “Han llegado productores del sur de Castilla, nombres muy importantes, a producir en Cantabria”, avanza Roque Sainz de la Maza, que destaca las posibilidades del régimen hídrico y térmico de Cantabria, que permite variedades “imposibles” en la meseta castellana. “Ha atraído el interés de grandes grupos bodegueros nacionales”, reconfirma.

“Vides hubo hace mucho tiempo en Liébana y Valderredible, solo que se dejaron de producir y se fueron asilvestrando”, evoca Eva García, investigadora del CIFA, que reivindica también “el auge” de la producción de patata de Liébana, como una apuesta sostenida y alternativa a las modas, igual que Sainz de la Maza reivindica las posibilidades de la nuez y las castañas. “Muchos vienen queriendo explotar algo rápido, pero hay que ser prudentes”, reivindica sobre las tendencias en los usos del suelo y, en particular, con el arándano o el aguacate.

Desde 2018, García registra las posibilidades del aguacate en Cantabria. Algunos productores se atrevieron desde entonces, cuando el Gobierno registró unas 13 hectáreas de producción en la región. Para 2020, la investigadora plantó las primeras variedades en el vivero que el Gobierno tiene en Villapresente (Reocín), donde hoy dispone de diez variedades de aguacate, en cerca de 3.000 metros cuadrados de este producto subtropical. Seis años después, mantiene la prudencia sobre los resultados.

Sobre el cultivo de aguacate cántabro, que el Colegio de ingenieros y peritos agrícolas sitúa en los últimos tres años, también advierte de que tiene un alto riesgo hídrico: incluso para Cantabria, el aguacate demanda mucha agua. “El problema que tienen los los ríos de Cantabria es que son muy cortos, con un régimen relativamente torrencial, tienen mucho caudal cuando llueve, y el día que no llueve, el caudal es mínimo. Extraer aguas de los de los cauces fluviales en verano puede ser algo catastrófico”, alerta Sainz de la Maza. 

“El aguacate necesita suelos muy drenados, la orientación es muy importante por el viento: cada finca es un caso”, matiza Eva García. Además, dice la experta del CIFA, los recientes eventos de olas de calor en mayo afectan a la floración del aguacate, porque son temperaturas excesivas para su cultivo. “Pero, sobre todo”, agrega Sainz de la Maza, “faltan estudios de viabilidad económica actualizados” elaborados por el Gobierno de Cantabria que evidencien las posibilidades que indiquen si el aguacate se quedará en tendencia, será una moda, o cambiará el uso del suelo de Cantabria de amarillo forrajero a verde aguacate.

Desde que se hizo pública, en abril, la compra por un fondo de inversión de 107 pisos de alquiler asequible, a las afueras de Santander, la alcaldesa de Santander (PP), Gema Igual no se ha comunicado con el centenar de afectados. Aunque los inquilinos de los pisos que Fundación La Caixa, como promotora, vendió en 2025, han pedido mediación directa de la regidora al Ayuntamiento, la administración local ha eludido comprometerse por escrito. De hecho, de los escasos contactos iniciados en marzo, el único en persona, fue con un alto cargo municipal el 31 de marzo. Y desde el 20 de mayo, silencio.

Según los correos a los que ha tenido acceso elDiario.es, el 10 de marzo, cuando todavía los vecinos no se habían organizado colectivamente, una inquilina —que hoy habla en nombre del resto—, mandó un correo electrónico al correo de información del Ayuntamiento. Relataba cómo la nueva empresa propietaria, el fondo de inversión Mosaic Propco, “esperaba que se les venciese el contrato, para no renovarlo y vender las viviendas a precio de libre mercado a unos precios desorbitados”. 

Además, relataba cómo el Ayuntamiento de Santander “colaboró”, al realizar la entrega de llaves con la Fundación La Caixa, en uno de los salones del Palacio de La Magdalena. A ese primer correo, enviado por la noche, en el que pedía ayuda, siguió otro dirigido a la secretaría de la alcaldía, parecido, pero distinto: la inquilina solicitaba “alguna alternativa para mediar y revisar la situación de indefensión” en la que quedaban. También decía: “Ahora no os podéis quedar quietos y no apoyarnos, Gema, cuando se pretende echarnos, como si nada, de los que consideramos nuestros hogares”.

Le respondió una trabajadora municipal, al día siguiente por la mañana: “Doy traslado de su correo al Gerente de Sociedad de Vivienda y Suelo, para que mire en qué medida puede informarles”.

La Sociedad de Vivienda, como empresa municipal de vivienda, contactó con la vecina por vía telefónica y Whatsapp para concertar una cita para 20 días después. El 30 de marzo, un día antes de la reunión presencial con el director de la SVS, la inquilina recibió un correo de secretaría de la alcaldesa de Santander: “La alcaldesa está al tanto que mañana se van a reunir con Jose Antonio del SVS y que espera que se les aclaren todas sus dudas sobre el tema”.

En la reunión del 31 de marzo, según el relato de la inquilina cuyo contrato vence en 2027, el director del SVS manifestó no saber “nada” de la venta. Además, asegura que le dijo que la propietaria “tendría que habérselo ofrecido previamente al Ayuntamiento”, sostiene la inquilina.

El 6 de mayo, el director del SVS contactó por teléfono con la inquilina, tras pedirle que le enviara por correo su contrato y revisarlo. Según la inquilina, el gerente había cambiado de opinión y le dijo que, en el documento, “no se detallaba” que se le tuviera que ofrecer al Ayuntamiento la venta del inmueble.

Según fuentes consultadas por elDiario.es, al tratarse de vivienda libre, el suelo era privado desde el inicio. Pero el centenar de vecinos defiende que el Ayuntamiento se involucró con la promoción inicial de las viviendas de forma que, “como mínimo”, tendría que intermediar en la situación actual u “ofrecer alternativas” al centenar de afectados.

El 12 de mayo, los vecinos mandaron un email, esta vez como colectivo, al SVS y la secretaría de alcaldía, a la atención del gerente y de Gema Igual. Querían saber si la administración local tenía “intención de dialogar” con ellos y pedían una reunión.

Sin respuesta, insistieron el 19, solicitando al consistorio que valorase asistencia jurídica y sanciones, entre otras cosas. Esa fecha, el 19, coincidió con el día en el que muchos recibieron un burofax en representación de Mosaic Propco rechazando la posibilidad de prórroga del alquiler.

El día 20 de mayo recibieron respuesta desde secretaría de alcaldía: “Nos consta que desde el Ayuntamiento se esta tratando de contactar con los nuevos propietarios de los edificios, en cuanto lo hagamos nos pondremos en contacto con ustedes para concretar una reunión”.

Ésta ha sido la última respuesta por escrito, de las dos realizadas desde secretaría. Los vecinos respondieron ese día que “juega en nuestra contra si su idea es esperar a tener cualquier tipo de contestación por su parte para reunirse con nosotros”. 

El SVS no ha vuelto a responder desde la llamada del 6 de mayo.

Uno de los vecinos fue recientemente, en persona, en representación del centenar de afectados, a dejar una carta en la concejalía de Vivienda para que el Ayuntamiento ejerza de interlocutor. En Intervención General le dieron un acuse de recibo. ElDiario.es ha consultado al Ayuntamiento si piensa mediar. Tampoco ha habido respuesta.

Queriendo plantear un sarcasmo, el consejero de Turismo de Cantabria, Luis Martínez Abad (PP) ha hecho este martes, en el Parlamento, un juego de palabras: ha dicho que no es lo mismo la DGT (Dirección General de Turismo) que la DGT (Dirección General de Tráfico). Ha hecho esta puntualización para justificar que el Gobierno de Cantabria carece de competencia legal para prohibir el estacionamiento de autocaravanas en las calles.

Su aclaración ha derivado del nuevo decreto de autocaravanas de Cantabria que es, según ha defendido, “fruto del diálogo” con las asociaciones empresariales del sector, porque ofrece, en su opinión, “seguridad jurídica” al flexibilizar trámites para facilitar la apertura de nuevas áreas y eliminar el límite máximo de plazas en las áreas de servicio para autocaravanas.

Así se ha manifestado este martes el consejero en el pleno parlamentario, después de que el PRC cuestionase un decreto que, desde el punto de vista regionalista, “empeora la situación” generada por la saturación de caravanas y la acampada ilegal. El PRC ha subrayado el “estrés brutal” que supone para lugares como el parque natural de Oyambre, porque el decreto permite pernoctar a cualquier vehículo de cuatro ruedas en la vía pública a menos que los ayuntamientos lo prohíban específicamente.

El diputado López Estrada ha criticado que el decreto no prohíba el estacionamiento o la pernocta en las calles. El consejero le ha respondido con humor que si esperaba que un decreto de Turismo regulase el tráfico, es que desconoce “qué DGT” tiene las competencias.

“He disfrutado mucho de las autocaravanas”, ha matizado el diputado Javier López Estrada (PRC), antes de advertir de que no por eso iba a dejar de ser crítico. Ha advertido de que el texto “no protege” al sector hotelero y de campings y al calificar de “competencia desleal” las autocaravanas aparcadas en primera línea de playa “sin apenas regulación”. El diputado del PRC ha cuestionado que el decreto supone una carga para los ayuntamientos porque el Gobierno autonómico “le pasa la responsabilidad una vez más” a los ayuntamientos, tanto regulatoria como sancionadora, en referencia a la regulación de viviendas de uso turístico.

Por su lado, el consejero de Turismo ha eludido hablar de parques naturales protegidos y se ha enfocado en el sector empresarial: “Somos, por una parte los empresarios y por otra parte las administraciones los que tenemos que ir adaptándonos a estos cambios”, ha dicho sobre el crecimiento de las autocaravanas.

Ha insistido en garantizar para “todo aquel empresario o institución pública que quiera operar ( lo haga en las mismas condiciones”. Y ha citado el caso del futuro párking de autocaravanas de Liérganes, que ya anunció en 2023, solo que ahora lo ha presentado como un proyecto que supondrá 700.000 euros del Plan de Sostenibilidad Turística.

El informe de 2025 del Observatorio Estatal de la Dependencia suspendió a Cantabria con un 3.5, la cuarta región con peor valoración. El estudio nacional, que analizó la escala de Valoración de la Dependencia a cierre de 2025, aprobó solo a seis comunidades, teniendo en cuenta indicadores como beneficiarios, gasto, listas de espera, servicios, empleos directos y solicitudes, entre otros. Cantabria quedó en los últimos puestos porque tenía “carencias estructurales derivadas de una financiación insuficiente” y de un modelo que se sostiene, “en demasiadas ocasiones”, sobre condiciones laborales “precarias”.

