El Ayuntamiento de Santander ha recibido un nuevo revés judicial al ser condenado al abono de las jornadas extraordinarias que el personal de escolta de la alcaldía ha venido realizando desde enero de 2023. La sentencia obliga al consistorio no solo al pago de las retribuciones adeudadas, sino también a abonar los intereses devengados y las costas judiciales del proceso.

Según detalla el delegado de personal del sindicato SIEP, Óscar Gómez, el montante de las horas impagadas asciende a unos 26.000 euros. Según el sindicato, el servicio de escolta ha sufrido una drástica reducción de efectivos, pasando de contar con seis agentes a solo tres. Esta situación se ha visto agravada por la existencia de vacantes en los puestos de conductor, lo que ha obligado a los escoltas a asumir estas tareas adicionales además de sus funciones propias de seguridad.

Esta falta de personal ha derivado en una carga de trabajo que supera la jornada ordinaria, con una media de 30 horas de servicio extraordinario al mes por trabajador. El sindicato ha subrayado que, aunque estas horas se retribuyeron hasta diciembre de 2022, el equipo de gobierno dejó de abonarlas a partir de esa fecha, a pesar de mantener las mismas exigencias de disponibilidad.

Tres años de “silencio administrativo”

El conflicto se remonta a febrero de 2023, cuando la Junta de Gobierno Local aprobó una propuesta de abono de productividad para compensar estos excesos de jornada. Sin embargo, dicho acuerdo nunca se cumplió. Tras tres años de reclamaciones ante el Consistorio sin obtener respuesta, los profesionales se vieron obligados a recurrir a la vía judicial ante lo que consideran un “atropello” y una muestra de “incompetencia en la gestión de recursos humanos”.

Desde SIEP califican la situación de “kafkiana” y han instado al equipo de gobierno a que no recurra la sentencia “si queda algo de respeto a los profesionales”.

Un conflicto que se extiende a la seguridad ciudadana

Este nuevo revés judicial se une a las suesivas críticas de la Junta de Personal municipal, que ha denunciado una “campaña de desprestigio” contra los empleados públicos y ha señalado que más de una cuarta parte de la plantilla municipal sigue sin cubrirse, afectando gravemente a servicios básicos de la ciudad.

Recientemente, los sindicatos de la Policía Local han calificado de “caos absoluto” el dispositivo del “chupinazo” de la Semana Grande, denunciando que la escasez de efectivos obligó a desplegar apenas siete agentes para un evento que congrega cada año a más miles de personas.

Además, las organizaciones sindicales han puesto el acento en que esta situación de “precariedad material” es insostenible, señalando que la plantilla acumula dos años sin reposición de uniformidad básica, cascos actualizados ni chalecos antibalas operativos. Ante lo que consideran un “fracaso absoluto” de planificación que pone en riesgo la integridad de los trabajadores, los representantes ya han exigido dimisiones políticas y han anunciado que emprenderán medidas legales adicionales.

Julie Sedano vive en La Vega de Liébana desde 2020 y ha sido madre este año. Cuando estaba embarazada tuvo un virus, con mucha fiebre, pidió cita online al médico, pero se la cancelaron. “Me llamaron por la mañana para decirme que no era posible y tuve que coger el coche y hacer un viaje 40 minutos para ir a consulta en Camaleño. Ahora, después de de dar a luz, que lo he pasado mal, me tienen que hacen seguimiento de la tensión y la anemia, pero no se está haciendo”.

Sedano, profesora de francés en un instituto público, no recuerda haber tenido “nunca” un médico fijo. “El seguimiento es cero o muy escaso”, dice. Cada visita tiene que volver a contar tu historial: no hay trato. “Para mí, la conclusión es que no tengo médico”. Esta docente se muestra tajante: “Más de una vez se me han cancelado las citas que tenía aquí en el último momento”, reconoce resignada.

De los 114 consultorios registrados en Cantabria, la mayoría no tiene médico en algún momento del verano, ya sea 3 o 37 días, en los casos más extremos. Pero dentro de estos, hay situaciones todavía más drásticas que trascienden a tres meses. Porque directamente la plaza está vacante o porque su consultorio está cerrado. Sucede así en Cueto (Santander), en Castillo (Arnuero) La Gándara de Soba (Soba), Lamadrid (Valdaliga), Polientes y Villanueva de la Nía (Valderredible), Vega de Liébana, Cillorigo y Bejes.

Es, en estos casos, donde la falta de seguimiento y de confianza con el paciente se convierte en una complicación. Antes de tener un hijo, Sedano tuvo dos abortos y, en el segundo, percibió “falta de empatía” en el profesional que le atendió: “Se notó mucho que no nos conociamos: me mandó a trabajar de nuevo”.

Cuando un consultorio está cerrado, no hay más alternativa que desplazarse. Como el de Bejes está cerrado desde la pandemia, el paciente tiene que moverse desde este pueblo de Cillorigo de Liébana, enmarcado en Picos de Europa, al Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) más próximo: por lo menos 30 minutos en coche hasta Potes. Si bien el Gobierno de Cantabria (PP) paga el taxi para traslados a otros centros de salud, solo lo hace para los pueblos por los que no pasa el autobús.

En la mayoría de los pueblos, lo que sucede es que médicos del centro de salud de la cabecera municipal se trasladan unas horas a los consultorios sin médico asignado, pero sin certeza de continuidad para los pacientes porque trabajan en turnos rotatorios. Este mecanismo se denomina “autocobertura”, que se traduce en consulta -algunas horas, a diario o algunos días-, por médicos que cambian por sistema.

“Una cosa incómoda”

Ni Polientes ni Villanueva de la Nía tienen médico asignado y son los únicos que tienen consultorio -siendo el principal el de Polientes- entre los 53 pueblos que forman parte del municipio de Valderredible. Dice el alcalde, Fernando Fernández, que “en principio” no hay una carencia de médico. “Hay una carencia de médico titular, pero no de atención sanitaria”, matiza. “Pero es fundamental tener un médico de referencia, sobre todo la gente mayor”.

En Polientes, tres médicos del SUAP se turnan, entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde. Y, en Villanueva, se atiende dos días aproximadamente en unas horas por las mañanas antes de abrir Polientes. “Es una cosa incómoda, evidentemente, pero no es que no haya nadie”, enfatiza el alcalde de Valderredible, que ya ofreció hace años casa gratis para el médico sin éxito.

En Vega de Liébana, donde vive Julie Sedano, el médico va tres o cuatro horas al día, asegura el alcalde Goyo Alonso (PRC). “Ante la opción de no tener nada, pues esto nos parece que salvamos el panorama”, dice el regidor de un Ayuntamiento en el que viven “menos de 700 habitantes”, en 26 núcleos de población diseminados, que remodeló recientemente con fondos de la Consejería de Obras Públicas (PP) una casa gratis para el médico.

Pero ni por esas. Al alcalde, dice, le han contactado médicos latinoamericanos residentes en España e incluso estudiantes de medicina de otros países. Pero sin la carrera terminada y sin homologación, la casa del médico y la plaza siguen igual: vacías. Aún así, sí tiene la sensación de que los que rotan -a diferencia de Sedano- suelen ser los mismos. Da dos nombres de médicos y afirma que “un poco sí que van conociendo a la gente, que eso es importante para los pacientes”.

Vega de Liébana, “zona ultraperiférica”

Cuenta Goyo Alonso que le resulta “evidente” que se ocupen las plazas “más atractivas”. A la pregunta de cómo se mide ese atractivo, es claro: “El atractivo viene, sobre todo, en función de la distancia de Santander. Todo el mundo quiere el entorno de Santander y esta plaza será la más distante”, dice sobre un pueblo a casi dos horas de distancia de la capital. “A veces, en el Consejo Asesor contra el Despoblamiento (institución del Gobierno cántabro), planteo la posibilidad de que nos declaren como zona ultraperiférica como Canarias o Baleares”, asegura.

El alcalde de Valderredible no ha ido tan lejos con su propuesta, pero siente que ha hecho “todas las ofertas posibles” para cubrir la plaza del médico, pero desde la Consejería de Salud le hablan de “dificultades, de que la gente no viene”.

