Tras la publicación de elDiario.es de la entrega de documentos sin fecha, manuales informáticos y textos elaborados con posterioridad al suceso de El Bocal, en calidad de protocolos operativos como prueba judicial, Izquierda Unida (IU) de Santander ha cuestionado este jueves “el funcionamiento” de los mandos policiales del Ayuntamiento de Santander por los “supuestos protocolos de actuación”, documentos cuya existencia ha defendido el Ayuntamiento que dirige Gema Igual (PP).

Para IU, la documentación entregada “confirma una grave falta de organización, de control y de responsabilidad política” en la gestión del desplome el pasado 3 de marzo, en la franja norte de la ciudad, por el que fallecieron seis personas y una resultó herida, “así como en el funcionamiento de los mandos policiales municipales”. Por ello, el concejal de la formación, Keruin Martínez, ha señalado que “como veníamos advirtiendo, todo apunta a que, si existía algún protocolo, no era operativo ni estaba implantado en el servicio” frenta a un aviso.

El colapso de la pasarela de El Bocal, vino precedido el 2 de marzo por una llamada de aviso al 112: un vecino alertó sobre el mal estado de la pasarela y el 112 comunicó la información de la llamada a una agente del Centro Coordinador de Servicios de la Policía Local, que pasó a ser investigada en la actual fase de instrucción, así como la gestora del 112.

Después, la alcaldesa de Santander defendió la existencia de un “software” de gestión de llamadas y de un protocolo operativo en la Policía Local; los sindicatos policiales lo desmintieron desde un inicio y SIEP y APLB solicitaron en abril copias de los protocolos operativos, protocolos de actuación, circulares o instrucciones internas, porque defienden que son inexistentes. 

En este sentido, en la nota de prensa de IU, el partido advierte de que los sindicatos policiales han tenido que solicitar los citados protocolos “porque no eran conocidos ni accesibles para los agentes, lo que demuestra que no estaban implantados de forma efectiva”.

“Lo que estamos viendo es muy grave. No hablamos de un fallo puntual, sino de un problema estructural. Y ahora se confirma lo que llevan tiempo denunciando los sindicatos policiales: que no había un protocolo claro que garantizara una respuesta ante un aviso de estas características”, ha afirmado. “Si cuando alguien alerta de un riesgo inminente el sistema no responde, no estamos ante un error puntual, estamos ante un fallo institucional. Y eso es lo que ha quedado al descubierto en El Bocal”, ha enfatizado.

Asimismo, IU ha subrayado que el informe pericial describe un deterioro progresivo de la infraestructura, la falta de mantenimiento y la ausencia de inspecciones durante años: “Confirma que no estamos ante un fallo repentino, sino ante una situación conocida que exigía actuar. Esa pasarela no debía estar en uso en esas condiciones, ni mucho menos seguir siendo promocionada como recurso turístico”, ha señalado Martínez.

En esta línea, el edil ha recordado la moción presentada por Izquierda Unida en 2019, aprobada por unanimidad, en la que se instaba a actuar sobre el estado de la senda litoral e incluso a intervenir de forma subsidiaria si no lo hacía Costas. “Había información, había advertencias y había margen de actuación. Lo que no hubo fue voluntad política, y demasiadas ganas de trasladar la responsabilidad a otras administraciones”, ha afirmado.

“El Ayuntamiento seguirá promocionando la senda”

IU ha advertido de que el Ayuntamiento “continuara promocionando” la senda costera y sus pasarelas como atractivo turístico en espacios como FITUR o en la propia web municipal, “pese al deterioro conocido”: “No se puede incentivar el uso de una infraestructura y, al mismo tiempo, desentenderse de su estado y de los riesgos que presenta”, ha criticado Martínez sobre las comparecencias de la alcaldesa en las que defendía que la promoción turística de la senda no tenía nada que ver con el mantenimiento de la pasarela, que -dijo- correspondería a la Demarcación de Costas.

Para Martínez, la información publicada en elDiario.es evidencia “una huida hacia adelante” del equipo de Gobierno que dirige la alcaldesa, Gema Igual: “En lugar de asumir responsabilidades y aclarar por qué no existía un protocolo operativo, están dedicando todos sus esfuerzos —y recursos públicos— a encargar informes para tratar de eludirlas”, ha denunciado.

“Mientras no pueden acreditar que existiera un sistema preparado para responder a un aviso de este tipo, tampoco explican quién debía garantizar que esa alerta generara una actuación inmediata”, ha zanjado. 

El Ayuntamiento de Santander, con Gema Igual (PP) al frente, entregó como prueba judicial en la fase de instrucción del caso de El Bocal, un informe denominado “protocolo de sala”, con pantallazos de la aplicación informática de registro policial, emitido tras la fecha del suceso. Junto al informe, adjuntó otros tres documentos anexos denominados “protocolos” y otro llamado “instrucción”.

Por un lado, un “protocolo de sala” que responde al documento de descripción del software para llamadas al 092, en su versión original, del año 2002 y otro “protocolo de sala”, con modificaciones de la aplicación de escritorio, del año 2022. Además, envió un “protocolo de actuación”, que es un listado de tipos de hechos en una tabla, fechado posteriormente al suceso y una “instrucción interna de actuación policial”, que es un documento sin fecha, sin firma, ni sello, según ha podido constatar elDiario.es.

El inspector jefe envió el informe con los cuatro documentos anexos que, tras ser revisados, funcionan como manual de uso del programa, pero no responden a un protocolo de actuación o reglamento interno que desglose los pasos a seguir para la gestión de avisos, como el del 2 de marzo de 2026.

El desplome de la pasarela de El Bocal, el pasado 3 de marzo, en la franja norte de la ciudad, por el que fallecieron seis personas y una resultó herida, vino precedido el 2 de marzo por una llamada de aviso al 112: un vecino alertó sobre el mal estado de la pasarela y el 112 comunicó la información de la llamada a una agente del Centro Coordinador de Servicios de la Policía Local, que pasó a ser investigada en la actual fase de instrucción. Tras el suceso, la alcaldesa de Santander defendió la existencia de un “software” de gestión de llamadas y de un protocolo operativo en la Policía Local, aunque los sindicatos policiales lo desmintieron.

Después, la jueza pidió al Ayuntamiento “copia del protocolo de actuación para la atención de avisos de ciudadanos vigente en fecha de los hechos (3 de marzo de 2026), en particular en lo relativo a la recepción, clasificación, traslado y seguimiento de incidencias reportadas por ciudadanos, tanto con carácter general como en lo relativo a riesgos en infraestructuras públicas”. Además, pidió “copia de cualquier instrucción interna, circular o manual complementario que establezca criterios de actuación para los operadores del servicio”.

La alcaldesa, en una comparecencia en la que habló sin compartir la documentación enviada a la jueza, informó de que iba a enviar esos protocolos, pero en ningún caso los hizo públicos. El 23 de marzo, el inspector jefe de la Policía Local envió al concejal de Seguridad Ciudadana un informe firmado ese mismo día como “protocolo de sala” del CCS, aseverando que “se procede a emitir el presente informe” sobre el “procedimiento operativo” que, según ratifica el documento, es una aplicación informática llamada Oracle en la que los agentes del CCS anotan, cuando procede, el detalle de las llamadas “desde 2002”.

Pese a que la jueza instructora solicitó una copia del protocolo, en el mismo documento el inspector jefe dice “el presente informe describe la actuación a seguir por el operador de sala 092 mediante el citado software durante las fases de recepción, clasificación, traslado y seguimiento de incidencias reportadas”. En el informe, ilustra con pantallazos de la aplicación Oracle los seguimientos de actuación.

Por un lado, el anexo I, el llamado “protocolo de actuación”, firmado y sellado por el inspector jefe, es una tabla de 97 páginas, con el “listado de tipos de hechos asociados”. Fechada el 17 de marzo de 2026, con tres categorías: hecho, protocolo e implicación, en el cual hace falta conocer el programa, para determinar la actuación, a diferencia de un protocolo operativo de funcionamiento.

Por otro lado, el anexo II es la instrucción interna: va sin firma, ni fecha ni sello (aunque en el informe del inspector jefe se afirma que es de 2010), y con distinta tipografía. Describe en dos páginas la “actuación policial en situaciones de accidente grave, incendios, derrumbes, explosión de gas, etcétera”. A esto, agrega el documento enviado por el inspector jefe, se añade que para el conocimiento del hecho y la recogida de información, “lo habitual es que se reciba la información en el CCS, y sea mediante llamada telefónica” y que “al recibir el aviso de los anteriores casos o de ”emergencia, etcétera, se recabará cuanta información sea posible“.

El anexo III es el llamado “Protocolo sala 092 gestión llamadas”: es el manual original entregado por la empresa al Ayuntamiento en 2002 sobre el programa de escritorio del CCS. Y el anexo IV, está nombrado como “protocolo sala 092 manual recepción de llamadas” y es la actualización del manual, 20 años después, ya con sello único de la Policía, del mismo programa, en cinco páginas.

Las dudas de la jueza con el “protocolo”

El 27 de marzo, la agente del 112 que recibió el aviso del vecino el día 2 de marzo, también pasó a ser investigada. El 1 de abril, la jueza instructora requirió al Ayuntamiento que emitiese un informe “aclarando si el protocolo de actuación y documentación del que fue requerida Policía Local y aportada a las actuaciones mediante escrito presentado por Ayuntamiento de Santander de 23 de marzo de 2026 se activa o aplica solo para llamadas o avisos procedentes de ciudadanos, quedando excluidas las procedentes del Servicio de Emergencias 112, o es el único protocolo aplicable o, en su caso, si existe el propio para avisos procedentes de otros Servicios de Emergencias, como el del 112”.

El 3 de abril, un sindicalista y agente del Centro Coordinador afirmó de que la Policía Local carece de un software informático especializado y sostuvo que toman notas con bolígrafo y luego, si fuera el caso, movilizan efectivos y registran el aviso en la aplicación de escritorio. El 7 de abril, la jueza instructora pidió conocer el protocolo de llamadas para avisos de la Policía Local y al día siguiente el Ayuntamiento remitió a la jueza un informe firmado por el inspector jefe.

La respuesta llegó en otro informe de tres páginas del inspector jefe, firmado el 8 de abril, también con pantallazos que contradecía al sindicalista que trabaja también con la policía local investigada en el CCS: el inspector jefe aseguró que “todas las incidencias registradas” por el Centro de Coordinación de Servicios, “con independencia de su origen, se documentan” en la herramienta Oracle.

A lo que agregó: “Por tanto, todas las incidencias generadas a partir de las comunicaciones de los servicios de emergencias, incluidas las del 112, se encontrarían plenamente integradas dentro de la aplicación”, “no existiendo procedimiento diferenciado alguno en función del origen de los avisos”. Una versión que choca con fuentes policiales y fuentes del caso.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP) ostenta la jefatura de la Policía Local —como del resto de funcionarios públicos municipales— pero el conflicto que mantiene con el colectivo de 262 agentes de este cuerpo policial no ha hecho más que crecer desde septiembre de 2025, cuando los sindicatos comenzaron a hacer pública la falta de cumplimiento del equipo de gobierno del Partido Popular en compromisos salariales adquiridos previamente. Siete meses después, los policías se han manifestado esta misma semana frente al Parlamento de Cantabria, donde Igual ejerce como diputada, y ella les respondió en su siguiente comparecencia pública: “Me encantaría pagar mejor a la Policía, pero tendría que subir impuestos”. Tras esto, advierten ahora que habrá, por lo menos, cuatro protestas más en su contra.

La próxima concentración, anuncian fuentes sindicales, será el jueves 30 de abril en el pleno y en la plaza del Ayuntamiento de Santander. Después tienen previsto regresar al antiguo Hospital de San Rafael, sede del Legislativo, para protestar en el Día de los Funcionarios (22 de mayo), e incluso para la inauguración prevista de Faro Santander, el nuevo museo del Banco Santander, que será en septiembre.

La Policía Local de Santander representa, ahora mismo, un tercio de la plantilla en activo del Consistorio. Esta permite a los agentes cierta posición de poder como masa laboral que explicaría por qué la alcaldesa sistemáticamente responde a las declaraciones sindicales, protestas o medidas de presión impopulares, como el aumento de multas, que ella misma hizo público tras semanas de especulaciones.

El viernes pasado, la alcaldesa dijo, tras consultar, que la Intervención General del Estado considera que el incremento salarial de la Policía Local “no estaba bien justificado”, porque puede elevar la masa salarial de los funcionarios municipales hasta hacerla “excesiva”, cuando “el Ayuntamiento lleva trece años sin subir impuestos”, según su criterio. Tres días después, los integrantes de la Policía rpotestaron en el Parlamento y exigieron directamente la dimisión de Gema Igual. Ella reaccionó el martes ante los medios diciendo que prefería “volver a negociar”, antes que pagar un complemento pendiente.

El Ayuntamiento debería de tener una plantilla de 1.303 empleados públicos, pero los sindicatos calculan que hay 462 plazas sin cubrir actualmente. Esta situación convierte a la Policía Local en un colectivo con gran capacidad de presionar, hasta ahora con éxito relativo: este miércoles han empezado a cobrar atrasos correspondientes a 2025, según ha podido confirmar elDiario.es.

Dos meses para un acuerdo, dos años sin pagarse

El pago de un complemento que reivindican los agentes viene de hace dos años, en abril de 2024, que Ayuntamiento de Santander y sindicatos firmaron el cobro del complemento destino —que es un pago según nivel de responsabilidad— tras una negociación de dos meses. Ese trámite, aunque llevara años de demanda sindical, fue rápido. Pero no se hizo ni se ha hecho efectivo. Y tras año y medio de espera, a partir de septiembre de 2025, la tensión pública entre los agentes de la Policía Local y la alcaldesa se volvió evidente.

Junto con el complemento de destino, los agentes reclamaban el cobro del plus de Nochebuena y Nochevieja —aún sin abonar— y el pago de los atrasos que acaba de resolverse este miércoles. Entonces, los agentes arrancaron con las medidas de presión como la no ejecución de horas extraordinarias —que se mantiene por el retraso sistemático en su pago, defienden fuentes sindicales— , una protesta inédita en el brindis de Navidad y con un 'exceso de celo' en las multas, que la alcaldesa aseguró que se habrían multiplicado por ocho. En 2026, la Junta de Personal exigió la dimisión de dos altos cargos de Recursos Humanos, que el Ayuntamiento rechazó.

En marzo, el suceso de El Bocal, en el que fallecieron seis jóvenes tras el colapso de una pasarela, provocó un efecto cascada: una agente de la Policía Local recibió un aviso del mal estado de la estructura el día antes, pero no transmitió la información y pasó a ser investigada por la jueza instructora; la alcaldesa cargó toda responsabilidad institucional en ella bajo la lógica de que “había fallado la cadena de respuesta” y esto exhibió el sistema informático básico con el que trabaja el Centro Coordinador de la Policía Local en Santander.

Después de la tragedia, mientras avanzaba el proceso judicial, los sindicatos de Policía Local abogaron por mantener un perfil bajo, hasta que en abril —dos años después del acuerdo del complemento de destino— han retomado las protestas, con la demanda de una policía unificada en Cantabria, con protocolos de actuación y coordinación conjuntos. Fuentes sindicales advierten ahora de que en Santander trabajan con chalecos antibalas “caducados” y que hay agentes que directamente carecen de ellos. Aseguran que, pese a haber cobrado los atrasos de 2025, “es de los últimos ayuntamientos en hacerlo efectivo”.

En la protesta del lunes frente al Parlamento, en la que no coincidieron con la diputada y alcaldesa Gema Igual, que demoró su llegada a la Cámara, los agentes recordaron, mientras pedían su dimisión, que tras obtener la mayoría absoluta en 2023, se aumentó el sueldo: “Llega a acuerdos en 2024 y en 2026 dice que no son legales, aunque los hayan firmado los concejales y el director de Recursos Humanos”, cuestionan fuentes sindicales respecto a un acuerdo al que ha tenido acceso elDiario.es “Después sale diciendo que ha quitado un 52% de deuda, pero a base de dejar la ciudad abandonada y a sus trabajadores también”, advierten para sintetizar un enfrentamiento inconcluso y del que se esperan nuevos episodios próximamente.

“Llegué con toda la tensión de no saber de cuántas semanas estaba, ni cómo iba a ser el proceso; ningún médico me podía atender y esperé... Hasta que me di cuenta de que estaba esperando una sala incorrecta y fui al lugar que era. Dos horas después, cuando pregunté por el médico, me dijeron que no había nadie, y la sala... llena de gente esperando”. La mujer que habla, trató de abortar durante la huelga de médicos nacional en marzo, pero la ausencia de profesionales retrasó diez días la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que necesitaba realizarse en el Servicio Cántabro de Salud (SCS).

La mujer —que pide mantener el anonimato— tenía cita un lunes para abortar a las 10.40 horas en La Cagiga, el centro público de salud sexual y reproductiva del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander. Al no ser atendida por un profesional, tomó una decisión: “Bajé a Urgencias, estaba lleno de mujeres, yo me inventé que estaba sangrando, sinceramente, y ni con esas me hicieron caso”.

En Urgencias le hicieron una ecografía y le confirmaron que estaba de cinco semanas. “Me fui simplemente con la hoja de Urgencias: 'Mujer embarazada de cinco semanas que muestra sangrado', ponía. No me dieron ninguna medicación ni nada y me fui de Valdecilla a casa a las tres de la tarde, Fue muy bruto todo”, recuerda.