Según el Observatorio estatal, elaborado por Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, esas carencias en el Sistema Cántabro de Salud “suponen demoras en la tramitación de expedientes, pérdida de plazas y un aumento de las listas de espera”, junto a “una alarmante precarización de las condiciones laborales” de los profesionales empleados en el sector de la dependencia, en el que la mayoría de trabajadoras son mujeres. A esto hay que sumar ahora que este lunes el Observatorio ha alertado en un nuevo informe de que, junto a otras seis autonomías, Cantabria verá reducida este año su financiación en dependencia 1,8 millones de euros por su “mala gestión”.

Por eso, el PRC exigirá este martes al Gobierno de Cantabria, en el Pleno del Parlamento, que refuerce la financiación de forma progresiva del sistema de atención a la dependencia y del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS). Y también que impulse mejoras asistenciales y laborales en un sector en el que la mayoría de trabajadoras son mujeres: son cerca de 3.000 las encargadas de cubrir Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Cantabria, que son servicios locales que gestiona cada ayuntamiento. 

Obregón ha advertido, en nota de prensa, que es un sector “altamente feminizado y que acumula una preocupante pérdida de poder adquisitivo, con compensaciones por desplazamiento desactualizadas y falta de derechos básicos, como horas médicas retribuidas”.

Insuficiencias en las plantillas

Para el PRC, la forma de ejecutar las licitaciones públicas en este sector provoca “insuficiencias en las plantillas, sobrecarga de trabajo y precarización laboral, además de repercutir negativamente en la calidad de la atención a las personas dependientes”.

Para resolverlo, el PRC propondrá incorporar cláusulas sociales y laborales en los pliegos de contratación, actualizar las compensaciones por desplazamiento e implantar mejoras retributivas, reforzar la estabilidad laboral, reducir la temporalidad y mejorar la prevención de riesgos laborales, así como intensificar los mecanismos de inspección y control para garantizar el cumplimiento de ratios, sustituciones y tiempos de atención.

El Gobierno de Cantabria tomó recientemente dos medidas en términos de cuidados: anunció la creación del marco estratégico para el cuidado de las personas en Cantabria (MeSCan) y, además, elevó el área de Cuidados de subdirección a Dirección. Pero la falta de definición del MeSCan, anunciado como “un hito de la legislatura” por el consejero de Salud, César Pascual, da lugar a dudas, cuanto la legislatura está por concluir.

La primera Ley de Vivienda de Cantabria, en tramitación en el Parlamento, refleja la fijación del Gobierno de Cantabria (PP) con un sí y un no rotundos: sí a la lucha contra la ocupación y no a poner límites a los precios de alquiler y venta. Y, tras más de un año de proceso, las posiciones de los partidos de la oposición también empiezan a entreverse, con un PRC que se queda de perfil mientras pide “cambios profundos” en el documento y un PSOE (impulsor con el PRC de una liberalizadora ley del Suelo en la pasada legislatura) en contra.

Pero quien ha mantenido su prioridad legislativa bien visible ha sido, dentro y fuera del hemiciclo, el consejero de Vivienda de Cantabria, Roberto Media (PP): ha dedicado la legislatura a posicionar la ocupación de viviendas sin contrato, que sistemáticamente llama “okupación”, como el principal problema a atajar para resolver el acceso a la vivienda.

La posibilidad de poner topes a los precios de venta y alquiler no es una opción, pese a las solicitudes de municipios como Castro, Comillas o Astillero. En la última comisión estatal de vivienda, en Madrid, Media ha enfatizado que la declaración de zonas tensionadas no va a incorporarse a la ley autonómica con el PP: “En Cantabria no vamos a aplicar zonas tensionadas, por mucho que la ministra se empeñe en ello, y que aumente las cantidades de dinero para aquellas comunidades autónomas que así lo hagan; nosotros no lo vamos a hacer”.

Y el consejero, ha dicho, tiene un argumento: las políticas de zonas tensionadas, que forman parte del Plan Estatal de Vivienda del que Cantabria recibe (y aporta) fondos, “se ha visto que son absolutamente equivocadas, que no llevan más que a la ruina del futuro del las políticas de vivienda y del futuro de nuestros hijos; y no vamos a hipotecar el futuro de nuestros hijos”, ha dicho como si arrendar una vivienda fuera una profesión.

La ocupación, según ha defendido Media durante la legislatura, mantiene “más de 50.000” viviendas vacías en Cantabria por “el miedo” que infunde en los propietarios. Por eso, como medida principal de su ley de vivienda, la iniciativa del gobierno incluye una oficina, que puso en marcha en 2025, para denunciar por teléfono o por email casos de ocupaciones. La inclusión de la oficina en la ley buscaría blindar el servicio público. Teóricamente, una vez resuelto el conflicto con la futura legislación, destrabaría la problemática de vivienda asequible, según un consejero que rechaza unos datos oficiales que minimizan la dimensión de los casos de ocupación.

Los datos van a la baja

En Cantabria hubo, en 2025, un total de 10 demandas en juzgados civiles por ocupaciones ilegales de vivienda. Esta cifra supuso una reducción del 47% respecto al año anterior y un 77% menos respecto a 2020, cuando hubo 43 demandas, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De 2020 a 2025, Cantabria pasó de 52 a 115 denuncias por allanamiento/usurpación de inmuebles, según datos consultados en el portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior. De los hechos constitutivos de delito, Guardia Civil y Policía Nacional pasaron de esclarecer 31 casos, por los que se produjeron dos detenciones, a 76, por los que hubo 11 detenciones.

La Fiscalía de Cantabria habla de usurpaciones para definir los actos que el Gobierno de Cantabria califica de “okupaciones”. Y tambien ofrece una panorama estadístico a la baja: un 24% menos de casos de diligencias previas en la fase de instrucción (búsqueda de indicios para evaluar si hay pruebas para un juicio). Si en 2024 contabilizó 113 diligencias previas, en 2025 hubo 86 diligencias.

Fuentes de la Fiscalía aclaran que “la mayoría” de las registradas bajo el concepto de 'usurpacion', son las llamadas “okupaciones” de casas: “Se ocupan pisos deterioriados, en desuso, o no terminada la construcción y con tiempo prolongado de abandono”, especifican.

El dato comprobable en cada institución es testimonial en relación a la población y va a la baja, pero choca con la retórica sostenida.

El Gobierno autonómico ha justificado en varias ocasiones que los datos de los juzgados son bajos por los procesos de mediación previos y porque los casos se dilatan hasta llegar a los tribunales, lo cual alteraría las cifras. Los datos del Ministerio del Interior indican un crecimiento, pero son cifras testimoniales en relación a la población. Y, sobre todo, la estadística estatal no distingue si la vivienda está habitada o no lo está, por lo que no es posible establecer una correlación entre estos datos, los casos judicializados de ocupación que reflejan los juzgados y la teoría de Media sobre el porqué de la vivienda vacía.

La radiografía de la vivienda en Cantabria, en los últimos cinco años, es una panorama de escasa oferta de vivienda pública de alquiler asequible-; de un aumento modesto de la vivienda nueva (de 742 a 1867, según el Colegio de Aparejadores), y de un incomprobable número oficial de vivienda vacía —el Gobierno solo ha informado verbalmente de las 50.000 viviendas—. Todo esto en un contexto de suelo rústico disponible para construir vivienda (tras el acuerdo PSOE-PRC en la pasada legislatura) y una visión liberalizadora del suelo por parte del PP para aumentar la construccción.

“La sensación” de Media

En los últimos cinco años, las cifras de desahucios no han dejado de bajar: 191 en 2025, dejando a Cantabria 12 puntos por debajo de la media nacional en la tasa por cada 10.000 habitantes (32 frente a 50), según datos del CGPJ. Pero la sensación que Media busca trasladar es que alguna vez, alguna persona, puede ocupar la casa de alguien. Y la palabra 'sensación' es una literalidad. El consejero de Vivienda, Roberto Media, lleva toda la legislatura enroscado en que un solo caso es suficiente. En febrero de 2025, tres meses antes de que la iniciativa saliese a exposición pública, Media dijo: “Da igual una o mil, la sensación de los ciudadanos es de que le puede tocar a cualquiera”.

Un año después, en abril de 2026, Media encontró un caso: denunció públicamente y ante la Guardia Civil “la ocupación ilegal” de una de las tres viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, rehabilitadas por la empresa cántabra de la vivienda, Gesvican, en Orejo (Marina de Cudeyo).

En su nota de prensa, citó también “intentos de ocupación” en viviendas públicas en Cerrias (Piélagos), que “obligaron al Ejecutivo a contratar servicios de vigilancia”. Una situación de intento de ocupación que, según Media, se repitió en Arnuero, donde “tras varios intentos” de ocupación, el Gobierno invirtió “250.000 euros de dinero público” en seguridad.

Media, gran defensor de la colaboración público-privada en la construcción de vivienda, tiene por delante un proceso de discusión parlamentaria. Por ahora, el Gobierno autonómico, en 2026, ha vuelto a subir, por tercera vez esta legislatura, el precio del metro cuadrado de la VPO para compensar a las constructoras, no piensa declarar zonas tensionadas ni se plantea tampoco poner freno a la vivienda turística, esté o no regularizada. Y, mientras no contempla poner tope al precio del alquiler o de la venta, la compraventa sigue cayendo y el alquiler sigue subiendo.

Un grupo de alrededor formado por unos 70 policías locales de Santander se concentró este viernes por la noche, a las puertas del Hotel Chiqui, en la capital de Cantabria. Estaban ahí porque era donde se iba a celebrar la cena que organiza anualmente el Ayuntamiento con los trabajadores municipales, por la festividad de Santa Rita, patrona de los funcionarios.

El conflicto con el colectivo de 262 agentes de este cuerpo policial no ha hecho más que crecer desde septiembre de 2025, cuando los sindicatos comenzaron a hacer pública la falta de cumplimiento del equipo de gobierno del Partido Popular en compromisos salariales adquiridos previamente. En 2026, han organizado varias protestas en el Ayuntamiento Santander y el Parlamento de Cantabria, pero el simbolismo de ésta radica en que es la cena que organiza el gobierno municipal.