En Cillorigo, el consultorio principal está en Tama, pero sin médico asignado las urgencias se derivan a Potes. Recientemente, el médico que había estado de titular se encontró con un paciente que tuvo un problema cardíaco grave, por el que ya el año pasado acabó yendo a la privada después de que le retrasaran tres meses la cita. En esta ocasión, el paciente iba a hacerse unos análisis. Cuando le preguntó si le vería para cuando estuvieran los resultados, le respondió que no, que le atendería otro médico.

A la Consejería de Salud, dice el alcalde de La Vega, que le han pedido también que asuman el mantenimiento de los consultorios rurales: “Los consultorios grandes los asume el Gobierno de Cantabria y no discute. En el Hospital Valdecilla no pone el dinero el Ayuntamiento de Santander”.

José Barquín (Santander, 1976) no sabe con certeza por qué eligió los ríos. Solo tiene claro que sabía que le gustaban la ecología y los ecosistemas cuando hace 26 años empezó a investigarlos. Quizás influyese -dice pensándolo- que tuvo una infancia montañera con su padre: “A los 11 años ya había subido todas las cimas de la Cordillera Cantábrica”. En la actualidad, es profesor titular de la Universidad de Cantabria en el Departamento de Ciencias y Técnicas del Agua y también responsable del grupo de ecosistemas continentales en el Instituto Hidráulico Ambiental (IH). Sus investigaciones son citadas con frecuencia en publicaciones científicas. Por esa necesidad de darse a entender, hace una analogía con la medicina: “Cuando pinchas en un río es como cuando sacas sangre; lo que ves es un reflejo de las comunidades biológicas y te habla de todo el territorio. Siento una relación íntima con el paisaje y los ríos son las venas donde está recogida toda la información de su entorno”.

En su despacho del IH, en el área empresarial del PCTCAN, a las afueras de Santander, hay carteles de paisajes, pero justo encima de su mesa está precisamente la imagen de un río. Tras los recientes vertidos de purines al río Llerana, afluente del Pisueña, que están en investigación, alerta de la necesidad de que las instituciones, los ganaderos, y la sociedad en su conjunto asuma que la forma de trabajar y cuidar los ecosistemas tiene que cambiar, porque ya hay “suficiente” evidencia científica.

¿Qué características específicas tienen los ríos Llerana y Pisueña?

El Llerana es un río mucho más chiquitín, donde la carga recibida ha sido muy importante para su tamaño, especialmente en un verano sin lluvias. El Pisueña es uno de los principales ejes fluviales de la región y es parte de la Red Natura 2000. Es un río muy llano, con un gradiente de pendiente muy plano. Además, es el río que tiene mayor número de azudes o presas por kilómetro longitudinal. Esto significa que el agua está ralentizada, no se mueve como en otros ríos de montaña y tiene menos capacidad de desaguar lo que le llegue. El agua se calienta más y cualquier contaminante tiene un tiempo de residencia mucho mayor que en otros sistemas.

El Gobierno de Cantabria ha calificado el estado del afluente del Pisueña como “arrasado”. ¿Cómo describe usted el caso de los vertidos en los ríos Llerana y Pisueña?

Es una crónica de una muerte anunciada. Es algo que está en el territorio, que sabemos que está ahí latente y que lamentablemente volverá a suceder, pues ya ha pasado anteriormente. Son eventos que van a suceder porque no se están gestionando bien los purines ni se están haciendo bien las cosas a todos los niveles. Hay ganaderos que lo hacen muy bien, otros medianamente bien y otros mucho peor. Básicamente, no estamos ante una simple incidencia puntual de calidad del agua, sino ante una perturbación ecológica significativa de un tramo protegido de la ZEC Río Pas, con potencial afección a los objetivos de conservación del espacio y con consecuencias que podrían prolongarse varios años en las poblaciones de salmónidos.

Más de 2.100 peces muertos, ¿cuál es el impacto de este vertido en ambos ríos?

Aunque el Llerana está arrasado, es un río pequeño de apenas un par de metros de ancho. La mayor parte de los miles de peces que han muerto están en el Pisueña.

El Gobierno autonómico ha dicho que ha sido más afectado el afluente...

Según las informaciones de prensa, hay un kilómetro y medio del Llerana afectado y 4,5 kilómetros del Pisueña. Si se han afectado 4,5 kilómetros de un río como el Pisueña, la pérdida de biomasa y de peces es muchísimo mayor.

Es habitual que se suelten purines cuando hay caudales altos, normalmente en otoño o invierno

¿Es frecuente que haya vertidos de purines en los ríos de Cantabria?

Es una afirmación difícil de probar científicamente sin datos certificados, pero tenemos constancia de que se sueltan purines cuando hay caudales altos, normalmente en otoño o invierno. Con mucha agua, el río tiene una mayor capacidad de dilución (que es la capacidad de un volumen de agua de disolver una determinada carga de sustancia). Es decir, para una misma carga contaminante, a más volumen, mayor dilución. En caudales altos los purines no afectan notablemente al ecosistema fluvial, sino que se transportan aguas abajo afectando a puntos de abastecimiento o llegando al estuario y al mar.

¿Cómo son los ríos de Cantabria?

Son ríos muy cortos, son ríos muy rápidos, con mucha velocidad del agua, en cuanto llueve mucho, sube el caudal. Entonces, por eso digo que lo que hace falta es innovar en el sistema, es decir, no podemos seguir replicando las cosas que hacían nuestros abuelos hace 80 años. No funciona, no va a seguir funcionando. No podemos seguir obviando el daño de las actividades humanas a los ecosistemas, hay que innovar porque el contexto climático ha cambiado, ya no es el que era. Los ríos ahora mismo en verano tienen muchos más grados de temperatura que los que tenían hace 20 o 30 años en general.

Con el cambio climático que mencionaba, ¿qué temperaturas está registrando el agua de los ríos en Cantabria?

Tenemos estaciones de monitorización, por ejemplo, en el río Pas, previo a la confluencia con el Magdalena, que registran temperaturas de 22, 23 o 24 grados en la cabecera. Es algo que sucede en prácticamente todos los ríos de Cantabria y de la cordillera que tienen menor cobertura forestal. Esto es cambio climático puro que genera eventos más frecuentes de crecidas y sequías.

Si el agua está sobrecalentada y se combina con vertidos provenientes de la agricultura o la ganadería, el sistema colapsa

¿Cómo afecta el aumento de temperatura a los ríos?

En verano hay menos agua y las olas de calor elevan la temperatura, lo que hace que la concentración de oxígeno caiga. Y luego, además, tienes el consumo de toda la materia orgánica que se está descomponiendo en el río. Los ríos son biorreactores, la contribución principal del río es degradar materia orgánica, en caudales bajos. En caudales altos lo que hacen es transportarla al estuario. Entonces, tenemos dos situaciones: un río con en aguas bajas sobrecalentado en verano y ríos con una gran fluctuación en invierno. En verano lo que hacen es procesar toda esa materia orgánica; las comunidades biológicas la descomponen, pero esa descomposición de materia orgánica consume oxígeno. Si encima tienes temperaturas más altas, pues menos oxígeno. Si el agua está sobrecalentada, especies como las truchas y salmones, que necesitan aguas frías y muy oxigenadas, sufren enormemente. Si esto se combina con vertidos provenientes de la agricultura o la ganadería, el sistema colapsa.

En términos científicos hay distintos tipos de de impactos...

Hay impactos difusos y puntuales. Los difusos van incrementándose poco a poco. Un vertido difuso tú no lo ves, no te genera una crisis como la que hemos visto actualmente, te genera un empeoramiento en las condiciones gradual. Y hay otros eventos que son accidentales o puntuales que pueden producir lo que ha pasado en el Pisueña. No es lo mismo que suceda un evento puntual en un sistema sano que un evento puntual en un enfermo.

En el Llerana se han muerto incluso las anguilas; si se han muerto las anguilas, que son súper resistentes, es que no queda nada

¿Qué caracteriza el vertido en el Pisueña?

El evento del Pisueña es un caso de libro de un vertido catastrófico: algo que ha llegado directamente al agua y ha matado todo. En el tramo del Llerana se han muerto incluso las anguilas, que son animales súper resistentes, capaces de boquear fuera del agua y subir por laterales de presas en zonas húmedas. Si se han muerto las anguilas es que no queda nada más en ese tramo.

