Los señalamientos a la gestión del Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander (SMTU) se han colocado en la lista de conflictos abiertos que afronta el Ayuntamiento de Santander que lidera la alcaldesa Gema Igual (PP) con trabajadores municipales. Los seis sindicatos que integran el comité de empresa han consensuado una posición crítica por considerar que la gerencia del servicio “incumple” la gestión de la bolsa de empleo y suman ahora nuevos conflictos con la gerencia: falta de plantilla, de vestuario, de transporte y de espacio en las cocheras ante el aumento “insuficiente” de la flota y una posible externalización a cocheras privadas como solución.

En un año marcado por las tensiones con la Junta de personal municipal y, en particular, con la policía local, el conflicto con la la bolsa de empleo de los trabajadores de autobuses supone otro frente para el equipo de gobierno del PP, de cara a las elecciones.

En la última oposición, la bolsa de aprobados quedó corta y el Ayuntamiento abrió una bolsa extraordinaria que incluía a postulantes que, supuestamente, habían suspendido pruebas prácticas. A continuación, cuando salieron los resultados de los admitidos, algunos aspirantes que les correspondía trabajar, avisaron al comité, que detectó que se habían saltado números correlativos. Al pedir explicaciones formales, la gerencia -según los seis sindicatos que integran el comité- les confirmó verbalmente que se había alterado el orden de llamamiento sin notificación escrita previa a los afectados.

Consultados por elDiario.es, los seis sindicatos hacen un diagnóstico común que agrava el panorama: no existe un listado público en línea de la bolsa de empleo en el que los candidatos puedan ver cómo avanzan. Es la gerencia la que, por petición sindical, traslada el documento con la lista. Sucede así desde hace años, pero el comité denuncia que es la primera vez que se producen este tipo de saltos en la bolsa.

El comité cuestiona que la justificación que dio el Ayuntamiento es que busca limitar así las demandas judiciales por abuso de temporalidad. Y es que los trabajadores que superan los tres años de contratación continuada entrarían en “fraude de ley” y podrían reclamar indemnizaciones o que se les hiciera fijos. Presuntamente, se les argumentó que esto ocurre porque se trata de aspirantes que acumulan “mucha interinidad”, reconfirman los seis sindicatos.

El presidente del comité (CCOO), Miguel Ángel Iglesias, cuestiona que, desde la gerencia, que funciona bajo el paraguas de la concejalía de Fomento, “no se nos transmite información ninguna” y consideran que han tomado “arbitrarias”. En el sindicato SCAT califican la fórmula del salto en la lista como “unilateral”. Desde CSIF señalan que se dan “un montón de negociaciones particulares” y en UGT se exige que el funcionamiento “debería ser más transparente”.

La sección sindical de USO ha obtenido varias victorias judiciales recientemente contra el abuso en la contratación temporal. Su objetivo, es “frenar la precariedad y reparar el perjuicio sufrido por los trabajadores tras años de temporalidad prolongada e injustificada”, indican en un comunicado tras su último fallo favorable con compensación especifica por abuso de temporalidad. Estas resoluciones la sitúan como “la única representación de todo el servicio que está obteniendo fallos favorables y compensaciones económicas”, indican desde la sección sindical.

El comité reclama que debería de informarse a los aspirantes porque, en algunos casos, ya les han trasladado su intención de llevar la situación a los tribunales, con lo cual, subrayan, la gerencia no resuelve el exceso de interinidad en los juzgados. Para las próximas oposiciones, censuran desde el comité, se les ha avanzado la intención de “eliminar los méritos” acumulados por los candidatos a la hora de competir, por lo que anticipan otro foco más de conflicto.

Plantilla “deficiente”, cocheras “obsoletas” y externalización

El presidente del comité relata que recientemente varios nuevos empleados acudieron a trabajar con ropa de calle durante varios días. “Lo del tema de la ropa ya es vergonzoso”, confirman desde el sindicato SIEP. En teoría y por convenio, cada dos años, la gerencia les renueva el vestuario reglamentario. En la práctica, llevan cuatro años sin ropa nueva.

A esto suman -y coinciden el resto de sindicatos- una plantilla “deficiente”. La falta de personal, indican desde SCAT, obliga a “tirar de jornadas voluntarias” y “horas extraordinarias”, situación sobre la que CSIF calcula que los conductores acumulan “sobre 9. 000 horas extras” y en SIEP elevan “10.000 ó 12.000 horas”. extraordinarias.

Los sindicatos describen unas cocheras “obsoletas”, que “se han quedado pequeñas”. Las cocheras del Servicio Municipal de Transportes tienen alrededor de cinco años, estiman, “pero ya no caben” los vehículos. Los sindicatos valoran positivamente el estado de las cocheras, pero mientras el Ayuntamiento anuncia que renueva la flota, señalan, “hay que hacer con menos autobuses, en el mismo tiempo, las vueltas”. Esto hace que los conductores se sientan “muy presionados”, cuestionan en SIEP. En este contexto, señalan desde UGT, hay prejubilaciones pendientes que no se acaban de ejecutar, lo que eleva la presión laboral.

Todos los sindicatos -a excepción de CSIF, que habla de “refuerzo” y “ayuda” al ser preguntado por las rutas externalizadas que gestiona Alsa, hablan de líneas externalizadas. Y varios coinciden en un riesgo al señalar la falta de espacio en cocheras: que el Ayuntamiento busque espacio en cocheras privadas. Desde USO rechazan la privatización de las líneas: “ya hay varias y el servicio está cada vez peor”, cuestionan. Y lo sintetizan desde SIEP: “Nos preocupa muchísimo porque, una vez que externalizan, es casi imposible que ese servicio vuelva al Ayuntamiento”.

'Nos quedamos'. Eso es lo que pone en un cartel colgado en una de las ventanas del piso de alquiler donde viven María L. Brizuela y F. Manuel Saiz, de 55 años y con dos hijos. Muchos carteles decoran los cristales de las 107 viviendas de renta asequible de la calle Hermanos Calderón, en Santander, que fueron vendidas por Fundación La Caixa al fondo de inversión Mosaic Propco.

En otras casas pone 'Nuestros hogares no son un negocio', 'Lucho por mi techo', o, 'Gema, te da igual el artículo 47'. La diferencia es que Brizuela y su marido son los únicos cuyo contrato vence en 2026, en concreto en noviembre, tras siete años en ese piso. Esta es la primera familia que afronta su posible salida. “Es mi casa, es nuestra casa, en noviembre no nos vamos, nos quedamos aquí”, defiende Brizuela con firmeza, sentada con Saiz, en una cafetería debajo de su bloque, en Peñacastillo, a las afueras de Santander.

La pareja acepta dar sus datos, pero pide no ser retratada. Acceden a que se vean sus manos y las entrelazan. Cuentan que, para acceder al piso de alquiler asequible, siete años atrás, tuvieron que pagar el mes de alquiler, el mes de fianza y un depósito de 1500 euros: “Suma que estaba sin amueblar, con los consiguientes gastos”. Entonces, Brizuela trabajaba en residencias de mayores y su marido era autónomo.

En junio de 2025, esta familia cuenta –con resignación– que estaba negociando la posible compra del piso. “El último precio que nos dio La Caixa eran 150.000 euros y nosotros ofrecimos 135.000 y ya nunca nos contestaron”. Cuando, en octubre, fueron notificados como los demás de la venta de los tres bloques de alquiler asequible al fondo de inversión, dice que llamaron a su arrendadora, “pero se desentendieron completamente”, afirma Brizuela.

En enero de 2026, “un señor con traje” llamó a su puerta para “tomar contacto con los vecinos”. Llevaba la ficha de la familia. “Sabía que habían intentado comprar. Nos dijo que el precio de venta era 248.000 euros... Y nunca más”, evoca Saiz, que hoy es panadero y su mujer tiene plaza de auxiliar en el hospital Valdecilla.

La tensión ha marcado a esta familia y a las más de ochenta restantes que han visto cómo, si no acceden a pagar el precio que oferta en cada caso el fondo de inversión, se quedan sin su casa. Saiz es pesimista –dice–, Pero Brizuela es optimista. En 2026, el Gobierno de España anunció un Real Decreto que permitía una prórroga de 2 años en vivienda habitual siempre que el contrato venciese antes de 2027. Brizuela y su familia solicitaron acogerse a la prórroga, pero fue rápidamente derogada.

Aun así, confían en que puedan quedarse, amparándose en la vigencia de la prórroga cuando la pidieron. Cuentan que les ha ayudado que su hija mayor es jurista, para entender que los procesos jurídicos se dilatan. Consultado al respecto, Juan Manuel Brun, abogado de las familias residentes en los 107 pisos dice a elDiario.es que “sería extraño que el juez contemplara el desalojo, en caso de que fuera instado –por Mosaic–”.

En el resto de mesas, cerca de las siete de la tarde de un día entre semana, la gente charla tranquila. Con dos vasos de café ya vacíos, Saiz dice que fue “más batallador” en su juventud, pero que ya no. Y Brizuela, que tiene la misma edad que su marido, se siente “cada vez más reivindicativa, cada vez más luchadora, cada vez más peleona”. En lo que ambos coinciden es en una idea que repite Saiz varias veces: “No me va a presionar nadie para largarme de aquí”.

El Ayuntamiento de Santander, que lidera la alcaldesa Gema Igual (PP), acumula en lo que va de 2026 más de quince casos en los tribunales. Y esto solo contando los que son sido públicos. La regidora afronta un presente particularmente judicializado contra su gestión, tras 23 años en el equipo de gobierno de Santander (13 como concejala y 10 como alcaldesa), más teniendo en cuenta que volverá a ser candidata por el PP en las próximas municipales.

Están las adjudicaciones anuladas, como la feria taurina y el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). También las medidas cautelares, como la que otorgó el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria para permitir la celebración de la misma feria de toros o la que obliga a la reapertura temporal al tráfico del acceso peatonalizado bajo el arco de Faro Santander, que fue peatonalizado. También están las demandas sindicales por conflictos de personal municipal. Y a esto se suman las denuncias de colectivos, como la del futuro McDonald's en un mercado o la zona de bajas emisiones, de grupos vecinales y asociaciones.

El Ayuntamiento de Santander enfrenta dos litigios ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales por adjudicación de contratos: el de la feria taurina y el del PGOU. El verano llegó con la posibilidad de que no se celebrase la feria taurina, una de las fiestas más importantes para la alcaldesa, cuando un tribunal anuló la prórroga del contrato que la empresa Lances de Futuro tenía para gestionar externamente la plaza de toros.

Entonces, el Ayuntamiento, a través de la empresa municipal, recurrió la decisión y pidió con éxito medidas cautelares para poder festejar, aunque el recurso sigue pendiente. Si no se hubiese celebrado, según el auto del juez, Santander se hubiera quedado “alicorta, deprimida; irreconocible, en suma, como tal fiesta grande de la ciudad”.

El mismo tribunal que anuló la adjudicación de la feria taurina, suspendió poco después, de forma cautelar, el contrato para redactar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que el Ayuntamiento adjudicó a la segunda empresa mejor valorada Esto sucedió tras un recurso admitido de una firma, que quedó excluida a última hora del proceso.

La empresa Omicron-Amepro obtuvo la mejor puntuación, por lo que recurrió su exclusión del proceso y solicitó, al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público, la suspensión cautelar de la tramitación hasta que se resolviera el recurso. Esto sucede en una ciudad en la que su último PGOU se aprobó en 2012 y fue anulado por el Tribunal Supremo en 2016.

Este año, la justicia admitió a trámite el recurso para la reapertura al tráfico que hizo el grupo municipal Izquierda Unida del vial que discurre bajo el arco del nuevo centro cultural Faro Santander, que estos días está de inauguraciones. Y es que la regidora dijo hasta en cinco ocasiones, a lo largo de seis años, que el cierre concluiría en cuanto terminase la obra de Faro Santander.

Un caso en el que un juez de lo Contencioso-Administrativo obligó a la administración local a la reapertura provisional de una calle que ha sido peatonalizada. El Ayuntamiento pidió a la justicia que revocase la decisión y la alcaldesa avanzó que, de hacerlo, no lo haría antes de que concluyan los eventos inaugurales.

Así tendrá que ser -aunque la alcaldesa no lo ha ejecutado- mientras se resuelve el contencioso en el que IU ha exigido ante la Justicia que el ayuntamiento que dirige Gema Igual (PP) abra de nuevo una calle cerrada al tráfico desde 2021.

La política de personal del ayuntamiento también es un frente abierto para Gema Igual, con cinco victorias judiciales, solo del sindicato CSIF, casi consecutivas. La justicia anuló y exigió que el ayuntamiento rehiciese las bases para el concurso de intendente de Policía Local y la adjudicación de una comisión de servicios. También obligó al consistorio a pagar a un trabajador un curso de adiestrador canino que había pagado de su bolsillo,un complemento no cobrado desde 2017, y a pagar 26.000 euros a los escoltas de la alcaldía por horas extra que se les adeudaban.

El consistorio también tuvo que suspender el examen de diez plazas de auxiliar administrativo y anunciar una nueva convocatoria, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) declarase caducada una plaza de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2019, por lo que se obligaba a anular los actos posteriores a esa plaza. El TSJC señalaba que los tres años de vigencia de una oferta debían abarcar todo el proceso selectivo, no solamente la convocatoria, y las diez plazas correspondían a 2022.

Después vino el final del largo conflicto con la ex concesionaria del servicio de basuras. Ascan-Geaser rechazaba la finalización del contrato decidida por el Ayuntamiento tras años de señalamientos políticos y vecinales de mal estado de los contenedores y falta de limpieza en las calles. La sentencia, en este caso favorecía al Ayuntamiento, porque rechazaba la petición y avalaba la resolución municipal del contrato por incumplimiento del contratista.

Conflictos con el Estado

Los choques por competencias están en los tribunales también. En el primer caso, es una larga guerra de competencias en los tribunales respecto a un antiguo balneario, conocido como La Horadada. Dedicado mucho tiempo a restauración y a una escuela de surf, quedó abandonado hace veinte años, en la playa de Los Peligros. Este caso, muy alargado en el tiempo, deriva de que el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) anunció en 2011 su demolición, por el mal estado del edificio, pero el Ayuntamiento impidió al Gobierno Central la demolición del edificio “por su protección cultural”.

La Audiencia Nacional obligó al Consistorio a asumir la conservación de La Horadada y rechazó su recurso contra la decisión del Miteco de que fuese el Ayuntamiento el que se hiciese cargo de la infraestructura. La Audiencia, de hecho, refrendó la legalidad de la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre e impuso las costas al Ayuntamiento.

El segundo caso, el que está marcando el año, es la judicialización del desplome con consecuencias mortales de la pasarela de madera en la playa de El Bocal, en la que una joven resulto herida y murieron seis jóvenes. El Ayuntamiento se personó en la causa y la alcaldesa defendió su gestión en dos sentidos: por un lado, respecto a la obra del proyecto de la senda costera del litoral, que incluía la pasarela, Igual defendió en varias ruedas de prensa que nunca recepcionó la obra que realizó Dragados para la Demarcación de Costas y que, por lo tanto, no le correspondía el mantenimiento de la pasarela siniestrada.

Gema Igual hizo esta defensa hasta que la jueza que instruye el proceso determinó que el mantenimiento le correspondía a Costas. Y por otro, se desentendió de la policía local que recibió el aviso del 112 tras una llamada de un vecino el día antes de la tragedia y la expedientó, al tiempo que la agente pasaba a ser investigada.

Vecinos contra McDonald's, ZBE y un arco

Las denuncias de asociaciones vecinales también son una vara de medir el presente de Gema Igual. A inicios de año, arrancó otro litigio que tenía que ver con el tránsito, en particular el de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), con el recurso por lo Contencioso que presentó la Asamblea Ciudadana Santander Saludable contra la ordenanza de la ZBE, que entró en vigor en 2026, y que abarca el 0.06% de Santander.

Luego, la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche recurrió las licencias que ha dado el Ayuntamiento a la nueva concesionaria que va a explotar uno de los tres mercados de Santander, el de Puertochico, y fue admitido a trámite. Éste es uno de los casos más polémicos de los últimos años porque buena parte de la superficie del mercado ha pasado de ser pensada para poner algunos 'gastrobares' a aprobarse la instalación de un McDonald's con una amplia terraza exterior, con horario continuado. Es uno de los casos que más sobresale por el conflicto vecinal que ha generado en el centro de Santander.