La protesta fue anunciada en abril y estaba consensuada por todos los sindicatos (APLB -Uso , Csif, UGT, CCOO y SIEP), como parte de sus acciones contra la gestión de la alcaldesa Gema Igual (PP), pero se convirtió así en la primera ocasión en que la cena de trabajadores municipales y la regidora es recibida con abucheos, según confirman a elDiario.es fuentes sindicales.

Según fuentes policiales, los agentes, tras una asamblea policial, solicitaron permiso a Delegación de Gobierno para estar frente al hotel de 20 a 22 horas y recibieron al equipo de Gobierno con una “sonora” pitada. “Algún funcionario se nos unió al vernos”, afirman.

Los policías corearon lemas como '¿La alcaldesa dónde está?', 'Gema dimisión', 'Gema vete ya' o 'Acuerdo ya'. La alcaldesa, Gema Igual, accedió al establecimiento por la puerta principal y saludó, según los sindicatos, a la Policía Nacional que vigilaba la concentración, y según fuentes municipales consultadas por Europa Press, a todos los que se manifestaban.

Este sábado, el Ayuntamiento ha informado, en una nota de prensa, de la adquisición de cuatro drones para la Policía Local, como parte del Plan de Sostenibilidad Turística de Santander Norte Litoral-Costa Quebrada, financiado con fondos europeos, para vigilar vertederos en la senda norte.

El Ayuntamiento de Castro fue famoso durante los años del ladrillo por un nivel de polémicas urbanísticas que lo llevó a ser bautizado como 'La Marbella del norte'. Ese mismo municipio se convierte, veinte años después, en el primero de Cantabria que pone coto a la urbanización en suelo rústico ordinario y echa el freno a la Ley del Suelo autonómica que ha favorecido así la construcción de viviendas en este tipo de suelo, provocando un aumento de las segundas residencias de uso turístico.

La Ley del Suelo, impulsada por el PP con apoyo del PRC en 2022 y modificada en 2024, liberalizó la construcción en suelo rústico ordinario. La medida fue vendida como una fórmula contra la despoblación, para fijar habitantes mediante “áreas de desarrollo rural”. Pero el efecto, en parte, está siendo la tramitación de vivienda de segundo uso, los alojamientos turísticos y las piscinas. Y aunque el PRC avanzó recientemente una propuesta para frenar este uso en zonas rurales, el PP ha rechazado la idea.

El Ayuntamiento de Castro, una coalición del PSOE y la formación local CastroVerde, se ha amparado en un resquicio de autonomía que deja la Ley del Suelo, que permite a los consistorios para limitar la construcción total o parcial en suelo rústico ordinario, mediante la aprobación definitiva de una ordenanza municipal, que entra ahora en vigor, tras su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

En la práctica, Castro con 9.500 hectáreas de superficie, regresa al sistema previo a la Ley del Suelo, en el que la figura que manda su Plan General de Ordenación (PGOU), que data de 1996 y que impide la construcción en suelo rústico en un municipio que dispone de alrededor de 8.000 hectáreas de suelo rústico protegido y solo 115 hectáreas de suelo rústico ordinario, siendo estas últimas hectáreas donde se ha podido urbanizar en los cuatro años previos, según cálculos de la concejalía de Urbanismo de Castro.

La iniciativa de crear un decreto que impida el uso del suelo rústico ordinario provino de CastroVerde, el socio del gobierno municipal del PSOE, en 2024. Dos años después, la ordenanza es una realidad, en un municipio donde solo alrededor del 10% del suelo rústico carece de protección. “En Castro, la Ley del Suelo no iba a tener mucha incidencia”, reconoce el concejal de Urbanismo, Eduardo Amor (Castro Verde).

La ordenanza solo recibió dos alegaciones, pero además el concejal de Urbanismo también es consciente de que Castro ya cuenta con un PGOU con unas condiciones restrictivas sobre los usos del suelo, pero también tiene claro el mensaje que buscaba trasladar con la limitación: “Que se entienda que es un tipo de suelo donde no se puede urbanizar porque queríamos dar protección ecológica y de servicios a la ciudadanía, como el agua”, en un extenso municipio como Castro, con nueve juntas vecinales diseminadas, marcado por el urbanismo desaforado durante años.

“El Ayuntamiento cuenta ahora con más técnicos y herramientas que, en los años dos mil, no tenía. Siempre he defendido que Castro tuvo un crecimiento que no pudo asumir, el Ayuntamiento no tenía los recursos”, dice Amor, en política desde 2011.

En Castro, la memoria histórica urbanística es un tema sensible. A partir de 2008, hubo un estallido de casos vinculados a la corrupción urbanística tras la explosión de la burbuja de la construcción: fueron imputados y en varios casos condenados alcaldes, concejales, funcionarios y políticos de diversas siglas. El entonces titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2, Luis Acayro Sánchez, instruyó una veintena de causas por corrupción en el municipio. Diez años después, todavía quedaban 110 imputados en siete causas pendientes de juicio o sentencia. En 2025, Acayro fue inhabilitado por el Tribunal Supremo para la carrera judicial. Hoy, al menos los casos más emblemáticos por su alto impacto, como los casos 'Sobresueldos' o 'Proconor', estan cerrados.

El municipio donde hace dos décadas se normalizaron los juicios por delitos por prevaricación administrativa y urbanística, era ya entonces uno de los municipios más turísticos de Cantabria. Pero solo en verano de 2025, recibió más de 30.400 visitantes, 4.000 más que el verano anterior, convirtiéndose, en uno de los “más concurridos”, según el Gobierno autonómico. Hace años que tiene la categoría autonómica de de 'Zona de Gran Influencia Turística', que permite a los comercios de más de 300 metros cuadrados abrir cuando quieran.

“Vista la importancia de preservar el territorio frente a la expansión urbana descontrolada, la especulación y la degradación ambiental, se justifica la regulación del suelo rústico con figuras de protección”, reza el preámbulo de la ordenanza.

“Aumentar la oferta”

El municipio —como ocurre en el resto del país— afronta un panorama con el alquiler y la compra de vivienda complicado, que ya solicitó con poco éxito al Gobierno de Cantabria ser declarado como zona tensionada, para limitar las rentas a grandes propietarios y subidas al alquiler, pero el consejero de Urbanismo, Roberto Media, rechazó frontalmente la idea: “La solución no pasa por declarar zonas tensionadas, sino por aumentar la oferta de vivienda asequible y de calidad”, dijo antes de pedir un estudio a la Universidad de Cantabria que lo avalase.

La propuesta de zona tensionada, planteada por el Grupo Municipal Podemos, buscaba, en parte, responder a una realidad que se suma al decreto que impide la construcción en suelo rústico: “Castro tiene poco suelo rústico, pero es relativo, tiene unos 100 kilómetros cuadrados”, advierte Alberto Martínez, concejal de Podemos en el ayuntamiento.

Con la nueva ordenanza sobre suelo rústico, si llegan solicitudes de tramitación de viviendas en Castro sobre suelo rústico ordinario, con autorización de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), que es el organismo autonómico que regula las peticiones de edificar, entre otras materias, serán frenadas en este Ayuntamiento que, durante los cuatro años de vigencia de la Ley, solo ha recibido “dos o tres solicitudes”.

Un círculo irregular de más de cincuenta personas rodea silencioso a una mujer pelirroja, delante de un bloque de pisos, a las afueras de Santander. Ella ejerce de portavoz informal para reconstruir un contexto que los vecinos de tres bloques de la calle Hermanos Calderón conocen. La duda colectiva es el desenlace.

La Obra Social de Fundación La Caixa, a través de su inmobiliaria InmoCaixa, construyó tres bloques de viviendas de alquiler asequible en plena crisis del ladrillo en España. A la colocación de la primera piedra, en 2011, acudió el entonces alcalde, Íñigo de la Serna (PP), quien regresó en 2015 para visitar las obras. Finalmente fueron tres bloques, por un precio de 350 a 500 euros, a cuyos inquilinos les fueron renovando los contratos. Así fue hasta que, en octubre de 2025, los más de 130 vecinos recibieron una inesperada notificación informándoles de que habían vendido en lote sus pisos de alquiler asequible a un fondo privado inmobiliario llamado Mosaic Propco.

Algunos aceptaron rescindir contrato por una baja cantidad. Otros negociaron comprar. Son alrededor de treinta, dicen en voz baja los presentes. El resto, un centenar, la mayoría de inquilinos de las 107 viviendas de esta calle del barrio de Peñacastillo, está este lunes, a las ocho de la tarde, en la calle.

Es una reunión de los afectados de las 107 viviendas con el recien creado Sindicato de la Vivienda de Cantabria. También asiste una arrendataria de un local (los bajos de los edificios son propiedad aún de InmoCaixa). Mencionan casos similares en municipios de Madrid, como Pinto, o en populosos distritos como Ensanche de Vallecas y Vicalvaro, que también eran de la Fundacion La Caixa y que igualmente han pasado a manos de Mosaic.

Vecinos y sindicato identifican “una operación por lotes” en el cambio de propiedad de los bloques, que se ha repetido en Madrid. Por eso, el sindicato cántabro les cuenta que ha contactado al Sindicato de Inquilinas de Madrid y avanza que buscarán más casos en otras provincias. “Entiendo que esto tiene que ser una negociación colectiva”, dice Yolanda Ceballos, una de las integrantes del sindicato, mientras la gente asiente.

“Hay que unificar los casos a nivel nacional”, dice una vecina de pelo corto, que también ha contactado a la Sociedad de Vivienda del Ayuntamiento Santander para entender si ha jugado algún papel desde antes o después de aquella primera piedra.

El cambio de estrategia, en cuestión de veinte años, en inversiones inmobiliarias de la Obra Social de Fundación La Caixa es real. En 2005, a través de Criteria Caixa, la entidad destinó fondos para construir pisos de alquiler a precios asequibles, cuya gestión correspondería a InmoCaixa. Después, la fundación llegó a alquilar 4.000 viviendas de este tipo en todo el país, incluyendo las 107 de la calle Hermanos Calderón.

Así fue hasta que en 2021, InmoCaixa empezó a dejar de invertir en vivienda residencial, resultando Cataluña una de las comunidades autónomas donde más pisos —alrededor de 2.000— pasarían a manos de la Generalitat, porque tenía derecho preferencial y buscaba aumentar el parque residencial público. En los casos de Vicalvaro y Ensanche de Vallecas, el Sindicato de Inquilinas se ha movilizado para apoyar a los vecinos cuyos pisos alquilados están en promociones libres, es decir, en suelo privado, por lo que el Ayuntamiento no tiene derecho preferencial a compra para plantear promoción pública.