¿Qué sucede en el agua cuando recibe un vertido de purines?

Se produce un bajón de oxígeno importantísimo porque las bacterias consumen el oxígeno del agua para degradar esa materia orgánica. Se llega a niveles de 2 o 3 miligramos por litro, donde muere todo lo que respira por branquias. Al ser purines, tienen mucho amonio que se transforma en amoníaco tóxico. Es un fallo sistémico por la caída de oxígeno, la toxicidad del amoníaco y la turbidez por sólidos en suspensión que colapsa los sistemas de respiración de los peces. Todo esto ocurre en un contexto de caudales bajos y aguas cálidas que reducen la capacidad de dilución.

¿Existen antecedentes de accidentes de esta magnitud en Cantabria?

Sí que hay constancia de antecedentes y vertidos dramáticos en los ríos de Cantabria, si se revisa la prensa y los registros. Es algo continuo: fugas de saneamiento, vertidos de purines o accidentes diversos que han afectado a nuestros ríos.

¿A qué instituciones corresponde la responsabilidad de los ríos?

El río integra todo lo que sucede en la cuenca. Por un lado, la Dirección General de Biodiversidad gestiona las especies y la pesca fluvial. Por otro, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico evalúa el estado ecológico de las masas de agua y vela por la calidad del agua, responsabilidad que a veces parece compartida con la Dirección General de Aguas y Puertos del Gobierno de Cantabria.

¿Cómo se recupera un ecosistema tras un impacto así?

Lo que no se debe es repoblar sin saber cómo está el sistema; soltar miles de alevines en un sitio que todavía está mal no es efectivo.

Falta base de conocimiento científico para que las acciones de gestión sean efectivas y no se limiten a medidas tradicionales sin un seguimiento

¿Es frecuente que el Gobierno de Cantabria haga repoblaciones con alevines como solución?

Sí, pero para recuperar un ecosistema lo ideal sería utilizar este evento drástico para monitorizar y aprender cómo se recuperan las comunidades y qué se establece primero. Falta base de conocimiento científico para que las acciones de gestión sean efectivas y no se limiten a medidas tradicionales sin un seguimiento de su efectividad. Hay que pensar en la resistencia y en la resiliencia. La resistencia es la capacidad de aguantar, y ahora es muy baja porque el río ya está estresado por la temperatura y el bajo caudal. La resiliencia es la capacidad de recuperación. Los ríos se organizan en redes y la recolonización de peces sucede desde las zonas de aguas arriba hacia abajo. Primero debe lavarse todo el material del vertido, lo cual suele ocurrir con la primera gran riada que moviliza la materia orgánica hacia el mar, donde se diluye. Es importante pensar en la deriva.

¿Qué es la deriva y qué papel juega en la recuperación del río?

La deriva es el movimiento natural de los macroinvertebrados -como las moscas de la piedra, que son insectos acuáticos que habitan entre las piedras del río- hacia aguas abajo. Estos organismos viven en el lecho del río y se desplazan entrando en la corriente, principalmente al amanecer y al anochecer para evitar a los depredadores. Como ahora no hay peces en el tramo afectado, estos invertebrados podrán recolonizar el espacio más rápido. Posteriormente, los peces de aguas arriba irán bajando poco a poco, aunque la mayoría son muy residentes y se mueven poco.

Este tipo de eventos no solo afecta a las comunidades biológicas, sino que nos afecta directamente a nosotros

¿Qué medidas de prevención se deberían tomar?

La prevención va por la gestión de los purines y por mantener los ecosistemas en buen estado de conservación. En Cantabria se ha invertido muy poco en mejorar kilómetros de ribera o en retirar azudes para mejorar la conectividad longitudinal, que es clave para la recuperación natural. Hay que invertir en el medio para que tenga mayor resistencia. Necesitamos un plan integral que genere filtros verdes y soluciones basadas en la naturaleza para retener nutrientes y cargas orgánicas antes de que lleguen al río. Este tipo de eventos no solo afecta a las comunidades biológicas, sino que nos afecta directamente a nosotros, porque el agua que se está metiendo al Pisueña llega a la toma de La Penilla, que es parte del plan de abastecimiento de Santander.

¿Ha podido afectar al consumo humano?

Es probable que hayan tenido que cerrar ese punto de La Penilla. Lo bueno es que el sistema está preparado para captar de otros sitios y que estos eventos no afecten directamente al consumidor.

Ha dicho antes que el evento es una catástrofe ecológica. ¿Por qué puede calificar este vertido como una catástrofe?

Es un evento catastrófico por las consecuencias, habiéndose llevado por delante miles de peces. En cuanto a impacto ecológico, este evento concreto de vertido de purines es una catástrofe ecológica de gran magnitud, al nivel de lo que puede suponer un fuego que deja todo pelado.

¿Considera que la normativa actual es suficiente para evitar estos desastres?

Hay legislación, pero lo que falta es un nivel de implicación y ejecución real. Lo que no podemos hacer es seguir haciendo lo que estamos, lo que llevamos haciendo durante medio siglo. Las prácticas ganaderas y agroforestales tienen que adecuarse a los tiempos actuales y la evidencia científica dice que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo bien. Los incendios, los vertidos catastróficos, todos estos eventos simplemente son la punta de iceberg de lo que está sucediendo en cuanto a la gestión de la biodiversidad y la gestión de nuestros paisajes. Los tomadores de decisiones deben actuar basándose en datos y ciencia, hay suficiente evidencia científica, porque tenemos una sociedad con memoria de pez que olvida estos desastres hasta que ocurre el siguiente.

Tras el inicio de la investigación de agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para esclarecer la autoría por la muerte de cientos de peces en el transcurso del río Pisueña, en los Valles Pasiegos, el líder del partido Cantabristas, Paulu Lobete, ha advertido de que “no es la primera vez que ocurren este tipo de incidentes y tampoco es la única zona donde podemos encontrar aguas contaminadas en Cantabria”.

Lobete ha señalado que está a la espera de seguir conociendo datos de la investigación sobre los supuestos vertidos que habrían provocado la contaminación del agua que partía del arroyo de Saro, un afluente del Pisueña, en el que flotaban un elevado número de piscardos, truchas, anguilas y pintos muertos muertos.

En la investigación, han participado agentes del Medio Natural del Gobierno de Cantabria desde que la Guardia Civil recibiera un aviso el pasado viernes. Desde entonces, efectivos de ambas instituciones han inspeccionado la zona y recogido muestras durante el fin de semana. Este lunes, desde la Consejería de Ganadería y Pesca se ha informado a elDiario.es de que “podría aportar algún dato sobre la afección” que ha llevado al Seprona a presentar una denuncia, mientras Ganadería también ha recogido cientos de ejemplares muertos.

El líder de Cantabristas ha señalado que el Gobierno de Cantabria “debería involucrarse en casos como este, o el de la ría del Asón o la playa de Galizano, por poner ejemplos, que llevan años soportando vertidos residuales”. En el caso del Asón, se han producido episodios de vertidos durante años y en el de Galizano, en 2025, se produjo un brote de gastroenteritis con, al menos, catorce casos confirmados de infección por rotavirus.

“La salud de nuestras aguas es también responsabilidad pública y debemos tomárnoslo en serio, si queremos proteger y velar por el bienestar de nuestros ecosistemas”, ha dicho Lobete.

Mientras la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), estaba este sábado, en un acto de homenaje a un pintor, en el museo municipal de la capital cántabra, Alberto Núñez Feijóo, líder de su partido, ha presentado en Santiago de Compostela su candidatura, por tercera vez consecutiva, a a la alcaldía de la capital cántabra de cara a las elecciones de 2027. La regidora ha estado ausente de la foto de familia de los candidatos, tal como ya avanzó ella este viernes.

La confirmación de su candidatura llegó este viernes, tras muchas especulaciones, tras ser aprobado el Comité Electoral Nacional del partido. Después, Igual informó, mientras presentaba la Feria de Día de la Semana Grande de Santander, que se quedaría en la capital cántabra.