El mismo día de la inauguración de Faro Santander, el 7 de septiembre, una comunidad de vecinos de la calle Marcelino Sanz de Sautuola, que conecta con el arco, presentaron una nueva demanda contra el Ayuntamiento para exigir la reapertura al tráfico. El vecindario de “más de 200 personas”, formado por 84 viviendas y 58 garajes, constituye el último caso de conflicto vecinal judicializado que afronta Gema Igual en la recta final hacia las elecciones municipales.

“Voy a salir a ganar las elecciones, lo tengo clarísimo. Me voy a dejar la piel”, ha dicho este viernes Felipe Piña, a ocho meses de las elecciones municipales. “Se va a votar es a Santander y no una siglas”, ha lanzado el portavoz del Grupo Municipal Regionalista en Santander, tras anunciar que ha presentado su candidatura a las primarias dentro del PRC para ser el aspirante a la Alcaldía de Santander.

De esta forma, si gana las primarias, competirá frente a la regidora Gema Igual (PP), a la que ha calificado como “probablemente, la peor alcaldesa de toda la historia de la ciudad”.

Piña ha dado declaraciones en la plaza del Ayuntamiento de Santander, en las que ha hablado de un proyecto “transformador” que dará lugar a una “recuperación” de la ciudad, “totalmente abocada a la decepción de los vecinos”. “Hoy se inicia un nuevo ciclo en Santander”, ha defendido tras la apertura del calendario de los comicios internos, del PRC.

“No me presento como un candidato ideológico, sino como -y permitidme que haga esa apreciación- como el candidato de todos los santanderinos”. Piña, que ha creado durante tres años un perfil activo en redes sociales recorriendo los barrios de Santander, ha advertido de que, en este tiempo, ha notado un “tsunami” en contra de la regidora: “Santander era la envidia de cualquier ciudad y se ha convertido en algo que ha decepcionado a los vecinos en cada esquina, en cada barrio”, ha dicho sobre sus visitas a los barrios de la ciudad.

Además, ha calificado de “error” por parte de Génova que sea candidata a continuar en la Alcaldía, después de casi 50 años de gobiernos del PP en la capital de Cantabria: “Sin ningún género de duda, va a bajar” en sus resultados electorales y ha vaticinado que no se repetirá una mayoría absoluta.

Consultado sobre si contemplaría una coalición PRC-PSOE en el futuro equipo de gobierno, se ha circunscrito a su plan: “No podemos hablar de coaliciones, como digo, en una situación de que yo voy a salir a ganar las elecciones”.

Piña ha cuestionado que el Ayuntamiento que dirige Gema Igual haya “creado” un modelo “de ciudad escaparate y masificada”, que ha dado con “la expulsión de los vecinos”. Por todo ello, ha insistido en la necesidad de “recuperar” la ciudad. “La alcaldesa va a bajar por desgaste, por la mala gestión, por la soberbia”, ha vaticinado Piña.

Piña ha asegurado que “estaría contento” si alguien más del partido se presentara como candidato a las primarias -que se celebrarían el 10 de octubre-. El candidato ha dicho que agradece las primarias del PRC, “de la misma manera que mi aterrizaje en 2023 fue un poco abrupto”, ha dicho en referencia a su candidatura en las anteriores municipales.

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Santander coincide con el Partido Popular en respaldar la peatonalización del arco del antiguo Banco Santander, si el equipo de gobierno que dirige Gema Igual (PP) presenta informes técnicos de seguridad que así lo avalen. En un paso más allá, también propone cerrar al tráfico más calles cercanas a Faro Santander, como Hernán Cortés y Peña Herbosa. Mientras, el PRC admite que podría haber estado de acuerdo en esa solución “siempre justificada y con el máximo consenso” pero ahora hay que abrirlo porque lo ha dicho un juez.

Como ha adelantado la Cadena SER y ha confirmado elDiario.es, el PSOE sostiene que los vehículos no deben volver a pasar por este tramo de la calle Sanz de Santuola donde se ubica la puerta de acceso al museo. El portavoz del PSOE, Daniel Fernández, ha dicho que “abrir ese espacio al tráfico, desde el punto de vista del sentido común, va a generar problemas”.

Fernández -que es empleado en excedencia del Banco Santander- ha aseverado que si el equipo de gobierno del PP hace una comisión previa y lo lleva a pleno, el PSOE aceptaría el proyecto: “Si nos explican todo, donde nosotros podemos hacer valoraciones, nosotros votaríamos a favor de que se mantuviese cerrado” al tráfico.

De hecho, los socialistas consideran que la zona peatonal debería extenderse más allá del arco, de forma progresiva, hacia las calles aledañas, hasta Peñaherbosa y Hernán Cortes. Y, para no afectar a los residentes, han planteado como alternativa instalar un sistema de pivotes automáticos con lector de matrículas.

Frente al PP y el PSOE que defienden la peatonalización, los otros tres grupos de la oposición, Izquierda Unida, VOX y el PRC defienden la reapertura. Por distintas razones. IU ha presentado el recurso judicial que ha desencadenado en las medidas cautelares dictadas por el juez, que obligan a abrir al tráfico hasta que se resuelva definitivamente. El concejal Keruin Martínez reprocha que el Ayuntamiento ha intentado “legalizar después” una decisión -la de peatonalizar- que se ejecutó sin el procedimiento y los informes previos necesarios.

En febrero de este año, planteó una moción en el pleno municipal para revisar si la actuación urbanística coincidía con el proyecto original de Faro Santander: el PP la rechazó, el PSOE la apoyó, Vox y PRC se abstuvieron.

A preguntas de elDiario.es sobre esta polémica, el PRC dice que “hay un juez que manda abrir y hay que abrir”. El portavoz regionalista Felipe Piña reconoce -en condicional- que previamente no hubiera desechado el cierre, si antes se hubiese solucionado la movilidad de residentes y comerciantes con informes técnicos de seguridad.

“Con esto podríamos haber estado de acuerdo en esa solución, siempre justificada y con el máximo consenso” -precisa- “no como se ha hecho: por la puerta de atrás y sin informes, algo gravísimo desde el punto de vista procedimental administrativo”. En el presente, ante la situación actual, Piña considera que “ese vial ha dicho un juez que hay que abrirlo y la alcaldesa no debe desobedecer, hay que cumplir la ley”.

Por su parte, el socialista Daniel Fernández justifica su decisión. Dice que la crítica que ha hecho a la alcaldesa sobre este asunto “desde el principio” estuvo orientada a la ausencia de documentación y de informes que justificasen el cierre. “Que ha sido un capricho de última hora, totalmente opaco”, matiza. “Aquí la crítica ha sido precisamente hacia cómo lo han hecho, no hacia lo que han hecho”, concluye.

Cronología de la polémica

La alcaldesa Gema Igual (PP) dijo en 2021 que, una vez finalizadas las obras de Faro Santander, se retomaría el tránsito bajo el arco. Sin embargo, en 2026, meses antes de la inauguración de la reformao, Igual anunció que se mantendría cerrado. Tras esto, Izquierda Unida denunció por la vía judicial la decisión y la semana pasada obtuvo medidas cautelares para que el Consistorio reabra -mientras dure el proceso judicial- el tránsito de para el paso de la línea de autobús 5C2, de residentes, vehículos de emergencia y del transporte de mercancías que suministra a los comercios de la zona.

Tras esto, el PSOE acusó a Gema Igual de “engañar” a la ciudadanía“ y le afeó que ”gobernar también consiste en cumplir la palabra dada a tus vecinos“, en referencia a la promesa de recuperar el tráfico. Después, el Ayuntamiento pidió unos días más al juez mientras se celebran las actividades de inauguración -aunque avanzó que pediría que se revoque la decisión judicial- y una comunidad de vecinos también denunció al Ayuntamiento por el cierre. Mientras tanto, el tránsito bajo el arco sigue siendo peatonal.

Desde el PSOE, que habían llevado tiempo atrás el cierre al pleno del Ayuntamiento, tanto el concejal Javier González de Riancho como el portavoz Daniel Fernández, han cuestionado la forma de proceder del equipo de gobierno: “No ha explicado bien lo que quería hacer desde el principio y ha venido a hechos consumados a decir que eso se cerraba”, ha criticado González de Riancho.

Para el PSOE, el Ayuntamiento ha tenido cinco años de obras “para reorganizar el tráfico, el acceso, la peatonalización de la zona y la línea de autobús, y de repente, de un día para otro ha dicho la alcaldesa: 'No, que eso se va a quedar cerrado, peatonal”, ha advertido González de Riancho.

Este año, el día del Milagro, en Torres, se hablaba de otra cosa además de la festividad en honor de la patrona. El 8 de septiembre, durante la virgen del Milagro, en el barrio de Torrelavega, sobrevolaba en la conversación el hallazgo del cuerpo de Arsenio Velasco, de 88 años, en su casa, cuatro días antes. Vivía con su hija y la pareja de ésta, pero hacía alrededor de tres años que nadie le veía, según los vecinos consultados por elDiario.es.

La misma semana que la Policía encontró el cadáver, una vecina se encontró con la hija y le preguntó por su vecino: “¿Qué tal tu padre?'. Y dice, 'Bien, en casa está, no sale'. No le dijo ninguna mentira”, relata Montse Pérez, vecina del fallecido y presidenta de la asociación de vecinos de Torres, a quien le contó la vecina el encuentro.

La semana pasada, la trabajadora social del centro de salud que le corresponde a Torres dio el aviso a la Policía Local de que el vecino, que había llegado a estar ingresado en el hospital de Sierrallana, llevaba “alrededor de un año” sin pasar por consulta. Lo confirma Alberto Rubio, concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento, gobernado en coalición PRC-PSOE. En el Ayuntamiento, sostiene, no consta ningún expediente de Arsenio Velasco en los servicios sociales.

Tras el aviso, dos patrullas distintas fueron en dos ocasiones a visitar al vecino, el día 1 y el día 2, pero nadie respondía. Uno de los agentes propuso regresar. Tras esperar a los familiares, el 4 de septiembre encontraron el cuerpo. La policía “casi no podía entrar a la casa de la acumulación de basura” que había, señalan desde el Ayuntamiento. Los agentes se encontraron un cadáver que llevaba “bastante tiempo ahí en la cama”, dice Enrique Sáez Trigueros, jefe de la Policía Local de Torrelavega, cauto a falta de la autopsia. Tras hacer las primeras diligencias, llegó la Policía Nacional, el médico forense y el juez.

Posteriormente, la hija de Velasco y su pareja fueron a declarar “voluntariamente”, según fuentes del equipo de gobierno, y fueron puestos en libertad, mientras avanza la investigación, por no correr riesgo de fuga, según fuentes municipales, que señalan que la pareja hacía “vida normal, como que si estuviese bien el hombre”.

“Ayer estaba yo tendiendo la ropa y por ahí pasaban los dos individuos, con su mochila, como siempre”. Los dos individuos son la hija de Velasco y su pareja, que paseaban por la zona baja del pueblo. Lo cuenta Montse Pérez, en la terraza de una cafetería de Torres, al día siguiente del Milagro.

En Torres, con poco más de mil habitantes, mucha de la gente ha trabajado en la mina o en la fábrica de Sniace. Se divide popularmente entre la zona de abajo, junto a la carretera nacional, y la de arriba, una zona de casas entre boscosas cuestas, divididas por “el muro”. Es uno de los diques -hoy convertido en zona de paseo- que se construyeron para acumular los residuos de la actividad minera. Debajo de la casa del fallecido está el muro, llamado dique 27.

La vivienda donde vivía Velasco, minero jubilado de la antigua mina de Reocín, queda a un costado del antiguo puente minero, a la entrada de la parte alta de Torres, al final de un camino asfaltado, entre zarzamoras, helechos, pinos y eucaliptos.

Arsenio Velasco fue picador de primera. Picaba directamente la veta, en la mina de Reocín, que cerró a inicios de los dos miles, a veinte minutos a pie de su pueblo. Los vecinos consultados aseguran que cobraba “una buena” pensión, que fumaba puros Farias y no lo quería dejar aunque ya no estaba bien de salud. También recuerdan que pasó de salir a pasear y charlar, a moverse en silla de ruedas.

Tres vecinos afirman que dejaron de ver a Velasco' en 2023. Hasta que hace “más de año y medio”, los miembros de la asociación empezaron a preocuparse: a él habían dejado de verle, pero a la hija que vivía y a su marido seguían encontrándoselos. Dos personas de la asociación de vecinos cuentan que hablaron entre ellos sobre el estado de la casa donde vivía su vecino: “La casa estaba indecente, insalubre” y se preguntaron qué hacer.

Montse Pérez, presidenta de la agrupación desde 2020, afirma que “hace año o año y medio” llamó al concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Torrelavega, Alberto Rubio: “Y se lo conté, le di los datos, le di las señas, le di los apellidos, le di el nombre y me dijo: 'Vale, pues ya pasaremos por allí, no te preocupes'. Y yo, la verdad, es que después no me volví a preocupar, pero ojalá hubiera insistido”, dice con gesto apesadumbrado.

Hay una fecha exacta de la que se acuerda un vecino: el 27 de febrero de 2025. Cuenta que un grupo de vecinos se acercó a la casa “porque tiraban comida a la calle” y la situación atrajo a una piara de “casi 40 jabalíes”. Aquel día 27, asegura, llegó la Policía, según su relato: “abrieron la puerta y yo les dije: Dios, cómo huele aquí a podrido, algo hay podrido dentro, y dijeron: 'Es que no podemos hacer nada porque venimos por el tema de los jabalíes”.

“No hay derecho que pase esto, estando en el Ayuntamiento advertidos”, cuestiona Pérez, mientras comenta que su hijo es concejal en el Ayuntamiento con el PRC. Consultado sobre la llamada, el concejal de Bienestar (PSOE), desmiente en dos llamadas distintas con elDiario.es a Pérez: “No recibí ninguna llamada de ella ni de la asociación ni de nadie”.

Pero Montse Pérez, después, insiste: “Tengo los números de móvil directos de los concejales. En el Ayuntamiento no pueden decir que no estaban advertidos”, defiende: “Nadie se ha preocupado de nada, nosotros también podíamos haber insistido al ver que no pasaba nada, no me quito yo la responsabilidad mía, que tampoco volvimos”.

El 10 de septiembre, seis días después aquel hallazgo del cadáver, Pérez llama de nuevo al concejal para recordarle la llamada de un año antes: “Es abogado. Ni confirma ni desmiente que tuvimos la llamada de hace año y pico, pero la tuvimos”.

Una comunidad de vecinos de la calle Marcelino Sanz de Sautuola (antigua calle del Martillo), ubicada detrás del edificio de Faro Santander, en la capital de Cantabria, ha demandado este lunes por lo Contencioso Administrativo al Ayuntamiento de Santander por el cierre al tráfico del tránsito rodado del vial debajo del arco del edificio de la antigua sede del Banco Santander. El vecindario exige su reapertura tras la decisión del Consistorio de peatonalizar el acceso y se suma así al recurso del grupo municipal Izquierda Unida (IU) que ha llevado la imposibilidad de tránsito rodado al juzgado.

La comunidad de vecinos del número 12 de la citada calle está integrada por 84 viviendas y 58 garajes que dan acceso a la más conocida como calle del Martillo. Eleva así a la justicia el cierre, tras haber solicitado formalmente al Ayuntamiento que permitiese el paso a residentes sin ningún éxito en abril de este año. El recurso ha coincidido el mismo día con la inauguración del centro cultural de la familia Botín en Santander, que abre este martes sus puertas. La comunidad ha calificado de “vía de hecho” la decisión del Ayuntamiento de peatonalizar el tramo de calle.

Esto significa que, a su juicio -que coincide con el de IU-, la institución municipal no ha emitido una resolución jurídica que justifique esa decisión, después de que la obra de Faro Santander arrancase en 2021 y, en hasta cinco ocasiones según la hemeroteca, la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP) asegurase que el tráfico se reabriría una vez concluyesen los trabajos. Tras el recurso de IU presentado este verano, Igual rechazó recuperar el tráfico por los “miles y miles y miles” de personas que iban a visitar un nuevo centro cultural “tan relevante”.

Según el escrito presentado en nombre de la comunidad de vecinos, al que ha tenido acceso elDiario.es, los residentes supieron del cierre definitivo del tráfico el 31 de julio, tras leer una noticia en el Diario Montañés, en la que se indicaba que, dos días antes, el Ayuntamiento había decidido limitar la reapertura al paso ciudadano, no a la circulación del tramo bajo el arco del edificio.