Fuentes de InmoCaixa describen un proceso “responsable y paulatino de desinversión de la vivienda residencial, priorizando la venta a los propios inquilinos que los han querido adquirir, así como a las administraciones locales y autonómicas”. La reorientación está implicando la venta de viviendas de protección oficial, “priorizando la venta a los propios inquilinos que los han querido adquirir, así como a las administraciones locales y autonómicas”, según van concluyendo los contratos de los programas de alquiler asequible. En el caso de los bloques de la calle Hermanos Calderón, el vencimiento de los contratos oscila entre 2027 y 2030.

Mientras, en Santander, distribuidos entre el parterre y las columnas de uno de los bloques de las 107 viviendas de alquiler, los vecinos escuchan atentos a la portavoz. Ella cuenta cómo, a partir de 2025, empezaron a recibir llamadas, visitas y a veces whatsapp. Recibían, y reciben cada vez más habitualmente, dos opciones: aceptar dinero para finalizar contrato de alquiler —entre 6.000 y 15.000 euros, en los casos consultados— o directamente comprar el piso a un precio que, salvo excepciones, no podían asumir. “A cada vecino le han ofrecido una cosa”, dice la mujer que ha ejercido de portavoz.

La reunión avanza y algunos vecinos se animan a contar sus casos a elDiario.es. Uno cuenta cómo la inmobiliaria Básico Living le ha contactado “para gestionar las incidencias” y otro enseña su móvil con una propuesta de “acompañamiento” para la compra de su piso. Otros también citan a la agencia “de mediación” Imass, para negociar una liquidación de contrato o un contrato de compra. Otro, más al fondo, cuenta que ofreció 145.000 para intentar comprar su piso, en el que lleva diez años. La respuesta, dice sonriente, fue que no, por teléfono.

Siempre de forma individual, en reiteradas ocasiones. Por ahora, dicen, “la presión es amable”. Un vecino dice que le han llamado cinco veces en un mes. “A mí, dos veces la semana pasada”, advierte otro. “Si nos ofrecen dinero, es porque no nos pueden echar”, afirma categórica otra.

Más vecinos enseñan mensajes de Whatsapp como prueba de que, en ningún caso, las ofertas por escrito de las empresas incluyen propuestas concretas de dinero. “De dinero solo nos hablan por llamada o en persona”, dice un vecino que lleva un perro a la reunión: “Me ofrecieron 8.000 por irme y les dije: 'vale, que yo me voy, pero he invertido en este piso, solo me iría por 53.000 euros'. Claro, no les interesa”. Cada caso, es singular. A la mujer que ejerce de portavoz le ofrecieron la compra del piso en febrero de 2025 por 155.200 euros más impuestos, pero no se lo puede permitir.

Desde el Sindicato de la Vivienda preguntan de nuevo si están dispuestos a una lucha colectiva. “Somos muchos aquí, aquí vamos a luchar por todos”, dice tajante la mujer que ha iniciado la reunión.

Los vecinos han hablado varias veces con varios partidos políticos en mayo, pero muchos se preguntan por el papel del Ayuntamiento (PP), que no se ha comunicado formalmente con el centenar de vecinos. Algunos se preguntan de quién es la propiedad del suelo de los bloques, otros sospechan de si tiene derecho de tanteo, y a otros les gustaría saber si el consistorio nunca se ofreció a comprar el lote de 107 viviendas.

Según fuentes consultadas, la propiedad del suelo en Santander era privada, los bloques eran promociones libres y por lo tanto el Ayuntamiento no podía ejercer derecho de tanteo.

Sin embargo, desde el Sindicato de Vivienda demandan la participación del Ayuntamiento: “En este conflicto, el Ayuntamiento debería intentar ser un agente activo; si no es responsable, mínimo debería de mediar porque está sucediendo en su ciudad y aparecieron en la entrega de las viviendas”, cuestiona un día después Yolanda Ceballos, del Sindicato: “Este movimiento social tiene que ser a nivel español porque si dependemos de las instituciones cántabras, se pueden quedar sin casa”.

Una pequeña impresión en lienzo de La Barraca, la compañía de teatro de Federico García Lorca herida de muerte por el inicio de la Guerra Civil y el asesinato de su fundador, está detrás de la mesa del despacho de la Universidad de Cantabria (UC) donde se sienta Celia España (Santander, 1993). Normalmente no esta ahí, pero esta “absoluta forofa desde los 16 años” del escritor y dramaturgo quiso colgarla para la entrevista: “Es la persona —con la que no he coincidido—, qué más emociones me ha hecho sentir”. Tanto que esta doctora en Equidad e Innovación en Educación por la UC pasó casi dos años de contrato postdoctoral en Granada y si algo le llevó allí, admite esta admiradora de las autoras Bell Hooks y Yayo Herrero, también fue Lorca.

Hace unos años esta académica cuenta que, cuando estaba estudiando para ser maestra en Educación Primaria, un tema empezó a resultarle recurrente: “Esa idea tan afianzada de las personas trans como personas en el cuerpo equivocado y era una idea que no me terminaba de encajar”. Durante unas vacaciones en La Rioja, había unas jornadas sobre infancias trans en la educación y se acercó. “Al oír a las personas trans hablar de de sus experiencias, se dio cuenta de algo: ”Lo que les pasaba nos interpelaba a todas las personas; los mandatos de género están moldeando lo que somos constantemente, y a unas personas se les atribuye que no encajan por una razón u otra“. Ahí empezó a asentar la firme idea de que ”no hay cuerpos equivocados y la mirada de la sociedad criminaliza“.

El tema le resultó “tan fascinante” que su tesis versó en torno a la formación, los conocimientos, las actitudes y las perspectivas de las y los educadores (en activo y en formación) en España. Actualmente, es profesora en el Departamento de Educación de la Universidad de Cantabria e investigadora del grupo Investigación en Desarrollo Socio-Emocional, Bienestar y Educación (IDSEBE). Y, precisamente, sus líneas de investigación se centran en “el análisis del papel de la educación ante las disidencias sexogenéricas y las barreras escolares”.

¿Cómo es -si es que hay- la formación docente en diversidad sexual en cada etapa educativa?

De manera general, podría decirse que la formación docente en diversidad sexual y de género es escasa. Si bien es cierto que ha ido mejorando con el paso de los cursos, se estima que tres de cada cuatro profesionales de la educación no han recibido formación específica sobre sexualidades no normativas en su formación universitaria inicial, y cuatro de cada cinco no lo han recibido, tampoco, en las enseñanzas obligatorias. Esto conlleva un importante déficit formativo, una carencia en la adquisición de conocimientos reglados que podrían permitir enfrentarse a situaciones reales en las que el género o la sexualidad tenga un papel protagonista. 

¿Cuál es la etapa donde la formación docente es más limitada en género y sexualidad diversa y por qué?

En la trayectoria académica del profesorado, la educación obligatoria preuniversitaria, es decir, Educación Secundaria y Bachillerato, es aquella en la que se han producido más lagunas y el abordaje de las sexualidades no normativas ha estado más ausente, entendiendo sexualidades no normativas como aquellas disidencias de la sexualidad dominante, fuera de la heterosexualidad y de la identidad y expresión “esperable” en base a la interpretación cultural de lo que debe ser un hombre y una mujer, en términos exclusivamente binarios. A partir de ese momento, mejora muy levemente; poco a poco, se está comprobando la necesidad imperiosa de incorporar estos contenidos en los planes de estudios habilitantes para ejercer la profesión docente.

Habla de la “imperiosa necesidad” de contenidos en sexualidades no normativas, ¿qué tipo de contenidos específicos?

Contenidos vinculados al género y la sexualidad, y cada una de las categorías que lo componen: la orientación del deseo, la identidad sexual y de género, la expresión de género y las diferencias corporales sexuales. Estas últimas o, mejor dicho, su interpretación, son un eje formativo importante porque sobre ellas se sustenta toda la ficción relativa a cómo debe ser, comportarse y desear una mujer y un hombre. Esta idea, además, conlleva la omisión e invisibilización de cuerpos diferentes a los patrones sexuales aceptados. Sin embargo, estos cuerpos ponen en jaque y desestabilizan al tan restrictivo e inflexible sistema que determina cómo debes ser en función de tu genitalidad. Por otro lado, también creo importante que se aborden contenidos relacionados con el recorrido histórico de los movimientos feministas y de emancipación de las personas LGTBIQA+, con el objetivo de tomar perspectiva, de entender que no hablamos de modas sino de derechos fundamentales.

Las generaciones alfa y centenial están siendo más visibles y esta realidad choca frontalmente con el auge de discursos de odio

¿Qué consecuencias ese desconocimiento en las generaciones alfa y centenial? 

El profesorado debería tener herramientas para dar respuestas a las necesidades de su alumnado ante situaciones de violencia vivida u observada, distintos obstáculos encontrados, o simplemente dudas e incertidumbre. Es muy pertinente que menciones a las generaciones alfa y centenial. Las y los adolescentes actuales han tenido, en mayor medida, algo que ha tendido a escasear en generaciones previas: referentes. Aunque aún falte mucho por hacer y muchas personas jóvenes sigan teniendo problemas a la hora de poder expresar quiénes son con naturalidad, de forma general, estas generaciones se están mostrando más, siendo más visibles. Esta realidad choca frontalmente con el auge de discursos de odio de corte machista y LGTBIQAfóbico. En general, unas personas quieren existir, y otros, en cambio, violentar. En esta situación de efervescencia, con un desequilibrio tan evidente, es necesario que el profesorado sea guardián democrático y garante de los derechos de estas niños, niños y adolescente.

¿Cuáles son los principales vacíos formativos en el profesorado respecto a conceptos clave como la identidad y la expresión de género?