Igual avisó de que no iría a Santiago porque dijo, horas antes del chupinazo de las fiestas, que debía “estar con los vecinos de Santander y en mi ciudad y debo de priorizar porque no puedo estar en los dos sitios a la vez”.

Mientras esté sábado Feijóo ha presentado a los candidatos a las capitales de provincia, Igual ha asistido a la actividad en el museo municipal porque el artista José Ramón Sánchez es su “amigo”. Igual también avanzó este viernes que este sábado acudiría a la presentación de un libro sobre el torero Morante de la Puebla y a la primera corrida de toros de la Feria de Santiago, que es una novillada.

Igual, nacida en septiembre de 1973, fue concejala de Turismo y Festejos, entre 2003 y 2007, y en las legislaturas siguientes (2007-2016) de Turismo y Relaciones Institucionales, temáticas que ha impulsado como alcaldesa, en particular, los festejos de verano, como la Semana Grande. Cumple este año una década al frente de la alcaldía de Santander, donde se convirtió en la primera mujer al frente del consistorio, desde que en 2016, ocupó el lugar del exalcalde Íñigo de la Serna (PP), tras su nombramiento como breve ministro de Fomento del Gobierno de Mariano Rajoy.

Luego revalidó el cargo tras ganar las elecciones municipales de mayo de 2019 -en las que el PP fue la opción más votada pero no logró la mayoría absoluta y tuvo que pactar con Ciudadanos-. En 2023, fue e nuevo fue reelegida, esta vez con mayoría absoluta, y desde entonces es diputada en el Parlamento de Cantabria.

En un comunicado enviado por el PP este sábado, Igual ha vuelto a decir que “queda un año de legislatura muy importante, un año en el que se van a materializar buena parte de los proyectos en los que llevamos tiempo trabajando y en el que los santanderinos podrán comprobar el resultado de la gestión que hemos desarrollado durante estos años”.

Su gestión en esta última legislatura ha recibido críticas de colectivos y oposición, por la situación de la limpieza de las calles -cuya gestión está externalizada-, y señalamientos reiterados de falta de transparencia en polémicos proyectos como el fallido intento de instalación de un parking de autocaravanas en Mataleñas, la futura apertura de un McDonald´s en un mercado municipal y, ahora, por el cierre del céntrico parking de Pombo, cuya clausura será larga y ha obedecido a grietas en la estructura.

Se escribe PSIR, pero se pronuncia PESIR. Y el último en mencionar la palabra fue el consejero de Urbanismo de Cantabria, Roberto Media (PP) a finales de junio. Recogía así el reciente anuncio de la presidenta del gobierno de Cantabria, María José Saénz de Buruaga (PP), de dos PSIR: uno para una piscina de olas para practicar surf en Villaverde de Pontones y otro para 1.700 viviendas de promoción privada también, de las que solo la mitad serían protegidas, junto a un nuevo hospital, en Castro Urdiales.

Esas siglas, PSIR, responden a una figura urbanística llamada Plan Singular de Interés Regional, porque ese es el primer paso para que arranque: que el gobierno de Cantabria manifieste que es de interés regional. Existente en muchas comunidades autónomas con otras denominaciones, fue creada a nivel autonómico en 2001 y sirve al gobierno autonómico para recalificar cualquier tipo de terrenos -en muchos casos, suelo rústico- para hacerlos urbanizables, construir un proyecto y a veces ampliarlo, sin depender de las normativas municipales donde se localice la obra.

El PSIR cumple ahora 25 años y ha pasado de ser una herramienta de planeación urbanística del gobierno para anunciar el trámite gradual para la instalación de parques empresariales, polígonos, un hospital o la rehabilitación de la Universidad Pontificia de Comillas, a un mecanismo para impulsar otros proyectos de iniciativa privada como hoteles, centros de datos, piscinas de olas de surf o cientos de viviendas libres con hospital y polígonos en constante ampliación.

Para hacer un PSIR, los terrenos tienen que estar bien entre dos municipios o en uno solo. En este segundo caso, “por su incidencia económica, su magnitud o sus singulares características”, el gobierno considera oportuno hacerlo en ese lugar, sin necesidad de contar expresamente con el Ayuntamiento. La normativa dice que el promotor puede ser público o privado para implantar “instalaciones y usos productivos y terciarios, de desarrollo rural, turísticos, deportivos, culturales, actuaciones de mejora ambiental, de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, así como de grandes equipamientos y servicios de especial importancia”.

La rehabilitación de la Universidad Pontificia de Comillas, por ejemplo, sí incluyo “elementos” patrimoniales tanto de carácter cultural, así como de carácter natural (plátanos que jalonan los caminos, masas de vegetación, y Monte de la Cardosa), pero hasta la fecha, no se ha tramitado ningún PSIR exclusivamente deportivo o cultural.

Durante décadas, la figura no sufrió modificaciones sobre el papel. Básicamente el Gobierno autonómico era el promotor de un proyecto urbanístico público o privado que, en general, implicaba recalificar una amplia superficie de suelo rústico. Durante años, se utilizó más para proyectos entre dos municipios y, en algunos casos, incluyo expropiaciones de terreno a particulares, para edificar sin límitaciones burocraticas. Así sucedió en el caso del polígono de La Pasiega, en Piélagos, cuyo trámite arrancó en 2007, en el que se expropiaron parcelas de muchos vecinos para edificarlo, actualmente en ejecución.

Tras la declaración de interés regional, se sucedían las fases de aprobación del expediente. Y es que alrededor del PSIR había y hay otras cuatro siglas clave: las de la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio), que depende de la Consejería de Urbanismo -en la que están representados colegios profesionales y gobierno- que da la aprobación provisional de un PSIR, antes de que que el Consejo de Gobierno de Cantabria dé el aprobado definitivo para hacer le evaluación ambiental e iniciar una obra.

Nuevas reglas del juego

Veinte años después, en 2022, el Gobierno derogó la ley de 2001 con una nueva normativa con la que cambió las reglas del juego: pasó a establecer plazos estrictos para la burocracia de los trámites, incluyó al Parlamento como actor entre las instituciones responsables, e impuso que, si el objeto del proyecto eran las viviendas de protección pública -a diferencia de la anterior ley que marcaba “un mínimo del cuarenta por ciento se destinará a la construcción de viviendas de protección oficial ”, ahora debía de ser el 100%. Pero este último requisito no duró mucho.

En 2023, el Gobierno del PP decidió cambiar los contrapesos de la CROTU: redujo el número de representantes, aumentó la frecuencia de las reuniones y excluyó a algunos colegios profesionales. Esta decisión le acarreó críticas de partidos y ecologistas porque implicaba concentración de poder en direcciones generales de la consejería de Urbanismo. En 2025, modificó un artículo de la ley del suelo de 2022, mediante la llamada ley de simplificación administrativa, para poder construir vivienda libre en los PSIR, con el respaldo parlamentario de Vox.

Hasta la fecha, no existe un registro público actualizado de PSIR con todas las categorías posibles, incluyendo 'interés regional'. El listado histórico de PSIR de la Consejería de Fomento expone actualmente la tramitación de 14 obras, de las que tres siguen en tramitación y 11 están aprobadas -incluyendo ampliaciones o modificaciones-. No incluye el nivel de ejecución, por eso, La Pasiega, que sigue en ejecución, está incluida.

Para entender el nivel de ejecución de los PSIR, hay que mirar el visor de Ordenación del Territorio del gobierno de Cantabria: ahí vienen 17 proyectos, entre 'en tramitación', 'aprobado en ejecución' y 'aprobado y ejecutado'. Hay, por ejemplo, un proyecto de polígono al que se acabó renunciando (Gran Área de Desarrollo Buelna); proyectos en ejecución como la rehabilitación de la Universidad Pontificia de Comillas; otros en larga tramitación, como un polígono llamado Prado Cervera, en Campoó o ampliaciones como la del Parque de la Naturaleza de Cabarceno, declarado de interés regional en 2010, o la tercera ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Santander y, el más reciente: un hotel de cinco estrellas en el Palacio de Corro, que ha sido un complejo palaciego abandonado durante años, entre Suances y Santillana, cuyo expediente está en tramitación desde 2024.