Cuando pasó la huelga, le citaron un miércoles y le dieron las pastillas abortivas y una pastilla para cortar los vómitos: el proceso se retrasó otros diez días. La mujer describe como “traumático” todo el trámite para abortar en medio de la huelga nacional que arrancó en diciembre.

El suyo es uno de las quejas por retrasos que ha recibido el Observatorio de la Violencia Obstétrica de Cantabria, tanto en los abortos como en las ecografías de primer y segundo trimestre, desde que empezaron unas huelgas en las que reclaman un estatuto específico, una limitación de las guardias a 17 horas y una equiparación del pago de la hora de guardia a la ordinaria, entre otros aspectos.

Pero las demandas de los médicos han tenido una consecuencia invisibilizada: retrasos en la atención que ponen en riesgo a mujeres gestantes y mujeres que abortan. Por eso, el Observatorio pide que se incorporen estas dos prestaciones en los servicios mínimos de las huelgas mientras no haya un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y el sector médico. “Se les retrasa la consulta a ciegas, sin saber de cuánto están”, advierte Charo Quintana, portavoz del Observatorio.

Dos advertencias a Salud

Esta organización se ha comunicado al menos en dos ocasiones con el consejero de Salud, César Pascual (PP) y los gerentes de los hospitales públicos de Cantabria —el 19 de febrero y el 23 de marzo— para advertir de la necesidad de servicios mínimos en estos casos, aunque haya huelga.

“Las ecografías prenatales del primer y segundo trimestre son pruebas diagnósticas esenciales que deben realizarse en momentos muy concretos de la gestación y cuya demora o cancelación puede tener consecuencias clínicas, psicológicas y legales de gran relevancia”, advierten desde el Observatorio sobre las afectaciones de las huelgas de la Confederación Española de Sindicatos Médicos que, de momento, se mantendrán hasta junio inclusive.

Esta desatención, señala Quintana, supone el incumplimiento de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria de embarazo, en su artículo 16 punto 6 dice lo siguiente: “Por su especial sujeción a plazos, la interrupción voluntaria de embarazo será considerada siempre un procedimiento sanitario de urgencia”.

La ausencia de las IVE en los servicios mínimos, advierte Quintana, supone “un trastorno por el aplazamiento de una prestación sanitaria muy sensible” porque puede conllevar que la gestación supere las semanas en las que esta permitido un aborto farmacológico. Si esto sucede, recuerda, “la mujer tiene que ser derivada a Valladolid o a Madrid”, donde están las clínicas con las que el Servicio Cántabro de Salud tiene concierto.

A la petición del Observatorio se ha sumado este lunes el PSOE con una pregunta al consejero de Salud en el pleno del Parlamento de Cantabria para saber la razón que excluye de los servicios mínimos las interrupciones voluntarias de embarazo durante las jornadas de huelga médica.

El diputado socialista Raúl Pesquera secunda la queja del Observatorio porque para la revisión del primer y del segundo semestre en embarazos “hay tiempos concretos”. En los casos de IVE, subraya que es el Gobierno de Cantabria, que tiene las competencias en Sanidad, “el que marca los servicios mínimos, que añada una adenda añadir estas situaciones a los servicios mínimos”.

“No consta ni un solo caso”

Pesquera ha interpelado sobre este asunto al consejero de Salud, César Pascual (PP), en el Pleno del Parlamento. “Su pregunta va de intentar construir un relato político sobre una supuesta desprotección a las mujeres que simplemente no existe”, ha reprochado el responsable sanitario, que ha afirmado que “no solo plantean una duda, insinúan un daño”.

“No es una opinión, es un dato clínico: en el Hospital Valdecilla no consta ni un solo caso de que en las cuatro semanas de huelga hayan modificado el tratamiento a una mujer que haya solicitado el IVE, ni un solo caso”, ha remachado.

“Con las ecografías, lo mismo, el intento es más evidente: generar alarma”. El consejero de Salud ha asegurado que se han realizado todas las ecografías del tercer trimestre, se han recuperado de forma rápida con programas extraordinarios y no se ha sustituido el análisis anatómico por pruebas alternativas.

“Todo lo contrario a lo que usted dice, se ha complementado con el test de ADN fetal mejorando el proceso diagnóstico”. “Solo dos gestantes”, ha admitido, “requirieron este test como consecuencia de la huelga médica”. El consejero ha concluido diciendo que no incluir estas prestaciones como servicio mínimo “no ha generado riesgo”.

Marina Sainz de la Maza tiene 26 años y es técnica en desarrollo rural. Trabaja de lo suyo, con contratos parciales, y también de camarera. Entre Vega de Pas y Selaya, en los Valles Pasiegos. “Soy de ahí y vivo ahí, entre los dos pueblos, desde siempre”. Es la presidenta de la asociación juvenil La Velorta, creada en 2020 para la protección del territorio. La agrupación arrancó contra los parques eólicos en Cantabria y después como un actor más que participa del debate político, como contra el proyecto de teleférico del Gobierno de Cantabria en su comarca, que califica como “proyecto extractivista” porque “exprime los recursos locales sin dejar una repercusión positiva, beneficiando únicamente a terceros privilegiados”.

Habla rápido, responde concreta y cuando no tiene el dato, admite tranquila que lo desconoce. Sainz de La Maza acaba de participar en la Semana de la Ecología del Barrio Covadonga de Torrelavega, que lleva más de 30 años planteando temas críticos de actualidad cántabra desde la capital del Besaya. Lo ha hecho con una charla que cuestiona el proyecto del teleférico 'Mirador del Pas', contra el que también ha presentado alegaciones con La Velorta. Esta joven no se esconde: “Mis padres son ganaderos y tienen dos casas rurales”, dice, pero responsabiliza a las administraciones de un cambio en su comarca que quiere evitar: “Yo no juzgo a las personas en individual que tienen casas rurales, pero políticamente no se pueden beneficiar a unos pocos, porque mis vecinos no se van a poder comprar una casa en los próximos años”.

¿Qué significa 'velorta' y qué sentido le da a su asociación?

La velorta es una herramienta y técnica agraria de los Valles Pasiegos con una gran carga cultural, porque es una práctica que implicaba a toda la comunidad. Esta labor involucraba a varias familias bajo una dinámica de trabajo comunal: si hoy se trabajaba en una casa, se daba por sentado que al día siguiente se haría en la otra. Debido a su extrema dureza física, esta actividad funcionaba como un baremo social para evaluar a los jóvenes, determinando si valían o no para 'vilurtiar', que es el verbo correcto en pasiego para referirse a esta técnica. La asociación La Velorta funciona de manera informal, sin personal contratado y organizándonos según la disponibilidad de tiempo de un grupo de unos nueve amigos, principalmente del Valle de Carriedo. Nos basamos en la voluntariedad, por lo que la implicación de los miembros puede variar de un año a otro. Trabajamos por proyectos con el objetivo de viabilizar las inquietudes de otros jóvenes, abriendo las puertas a cualquier iniciativa que quieran desarrollar. A través de cursos, charlas y campamentos, buscamos sumar personas para que, en nuestros procesos de incidencia política, seamos una representación sólida de la voz de nuestros ciento y pico socios.

¿Los socios de La Velorta son gente joven?

Hay voces muy diversas porque la realidad de los pueblos es que no hay tanta gente joven y que la gente joven no es la que más se suele implicar, no es todo tan idílico.

La Velorta arrancó con el auge de los parques eólicos, ¿cómo fue?

En un principio, nosotras no estábamos involucradas en estos temas, aunque no estuviéramos totalmente despolitizadas. Todo cambió en 2020 con los proyectos eólicos, al ver los planes de expropiación que amenazaban nuestras casas y el patrimonio por el que nuestras familias siempre han luchado. Desde entonces, nuestra implicación y alerta han sido máximas, algo que se refuerza con la reciente aprobación del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) en Cantabria. Siempre sostuvimos que los eólicos eran solo la punta del iceberg de un sistema extractivista en la región. Somos una zona poco explotada, especialmente en los Valles Pasiegos, cuyos suelos resultan muy atractivos para la especulación, la urbanización, la turistificación y la industria sin sentido. Nuestro objetivo principal es custodiar esas montañas y garantizar que sigan siendo suelo agropecuario para uso ganadero. El teleférico es uno de esos tantos proyectos que cambiaría el modelo económico y el uso del suelo, afectando directamente a la protección del territorio. Nosotros no estamos en contra del turismo por sí mismo, sino en contra de modelos absurdos, como el modelo turístico que se está proponiendo en este proyecto del teleférico.

¿Qué es un modelo extractivista y de qué manera se traduce en el caso del proyecto de teleferico 'Mirador del Pas'?

Es un modelo que explota los recursos de un lugar sin dejar beneficios reales en la comunidad local, favoreciendo a agentes externos privilegiados. En este proyecto, se traduce en un fuerte impacto ambiental en zonas de especial conservación y en el consumo de recursos básicos sin generar empleo digno, limitándose a un turismo de paso que consume el paisaje y la cultura de forma superficial. Este tipo de turismo se caracteriza por ser superficial, donde los visitantes a menudo solo buscan la fotografía para redes sociales sin tener una voluntad real de protección del territorio. Al final, este modelo acaba “exprimiendo” y rompiendo la cultura local y el tejido social, convirtiendo tradiciones y oficios en un mero espectáculo de consumo rápido que no aporta estabilidad a quienes viven en el valle todo el año.

En la charla que ha dado en la Semana de la Ecología del Barrio Covadonga ha dicho que construir un teleférico es repetir un modelo fallido del siglo XX. ¿Por qué lo considera un modelo fallido?

La incorporación de teleféricos como planes de desarrollo para los pueblos de montaña es muy típico del siglo XX. Aquí tenemos la experiencia de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), que ha trabajado mucho en la defensa del territorio; ellos ya lucharon en el pasado contra propuestas de muchísimos teleféricos por toda la región. Por eso hablamos de un modelo fallido y repetido: esos proyectos han demostrado que no tienen capacidad para fijar población ni para generar un tejido económico y social estable. No han conseguido ese supuesto objetivo, como se ve en el caso de Fuente Dé, que fue instalado en los años 60 y los datos de decrecimiento poblacional de Camaleño —municipio al que pertenece Fuente Dé— muestran que ha seguido la tónica estrepitosa del resto de pueblos aislados de España. Por supuesto, el declive no ha sido causado por el teleférico, pero este demuestra que no ha tenido capacidad para fijar a la población. El problema es que este tipo de inversiones sustituyen a otras que quizás sí podrían ayudar a que la gente se quede en el territorio. Son modelos que que ponen como por delante una infraestructura gigante, pero, en este momento de la historia, no es infraestructura lo que nos falta principalmente en los pueblos, sino inversiones y planes que dinamicen estas zonas. En la Vega de Pas no hace falta una infraestructura para que vengan más turistas, el pueblo ya se llena en verano. Cuando digo infraestructuras que no tienen sentido, me refiero también a marcos para hacer fotos, columpios gigantes, el parque del Cuaternario de Dobra, o teleféricos, que no son necesarios porque Cantabria no necesita reclamos. Los flujos de turismo nacionales e internacionales ya están demostrando que Cantabria es un destino elegido, es innegable.

En España hay una decena de teleféricos, en su mayoría con varias décadas, ¿por qué cree que el Gobierno de Cantabria quiere dos teleféricos?

Este es el tema y la pregunta principal que criticamos. Todo lo que hacemos para el desarrollo tiene un impacto, como ocurre con el transporte público. Y aquí hablo por mí, incluso más que por La Velorta: si el impacto de este teleférico repercutiera en oportunidades reales para la Vega de Pas, yo —como vecina de los Valles Pasiegos que ha vivido tres años en La Vega y cuyos abuelos han trabajado esas tierras toda su vida— estaría dispuesta a sacrificar el impacto de la instalación por el desarrollo del pueblo. Lo haría si hubiera datos que nos hicieran pensar que esto va a salvar a la Vega de Pas del despoblamiento, pero está claramente demostrado que no. El proyecto que han presentado para instalar un teleférico en Vega de Pas es absolutamente fraudulento e ilegal, independientemente de que nos guste más o menos. Esto figura en las 60 alegaciones que hemos presentado.

El proyecto que han presentado para instalar un teleférico en Vega de Pas es absolutamente fraudulento e ilegal, independientemente de que nos guste más o menos

Nada menos que 60 alegaciones... ¿A qué se oponen del teleférico 'Mirador del Pas?

Llamamos a todo esto un proyecto sospechoso porque parece haber una intención de hacerlo a toda costa sin valorar primero si es viable. Los tres argumentos principales de gran peso son, primero, que no han presentado un informe económico. Te mandan presentar un informe financiero hasta para montar una panadería, una quesería o una ganadería; si pides una subvención, te exigen un modelo económico. Para una inversión teóricamente privada de 23 millones de euros en suelo público, lo mínimo sería presentar un informe para asegurar la rentabilidad del teleférico y que los impactos estén compensados. Además, la ley ambiental lo exige: por ley tendría que haber un informe económico y no lo hay en todo el proyecto. No podemos responder por qué no existe, y eso es lo que nos hace pensar que es sospechoso. Por otra parte, esa viabilidad abstracta de la que hablan se basa en la afluencia de turistas. El proyecto pronostica unos 290.000 visitantes anuales, con una estimación de 2.000 personas diarias en verano. Serían más de los que recibe ahora mismo toda la comarca de Valles Pasiegos —17.942 visitantes recibió la comarca en total, entre julio y agosto de 2025, según el ICANE—. El Gobierno de Cantabria está diciendo que un teleférico en la Vega de Pas va a traer el mismo turismo que toda la comarca. Esos datos no se pueden presentar como reales sin ningún fundamento, porque están sacados de ninguna parte; es una estimación inventada que no se justifica en el proyecto, a pesar de ser la base de su viabilidad económica. El tercer argumento que cuestionamos es el modelo de concesión, que tampoco nos hace entender por qué hay tanto interés en este teleférico. El teleférico de Fuente Dé está gestionado por Cantur, una sociedad mercantil pública. Si ese modelo funciona correctamente, no entendemos por qué el de la Vega de Pas se plantea con una inversión privada bajo una forma legal muy extraña. Al ser un proyecto del Gobierno de Cantabria gestionado por Cantur, el modelo concesional tendría que parar ahí. ¿Qué ha pasado con el modelo de Cabárceno? Ha tenido pérdidas. Si un teleférico en Cabárceno no es rentable, ¿qué pérdidas no tendrá uno en Vega de Pas? Otra parte ilegal que han hecho ha sido que no han contado con un informe intercomunidad, porque este proyecto compete también a Castilla y León, donde varios colectivos han presentado sus alegaciones, porque no se le ha consultado y tienen que aprobarlo conjuntamente con Castilla y León.

¿Es comparable el proyecto en Valles Pasiegos con el de Fuente Dé?

Fuente Dé está en Picos de Europa; es un lugar en el que tienes todo tipo de rutas y actividades deportivas. Al 'Mirador del Pas' llegas a una explanada donde no hay más montaña a la que ascender, en una zona en la que no hay actividades deportivas. Tienes el Castro Valnera al lado, pero no es una forma coherente de conectar desde donde llega el teleférico. Es una zona que, por una climatología muy concreta que tienen los Valles Pasiegos, está muy condicionada por el macizo de Castro Valnera, se encuentra casi en una niebla perpetua incluso en los días de verano, pero el clima no se contempla en la parte económica. Además, el teleférico asciende hasta el mirador de Estacas de Trueba, que es un lugar al que se puede llegar en coche de forma gratuita, frente a los 33 euros de entrada que se propone para 'Mirador del Pas'.

Ya estamos viendo inversiones de gente que se compra 10 casas rurales y que no vive en La Vega de Pas. Cabañas que hace 25 años valían 8.000 euros hoy se venden por 90.000

Está en contra del proyecto, pero tras analizarlo, ¿cuál es el beneficio económico que reconocería en el teleférico para los Valles Pasiegos y quiénes se beneficiarían?

Es un punto controvertido porque este teleférico no atraería gente en otros momentos del año, fuera del verano, Semana Santa o el puente del Pilar. A qué bares van a acudir los turistas y a qué restaurantes, si los restaurantes ya están saturados. No sabemos si hay alguien que abrirá nuevos restaurantes y ¿de qué van a vivir esos emprendedores el resto del año? Entendemos que el rendimiento económico vendría si se hacen casas rurales. ¿a quién se va a beneficiar? Ya estamos viendo inversiones de gente que se compra 10 casas rurales y que no vive en el pueblo. El modelo extractivista exprime los recursos locales sin dejar una repercusión positiva, beneficiando únicamente a terceros privilegiados. Este proyecto presiona recursos básicos como el agua potable, que es inexistente en más del 80% del municipio de la Vega de Pas, donde el Ayuntamiento incluso prohíbe su consumo mediante bandos oficiales por no ser apta. Resulta indignante que la primera instalación de agua en 20 años se proyecte para dar servicio a un albergue privado vinculado al teleférico, mientras los barrios siguen desatendidos. A diferencia de la ganadería extensiva, el turismo masivo no genera puestos de trabajo dignos ni ayuda a fijar población de forma estable. La ganadería es la verdadera alternativa porque custodia las montañas y previene incendios. El proyecto del teleférico es sospechoso al carecer de un informe económico legal y esta infraestructura fomenta un modelo de consumo superficial. Es inaceptable que se invierta dinero público en accesos y parkings para una empresa privada mientras la especulación inmobiliaria expulsa a los jóvenes. Cabañas que hace 25 años valían 8.000 euros hoy se venden por 90.000 o 100.000 euros en estado ruinoso, e incluso se ofrecen lotes de 20 cabañas por un millón de euros. Con alquileres de 500 euros y entradas de compra de 40.000 euros, los locales no pueden competir contra los fondos de inversión. Debemos apostar por la diversificación de oficios locales y no permitir que se sacrifique el patrimonio del valle por el lucro de unos pocos.