No solo en la formación del profesorado, también en la de la población general, existen carencias evidentes. Siempre que se habla de sexualidad y educación sexual, existen unos temas con mucha mayor presencia en la educación, muy vinculados al llamado 'modelo de riesgos: son aquellos que ponen el acento en la anatomía genital, la reproducción humana, la prevención de las ITS y de los embarazos no deseados. Este es el modelo, al que la mayoría de las personas hemos tenido acceso, normalmente mediante charlas o intervenciones educativas muy puntuales. A su vez, este modelo ha tendido a invisibilizar todas las vivencias, prácticas y formas de vinculación que escapan de la heterosexualidad, proponiendo un único modelo de vivir la sexualidad muy alejado de un enfoque amplio y plural. La experiencia formativa del profesorado no es diferente. Estos contenidos no han tenido gran presencia en su formación, algo que se traduce en una baja percepción de competencia a la hora de abordar estos temas en las aulas, según algunos estudios que apuntan en ese sentido. Por ejemplo, el profesorado puede no sentirse capacitado para solventar dudas que pueda traer al aula el alumnado, o para cumplir con un currículo actual que exige la educación afectivo-sexual y el ejercicio de un respeto activo de las diversidades sexuales.

¿El modelo educativo imperante prioriza el 'modelo de riesgos' que explica?

Así es, este modelo que consolida la poca educación sexual que hemos recibido las personas adultas, tiende a centrarse en la prevención de riesgos que surgen exclusivamente en contextos de heterosexualidad, como son los embarazos no deseados. También ocurre con la prevención de ITS, que ha estado focalizada en prácticas falocéntricas y coitocéntricas. Todas las personas cuya realidad escapaba de ese marco se han visto desprovistas de herramientas, con la repercusión en la salud que eso conlleva. No solo eso, también hace que se vea desatendida y deslegitimada la propia vivencia de la sexualidad. Desde esta visión reduccionista, al entender que la educación sexual se limita exclusivamente a abordar la práctica sexual, todo lo que no sea la propia práctica queda fuera, desde las distintas formas de desear o expresarse hasta la construcción de vínculos sexuales y amorosos respetuosos, entre otros elementos. Además, si esta formación resulta falocéntrica no estará atendiendo de una forma óptima a las necesidades de las mujeres, aún menos a las que tienen relaciones sáficas. Afortunadamente, cada vez con mayor frecuencia, la educación sexual se aborda desde un modelo mucho más aperturista e inclusivo, acompañando, promocionando el bienestar y validando las experiencias diversas. Esto es algo que hay que reconocer a las maestras y las sexólogas que imparten este tipo de talleres y clases.

Estudios recientes hablan de un paulatino descenso de la homofobia, lesbofobia, transfobia y sexismo en profesionales de la educación

¿Ha detectado actitudes de sexismo o fobia a la diversidad sexual en docentes y qué consecuencias tienen en su disposición para recibir una formación actualizada?

Estudios recientes hablan de un paulatino descenso de la homofobia, lesbofobia, transfobia y sexismo en personas vinculadas profesionalmente al ámbito de la educación. Esto resulta fundamental, dado que una actitud positiva mejora la predisposición a la hora de recibir formación al respecto. Sin embargo, puntualmente se sigue observando cierto rechazo o visiones estereotipadas. Estos son los datos que nos aporta la investigación —que está realizando—. La experiencia en aulas universitarias me hace estar alerta. Habrá que seguir observando esta cuestión y comprobar qué repercusión tiene, en términos de sexismo y transfobia, la irrupción de esta nueva ola reaccionaria, con el fin de actuar de forma contundente. 

El profesorado debe saber observar e interpretar lo que ocurre en un aula, o también fuera de ella, e identificar necesidades del alumnado relativas al género y las sexualidades

¿Qué competencias específicas debe adquirir un docente para gestionar eficazmente a alumnos diversos?

La diversidad, en todos su sentidos y formas, es una característica inherente al alumnado. Por ello, es fundamental que tanto el profesorado, como quienes se están preparando para ejercer la profesión en un futuro, adquieran conocimientos y actitudes que les permitan ejercer su labor de la mejor manera posible con un público tan variado. De este modo, las competencias que debe adquirir el profesorado no solo versan en torno al conocimiento de conceptos, aunque en algunas situaciones, esto puede ser crucial. Dichas competencias, deben estar más relacionadas con saber observar e interpretar lo que ocurre en un aula, o también fuera de ella, identificar necesidades del alumnado relativas al género y las sexualidades y tener recursos para poder hacer frente a ellas. 

¿Has detectado situaciones en las que los docentes tienen carencias ante los alumnos que muestran rechazo a la inclusión o directamente son alumnos que manejan discursos de odio?, ¿cómo las deberían de abordar?

Sí, es habitual que el profesorado manifieste estar desprovisto de herramientas a la hora de afrontar ciertas situaciones en el aula. En ocasiones pueden desconocer los protocolos o legislación existente y en otros casos pueden sentir cierta inseguridad a la hora de actuar. A este respecto, la formación universitaria inicial resulta fundamental para universalizar ciertos aprendizajes que les permitan desempeñar su labor de la mejor manera posible en este ámbito y no tener ningún tipo de temor a la hora de intervenir. No obstante, más allá de las pautas que se establecen en el marco legal, no existen fórmulas concretas o una guía de instrucciones para saber cómo actuar exactamente. Aunque el alumnado universitario de educación en ocasiones busca estas recetas mágicas, es necesario comprender que cada niño, niña o adolescente es único, y cada situación que se puede generar, también. Por ello es necesario disponer de herramientas y recursos, y con ellos, actuar rápidamente.

Por llevarlo a un caso concreto, ¿qué herramientas y recursos se dan en la Universidad de Cantabria y cómo las valora para trabajar con alumnado diverso? 

En los grados en educación de la universidad de Cantabria, se vienen abordando estos temas de múltiples formas: desde una mirada sociológica, psicológica y didáctica, desde la educación ecosocial. En algunos casos, además, trabajamos con situaciones reales, para que el alumnado pueda comprender la amplísima variedad de situaciones a las que podría tener que hacer frente en los centros educativos. Así pueden testarse, como si de un simulacro se tratase, a la hora de resolver situaciones o dilemas protagonizados por sexualidades no normativas.

De poco sirve explicar solamente, sigla a sigla, el significado de cada uno de los términos que componen el colectivo LGTBIQ

¿Qué contenidos deben priorizarse en la formación de maestros de educación infantil y de primaria para atender el desarrollo sexual sin reproducir discursos de patologización?

Desde mi experiencia, impartiendo charlas y contenidos sobre sexualidades no normativas a futuras y futuros docentes, he podido extraer ciertas conclusiones que, además, se asemejan a lo que nos dice la investigación. De poco sirve explicar solamente, sigla a sigla, el significado de cada uno de los términos que componen el colectivo LGTBIQ, aunque esto es, en muchas ocasiones, lo primero que piden, por el gran desconocimiento al respecto. Creo que es mucho más efectivo que la formación se centre en entender qué es y cómo funciona, de manera profunda, el sistema de violencia y opresión sexo-género. En función de la genitalidad que se observa en los bebés, se va erigiendo un sistema de expectativas diferenciado. Si es niño, se entiende que se comportará de una manera determinada, tendrá un físico y unos gustos específicos, vestirá de un modo concreto, etc. En definitiva, performará lo que conocemos como masculinidad. Si es niña, ocurrirá lo contrario. Entenderemos que todas estas manifestaciones —su forma de comportarse, su físico, sus gustos, su vestimenta, etcetera— serán antagónicas a las del primero. Además, se establece una jerarquización y una presunción de heterosexualidad en ambos casos. Autoras como Judith Lorber dan cuenta de cómo este sistema de presunciones opera, se sostiene y refuerza en base a lo que denomina institución social del género. A través de comentarios, burlas, chistes, exclusión, o formas explícitas de violencia, tomamos consciencia de lo que se nos permite y de lo que nos está prohibido, y de cómo las transgresiones de ese restrictivo sistema conllevan desde leves hasta muy graves consecuencia. De esta manera, puede comprenderse que cumplir con los estrictos mandatos de género no solo limita a las personas que se encuentran bajo alguna de estas siglas. Por el contrario, interpela a la totalidad de la población pues el margen de maniobra resulta mínimo, no solo en lo que respecta a las formas de desear o vivir, sino también de expresar, vestir o comportarse. Desde este prisma, es mucho más sencillo empezar a identificar obstáculos y violencias sutiles o explícitas. También es mucho más fácil entender que la gran diversidad de realidades y formas de estar en el mundo constituyen la representación más natural de existir como seres humanos y que, lo artificial, está en no salirse ni un ápice de estas atribuciones de género. El problema de la patologización no está en los deseos, cuerpos y expresiones del colectivo LGTBIQ, sino en la mirada patologizadora, y trabajar la formación docente -y no solo docente-, desde este lugar puede ser un buen punto de partida.

¿Hay carencias en este sentido en el currículo universitario de titulaciones educativas?, ¿cuáles?

Afortunadamente, cada vez menos. Lo planes de estudios, poco a poco van blindando espacios en los que poder abordar este asunto. No obstante, tanto la educación sexual, como la educación en sexualidades no normativas continúa, en multitud de facultades de educación de España, sujeta a dos condiciones: la transversalidad, lo que no garantiza que se trabaje en todas las aulas, y también la optatividad, provocando que sea alumnado ya formado y sensibilizado en estos asuntos el que acuda a esta formación.

La mayor responsabilidad en formación sobre sexualidades no normativas reside en las instituciones universitarias

La formación docente de quién es mayor la responsabilidad: ¿de la voluntad del docente, de la institución donde estudia o de la institución donde luego trabaja?

Actualmente es la propia voluntad y sensibilidad de cada docente la que determina en mayor medida la formación recibida sobre sexualidades no normativa. No obstante, creo que la mayor responsabilidad reside en las instituciones universitarias, que deberían sentar unas bases formativas mínimas en este sentido, algo para que está en camino. Las instituciones educativas también tienen la posibilidad de integrar estos contenidos de forma sistemática en la formación continua del profesorado. Esto podría suponer una mejora notable.

En tiempos de auge de discursos de odio, ¿cómo operan los centros educativos ante las situaciones profesor-alumno de discriminación sexual y de género?

Esta es una pregunta muy compleja y con múltiples aristas. Creo que la escuela ha venido tratando como tabú multitud de temas entre los que se encuentran las sexualidades. Quizás, amparándose en una supuesta neutralidad, ha decidido apartarlos e invisibilizarlos, sin caer en la cuenta, o eso quiero pensar, de las consecuencias. Esa decisión está cargada de significado y transmite un mensaje claro a niños, niñas y adolescentes sobre el lugar que ocupan en la sociedad las mujeres lesbianas, hombres homosexuales, y personas bisexuales, intersexuales o trans. No creo que esta omisión haya provocado el auge de discursos de odio hacia el colectivo LGTBIQ en personas jóvenes, especialmente varones, pero sí creo que se ha desaprovechado una oportunidad única para confrontar ideas, desmontar mitos y prejuicios que se encuentran en la base de estos discursos.