Cinco PSIR ejecutados

El hotel propuesto para el Palacio de Corro ha recibido en 2026 cuestionamientos, dentro de la CROTU, por parte del colegio de arquitectos y de geógrafos, por estar ubicado en suelo rústico de especial protección. Después del hotel, los anuncios de la presidenta de nuevos PSIR han incluido un centro de datos, la piscina de olas y 1.700 viviendas con hospital, en Castro, todo de promoción privada. Pero, de todos los proyectos, en la categoría de 'aprobado y ejecutado', en el visor, solo hay cinco PSIR: cuatro son polígonos.

De los cinco ejecutados, por un lado, está el Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN), a las afueras de Santander. En éste, que ha tenido dos ampliaciones -y la tercera pendiente-, queda libre una parcela de las 39 totales, en las que hay instaladas dos universidades, 34 empresas y sedes del gobierno de Cantabria. Y, por otro, está el polígono industrial Tanos-Viérnoles, en Torrelavega, que ha tenido dos ampliaciones y está plenamente ocupado por 103 empresas a la fecha.

El Hospital Tres Mares, en Reinosa, recibió su aprobación en 2006 y hasta 2010, no empezó a funcionar y el Parque Empresarial Besaya ha tenido tres ampliaciones, las dos últimas promovidas por un privado (ASPLA), y también está ocupado. El último PSIR ejecutado es un polígono industrial, entre Orejo, Solares y Heras. En este caso, un 7% de la superficie la ocupa una fábrica de paneles de fibroyeso llamada Suyesa. El polígono, según datos del gobierno, en la actualidad tiene vacías la mitad de sus 30 parcelas.

La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha inaugurado este viernes la carretera del túnel de La Engaña, con una inversión final de 4,8 millones de euros. Esta cantidad ha supuesto un sobrecoste del 45% sobre el presupuesto inicial, que era de 3.3 millones, con fondos europeos. Buruaga lo ha denominado “el comienzo de la gran transformación de los Valles Pasiegos” y ha calificado el sobrecoste de “planificación responsable”.

En teoría, el Gobierno de Cantabria recuperaba parte de un proyecto del anterior gobierno PRC-PSOE para instalar una vía verde sobre la antigua línea de ferrocarril, para uso ciclista y senderista de 3.5 kilómetros sin asfaltar, entre la Estación de Yera y la boca norte del tunel. Sobre el papel, la vía verde fue modificada por el PP hasta ser un 77% menos del proyecto original. Finalmente, es una carretera convencional para tráfico de vehículos que cruza los tuneles de lo que iba a ser el ferrocarril Santander-Mediterráneo. Son 4.2 kilómetros, desde el desvío de la carretera nacional, completamente asfaltados para transporte de vehiculos, con acceso en un costado para peatones y ciclistas. Un proyecto pensado para llegar a un futurible teleferico bautizado como 'Mirador del Pas', en una de las zonas mas lluviosas y más nubosas de Cantabria.

Buruaga ha señalado que es “el primer paso” para convertir la “joya pasiega” en un destino turístico “de primer nivel”, recuperando un “espacio cargado de memoria”, sin mencionar que el tunel de La Engaña fue construido por presos republicanos mediante trabajos forzosos.

El Gobierno del PP continúa llamando a la carretera 'vía verde' porque está en tramos pintada de verde. Sin embargo, el programa nacional de vías verdes, promovido por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, marca unas condiciones precisas: son “itinerarios no motorizados” para ser recorridos “a pie o en bicicleta”.

Buruaga ha insistido en que se ha aumentado el presupuesto, fruto de una “planificación responsable” porque ha derivado en dos modificados del proyecto original, que contemplaba la ejecución de la carretera y de la vía verde como dos actuaciones independientes. Según ha dicho, “hubiera sido un sinsentido ejecutar una actuación para levantarla pocos meses después y volver a intervenir sobre ella”. Ese incremento, ha agregado, “no es un sobrecoste caprichoso, sino una medida de buena gestión para obtener un resultado mucho mejor y aprovechar al máximo los recursos disponibles”.

Teleférico, para 2027

Buruaga ha detallado que el estudio de impacto ambiental del teleférico 'Mirador del Pas' ya ha sido sometido a información pública y que la próxima semana concluirá el periodo de contestación de las 60 alegaciones presentadas. A partir de ahí, el Gobierno remitirá el estudio de viabilidad económica a los órganos competentes para culminar la tramitación ambiental y elaborar los pliegos definitivos, con el objetivo de poder licitar el proyecto a finales de este año o principios de 2027.

También se ha jactado de que que el Gobierno ha permitido autorizar 17 instalaciones de uso turístico y la apertura de dos nuevos negocios artesanales en la comarca de los Valles Pasiegos durante esta legislatura.

María José Saénz de Buruaga ha estado acompañada por el consejero de Fomento, Roberto Media, y el alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García, quien ha dado las gracias a la presidenta por “apostar de verdad” por las zonas rurales de Cantabria y, en especial, por Los Valles Pasiegos, “después de varias décadas de promesas incumplidas”.

En 2027, la fábrica de cable para telefonía Standard Eléctrica cumpliría cien años en Maliaño. La Standard, inaugurada por el rey Alfonso XIII, fue la segunda industria en un municipio de fuerte arraigo industrial -la primera fue la Cros, de fertilizantes, que da nombre a un parque emblemático local-, hasta que la compró Alcatel. Tiene tal peso simbólico que el Ayuntamiento (PP) planteó este año ponerle Standard Eléctrica, a una calle con nombre de exalcalde franquista, aunque finalmente pasó a llamarse con otro nombre.

En la misma ubicación donde estuvo esa fábrica, siempre ha habido industria de cableado de algún tipo: Alcatel, Nexans, Draka y, desde hace quince años, la fábrica de cable para fibra óptica de la multinacional Prysmian. Es con Prysmian con la que la mayor parte de la plantilla está enfrentada por la negociación de un convenio colectivo que ha llevado a once jornadas de huelga, medio año después de ocho despidos individuales, en una fábrica de 142 empleados.

“Después de los despidos, que te vengan con esta congelación tan tremenda, pues no: se lo hemos dicho muchas veces, ya hicimos un esfuerzo tremendo con el anterior convenio”, advierte Ismael Vega, presidente del comité de empresa de Prysmian. En el anterior convenio, acordaron recuperar un punto de IPC por cada año del siguiente convenio, el actual, para compensar la pérdida de poder adquisitivo en periodo de inflación. Pero, hubo un ERTE, que se prolongó durante dos años, por lo que el “desfase” salarial entre los que cobran más y los que cobran menos, se volvió más notorio.

En los dos meses de huelgas, mientras se han sucedido las negociaciones de mediación en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla), ha habido avances en la negociación del convenio: el comité de empresa ha acordado con Prysmian incrementos salariales. Por un lado, un mínimo garantizado del 2% y un tope máximo del 3% sobre el IPC para 2026 y un mínimo del 2,5% y un máximo del 3,5%, para 2027.

2025 por resolver

El punto de fricción es 2025: Prysmian ha mantenido, por ahora, una congelación salarial, para una plantilla cuyo sueldo se compone de dos tablas (salario base e incentivo global), en la que los pluses se calculan exclusivamente sobre la primera.

“El desacuerdo es más de concepto, que económico”, dice el presidente del comité de empresa. “Cuando hace muchos años se estableció que una hora de turnicidad equivaldría al 15% de una hora de la tabla de salario base y la nocturnidad un 50%, había poca diferencia entre categorías. Con el paso de los años y de los aumentos de IPC esa diferencia ha crecido mucho”, cuestiona.

La plantilla suma 142 empleados ahora mismo. Se divide entre trabajadores de producción (113), que son los que hacen turnos y noches, y empleados (28), pero la mayoría de la plantilla de producción está en las categorías salariales mas bajas. Para contrarrestar la situación, y aún reconociendo que el salario es “decente”, el comité ha propuesto igualar los pluses de turnicidad y nocturnidad -asociados a un porcentaje del salario base-. “Lo normal sería que todos cobremos lo mismo, para que al menos las categorías más bajas recuperen la mayor parte posible; entendemos que es justo igualar los pluses, pero la empresa parece ser que está más interesada en mantener esas diferencias, que en ser equitativa por un coste asumible para una multinacional”, cuestiona el presidente del comité.