En Carbarceno ha habido pérdidas y se han compensado con dinero público

¿Qué beneficios detecta La Velorta en la concesión a un privado de la gestión del futuro teleférico?

En primer lugar, el canon de 100.000 euros no está muy bien definido; no se sabe qué pasará si no tienen rentabilidad o si tendrán que seguir pagándolo. Parece bastante claro qué empresa será porque el Gobierno la sigue mencionando en las entrevistas, destacando la buena experiencia en Cabárceno. Allí ya tenemos un ejemplo de lo que sucede: ha habido pérdidas y se han compensado con dinero público; ellos no van a perder dinero bajo ningún concepto, eso está claro. Lo que nos preocupa no se puede decir tan claramente porque no hay pruebas por escrito. El problema de que su informe económico sea ilegal y no incluya previsiones ante pérdidas es que no podemos demostrar lo que decimos, porque ellos no han declarado qué van a hacer. Como no han dicho qué pasará si hay pérdidas y han fingido que no las habrá...

Dice que en el proyecto han fingido que no habrá pérdidas...

Es objetivamente muy desmontable: no pueden asegurar que no va a haber pérdidas. ¿Qué va a pasar en este caso? En el anteproyecto tienen que presentar las alternativas de ubicación; han presentado tres y en las tres no se justifica por qué las eligen. Y luego, la alternativa cero, que implica la opción de no construir el proyecto y que es obligatoria también por la ley ambiental, no está desarrollada, no se ha evaluado cómo serían las implicaciones de no hacerlo.

¿Cuál diría que es el sentir de la población en los Valles Pasiegos respecto al teleférico? ¿Comparten este rechazo de La Velorta?

Nosotros no tenemos el objetivo de representar solo a la Vega de Pas, porque señalamos con mucho hincapié que este es un proyecto en el que ya se han invertido 3,7 millones de euros de dinero público en fraude de ley. En el momento en el que se compromete suelo y dinero público y se perfila un modelo económico para Cantabria, el tema ya no compete solo a la Vega de Pas. Los turistas no aparecen por arte de magia; para llegar, tienen que pasar por Santander, Torrelavega, Corvera de Toranzo, Renedo, Selaya o Villacarriedo.

Pero el proyecto, según el Gobierno de Cantabria, buscaría fijar población...

Sí. Evidentemente la gente de la Vega además es la que más tiene que decir. La realidad de lo que pasa en la Vega es la siguiente: este teleférico se lleva hablando de él más de 15 años. La gente no es algo que tenga muy en su pensamiento. Hay una parte de la gente que lo ve positivo porque, aunque lo ven como un horror, sienten que es la única cosa que les va a salvar. Esto son palabras textuales de una vecina: “Yo sé que el turismo nos va a destruir, pero si es lo último a lo que nos podemos agarrar para sobrevivir, yo lo quiero”. Luego hay otro tipo de gente que al principio estaba de acuerdo, pero cuando ha escuchado de qué consiste, se les han encendido las alarmas. Luego, esta es la parte más triste para mí, que es que tristemente la gente de la Vega de Pas y de otros sitios nos da las gracias por teléfono, pero no vinieron a la manifestación que hicimos contra el teleférico. ¿Por qué nadie organiza firmas a favor del teleférico? ¿Por qué el alcalde no recoge firmas de sus vecinos que están a favor? Porque no es cierto que haya ese apoyo respecto a ese proyecto. Existe una mezcla de desinformación, escepticismo tras años de promesas, y miedo. Además, hay un temor real a represalias sociales o administrativas por parte de la Alcaldía porque hace una gestión arbitraria en asuntos vitales como los accesos al agua.

¿Qué propone La Velorta para fijar población?

Hablamos de un contexto de aislacionismo grande, hablamos de un terreno muy complicado que no da mucha cabida a otras actividades como la cultura... Este es nuestro principal punto, pero también creemos que en torno a eso se desarrollan otras actividades económicas como es transformación de productos, también tendrá que haber una parte de oficios: no hay mecánicos, no hay electricistas, no hay carpinteros... Es que no es como proponer un cambio concreto para Valles Pasiegos porque probablemente va a ser muy parecido a un pueblo de Ávila o de Extremadura. Habría que cambiar, diversificar los modelos, por supuesto. Y claro, esto implica, contratar al carpintero de tu pueblo y comprar lechugas a tu vecino. Te puedo decir que no hay ganadero de Selaya que compre queso o yogures que producen sus vecinos. Que haya turismo, pero no como único modelo.

¿Hay gente que opina que es naif pensar que el teleférico no promovería el impulso turístico de la zona?

Nosotros enfocamos el turismo de forma sostenible; no podemos depender tanto de un sector que representa una cantidad alarmante del PIB en Cantabria. Este modelo genera beneficios para unos pocos, pero crea condiciones de vida inviables para otros, algo ya demostrado en sitios como Canarias o Baleares. En Vega de Pas, la especulación hace que los jóvenes no compren casa aunque tengan trabajo. No juzgo individualmente a quien busca rentabilidad, como antiguos ganaderos o mis propios padres, que tienen sus dos casas rurales, pero políticamente no se puede beneficiar a una minoría sobre el bien común. Con alquileres de 500 euros y entradas de 40.000, quienes no hereden una vivienda acaban siendo expulsados del territorio.

Teóricamente, el teleferico generaría entre 15 y 20 empleados directos y en su mayoría serían indirectos. ¿Qué viabilidad ve dejarlo todo en manos de los negocios que se puedan crear alrededor del proyecto?

No entiendo cómo tenemos que rebatir nosotros un dato inventado, que me digan en qué se ha fundamentado para para decir eso. No te puedo responder porque es que es una cosa totalmente aleatoria.

Se está construyendo un acceso al túnel de la Engaña. Hace unos años iba a ser una vía verde. El consejero de Fomento, Roberto Media, defiende que no tiene nada que ver ese acceso con el teleférico. ¿Cómo lo interpreta usted?

Lo interpreto como un insulto. Es inexplicable que el proyecto ahora cueste 23 millones de euros cuando en el anterior proyecto, con una dificultad técnica mucho mayor al plantearse subir al Castro Valnera, se presupuestó en 14 millones. Nos preguntamos en qué se basa ese aumento de 9 millones cuando el coste técnico debería haber disminuido. Además, denunciamos la fragmentación del proyecto, un motivo similar al que usó el MITECO para paralizar el polígono eólico de El Escudo. El acceso se licitó inicialmente por unos 970.000 euros, pero se paralizó para incluir asfaltado y aparcamientos, elevando el coste a 3,7 millones de dinero público. Resulta ridículo tener que justificar que esa vía es el acceso al teleférico cuando la carretera y el parking terminan exactamente en su base. No tiene sentido asfaltar un camino hacia unas ruinas donde no hay nada, y ellos mismos se contradicen en entrevistas informales al admitir su verdadera función. Son ellos quienes deberían justificar por qué gastan dinero público en una infraestructura que claramente sirve a un interés privado

El Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) prevé gastar 43,1 millones de euros este año para pagar la regulación de los complementos de 5.024 profesionales del sector sanitario. Este gasto se desglosa en 21 millones del ejercicio de 2025 y 22 millones de 2026 para que los empleados públicos alcancen el grado profesional máximo que les correspondería por antigüedad, eliminando los tiempos de espera obligatorios entre niveles, teniendo en cuenta que en cada tipo de complemento hay cuatro grados.

El monto deriva de una iniciativa enmarcada en la Ley de Acompañamiento del Presupuesto de 2026. En teoría, la Consejería de Salud busca resolver los acuerdos pendientes de carrera (médicos y enfermeras) y desarrollo profesional (resto de personal sanitario), pero el impacto económico compromete también los presupuestos venideros.

Según la memoria justificativa y económica de la propuesta entregada al Registro del Parlamento, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el reajuste favorecería a 2.936 solicitantes de carrera profesional y 2.088 de desarrollo profesional, que saltarían dos grados del que actualmente ostentan.

El reajuste del pago de los complementos técnicamente, se llama “encuadramiento”. En la Ley de Medidas del Presupuesto aparece en dos breves líneas del artículo 11, en el que se faculta al Consejo de Gobierno, previa negociación en el seno de la Mesa Sectorial de Personal de Instituciones Sanitarias, para pagar los atrasos de los funcionarios, con efecto retroactivo del 1 de enero de 2025.

Fuentes parlamentarias consultadas por este periódico valoran positivamente la medida, pero advierten de que el pago compromete la estabilidad financiera actual. Al no estar consignado en los presupuestos, si no en la Ley de Medidas, el presupuesto del SCS no refleja el gasto real que supone el desembolso por estos complementos. Es decir, se presupuesta por debajo de lo que se va a gastar.

Esto obliga a realizar modificaciones contables posteriormente para afrontar un gasto que abarca también próximos ejercicios presupuestarios: al ser un gasto consolidado, el compromiso presupuestario se mantendrá y aumentará a futuro.

Mejoras laborales

La Consejería de Salud busca corregir así el bloqueo en las mejoras laborales del personal estatutario del Servicio Cántabro de Salud (SCS). Los distintos acuerdos de Carrera y Desarrollo Profesional del SCS establecían que las convocatorias correspondientes al encuadramiento en período ordinario se efectuarán anualmente. El estancamiento en los complementos deriva de dos circunstancias: la suspensión de las convocatorias anuales de los procesos de regulación entre 2010 y 2014, derivados de la crisis económica de 2008, y una serie de sentencias judiciales posteriores ganadas por varios profesionales sanitarios.

La regulación permitirá a los solicitantes que participen en las convocatorias extraordinarias que, “sin necesidad de cumplir con los intervalos entre grados”, se establezcan en “el máximo grado alcanzable” conforme el tiempo de servicios prestados y los créditos acreditados. “Se trata en definitiva de poder encuadrarse en el grado que se hubiera alcanzado en caso de que los procedimientos de carrera y desarrollo profesional no se hubieran visto suspendidos”, indica la memoria justificativa y económica.

El reajuste plantea que cada solicitante se encuadre en dos grados más del que actualmente ostenta. La causa, según la memoria, es doble: “La incorporación más tardía del personal temporal al sistema de carrera profesional (2018 la primera convocatoria ordinaria para personal temporal y 2019 como consecuencia de ejecución de sentencia de la convocatoria de 2016) y por otro lado, el tiempo de suspensión (2010-2014), lo que plantea un escenario con personal ”con gran número“ de servicios prestados, advierte la memoria económica.

En enero de 2024, el Gobierno de Cantabria alcanzó un acuerdo llamado 'Pacto por la Sanidad' con el Sindicato Médico de Cantabria con el que se comprometía al encuadramiento extraordinario en carrera profesional, solo por antigüedad. “Algo que se diseñó para nuestro colectivo como elemento de incentivación y diferenciación salarial respecto a otras categorías profesionales, se ha convertido justo en lo contrario”, argumentó el sindicato, cuestionando que “estas llegan a los últimos grados prácticamente por antigüedad mientras que a nosotros se nos exige un perfil que, prácticamente solo tiene quien puede tener la oportunidad de orientar su carrera a la investigación”. En enero de 2026, el sindicato sumó otra adenda al Pacto por la Sanidad valorada en seis millones anuales, supeditada a la aprobación de los presupuestos.

El grafitero que, a mediados de los noventa, firmó muchas paredes de Santander con el seudónimo Okuda, tiene una conexión, desde esta semana, que parecía improbable. Okuda tiene ahora un vínculo con Joaquín Cortiguera, un célebre ginecólogo que fue el artífice, en el siglo XIX, del único palacete de estilo 'neomudéjar' que hay en Santander: el palacio de Cortiguera.

La Cadena SER desveló la negociación que el hoy artista internacional de 'street art' Óscar 'Okuda' San Miguel (Santander, 1980) mantiene con el Ministerio del Interior para convertir en un centro de arte urbano el interior del edificio. Un inmueble de azulejo, ladrillo y arcos de herradura, que lleva 30 años entre la indolencia y el abandono institucional, en el centro de la capital cántabra.

El palacio está protegido dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander, pero no forma parte de ningún inventario de patrimonio civil. Es hoy propiedad del Ministerio del Interior, pero hasta llegar a la negociación con el colorista Okuda ha experimentado muchas negociaciones infructuosas con el Ayuntamiento de Santander, un concurso de ideas para ser rehabilitado, y fallidos intentos de subasta pública.

En origen, el palacete fue un encargo del ginecólogo santanderino Joaquín Cortiguera y Fernández-Pelilla, casado con Magdalena Pujol Ruiz. El médico hizo un encargo singular en 1888: pidió al laureado arquitecto Atilano Rodríguez que construyese un palacio inspirado en la arquitectura de los mudéjares -musulmanes que vivieron entre los cristianos previo pago de tributo y dejaron un gran legado artístico-. Un año después, en 1889, Cortigera inauguró el palacete, que convirtió en su residencia y en clínica ginecológica, con una fachada repleta de elementos nada habituales en construcciones del norte de España.

Frente al estilo regionalista de otros palacetes en Santander, el llamado Palacio Cortiguera tenía un aspecto diferencial, aunque curiosamente la definición 'mudéjar' se asentó en el mismo siglo XIX. “Fue un capricho del propietario, eligió el estilo 'neoárabe' por gusto personal”, explica el experto en arquitectura Aurelio González de Riancho, miembro de Grupo Alceda, que trabaja en la protección del patrimonio cultural cántabro y que describe las particularidades del edificio a elDiario.es.

El estilo 'neomudéjar' solo tiene reflejo en Cantabria en el complejo residencial de Solvay, en Barreda, y en menor medida, en la plaza de toros de Santander, explica otra fuente experta en arte: “En el segundo tercio del siglo XIX y principios del XX, hay una atracción por estilos considerados exóticos” por parte de cierta alta burguesía que quiso dar una impronta mudéjar a la construcción civil.

Joaquín Cortiguera y Magdalena Pujol, propietarios del palacio, fallecieron sin descendencia. Después, el inmueble ubicado en una céntrica y frondosa finca en cuesta en la calle López-Dóriga, pasó a acoger la Cámara de Propiedad Urbana, hasta 1993. Desde entonces, el palacete Cortiguera entró en desuso y en lenta decadencia hasta hoy. Y es que si la negociación resulta fructífera, aunque no han trascendido más datos, podría generar un centro de arte urbano auspiciado por Okuda, un artista que empezó en el grafiti y cuya obra se encuentra en numerosas fachadas de edificios de Cantabria y del mundo.

El valor patrimonial del palacio reside fundamentalmente en su exterior, en sus ventanas y arcos. Por eso, los expertos consultados defienden la posibilidad de que Okuda pase a crear un centro de arte urbano dentro del palacete abandonado. “Me parece bien que Okuda adquiera el palacio para que sea rehabilitado, porque al no ser parte del inventario de patrimonio civil, la iniciativa privada permitiría protegerlo”, defiende González de Riancho.

El universo comercial de la marca Okuda

El centro de arte del Palacio Cortiguera estaría influido por el universo de Okuda, un artista cuyo estilo se fundamenta en el graffiti y el arte urbano, “pero está profundamente vinculado” al movimiento Low Brow, “un estilo de arte underground que surgió en California entre finales de los años 70 y los 80, vinculado al surf”. Así lo explica el artista y comisario de arte Jesús Álberto Pérez Castaños: “Esta corriente tiene una fuerte influencia de la estética del cómic, caracterizada por el uso de la línea clara, elementos que han marcado la trayectoria y la identidad visual de la obra de Okuda hasta la actualidad”, explica.

Pérez Castaños (Santander, 1950), más conocido como JAPC, ha hecho escuela en Cantabria con su impronta también colorista y conoce el trabajo de Okuda desde sus orígenes grafiteros. Recuerda bien cuando fue a conocer a un grafitero que pintaba “o escribía” a mediados de los noventa en Canfrisa, un viejo matadero hoy derribado, con sus amigos. En 2009, el comisario de arte organizó una exposición titulada 'Jóvenes cachorros' en una nave del Puerto de Santander, dedicada a pintores menores de 30 años: “Fue significativa porque representó la primera vez que expuso obra enmarcada”.

En el catálogo de aquella primera vez que Okuda expuso obra enmarcada, citó entre sus referentes a Banksy, dijo que lo más importante era tener estilo propio, y también dijo: “Por parte de las instituciones de mi ciudad, nunca he notado apoyo”.

Desde entonces, Okuda ha evolucionado hasta celebrar ahora 30 años en el mundo del arte y tener un gran espacio cultural en Madrid llamado Factory of Dreams y además pinta fachadas, palacios, iglesias, tazas, bolígrafos o coches, con un equipo de profesionales.

Tiene una colorista y reconocible marca cuya esencia está en el proyecto para el interior del Palacio Cortiguera, que muchos grafiteros puros y otros tantos expertos en arte contemporaneo rechazan y que JAPC defiende: “Okuda ha pasado a tener un modelo empresarial y comercial, pero sin perder el trato humano y la inocencia. Es un artista total con rentabilidad, pero no pinta por hacer negocio”.