El 3 de septiembre, un juzgado ordenó al Ayuntamiento reabrir de forma inmediata -mientras se resuelve el contencioso- el tránsito bajo el arco, convertido en espacio peatonal por el Ayuntamiento de Santander tras la reforma de la sede para convertirse en centro cultural del mismo banco. La orden judicial provisional exigía que el Consistorio permitiese el paso de la línea 5C2, taxistas, vehículos de residentes, sanitarios y de reparto de mercancías bajo el arco.

Ese mismo día 3, la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), anunció que ese tramo de la calle Marcelino Sanz de Sautuola entre el Paseo de Pereda y la calle Ataúlfo Argenta continuaría siendo peatonal hasta el próximo 20 de septiembre, para que terminasen las actividades de la inauguración. aunque al tiempo el Ayuntamiento ha anunciado que pedirá al juez que se levante las medidas cautelares.

Reclamaciones desde abril

El 27 de febrero de 2026, la comunidad de la calle del Martillo acordó presentar un escrito ante el Ayuntamiento para pedir la apertura del vial, que en ese momento se encontraba cerrado por las obras de Faro Santander, iniciadas cinco años atrás. El 13 de abril, presentó una reclamación ante el registro del Ayuntamiento de Santander, en la que “se instaba que cuando menos se permitiera el paso a residentes, taxis, vehículos de emergencia y autobuses”.

El 7 de julio, el Servicio de Vialidad del Ayuntamiento de Santander respondió por correo electrónico a la administradora de la comunidad de vecinos rechazando la petición. Y advirtió -según se señala en el recurso al que ha tenido acceso elDiario.es-, que en las peticiones del vecindario se señalaba “una deficiencia de conservación del pavimento, calzada, acera, bordillos, drenaje superficial u otros elementos físicos del viario cuya conservación ordinaria corresponde a este servicio”.

Y por esta razón, “desde el servicio de vialidad no procede adoptar resolución sobre las solicitudes formuladas”, “sin perjuicio de que la comunidad pueda dirigir sus solicitudes al órgano o servicio municipal que resulte competente por razón de la materia”. Es decir, Vialidad rechazaba tener competencia al respecto.

La comunidad de propietarios de Marcelino Saenz de Sautuola rechazó expresamente la resolución porque “a esta parte le consta que la concejalía de viabilidad, con posterioridad, ha reconocido su competencia incluso en escrito dirigido a un órgano judicial”, señalan.

Con el recurso, la comunidad de vecinos se adhiere al de IU, que fue admitido a trámite el 20 de agosto por la justicia, denunciando que el cierre constituía vía de hecho y pidiendo medidas cautelares, que han sido otorgadas mientras se resuelve el caso.

La comunidad se ha personado en el caso por ser, como residentes en la zona, expresamente citados en el auto judicial de las medidas cautelares. Y muy especialmente en cuanto a la aplicación para que se les permita “a la mayor brevedad” el acceso a su edificio.

“Esperamos que este homenaje responda de alguna manera a todo lo que él se merece”. Esto fue lo que dijo, en 2021, un año después del fallecimiento de Vital Alsar (1933-2020), la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), sobre las actividades programadas entonces en honor del navegante. Desde el Ayuntamiento, agregó hace justo cinco años, era “un sentido reconocimiento a lo que ha representado para Santander”. Al margen de actividades varias y una calle en el barrio de Monte, en los diez años que Igual lleva en el cargo, el Ayuntamiento no ha realizado ninguna rehabilitación integral de los galeones.

Los tres galeones forman parte de la estampa de Santander desde 1980. Entre 1977 y 1978, Vital Alsar recreó la Ruta Orellana como homenaje al viaje que Francisco de Orellana hizo por el Amazonas —descubriéndoselo a Europa—, tras recorrer el caudaloso río dentro del plan del colonizador Francisco Pizarro. Cuatro siglos después, Alsar cruzó el Amazonas y luego el Atlántico desde Tampico (México) hasta Santander a bordo de tres galeones construidos a imitación de los de Orellana, llamados ‘Ana de Ayala’, ‘Cantabria’ y ‘Quitus Amazonas’. Cuando llegó a la capital de Cantabria, el navegante Alsar entregó como obsequio a la ciudad el ‘Cantabria’ y el Ayuntamiento compró los otros dos galeones.

Hay que retrotraerse hasta dos mandatos antes para buscar la única reforma integral considerada de urgencia. Fue en 1996, hace exactamente 30 años. El consistorio hizo la primera y única “reparación total de urgencia” in situ, con renovación completa de los cascos. Fue adjudicada a la empresa Astilleros Solana por un presupuesto municipal de casi 83.000 euros (13,8 millones de pesetas) para realizar un trabajo artesanal. Los técnicos municipales advirtieron que, de no hacerse, los galeones serían “irrecuperables en un breve espacio de tiempo, como ocurrió con la balsa”.

Y es que, en ese lugar, estuvo también una de las dos balsas con la que Vital Alsar hizo parte de un viaje previo, en 1970, de Perú a Australia. Pero por ausencia de mantenimiento, se pudrió y tuvo que ser sustituida por una réplica —la otra balsa se mantiene entera en un museo de Australia—.

El que fue hasta 2020 presidente de la asociación Vital Alsar, Jesús Ceballos, dijo entonces, tras la reforma integral, sentirse “muy dolido” porque no se hubiese realizado durante el mandato del regidor antes a Piñeiro, el exalcalde Manuel Huerta, según consta en la hemeroteca del Diario Montañés. Consultado el actual Ayuntamiento sobre la fecha de la última rehabilitación total, no ha dado respuesta a elDiario.es

En 1996, el entonces alcalde de Santander, Gonzalo Piñeiro (PP), dijo que los galeones se encontraban en “un estado calamitoso por la falta de mantenimiento previo”. También dijo: “Pretendemos la recuperación total de los galeones y luego su mantenimiento”. La obra se anunció en junio, los trabajos de restauración se prolongaron durante todo el verano utilizando métodos tradicionales de carpintería de ribera, y en otoño fue la reinauguración del llamado Museo del Mar, un espacio al aire libre, en la península de La Magdalena.

Reformas parciales

Desde la primera rehabilitación in extremis, la historia de los galeones ha estado marcada por anuncios de rehabilitaciones y, sobre todo, de reformas parciales. En 2004, bajo el mandato de Íñigo de La Serna (PP), operarios de los talleres apoyados por empleados de Servicios Generales, hicieron una reparación “puntual” de algunos elementos de la explanada donde están ubicados los galeones. También limpiaron pintadas en la señalización del recinto y de la placa de donantes.

Para 2009, operarios del Ayuntamiento de Santander hicieron labores “básicas” de mantenimiento y conservación parcial, pintando también las naves. Para 2014, coincidiendo con el Mundial de Vela que se celebró en la ciudad, el Ayuntamiento hizo otra restauración parcial. Hubo que esperar hasta 2018, coincidiendo con el cuarenta aniversario de la expedición de Vital Alsar, para que se efectuase una rehabilitación calificada como “integral”.

En 2018, los operarios municipales restauraron los elementos de hierro y madera, se sellaron las juntas de los cascos, se sustituyeron las velas y los aparejos de los tres galeones por piezas nuevas y se cambiaron las banderas y banderines, justo antes de una visita de Vital Alsar. En este caso, no fue calificada de “urgencia”, fue una reforma preventiva, tuvo escasa prensa el proceso de reforma, los cascos no se reconstruyeron por completo y la alcaldesa no describió públicamente el estado de deterioro en el que se encontraban los barcos.

De “inviable” restauración a viable

Solo en las dos últimas legislaturas, los partidos de la oposición han presentado varias mociones para impulsar la restauración de los galeones. Es un tema recurrente en el que señalan el mal estado de los barcos y el Ayuntamiento rechaza la moción. En 2025, desde el equipo de gobierno, se trasladó que “según los informes técnicos”, el arreglo de los galeones era “inviable” por su deterioro y porque el carpintero de ribera era un oficio “en desaparición en España”.

Esto desató muchas críticas con consecuencias: la primera fue un aparente cambio de criterio técnico. Y es que, en el último año, el Ayuntamiento encargó a una empresa especializada que hiciese una planimetría en tres dimensiones y a otra la estabilización de uno de los barcos, para conocer a detalle el estado de y tomar, de nuevo, decisiones. Recientemente, Gema Igual anunció 700.000 euros para restaurar un barco o hacer una réplica. Pero del presupuesto de 2027 porque la rehabilitación de los tres, dijo hace días, sería “excesiva”. Dijo que habría que reflexionar qué hacer entre las dos opciones.

Javier Cantera, gran admirador de Alsar, navegó con él en su última expedición 'Zamná', a Grecia, en 2010. En 2020, pasó a presidir la asociación Vital Alsar. Este verano, se reunió con la alcaldesa para avanzar en el proyecto de rehabilitación de, al menos, uno de los galeones. Como defensor de su legado, explica que se reunió con Gema Igual y pidió “agilidad” a la regidora para asegurar la conservación.

Cantera recuerda la figura del navegante “con una vida y obra repletas de expediciones que desafiaban lo imposible”; su navegación a la vieja usanza, sus “tributos” a los antiguos expedicionarios precolombinos y españoles, “su mensaje de paz ondeando en lo más alto” de sus embarcaciones con forma de bandera blanca y sus estudios marinos. Y, añade, todos estos elementos “hacen que no puedan caer en el olvido su figura y sus mensajes”.

Mosaic Propco, el fondo privado propietario de las 107 viviendas de Hermanos Calderón, en el barrio de Peñacastillo (Santander), ha cambiado la titularidad del contrato de arrendamiento de los tres bloques de alquiler asequible que adquirió en 2025 a Fundación La Caixa y que quiere vender, conforme concluyan los contratos de arrendamiento. Además, ahora aparece como pagador en el contrato.

Como consecuencia, los vecinos que hasta ahora han percibido bonificaciones en el servicio municipal de aguas y alcantarillado de Santander, externalizado y gestionado por la empresa Aqualia, ya no pueden tener la deducción.

Desde 2015, los vecinos que entraban a vivir como inquilinos en los bloques de Hermanos Calderón, InmoCaixa -inmobiliaria de Fundación La Caixa- figuraba como titular del contrato y el inquilino, como pagador. Por lo tanto, si tenía una situación especial, podía presentar la documentación en Aqualia para obtener la bonificación.

Ahora, al aparecer Mosaic Propco como pagador, las bonificaciones en Aqualia “se han perdido” porque ya no figuran los nombres de los inquilinos y, como resultado, sus condiciones para poder obtenerlas. Así lo denuncia la plataforma vecinal creada tras la venta de las 107 viviendas, en las que viven más de ochenta familias.

Los primeros vecinos que han perdido la bonificación “de forma unilateral” acaban de ser notificados. En un caso, la vecina que transmitido a Aqualia su situación para tratar de recuperar la ayuda. Y ha recibido respuesta de la empresa externalizada de aguas y alcantarillado: “La dirección de referencia corresponde a la persona jurídica propietaria del inmueble desde 2025, según consta en la nota simple”, además, agregan, “también constan los datos bancarios de dicha entidad para la domiciliación de dichos recibos”. Y concluyen: “Al no constar sus datos en el contrato, no podemos facilitarle más información al respecto si no aporta una autorización de la empresa titular del contrato”.

Los vecinos afectados perciben una estrategia por parte del fondo. “Estamos seguros de que se trata de otra medida de presión del fondo buitre para hacer perder ventajas” que corresponden a las familias numerosas, familias monoparentales con dos o más hijos, desempleados, personas con ingresos bajos, casos de vulnerabilidad social y económica...“, cuestionan los vecinos afectados.

A su juicio, “atacan a los más 'débiles' para tratar de hacerles daño complicándoles más aún la vida. Saben que el asunto económico hace daño y están tirando a perjudicar aún más a los vecinos. Es un nuevo mecanismo de presión para que abandonemos nuestros hogares”, cuestionan los inquilinos.

Los vecinos llevan desde marzo de 2026 denunciando públicamente su situación y han pedido, sin éxito, al Ayuntamiento de Santander y a la alcaldesa Gema Igual (PP) que compre las viviendas para que sean vivienda pública o que les ofrezcan alternativas habitaciones específicas, ante una situación en la cual algunos contratos empiezan a vencer en noviembre de este año.

El titular del Juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo ha ordenado reabrir al tráfico el arco del edificio de Faro Santander, en la calle Martillo, convertido en espacio peatonal por el Ayuntamiento de Santander tras la reforma de la sede del banco del Paseo de Pereda.

La justicia estima así las medidas cautelares solicitadas por Izquierda Unida que ha presentado un recurso en los juzgados de Cantabria pidiendo la reapertura y pide con efecto inmediato -pero temporal por tratarse de medidas cautelares-, la reapertura al tráfico para el paso de la línea de autobús 5C2, de residentes, vehículos de emergencia y del transporte de mercancías que suministra a los comercios de la zona, hasta la resolución del contencioso.

Eso sí, las medidas que afectan al tráfico, abunda el auto, le corresponden al Ayuntamiento, en aras de determinar la señalización que regule el paso bajo el arco.

El auto judicial señala que las alegaciones del Ayuntamiento han consumado un hecho y que toda la documentación aportada por el Consistorio ha sido posterior a la apertura del paso bajo el arco. Según reza el texto, “la resolución administrativa se adoptó el día 12 de agosto de 2026 y consistió en el reformado del proyecto básico (...) y autorizando una nueva pavimentación, dando como consecuencia, un nuevo uso a la zona”. El juez advierte de que “no existe una resolución expresa en la que se autorice este nuevo uso”.

Keruin Martínez, portavoz de IU, ha comparecido este jueves ante los medios, en la plaza del Ayuntamiento para informar del otorgamiento de medidas cautelares y ofrecer una copia de las medidas otorgadas por el juez el 2 de septiembre.

El edil ha cuestionado los informes aportados por el Ayuntamiento y la actuación del Ayuntamiento porque “todas” las licencias con las que contaba el Banco Santander, ha dicho, “afectaban al edificio y no consta ningún tipo de autorización que le habilite para actuar sobre el vial”.

El vial “no se ha privatizado”

En el auto judicial consultado por elDiario.es, la argumentación del Ayuntamiento defiende el uso “restringido/compartido”, del vial bajo el arco, de acuerdo, bajo su criterio, al Plan General de Ordenación. “No estamos ante una actuación material”; “tampoco la situación actual impide el tráfico por ese vial, existe un rebaje de acera en la parte del Paseo Pereda”; “el vial no se ha privatizado”; “se ha establecido un régimen distinto del viario”, han sido varias de las razones del Consistorio.

Además, respecto a la modificación de la ruta de la línea de autobús 5C2, que ya no circula bajo el arco, el Ayuntamiento defiende en su escrito que “no es consecuencia de la actuación urbanística actualmente controvertida” -en referencia al cierre del arco-, sino del inicio de las obras, “en 2021”, dicen adjuntando un informe del Jefe de Tráfico del Servicio Municipal de Transportes, en el que se asegura que la modificación de la ruta “no ha supuesto un perjuicio operativo” y “no cae dentro del ámbito de la ordenación urbanística”.

También se agrega un informe de la Policía Local -muy cuestionado este jueves por el portavoz de IU porque está fechado el 29 de julio de 2026, en el que se considera que la peatonalización bajo el arco “está en sintonía” con las actuaciones de peatonalización del Consistorio.

Cuestionado por la forma de actuar del Ayuntamiento, Martínez ha dicho: “Creo que tenían miedo a la reacción de la ciudadanía, porque durante los seis años que ha estado cerrado al tráfico, siempre se ha dicho que el cierre del paso bajo el arco era temporal”. A lo que ha añadido que el Consistorio recalcó que, cuando finalizasen las obras, “volvería a pasar el autbús, los residentes , emergencias y taxi”

En opinión del concejal de IU, que desmiente de forma tajante la posibilidad que ve el Ayuntamiento en el Plan General, ha dicho que lo más reseñable del informe del ayuntamiento contra las cautelares es que se “ha materializado un hecho sin que exista respaldo documental administrativo”. Además, de que el Ayntamiento defiende la inexistencia de cambio de uso de víal, si no que es un uso compartido. “El hecho”, ha dicho Martínez, “es que solo pasan los peatones y se ha multado recientemente a un repartidor que abastecía a la cafetería” de Faro Santander, ha incidido.