La mayor parte de la fábrica está en conflicto con Prysmian, pero las huelgas las secundan los 113 empleados de producción. Los 28 empleados de oficinas no forman parte de una movilización, que tomó consistencia tras los ocho despidos de 2025, después de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de dos años.

ElDiario.es ha tratado de contactar con trabajadores de Prysmian, tanto de producción, como empleados, pero no ha sido posible. Solo Jose Salmón, que también es concejal socialista en el ayuntamiento de Camargo, ha accedido. Como empleado de producción y tras pasar por Nexan, Draka y Prysmian, coincide con el presidente del comité en que las negociaciones con Prysmian están siendo complejas: “Son intransigentes y menos negociadores” que las compañías previas. “Normalmente en una mesa negociadora el IPC es como una línea roja. Esta empresa nos debe cinco puntos de IPCs anteriores y está especulando siempre con nuestro dinero en modo de acciones o diciendo que lo paga el año que viene”, afirma.

Los despidos “como preludio”

“El ERTE ha terminado siendo el preludio de despidos. Cuando la empresa decidió de finalizarlo, de una forma unilateral, pues unos días después despide a 8 trabajadores, algunos con más de 30 años de antigüedad”. Así se dirigió en una interpelación en el pleno del Parlamento de Cantabria una diputada socialista al consejero de Industria de Cantabria, Eduardo Arasti (PP), en diciembre de 2025, días después de una huelga secundada al 100% como respuesta a los despidos.

Arasti respondió que su consejería estaba en comunicación con Prysmian y con el comité, pero frente a otros casos recientes en los que el consejero de Industria ha informado con comunicados de su voluntad de ejercer de interlocutor -y ha ejercido en algunos casos, como Solvay y Nestlé-, en el conflicto de Prysmian, ha tenido un perfil bajo, sin comunicados públicos.

El comité defiende que los ocho despidos unieron más a la plantilla, que fueron clave para entender por qué resisten 11 jornadas de huelga. “Es una inversión a futuro, al final de este convenio, es decir, en diciembre del año que viene, ya habríamos recuperado el dinero”, sintetiza Ismael Vega. “También queremos dejar un precedente de que no nos venimos abajo, porque es el primer conflicto grande que tenemos con Prysmian”.

El Ayuntamiento de Camargo, que aglutina a varios municipios, entre ellos, el de Maliaño, donde está la fábrica Prysmian, respaldó a los trabajadores de Prysmian en el pleno municipal de mayo, entendiendo que se trata de una negociación que corresponde a empresa y trabajadores, desde el Ayuntamiento existe un objetivo claro, que es “garantizar el mejor futuro posible para los trabajadores y para la continuidad del proyecto industrial”.

Para Javier Salmón, el trabajador de Prysmian y concejal, el departamento de producción es “la fuerza de la fábrica, los que hacemos los cables y los que hemos sufrido los despidos. Por eso la gente dice: ”¿Qué es esta desigualdad que existe aquí?“.

La negociación en Prysmian, advierte Salmón, “tiene muchos simbolismo para Maliaño”, al final de la antigua Standard Eléctrica ha sido como el motor“ económico histórico del municipio.

En su opinión, la clave para entender cómo la plantilla ha aguantado económicamente 11 jornadas de huelga es el efecto del pasado reciente: “Después de los últimos ocho despidos el año pasado, sin avisar al comité, yo creo que la gente ha quitado el miedo y ha dicho: ”Bueno, ¿qué más da? Si me van a echar, pues vamos a pelear por algo digno“. Ahí está la fuerza que se tiene ahora”.

Uno de los 107 pisos de alquiler asequible, en la calle Hermanos Calderón de Santander, que fueron propiedad de Fundación La Caixa hasta que los vendió en 2025 al fondo privado Mosaic Propco, ha sido puesto este viernes a la venta por la inmobiliaria que gestiona la cartera ahora, aunque el contrato de arrendamiento vence el 31 de marzo de 2029.

Es decir, el piso ha sido puesto a la venta con el inquilino dentro aunque su contrato finaliza dentro de tres años. Así lo ha denunciado la plataforma vecinal de afectados.

En el enlace, se hace expresa referencia tanto a la fecha de finalización de contrato, que es dentro de tres años, como a la renta actual del alquiler mensual (482,35 euros), de un piso a la venta por 214.900 euros. También se indica que el precio del piso, de tres habitaciones y dos baños, incluye plaza de garaje y trastero. De la vivienda se muestran 23 fotografías, pero corresponden a una “vivienda tipo”, “ideal inversor”, con “gran proyección de rentabilidad” porque es una “vivienda alquilada”, “con inquilinos”, según reconoce el anuncio.

Es la segunda ocasión que los vecinos detectan esta situación con las 107 viviendas: en el anterior caso, el piso a la venta vencía el contrato en 2027. La plataforma vecinal lleva desde mayo de 2026 denunciando “las presiones” para o bien comprar a precio de mercado a la inmobiliaria o bien salir de sus viviendas, cuyos contratos empiezan a vencer en 2027, en algunos casos.

Los tres bloques de viviendas de alquiler asequible de la calle Hermanos Calderón, en el barrio de Peñacastillo, fueron construidas sobre suelo privado, implicaban un precio de renta asumible en medio de la crisis económica iniciada en 2008. A partir de 2013 empezaron a residir algunos vecinos y luego los contratos de alquiler fueron renovándose durante años hasta que en 2025 los inquilinos recibieron la notificación a través de la inmobiliaria de que ahora eran pisos propiedad de un fondo de inversión.

A partir de 2026, los vecinos empezaron a organizarse y trasladaron su caso a varios partidos políticos. También se comunicaron con el Ayuntamiento de Santander (PP) para pedir ayuda, pero solo una vecina logró una reunión con el responsable de la Sociedad de la Vivienda municipal (SVS). Después, crearon una plataforma vecinal y empezaron a participar activamente en actividades, como la manifestación en defensa de la vivienda digna y un intento de desahucio, entre otras.

En el último pleno municipal, en junio, utilizaron el turno de ruegos y preguntas, al final, para pedirle a la alcaldesa expresamente que se involucrase, a lo que la alcaldesa respondió, en doce segundos, que estudiaría la propuesta de buscarles una solución y les convocaría para hablar a lo largo de julio, pero aún no han tenido respuesta.

Los poco más de cuatro kilómetros de carretera de La Engaña en Vega de Pas costarán casi el doble de lo presupuestado. El Gobierno de Cantabria autorizó en el mismo día dos modificados que incrementan el coste un 45% más. Cada kilómetro supondrá más de un millón de euros y, además, lo que iba a ser una vía verde ha acabado por convertirse en asfalto.

La operación ha provocado los reproches del PSOE y Cantabristas. Los socialistas denuncian “un ejemplo más de mala gestión” y “fraude” del Gobierno del Partido Popular. “Más asfalto, más gasto y menos verde”, subrayan.

El portavoz, Mario Iglesias, critica que el Gobierno de Buruaga haya optado por una carretera en lugar de la vía verde anunciada y que “pongan en riesgo los fondos europeos al no haber cumplido las obras en plazo” ya que obligaban a tenerlos terminados antes del 30 de junio, por lo que teme que Cantabria “pueda tener que devolverlos”.

“La Engaña hace honor a su nombre y resume la gestión del Gobierno. Un engaño de casi cinco millones de euros”, ha sentenciado el portavoz parlamentario, que ha pedido explicaciones sobre los motivos que justifican los cambios, el impacto ambiental que tendrá la iniciativa y por qué el Ejecutivo no ha sido capaz de ejecutar las obras previstas en plazo.

Cantabristas: “Buruaga dijo que el teleférico no iba a costar dinero público, era mentira”

El partido Cantabrista explica que el único sentido de esta obra millonaria es dar acceso al futuro teleférico de Vega de Pas “cuyos beneficios gestionará una empresa privada”. “Aunque el Gobierno de Buruaga dijo que el teleférico no iba a costar dinero público, era mentira, dado que solo el acceso al mismo ya nos ha costado casi 5 millones de euros”, apunta el secretario general del partido Paulu Lobete.