Y JAPC advierte mirando muy atrás sobre el futurible arrendatario del palacio 'neomudéjar': “Okuda está en un entramado comercial que no es ajeno al pasado: Rembrandt y Rubens tenían estudio y vendían obra; hoy se propicia la comercialización del producto y él tiene una repercusión económica muy grande, pero detrás sigue existiendo ese niño que pintaba muy bien en la calle”.

La Consejería de Deportes del Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos de Santander y Torrelavega han decidido guardar silencio sobre la posibilidad de retirar su nombre de espacios públicos, además de honores y distinciones municipales al exciclista Óscar Freire, condenado este pasado lunes por el delito leve de “vejaciones injustas” a su expareja, previo acuerdo entre las partes y el reconocimiento de los hechos por parte del acusado.

El tricampeón mundial de ciclismo es hijo predilecto de Cantabria, alcalde honorífico de Torrelavega, da nombre al complejo municipal de deportes de Torrelavega, por ser nacido en el municipio, y tiene una 'estrella de la fama' en suelo público en Santander, entre diversos honores más concedidos por las instituciones a lo largo de su carrera. Consultados por elDiario.es, los dos ayuntamientos han declinado hacer declaraciones.

Hasta ahora, solo el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) en Cantabria se ha posicionado para exigir la retirada del nombre del exciclista de las instalaciones públicas de Torrelavega, además de otros honores y distinciones.

A esto se ha sumado este jueves la coalición Izquierda Unida-Podemos en Torrelavega, que ha exigido el cambio de nombre del recinto deportivo, en respuesta a este periódico. La coalición, que llevará el tema a comisión —y a pleno si no hubiese acuerdo—, ha considerado diversos nombres de deportistas como el atleta Mohamed Attaoui o la tenista Cristina Bucsa para sustituir el de Freire.

Paseo de la fama

En Santander, hay un 'paseo de la fama' que rinde homenaje a personajes ilustres cántabros en suelo público. Entre ellos, Óscar Freire cuenta con un reconocimiento, en la calle Tetuán. Desde el Consistorio se ha delegado cualquier respuesta en la asociación privada que promovió la iniciativa en 2016, pese a estar en suelo público.

Consultados al respecto, la Asociación de Amigos del Barrio de Tetuán (en origen fue la Asociación de Hosteleros de Tetuán y Barrio Camino, pero se ha dado de baja) ha afirmado que debatirá el tema en su próxima reunión para tomar una decisión ejecutiva sobre la estrella concedida a Óscar Freire: “Es una cuestión muy importante que hay que debatir, la justicia está para para resolver y y nosotros acatar lógicamente lo que dice la justicia”, ha dicho su portavoz, el hostelero Jaime Ruigómez.

Por su parte, el consejero que ostenta las competencias de Deportes del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad (PP), ha rechazado comentar públicamente si la comunidad autónoma u otra institución que haya distinguido al tricampeón del mundo de ciclismo en ruta debe retirarle esos títulos tras ser condenado por un tribunal especializado en violencia de género. “No voy a hablar sobre Óscar Freire. Respeto absoluto a la situación que se está viviendo”, ha respondido Martínez Abad. “Cuando se conozcan más cosas, será”, ha concluido.

El número real de viviendas vacías en Cantabria no existe. Ni siquiera una aproximación. Hay estimaciones que hablan de entre 30.000 y 50.000, pero son solo cálculos. Por eso, el PRC ha propuesto este miércoles realizar un estudio sobre vivienda vacía para determinar su número, extraer conclusiones y tomar medidas para sacarlas al mercado de compra y alquiler. Así lo ha anunciado el portavoz regionalista, Pedro Hernando, en comparencia ante los medios en el Parlamento.

Calculando a la baja, con el dato de las 30.000 viviendas vacías en Cantabria, si saliesen al mercado del alquiler solamente el 10% de las viviendas vacías, la bajada del precio rondaría el 15%, según el PRC. Hernando ha hecho este cálculo para mostrar la necesidad de saber el número de viviendas vacías.

Esta ha sido una de las 28 propuestas de cambio a los presupuestos de 2026 que ha registrado el PRC. En este caso, para incrementar en 15.000 euros la Cátedra de Vivienda de la Universidad de Cantabria (UC) y asignarle el informe. Además, el PRC ha propuesto una nueva medida para que el Colegio de Arquitectos estudie la situación de la vivienda protegida en el medio rural, para determinar si la solución pasa por rehabilitar o construir vivienda nueva.

El portavoz regionalista ha señalado que “la primera obsesión” que tiene el PRC, una vez que se apruebe el presupuesto, es sacar adelante una “buena” Ley de Vivienda de Cantabria que, además de las dotaciones que ya están recogidas en las cuentas autonómicas, “se nutra de los estudios necesarios para su mejora y su funcionalidad”.

Enmiendas parciales

Estas son las propuestas de cambio enfocadas en vivienda, para fijar población en Cantabria, dentro de las 28 enmiendas parciales, que el Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado. Entre las enmiendas parciales del PRC, Hernando ha definido cinco categorías y ha desglosado todas las propuestas de cambio.

Entre ellas, destacan los 100.000 euros para digitalizar el archivo audiovisual de RTVE en Cantabria; 50.000 euros para reparar la pasarela peatonal sobre el río Saja entre Vernejo y Cos, en los municipios de Cabezón de la Sal y Mazcuerras; otros 50.000 euros a subvencionar la lucha contra las enfermedades emergentes en la ganadería; 20.000 euros para evaluación de la brecha de género en el medio rural, o 30.000 euros en las ayudas a entidades sin ánimo de lucro para fomentar el empleo joven.

Otras enmiendas van dirigidas a mejorar la sede de los bomberos voluntarios de Santander, la financiación del Consejo Económico y Social de Cantabria (Cescan) con una partida nominativa de 35.000 euros a la espera de una reforma legal que el PRC considera necesaria y a aumentar en un 50% la aportación para la asistencia jurídica gratuita.

El incremento de las ayudas al Consejo de la Juventud y al fomento del empleo joven, la naturalización de los patios de los colegios José Arce Bodega de Santander y del conjunto de los centros de Numancia (Cisneros, Mendoza y Magallanes), igualmente en la capital, forman parte también de sus propuestas. En el ámbito de la cultura, el patrimonio y la identidad, proponen destinar 20.000 euros a ADIC para recuperar la microtoponimia de Cantabria, otros 25.000 para introducir contenidos cántabros en Primaria, Secundaria y Bachillerato o 25.000 para divulgar el patrimonio inmaterial.

De forma conjunta con el PP, el PRC ha acordado tres enmiendas parciales, entre ellas, dedicar 175.000 euros a la mejora de las boleras de Arenas de Iguña, El Astillero, Santiurde de Toranzo y Guriezo, una actuación que Pedro Hernando ha destacado como “la apuesta permanente por el deporte autóctono” del recientemente fallecido Javier López Marcano.

Eln total, el PRC ha registrado enmiendas parciales al presupuesto de Cantabria de 2026 por un valor total de un millón de euros que, según su portavoz parlamentario, introducen “pequeños cambios” en las cuentas para mejorarlas, “haciéndolas más útiles a los ciudadanos”.

El PRC propondrá limitar la construcción de segundas residencias en suelo rústico en Cantabria, en el proceso de aprobación de la Ley de Vivienda. Así lo ha avanzado este miércoles el portavoz regionalista, Pedro Hernando, en una comparecencia ante los medios en el Parlamento, sin adelantar detalles de su futura enmienda, justo antes de advertir que el turismo no puede convertirse en un “elemento disfuncional” del mundo rural.

“Convertir el mundo rural en una segunda residencia de las comunidades autónomas cercanas y de la gente que viene a utilizar Cantabria como un elemento vacacional no es el modelo”, ha señalado ante las medidas que está tomando en este sentido el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP).

La reacción de Hernando responde a la reciente petición del Ejecutivo del PP a los ayuntamientos para que faciliten las autorizaciones de uso turístico en las viviendas construidas en suelo rústico. Tal y como ha publicado El Diario Montañes, esa orden llegó específicamente desde la Consejería de Urbanismo, en la última reunión de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).

El departamento que dirige Roberto Media (PP) instó a los ayuntamientos de Cantabria a no denegar permisos de actividad turística a las viviendas levantadas en suelo rústico con licencias de construcción de la CROTU, propuesta que fue autorizada por la comisión.

La Consejería presentó la aclaración para los alcaldes, después de comprobar que algunos secretarios y técnicos municipales se negaban a autorizar las licencias o mostraban dudas al respecto porque consideraban que contravenía el sentido de fijar población en las zonas rurales que tiene la Ley del Suelo —modificada en 2024 con el apoyo del PRC—.

Un año después, el Gobierno aprobó otra modificación clave: la del decreto de viviendas turísticas, dejando en manos de los municipios las autorizaciones para que un propietario inscribiese su vivienda en el registro autonómico. Por lo tanto, sin la aprobación, la actividad de vivienda turistica sería ilegal. En la actualidad, la Consejería de Turismo analiza las peticiones, mientras la de Urbanismo pide ahora a los ayuntamientos que relajen las autorizaciones para uso turístico para construcciones legales.

Los tres colegios profesionales que recientemente se negaron a votar el futuro Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) rechazaron la iniciativa de Urbanismo, aprobada en la CROTU gracias a la mayoría con la que cuenta el Gobierno en este órgano.

El argumento que utiliza el Gobierno de Buruaga es que, si el inmueble se ha construido legalmente, su uso es secundario. Consultado sobre si esta situación no pervertiría el sentido de la Ley del Suelo pactada con el PP, el portavoz regionalista ha elegido enfocarse en el decreto y ha reconocido que es “llamativo” que el Gobierno de Cantabria haya aprobado un decreto para limitar las viviendas turísticas y por “inacción”, lo anule mediante una orden: “Resulta que todas las viviendas que hayan pedido un informe al ayuntamiento, se haya emitido o no, van a poder ser este verano viviendas turísticas. Ese no era el objetivo del decreto”, ha recordado.

La condena este pasado lunes al exciclista cántabro Óscar Freire por el delito de “vejaciones injustas”, por la que tendrá prohibido comunicarse y acercarse a su exmujer durante un periodo de seis meses y tendrá que estar localizado durante nueve días, ha despertado polémica por su calificación.

La condena del titular de la Plaza número 5 del Tribunal de Instancia de Torrelavega y magistrado encargado de Violencia sobre la Mujer en el municipio, mediante un juicio rápido, se ha producido tan solo unas horas después de que la exmujer de Freire le denunciara en la tarde domingo, porque ambas partes alcanzaron un acuerdo.

La condena por “vejaciones injustas” se llama exactamente así y es un delito leve, regulado en el artículo 173.4 del Código Penal. Aborda insultos o menosprecios considerados legalmente leves, como situaciones de acoso en el espacio público, contra cónyuge, expareja, ascendientes, descendientes, hermanos o convivientes. El delito de “vejaciones injustas” solo es perseguido si la víctima o su representante legal denuncia, tal como sucedió en este caso.

Una fuente experta consultada por elDiario.es explica que “se trata de supuestos que han llegado recientemente al Código Penal y es el tipo más leve en violencia machista, por eso se deriva a conciliación civil. Normalmente, no suele haber condenas, exhiben pésima relación conyugal, se refieren a algo constatable recientemente”.

En este tipo de delito leve, agrega esta fuente, la orden de alejamiento es solicitada “siempre” por la víctima. “Seis meses es el máximo de orden de alejamiento que se puede otorgar”, es decir, la pena impuesta al exciclista tres veces campeón del mundo, que fue denunciado por su expareja después de protagonizar un altercado a la salida de misa.

Según el Código Penal: “La intención, por tanto, es que solo se deriven a la vía penal aquellas conductas que tengan verdadera entidad y relevancia, cuando además no existan medios alternativos para la solución del conflicto”. Las “vejaciones injustas” son castigadas con localización permanente, con un periodo que oscila entre los cinco y los 30 días.

El caso de Óscar Freire

En el caso de Óscar Freire, y según recoge la sentencia como hechos probados, este pasado domingo, a la salida de misa, el acusado se dirigió a su expareja en presencia de otras personas gritando y faltándole al respeto. Estas expresiones “perturbaron la tranquilidad de la denunciante, atentando contra su integridad moral”, según refleja el fallo del Tribunal de Instancia de Torrelavega, que ya es firme, al haberse dictado con el acuerdo de todas las partes.

Y es que el tricampeón del mundo de ciclismo fue condenado después de haber reconocido los hechos y admitir la pena propuesta por la Fiscalía, al tiempo que la acusación particular, que ejercía su expareja, se adhería a la petición del ministerio público, por lo que no cabe recurso contra la sentencia.

Una pequeña foto panorámica, en blanco y negro, del embalse de Aguilar de Campoo, es la única imagen del estudio de Arancha Goyeneche en Santander. “Es mi ventana, me gusta volver a la infancia para volver al juego, esa no la toco”. Ventana llama esta artista plástica (Santander, 1967) a la antigua foto del embalse que ayudó a construir su padre y que la llevó a vivir en Aguilar hasta los nueve años. Luego estudió y trabajó en Bilbao, vivió en Asturias o en Galicia, y regresó a Cantabria, donde lleva alrededor de 25 años. Siempre en el norte, todo lo que puede en bicicleta. Goyeneche ha sido muy montañera, “ahora menos por la edad”, pero sale todo el tiempo al campo. Luego se recluye con la radio de fondo en su blanco estudio, en un bajo, lleno de materiales embalados y coloridos vinilos autoadhesivos, su perfeccionada seña de identidad.

En la visita, tiene una pieza a medio hacer, que prefiere que no sea fotografiada. Está hecha, como tantas cosas en su obra, de trozos de imágenes que ha tomado en sus paseos, recicladas de obras anteriores, de series anteriores. Dice que su familia le enseñó a reutilizar. Esta artista plástica se considera pintora, aunque se sale literalmente, no usa pincel y le atraen los espacios grandes como lienzo. Ofrece un taburete, colocado bajo su mesa de trabajo y se queda de pie para hablar sobre su último proyecto, 'Alverde', expuesto en uno de esos inmensos espacios, la Nave Sotoliva de Santander, donde podrá visitarse hasta el 14 de junio.

La expresión que da nombre a su nuevo proyecto viene de la frase “ir al verde”, es decir, ir a segar para después recoger la hierba para el ganado. ¿Por qué en este proyecto quería hablar de un concepto así?

Es algo que ha quedado como parte de nuestra memoria colectiva porque el campo ha cambiado; la economía de Cantabria, profundamente ganadera, ha ido desapareciendo. Ha sido un ejercicio de memoria de unas generaciones que hemos visto cómo se segaba con el dalle. Un niño hoy no sabe lo que es un dalle. Me costó mucho encontrar una persona que segara para hacer una de las piezas de vídeo, porque la gente que sabe es mayor y requiere un esfuerzo físico que ya no tienen. Me costó encontrar un maestro segador para filmarle.

¿Y dónde encontró a la persona que segaba?

Pregunté por Cueto y Monte, zonas donde todavía hay actividad ganadera en Santander, y al final fue un artista de cierta edad, Joaquín Martínez Cano, quien sabe segar y tiene una casa de campo. Él nos ayudó a hacer el vídeo.

Es curioso que no encontrase a alguien que segase, porque Cantabria es una comunidad con mucho campo. Es contradictorio.

Cada vez hay menos vacas y se concentran en explotaciones más grandes. Antes había muchas pequeñas explotaciones donde una familia vivía con pocas vacas, tenía su terreno y segaba. Ahora todo se vuelve más industrial y grande para tener mucha más producción.

¿Hay alguna metáfora en ese concepto de ir al verde?

Simplemente ha sido un punto de partida. Quería hablar sobre el paisaje y afrontarlo desde distintas miradas, no solo buscando la belleza como deleite para desintoxicarnos de la ciudad. Quería una mirada más amplia desde distintos ámbitos de conocimiento: la etnografía y la sociología a través de la siega; la botánica a través de plantas silvestres; las anomalías climáticas que vemos cada vez más a menudo y de manera más extrema; la arqueología y cómo el ser humano deja su huella alterando el paisaje; y la poesía a través de los residuos, buscando la belleza en lo que parece que no vale nada; como los troncos que deja el río Pas en su desembocadura, en la playa de Liencres. Busco la belleza en todos esos desechos, que parece que no valen para nada. Tiene que ver también con una educación de la mirada; de buscar algo bello en algo que no vale.

¿Cómo describiría ese impacto en la alta montaña en Cantabria y cómo lo traslada a su obra?

Respecto a las montañas, la serie tiene que ver con poner en evidencia que las montañas altas cada vez tienen menos nieve. Es una rememoración de lugares en los que había estado y que estaban totalmente nevados frente a la evidencia de que ahora nieva menos.

El cambio climático se percibe más acuciantemente en los últimos años. ¿Forma parte de su obra como parte de sus preocupaciones también como ciudadana?

Sí. La primera vez que me di cuenta de que algo estaba ocurriendo fue en 2014, con los grandes temporales de mar en Cantabria que se llevaron la arena de las playas y destrozaron paseos marítimos. Fue un punto de inflexión. Al año siguiente hubo nevadas históricas en Campoo y terminó el año con muchas suradas e incendios muy bestias en la zona del Saja. Empecé a trabajar sobre esto no tanto como una crítica, sino para poner de manifiesto algo que ocurre. No me planteaba ser contestataria. Sí es una contestación, al final es otro tema de trabajo de algo que está ocurriendo en estos días y me preocupa, pero es relatar un hecho. Me preocupa porque va a cambiar muchas cosas.