El Ayuntamiento de Santander había presentado sus alegaciones a las medidas cautelares solicitadas por Izquierda Unida (IU) en el recurso contencioso-administrativo contra el cierre del vial bajo el arco del Banco Santander, y la formación considera que la documentación aportada por el Consistorio plantea varias contradicciones. El juzgado deberá resolver ahora esta pieza separada, que ha sido admitida a trámite, mientras el procedimiento principal continúa su recorrido.

IU ha llamado especialmente la atención sobre las fechas de los documentos utilizados ahora por el Ayuntamiento para justificar el cambio en la configuración del vial. Según la formación, el informe de Tráfico está fechado el 29 de julio, el de Vialidad el 31 de julio y la resolución del reformado que el Consistorio invoca es del 12 de agosto. Todo ello, señala IU, después de que ya se hubiera advertido públicamente de la situación y reclamado explicaciones.

Primera denuncia en febrero en el pleno municipal

La formación recuerda que hizo pública su denuncia el pasado 3 de febrero, incluyendo una moción en el pleno municipal, y que posteriormente presentó un primer escrito de advertencia en junio. El segundo requerimiento formal, registrado el 6 de agosto y dirigido a la alcaldesa, Gema Igual, reclamaba la reapertura del paso bajo el arco y la recuperación del recorrido original de la línea 5C2. Al no obtener respuesta, IU acudió a los tribunales.

A juicio del concejal de IU, Keruin Martínez, esta sucesión temporal evidencia que el Ayuntamiento estaría intentando dotar ahora de cobertura administrativa a una situación que ya se había producido. “Los principales documentos que ahora utiliza el PP y el Ayuntamiento para justificar la situación tienen un mes o menos”, sostiene Martínez, que cuestiona que el Consistorio no dispusiera de esa documentación cuando comenzaron las reclamaciones.

“¿Es que se acaba de enterar el Ayuntamiento de que el Banco Santander ha transformado de su mano mayor un vial público?”, ha planteado el edil, que considera que los informes y resoluciones incorporados ahora al expediente son “muy endebles y hechos a medida”.

Los vehículos “pueden seguir circulando”

Pero IU pone también el foco en otro elemento de las alegaciones municipales: la consideración de que el vial no estaría realmente cerrado al tráfico. Según explica la formación, el Ayuntamiento sostiene ante el juzgado que los vehículos siguen pudiendo circular y que la actuación realizada bajo el arco tendría un carácter “meramente estético”.

Esta interpretación, señala Martínez, entraría en contradicción tanto con declaraciones realizadas anteriormente por la alcaldesa como con la situación que, a su juicio, se observa sobre el terreno. El cierre del paso ha supuesto, además, la modificación del recorrido de la línea 5C2 y la pérdida de dos paradas para los usuarios de este entorno.

IU insiste en que la resolución sobre estas medidas será provisional y no determinará el resultado del procedimiento principal. Por el momento, Martínez opta por la “prudencia” y asegura que habrá que esperar a la decisión judicial, aunque mantiene su acusación de que el Ayuntamiento está intentando “legalizar después” una actuación que, según sostiene, se ejecutó sin el procedimiento y los informes previos necesarios.

La sequía que sufre Cantabria ha provocado que el Gobierno autonómico (PP) haya autorizado en pleno agosto un paquete de ayudas extraordinarias de tres millones de euros para 2.309 ganaderos, que el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) considera insuficiente, por la financiación y los tiempos de ejecución de las ayudas.

A lo largo del verano, algunos ayuntamientos de Campoo y Liébana han sufrido restricciones de agua. Al menos, más de una decena de municipios consultados por elDiario.es han movilizado camiones cisterna y han emitido bandos municipales para limitar o directamente prohibir que se llenen piscinas, que se limpien coches o el riego “indiscriminado” -como en Vega de Liébana- porque “los recursos hídricos están muy por debajo del nivel medio”, señala en el bando su alcalde Gregorio Alonso, sobre un municipio donde la sequía es moderada, pero ha aumentado un 15% respecto a su recorrido histórico.

La razón es que Cantabria ha alcanzado este verano el segundo puesto de las comunidades autónomas donde más ha aumentado la sequía, con zonas de sequía severa en la zona central y occidental, siendo la comarca de Saja Nansa, con la más afectada, muy en particular Cabuérniga, Rionansa y Los Tojos, según ha analizado elDiario.es a través del Monitor de Sequía del CSIC.

Para saber si un territorio está más seco de lo normal, el índice SPEI resume esa situación en una sola cifra. No mira solo cuánta lluvia cae: también descuenta el agua que el calor evapora del suelo y de las plantas. Los datos proceden del Monitor de Sequía del CSIC y están estandarizados: el 0 es la situación normal de cada lugar. Los valores negativos indican sequía y, cuanto más abajo, más severa. Las cifras parten de los registros de miles de estaciones meteorológicas de la AEMET desde 1960 que se interpolan a celdas de un kilómetro cuadrado en todo el territorio español.

El índice (SPEI) a 24 meses acumula los dos últimos años. Es una ventana amplia, pensada para reflejar las sequías largas -las que vacían embalses y acuíferos y castigan los cultivos- y no los altibajos de unos meses sin lluvia. Para medir los datos por comunidades autónomas y municipios, el cálculo define la media del índice en las celdas que caen dentro de cada territorio.

Ningún municipio cántabro ha registrado sequía extrema, pero los municipios más afectados por sequía severa están todos en la comarca de Saja-Nansa, en el centro occidental de la comunidad: Cabuérniga, Rionansa, Los Tojos, Tudanca, Herrerías y Ruente. Entre éstos, Los Tojos y Tudanca son donde más ha aumentado, entre los que han sufrido sequía severa, respecto a su registro histórico, con un 7% más.

En el ranking de comunidades más afectadas, solo por detrás de Asturias -y por delante de Canarias, Euskadi e Illes Balears-, el nivel de sequía más extremo en España ha sido el de Cantabria. Coinciden las tres comunidades del norte en la cima: son las regiones donde más ha aumentado, tomando en cuenta la falta de lluvia, cruzada con el exceso de agua que se ha evaporado del suelo y de las plantas por efecto de las reiteradas olas de calor.

La comarca de Saja Nansa limita con Liébana y Campoo-Los Valles y engloba 18 municipios. En casi mil kilómetros cuadrados, y con una población aproximada de 32.000 habitantes, se ha visto muy afectada por la sequía. El primer puesto lo ocupa Cabuérniga, en el valle de mismo nombre.

“Estamos ayudando a los ganaderos para llevarles agua para el ganado”, dice Rosa María Fernández, alcaldesa de Cabuérniga, sobre el traslado de camiones con agua. Describe el municipio como un lugar dedicado a la ganadería extensiva de carne, donde vacas y yeguas pacen en un monte de utilidad pública llamado Valdefría. “Es una extensión de terreno grande donde ahora no hay agua, entonces los animales se tienen que mover y se están moviendo solos, más abajo, cerca de los pueblos” a buscar comida, confirma sobre una tendencia creciente en Cantabria.

“Por la seca”, dice en referencia a la sequía, “ahora mismo falla más la comida que el agua, pero como la cosa siga, voy a tener que tomar alguna medida”, avanza la regidora, que manifiesta una preocupación: “Si empiezan a dar de comer ahora, pues a lo mejor, algunos ganaderos se encuentran en marzo que no tiene comida ya para los animales en la cuadra”

Lo que sí aprecia la alcaldesa de Cabuérniga es un cambio brutal en Valdefría, también llamado Las Ollas: “El paisaje está cambiando en verano: ha pasado de ser un verde intenso a tener tramos en que es verde mezclado con amarillo, luego marrón y vuelve otra vez un poco de verde”. Esto solo le permite una cosa: saber por dónde queda agua, dice.

“Restricciones no hemos tenido”, apunta Jesús Cabariezo, alcalde de Cabezón de Liébana, “pero con las cubas de agua que nos ha dado el gobierno de Cantabria estamos subiendo agua a pueblos donde están mal de agua”. Algo similar a lo que ha sucedido en Valderredible, en el municipio de Castrillo de Valdelomar, donde han necesitado camiones cisterna también.

Con 15 casas habitadas, cuenta José Miguel Fernández, alcalde pedáneo, ha visto un gran consumo por vecinos que no residen todo el año. Y advierte sobre la sequía que se prolongará en invierno: “No nieva como antes, cuando toda la ladera del monte donde estaba el manantial estaba tapado de nieve hasta mediados de mayo”.

El caso de consumo de agua más desorbitado este verano ha sido en el del Ayuntamiento de Campoo de Suso, donde decidieron vigilar con drones el consumo de agua, después de haber registrado 130.000 litros de agua consumidos en la pedanía de Naveda, en solo 24 horas. Una vez comenzó la vigilancia, el consumo se normalizó. Esta situación puntual confirma una realidad que ha reconocido el Gobierno del PP y que impacta en la sequía: Cantabria tiene un gasto “excesivo” de agua, el más alto del país.

En los últimos 66 años, Cantabria ha registrado varios momentos de sequía, destacando el año 1990 como el último momento crítico de sequía extrema, previo al actual, según los datos del monitor. Como periodos de sequía moderada, destacaron los ños 2003, 2006 y 2007 y la tendencia se reprodujo en 2024.

El verano meterorológico -junio, julio y agosto- ha registrado en Cantabria “aproximadamente” un 40% menos de lluvia de lo habitual, avanza Sergio Fernández, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Cantabria. Este cálculo, abunda, se realiza tomando como referencia el periodo 1991-2020 de la Organización Meteorológica Mundial.

“El periodo de precipitaciones por debajo de lo normal se viene arrastrando ya durante tres meses, desde la segunda quincena de mayo”, cuenta. “Pero lo verdaderamente extraordinario de este verano de 2026 es que ha sido extremadamente cálido, explica Fernández, convirtiéndose en el verano más cálido de la serie histórica desde al menos 1961.

Es más, supera a los anteriores veranos históricos de calor, los de 2003 y 2022, por prácticamente medio grado de diferencia. Registra una anomalía térmica de entre 2,5 y 2,6 grados por encima de la media del periodo de referencia, situando el promedio de Cantabria en torno a los 19,8 o 19,9 grados. Un valor que puede no sonar muy elevado, advierte, pero es que la media incluye zonas montañosas frías como Picos de Europa o Alto Campoo.

Esa “anomalía cálida” de 2,5 grados por encima de lo habitual produce que la evapotranspiración sea “muchísimo” más elevada en 2026, “lo que genera un aumento drástico en las necesidades hídricas de la vegetación y de la fauna”, explica Fernández, dando contexto meteorológico a la situación de muchos municipios cántabros.

La sequía de 2026 en Cantabria no se entiende solo porque llueva menos, sino por el efecto del calor en la tierra y la vegetación, que se llama evapotranspiración. A más temperatura, más acusada es la sequía. Desde 2017, la tendencia a una mayor evapotranspiración se ha hecho notoria en Cantabria.

Contra lo que pueda parecer, advierte Sergio Fernández, de la Aemet, este verano no sería el más seco registrado en Cantabria, sino que se situaría “probablemente” entre el quinto y el séptimo puesto de los veranos más secos en Cantabria desde 1961, a expensas del cierre del verano meteorológico: “No obstante, al sumarse la falta de lluvias con la extraordinaria anomalía térmica de temperatura, el efecto es devastador sobre la vegetación”.

Vanessa Cabuérniga (Reinosa, 1982) se dio cuenta de que era una ingeniera forestal que tenía un fuerte vínculo con los montes, pero trabajaba “mucho en la mente”. Le faltaba algo. Y lo dice así: “Algo”. Su empleo implicaba planificar y gestionar los bosques y los recursos naturales de forma sostenible, incluyendo la repoblación de zonas verdes, la prevención de incendios, el control de plagas, entre otras cosas: “Me faltaba el corazón”. En 2015, empezó a ser más consciente del agotamiento de los recursos naturales al volver a Cantabria, después de trabajar varios años en una multinacional en Chile, donde cartografiaba el volumen de la madera extraída por las grandes empresas forestales. Pero para 2023, cuando ya llevaba años trabajando en educación ambiental, el vacío seguía presente, los proyectos de eólicos en el sur de Cantabria, le marcaron, admite esta ingeniera que regresó a su pueblo, Villaescusa (Campoo de Enmedio), donde sigue hoy.

Entonces, descubrió una metodología con la que trabaja en los municipios rurales de Cantabria: la Pedagogía del paisaje, con su proyecto 'Bosque Raíz' y en talleres que da en el sur de Cantabria con el nombre 'Habitar el Paisaje'. “Hemos creado una coraza ante los grandes problemas ambientales, como la pérdida de agua, los grandes incendios, que trae consigo una desesperanza, como una inacción, como una imposibilidad”.

¿Qué es la Pedagogía del paisaje?

La Pedagogía del paisaje es un sistema de enseñanza y aprendizaje orientado a activar el papel regenerador del ser humano en su entorno. Dado que el paisaje es subjetivo, el enfoque no es solo la intervención directa en el terreno, sino actuar sobre la mirada de las personas para que sean ellas quienes lo cuiden. Se basa en tres dimensiones fundamentales: la interioridad por medio del sentir, la comunidad mediante la escucha y el entorno a través de la regeneración. Esta visión busca que la mente esté al servicio del corazón para superar la inacción y las perspectivas puramente utilitarias del territorio. El método incluye fases como honrar el dolor por la degradación de la tierra para poder ver con ojos nuevos y comprometerse con acciones concretas basadas en una esperanza activa

¿Cómo sería esa mirada apreciativa del paisaje?

La pedagogía del paisaje se fundamenta en tres dimensiones: la interioridad, que se explora a través del sentir; la comunidad, que se construye mediante la escucha; y el entorno, que se aborda a través de la regeneración. La visión regenerativa surge cuando se logra integrar estas tres esferas: la relación con uno mismo, con los demás y con el territorio. Esta metodología, desarrollada por la Fundación Paisaje, nació de la observación directa con agricultores y ganaderos, donde se percibió que el desafío principal no era solo técnico, sino la dificultad de cambiar la mirada. Aunque existen métodos para implementar una agricultura más regenerativa que proteja el suelo y el agua —pilares fundamentales del paisaje—, el cambio real ocurre al transformar la manera de sentir y transmitir ese vínculo con la tierra. Por ello, la red de educadores en paisaje incluye perfiles diversos como arquitectos, ingenieros, agricultores y profesores, reconociendo que todos, de forma directa o indirecta, tienen un papel en la construcción y cuidado del paisaje.

Entonces, ¿cómo se aplica con la gente que reside en el campo?

Con agricultores directamente no he tenido un trabajo directo, pues este proyecto se basa más en población general y toca todos los ámbitos porque está abierto. La manera en la que se trabaja es volver a crear momentos significativos en la naturaleza y volver a reconectar con el sentir. Como ingeniera forestal, me di cuenta de que estaba mucho en la mente y me faltaba el corazón; por eso, la mente tiene que estar al servicio del corazón. Si ponemos la mente a dirigir nos encontramos en escenarios caóticos y capitalistas, siguiendo un sistema donde los recursos finitos de la Tierra se agotan cada vez antes, llegando al límite del consumo anual quizás en junio. Esta metodología trata de validar el sentir porque hemos creado una coraza ante problemáticas ambientales gigantes que parecen escaparse a nuestra acción, como la pérdida de agua, los grandes incendios o el cambio climático. Todo esto trae consigo una desesperanza o inacción que hace sentir muy chiquitito al ser humano, dividiendo a la sociedad en tres caminos: esperar una solución en nombre del progreso, creer que ya nada tiene arreglo o seguir desde la frustración sabiendo que nada cambiará. Dentro de este discurso, trabajo mucho con la ecología profunda.

¿Qué es la ecología profunda?

La ecología profunda es un término que se acuñó en los años 80 por un filósofo del norte de Europa que trataba de volver a hacernos conscientes de que formamos parte de la naturaleza y no estamos separadas de ella. A partir de ahí, Joana Mey desarrolló la metodología del trabajo que reconecta, buscando ese vínculo con el paisaje porque, aunque ya se conocían las problemáticas, nadie hacía nada; siempre estábamos en la mente con datos, justificándonos en que alguien lo arreglaría o en el progreso económico. Ella trajo el concepto de la esperanza activa para poder cambiar y ser un agente regenerador del entorno, siendo primero un agente regenerador de la propia mirada. Este trabajo tiene cuatro fases e incluye algo que me faltaba en la educación ambiental tradicional, que era muy mental: la conexión con el sentir. La metodología introduce el concepto de honrar el dolor por el mundo. Primero agradecemos y después honramos ese dolor, permitiéndonos sentir la rabia o la tristeza que solemos bloquear ante la pérdida de un paisaje de referencia o la tala de un árbol vinculado a nosotros. Al reconocer ese dolor desbloqueamos también el amor y pasamos a la fase de ver con ojos nuevos. Desde ahí somos capaces de mostrar una mirada apreciativa, ver el potencial de regeneración, la belleza en las cosas pequeñas y la importancia de cuidar la casa de todos. Finalmente, con esa nueva visión, nos ponemos en marcha.