Cantabristas ha criticado los sobrecostes millonarios de “la vía verde” de la Engaña, que se ha convertido “en una carretera de dos carriles con una acera que compartirán los peatones y los ciclistas”

“Lo único verde que ha quedado de la vía inicial es el de los billetes que se han malgastado y despilfarrado sin ningún control y sin ninguna transparencia hacia la ciudadanía”, reprocha. De hecho, Lobete considera “una aberración medioambiental” lo que se ha hecho en el túnel de la Engaña, cementando y asfaltando una zona de un valor paisajístico y ambiental descomunal“.

Dos modificados presupuestarios en 24 horas

El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, Roberto Media (PP), ha autorizado de forma exprés dos modificaciones por valor total de 1.4 millones de euros, con cargo al presupuesto de Cantabria de 2026, para elevar un 45% el precio del contrato para la carretera que discurrirá por los tuneles de La Engaña. La obra ha pasado de costar 3.3, provenientes de fondos europeos, a 4.8 millones de euros, según consta en la documentación de un proyecto que se realiza en el barrio de Yera del municipio de Vega de Pas, planteado originalmente como acceso a un futuro teleférico llamado 'Mirador del Pas'.

La obra que incluye el arreglo de la carretera autonómica y la antigua plataforma ferroviaria de La Engaña, mide en total 4.2 kilómetros. Esto se traduce en que cada kilómetro del acceso -que incluye carril-bici y de peatones en algunos tramos- costará casi 1.2 millones de euros.

El primer modificado corresponde al 24 de junio de 2026, por valor de de 661.528,46 euros. El segundo data del 2 de julio, pero el trámite inició el 25 de junio, y asciende a de 822.661,74 euros. Las dos modificaciones del contrato inicial -adjudicado también a la constructora Fernández y Rosillo- sirven para ejecutar la finalización de la mejora de la antigua plataforma del fallido ferrocarril Santander-Mediterráneo —proyectado a finales del siglo XIX, pero nunca concluido—. Esta decisión hace que el proyecto pase exactamente de 3.361.633 millones a 4.845.823,20 millones de euros, para que la obra esté terminada el 8 de julio, según la resolución que ha consultado elDiario.es, en la que se indica que las modificaciones son “estrictamente indispensables”, “no podían ser previstas con anterioridad” y, ademas, “no se varía en absoluto la función de la obra contratada”

El proyecto nació en 2018, bajo el gobierno PRC-PSOE, como una futura vía verde de 3.5 kilómetros. Se distribuía en 2,6 kilómetros de acceso exclusivo para peatones y ciclistas a través de tres antiguos tuneles construidos en el siglo XX por presos republicanos y otros 849 metros de vía verde desde un futuro aparcamiento hasta la boca norte del túnel de La Engaña. En 2022, el bipartito declaró el plan “de interés público”.

Luego, en 2024, el gobierno del PP retomó la idea para “actualizar”, según la memoria justificativa, el proyecto de rehabilitación del abandonado camino por los tuneles de La Engaña. A finales de 2025, inició la obra, tras cancelar el proyecto inicial, el proyecto estaba distribuido sobre el papel en una mejora en tres tramos, partiendo desde la carretera nacional que lleva a la zona de Las Merindades, en la provincia de Burgos. Incluiría el arreglo de 720 metros de carretera autonómica exclusiva para tráfico rodado; 2,6 kilómetros calificados como “carril-bici-senda peatonal”, sobre la antigua plataforma ferroviaria, y 849 metros de vía verde que llevarían al futurible teleférico, pensado bajo gestión privada, un 77% menos del proyecto original. Pero, según ha podido constatar en una visita El Diario Montañés, toda la obra son “4,2 kilómetros de asfalto”. Solo quedaría de vía verde el nombre que ha querido mantener el PP porque, según el citado medio, el gobierno autonómico “ha pintado de este color uno de los márgenes del vial”, por donde transita la senda ciclable, sobre un trazado que gestiona el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias del Estado (ADIF), que tiene un contrato de arrendamiento a 30 años con el Gobierno de Cantabria.

ADIF es también la promotora de las vías verdes en España, que tienen unas características muy especificas para mejorar antiguos trazados de vías de tren en España, donde hay “más de 3.600 kilómetros” de antiguas líneas de ferrocarril recuperadas como itinerarios cicloturistas y senderistas y que no incluyen la categoría de “carril-bici-peatonal” adyacente a una carretera.

Los 3.3 millones iniciales del proyecto de La Engaña han sido financiados con fondos europeos Next Generation, a través del Plan de Recuperación del Ministerio de Industria y Turismo. Por eso, el PRC advirtió recientemente su “temor” de que el gobierno cántabro tenga que devolver los fondos europeos consignados para un proyecto que el PP ejecuta ya a contrarreloj, sin la vía verde y sin haber reformado la estación de Yera como albergue, tal como planteaba el proyecto del PP. Lo que sí incluye es un aparcamiento en batería a la altura de las antiguas viviendas de los ingenieros del fallido ferrocarril.

El argumento del gobierno cántabro para autorizar las modificaciones de 1.4 millones con cargo a su presupuesto ha sido “garantizar la correcta funcionalidad y seguridad de la infraestructura” de un proyecto que, en una visita del consejero Media a La Engaña, a inicios de mayo, aún calificaba como “vía verde”, del que dijo que estaría concluido “a finales de junio”, porque tenía que estar concluido el día 30, habiendo invertido, “algo más de 4 millones de euros”, siendo en realidad, 4.8 millones.

Cantabria carece de piscinas deportivas de 50 metros para entrenar, pese a que la Federación Cántabra de Natación lleva más de 20 años demandándoselo al Gobierno autonómico. Hubo una, construida en 1999, en el complejo municipal de Deportes La Albericia, en Santander, pero en 2012 fue reducida a la mitad, le quitaron profundidad de competición y, despues, fue derribada la torre de saltos, evocan profesionales de la natación.

Cincuenta metros es la medida estándar de competición en España y en Europa, pero en Cantabria solo hay piscinas de 25 metros. Pese a esto, la respuesta del Gobierno de Cantabria ha sido recurrente: dicen que “es una inversión muy grande y que no están por la labor de destinar dinero en la construcción de una instalación de esas características”, sintetiza Alfredo Martínez, secretario técnico de la Federación Cántabra de Natación.

En Cantabria, hay 18 clubes de natación, con casi 1.300 nadadores federados, (60% son mujeres y 40%, hombres), con “muchas limitaciones para competir”, coinciden las fuentes consultadas. De éstos, alrededor de 30 se clasifican para los campeonatos de España y “parten en desventaja siempre”, dice Martínez.

Para entrenar, el mayor problema es que las piscinas, además de tener 25 metros, “suelen estar concedidas” a entidades privadas, que priorizan las calles y el espacio para usuarios y socios, a excepción -matizan- de la visión de piscina deportiva que tienen los ayuntamientos de Camargo y Torrelavega.

La única piscina “bien” dotada de competición, es la de Cross, en Maliaño, con cronometraje electrónico, con polletas, muro y corchas de de competición.

Sin piscina deportiva de 50 metros, esta histórica petición choca ahora con la decisión del Gobierno de Cantabria (PP) de tramitar la licencia como Proyecto de Interés Público Regional (PSIR) de un 'surf resort', en Villaverde de Pontones, en el que el proyecto estrella es una piscina de entrenamiento de olas para surf de unos 23.000 metros cuadrados. Un proyecto de la empresa Olucas Cantabria financiado con 43 millones de euros de capital privado.

Recelos sobre el proyecto de la piscina de surf

La proyectada piscina de surf necesitará cada año la cantidad de agua equivalente a 10 piscinas olímpicas, con la paradoja de que Cantabria no tiene ninguna. “Con 40 millones, se podrían hacer 4 piscinas de 50 metros, porque valen unos 9 o 10 millones”, cuestiona Jesús Herrán, expresidente del Club Natación Camargo, y exasambleísta de la Federación Nacional de Natación. Para Herrán, el Gobierno del PP podría haber pedido “a los mismos promotores de Olucas que promovieran una piscina de 50 también”, plantea. “Quiero que conste que una cosa no quita la otra, pero indica claramente cuáles son las preferencias”, añade.