Me considero una exploradora, me gusta descubrir

Hablaba de los residuos que encuentra en Liencres. Quizá esté mal preguntarlo, pero ¿hay belleza en algún efecto del cambio climático?

No lo sé. Encuentro la belleza en los residuos porque reutilizo mucho material sobrante que se tira a la basura. En mi casa me enseñaron que cuando algo se rompe, se arregla. Los residuos que genero no se tiran porque buscas la belleza en ellos. Es también un tema de economía de supervivencia: aprovechar el material al máximo. Tiene que ver con formas de vida no metidas en este mundo tan mercantilizado o consumista. Mis proyectos son limitados: hasta dónde puedo intentar estirar el material.

En ese ejercicio de observación constante, ¿tiene claro el último residuo que le ha parecido bello?

Lo vas descubriendo, pero para eso tienes que agudizar los sentidos y ser más consciente. Muchas veces te lo encuentras de repente. Como artista visual, estoy acostumbrada a utilizar la vista.

Habla de usar la vista: ¿Qué le gusta más? ¿Ver o mirar?

Me gusta más descubrir. Me considero una exploradora. A veces miras pero no ves, o ves pero no encuentras nada. Me gusta descubrir.

¿Le interesa más redescubrir sus entornos, por ejemplo en el norte de España, o explorar en otros lugares que no conoce?

Me gusta explorar desde la experiencia. No me gusta explorar desde una pantalla o un libro; me gusta vivirlo. Este entorno lo domino bien y lo tengo interiorizado. Por ejemplo, hice una estancia en Lanzarote y fue un choque: poca vegetación y todo negro, cuando en mi paleta de color no existe el negro. Me costó readaptarme, pero al final lo haces desde el lugar de la experiencia.

Trabajo la pintura fuera del material

¿Cómo trabaja la pintura, teniendo en cuenta que no es pintura al uso?

Cuando pensamos en pintura, pensamos en óleo o acuarela. Leonardo da Vinci ya decía que la pintura es algo mental. En mi caso, está fuera del material. Utilizo vinilo autoadhesivo como paleta de color, fotografía, vídeo o fluorescentes. Mi cabeza trabaja como si estuviera pintando: la fotografía es el lienzo y sobre ella voy superponiendo vinilos como si fueran capas de pintura.

¿Cómo fue ese primer encuentro con el vinilo? Creo que fue cuando trabajó en Bilbao, en una nave industrial...

En la Facultad de Bellas Artes del País Vasco los profesores nos invitaban a experimentar con distintos materiales saliendo de la pintura tradicional. Íbamos a almacenes de material industrial y allí encontré el vinilo. Me permitía dar color con otra calidad. Soy pintora, pero hace 30 años que no cojo un pincel. Este material es mi seña de identidad; estoy atrapada en el vinilo y la gente identifica mi obra por él.

¿Qué aporta esa dualidad de valores clásicos ejecutados con materiales industriales a la experiencia como espectador?

He tenido una enseñanza académica y tuve que aprender técnicas de dibujo y pintura. Ahora me siento en un campo libre donde todo vale, pero utilizo postulados clásicos de composición, luz y perspectiva. Me parece atractivo indagar en otros medios y salirte del marco.

Me gusta experimentar y enfrentarme a espacios grandes que me impongan

Hay un concepto que usan las expertas para describir su arte: 'pintura expandida'. ¿Qué significa?

Es un término del arte contemporáneo para clasificar a artistas que nos salimos del marco de representación clásico. Utilizas materiales diferentes e incluso el espacio expositivo o una pared como lienzo. Es ampliar el concepto de pintura. Me gusta experimentar y enfrentarme a espacios grandes que me impongan, entendiendo el espacio como si fuera un lienzo.

¿Qué tipo de espacios le imponen en concreto?

Espacios grandes. Me gusta hacer instalaciones específicas para el espacio; obras efímeras que se desmontan y no vuelven a exponerse. Luego ese material lo reciclo para otra exposición de otra manera.

Su estudio de trabajo, donde estamos, es cerrado, he leído que así no se distrae. ¿No le gusta que el mundo le distraiga?

No, porque así no me disperso mucho. Cuando vengo a trabajar me gusta estar centrada. Escucho la radio, sobre todo noticias. Cada sitio es un lugar diferente y aquí vengo a rendir.

Suele decir que le persigue una pregunta en su carrera: ¿Qué es la pintura? Me interesa cómo respondería a la cuestión...

La pintura es un campo de libertad y una forma de expresión. Es mi lenguaje y un lugar donde no me aburro; siempre descubro cosas a través de él. Es una forma de vida y de comunicación.

¿De qué manera afecta a su producción o exposición el auge del machismo con la ola reaccionaria actual?

Ahora se cuida un poco más la presencia de mujeres en exposiciones y galerías, aunque en ferias como ARCO sigue habiendo muchos más hombres. Se está intentando cubrir el hueco de mujeres no representadas en museos e instituciones; hay más sensibilidad. Sin embargo, a veces las exposiciones de mujeres parecen obligarte a tratar temas femeninos o utilizar materiales como telas y artesanías. Me siento fuera de eso porque si trabajas la abstracción o ciertas temáticas, parece que no entras en ese ámbito.

¿Hay discurso feminista en su obra aunque no se vea?

No me lo planteo. Trabajo y no pienso en eso, como tampoco hay un discurso ecologista. Lo que hago es relatar algo que ocurre. No quiero dar lecciones ni hacer una moralina de nada, pero sí hay una predisposición a contar lo que pasa.

Leía que la Universidad de Cambridge ha hecho un estudio sobre cómo la cuenta corriente de los padres define las posibilidades de los hijos que quieren ser artistas. ¿Es necesario un respaldo familiar o institucional para ser artista en España?

Sí, porque no cubres tus necesidades primarias. Es de las pocas profesiones en las que no eres capaz de vivir de ello. En este país tenemos el problema del IVA cultural al 21%, lo que nos hace no ser competitivos con el resto de Europa, donde es del 5% o 7%. Además, los artistas no podemos darnos de alta de manera continua y no existe una ley de mecenazgo eficaz. Se tiene la idea de que producimos artículos de lujo, pero no se vende obra. Desde la crisis de 2008 el mercado no se ha recuperado y estamos en un medio de supervivencia. El respaldo familiar y de galerías ha sido fundamental.

¿Le sale más caro o más barato su estilo de expandirse más allá del marco?

No pienso en el dinero en ese sentido, sino en que quede bien. Me adapto a lo que pueda contar; si hay presupuesto hago una cosa y si no, no. Yo estiro mucho el dinero, pero si no hay, me adapto a lo que pueda contar, no me meto donde no puede ser. Los artistas tenemos que estar todo el día mirando el euro para ver de dónde sacamos para producir y que quede bien.

El Grupo Parlamentario Regionalista registrará una enmienda a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña a los Presupuestos Generales de Cantabria de 2026, que actualmente se encuentran en plena tramitación tras superar las enmiendas a la totalidad, para que el Parlamento de Cantabria fiscalice anualmente el convenio singular de privatización sanitaria con el Hospital Santa Clotilde de Santander, que supone un gasto de 256 millones de euros durante los próximos 16 años.

Paula Fernández, candidata electoral del PRC en Cantabria, ha propuesto este viernes una medida para obligar a que los convenios privatizadores con hospitales privados y centros sanitarios concertados rindan cuentas en la Cámara autonómica antes de recibir fondos públicos.

Con su propuesta, Fernández ha introducido un mecanismo de control para los convenios singulares sanitarios, pensando en un caso concreto: el convenio privatizador con el hospital Santa Clotilde, que desde su opaca introducción a través de una enmienda del PP en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2025 ha contado con información a cuentagotas.

La idea del PRC, que tiene un pacto de presupuestos con el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) y que, a priori, cuenta con el visto bueno de la presidenta, es que la financiación anual ya no sea automática y tenga que pasar por una comisión del Parlamento, para evitar que se repita el proceso que se dio con el convenio privatizador que tiene hoy el Servicio Cántabro de Salud (SCS) con el hospital privado. Un acuerdo que, en teoría, buscaba resolver el problema de las listas de espera, aunque aún no cuenta con suficientes camas, aparatos y personal para asumir todas las tareas que tiene encomendadas a través de este acuerdo.

La iniciativa es una enmienda a la Ley de Medidas Fiscales del Presupuesto para 2026 de Cantabria y más que probablemente saldrá adelante, con el visto bueno del PP. Según ha explicado Paula Fernández en una comparecencia ante los medios, la enmienda deriva del “caso concreto” de convenio con Santa Clotilde.

“Queremos garantizar transparencia, control público y evaluación anual de resultados allí donde antes no la hubo, para que los resultados de salud, los indicadores de accesibilidad y el grado de cumplimiento del convenio y sus adendas sean conocidos, debatidos y fiscalizados públicamente cada año”, ha asegurado Fernández.

Hasta ahora, la posibilidad de establecer un convenio singular se caracterizaba por un control eminentemente administrativo y técnico, sin la intervención parlamentaria directa que ha propuesto el PRC.

De hecho, la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública en Cantabria presentó en enero un recurso contencioso para demandar la nulidad del “irregular y oscuro” convenio, denunciando “la falta de la memoria técnica y económica y el certificado de crédito adecuado y suficiente”.

Privatización en Santa Clotilde

La inclusión en el convenio con Santa Clotilde de mamografías y endoscopias de los programas de cribado de cáncer de mama y colón ha sido una de las cuestiones que más polémica ha levantado. Estos programas se suman a la actividad que ya venía prestando el hospital desde hace tiempo a través de convenios anuales.

Se trata de la atención a personas con patología crónica o con un grado de autonomía reducida cuya asistencia sanitaria no pueda ser proporcionada en su domicilio o que requieran rehabilitación.

También se incluyen los programas de ortogeriatría, hospitalización de día, atención geriátrica, paliativa y control de dolor, además de consultas, procesos quirúrgicos y pruebas diagnósticas para cumplir con la ley de garantías de tiempos máximos de demora.

El acuerdo, que se publicó a mediados de noviembre en el Boletín Oficial (BOC), está vigente desde el 1 de enero, con una duración de 16 años prorrogables por cuatro más, con lo que la duración máxima será de 20 años.

En enero se publicó una adenda en el BOC que recoge el procedimiento para la medición de resultados con unos indicadores que vinculan la financiación al cumplimiento de objetivos de resultados en salud e indicadores de accesibilidad, evaluados anualmente. Según esa adenda, el 1% de la financiación anual del contrato (15,9 millones) está asociada al grado de cumplimiento de los objetivos.

“Estamos radicalmente en contra de esa nueva norma: está creada para que los inspectores de Educación puedan mantenerse en el cargo”. Así de rotunda se ha mostrado este miércoles Conchi López, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria, para valorar la nueva posibilidad de retrasar la jubilación hasta los 70 años para los docentes cántabros.

La medida, anunciada este martes por el Gobierno de Cantabria e incorporada al proyecto de Ley de Medidas de Fiscales y Administrativas, que acompaña a la Ley de Presupuestos de Cantabria para 2026, “favorece a cuatro o cinco inspectores, sobre todo inspectores jefe de Educación”, ha denunciado la líder sindical, que ha alertado del sentido de la norma: “Es cuestionable cambiar una norma solo para favorecer a una minoría”, ha advertido en una rueda de prensa en el sindicato.

Según los cálculos de la secretaria general de la Federación de Enseñanza, “a pie de aula, puede haber 45”, de más de 8.000 docentes en Cantabria, que estén alrededor de los 65 años, “y que puedan decidir continuar” trabajando hasta los 70 años. “No se va a aplicar a muchísima gente”. Y si algún docente quiere ampliar su tiempo en el servicio activo, “depende de que el Servicio de Inspección lo autorice”. 

Mientras el consejero de Educación, Sergio Silva (PP), consideró este martes que la norma “fortalece la profesión docente”, que era “imposible legalmente” para los docentes de Cantabria, la sindicalista ha cuestionado el efecto “tapón” que va a generar la posibilidad de permanencia ante las nuevas generaciones de docentes que se vayan incorporando a la profesión. “Atiende a un interés particular, pero la gente joven tiene que tener derecho a acceder al mercado de trabajo, pero lo grave de esto es que no es una necesidad general”, ha subrayado.

Actualmente, ha señalado Conchi López, “solo excepcionalmente si alguien no llega (a los 15 años cotizados exigidos para cobrar una pensión contributiva), les dejan ampliar a 67 años”. En su opinión, la medida “es una gotita más de cómo se está gestionando la Consejería de Educación, especialmente en los últimos tres años”.

El 20 de mayo de 2021, Ana Botín, presidenta del Banco Santander, puso lo que se llama primera piedra de la conversión de la antigua sede social del banco, inaugurado en 1923, en Santander. Vestida con chaqueta azul piscina y pantalón blanco, sonreía mientras mostraba una caja, a modo de cápsula del tiempo, con fotos de su abuelo, para presentar el proyecto: “Será un gran centro público de cultura, arte, innovación y tecnología, ocio y emprendimiento... Un espacio abierto a la ciudad de Santander y a Cantabria. Una forma de aunar, a nuestra manera, cultura y banca”, dijo Botín, en el edificio más característico del emblemático Paseo Pereda.

Alrededor de 10.000 metros cuadrados, de los cuales 3.000 serían para espacios expositivos. Una planta, para exposiciones del acervo de la Fundación Banco Santander, una inmensa colección con obras de Chillida, El Greco o Miró, entre muchos otros. Y otra planta, para exposiciones temporales, además de un restaurante y una cafetería, en la azotea, mirando a la bahía. Por la planta para exposiciones temporales han empezado, cinco años después de unas obras que se han alargado más de lo previsto, las complicaciones.

El proyecto del arquitecto David Chipperfield transformaría el antiguo banco, a solo 200 metros en línea recta del Centro Botín, el primer centro cultural de la familia en la ciudad, ubicado en medio del paseo marítimo. Entonces, se iba a llamar Espacio Pereda, pero en 2023, pasó a llamarse Faro Santander: “Este edificio es el mejor testigo de nuestra evolución como banco, desde lo que éramos hasta lo que somos”, dejó Ana Botín por escrito en su web oficial, tras el cambio de nombre.

Desde entonces, el edificio de una de las calles más paseadas de Santander, ha estado en obras y con su emblemático arco cerrado al paso de personas y vehículos. Pero mientras en Santander las críticas han venido por el exterior, por los cambios sobre la imagen de un inmueble protegido y las sospechas ya confirmadas de que no vuelva a haber tráfico rodado debajo del arco —pese a ser el paso de una línea circular de autobus de uso frecuente—; en México, el conflicto ha llegado por su interior, por parte de las obras temporales que se exhibirán en el futuro museo, “espacio museístico” o “espacio para el arte y la cultura”, como se le ha denominado también.

Todo empezó con un anuncio a inicios de 2026. El 21 de enero, la Fundación Banco Santander confirmó que pasaba a gestionar una de las colecciones privadas de arte del siglo XX más importantes de México, propiedad de la acaudalada familia Zambrano, que se expone actualmente en el Museo de Arte Contemporáneo del país norteamericano. En un comunicado, la fundación informó de que la colección Gelman “formará parte de la programación inaugural de Faro Santander y se mostrará en museos de todo el mundo”.

Desde ese momento, la colección en la que hay, por ejemplo, 18 obras protegidas de Frida Kahlo, pasó a llamarse “a largo plazo” Colección Gelman Santander. En un proceso seguido por la Secretaría de Cultura de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la Fundación Banco Santander informó de que se encargaría de “la conservación, investigación y exhibición” de la colección que, en parte, se presentaría en Santander, además de en otros museos internacionales.

Protección del patrimonio mexicano

El anuncio desató una enorme polémica y dudas sobre la propiedad de las obras y sobre la temporalidad de la exposición de las piezas en el exterior. En México, aunque una obra sea de propiedad privada, puede tener un nivel de protección legal altísimo, como parte del patrimonio cultural nacional, con categoría de monumento artístico, circunstancia que limita el tiempo que estén expuestas fuera del país. Ese era el caso de varias de las 160 obras de la Colección Gelman Santander. Y el comunicado no dejaba claro cuándo regresaría la colección a México.

Durante los siguientes cuatro meses, los paseantes de Santander han visto cómo avanzaba la obra de Faro Santander. Caminaban ajenos, en su gran mayoría, a un conflicto que en México ha hecho que 400 personas vinculadas al mundo del arte mexicano firmaran para se hiciera público el convenio entre el Gobierno de México y el banco sobre el tiempo que estarían las obras fuera del país. Una polémica que obligó, a finales de marzo, a la secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel, a informar de que “el convenio marco suscrito a cinco años es de conservación y supervisión, pero la Ley de Aduanas, para exportaciones temporales, obliga a regresar cada dos años”.

Después de estas declaraciones, la Fundación Banco Santander emitió un comunicado el pasado 3 de abril asegurando que, una vez la colección estuviera fuera de México, regresaría, como tarde, en 2028. Dato que ha tenido que ratificar de nuevo la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, este mismo lunes.