¿Cuáles son los casos concretos en los que la formación docente has percibido que se ve más limitada en casos contra la diversidad sexual y de género?

La formación más limitada es aquella que versa en torno a diversidades familiares por razones sexogenéricas. Es decir, estaríamos hablando de formación vinculada al conocimiento de entramados familiares tales como las estructuras homoparentales. Las identidades sexuales y de género, así como las distintas orientaciones del deseo, están teniendo una ligera mayor presencia en la formación de futuros y futuras docente.

¿Qué suelen pedir las personas agredidas psicologicamente o físicamente en los espacios educativos como reparación?

Históricamente, se han venido solicitando protocolos o marcos jurídicos que amparen y doten de protección. Ahora se solicita que ni una sola agresión se pase por alto y que se atienda a todas las señales que puedan llevar a prevenir una agresión futura. La reparación suele residir en la toma de consciencia de la responsabilidad y la implementación de formación al respecto.

¿Dirías que funcionan los protocolos?, ¿y las medidas de reparación?

Por lo general, los protocolos funcionan y dotan al profesorado de herramientas para saber cómo actuar y qué hacer en distintas situaciones de violencia homófoba o transfóbica, máxime, dada la no muy abundante formación de la que disponen. Ahora bien, no dejan de ser una pieza más del engranaje educativo, que debe complementarse con otras múltiples piezas para poder funcionar de manera efectiva y contundente. En ocasiones, estos documentos pueden caer en alguna generalidad o no dar una respuesta satisfactoria para las víctimas. Las medidas de reparación necesitan un mayor desarrollo y establecerse escuchando sus demandas.

La vía verde a través del antiguo tunel ferroviario de La Engaña en los Valles Pasiegos ha pasado de medir tres kilómetros y medio a un tramo de 849 metros, según proyecta el Gobierno de Cantabria. La reducción del 77% de la superficie de senda para peatones y ciclistas es una modificación sustancial del primer proyecto. Ahora se ha convertido en una carretera convencional para tráfico de vehículos de más de cuatro kilómetros para llegar al futuro teleferico bautizado como Mirador del Pas. Solo el último tramo, casi novecientos metros, es en realidad una 'vía verde'.

Pese a ello, el consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media (PP), ha insistido en utilizar el término en su reciente visita a las obras de la carretera que -según el comunicado oficial- “es el primer paso de la gran transformación turística” del entorno del barrio de Yera, a las afueras del municipio de Vega de Pas, en dirección Burgos.

Ese día Media anunció que la vía verde estaría concluida a finales de junio. La vía, por la que circularán exclusivamente peatones y ciclistas, será solo una pequeña parte de la antigua plataforma del ferrocarril Santander-Mediterráneo para vehículos, peatones y ciclistas. Es decir, será en esencia una carretera.

En 2018, el proyecto de vía verde contemplaba 2,6 kilómetros a través de tres tuneles y 849 metros desde un futuro aparcamiento hasta la boca norte del túnel de La Engaña. En el proyecto actual, solo queda el segundo tramo de vía verde, que ocupa el sendero posterior al histórico y abandonado tunel construido por presos republicanos, pensado en el siglo XIX para unir Cantabria con el Mediterráneo y que nunca llegó a utilizarse.

Hace ocho años, la idea era hacer exclusivamente una vía verde que arrancase directamente sobre la abandonada plataforma ferroviaria -en el barrio de Yera, a las afueras de Vega de Pas- y llegase hasta la boca norte del tunel de La Engaña. El proyecto, que no llegó a licitarse, no incluía el acceso desde la carretera al Puerto de Estaca de Trueba, como sí sucede ahora.

Así se mantuvo sin avances hasta que el Gobierno del PP solicitó a ADIF —propietario del suelo por tratarse de un trazado de ferrocarril— y a la Unión Europea, que financia la iniciativa —cambiar el enfoque del proyecto a acceso al tránsito rodado con un carril-bici-senda ciclable, obtuvo su aprobación y siguió su curso, con cuestionamientos de grupos políticos, ecologistas y colectivos sociales.

El teleférico, “la culminación”

El consejero de Fomento ha dicho que la inversión en este acceso servirá “para desarrollar todos los proyectos turísticos que tiene el Gobierno de Cantabria en esta comarca y que culminarán con el teleférico del Mirador del Pas”. Un proyecto fallido que el Ejecutivo autonómico recuperó en el verano de 2025 y que una década antes se había bautizado como 'Mirador del Pas'.

Según consta en la memoria de la carretera, en agosto de 2024, el Gobierno retomó “la voluntad de promover” un teleférico en la comarca de Vega de Pas. El nuevo diseño ubica el aparcamiento y la estación inferior junto a la boca norte del túnel El Majoral. El Gobierno de Cantabria decidía “actualizar el proyecto de rehabilitación como vía verde de la antigua plataforma del ferrocarril Santander-Mediterráneo”.

El nuevo proyecto de teleférico ha incorporado cambios de ubicación y de gestión -ahora privada- y discurrirá en paralelo a otras obras en el entorno, como una nueva carretera desde Estacas de Trueba, la reforma de la antigua estación de ferrocarril de Yera como albergue, un aparcamiento y la transformación en vía verde de parte del trazado.

En noviembre, la presidenta María José Sáenz de Buruaga aseguró que estaba ultimando el estudio de viabilidad financiera para la nueva instalación, ubicada justo encima del acceso. Seis meses después, tras pasar por su primera consulta pública en febrero, el informe de viabilidad económica aún no ha sido hecho público.

El proyecto de acceso desde la carretera autonómica ha tenido un recorrido que ha evolucionado de vía verde a “carril-bici-senda”. Un proyecto que el Gobierno ha distinguido en todo momento del proyecto del teleférico. Una desvinculación que no estaba tan clara para la formación política Podemos que llevó a la Fiscalía el acceso de la carretera por un posible fraccionamiento de obra. La denuncia fue archivada en marzo.

El actual proyecto está distribuido en tres tramos: por un lado, la mejora de una cuesta de 720 metros, exclusivo para tráfico rodado, desde el inicio en la carretera CA-631 hasta la plataforma del ferrocarril. Por otro, la segunda parte mide 2,6 kilómetros, es la más extensa y esta calificada como “carril-bici-senda”, sobre la antigua plataforma ferroviaria. Funcionará como una plataforma compartida: un acceso rodado, con un paseo para peatones y ciclistas donde según los planos consultados, en algunos túneles implicaría que los peatones no podrán transitar por dentro y construirán un paso peatonal de pista, con vallado de madera, a un costado de la senda principal.

El último tramo es lo que queda de vía verde, para peatones y para ciclistas, pasando por el último de los cuatro túneles de La Engaña: el túnel del Majoral, lo que será la antesala de la estación inferior del teleférico 'Mirador del Pas', si sale adelante.

“Empecé a ser consciente del problema que suponía la falta de aceras en Monte cuando tuve un bebé: dar un paseo con un carrito era un ejercicio de riesgo”. Hace ocho años que Elia Amo fue madre por primera vez. Ya lo sabía, pero fue entonces cuando midió las consecuencias concretas de que el barrio al que se había mudado en 2017 limitase su movilidad, al tener que moverse por estrechas y zigzageantes calles, caminos, y callejas sin aceras.

Hoy, para tirar la basura, Amo tiene que ir por una vía principal. Y, si va por el pan con sus dos hijas, la escena es así: “Tengo que pegarme a un costado y cogerlas de la mano en fila india no vaya a ser que se despisten”.

Monte es una postal de praderías y fincas que acaba en la costa, en la franja norte de Santander, a más de dos kilómetros del centro urbano. Pasó de pueblo con caminos a barrio con calles, sin mayores cambios en el suelo en ochenta años. Hasta que hace una década empezó un notable desarrollo urbanístico: las promotoras privadas de las nuevas urbanizaciones de chalets empezaron a construir aceras y el Ayuntamiento de Santander comenzó a mejorar viales y señalizaciones, pero una gran parte del extenso barrio continúa sin calzadas y las nuevas familias que llegan a la zona aumentan la población sin soluciones a la vista.

En 2023, el Ayuntamiento puso bolardos en el acceso al colegio público y al concertado del barrio y amplió el ancho del paso peatonal. Pero Elia Amo, que hoy tiene dos hijas, advierte de que es “un parche”. Por eso, junto a las madres del colegio público Eloy Villanueva se han organizado para reclamar un problema que el crecimiento demográfico exhibe, pero que implicaría expropiar parcelas en fincas para construir aceras.

“Este crecimiento no ha ido acompañado de una adecuada inversión en infraestructuras peatonales, lo que obliga a muchos niños a desplazarse al colegio por calzadas sin aceras”, cuestiona Emma Vila, madre de tres niños en el colegio público y una de las organizadoras de las acciones por la demanda de aceras, en un barrio que tenía 2.580 habitantes, según el INE, en 2024.

Ahora habría unos 3.600 residentes, según estimaciones de la asociación de vecinos de un barrio en el que hay más de un centenar de calles y dos colegios, uno público y otro concertado.

“Pedí una acera y pusieron un badén”

Vila vivió cuatro años en la calle Resconorio y califica de “privilegio” ir a pie al colegio “pero no en esas condiciones”. Cuenta que en esa calle “y en otras muchas de Monte”, si se cruzan dos coches, no cabe un peatón: “Nada más cruzar la portilla de casa nos encontrábamos directamente en una carretera”. Antes de mudarse, escribió al ayuntamiento para pedir una acera y, en su lugar, pusieron un badén.

Las vecinas y familias del colegio público piden que el Ayuntamiento construya aceras o recorridos peatonales, en las parcelas que actualmente son prados o suelos sin urbanizar, “sin supeditar estas actuaciones al desarrollo por parte de promotores privados”. Y en las zonas que ya están construidas, piden sobre todo reordenar el tráfico, priorizando el sentido único.

El crecimiento demográfico y urbanístico es consecuencia, en parte, de la venta de antiguas fincas privadas y también de la quiebra de la cooperativa de Monte, una histórica cooperativa agraria, con un abrupto desenlace en los tribunales, cuya quiebra dejó un reguero de deudas con los cooperativistas. Tras un acuerdo, sus propiedades y parcelas en propiedad pasaron a manos del Banco Santander, donde en los últimos años se ha desarrollado sobre todo promoción inmobiliaria privada.