¿Cómo?

Es la parte que te lleva a la regeneración, con esa esperanza activa y habiendo reconocido el dolor. Hacemos pequeños compromisos, ante la comunidad. No es que vaya a cambiar la temperatura de la Tierra, no son cosas que se escapan, pero quizás cada vez que visite un lugar voy a dejar lo mejor de lo que lo encuentro. Voy a darme mis espacios de regeneración para yo poder regenerar.

¿Cómo recibe la gente la información? Pregunto porque es gente que, a priori, conoce su territorio, ¿no es violento para ellos que les digan cómo cuidarlo?

La Pedagogía del paisaje no es algo que se desarrolla teóricamente, sino que es vivencial. Al ser vivencial, me estoy encontrando con gente que piensa que lo que vamos a hacer es un paseo, una ruta, siempre con un objetivo. Entonces, cuando llegan, se sorprenden mucho. El otro día un señor jubilado ya me decía que no esperaba haber estado viendo las nubes pasar durante un tiempo. Para él ha sido como una fuerza que le ha permitido pensar que su entorno hay que cuidarlo, para que lo vean sus hijos, sus nietos, para que puedan disfrutar de la sombra de un árbol, porque quiere que pasen por el mismo parque, por el mismo campo, por el mismo bosque que pasa él.

Personas de 70, 80 años, me dicen: 'Esta planta yo sé que mis padres la cogían, pero no sé para qué

Hay una mirada general que puede ser distante o puramente utilitaria del entorno, difícil de encajar con su método.

Dentro de Bosque Raíz, mi proyecto, también se trata de recuperar mucho las tradiciones ligadas al campo, a la naturaleza de las plantas, etnobotánica, y en estos proyectos que llevo desarrollando, sobre todo con población, mayoritariamente mujeres, me he dado cuenta de que es fácil involucrar a mujeres en proyectos sociales y a los hombres hay que encontrarles mucho lo que les toca. Y los remedios naturales, el conocimiento de las plantas, el trabajo de la madera, todas estas cosas que se han perdido, les toca mucho y ahí se ha visto porque he trabajado mucho con el programa Viernes, que es para prevenir la soledad no deseada en el sur de Cantabria, y ellos tratan de hacer talleres y ofrecer cosas a la población que demande. Entonces, el conocimiento de las plantas, del campo, es algo que están demandando; personas de 70, 80 años incluso. Me dicen: 'Esta planta yo sé que mis padres la cogían, pero no sé para qué'.

Es un poco extraño que formamos parte de la naturaleza, pero tenemos que volver a conectar con ella

¿Ni cómo se llama?

Ni cómo se llama. Lo que estamos tratando es de recuperar esa sabiduría del campo, esa sabiduría que nunca se ha valorado porque, en el momento del desarrollo industrial y de las ciudades, todo el mundo abandonó el campo. Esa información no se transmitía de padres a hijos porque, al venir de vidas duras, se prefería para ellos todo lo nuevo. Ahora se está recuperando esa información y estamos elaborando ungüentos y jarabes, recogiendo las plantas más sencillas. La gente se va quedando con esa información y ve que lo que tiene al lado de casa, esas plantas que consideraban malas hierbas, tienen propiedades para un picor, una quemadura o fortalecer el cabello. Esta mirada evita la visión de que vengan y desbrocen todo para dejarlo limpio; ahora se prefiere que dejen espacios para recolectar plantas o frutos buenos para el sistema inmune. Actualmente, tenemos una visión de utilidad distante del campo, como si solo estuviera ahí para traernos recursos a la ciudad o a casa. Fortalecemos de nuevo ese vínculo recordando que hace cien o doscientos años no había farmacias y la gente conocía qué planta quitaba la hinchazón, el dolor de barriga o la tos. Recuperar toda esa sabiduría fortalece el vínculo con la tierra y el hecho de salir a reconectar. Es un poco extraño que formamos parte de la naturaleza, pero resulta que tenemos que volver a conectar con ella. Es muy curioso, hay muchos talleres ahora de meditación, de respiración y respirar sabemos todos, pero tenemos que volver a aprender cuál es la mejor manera de respirar porque vamos en un ritmo en el que se nos ha olvidado lo más básico. Y también hay incluso, pues cómo relacionarnos, cómo vincularnos, cómo beneficiarnos de la naturaleza.

¿De qué plantas nos hemos olvidado en Cantabria?

En realidad, en general todas las plantas están olvidadas. Con unas mujeres en el sur de Cantabria estamos elaborando un proyecto porque en San Juan, durante el solsticio de verano, es cuando el sol está más alto y las plantas tienen la mayor concentración de principios activos. Antiguamente, antes de la romería, el pueblo se reunía y recogía la planta que necesitaba para tener recursos y remedios para el invierno. Lo que hacemos ahora son paseos etnobotánicos en junio e identificamos las plantas cerca de cada pueblo; hemos hecho 16 ubicaciones distintas en el sur de Cantabria y cada mujer se encarga de recoger una. Cada mujer trae una planta y con eso hacemos el ungüento entre todas y nos lo repartimos. Es muy bonito porque lo hacemos con 28 plantas, ya que el ungüento de San Juan estaba muy relacionado con la mujer; este número me gusta especialmente por el ciclo de la luna. La gente lo demanda porque el remedio es maravilloso y funciona. Meses después te cuentan que les fue fenomenal o que lo aplicaron a su familia. Es un remedio muy sencillo y no hace falta hacerlo con 28 plantas; nosotros lo hacemos así para dar más información y hacer un taller más completo, pero se puede hacer con tres, cuatro o cinco plantas que se conozcan mejor. En general se ha perdido incluso la toponimia. Antes, cuando vivía en un pueblo y mis padres tenían ganado, venía un vecino y avisaba de que una vaca estaba pariendo en el muro o donde los robles, y se sabía exactamente a dónde ir. Ahora nos manejamos por ubicaciones. Esa toponimia de los lugares que estaba vinculada totalmente con la vida del campo y la utilidad que tenía se está perdiendo. Es curioso, pero lo he descubierto a raíz de empezar con esta metodología, porque yo venía de mi visión forestal puramente de ingeniería.

¿En qué momento hizo usted, como ingeniera, la conexión emocional con su entorno?

Yo estudié Forestales porque mi vínculo con el monte era muy fuerte y pensé que, si eso era lo que más me movía, mi camino sería por ahí. Después te dejas llevar por lo que te marca la carrera y terminé trabajando en una multinacional en Chile. Era muy curioso porque regaban las plantaciones de pinos mientras la región de los lagos se estaba secando; Chile exporta el agua que esas especies de crecimiento rápido absorben y, cuando las cortas a los quince o veinte años, lo que estás haciendo es sacar el suelo. Me di cuenta de que ese trabajo no me llenaba y decidí volver al sur de Cantabria, asentándome en Villa Escusa, mi pueblo natal de sesenta habitantes. Al volver empecé con la educación ambiental para dar un giro y ahora trabajo de forma institucional y paralela con mi proyecto. En el sur de Cantabria trabajo sobre todo con la gente local porque es gratificante ver su cambio de mirada. Cuando hablamos de recoger plantas, ya no se trata de llevarse todo lo que se pueda por una mentalidad de escasez, sino de recoger solo lo que se necesita, que suele ser poco. Se trata de cambiar pequeñas prácticas para dejar una cantidad de especies que permita la regeneración al año siguiente. Hay muchas plantas en riesgo por exceso de recolección, incluyendo especies protegidas y otras comunes que no valoramos, como la manzanilla. La idea es fomentar buenas prácticas; en lugar de imponer una prohibición sin que se entienda, la educación explica por qué se toma una medida. Al dar información, la gente comprende los ciclos biológicos y los ritmos de la tierra, entendiendo que si evitamos ciertos excesos, tendremos la especie disponible durante mucho tiempo. Educar es lograr que se comprenda la regeneración y lo que el entorno necesita

Para los talleres trabaja con ayuntamientos, ¿cómo reciben las instituciones de Cantabria este método?

El proyecto 'Habitar el Paisaje' está subvencionado por la Consejería de Medio Ambiente y el promotor es la Asociación de Desarrollo Territorial de Campoo Los Valles. Ha sido muy bonito porque, con este proyecto que trata de unir más el sentir, nos unimos institucionalmente con Bosque Raíz para crear una propuesta diferente y siento que ha gustado porque obtuvo muy buena puntuación en el concurso. Sin estar yo tan vinculada a la institución, este resultado es un dato que indica que, si presento algo basado en el sentir, y se valora positivamente, es que la mirada está cambiando. Existe una apertura hacia esta nueva realidad en la que debemos poner la mente al servicio del corazón.

Decía que hay que revisar las prácticas forestales, ¿y en Cantabria?

En el sector forestal de ingeniería en Cantabria nunca he trabajado, pero quizá esas prácticas únicamente necesitan un cambio de mirada. Tiene que haber un equilibrio, no solamente en lo que yo creo, porque a lo mejor creo que esta flor es muy bonita y es una especie invasora. Tienen que ir de la mano la ciencia y el corazón y esa para mí es el camino. Una dinámica que hacemos en los talleres de 'Habitar el paisaje' es pensar en la séptima generación: pensar en qué voy a dejar a una persona que habite mi territorio dentro de 200 años, ¿qué va a encontrar? ¿Qué me gustaría a mí? Hemos perdido esa visión tan a largo plazo, pero 200 años no es nada. Mi proyecto de fin de carrera de Forestales fue una repoblación forestal con pino. En ese momento, lo único que me planteaba eran las condiciones, la climatología y la edafología que necesitaba esa especie de crecimiento rápido para obtener producción. Esa parte está bien porque todos necesitamos muebles en casa o papel; la naturaleza nos da alimento y cobijo, siempre obtenemos de ella lo que necesitamos. Sin embargo, en ese proyecto no había ninguna mirada social ni de vínculo; y, en ese momento, no me di cuenta, simplemente seguí todas las pautas que correspondían. Tras trabajar fuera en grandes multinacionales, donde se habla de sellos de certificación que resultan lejanos para la población y no fortalecen el vínculo, regresé a Cantabria. Ahí me di cuenta de que un bosque no es una repoblación. En un bosque, encuentras rebrotes jóvenes, árboles maduros y árboles caídos que alimentan el suelo, además de distintas especies. En cambio, en una repoblación, todos los árboles suelen ser de la misma especie y tienen la misma edad, por lo que la biodiversidad se reduce drásticamente. Es fundamental diferenciar entre bosque y plantación; las plantaciones son necesarias, al igual que las de cultivo, pero debemos revisar el uso que hacemos de todos estos recursos naturales.

¿Por los datos de sequía y las olas de calor en Cantabria?

Sí, tenemos que darnos cuenta de las prácticas que tenemos. Los bosques atraen humedad. Para mí, el vínculo con las nieblas en verano es muy fuerte porque el bosque de mi pueblo es un robledal; ves la nube ahí y eso atrae esa agua. Si yo corto todas esas especies y dejo una montaña que no tiene arbolado, esa nube ya no va a volver y esa agua se va a perder.

El Gobierno de Cantabria ha hecho una adaptación de un reglamento europeo contra la deforestación que ha sido muy cuestionada por científicos, que recomiendan potenciar la regeneración natural de los bosques en la región, hablaba antes de que una repoblación no es un bosque...

Estamos volviendo a buscar refugios climáticos que nos brindan los árboles, el bosque, la niebla y las zonas de arbolado que dan sombra en los pueblos. Aunque hemos talado árboles para asfaltar parques, es vital regenerar el paisaje con especies autóctonas para preservar la esencia de Cantabria. Al recuperar lo que tenemos, volverán diversas especies animales y aves en un ciclo donde actualmente les retiramos demasiado espacio. El declive del gorrión común es un ejemplo de la necesidad urgente de recuperar una mirada holística sobre todo lo que representa un bosque. Todavía quedan en los pueblos zonas boscosas amuralladas, similares a pequeñas huertas, donde antiguamente se podía cortar leña. En las dehesas cercanas a los pueblos, con árboles muy espaciados, se realizaba un manejo forestal tradicional para aclarar el bosque. Este aclarado permitía que los árboles crecieran más rectos, obteniendo fustes de calidad destinados a la construcción de viviendas. El vecino que necesitaba madera la solicitaba al pueblo, cortaba los ejemplares reservados para ese fin y se los llevaba para construir su casa. A cambio, este vecino se encargaba de cuidar un vivero forestal comunitario en el bosque para trasplantar nuevas especies a otros lugares. Lamentablemente, se ha perdido la conciencia de devolver al bosque lo que extraemos de él. Hoy en día solo extraemos recursos o, si replantamos, lo hacemos con especies de crecimiento rápido. Debemos recuperar ese manejo consciente del monte, recordando que aquellas personas sabían que, sin regeneración, no habría recursos para el futuro.

En Cantabria, en las comunidades que habitan zonas más rurales, ¿se ha perdido la conexión con el paisaje?

Siento que sí se ha perdido la conexión. Sigue habiendo un vínculo mucho más fuerte que en las ciudades, obviamente, pero se ha perdido la relación que había en el sur de Cantabria, en los pueblos donde antes siempre había mucha ganadería. En esos pueblos hemos pasado de tener veinte vecinos con ganado a tener solo uno o dos; el uso de las tierras se ha concentrado en muy pocas manos. Esto significa que actividades como salir al campo a recoger la hierba o vigilar las zonas de pasto han desaparecido, y con ellas se ha roto ese vínculo. Aunque fuera un trabajo duro y físico, al quitar la actividad hemos quitado también la relación con el entorno. Ahora toca buscar un nuevo equilibrio, porque el anterior lo hemos cortado.

He ido pasando desde la ingeniería pura y dura, a la educación ambiental, hasta ir encontrando mi camino que es éste que lleva más al sentir

¿Es una rara avis dentro de los ingenieros forestales?

Me rodeo de gente que tiene la misma visión y de gente que va cambiando hacia esta visión. No tengo tanta relación con ingenieros forestales. Al final para mí el camino ha sido muy orgánico, ha sido ir pasando desde el lado más de la ingeniería pura y dura, a la educación ambiental ,y dentro de la educación ambiental ir encontrando mi camino que es este que lleva más al sentir, porque me di cuenta de qué era lo que me faltaba y que necesitaba yo expresar ese dolor que yo tenía por la tierra porque también lo había bloqueado.

¿Qué dolor concreto tenía usted bloqueado?

Uno de los dolores que más he sentido ha sido el tema de los polígonos industriales eólicos. El sur de Cantabria se definió como zona de sacrificio para la construcción de estos parques eólicos y aquí también yo veo una trampa. Porque estamos a favor de las energías renovables, sí, pero vamos a ver cómo lo hacemos. No vamos a hacerlo en una zona donde está pasando el oso pardo, donde hay un robledal y un hayedo. Vamos a buscar el sitio ideal, quizás más cerca de una ciudad donde haya ese consumo de electricidad. Entonces, hubo un momento, en 2020, que en Cantabria había más de 30 proyectos abiertos que estaban dispuestos a salir. Fue muy abrumador porque veía abierta la posibilidad de que el bosque de mi pueblo se convirtiera en un polígono eólico.

¿Cómo era el proyecto?

Ese ya lo han rechazado, pero mi pueblo está muy cerquita de Olea, es la otra ladera. Desde la cima de del monte de Villaescusa, que es mi pueblo, con todos los proyectos que estaban proyectados, que algunos ya se han ido cayendo, pero se hubieran visto 500 aerogeneradores. Entonces, para mí pasar de no ver ninguno y de y de tener unas vistas de un paisaje, de montañas preciosas, a subir y ver una zona industrial, me causó mucho dolor y lo tuve que gestionar a través de este tipo de herramientas, este tipo de prácticas me ayudaron a ponerme en acción. Decidí no quedarme abrumada por todo esto, sino reconocer el dolor que me paraliza y ponerme en acción. Yo estudié en Palencia, esa carretera la he hecho mucho. Cuando ahora voy y me veo esos campos de cultivo que son todo placas eólicas, pues también me duelen mucho. Entonces, hay que ver cómo hacemos esa transición a unas energías renovables, pero manteniendo un equilibrio con lo que ya es natural. A lo mejor esas placas eólicas las podríamos poner en tejados de naves, de zonas industriales, y no de repente en medio de un campo que ya simplemente el impacto sobre la biodiversidad, el impacto visual, el impacto del vínculo con ese terreno, se va a ir degenerando. Entonces, es muy difícil meter ahí esa mirada apreciativa, la población se va a ir se va a ir desvinculando de ese territorio.