El banco, a través de su fundación, quiso zanjar el conflicto en medio de la Semana Santa: “Reiteramos que ningún acuerdo suscrito prevé el cambio de propietario, ni el traslado definitivo de la colección a ningún punto fuera de México”. Pero, en este tiempo, ni la secretaria de Cultura del Gobierno mexicano ni el banco han hecho público el convenio alcanzado con la familia Zambrano como propietaria, ni tampoco si en algún momento el convenio planteaba un periodo prorrogable a los cinco años que indicó la secretaria de Cultura, como se ha denunciado en algunos medios de comunicación mexicanos.

Dudas sobre la inauguración

La inauguración de Faro Santander iba ser el 22 de junio de 2026, o así se había trasladado extraoficialmente. “Me hace gran ilusión anunciar que esta -la colección Gelman- será la primera gran exposición de Faro Santander antes del verano”, dejó escrito Ana Botín en la web de la fundación. Pero el comunicado oficial de la Fundación Banco Santander enviado el 3 de abril ha sembrado la duda, porque avanzó un acuerdo para alargar la exposición de la colección en el Museo de Arte Contemporáneo de México, en lo que parecía un gesto tras meses de tensiones: “Es un honor y una gran satisfacción para Fundación Banco Santander presentar con gran éxito la colección en el Museo de Arte Moderno de México antes de poder mostrarla en Santander este próximo otoño”.

La colección Gelman se llama así porque es el apellido del millonario matrimonio formado por Jaques y Natascha Gelman que creó, en origen, la citada colección, en la que hay obras de célebres artistas como Diego Rivera, María Izquierdo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco, Gabriela Iturbide y David Alfaro Siqueiro. De hecho, Diego Rivera realizó un retrato de Natascha Gelman que forma parte del acervo. La valiosa colección de arte pasó después a manos del principal asesor en arte de Natascha Gelman que, en 2023, la vendió a la familia Zambrano, que es de Monterrey.

Las incógnitas que el Gobierno mexicano y el banco han tratado de disipar sobre la colección han llegado a tal nivel que, hasta que en enero el banco anunció que gestionaría la colección y que se llamaría a largo plazo Gelman Santander, se desconocía que los Zambrano eran propietarios del conjunto.

Keruin Martínez (Puerto Plata, República Dominicana, 1989) reivindica sus 20 años como camarero mucho antes que su máster en Historia. Sentado en un salón municipal, presidiendo involuntariamente una larga mesa de madera, dice que ahora mismo casi no tiene tiempo para sus dos grandes aficiones: la fotografía y la música. Esto es así porque cuenta que le mete muchas horas al despacho, a las reuniones en comisiones municipales y a hablar con vecinos, como concejal de Izquierda Unida (IU) en Santander.

Deja unos documentos, una hoja y un bolígrafo sobre la mesa. Se supone que para anotar ideas para sus respuestas, pero solo garabatea rápido, responde ágil y se detiene mucho en cada respuesta porque, dice, tiene tendencia a sobreexplicarse. El coordinador y portavoz municipal de IU en Santander llegó al Ayuntamiento en la presente legislatura. A veces, cita a filósofos en ciertos plenos. En febrero, mencionó Ludwig Wittgenstein, pero asegura que él no es un personaje impostado, sino que estas referencias surgen de manera improvisada, como parte de su bagaje personal y su formación como historiador. Dice que no se considera una persona moderada en términos ideológicos: “Tiendo a ser educado porque hay mucha gente que confunde la radicalidad con las malas formas”, subraya. Sobre una de sus últimas batallas políticas, la peatonalización debajo del arco del Banco Santander que albergará el segundo espacio museístico de los Botín en la ciudad, el edil cuestiona la decisión y se muestra contundente: “Es uno de los poderes fácticos y manejan todo a su antojo”.

Se presentó por IU-Podemos, pero ya no existe la coalición. ¿Qué ha aprendido de las confluencias políticas en periodo electoral?

La idea de la unidad es loable, pero mi experiencia en Santander es que ha sido disfuncional. Los acuerdos se plasmaron en papel, pero no en la práctica. La inmensa mayoría de todo lo que se realizó en esa coalición llevaba el sello de Izquierda Unida, con aciertos y desaciertos. Asumimos ambos, de haberlos unos y otros. A Podemos se le requirió en distintas ocasiones que se pusieran las pilas, que necesitábamos más manos, más cabeza, más brazos, para empujar esto porque hay mucho trabajo, y nunca dieron ese paso. Por el contrario, nos encontramos un día con que habían mandado un comunicado de prensa que rompían la coalición y a fecha de hoy no tenemos una comunicación formal como Izquierda Unida de que la otra parte de la coalición decidió romper ese acuerdo electoral. Mi experiencia aquí es negativa y mi apuesta es no insistir en aquello que no ha funcionado.

Antes de ser concejal daba clase en la Universidad de Cantabria de Historia del siglo XX. ¿Qué ha entendido de Santander explicando Historia Contemporánea?

Daba clase en la universidad como profesor asociado, pero esencialmente mi principal actividad era la de camarero: he sido camarero durante 17 años, de mis 37, y es la faceta que me gusta destacar porque es con lo que me he ganado la vida. Efectivamente, soy licenciado en Historia y, coincidiendo con el año electoral de 2023, gané un concurso como profesor asociado en la Universidad de Cantabria para dar una asignatura sobre el siglo XX y XXI. De Santander se puede entender que, a diferencia del lugar común en el que se ha convertido la idea de que es una ciudad de derechas o conservadora, en perspectiva histórica no es así. Ha sido una ciudad vinculada al comercio, a una burguesía de los negocios que se caracterizó en buena medida por ser liberal, en un sentido amplio, hasta el año 1937. Con la Guerra Civil entraron los sublevados y, a partir de ahí, la ciudad cambia hasta el día de hoy.

Es decir, se produjo, en cierto modo, una sustitución de élites.

Hay un reparto de la ciudad en el contexto de la guerra, propiciado también por el incendio, que supuso una reorganización urbana. Haciendo una síntesis poco rigurosa, desde entonces hasta hoy podríamos decir que quienes se repartieron la ciudad siguen marcando su desarrollo. Si pateas la ciudad te das cuenta rápido de que Santander es una ciudad de clases populares y trabajadoras. Se hace evidente al alejarse apenas diez metros del ayuntamiento hacia cualquier dirección, donde se encuentran barrios de gente común. Sin embargo, se ha proyectado una imagen de escaparate centrada en el Paseo de Pereda y los Jardines de Piquío. 

Reconozco la habilidad en el trato personal de la alcaldesa, pero presenta carencias propias de una forma de hacer política muy centrada en lo discursivo

En este marco, ¿cómo describiría a la alcaldesa, Gema Igual (PP), como personaje político?

Gema Igual es una figura relativamente peculiar, que quizá responde a un perfil político más moderno, más reciente, que al político clásico que ha tenido éxito en Santander. Ha sabido combinar muy bien su presencia en la calle, en medios y en eventos. Tiene una gran capacidad para tratar con la gente, algo en lo que su experiencia como concejala de Turismo ha sido muy positiva. En ese sentido, es una forma de hacer política que combina lo moderno con lo clásico: dar la mano, cercanía, trato directo, un estilo que podría considerarse populista, en el sentido tradicional. Ahora bien, esa faceta no va acompañada, en mi opinión —y esto es una crítica política—, de una comprensión profunda de lo que significa gestionar una ciudad como Santander. Carece de algo que podamos llamar un proyecto o modelo de ciudad: una idea coherente de hacia dónde debe ir. Ha tenido olfato para algunos elementos que le permiten presentarse como una alcaldesa moderna, pero en la práctica eso no se traduce. Muchos problemas actuales son fruto de inercias de etapas anteriores. Además, en los últimos años ha tendido a repetir los mismos proyectos sin avances significativos en cuestiones clave como urbanismo, movilidad o vivienda. Esto se ve también en la forma de afrontar situaciones complejas, como en el caso de El Bocal, que cuenta con un componente trágico evidente, y la respuesta institucional ha puesto el acento en lo emocional, en el relato, en proyectar una determinada imagen de gestión, pero sin asumir plenamente responsabilidades ni abordar el problema de fondo. Reconozco, eso sí, su capacidad de trabajo y su habilidad en el trato personal. Pero al mismo tiempo presenta carencias propias de una forma de hacer política muy centrada en lo discursivo y menos en lo práctico.

Menciona la tragedia mortal en El Bocal, ¿cómo interpreta el discurso que ha mantenido la alcaldesa?

Humanamente, habrá dado la mejor respuesta posible. Pero desde el minuto uno ha tratado de construir un relato según el cual el Ayuntamiento no tenía responsabilidad, como si todo fuera cosa de la Demarcación de Costas. Eso no se sostiene. Ha puesto el foco en lo humano —que es importante—, pero el problema es que ya existían advertencias previas sobre el estado de las infraestructuras en la ciudad. Desde el punto de vista práctico, la respuesta ha sido cerrar espacios, cuando el problema es de mantenimiento. Llevamos tres años todos los partidos de la oposición y un sin número de vecinos advirtiendo del estado de las instalaciones públicas, del estado de las infraestructuras, del estado y la falta de mantenimiento de un puñado no desdeñable de puntos negros en Santander, donde podría haber pasado cualquier cosa. Pero es alguien que está centrado en trasladar una imagen de un Santander moderno que no se sostiene.

En la política municipal, he actuado con pragmatismo, proponiendo soluciones: que haya una acera en un barrio no tiene que ver con la ideología que yo profese o que defina a mi partido

Obtuvo algo más de 4.600 votantes en las últimas municipales. ¿Cómo resiste IU en un Ayuntamiento en el que desde el inicio de la democracia gobierna el PP?

Izquierda Unida ha tenido presencia casi siempre, salvo un largo periodo que fue de 2000 a 2015. Que dejáramos de tener presencia tuvo que ver con distintas circunstancias —decisiones en el partido o responsables de Izquierda Unida que se fueron al PSOE directamente—. De ahí se abrió una larga travesía en el desierto hasta que llegó Miguel Saro y en su segundo intento consiguió la concejalía en un contexto muy concreto: postcrisis, post 15M. Ahí entendieron un buen puñado de santanderinos que merecía dar la confianza a Izquierda Unida. ¿Cómo lo hemos mantenido desde Miguel Saro?, Creo que es achacable a su figura, aunque también a la organización. Se ha mantenido por el trabajo y también por las formas: no solo lo que se propone, sino cómo se trabaja con vecinos e instituciones. En Santander, hay una bolsa de población que tiene una sensibilidad progresista o de izquierdas que evidentemente se siente representada por nuestras siglas o por nuestro programa. Pero es que en lo municipal a veces lo ideológico no es lo decisivo. La gente tiene que reconocerse en la figura que encabeza, tiene que reconocer el proyecto y además algo que para mí es muy importante: tiene que reconocer el compromiso real, genuino y honesto con los problemas del día a día, con los problemas de la ciudad. En la política municipal he actuado con pragmatismo, proponiendo soluciones: que haya una acera en un barrio no tiene que ver con la ideología que yo profese o que defina mi partido. Tiene que ver con que yo vaya a ese barrio, hable con esos vecinos, anote el problema y venga aquí a partirme los cuernos para que los señores con responsabilidad de gobierno se hagan cargo de ese problema y lo solucionen.

¿Y qué pesa más en usted como concejal: la ideología o el pragmatismo?

No hay dualismo, va todo de la mano. Mi compromiso con los vecinos nace de un compromiso ideológico, pero en lo municipal lo práctico es clave. Hay un componente ideológico evidente, pero la gente también valora el trabajo concreto. Resolver problemas del día a día trasciende lo ideológico. Es decir, no tengo una preocupación especial por Santander respecto a, no sé, Jerez de la Frontera. Yo tengo una preocupación genuina por lo humano, por la gente. Me tocó vivir en Santander y aquí me preocupo por los problemas que afectan en mi día a día y mi implicación política se traduce en militar en un partido como Izquierda Unida; y una vez asumida una responsabilidad política, darlo todo para cumplir con ese cometido. Soy una persona que nació a 9.000 kilómetros de aquí. La pregunta sería: ¿Qué haces tú en el Ayuntamiento de Santander como concejal?

¿Y qué hace usted como concejal de IU en el Ayuntamiento de Santander?

Pues mi compromiso ideológico personal me impulsa a comprometerme con la realidad más inmediata en la que estoy. Y eso puedo hacerlo en distintos ámbitos, en el ámbito cultural, en el ámbito educativo, en el ámbito que sea, y también, en este caso, en el ámbito político. Hago todo lo que está en mi mano para cumplir de manera coherente, o lo más coherente posible con mi compromiso ideológico personal: entrar también a los hechos y el contexto en que me toca, que es Santander, hacer lo mejor posible para que Santander adopte un rumbo que a nosotros nos parece más adecuado.

Ha hablado de la cultura. Ha sido una persona implicada en la vida cultural de Santander, ¿qué lugar concreto ocupa ahora en su agenda como concejal?

En Santander, tradicionalmente, siempre decíamos que no pasaba nada, que había muy poquita cosa, pero yo por mi experiencia en Sol Cultural y en Revista Amberes, nos coincidió un periodo que en el que la cosa parecía moverse en buena medida por la actividad desarrollada desde la Fundación Santander Creativa. Funcionó de una manera en que los distintos actores culturales de la ciudad, tanto profesionales como amateurs, que tenían una propuesta de calidad y que trascendía, eran apoyados. La Concejalía de Cultura canaliza básicamente una buena parte de su presupuesto: va a la Fundación Santander Creativa 750.000 euros y, sin embargo, en la Concejalía de Cultura, la actividad es menor; es carente, en el fondo, de un proyecto ambicioso de lo que debería ser la cultura en la ciudad.

Pregunto por entender cuál es su foco en la cultura de Santander...

Ejemplos claros son el MAS, cerrado durante años; la Biblioteca Menéndez Pelayo, también cerrada; o los problemas en bibliotecas municipales. Esto te habla del nivel de preocupación municipal por la cultura. Mientras tanto, el Ayuntamiento pone el foco en grandes proyectos externos, pero descuida lo propio. El equipo de gobierno dice: Santander va a ser un faro cultural universal, mundial. Faro Santander, el proyecto del Banco Santander, otro capricho de Botín, no el proyecto en sí mismo, sino lo que se ha hecho para satisfacer las demandas de Botín, como cerrar el tráfico que pasaba bajo el arco dejando a los vecinos sin autobús. O el MUPAC, el Reina Sofía, el Museo de Arte Faro de Cabo Mayor de Santander... O sea, si uno ve dónde pone las esperanzas el Ayuntamiento de Santander, son todo propuestas de otras administraciones, instituciones, incluso, privadas. El Centro Botín también habría que ponerlo aquí. Nuestra propuesta desde IU es un plan de acción cultural integral que refuerce el tejido local. Un plan que cuente con lo privado o de otras administraciones, por supuestísimo, pero que dote de contenido a la acción municipal, porque no solamente se trata de mantener estos espacios o estas instituciones que tiene el Ayuntamiento, sino de ser capaces de alimentar un tejido cultural y asociativo que hay en la ciudad y que en buena medida se va perdiendo.

Sobre el arco del Banco Santander, donde se inaugurará próximamente un nuevo museo ligado a la fundación de la entidad bancaria, ¿por qué es un caballo de batalla para IU que el Ayuntamiento pretenda peatonalizar debajo del arco del edificio?

En todo momento se dijo que se iba a mantener la circulación bajo el arco, entendiendo que ese es un vial esencial. Se prometió y no se ha cumplido. Esto afecta al transporte público, a los vecinos y a los accesos a la zona. Hemos solicitado por registro los informes técnicos municipales que avalan el cambio de criterio del Ayuntamiento, porque esto no es el proyecto de Faro Santander. No es el proyecto, es el cambio de rango de un vial. Hemos pedido esos informes técnicos que avalan esa decisión que corresponde a la Alcaldía y no existen. No existen. No hay ningún informe técnico. ¿Cuál es la conclusión? Que es una decisión que ha tomado de su mano mayor la alcaldesa, Gema Igual. Y es una decisión que en mi opinión responde a un capricho de Botín. Entonces, si esto no es para convertirlo en un caballo de batalla, que baje Dios y lo vea. Porque no solamente es la privatización o atender a los intereses de un privado para privar a los vecinos de un conjunto de servicios, sino que es una prueba más del caciquismo voraz con el que se hace la política en Santander.

¿Qué representa el Banco Santander en la ciudad?

Es uno de los grandes poderes fácticos. Ha definido muchas líneas de desarrollo urbano durante décadas. Se han hecho modificaciones a medida en distintos proyectos, lo que refleja una relación de influencia muy clara. No son los únicos, pero el Banco Santander es uno de los poderes fácticos en la ciudad y maneja todo a su antojo.

No se suele hablar tanto del banco, aunque esté por todas partes...

Una anécdota muy rápida —se levanta y se acerca al rótulo con logo de la ciudad que hay en el salón municipal—, que tiene que ver con la trascendencia del Banco Santander: cuando cambió de nombre, porque antes era Banco Santander Central Hispano, el Ayuntamiento de Santander tuvo que añadir la palabra ciudad al logo: desde entonces es Santander Ciudad. Existe una conciencia colectiva donde la mayoría parece sentirse parte de los privilegiados, un fenómeno que podría explicarse desde la antropología o la sociología como mecanismos de reproducción: hay muchas personas en Santander que han estado vinculadas al Banco Santander y muchos funcionarios, lo que ayuda a entender la sociología de una ciudad que tiende a ser conservadora. Y cómo la élite vinculada también a Madrid y al verano, que es una élite extractivista, que no le interesa que Santander se desarrolle, a diferencia de los vascos o incluso en parte de los catalanes. Esta élite ha utilizado a Santander como un trampolín para posicionarse en el entorno de la corte en Madrid. Esto explica la existencia de grandes instituciones e instalaciones en una ciudad pequeña, como el Palacio de La Magdalena, el Casino Real, el Hotel Real, el Real Club de Tenis y el Real Club de Regatas, todos creados para satisfacer a la corte y para que los de aquí que puedan decir: 'yo puedo entrar al Casino Real, al Tenis, o al Club Marítimo'. Se ha señalado a la familia Botín como responsable en gran medida de que no hubiera un desarrollo industrial más potente en Santander y Cantabria, prefiriendo evitar la creación de una gran masa obrera y desviando proyectos industriales a otros lugares, como Pamplona.