El hecho de que gran parte del suelo sea de propiedad privada dificulta la ampliación de caminos con aceras, advierten un arquitecto y un geógrafo consultados. “Cuando son calles que ya existían, salvo que el ayuntamiento expropie, se espera que el particular ceda el suelo”, explica un arquitecto, bajo anonimato, con amplia experiencia en gestión municipal. “Los vecinos siempre esperan que la calle sea más ancha, pero, en estos casos, es a costa de su parcela, y eso es conflictivo”, plantea el experto.

El geógráfo de la Universidad de Cantabria Gerardo J. Cueto analiza imágenes de satélite de Monte y confirma que, desde 1953, la configuración de los viales no ha variado, que los caminos que tradicionalmente unían el caserío con los prados y barrios son los mismos que hace 80 años, “y seguramente varias décadas antes” en el intrincado devenir de Monte. “Creo que nadie desde el Ayuntamiento se ha ocupado en las últimas décadas de dotar a esos caminos tradicionales, ya convertidos en calles, de aceras, porque nunca les ha resultado interesante políticamente”, cuestiona Cueto, que reivindica el valor para la salud que supone para la población poder pasear “con tranquilidad”.

Javier Martínez, presidente de la asociación de vecinos desde hace más de quince años, advierte de que es “un contrasentido” que el barrio crezca, se mantenga una estructura “de callejas” y no se pueda garantizar la seguridad vial de Monte. Pero reconoce que la cesión de propiedades para el desarrollo de la zona es compleja: “Ahí sí que tendríamos o tenemos un problema”. 

“Mi hijo me dijo que había pensado en morirse para nacer de nuevo como un chico”. El día que el hijo de Antonia (nombre ficticio), con 12 años, le dijo esto en abril de 2026, su madre dejó de trabajar temporalmente para atenderle. Para ese momento, llevaba el niño un año desde que se identificó como niño y seis meses sin cita con la única psicosexóloga que hay en la unidad de género del Sistema Cántabro de Salud (SCS).

En 2025, el hijo de Antonia fue remitido a la unidad especializada del SCS por su pediatra de Valdecilla. Tuvo dos citas ese año. La última fue en octubre. De finales de noviembre a inicios de marzo, no hubo citas de psicosexología para personas trans porque la plaza se quedó vacante. “Iba a preguntar y me decían que había mucha gente esperando y no podían hacer nada”, dice que le respondieron sobre una unidad que no solo atiende a personas trans. En ese largo periodo, su hijo se deprimió, “tenía pensamientos suicidas” y acudió a Alega, la asociación que representa a la diversidad sexual y de género. Hasta mayo no tendrá la tercera cita en el sistema público.

Hasta el 9 de marzo de 2026, las citas no se reactivaron y la plaza de psicosexóloga para Cantabria estuvo vacante: habían pasado 104 días sin atención psicológica, según los cálculos de varias madres. El colectivo Alega y familias afectadas exigen una reforma del protocolo de Valdecilla para garantizar la asistencia psicológica a personas trans. Además, proponen la creación de una unidad con personal especializado en acompañamiento trans.

La vacante de la psicosexóloga, piedra angular del tratamiento, provocó un vacío que no se ha resuelto: desde marzo hay citas de nuevo con la sustituta, pero los más de tres meses sin psicóloga han impactado en la salud mental de las personas y ahora hay retrasos de meses en la atención. Esto ha provocado críticas porque detectan falta de especialización de la profesional sustituta en su manera de dirigirse a las personas.

“Es psicosexóloga, pero no es especializada en tratamiento trans”, cuestiona Luca González, vocal del grupo llar, trans y no binario, de Alega.

El 25 de noviembre de 2025, Jimena (nombre ficticio) recibió un whatsapp de la psicosexóloga del Sistema Cántabro de Salud que había acompañado durante los últimos tres años mensualmente a su hija de 13 años. Le informaba de que dejaba la plaza. La madre, sorprendida porque no se lo esperaba, le deseó suerte. Jimena advierte de que fue presencialmente a preguntar a la unidad de género y envió correos sin respuesta al hospital Valdecilla denunciando la situación.

Ni Jimena ni Antonia están convencidas con la nueva psicosexóloga, en la que aprecian una falta de empatía hacia los casos y Jimena asegura además hablar en nombre de otro adulto más con la misma impresión. “Si eres tan susceptible te va a ir mal en la vida”, dice Jimena, que escuchó decirle a la nueva psicosexóloga en su primera cita con su hija. “Yo no veía ni pies ni cabeza en la manera de tratar a a una niña que acababa de conocer”.

La atención de personas trans conlleva una atención integral, incluyendo acompañamiento psicológico. Desde 1991, el Centro de Salud Sexual y Reproductivo La Cagiga, en el Hospital de Valdecilla, en Santander, incluye la única unidad de género de Cantabria, atendiendo a personas trans “en sus procesos de definición, afirmación y vivencia”.

Pero los recursos de atención se han ido mermando: La Cagiga atendió 195 personas trans, entre 2015 y 2021 (últimos disponibles), según documenta el SCS. La Consejería no ha facilitado información a elDiario.es.

Desde 2018, en Cantabria, existe un protocolo de atención a las personas trans. Fue consensuado entre varios profesionales, como el primer psicosexólogo (de los tres que han pasado por la unidad), y Alega, entre otros. Ahora, el colectivo de personas trans de Alega demanda una actualización del documento: “Cuando se vaya esta psicosexóloga, volverá a pasar lo mismo. Y lo que implica es el el paro del tratamiento de muchas personas”, cuestiona Luca González, quien ha conocido al menos una decena de quejas recientes del servicio de La Cagiga.

A la privada como alternativa involuntaria

“Necesitaba una estrategia para trabajar con mis padres, que son gente de mente muy cerrada, necesitaba hacerlo porque iba a empezar a tener cambios físicos y prepararme para las reacciones”. Juan (Nombre ficticio) tiene casi 30 años y tampoco obtuvo la estrategia en el servicio público psicosexológico: pasó tres meses sin asistencia, le cancelaron su cita de enero, también presentó una reclamación en Atención al Paciente de Valdecilla y cuando fue atendido por la nueva profesional en marzo, la sesión dice que duró “unos veinte minutos”.

Por la falta de continuidad, decidió empezar con una psicóloga especializada en consulta privada. Ya lleva dos sesiones, pero reivindica el servicio público. Matiza que no responsabiliza a la nueva psicosexóloga, si no al Sistema Cántabro de Salud, en un momento en el que necesita particularmente el acompañamiento con sus padres, porque la siguiente cita será en junio.

Desde Alega ven una posible solución, que ya plantean en el capítulo sanitario en su Estrategia LGBT 2025-2027: crear una unidad trans que incluya todas las especialidades para “con una formación adecuada, tratar con unos tiempos de espera adecuados”.

Las familias del alumnado del CEIP Eloy Villanueva de Monte han trasladado su preocupación por la falta de condiciones adecuadas para garantizar caminos escolares seguros para los niños y niñas de la zona.

Con el objetivo de visibilizar esta problemática, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) ha organizando una marcha este sábado en la que han participado cerca de dos centenares de personas en bici, patines, patinete y a pie, en un recorrido que ha partido del centro escolar y ha concluido en el parque Ateca.

Desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro escolar público han recordado que, en los últimos años, Monte ha experimentado un crecimiento significativo en población, incluyendo un notable aumento de menores en edad escolar.

Sin embargo, este crecimiento no ha ido acompañado de una adecuada inversión en infraestructuras peatonales, lo que obliga a muchos niños a desplazarse al colegio por calzadas sin aceras, compartiendo espacio con vehículos y asumiendo riesgos innecesarios.

Así, consideran prioritario que el Ayuntamiento de Santander impulse medidas específicas orientadas a garantizar la seguridad de los menores en sus desplazamientos diarios.

Para ello, su propuesta pasa por actuar tanto en las⁠ zonas aún no desarrolladas (actualmente prados o suelos sin urbanizar), acometiendo la construcción de aceras y recorridos peatonales seguros sin supeditar estas actuaciones al desarrollo por parte de promotores privados, como también en las zonas ya construidas. En estas últimas proponen medidas como reordenación del tráfico en calles estrechas sin aceras, priorizando la conversión a sentido único para liberar espacio peatonal; la implantación de plataformas compartidas con prioridad peatonal o de semáforos que reduzcan el riesgo para los peatones.

Estas actuaciones no solo mejorarán la seguridad de los menores, sino que fomentarán la autonomía infantil, la movilidad sostenible y una mayor calidad de vida para todo el barrio, han considerado.

Por todo ello, han solicitado la elaboración de un estudio específico de caminos escolares seguros en el barrio de Monte y la inclusión de estas actuaciones como prioridad en los planes de inversión municipal.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha cuestionado este martes al Gobierno de Cantabria (PP) por pactar acuerdos con organizaciones sindicales y colegios profesionales, al margen de la mesa sectorial de sanidad: “Que se sienten a negociar en el foro que toca y no con colegios profesionales y en foros que no son adecuados; [no puede haber] pactos políticos y pactos profesionales”, ha reclamado Arancha Cosío, secretaria general autonómica de la Federación de Sanidad de CCOO.

Mientras avanza el anteproyecto de ley del Estatuto Marco para los profesionales sanitarios en España, la representante sindical ha hecho este llamamiento tras diversos acuerdos individuales del Ejecutivo autonómico en la presente legislatura desde Presidencia o desde la Consejería de Salud con el colegio profesional de médicos y el Sindicato Médico, los sindicatos Satse y CSIF y el colegio profesional de enfermería, además del convenio privatizador de 256 millones con el hospital Santa Clotilde, que incluye a su personal en el Sistema Cántabro de Salud (SCS).

Tras estos ejemplos concretos, concentrados entre 2024 y 2025, Cosío ha denunciado que los pactos benefician solo a “unas partes a las que [al gobierno] le interesa” en lugar de englobar a todo el personal sanitario “sin excepción ninguna”.