Ahora mismo en Cantabria son 18 proyectos, ¿cómo describirías el sentido de estos proyectos en eólicos en Cantabria?

Hay algo que es objetivo: las alegaciones que se han hecho, no se han tenido en cuenta en el momento de determinar si ese es el lugar adecuado o no. Por los motivos que fuera, no se ha dado respuesta inmediata ni en plazos; aquí entran los tiempos y todo lo que tiene que ver con la burocracia. Todos los colectivos y todas las miradas tienen que poder expresarse —teniendo en cuenta esa expresión desde un lugar científico, con datos, y también desde un lugar emocional—. Si viéramos los beneficios económicos que nos reporta un bosque, la cosa cambiaría, cuántos ansiolíticos nos evitaríamos. La repercusión económica, a veces indirecta, es muy fuerte. Perder un paisaje de referencia también hay que tenerlo en cuenta.

A mediados de junio, después de tres meses buscando, José Manuel Graiño y dos amigos dieron por hecho que habían encontrado un piso de alquiler, en Santander. Pero tras ver el anuncio, la casa, y cerrar “verbalmente ”con el propietario, “a ultimísima hora, cuando solo había que firmar, nos dijo que subía el precio, de 900 a 1.000 euros, y que teníamos que pagar un comprobante de reserva del piso”.

“Obviamente”, dice Graiño, buscaron otro piso. No estaban dispuestos a aceptar las condiciones repentinas del casero y no se lo podían permitir. Con 21 años, este estudiante de Laredo (Cantabria) está seguro de que la búsqueda de piso en 2026 para hacer cuarto año de Economía en la Universidad de Cantabria (UC), en Santander, ha sido la más complicada.

“Recuerdo que el primer año de carrera era mucho más tranquilo y había tiempo para elegir”, dice tras haber conseguido finalmente un piso al que llamaron “corriendo”, después de ver el anuncio, tras ver otros por hasta 1.100 euros, por una vivienda de 65-70 metros cuadrados, en el entorno de la UC: “Para nosotros, que somos estudiantes, es bastante el precio”, dice aunque su piso nuevo acaba el contrato en junio, “prácticamente todos son así”.

Intentos de fraude, cobros de dos meses con reserva, pisos de tres habitaciones por más de mil euros y la ya asentada idea de que hay que abandonar el piso cada junio. Las dinámicas han cambiado completamente los precios en varias provincias. La especulación inmobiliaria se ensaña cada vez más con los universitarios de otros países o llegados de otros municipios que estudian en ciudades medianas, como Santander, Murcia o La Laguna, donde los salarios son inferiores a las grandes capitales.

Los patrones de Madrid y Barcelona se reproducen en el resto de ciudades. Santander, Murcia o La Laguna “están sometidas a tensiones inmobiliarias nuevas”, analiza Miguel Díaz, investigador de la Complutense y autor del informe 'Segovia. Ciudad tensionada', elaborado por la Fundación Rosa Luxemburgo, sobre el impacto de una universidad privada en el coste del alquiler. “La problemática es que al ser ciudades de mucha menor escala, el efecto global que puede tener sobre el mercado del alquiler es mucho mayor”, explica Díaz.

Para Ignacio Ezquiaga, doctor en economía e investigador en Funcas, hay que distinguir entre el ascenso de precios de vivienda libre en venta o alquiler y el encarecimiento de la vivienda libre respecto a la renta: El primero es un proceso que en parte depende del segundo. Lo que ya es caro sube normalmente menos que lo que aún no es tan caro. Hay una tendencia a igualar la asequibilidad en el mercado libre“.

Las diferencias de precios entre grandes y pequeñas ciudades, desarrolla Ezquiaga, o entre áreas de alta y baja densidad residencial, son proporcionales a la renta. “No creo que el fenómeno actual se circunscriba a las áreas más urbanas. En el resto ocurre igual: precios no asequibles para la mayoría de los nuevos hogares potenciales (incluidos estudiantes), precarización del alquiler y retraso en la emancipación”.

Ezquiaga señala que la ventaja de ciudades medias y pequeñas “es que disponen de mayor flexibilidad para aumentar la oferta de vivienda, con nueva edificación, rehabilitación o redensificación”.

A esto Ezquiaga agrega el problema adicional del efecto huida en la España rural y de ciudades menores, “ya que sus precios, aun siendo más bajos que las áreas más tensionadas, quizá deberían ser más atractivos y asequibles para retener e incrementar población”, plantea.

Díaz, que ha analizado el caso del Instituto de la Empresa en Segovia, señala por su investigación que el precio del alquiler en esa ciudad “practicamente” se ha duplicado: “Ha sido un cambio sustancial hacia otro modelo de precios mucho más elevados, donde la oferta residencial para el alquiler de largo plazo, se ha vaciado de una manera importante”, advierte.

Santander, más de 4.000 euros por un piso

En 2026, el Gobierno de Cantabria (PP) ha financiado, por primera vez, la gratuidad de la matrícula para el curso entrante en la UC, pero solo en el primer año de grado. Para ello, ha destinado este año un monto de 1,5 millones de euros, del que se beneficiarán los empadronados en la comunidad autónoma. La sede central de la UC está en Santander que, con 176.472 habitantes, según datos del Ayuntamiento (PP), carece de una residencia universitaria pública.

Este año, la rectora de la UC, Conchi López, anunció un proyecto de residencia de 116 habitaciones para el curso 2028/2029, “en un contexto marcado por la reducción de la oferta de vivienda en Santander y el incremento de los precios del alquiler, lo que dificulta el acceso a un alojamiento adecuado”, dijo la rectora.

El modelo pensado, si sale adelante, será una concesión a 40 años a una empresa gestora, con apoyo del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento, con habitaciones a precios “asequibles”, regulados por la universidad.

Santander alberga también dos universidades privadas, Cesine y Universidad Europea del Atlántico (UneAtlántico). Hay un colegio mayor público de la UC y dos residencias privadas, una de UneAtlántico y otra llamada MiCampus, del fondo de inversión Stoneshield Capital.

Pablo Vázquez (Oviedo, 21 años) estudia periodismo y ha pasado por las dos residencias privadas de Santander. La experiencia sumada al precio le han hecho decidir que el próximo curso viajará en autobús cada día de Oviedo a Santander y vuelta. Dice que prefiere hacer cuatro horas y media al día, en el mejor de los escenarios, o hasta seis horas de viaje en autobús al día, que volver a pagar una residencia o vivir en un piso.

“Aunque mi familia se lo puede permitir”, reconoce Vázquez, “me compensa el viaje: puedo hablar de un ahorro de de 1000 euros”, respecto a las residencias, donde se gastaba -a excepción de una bonificación el primer año- por encima de 800 euros mensuales. Se muestra optimista respecto al bus por el abono transporte nacional: “Por 30 euros al mes puedo ir y volver las veces que quiera”.

Vázquez es una excepción. En su misma universidad -donde la matrícula supera los 6.000 euros-, una alumna latinoamericana cuenta bajo anonimato que este año, por primera vez, junto a sus tres compañeras de piso, han tenido que hacer tres pagos por un piso en Santander: dos meses de fianza y una reserva desde julio.

Un total de 4.350 euros por un piso de cuatro habitaciones, dos baños, cocina, sala, y trastero que sus familias pueden asumir, pero admite que son las condiciones “más caras” que ha tenido en cuatro años en la capital de Cantabria. “Es amplio”, valora esta estudiante que también aprecia que sea un contrato fijo durante dos años, frente a la tendencia de temporalidad general.

Otra alumna latinoamericana de su misma universidad, también bajo anonimato, dice que tras tres años en Cantabria puede afirmar que, cada año, “es un poco más complicada” la búsqueda de piso: “Antes pedían un mes de fianza y ahora suelen pedir más, además de gastos adicionales como la limpieza mensual”, cuenta.

Esto se traduce en que todos los pisos que ha visto para este año de dos habitaciones -tiene una compañera de piso- tienen un precio promedio mensual de temporada de 900 “o más”. Hace tres años, dice, les pedían antes un mes de fianza. “Ahora nos piden dos meses o incluso tres”, cuestiona esta estudiante.

Ibai Ruiz, de Laredo y estudiante de Ingeniería Mecánica en la UC, se fijó en esta tendencia y creó una plataforma llamada TrentiScan, con la que ganó un premio universitario, por ayudar a detectar fraudes en alquileres para estudiantes. “Con la desesperación por encontrar alojamiento, los fraudes se disparan”, cuestiona el creador de la app que ahora se llama Waybox.

“Lo que más vemos son los 'pisos fantasma': anuncios con precios algo más bajos de lo normal donde exigen pagar una fianza por adelantado para 'bloquear' la habitación antes incluso de verla. Juegan con el miedo del estudiante a quedarse en la calle”, dice Iba Ruiz sobre una ciudad que ha visto cambiar drásticamente en siete años: “Hablando con compañeros de cursos superiores, lo que en 2019 era una habitación de 200 o 250 euros, hoy roza los 400 euros y las condiciones para entrar son muchísimo más agresivas”.

La Laguna, estafas para ver pisos por 95 euros

En Canarias, al creciente precio de los alquileres se suma otra dificultad: el carácter insular del territorio. Los estudiantes que no viven en las islas capitalinas tienen que mudarse para poder ir a la Universidad e incluso los que han nacido en Tenerife o Gran Canaria se ven obligados a salir de su isla para poder cursar la carrera que quieren o a buscar un piso más cerca de las facultades y sortear así el colapso diario de las carreteras.

La Universidad de La Laguna (ULL), en Tenerife, es la más antigua de Canarias, con más de 200 años de historia. En la isla hay dos universidades privadas, pero ninguna ofrece formación presencial en La Laguna. Por un lado está la Tecnológica de las Islas Canarias (TECH), donde la formación es completamente digital, y por otro la Universidad Europea, con un campus en La Orotava y otro en la capital, Santa Cruz de Tenerife.

Así, la ULL ha hecho que La Laguna (161.091 habitantes) se consolide con los años como la ciudad universitaria por excelencia del Archipiélago. Sin embargo, ahora corre el riesgo de perder el título ante las dificultades crecientes a las que se enfrentan los universitarios para encontrar dónde vivir durante el curso. Alquilar una habitación cuesta a los jóvenes entre 300 y 450 euros, a pesar de que Canarias es una de las comunidades autónomas más empobrecidas del país, con un 31,2% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social.

El precio no es el único problema. También lo es la falta de pisos. “Es muy difícil encontrar uno a un precio razonable y en un lugar adecuado”, cuenta Alejandra Ramírez. Ella es de Gran Canaria, pero estudia Psicología en la ULL porque en su isla, la universidad pública no oferta el Grado.

El miedo a no tener dónde residir durante el curso lleva a los jóvenes a caer en estafas y a pagar precios desorbitados por una habitación. “Se aprovechan para ofrecer pisos muy antiguos por precios muy altos. A mí me estafaron 95 euros. Mi amiga y yo teníamos que hacer una reserva para poder ver un piso y cuando llegamos allí, el piso no existía”, cuenta Ramírez.

Los centros de alojamiento públicos que ofrece la ULL también se han quedado pequeños. La Universidad cuenta con tres colegios mayores y una residencia, que suman un total de 541 habitaciones entre individuales, dobles y adaptadas. Según los datos publicados por el centro, hasta el momento se han matriculado para el próximo curso 17.452 personas. La Laguna también cuenta con una residencia privada, la Residencia Universitaria Nazaret, de carácter religioso y solo para mujeres.

En enero de este año, la ULL presentó una iniciativa para construir 50 plazas de estudiante con una construcción basada en un sistema industrializado. Las plazas alojativas no estarán disponibles este curso, ya que según ha explicado la institución a esta redacción, acaban de recibir el proyecto.

Murcia, un 16% de oferta contra un 58% de demanda

Para María Dolores, estudiante de tercero de Bellas Artes en la Universidad de Murcia, el verano ha sido un sinvivir frente a la pantalla del ordenador buscando una habitación que le permita seguir estudiando en la capital sin que el alquiler se lleve buena parte del presupuesto familiar.

Una presión que se ha intensificado en los últimos años. En el primer trimestre de 2026, la oferta de habitaciones en Murcia aumentó un 16% respecto al año anterior, pero la demanda lo hizo un 58%. El precio medio se sitúa ya en 300 euros mensuales. Eso convierte una habitación en un piso compartido —la opción que tradicionalmente permitía abaratar el coste de estudiar fuera de casa— en un gasto que supera fácilmente los 3.000 euros anuales, a los que hay que sumar alimentación, transporte, matrícula, material académico y pago de suministros.

Murcia, con 479.471 habitantes según el censo, cuenta fundamentalmente con dos grandes universidades en su entorno inmediato: la Universidad de Murcia (UMU), pública, y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), privada. La primera supera los 30.000 estudiantes, mientras que la segunda cuenta con más de 22.000 alumnos en programas de grado y posgrado.

En Murcia, el precio medio de una habitación alcanzó los 300 euros mensuales en el primer trimestre de 2026, según el portal especializado Idealista. Una cifra que se mantiene estable respecto al año anterior pero que acumula un incremento del 34% en cinco años: de unos 223 euros en 2021 a los 300 actuales.

El mercado actual ofrece, no obstante, una horquilla más o menos amplia. En los anuncios consultados recientemente aparecen habitaciones desde alrededor de 230 euros, especialmente en zonas periféricas, hasta 350, 390 euros o más en viviendas mejor ubicadas o equipadas. La ubicación pesa. También el estado de la vivienda, el número de personas que comparten baño, si los suministros están incluidos y, cada vez más, la distancia al tranvía o a los campus.

Álvaro, estudiante de 21 años procedente de Albacete, lleva dos cursos compartiendo piso en Murcia. El primer año pagaba 250 euros por la habitación. Para este curso, su casero le anunció a él y a sus otros tres compañeros de piso que el precio subía, de golpe, a los 315 —lo que supone unos ingresos mensuales para el propietario de 1.260 euros—, sin contar luz, agua ni Internet: “Cuando hicimos cuentas, la habitación se nos iba a los 370 al mes a cada uno, pero hemos preferido asumir la subida impuesta por el propietario antes que jugárnosla tal y como está la cosa”, relata.

Es lo que le pasó a Lucía, de 23 años, nacida en la localidad costera de Águilas. A mitad de curso se vio en la necesidad de salir del piso que compartía en Murcia con otras dos chicas por la pésima relación que mantenía con ellas, con denuncias por agresiones de por medio. “Encontré una habitación, pero me dijeron que había otras cuatro personas interesadas y que, si quería reservar, tenía que transferir 500 euros ese mismo día. Pedí ver el contrato y me dijeron que lo enviarían después”. Lucía, que asegura sentirse “desesperada”, realizó el trato por WhatsApp y efectuó el ingreso de la “reserva”. Resultó una estafa.

María Dolores procede de Purias, una pedanía del municipio de Lorca situada a poco más de 70 kilómetros de la capital regional. Una distancia que, en coche, se completa en unos 51 min por la Autovía del Mediterráneo (A-7). Ella no dispone de vehículo propio y la utilización del transporte público no es una alternativa para evitar el traslado temporal de su residencia a Murcia, porque le obligaría a emplear unas 5 horas diarias en viajes en autobuses y tranvías —el servicio de trenes de Cercanías entre Murcia y Lorca lleva suspendido desde octubre de 2021debido a las obras del AVE—, entre ida y vuelta.

Así que empezó a buscar piso en junio. “Pensaba que lo conseguiría pronto, pero muchas habitaciones ya estaban reservadas. Los que encuentro por 250 o 270 euros están muy lejos o están compartidos por muchas personas y tienen solo un baño. Y si pago 350 euros más gastos, mis padres no saben si podrán mantenerlo todo el curso”, explica. “Tengo otros dos hermanos que vienen detrás de mí. No me parecería justo comprometer los ahorros que ellos han previsto también para sus estudios, así que no sé lo que haré al final, pero entre las opciones está dejar la carrera”, reconoce a pocas semanas de que empiece el nuevo curso académico.