Uno de nuestros mayores logros en esta legislatura es que el PP modificara los estatutos de la Sociedad de Vivienda y Suelo para poder gestionar viviendas en alquiler asequible

En varios plenos ha reivindicado con mociones la necesidad de vivienda en alquiler asequible. Y ha dicho en esta legislatura que la falta de vivienda se debía, en parte, a la presión estacional. Ahora, que el problema de la presión estacional ha crecido, ¿cuál es su diagnóstico?

La presión estacional influye, pero no es el factor principal ni el que explica por sí solo la situación actual. El problema de fondo es que la vivienda ha dejado de entenderse como un bien de uso para convertirse, cada vez más, en un activo financiero. Eso condiciona completamente el mercado, porque introduce dinámicas especulativas que no tienen que ver con las necesidades reales de la población. Hay inversión orientada a la rentabilidad —tanto en alquiler turístico como en alquiler tradicional— que tensiona los precios y dificulta el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y rentas medias. A esto se suma que durante años no ha habido una política pública sostenida en materia de vivienda: no se ha planificado a medio y largo plazo. La clave pasa por desarrollar un parque público de vivienda que permita intervenir en el mercado y ofrecer alternativas reales. Uno de nuestros mayores logros desde IU en esta legislatura es que el PP modificara los estatutos de la Sociedad de Vivienda y Suelo para poder gestionar viviendas en alquiler asequible: de la promoción que está en marcha, la de las ansiadas y esperadísimas y solicitadísimas 284 viviendas de El Alisal, va a haber poquitas que, por primera vez desde que existe la Sociedad de Vivienda y Suelo, se las va a quedar el Ayuntamiento y las va a gestionar en alquiler, se ofertarán por una vía distinta. También hemos hablado de la posibilidad de crear una ordenanza de solares vacíos, por ejemplo. En Santander, se han planteado algunas medidas —como ordenanzas o mecanismos de captación de vivienda vacía—, pero su aplicación ha sido muy limitada. Por tanto, el problema no es coyuntural, sino estructural, y requiere una intervención pública decidida que hasta ahora no se ha producido. Es una de nuestras principales preocupaciones, actuando desde lo municipal hay muchas posibilidades.

Suele decir que prefiere mantener un perfil político moderado, ¿por qué? ¿No hay suficiente moderación en los plenos?

No me gusta tener un perfil moderado y no me considero una persona moderada. No me gusta tener un perfil moderado, lo que pasa es que por mi personalidad tiendo a ser educado, porque hay mucha gente que confunde la radicalidad con las malas formas. Si soy moderado o no, pregúntele a Gema Igual y a los concejales del equipo de gobierno sobre nuestras propuestas. Es cierto que hay propuestas que tienen un componente municipal o administrativo, no estrictamente vinculado a una corriente ideológica, que lo puedo proponer yo, el PP o el PSOE. Pero yo creo que es importante que no se confundan mis maneras y mis formas de actuar y de expresarme. Igual me viene de ser camarero, tratar a la gente con educación, independientemente de quiénes sean. No se confunda eso con el contenido y el fondo de nuestras propuestas. Hay algunos partidos que han intentado apropiarse de nuestras propuestas, pero se les atragantan en cuanto profundizan con ellas. Cuando hablamos de remunicipalizar servicios públicos ante la privatización masiva que hay en Santander, hay partidos que han pretendido hablar de la remunicipalización, pero en cuanto se les aprieta un poquito, reculan. Y no es la medida más radical que podamos defender en Izquierda Unida, pero defendemos que los servicios públicos, siempre que sea posible o preferentemente, se han de gestionar de manera directa. Hay partidos que han querido coger esto porque, al final, como están en la oposición, se pueden permitir ciertos juegos, pero se les acaba atragantando. Cuando me preguntan a mí, remunicipalización y gestión directa. La moderación está en las formas y luego yo estoy en una situación de minoría, de minoría absoluta. Hay un gobierno con mayoría. Si yo tengo la vocación de que se solventen algunos problemas que afectan ahora mismo a vecinos de un barrio determinado, a los cuales no les he pedido el carné de ideológico, tengo que hablar con esta gente. Si yo me paso el día llamándoles fachas, incompetentes y cosas así, ¿cómo voy a ir a hablar yo y mantener una interlocución directa? Hay quien puede hacer un personaje, yo no hago personajes, yo no soy un Keruin en público y otro Keruin en privado. Y, por ejemplo, me he reunido ya en un buen puñado de ocasiones con la alcaldesa y yo puedo ser durísimo en mi crítica política, pero Gema Igual no puede decir que Keruin le ha faltado al respeto. Y eso me permite ir a cada despacho de cada concejal de gobierno a trasladar problemas de la ciudadanía. Y algunos me dicen: 'Tío, es que esto es de comunistas, esto no lo puedo hacer', pero no me dicen: 'Contigo no quiero hablar, que me has llamado hijo de puta'.

En algunos plenos cita a filósofos, ¿no le preocupa parecer redicho?

No, para nada. Yo puedo ser un poco 'pedantuco', puedo serlo… Pero, al final, yo pienso desde mi experiencia y desde mi formación. Y no es que tenga como objetivo meter citas y cosas de estas, de hecho, la mayoría de las veces que he podido recurrir a algo, es de manera improvisada, ni como un recurso estético, sino que surge de forma bastante natural. Decía Unamuno que un pedante es un estúpido adulterado por el estudio. Yo no creo que sea mi caso porque yo no tengo una alta consideración de mis capacidades intelectuales, ni siquiera mi formación, que es muy endeble en muchos puntos, pero no sé, es mi bagaje cultural o mi bagaje personal a partir de mi experiencia, de mis conversaciones, de mi participación en distintos ámbitos de la vida, pues tiene que salir por algún lado. Yo no soy un personaje. Entiendo que puede haber quien lo perciba de otra manera, pero no es una cuestión que me preocupe en exceso. Intento, en todo caso, que esas referencias sean útiles, que aporten algo al argumento y no se queden en algo ornamental. En ese sentido, no siento que esté interpretando ningún personaje ni construyendo una imagen determinada. Simplemente hablo como soy, con las herramientas que tengo, entre ellas, esa formación.

No hemos impulsado propuestas conjuntas que hayan presentado desde Vox; sí nos hemos encontrado en algunas acciones conjuntas

¿Cómo se relaciona con Vox a la hora de hacer política municipal? IU ha hecho mociones conjuntas con sus concejales.

Mantengo una relación cordial en el día a día con todo el mundo, incluidos los concejales de Vox. Este es mi lugar de trabajo y valoro sobre todas las cosas mantener un buen clima de trabajo y diferenciar el aspecto estrictamente personal de lo que cada uno defiende políticamente. Otra cosa distinta es el plano político: No hemos impulsado propuestas conjuntas que hayan presentado desde Vox; sí nos hemos encontrado en algunas acciones conjuntas de la oposición que han venido del PSOE, de Izquierda Unida o del PRC. Es decir, en El Bocal ¿no nos íbamos a poner de acuerdo toda la oposición en convocar un pleno extraordinario? Lo primordial para Izquierda Unida y para este concejal es Santander y los santanderinos. Y aunque suene feo y algunos no les guste escucharlo, hay puntos en los que nos vamos a encontrar con Vox, porque si Vox trae una propuesta relativa a la falta de una señalización de tráfico en un vial de Santander u otra porque no se ven las líneas de tráfico, de señalización horizontal, Izquierda Unida, Keruin, la va a apoyar, porque esto trasciende y son cuestiones que afectan directamente a los vecinos. Ahora, cuando Vox trae una propuesta relativa al feminismo, a migración, a al burka… cosas de estas que son sus espantajos y sus mantras políticos, pues la voy a rechazar frontalmente y con toda la contundencia de la que sea capaz en ese momento. En cualquier caso, hay una línea roja muy clara: no gobernar con Vox ni establecer acuerdos de ese tipo. Las diferencias ideológicas son profundas.

¿Y cuál es la relación del PP y Vox en Santander?

El PP de Santander nunca ha necesitado entrar a los marcos discursivos y a los temas de Vox, nunca ha necesitado ponerse 'farruco' con la inmigración, nunca ha necesitado ponerse 'farruco' con temas 'woke', como lo llaman ahora, porque tienen mayoría. El Partido Popular, en Santander, tradicionalmente, no había necesitado asumir discursos de Vox para mantener su posición. 

El PP de Santander no había necesitado a Vox. Pero ha habido un cambio reciente. ¿Dónde está ese cambio?

Creo que es una directriz que le viene de más arriba. Hay un cambio discursivo a nivel nacional y eso se filtra a todos los ayuntamientos. Por eso me escandalicé tanto en el pleno de febrero, cuando de repente llega el concejal del PP que trabaja temas de inmigración, que está siempre con las asociaciones, con una propuesta absolutamente demencial para que los inmigrantes tengamos que acreditar cinco años cotizados para poder acceder a servicios públicos. Y les pregunté que si van a ser ellos los que vengan a ponernos un brazalete para ver si podíamos subir o no al autobús. Les dije: son las leyes de Núremberg, de los nazis. Dije, “No la llamen Núremberg, que igual suena muy nazi, llámenlas leyes de Covadonga”. No me creo que los concejales con los que yo llevo tratando tres años del Partido Popular, que son gente conservadora, más o menos de derechas, crean eso que estaban proponiendo ahí. Es sintomático.

Óscar Gómez (Santander, 1977) lleva 25 años como agente de la Policía Local, los últimos siete en el Centro Coordinador de Servicios de la Policía Local de Santander, que es el área que recibe las alertas ciudadanas y gestiona a quién mandan o a qué departamento se traslada el aviso. Portavoz del Sindicato Independiente de Empleados Públicos (SIEP) en Cantabria, acudió recientemente a una comisión del Parlamento autonómico para hablar de la reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales. Gómez pidió un programa de gestión de datos actualizado y unificado para la Policía Local de todos los ayuntamientos de la comunidad.

La necesidad de un nuevo programa de gestión ha saltado al debate público después de que el Ayuntamiento de Santander abriese un expediente y limitase la responsabilidad a la policía investigada que no tramitó un aviso el día antes del hundimiento mortal de la pasarela de El Bocal, en la costa norte de Santander, caso actualmente judicializado. La investigación de la fase de instrucción ha dejado al descubierto un programa de atención de llamadas que es “arcaico” para los sindicatos y que el Ayuntamiento califica como “software” específico. Pero Gómez —que no aborda la situación de la compañera policía, de común acuerdo entre los sindicatos de la Junta de Personal del Consistorio— advierte de que el programa es “imprescindible” ante “unos riesgos muy concretos” para la seguridad ciudadana.

¿Por qué defiende que el Gobierno de Cantabria debe unificar el software policial en toda la comunidad en lugar de que cada municipio elija el suyo?

La razón principal es que el Gobierno de Cantabria es el encargado de elaborar la Ley de Coordinación de Policías Locales. Actualmente, la administración local a menudo deja a la Policía abandonada en términos de presupuesto para potenciar otras partidas. Un sistema operativo de gestión común permitiría que todos los datos se gestionen de forma centralizada, lo cual es vital porque hoy en día la información está dispersa. Si alguien delinque en un municipio por la mañana y en otro por la tarde, con el sistema actual, los agentes del segundo municipio, no tendrían constancia inmediata de lo ocurrido horas antes. Con un sistema unificado, basta con introducir el DNI para que aparezcan todos los antecedentes, citaciones y actuaciones previas, algo esencial para la seguridad. Al final son unos riesgos muy concretos para la seguridad ciudadana, porque el Gobierno de Cantabria tiene que ser el que se encargue de hacer esta norma que, como su propio nombre indica, se encarga de la coordinación de los policías locales de Cantabria. Y luego porque la administración local, en muchas ocasiones, deja mucho que desear. Es importantísimo tener todos los datos de todo el mundo. Yo lo veo esencial, imprescindible, diría.

Además de la seguridad, usted menciona que esto mejoraría la eficiencia administrativa. ¿Cómo se traduce esto en el día a día?

Es una cuestión de ahorro de costes y tiempo. Cantabria es pequeña: una persona puede pasar por cuatro municipios en un día y, si comete infracciones en todos, se generan gastos administrativos cuadruplicados. Actualmente, el agente en la calle, el centro coordinador y la Policía Nacional o la Guardia Civil pierden tiempo comprobando datos manualmente en cada ocasión. Lo lógico en la era actual sería que el policía tuviera toda esa información al instante en una tablet o PDA.

Mientras que los vehículos o armas pueden ser competencia municipal, el sistema informático de la policía debe ser común

La razón principal que se ha dado para no implementar hasta ahora la gestión unificada es económica. La Consejería de Presidencia ha anunciado un aumento presupuestario en formación. ¿Es esta también una prioridad para usted?

Yo sería partidario de aumentar los medios técnicos. Al final, el policía se forma, pero se forma durante un tiempo, para conseguir el baremo de méritos que le permita ascender. Si no tienes una carrera profesional que te siga incentivando el formarte, acabas dejando de formarte, que es lo que ocurre en el 99% de los casos. Entre un compañero que no va a ningún curso y uno que va a todos no existe diferencia. Aunque la formación es necesaria, yo priorizaría la inversión en medios técnicos, específicamente en el programa unificado de gestión policial. El problema de la formación actual es que no está ligada a una carrera profesional; muchos agentes se forman intensamente al principio para ganar méritos y ascender, pero una vez que alcanzan el máximo nivel, dejan de hacerlo porque no hay incentivos adicionales. El Gobierno de Cantabria debería proporcionar el software a través de licencias individuales para cada ayuntamiento. Mientras que los vehículos o armas pueden ser competencia municipal, el sistema informático de la policía debe ser común. Yo el medio técnico que le pido al Gobierno de Cantabria es el del programa informático.

Usted trabaja en el centro coordinador de la Policía Local de Santander y ha descrito en el Parlamento el sistema actual como “arcaico”. ¿Cómo es el proceso de gestionar una emergencia hoy en día?

En la Policía Local de Santander hay cinco teléfonos (antes grababan cuatro, ahora ya graban cinco). Por la noche, solo hay uno o dos operarios cogiendo el teléfono, los otros teléfonos pueden estar sonando y el ciudadano se piensa que es que el policía no le quiere coger. No, es que están atendiendo otras llamadas y no han podido. A veces no tenemos equipos suficientes y tienes que hacer un parte amistoso por teléfono. Yo pedí una centralita, pero no la ponen, no me digas por qué, porque a mí no me entra en la cabeza. Es frustrante. Recibimos las llamadas en una centralita, apuntamos los datos a mano en un papel con bolígrafo y luego los transmitimos por emisora. Finalmente, debemos transcribir todo en una base de datos. Trabajamos con Oracle, que es básicamente una base de datos nivel usuario similar a un Word o un Excel. El propio jefe de informática del Ayuntamiento de Santander emitió un informe en 2023 confirmando que no usamos programas de administración electrónica avanzados, sino herramientas de escritorio básicas, tipo Word.

¿Qué problemas específicos genera este sistema?

Es un auténtico desastre, falla casi todos los días y da errores constantes que obligan a reiniciarlo. A veces, abres una ficha de actuación y desaparece de repente. Además, la búsqueda de datos es inconsistente: yo puedo meter un DNI y que no me salga nada, mientras que a mi compañero, en el ordenador de al lado, le aparecen 20 actuaciones con esa misma persona. Es el mismo programa que había cuando yo entré en la policía hace 25 años.

En el reciente pleno extraordinario para hablar del suceso de El Bocal, la portavoz del equipo de gobierno, Margarita Rojo (PP), afirmó que había un software específico y rechazó que fuese un Excel, ante las preguntas de los concejales de la oposición. ¿Qué le diría sobre ese software?

Pues que su propio jefe de Informática dice que ese software es equiparable a Word y que si le parece eso moderno como para una policía de una smart city.

La Policía Local del Ayuntamiento de Santander probó un sistema llamado Infopol. ¿Por qué no se llegó a implantar definitivamente?

Los jefes no lo han rechazado, que se ha dicho mucho por ahí. El Ayuntamiento firmó un contrato menor para probarlo: debería de haberse probado en 2025 pero no se llegó a probar por completo. Ese programa duró un año y la propia empresa nos permitió unos meses más de prórroga, porque no había dado tiempo a implementarlo, porque el Servicio de Informática de Santander es un poco complicado y no permitió implantarlo. Aunque los jefes hubieran dicho que ese programa era maravilloso, legalmente no se podía quedar. El Servicio de Informática del Ayuntamiento puso muchas trabas y no permitió su integración total, por lo que nunca llegó a funcionar en el centro coordinador. La ley de contratos obliga a sacar un pliego público para una instalación definitiva y por eso insisto en que ese pliego debería ser a nivel provincial para que todos los municipios usen la misma herramienta y no muchos programas diferentes que no se hablen entre sí.