El borrador del estatuto marco lleva tres años de negociación —ha explicado la sindicalista antes de una asamblea informativa en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla—, tras 22 años sin actualizar. El documento incluye mejoras como la desaparición de las guardias de 24 horas para el personal facultativo y todo la plantilla que tenga guardias; la eliminación de los turnos nocturnos para el personal mayor de 55 años; la actualizacioón de categorías, la prevención y, entre otras cosas, por primera vez, se incluye formalmente al personal investigador como personal estatutario del sistema de salud.

Cosío ha estado acompañada de dos representantes de la federación a nivel nacional (Humberto Muñoz, secretario general de la Federación Estatal de Sanidad, y María García Soria, integrante del área de acción sindical). Los tres han comparado los intentos de negociar condiciones por separado para cada categoría con modelos que han considerado “obsoletos” frente a las mesas de negociación.

El estatuto, han reivindicado los sindicalistas antes de la mesa informativa en Valdecilla, una vez aprobado, se alejará de lo que han denominado “convenio franja”, que favorece mediante pactos individuales.

La polícía local de Santander investigada por la gestión del aviso de la pasarela de El Bocal no ha recibido ninguna formación específica en gestión de derrumbes, tan solo asistió hace nueve años a dos sesiones de formación de dos horas sobre el Plan de Emergencias Municipal de Santander (Pemusan) que impartió un técnico municipal en 2017.

La agente que recibió la llamada del 112 alertando del mal estado de la pasarela de la senda costera que se desplomó unas horas después provocando la muerte de seis jóvenes, anotó el aviso en un papel, pero no hizo nada más.

El Ayuntamiento de Santander ha reconocido a la jueza instructora del suceso de El Bocal que el cuerpo de policía local no organiza formación en derrumbes, ni de ningún tipo, a sus agentes, y descarga la responsabilidad de hacerlo en el propio Ayuntamiento o el Gobierno de Cantabria que, en su opinión, son los encargados de gestionar los cursos formativos.

Así ha respondido el inspector jefe de la Policía Local a la jueza, que había preguntado al Ayuntamiento si los agentes han recibido alguna formación en gestión de emergencias y específicamente en situaciones de derrumbe, dentro de la investigación del desplome el pasado 3 de marzo de la pasarela de El Bocal, en el que fallecieron seis personas y una resultó herida, en la costa norte de la ciudad.

La respuesta, a la que ha tenido acceso elDiario.es, ha sido negativa. En ella, el inspector jefe de la Policía explica que la única acción formativa -“sin tener la consideración de curso”- que pudiera tener “alguna relación” con derrumbes equivaldría a las sesiones de formación, con una duración aproximada de unas dos horas, que imparte un técnico municipal sobre el Plan de Emergencias Municipal de Santander (Pemusan), que da un técnico municipal. “Según consta en los archivos de la Policía Local” la policía investigada asistió a una sesión de formación en el Plan de Emergencias, de dos horas, hace 9 años, el 27 de junio de 2017.

La instructora del caso solicitaba a la jefatura de la Policía Local que indicase si se ha impartido curso alguno de formación, perfeccionamiento o especialización a los miembros de la Sala 092 o Centro Coordinador de Servicios, como la policía investigada en el suceso de El Bocal, durante los últimos diez años, en materia de gestión de emergencias y, específicamente, sobre actuación policial en situaciones de derrumbes.

“En la materia concreta por la que se pregunta, no se ha impartido desde esta Policía Local curso alguno”, han respondido desde el Ayuntamiento, enfatizando que es el Gobierno de Cantabria o el Ayuntamiento quien los organiza, como si la Policía Local fuese una institución ajena al propio consistorio.

En una ciudad del tamaño de Santander es enigmático oír hablar de repente de una desconocida y céntrica finca que ocupa más de 5.000 metros cuadrados y que ha sido expropiada por el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento sin revelar el precio de compra. La parcela mira al sur, a la bahía: está en cuesta, tiene enormes árboles centenarios y densa vegetación. Entre una urbanización de chalets de 1926 —llamada La Tierruca— y unos bloques de los sesenta —llamados La Amistad—, el solar es un frondoso misterio.

El pasado miércoles 15 de abril de 2026, Adolfo Vázquez entra por primera vez en la finca contigua a su bloque. Lo hace invitado por la concejala de Barrios de Santander porque preside la asociación de vecinos La Amistad: le dicen que la finca ha sido expropiada, van a limpiar la vegetación y demoler una casa. Vázquez, con 55 años, siempre ha vivido en la zona y no sabe más que su nombre: finca Las Floristas.

El Ayuntamiento manda una nota de prensa después de la visita, con una información en la que es complicado saber qué solar es y mucho menos entender qué ha pasado con un finca que ocuparía tres cuartas partes de un campo de fútbol profesional.

Conocido en parte el desenlace, a esta historia, le falta el principio y el nudo. Tras contactar a un arquitecto, un líder vecinal, un político, dos periodistas, un librero y una artista, es esta última, Majo García Polanco, quien empieza a desenmarañar la historia del jardín: sabe que era de un médico, puso ahí un negocio para sus tres hijas y sabe dónde trabajan los herederos porque conoció a una nieta.

El hijo de aquella señora trabaja en la zona comercial del centro de Santander, a diez minutos de la finca a pie. Entusiasta de su legado familiar, Sergio Barrio se acerca a la entrada de su floristería y pide observar una foto en blanco y negro, donde se ven unas señoras, en un jardín: “Enriqueta, Ignacia y Manuela (Manina), con la abuela Mamá Ángela, en la finca. Las tres hermanas son las floristas”. Su tienda se llama como la finca: Las Floristas.

El jardín 'Las floristas' tiene su origen alrededor de 1870 con Enrique Gutiérrez Hazas, el bisabuelo de Sergio Barrios. Fue un médico oftalmólogo que trabajaba en el Hospital de Valdecilla. Vivía en la calle Ruamayor, pero como cobraba muchas veces en especie, decidió comprar una extensa propiedad a un costado de la calle del Monte —que es una de las arterias que une el centro con la calle más larga de la ciudad—, para que sus tres hijas la explotasen. Extensa porque, hasta la construcción de los bloques de La Amistad, ocupaba por lo menos un tercio más de lo que es hoy.

A finales del siglo XIX no había floristerías en Santander. “Fue un vivero, lo que hoy sería un 'garden center'; la gente subía a la finca para que las hermanas les confeccionaran los ramos en el momento”, cuenta mirando la foto. El jardín cambiaba según la estación del año: mantos de rosas o gladiolos, lilas y azucenas, crisantemos o begonias. También frutas. Criaban pájaros y tenían un estanque de peces, cuenta mostrando un premio de 1915, en el escaparate. En la finca queda hoy un eucalipto antiquísimo, además de camelias, magnolios y laureles centenarios. Este espacio cuenta con un inventario botánico de especies protegidas.

En la parte alta de Las Floristas estuvo la parcela de la casa familiar, hoy demolida. La mayor parte de la finca estuvo ocupada por el vivero, donde se construyó a mediados de los cincuenta una casa que funcionó como almacén y que es la que el Ayuntamiento piensa tirar también. Mientras el florista habla, unas clientas entran en la tienda buscando una orquidea. Piden una que tiene una peculiar maceta azul. La maceta no está en venta, les dice, es parte de lo que los herederos han rescatado antes de vender el solar, junto con bancos, mesas y fuentes decorativas que sumaron más de 2.000 kilos al ser trasladados.

Barrios señala otra foto enmarcada en la tienda. Salen sus familiares en el entorno del Palacio de La Magdalena: “Les llevaban ramilletes a la familia real y el rey Alfonso XIII —que veraneó 18 años en Santander— visitaba mucho la finca; no solo era un vivero, era un centro cultural y social en Santander”. Queda una prueba: el periódico La Atalaya publicó en portada en 1926 un artículo sobre el jardín y cómo el bisabuelo estaba influido por el filósofo Rousseau.

La familia puso una floristería en el centro de Santander y conservó el vivero, pero el mantenimiento del jardín, dice Barrio, era muy caro. En la posguerra vendieron la parte de la finca donde están ahora los bloques de La Amistad a un poderoso constructor de la época llamado Onésimo Amiano: “Después de la Guerra Civil, madre de Dios, las floristas las pasan canutas y tienen que empezar a vender”. A finales de los años ochenta el Ayuntamiento de Santander ya trató de expropiar la finca.

Hace cuarenta años, la alcaldía hizo una modificación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para una vez expropiada, convertir Las Floristas en un parque, pero Barrio —reticente a hablar de política— dice que fue denegada judicialmente por un defecto de forma al no haberse realizado un inventario natural previo. Así, la finca fue declarada zona verde y esto derivó en litigios urbanísticos con el Consistorio que duraron décadas, en los que la finca pasó en varios momentos de suelo residencial a no urbanizable.

Barrio dice que propuso soluciones, como continuar la urbanización de chalés como La Tierruca o un aparcamiento subterráneo con un parque público arriba, pero el Ayuntamiento rechazó sistemáticamente modificaciones puntuales al PGOU. Sin posibilidad de desarrollar la finca y con un costo alto de mantenimiento, tras la muerte de su madre en 2020, Sergio Barrio y su hermano, herederos de Las Floristas, pidieron legalmente al Ayuntamiento que hiciese una expropiación forzosa, justificando falta de soluciones urbanísticas.

El Consistorio no presentó alegaciones al expediente, por lo que se quedó con la finca por la valoración establecida judicialmente. Barrio no quiere decir por cuánto ha vendido Las Floristas. “Más o menos la mitad” de la tasación de sus propios arquitectos para cerrar el proceso, accede a decir este propietario que cobró la primera parte del pago en febrero del pasado año y entregó las llaves de la finca en junio.

“¿Cómo mantenemos esto? ¿Cómo habéis hecho?”, dice Barrio que le preguntaron desde el Ayuntamiento al entrar en la finca. En el pleno municipal de abril, la alcaldesa, Gema Igual (PP), dijo antes de denegar una moción del PRC para la limpieza de la finca que quiere que sea “un pulmón para el barrio, una zona de amplitud, una zona de expansión”, pero no la llamó por su nombre. Era “la parcela de la calle Amistad”.

La tupida vegetación, con densas hiedras en los muros, ha podido dar una impresión de dejadez, pero en origen respondía a “una vocación de pasar desapercibidos”, defiende Barrio mientras cuenta que la finca ha estado habitada hasta que falleció su madre. Y él y su hijo han ido con frecuencia hasta la reciente expropiación municipal de la parcela. Ahora asegura que él prefiere no volver por ahí. Solo espera que si se hace un parque, se llame Las Floristas.