El Gobierno de Cantabria (PP), a través de la Consejería de Inclusión Social, ha reducido este año a la mitad el presupuesto para el mantenimiento de bares, en municipios en riesgo de despoblamiento, respecto de 2025, que fue el primer ejercicio en que se ofreció la ayuda para prevenir el aislamiento social y la soledad no deseada.

En 2025, el Gobierno del PP concedió 19.230 euros, quedando el 81% de los 100.000 euros disponibles. La nueva convocatoria ha bajado a 50.000 euros el presupuesto total.

Las subvenciones para ambos ejercicios son hasta 2.000 euros para costear agua, electricidad, gas, combustibles, internet, televisión y plataformas del año anterior. Pero, mientras en 2025, las ayudas tenían que ser para el único bar en el pueblo, en 2026, la ayuda permite que sean dos bares en un mismo municipio.

En 2025, el montante de la ayuda hubiera permitido subvencionar hasta 50 bares, pero se postularon solo 15. De estos, 4 no eran el único bar del pueblo y un propietario desistió del proceso. Finalmente, nueve bares recibieron las ayudas con el importe máximo de 2.000 euros y uno obtuvo 1.230 euros. En 2026, el periodo para postular a la subvención actual concluye en octubre y alcanzaría para unos 25 bares, si percibiesen el monto completo individual.

El año pasado, las ayudas fueron subvencionadas con fondos europeos Next Generation y obligaban a que fuese el único bar del municipio, mientras que en 2026 han salido del presupuesto autonómico y pueden ser hasta dos bares por localidad.

Cantabria cuenta con un Consejo Asesor de Lucha contra el Despoblamiento y tramita una ley de lucha contra el despoblamiento, pero su fórmula hasta ahora se ha centrado en corridas de toros y cajeros automáticos, además de potenciación de los alojamientos turísticos.

A finales de 2025, el Gobierno autonómico anunció que había destinado 126,6 millones para luchar contra la despoblación en ese año, mediante 180 medidas, de las que 163 fueron ejecutadas directamente por el ejecutivo. También ha aplicado la receta de la lucha contra la despoblación mirando a futuro, con el proyecto de teleférico 'Mirador del Pas', con el que el Gobierno del PP aspira a fijar población con 20 puestos de trabajo fijos.

El agua de Solares, declarada de utilidad pública en 1828, no es solo un producto comercial, sino seña de identidad de un pueblo de Cantabria que creció al amparo de su manantial y su balneario. Sin embargo, la reciente adquisición de la emblemática compañía por parte de Aquadeus (perteneciente al Grupo Fuertes y al Holding Alma) en noviembre de 2024 ha traído consigo un ambicioso plan de expansión que, aunque promete ser un motor de desarrollo, ha comenzado a generar las primeras quejas vecinales.

La histórica planta embotelladora de Manantial de Fuencaliente se ha convertido, según los residentes afectados, en una fuente incesante de ruidos, vibraciones y tráfico de vehículos pesados que opera sin interrupción durante las 24 horas del día. Su objetivo: llegar a extraer hasta 40 litros por segundo, lo que equivale a 1.260 millones de litros anuales y alrededor de millón y medio de botellas diarias.

Para ello, la Consejería de Industria autorizó a la empresa el 13 de diciembre de 2024 la ejecución de un sondeo alternativo al de Fuencaliente para captación de aguas subterráneas. El 16 de julio de este año se autorizó el cambio de ubicación de ese sondeo y actualmente, como consecuencia de problemas técnicos que impidieron completar la ejecución de los sondeos anteriores, se está tramitando la autorización —a fecha 13 de agosto de 2026— del cambio de ubicación para la realización de un tercer sondeo. Todo ello suma más de año y medio de ruidosas prospecciones en el terreno que rodea al icónico manantial cántabro.

Vivir frente a un “polígono industrial”

Para Javier Gómez, hijo de una vecina cuya vivienda colinda directamente con la factoría, la situación es insostenible sobre todo desde junio de 2026, cuando la entrada de nueva maquinaria y generadores industriales transformó completamente el entorno residencial en un “polígono industrial”. “Se trabaja igual a las 12 del mediodía que a las 3 de la mañana”, denuncia Gómez, quien describe la presencia de equipos de refrigeración del tamaño de contenedores de barco instalados en el exterior, en pleno centro del pueblo.

El pasado 22 de julio, la madre de Javier, de 72 años, tuvo que ser trasladada a urgencias de madrugada debido a una crisis de hipertensión tras pasar varios días sin poder dormir debido al estruendo de los generadores y la chimenea de la planta.

María del Carmen Carrera, otra vecina afectada, califica el ruido de los generadores como “espantoso” y coincide en que, a pesar de vivir allí toda la vida, nunca se había enfrentado a una agresión sonora de tal magnitud que persiste incluso durante las noches y los días festivos.

“Con ventanas cerradas incluso se oye todo”, lamenta, insistiendo en que la situación se ha vuelto insoportable para las familias que viven en el entorno de las instalaciones, como su hermano, que habita en otra casa muy cercana a la suya.

Mediciones para probar ilegalidad sonora

La alcaldesa de Medio Cudeyo, María Higuera (PRC), reconoce que el conflicto existe, aunque ha matizado que, a nivel oficial, “el Ayuntamiento solo ha recibido una denuncia formal por escrito de una familia”. La regidora asegura que “ningún vecino del pueblo me ha trasladado nada en la calle”.

Higuera ha justificado que la fábrica ha pasado de un nivel de producción bajo a un volumen mucho mayor tras la llegada de la nueva propiedad (Grupo Fuertes) y ha subrayado la importancia de la empresa como motor económico, ya que da empleo a “mucha gente” del propio municipio de Medio Cudeyo, de algo más de 7.600 habitantes. Si bien no ha precisado exactamente el número de trabajadores actuales de la embotelladora, sí ha aludido a que “en su día —refiriéndose a la gestión anterior de la familia Añíbarro— tenía unos 70 u 80 empleados”. Desde Aquadeus/Solares confirman que la plantilla actual es de 60 personas, “casi un 50% más” que cuando asumieron la titularidad de la embotelladora, y que en los próximos meses prevén incorporar “a un mínimo de 10 trabajadores adicionales con contrato indefinido, sobre todo aunque no únicamente de perfil técnico”, siguiendo su filosofía de dar preferencia a “recursos locales o comarcales”.

No obstante, la alcaldesa se ha mostrado tajante al afirmar que Agua de Solares debe cumplir la legalidad. “Tenemos que lograr una convivencia pacífica, sana y feliz para ambas partes”, ha asegurado, señalando que ya se ha dado traslado de la queja vecinal a los servicios técnicos municipales para que realicen las inspecciones correspondientes y que están “analizándolo” (desde el 2 de julio que el afectado Javier Gómez presentó por Registro una primera denuncia escrita).

Por su parte, ante la falta de respuesta institucional inmediata, los propios vecinos han tomado la iniciativa de fiscalizar la actividad. Javier Gómez adquirió un sonómetro profesional para contrastar el ruido ambiental con la normativa vigente. Si bien el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Medio Cudeyo establece un límite máximo de 35 a 40 decibelios para dormitorios en periodo nocturno, las mediciones en las viviendas afectadas superan los 50 decibelios de forma constante, según señala Gómez. El PGOU establece a su vez que el nivel sonoro en el domicilio vecino no puede sobrepasar en más de 3 decibelios el ruido de fondo entre las 22:00 y las 8:00 horas, según explica.

Sin embargo, pese a las primeras quejas verbales en marzo de 2026 y los vídeos remitidos posteriormente como parte de denuncias formales dirigidas al Ayuntamiento y elevadas a otros entes como la Guardia Civil o el Defensor del Pueblo, no se han adoptado medidas correctoras.

Quejas de huéspedes del Balneario de Solares

A la incomodidad vecinal se suma otro motor histórico de la zona: el Balneario de Solares Castilla Termal. Su director, Carlos Irigoyen, ha confirmado que el ruido industrial es “muy molesto” en las habitaciones que dan hacia la fábrica, especialmente en verano, cuando los huéspedes necesitan abrir las ventanas. “Son sobre todo unas seis habitaciones que tratamos de mantener desocupadas en la medida de lo posible porque nos han generado bastantes quejas entre nuestros clientes”.

En conversación con elDiario.es, Irigoyen ha recordado que trasladó personalmente el problema a la gerencia de la fábrica y se comprometieron hace más de un mes y medio a instalar paneles amortiguadores de ruido, pero a fecha de hoy los ruidos persisten y no hay constancia de dicha obra.

Dice que para ellos el problema comenzó ya en el verano de 2025, con las obras de perforación para un nuevo punto de extracción que Irigoyen asegura que fueron “insoportables”. El actual director del histórico establecimiento termal reconoce que para su modelo de negocio, sustentado en el descanso y la relajación, una planta que opera con maquinaria pesada y generadores a toda potencia durante la noche, sí preocupa.

Cabe recordar que la planta de la embotelladora Agua de Solares tiene la particularidad de estar ubicada prácticamente en el núcleo urbano de la localidad y no en un entorno que pueda considerarse industrial. Preguntados por si tienen constancia de que el aumento de su actividad esté generando algún tipo de incomodidad a la población, desde Aquadeus/Solares aseguran no tener conocimiento de ningún tipo. “Creemos que los vecinos entienden que antes existía una fábrica con una intensidad empresarial muy baja y la situación actual ha cambiado mucho. Evidentemente, hemos aumentado significativamente los movimientos de vehículos pero las vías urbanas no están sufriendo atascos ni problemas de tráfico. No obstante y como tenemos un proyecto importante de crecimiento en los próximos años, ya estamos abordando con el ayuntamiento planeamientos futuros para que no generemos eventuales inconvenientes”, concluyen.

El Ayuntamiento retomará reuniones en septiembre

Higuera reconoce que ha mantenido conversaciones con la gerencia de la fábrica y en ellas le han trasladado su compromiso de eliminar los generadores temporales “una vez que se obtenga el incremento de potencia eléctrica que han solicitado” y de instalar los paneles acústicos prometidos. Según le han dicho, “la compañía a la que se le ha encargado ese trabajo no ha sido capaz de hacerlo todavía”.

En opinión de la alcaldesa, la intención de los nuevos dueños de Agua de Solares es “venir a convivir” y no alterar la vida del pueblo. Respecto al incremento del tráfico experimentado en el municipio debido al mayor volumen de vehículos pesados que entran y salen de la embotelladora, la regidora ha asegurado que, durante esa misma reunión mantenida con la empresa, esta se comprometió también a construir un aparcamiento disuasorio para camiones, donde puedan esperar sin molestar antes de ser avisados para efectuar las cargas.

Ahora bien, preguntada por si existe algún tipo de acuerdo escrito sobre estas promesas y sus posibles tiempos de ejecución, Higuera ha admitido que solamente han sido compromisos verbales.

En todo caso, la regidora confía en poder retomar en septiembre, con el fin del periodo vacacional, las reuniones con la dirección de la planta de Solares para lograr “la convivencia deseada” entre el desarrollo industrial y el bienestar de residentes y turistas termales.

Una 'tierra paralela' es un instrumento astronómico en forma de bola del mundo, que tiene que estar exactamente en la misma orientación en el espacio que el planeta tierra. Su eje norte-sur es paralelo y sirve para ver dónde es de día y de noche, como se va moviendo la tierra, observar si es de día o de noche, dónde anochece y dónde amanece e incluso la estación del año. El de 'tierra paralela' es un concepto científico relativamente reciente, pero el instrumento existe desde mucho antes.

La 'tierra paralela' más antigua que los científicos conocen, está desde 1933 en Santander, en los jardines de Piquío, en el Sardinero. Pero son escasas las personas que saben que esa antigua bola del mundo, recién restaurada, no es solo un adorno al que encaramarse o con el que tomarse fotos. Para que funcione, no se puede mover del lugar elegido. La bola del mundo de Santander es para Santander, está en su eje preciso y da información del mundo. Pero jamás esa bola, en sus 93 años de historia, ha contado con un letrero que explique qué es ni cómo usarla.

En la reinauguración de los jardines, en agosto de este año, Neila Campos, presidenta de la Agrupación Astronómica Cántabra (AstroCantabria) explicó in situ a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP) las peculiaridades de funcionamiento de la bola, como la lectura de la hora exacta o la fecha: “A la alcaldesa le expliqué esto de la bola, que no lo tenía muy claro, ella a lo mejor sabía algo de la importancia, pero no conocía los detalles, -los ingenieros y la arquitecta que acompañaban a la regidora, sí que lo sabían-, se mostró muy interesada”.

Tras duplicar el presupuesto inicial y después de dos años de obras en los emblemáticos jardines, el Ayuntamiento pintó la bola y quitó la valla disuasoria que rodeaba el objeto. Neila Campos, doctora en Educación Matemática, le planteó que podría estar bien poner un panel explicativo con una frase y, además, un QR para profundizar en cómo funciona.

Cuenta Neila Campos que, cuando se construyeron los jardines, en el diseño del arquitecto Ramiro Sainz estaba contemplado poner un reloj de sol. Por eso, cuando esta esfera de piedra caliza de 65 centímetros de diámetro fue inaugurada en 1933, la prensa de la época hablaba de un reloj de sol, que también lo es. La idea específica de la bola se atribuye a Eugenio Cortiguera, mientras que la ejecución técnica y artística fue obra de Saturnino Merodio, que esculpió manualmente los continentes y meridianos. “No era un adorno”, reconfirma Campos.

Dos años después, en 1935, el profesor estadounidense de español Simon Baker fue invitado a los cursos de verano de la Universidad Internacional Ménendez Pelayo (UIMP), visitó Piquío y descubrió la bola. Le gustó tanto -cuenta Neila Campos- que pidió una copia para tenerla en Estados Unidos. “Se le enviaron unas instrucciones para que pusiera un soporte en las antípodas”, pero quizá no las entendió o no fue Baker quien la colocó. Neila Campos no lo sabe, solo sabe que la 'tierra paralela' de Baker no funcionó.

Mientras, en Santander, la bola de Piquío sobrevivió a la guerra civil, pero su historia quedó setenta años enterrada mientras los paseantes se hacían fotos, paseaban jugaban alrededor. Así fue -y, en realidad, sigue siendo- hasta que, a finales de los noventa, se empezó a utilizar didácticamente un instrumento al que se llamó 'tierra paralela' y a instalarse con ese nombre en museos de la ciencia.

En 1999, Arturo Bravo, de AstroCantabria y hoy profesor jubilado de Matemáticas, asistió a un curso de formación del profesorado de astronomía, en Granada, que impartía el profesor Esteban Esteban. Éste habló a los alumnos de las 'tierras paralelas' y cómo funcionaban, algo que había descubierto a través de la profesora Nicoleta Lanciano, de Italia. Bravo volvió a Santander pensando en esto. Tiempo después pensó en la inclinación de la bola de Piquío y se acercó a comprobar sus sospechas, que eran ciertas. Él le contó a un grupo pequeño de alumnos de Matemáticas su hallazgo y también a Neila Campos.

Bravo y Campos forman parte de AstroCantabria desde hace décadas y están en contacto con los familiares de las personas que pensaron e instalaron la bola, con los que estuvieron recientemente en una charla sobre el instrumento. En 2010, desde AstroCantabria descubrieron al Ayuntamiento de Santander, entonces gobernado por Íñigo de la Serna -también del PP- el misterio de la bola. Ese año, el consistorio iba a restaurarla: “Pensaban que se podía coger, llevar un taller, restaurarla y volverla a traer, pero les dijimos que la bola era lo que era y que no había que moverla porque está colocada con mucha exactitud y luego igual no la podemos volver a poner igual”. Neila Campos, de AstroCantabria, pidió tres cosas: restaurar in situ la pintura de la bola, que se colocase una pequeña barandilla alrededor y un cartel explicativo: “Esa tercera cosa no se hizo nunca.”

La Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria (PP) anunció el 11 de julio la contratación de 457 enfermeras y 91 médicos para “garantizar la asistencia sanitaria durante el periodo estival”. Quince días después, el consejero del ramo, César Pascual, dijo que la asistencia sanitaria transcurría “sin muchas incidencias”, pese a doblar población.

Pero apenas quince días más tarde reconoció que Los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del Servicio Cántabro de Salud (SCS) habían incrementado más de un 40% su actividad durante este verano y las urgencias en los hospitales habían subido un 24%, con Valdecilla a la cabeza. Además, las UVI móviles del 061 Cantabria habían aumentado sus traslados un 39%.