Este programa de informática que pide, ¿qué características debería de tener?

Hoy en día hay muchísimas empresas que se dedican a ello. Y yo tampoco voy a hablar de una en concreto. Digamos que es un programa completo y luego va por licencias individuales. Cada ayuntamiento tendría el número de licencias según el número de agentes que tenga que permiten el acceso a ese programa. En ese programa se gestionan todo tipo de cuestiones, desde la entrada de llamadas, los datos personales de cada uno, los datos incluso de los agentes para la petición de días. Por ponerte un ejemplo, en Santander yo voy a pedir un día libre, relleno un papel, voy al registro de la comisaría, me lo registran, la persona de registro lo pasa a la oficina, la oficina lo manda a Recursos Humanos y Recursos Humanos me contesta. Sería un ahorro administrativo tremendo. Hay programas de gestión que permiten, desde el móvil, hacer todo tipo de gestiones administrativas y de seguridad que, conforme más datos metes, mejor funciona. Hoy, si ocurre alguna desgracia, hay veces que nos volvemos locos para encontrar a un familiar.

¿Decía que nunca llegó a funcionar en el centro coordinador?

No, nunca.

Usted también ha denunciado problemas con la atención telefónica y las emisoras de la Policía Local de Santander. ¿En qué situación se encuentran actualmente?

No tenemos una centralita moderna. Si los agentes están ocupados atendiendo una llamada, el ciudadano escucha un tono de llamada normal y piensa que no queremos coger el teléfono, cuando en realidad estamos saturados. He pedido un sistema con locuciones, similar al del 061, pero dicen que es “imposible” de instalar. En cuanto a las emisoras, tras años sin que funcionaran bien, han comprado un sistema que la Policía Nacional y la Guardia Civil ya están retirando por antiguo: siempre vamos por detrás.

Ha dicho que nunca se aplicó Infopol en el centro coordinador. Mientras, siguen trabajando con Oracle, un programa que SIEP cuestiona. ¿Cómo repercute todo esto en los agentes?

La moral está muy afectada porque el trabajo se multiplica al tener que anotar todo doblemente y no tener acceso inmediato a los datos en la calle. A veces tenemos que usar nuestro Facebook personal en el móvil para buscar información porque los ordenadores del trabajo están “capados”. En cuanto a la seguridad, es preocupante. Para eventos extraordinarios como manifestaciones o partidos de fútbol se utiliza la plantilla ordinaria, lo que deja al resto de la ciudad desprotegida. Si ocurre una emergencia en la periferia durante un evento en el centro, el tiempo de respuesta será excesivo. Se está dejando la seguridad de Santander a la suerte, esperando que no pase nada grave mientras la plantilla está centrada en un solo punto. Incluso se está intentando que los nuevos compañeros en prácticas firmen ya como funcionarios de carrera para usarlos en estos servicios de Semana Santa, mandándolos a la calle casi sin experiencia.

¿Cómo funciona el centro de coordinación de la Policía Local de Santander?

Es un poco arcaico, en mi opinión. Demasiado arcaico para la época que vivimos, tan informática y con la inteligencia artificial en todas partes. Hay varios teléfonos, recibes una llamada, recoges la llamada, lo apuntas en un papel con un bolígrafo y luego por la emisora mandas a un equipo. Luego tienes que meterlo en una base de datos que es como un tipo Excel.

¿Tipo Excel o es un Excel?

Oracle, así se llama, es como un Excel avanzado, digamos. He visto que el concejal de Protección Ciudadana ha salido diciendo que es un programa muy avanzado: es una base de datos sin más, que la mayoría de los días falla. La mayoría de los días da error, tienes que apagarla y volverla a encender y es un auténtico desastre, pero total y absoluto. Se pierden datos, hay fichas que tú abres con un número de actuación y de repente tal cual desaparece. Se pierden todo tipo de datos y al final no funciona como debería de funcionar. Hay cosas que tú pones un nombre a buscar, no te lo encuentra y al compañero de al lado se lo encuentra. Yo pongo un DNI y a mí me dice que nunca hemos actuado con esa persona y cuando lo pone el compañero le sale que tenemos 20 actuaciones con esta misma persona. O sea, falla mucho y es un programa muy antiguo. Apostaría a que en otras comunidades autónomas está defenestrado y ya no lo utiliza nadie.

La consejera de Presidencia anuncio recientemente, en un acto en el que usted estuvo, una oposición policial unificada después de verano. ¿Esta medida resuelve los problemas estructurales de las plantillas?

No ha sido una petición de mi sindicato particular, pero entiendo que es un ahorro administrativo para muchos ayuntamientos.

La Consejería también anunció que los agentes en prácticas podrían portar armas de fuego.

Una oposición de policía es bastante más complicada que una oposición de un funcionario normal: después de superar el curso, tiene que hacer una fase de prácticas; si, en esa fase de prácticas, el policía ni es ni agente de la autoridad, ni puede portar arma, ni nada, la gente no lo va a distinguir. Un ciudadano ve a un policía en el momento en el que ve un uniforme. Entonces, lo lógico es que porte un arma y que sea agente de la autoridad desde el primer momento.

Un informe oficial del jefe del Servicio de Informática del Ayuntamiento de Santander, entregado el 15 de abril de 2023 en un juzgado, calificó a Oracle, el programa de gestión de avisos ciudadanos que utilizan los agentes del Centro de Coordinación de Servicios (CCS) de la Policía Local y que ahora está en cuestión tras el accidente mortal en la pasarela de El Bocal que no fue atendido pese al aviso de un vecino, como “aplicación de escritorio”.

En ese momento, durante un pleito judicial, el jefe del Servicio de Informática describió a Oracle como “análoga” a programas como “Word, Acrobat Reader, Outlook u otras aplicaciones de escritorio que se vienen utilizando desde hace muchos años” en el CCS, aplicaciones “de propósito específico, que no se integran dentro de lo que constituye el sistema de administración electrónica del Ayuntamiento de Santander”.

En el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, el jefe del Servicio de Informática considera que Oracle y otros programas utilizados en el Centro de Coordinación de la Policía Local de Santander “permiten digitalizar la documentación”, pero a criterio del técnico que suscribe el documento utilizado como prueba judicial, “su uso no implica trabajar en el sistema de administración electrónica”, según refleja el funcionario público.

El aviso un día antes del accidente que dio un vecino de Santander al servicio de emergencias 112 Cantabria sobre el mal estado de la pasarela de El Bocal, que finalmente colapsó el 3 de marzo, ha puesto el protocolo de la Policía Local de Santander en el punto de mira.

La alcaldesa, Gema Igual (PP), anunció rápido que había habido “un fallo en la cadena de respuesta” después de que la agente de la Policía Local que recibió la comunicación del servicio de emergencias 112 no trasladase la información a ninguna patrulla ni iniciara siquiera la incidencia. El Ayuntamiento expedientó a la policía, que está siendo investigada por la jueza instructora, y limitó a la agente la responsabilidad del suceso en el que murieron seis jóvenes y una séptima víctima fue gravemente herida.

Dos semanas después del hundimiento mortal, la alcaldesa de Santander dijo en rueda de prensa que “el programa informático es muy intuitivo”. A continuación, la portavoz del Ayuntamiento de Santander, Margarita Rojo (PP) defendió, en el pleno extraordinario por El Bocal, que “por supuesto” existía “un soporte de software para la Policía Local”, pese a las críticas de los sindicatos y de los partidos de la oposición, que cuestionaban la existencia de un programa y un protocolo específico. Tres años antes, el informe del jefe del Servicio de Informática del Ayuntamiento rebajó a categoría de “aplicación de escritorio” el sistema utilizado por la Policía Local.

El plus de informática

El informe consultado por elDiario.es fue entregado en un juicio celebrado en abril de 2023, en el Tribunal Contencioso Administrativo número 1 de Santander, como prueba como parte de la defensa del Ayuntamiento de Santander para justificar que no tenía que pagar un extra por realizar servicios informáticos, tal como demandaba un funcionario municipal que, como consecuencia, perdió el juicio, cuya sentencia fue comunicada en abril de 2023.

El extra económico había sido aprobado en Junta de Gobierno Local en mayo de 2021 y se denominó 'plus de adaptación a la Administración Electrónica'. Pero cuando en noviembre de 2022 este empleado del Centro Coordinador de la Policía Local demandó el cobro del comúnmente llamado plus de informática “por estar utilizando los ordenadores y programas”, el Consistorio presentó el aludido informe del jefe del Servicio de Informática y ganó el pleito laboral.

“El propio jefe de Informática del Ayuntamiento de Santander emitió un informe confirmando que no usamos programas de administración electrónica avanzados, sino herramientas de escritorio básicas”, cuestiona Óscar Gómez, el trabajador del Centro Coordinador de la Policía Local afectado.

El consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media (PP), defiende la diferenciación entre el acceso al tunel de La Engaña, que está en obras, y el anteproyecto del teleférico 'Mirador del Pas' en Vega de Pas. El vial “busca su compatibilidad con el posible teleférico”, pero advierte de que “se trata de proyectos diferentes que se asientan en la misma zona”, mantiene el responsable de un departamento que también sostiene que la finalidad del proyecto del acceso a La Engaña es “crear un carril bici-senda”.

El túnel de La Engaña, construido por presos republicanos, está próximo a la ubicación de la estación inferior en el proyecto del futuro teleférico, en el barrio de Yera, en Vega de Pas. Contexto en el que consejero rechaza la “confusión deliberada” de unir ambos proyectos.

Las palabras del consejero de Fomento forman parte de su respuesta tras una denuncia de Podemos que la Fiscalía de Medio Ambiente de Cantabria ha archivado este viernes contra la citada Consejería, a la que ha accedido elDiario.es. La acusación sugería posibles delitos urbanísticos y medioambientales en la licitación de un carril bici-peatonal de acceso al túnel de La Engaña. Concretamente, Podemos denunciaba la “ausencia total” de evaluación ambiental, el posible fraccionamiento del proyecto para eludir los controles exigidos por la ley y la “inexistencia” de un estudio de repercusiones sobre la Red Natura 2000.

En su respuesta a la fiscal, Media defiende la legalidad y el procedimiento del proyecto ACD La Engaña. Por un lado, sostiene que el teleférico requiere de estudio de impacto ambiental, por la previsión del Gobierno de “195.000 visitantes”. Circunstancia que “en todo caso, afecta al proyecto del teleférico, no al ACD”. Sin embargo, el proyecto del acceso a La Engaña, que califica de “carril bici-peatonal”, considera que “no requiere (la evaluación) por sus características”.

“Una unidad indivisible”

Además, Media basa la urgencia del proyecto basándose en el artículo 119 de la Ley de Contratos del Sector Público para cumplir con los plazos e hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Dice que el incumplimiento de estos plazos obligaría a devolver la financiación de la Unión Europea “con intereses”. Además, mantiene que la obra del acceso es una “unidad indivisible” que no podía desglosarse para tratar partes de forma no urgente.

El consejero argumenta que, según el Reglamento General de Carreteras, no es obligatorio un proceso de información pública para actuaciones que no supongan una modificación sustancial en la funcionalidad de la vía. Sobre por qué no es necesario un estudio de impacto en la Red Natura 2000 para la vía, asegura que la Comisión Europea avala que este tipo de obras no requieren las evaluaciones.

Tras analizar los informes técnicos, la fiscal ha determinado que el proyecto se tramitó por vía de urgencia justificadamente para asegurar fondos europeos. Además, aclara que este camino es independiente de un futuro teleférico, el cual sí requiere una evaluación de impacto ambiental rigurosa.

En conclusión, la justicia resuelve que no existen infracciones legales ni riesgos para la Red Natura 2000, cerrando así las diligencias. Tras esto, Podemos ha informado en redes y, respetando la decisión fiscal, ha señalado que “la obra en ejecución presenta características propias de una carretera”.

Después de poner de moda el verbo técnico 'recepcionar', utilizado para la entrega oficial de una obra, el Ayuntamiento de Santander busca ahora incorporar 'balizar' al uso habitual de sus vecinos. El verbo, de uso común en el ámbito náutico, significa también señalizar y ha empezado a ser utilizado por el Consistorio para hablar de las numerosas zonas que ha precintado o vallado tras el hundimiento de la pasarela de madera de El Bocal, en el que fallecieron seis jóvenes y una séptima víctima fue herida de gravedad.

Varias asociaciones vecinales llevan años advirtiendo de la falta de mantenimiento de múltiples zonas e infraestructuras de la ciudad, han hablado de “abandono” y de “dejadez”, pero el colapso de la pasarela de madera en El Bocal, en la franja norte de Santander, el pasado 3 de marzo, ha puesto las funciones de seguridad y de mantenimiento que le corresponden del Ayuntamiento de Santander en el epicentro del debate público.

A lo largo de las tres semanas que han seguido a la tragedia mortal, numerosos puntos de la ciudad han sido precintados por la Policía Local: desde la céntrica Plaza de Pombo, pasando por Puertochico, la Duna de Zaera, los bajos del Rhin, la Segunda Playa de El Sardinero, el final del paseo del Chiqui o la playa de Mataleñas, hasta el punto cero, que fue la pasarela de madera que se hundió en El Bocal, y ahora un puente natural junto a ese misma estructura y otro espacio junto a la playa de la Virgen del mar. También han sido señalizados kioskos abandonados, alcantarillas en mal estado o escalones rotos. De momento.

En un solo comunicado, enviado este pasado miércoles por la tarde, el Ayuntamiento de Santander informaba meticulosamente de hasta tres nuevas zonas precintadas, además de la recepción de los avisos y sus antecedentes.

“El Ayuntamiento ha balizado el pequeño puente natural situado junto a la pasarela de El Bocal”, señalaba sobre un paso de tierra de un metro de anchura. A diferencia de la llamada vecinal que la Policía Local que depende del Consistorio santanderino no contestó el día antes del colapso de El Bocal, en el caso del puente natural, lo ha precintado, tras una denuncia vecinal.

Además, el Ayuntamiento que dirige Gema Igual (PP) dijo que trasladará la “incidencia” a la Demarcación de Costas, la administración dependiente del Gobierno central que, ha señalado, “es responsable de los terrenos donde está ubicado el puente”.

En el mismo comunicado, el Ayuntamiento informó también de que ha acotado “de forma provisional” la zona de la playa de Mataleñas más cercana al acantilado natural, tras los desprendimientos detectados en el talud“ y ha agregado que, en agosto de 2022, ”se detectaron desprendimientos en el talud de la playa, hecho que “se comunicó a Costas para que procediera a su estabilización”.

También ha destacado que ha señalizado el tramo final del paseo del Chiqui, “como respuesta a los antecedentes registrados en la zona, porque, ha señalado, ”en septiembre de 2025 se recibió un aviso en el centro de coordinación de la Policía Local“.

El cruce de acusaciones sobre la responsabilidad del mantenimiento la pasarela de El Bocal, que la jueza que instruye el caso ha considerado en un auto que era competencia de Costas, ha dejado latentes las tensiones políticas entre este organismo y el Consistorio. La mayoría de las zonas precintadas están en el litoral. Y también ha quedado manifiesto en el reciente comunicado que el Ayuntamiento quería reseñarlo.

Es tan notorio el precintado o vallado que muchos vecinos lo comentan estos días en redes sociales y expresiones como “vallado” o “cintas” han sido utilizadas este pasado jueves por los concejales de la oposición del Ayuntamiento de Santander, en el pleno ordinario de marzo, aunque el tema no era parte del orden del día. Eso sí, consultado el Ayuntamiento sobre el número de ubicaciónes balizadas o señalizadas, no ha dado respuesta.

El partido Cantabristas, en un comunicado de prensa, ha denunciado los carteles y precintos que el Ayuntamiento de Santander “está colocando por toda la ciudad en lugares peligrosos y en mal estado de mantenimiento con el único objetivo de eximirse de responsabilidades legales y salir indemnes en caso de que vuelva a ocurrir alguna desgracia”, ha cuestionado la agrupación política.

En este sentido, tanto PSOE, como PRC o Izquierda Unida, con representación institucional en el Ayuntamiento de Santander, recuerdan estos días que llevan toda la legislatura advirtiendo del deterioro constante y la falta de mantenimiento de infraestructuras básicas de la ciudad. Entre otras, señalan los meses que ha estado precintado también el Parque de Las Llamas, por ejemplo, con maderas y pasarelas rotas, o la Duna de Zaera, junto al Palacio de Festivales y vendido como un mirador a la bahía que sirvió de graderío durante la celebración del Mundial de Vela en Santander hace algo más de una década.

Este exceso de cinta con el logotipo de la Policía Local de Santander ha dado lugar a numerosos memes en las redes sociales, sin dejar de lado la tragedia que sucedió en El Bocal, pero recordando que no se ha hecho nada durante años a pesar de los múltiples avisos que se han producido desde diversos colectivos sociales y vecinales.

Uno de los ejemplos más palmarios se encuentra a pocos metros del propio Ayuntamiento, en un barrio como el Cabildo de Arriba, donde ya fallecieron varios vecinos tras un derrumbe y que luce lleno de edificios abandonados o semiderruídos y solares vacíos. Y tampoco hace falta ir muy lejos de los despachos del equipo de gobierno del PP en la ciudad, porque el propio Consistorio tuvo que ser apuntalado y está pendiente de una gran reforma dado el mal estado de su sótano, que amenaza ruina.