La contratación de las 457 enfermeras fue anunciada como “un refuerzo” en julio, pero superado el ecuador del verano, el Sindicato de Enfermeras de Cantabria (Satse) advierte de que nunca fue así. Primero, en 2025, los datos de las contrataciones de verano no trascendieron, según avanza el sindicato, si no que Salud hizo el anuncio en 2026 y las contrataciones son “insuficientes” como respuesta a la población flotante y a la residente.

La plantilla total de enfermeras, según las plantillas orgánicas consultadas por Satse, es de 2583 enfermeras, y en verano se han sustituido 457 personas. Es decir esto supone un 17,69 % de las enfermeras que están trabajando durante todo el año. Estas contrataciones “no son por encima de plantilla, si no que se contratan para realizar las coberturas de las sustituciones de vacaciones”, explica Ana Samperio, portavoz de Satse.

Según el análisis de Satse, en los equipos de atención primaria “no solamente no se refuerza, si no que están a la mitad de enfermeras ya que solamente se sustituye solo 33%” de las personas que se van de vacaciones.

En los SUAP, advierte, “sólo se refuerzan por horas en aquellas zonas que hay fiestas muy numerosas de población”. Y pone de ejemplo, Solares, el día 15 se envío una enfermera, de 9 a 17 horas, durante un concierto en el que hubo “20.000” personas.

El sindicato reconoce que, en los servicios de urgencias de Sierrallana y de Laredo, “se está intentando reforzar, pero no de manera estable, solo 1 enfermera por turno por encima de plantilla pero no en todos los turnos”, desglosa la sindicalista, que indica que⁠, en el hospital Sierrallana, durante las actuales fiestas de la Semana Grande de Torrelavega, han asegurado esta sustitución.

Ante la presión asistencial que denuncia Satse y que ha reconocido el consejero, “desde luego unas sustituciones del 17% son insuficientes, porque no son refuerzos por encima de plantilla. Y, por otro lado, no hay enfermeras suficientes en bolsa de empleo”

La alcaldesa de Santander, gema Igual (PP) descarta comprar las 107 viviendas de alquiler asequible, ubicadas en la calle Hermanos Calderón, en el barrio de Peñacastillo, que han sido vendidas por la Fundación La Caixa al fondo de inversión Mosaic Propco. Así se lo ha trasladado a los vecinos afectados, cuyos contratos empiezan a vencer en 2027, en una reunión reciente en el Ayuntamiento.

Los vecinos le preguntaron “qué iba a hacer” el Ayuntamiento “para defender el derecho a seguir viviendo aquí” y si el Ayuntamiento compraría las viviendas. Tras esto, la alcaldesa les respondió “literalmente, que no, que no es posible”. Según explican, les argumentó que “no tienen dinero para poder realizar esa compraventa” y por otro lado, porque desde el consistorio “entienden que no son los responsables de lo que nos pueda pasar”.

A cambio, la alcaldesa se comprometió, según los vecinos, a “abrir la puerta” a una negociación a tres bandas con Mosaic. “El Ayuntamiento, nos consta, ha requerido información sobre lo que está ocurriendo con las viviendas a Mosaic y no les ha contestado”, han explicado a elDiario.es los vecinos. “Entendemos que Mosaic no va a tener ningún interés en intentar cualquier tipo de negociación”, asumen.

Consultado sobre la reunión, desde el Ayuntamiento confirma a elDiario.es que no contemplan la compra por presupuesto y que la opción queda descartada.

El 19 de junio, la alcaldesa de Santander se comprometió públicamente a tener una reunión con los vecinos. Para ese momento, en el que la regidora hacía balance de legislatura, habían pasado dos meses desde que el caso de expulsión colectiva se había hecho público. Y es que la nueva empresa propietaria rechazaba renovar contratos de alquiler y solo ofrecía venta a precios no asequibles.

El 26 de junio, los vecinos acudieron al pleno municipal para, aprovechando el turno de preguntas, consultar públicamente a la alcaldesa qué iba a hacer por ellos. La alcaldesa, cortante, les dijo que si su petición era que el Ayuntamiento de Santander comprase sus pisos y tras la confirmación de los vecinos, les dijo que estudiaría su propuesta.

El 10 de julio, salía a la venta uno de los pisos de Hermanos Calderón, con inquilinos dentro. Y era ya el segundo caso. La empresa les ha dado dos opciones: comprar o marcharse, según venza el contrato, aunque la mayoría está pidiendo una prórroga del contrato de alquiler asequible.

Tres meses después de que el centenar de vecinos denunciaran su situación, el encuentro se produjo el 17 de julio, entre los residentes y representantes del Sindicato de la Vivienda de Cantabria en el Ayuntamiento. La cita no fue publicitada y, valoran los inquilinos de Hermanos Calderón, se dio en “un tono más cordial” por parte de Gema Igual. A medio año de que los contratos empiecen a vencer, los vecinos de las 107 viviendas continúan en un limbo sobre su futuro residencial.

Celestino decidió guiar por Valdeolea a los dos investigadores recién llegados a Mataporquera, capital del municipio. Adrián González y María Fernanda Arias accedieron: “Quería aportar a la causa”. Celestino les llevó por el pueblo, les dio el contacto directo de los vecinos, les sugirió dejar una encuesta en el bar y les presentó gente, como un camarero amigo suyo. Nada más saludarles, les dijo: “Si estáis aquí es porque algo grave está pasando, ¿no?”.

La “causa” de la que hablan estos investigadores es la primera investigación sobre refugios climáticos en Cantabria, específicamente en el sur, en Valdeolea, Campoo de Yuso y Valdeprado del Río. Son tres municipios del sur con clima muy frío y seco en invierno y altas temperaturas en verano, que sufren una gran oscilación térmica en un mismo día estival. Lo “grave” que anticipó el camarero amigo de Celestino es que registran el mayor riesgo térmico de la comunidad: es decir, donde la frecuencia de olas de calor ha aumentado, impactando directamente en la posibilidad de fallecimiento por temperaturas altas, especialmente entre la población mayor de 65 años, que es más de la mitad de la población en ese territorio.

Cantabria carece de un registro institucional de refugios climáticos, aunque cuenta con una Estrategia contra el Cambio Climático desde 2018. A inicios de 2026, la consejería de Medio Ambiente presentó una Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, pero el proyecto en el sur ha sido a iniciativa de la Red Cántabra de Desarrollo Rural, con fondos, eso sí, del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA), del Gobierno autonómico, a través del programa Investigo, para jóvenes investigadores.

En los tres municipios investigan González y Arias, a lo largo de 2026, para identificar espacios interiores y exteriores públicos tentativos de componer la primera red de refugios climáticos de Cantabria, para escapar de las temperaturas extremas, pero también de la soledad no deseada. “Hay una pérdida de confort en los espacios públicos”, dice Ruth Pirón, de la Red Cántabra de Desarrollo Rural, promotora del proyecto con fondos del Gobierno de Cantabria.

Los datos recopilados por ambos investigadores revelan que la zona sur de Cantabria, en los últimos cinco años, ha experimentado frecuentes olas de calor –más de 33 grados, durante tres días seguidos o más–, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Esta frecuencia, explican, es un desencadenante a partir del cual se registra un aumento de la mortalidad por calor.

El refugio como ponerse “a la fresca”

Sobre el terreno, a los investigadores del proyecto piloto los vecinos, les cuentan, identifican la idea del refugio climático con “ponerse a la fresca”, que generalmente lo hacen en sus casas, aislándose. Pero técnicamente un refugio es un espacio público y gratuito, especialmente pensado para personas vulnerables, como mayores de 65 años, niños o personas con enfermedades crónicas.

Si el lugar es interior generalmente estará gestionado por una entidad municipal. Si es exterior, puede ser zona natural, con sombra, junto a un río. Lugares frecuentes para reunirse, como las plazas de los pueblos, se han vuelto inhóspitos por el uso de materiales como el hormigón y el asfalto, que retienen el calor, cuentan.

Los investigadores describen las particularidades de cada municipio que están visitando: Valdeprado del Río es “una zona bastante olvidada, muy despoblada, muy envejecida y muy natural”; Campoo de Yuso es “el que más poblaciones independientes, con más dispersión”; Valdeolea tiene población envejecida, pero también “muy joven”, más trabajadores de la industria de Mataporquera.

Cuando les preguntan por la percepción del cambio climático, lo identifican más con el invierno, con el frío más agudo. Si les piden que respondan dónde se irían si buscaran un refugio climático, muchos mencionan las iglesias. Y cuando les consultan qué tipo de refugio les gustaría, en no pocos casos mencionan piscinas naturales.

El factor de la distancia

“Hay que ver las distancias de desplazamiento, porque hay veces que si las zonas verdes están muy alejadas o hay un camino entero sin sombra, no van a ir”, advierte Arias. “Se ha comprobado con numerosos estudios como una zona con alta densidad de árboles puede estar desde 4 hasta 10 grados más fresco que una calle asfaltada a solo unos metros de distancia”.

“Aunque sean zonas muy verdes, hay que renaturalizar el espacio público y usar suelos permeables en lugar de asfalto para mejorar la temperatura”, observa Pirón, que abunda en el objetivo de los refugios para las personas mayores. “Buscamos crear una red de lugares comunitarios, públicos y gratuitos que no solo ofrezcan confort térmico (27 grados), sino que también fomenten la socialización entre personas de distintas edades”.

A Adrián González, que, como en el caso de su compañera María Fernanda Arias, nunca había participado en investigaciones de este tipo, le ha sorprendido sobre todo el impacto del aumento del calor en la forma de socializar de los vecinos. “Las altas temperaturas hacen que los pueblos, que, en general, son entidades vivas, se mueran y se individualicen con cada uno en su casa”, explica. “Al final, en las épocas de mayor afluencia y de más vida, como puede ser el verano, nos acabamos aislando”.

El primer Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de los Picos de Europa fue aprobado en 2002, pero fue anulado por el Tribunal Supremo en 2005, por carecer en su reglamento de un régimen económico y de compensación para los ayuntamientos de los municipios que hay en sus más de 66.000 hectáreas. Así, el parque quedó en un limbo legal de permisos, restricciones y falta de protección de flora y fauna, durante dos décadas, hasta agosto de 2026, cuando entra en vigor en Cantabria, días después de que un grupo de expertos montañeros y espeleólogos sacasen más de mil kilos de residuos de una cavidad cercana a Fuente Dé.

El Plan Rector son casi 500 páginas y es un instrumento de gestión muy similar para las tres autonomías implicadas y supone la planificación y gestión conjunta del área protegida con Castilla y León y Asturias. Luego, cada comunidad autónoma ha desarrollado su decreto donde marcan las zonas concretas de especial protección a nivel autonómico, resultando Cantabria la última en desarrollar su normativa, particularmente enfocada en la preservación de los bosques de Liébana, sobre todo en la regeneración natural y la ampliación de sus hayedos.

Para todo el Parque Nacional, se establecen zonas, según el grado de protección: Zona de Reserva (máxima preservación), Zona de Uso Restringido (tránsito limitado), Zona de Uso Moderado (la mayor parte del parque: senderos y vías permitidas), Zona de Uso Especial (infraestructuras y equipamientos con reglas propias) y Zona de Asentamientos Tradicionales (pueblos y caminos públicos). Cada autonomía, dentro de sus límites, ha definido cada zona.

En común, tal como ya avanzaron iLeón y elDiario.es Asturias, el PRUG prohíbe ahora totalmente la caza deportiva y comercial y la pesca deportiva y recreativa y tampoco permite mascotas en Zona de Reserva o Uso Restringido, obligando a ser llevados siempre con correa; la espeleología con fines deportivos, turísticos o comerciales requiere de autorización previa y está limitada a ciertas cavidades; para hacer vivac está permitido pasar hasta 3 noches, pero sólo por encima de 1.800 metros, con alguna excepción, y la tienda de campaña está autorizada, siempre por encima de los 1.800, en casos muy puntuales.

También hay restricciones para los ciclistas y transportes sin motor: quedan restringidos a carreteras, caminos vecinales y ciertos viales. Además, se prohíbe la escalada en todas sus modalidades en las Zonas de Reserva, permitiendo la escalada clásica, alpina y en hielo con carácter general, salvo algunas restricciones, y la deportiva exclusivamente en vías ya equipadas. Las vías ferratas e instalaciones similares se limitan a la Zona de Asentamientos Tradicionales y a las Zonas de Uso Moderado.

Se prevé crear un Comité de Deportes de Montaña del Parque Nacional, con presencia de las federaciones territoriales de montaña de cada autonomía. Como consecuencia: “Por primera vez se reconoce expresamente a las federación Cantabra de Deportes de montaña y escalada como interlocutoras de la Administración”, valora Sara Novoa, vicepresidenta de la Federación.

Zona de Especial Conservación de Liebana

El decreto con las medidas de gestión concretas para la zona cántabra protege particularmente la comarca de Liébana, con especial hincapie en los bosques, además de algunos reptiles de interés como la lagartija serrana y el lagarto verdinegro.

Más de 36.000 hectáreas de Liebana ya están protegidas bajo la figura de Zona Especial de Conservación (ZEC), dentro de la Red Natura 2000, por contener un hábitat crucial para el urogallo y el oso pardo, tres cuencias fluviales y una gran representación de bosque atlántico, cuya gestión es desarrollada acorde al Plan Marco de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación de Montaña de Cantabria.

Pero con su inclusión en el decreto, Cantabria abunda en un compromiso de conservación de mantenimiento de sus hayedos, prohibiendo la introducción de especies exóticas o de material genético que no sea autóctono en los hayedos. Además, promueve la recuperación de masas forestales de robledales, alcornocales, castañares y acebedas.

En eset sentido, Cantabria asegura su compromiso de “mejora y optimización de la cartografía que permita identificar los lugares representativos de los hábitats” forestales y “precisar sus áreas de distribución o extensión”.

También incluye el decreto medidas de conservación para las alisedas y las saucedas riparias, advirtiendo de que habrá más controles de vertidos “de origen ganadero u urbano” se pondrá mayor atención a la prevención de los incendios y a cualquier tipo de degradación “por causas humanas o falta de gestión”.

El decreto cántabro también protege la ganadería extensiva y plantea la importancia de evitar el sobrepastoreo y el uso incontrolado de fitosanitarios o fertilizantes, destacando esto en zonas como Salvorón, los puertos de Ríofrío, Fuente Dé y Coriscao.

Además, el plan busca dar especial protección al urogallo en Cantabria, especie en peligro de extinción, tradicionalmente presente en todo el parque, pero también destacada como prioridad en el decreto cántabro, aplicando los criterios del Plan de Recuperación de la especie en Cantabria y haciendo un monitoreo

La distribución por zonas en Cantabria

En Cantabria, las áreas que pasan a ser Zona de Reserva, de total protección por su valor paisajístico y absoluta restricción de tránsito, pasan a ser, en la zona de Tresviso, parajes como La Molleda, Cañimuelles, Hoyo del Oso y sectores del Hondo de Valdediezmo y, en la zona de Fuente Dé, el Canal del Mediodía, la Pradería de Buseco y sectores elevados cercanos al Monte Quebres y Los Etares.

Las Zonas de Uso Restringido implican ahora tránsito peatonal exclusivo por senderos, veredas y trochas de uso tradicional, con gran limitación de acceso motorizado. En la Zona de Uso Moderado de la vertiente cántabra la escalada estará permitida en Urdón 1 y Urdón 2 (Tresviso); Argüébanes y Lon Camaleño) y Fuente Dé y Fuente Dé 2, con restricciones temporales (entre el 1 de enero y el 15 de agosto) para proteger la nidificación de ciertas aves.

Quedan dentro de las Zonas de Uso Moderado, con libre paso peatonal, las pistas de Cosgaya – Las Ilces – Pido (pista de Pierga); Pembes – Fuente Los Asturianos, y Mogrovejo – Fuente Los Asturianos.

Las Zonas de Asentamientos, por donde el tránsito es libre -salvo normativa municipal expresa- son Tresviso, que está integrado dentro del parque y pueblos como Espinama, Mogrovejo, Tanarrio, Camaleño, Pembes, Llaves, Vallejo, Bárcena, Enterría, Sebrango, Los Llanos y San Pelayo.

Según el decreto, dentro de las Zonas de Uso Especial, el tránsito peatonal es libre por las carreteras N-621, en el tramo de Cillorigo de Liébana, y la CA-181 que da acceso a Fuente Dé. También pertenecen a esta zona estaciones meteorológicas como la de Tresviso, Fuente Dé o Cabaña Verónica, e instalaciones eléctricas como la línea de alta tensión Urdón-Obesón.