A su posición se suma Oriol Buch, entrenador del Club Deportivo Camargo. Este profesional lleva 17 años en Cantabria y comprende el empleo que podría generar el proyecto de 'Olucas surf center', pero “tienen la natación abandonada”, en una comunidad con alrededor de 35 kilómetros de olas surfeables: “Es un agravio comparativo hacia la natación, nos vamos haciendo pequeños en vez de crecer como deporte”.

En España, solo existe una única competición, en invierno, en piscina de 25 metros. Fuera de Cantabria, las piscinas de 25 metros, actualmente, “no tienen prácticamente valor a la hora de de sacar buenos deportistas y de poder organizar campeonatos de España”, valora Alfredo Martínez, de la Federación Cántabra de Natación.

Los expertos explican que, en piscina de 25, pasados esos metros, tiene un giro, lo que beneficia para ser más rápido por debajo del agua. Pero el que nada en piscina de 50, solo tiene a los 50 metros, por lo que el nado es continuo. “Por ello, en pruebas exigentes como mariposa, se les hace eterno”, explica Herrán.

Para subsanar esta situación, la Federación Nacional hace desde hace décadas unas tablas de conversión en las competiciones deportivas. Pero el panorama de las conversiones de medidas se complica: “Hay una idea de que los tiempos de piscina de 25 no valgan para competir en piscina de 50”, advierte Herrán que, como asambleísta con voz y voto en la Federación Nacional durante 12 años, hasta en cuatro ocasiones frenó junto a otros compañeros la intención de anular las reconversiones de marcas de piscinas.

En Cantabria -ocurrió recientemente en el caso del nadador Joaquín Pardo, que se ha ido al Sant Andreu-, una persona profesional que tiene nivel de competición, se muda a otra comunidad autónoma. “Primero porque no hay mucha competitividad. Segundo, porque no se puede competir en piscina de 50 metros”, zanja Martínez, de la federación autonómica de natación.

Enrique Francés (1952, Santander) es biólogo y doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Oviedo. Exprofesor titular de la Universidad de Cantabria, hoy este especialista en ordenación territorial y en cartografía de vegetación, está jubilado. Ha centrado su trabajo en la ecología aplicada al territorio de Cantabria, coordinando proyectos como la Red Natura 2000 y el Plan Forestal de Cantabria, para el gobierno autonómico. También ha participado en múltiples proyectos relacionados con la gestión forestal, que es la forma de manejar los bosques y los matorrales de Cantabria. Francés ejerce hoy como miembro asesor del Comité Científico del Geoparque Costa Quebrada, pulmón natural de unos 20 kilómetros de extensión. Pero también es uno de los más de cien científicos de 26 universidades públicas y nueve centros del CSIC que se han posicionado en contra de una polémica resolución del Gobierno de Cantabria (PP) en la que el ejecutivo ha interpretado de forma “insensata”, según Francés, un reglamento europeo que busca frenar la deforestación, evitar la comercialización en el mercado europeo de productos vinculados a la deforestación y proteger los bosques primarios o vírgenes, e incentivar los procesos de regeneración natural de los bosques.

La resolución del Gobierno de Cantabria de 2026 rechaza la existencia de bosques primarios en la comunidad e incluye “un nuevo” concepto, advierte Francés: el bosque secundario o seminatural. Este tipo de ecosistema, según el gobierno, es el que caracteriza los robledales, hayedos y encinares de Cantabria. Y, como consecuencia, siempre según la resolución del PP, no implicaría incorporar las directrices europeas al pie de la letra: las zonas sin árboles “no son resultado de procesos de deforestación asociados a cambios de uso del suelo hacia la agricultura u otros fines productivos, sino consecuencia de procesos naturales, abandono rural o dinámica ecológica espontánea”, dice el documento. Por lo tanto, el texto defiende que la recuperación con nuevas plantaciones en las zonas que hayan sufrido pérdidas de masa forestal “no supone una degradación”.

El fin de la resolución, reza el texto autonómico, es proporcionar “certeza jurídica” y “evitar interpretaciones erróneas o restrictivas que pudieran derivar en obstáculos comerciales o administrativos injustificados” a las empresas del sector forestal. Los científicos firmantes del manifiesto, como Francés, se llevan las manos a la cabeza y animan a la gente a firmar el manifiesto.

Recientemente, firmó junto con otros 100 científicos un manifiesto, ¿por qué?

La comunidad de Cantabria han firmado un documento en el que interpreta una resolución de la Unión Europea y dice que en Cantabria no hay bosques primarios. Firmé el manifiesto porque la resolución escrita por el Gobierno de Cantabria es una insensatez; quienes afirman lo que dice ese documento son terraplanistas forestales; Han redactado un texto que interpreta una resolución de la Unión Europea de forma malintencionada, asegurando que en Cantabria no existen bosques primarios para favorecer intereses particulares.

¿Qué es un bosque primario?, ¿hay en Cantabria?

El bosque primario es aquel no tocado ni alterado por la acción humana. En toda Europa occidental no existe ni un solo bosque primario; los que quedan son ecuatoriales y tropicales, del sureste asiático, de Latinoamérica, y sobre todo las grandes extensiones de bosques del norte de Europa, Siberia, etcétera. Puede que ahí haya reductos de bosques primarios donde no ha entrado el hombre, pero el hombre ha entrado ya en todos los bosques del planeta, otra cosa es que no los hayan alterado. En Europa occidental, entre España y Cantabria, los bosques están muy transformados. En Cantabria lo que tenemos son bosques autóctonos de gran valor ecológico que están perfectamente cartografiados.

¿Cuánta superficie de bosques autóctonos calcula que quedan en Cantabria?

En Cantabria hay un 41% de superficie de arbolado autóctono. Además, contamos con un 16% de repoblaciones forestales y un 31% de matorral y brezal. En su momento, hicimos para el gobierno regional, está público, está a disposición de todo el mundo, una cartografía de los bosques autóctonos de Cantabria. Esos bosques autóctonos provienen de una época climática concreta, después de las glaciaciones. Originalmente, toda Cantabria era un antiguo bosque hasta los 2000 metros de altitud, pero actualmente el paisaje es un mosaico de prados de siega, matorrales, bosques, autopistas y polígonos industriales.

¿Qué caracteriza los bosques de Cantabria?, ¿qué los hace singulares?

Los bosques de Cantabria son similares a los del arco atlántico europeo; son bosques de hoja plana caducifolios. Lo que los hace singulares es su 'cortejo florístico', es decir, el sotobosque y las plantas herbáceas. Debido a que la península ibérica se libró de las últimas glaciaciones que cubrieron Europa, conserva cerca del 90% de la biodiversidad del continente. Tenemos especies raras, escasas y algunas únicas, como los brezales de Erica macayana, que son endémicos de un sector de la cordillera cantábrica y de conservación. Curiosamente, lo más valioso para la Red Natura 2000 es el matorral brezal.

El manifiesto se llama 'Nuestros bosques se defienden', ¿de qué y por qué hay que defenderlos?

Porque son una joya biológica, natural, florística y faunística de enorme valor. Quedan muy pocos en comparación con los bosques primitivos y hay que protegerlos de su transformación y de que cualquiera que decida, en dos semanas, tirar 70 robles con una pala y una motosierra para hacer tablones. Tú pones en el centro de una circunferencia en La Cavada, que es donde estuvo la fábrica de cañones, haces un círculo y ves cómo, en toda la zona oriental de Cantabria, han desaparecido los robledales. Y, sin embargo, en la zona occidental de Cantabria (Liébana, Saja, Nansa) se han conservado mejor.

¿Habría que proteger alguna especie de árbol en concreto?

Los únicos bosques de Cantabria que están incluidos en la Red Natura 2000 son los hayedos calizos situados, sobre todo, en la zona oriental de Cantabria. Pero, en Cantabria concretamente, y estaba de acuerdo la dirección general de Montes, la especie más explotada, golpeada y que hay que cuidar es el robledal. Europa no quiere proteger robledales en España, algunos de ellos, sí, claro, pero no es su mayor preocupación. Aunque a Europa no le interese -porque Europa está llena de robles, Quercus Robur, -La Cajiga de aquí-, a Cantabria sí le interesa, porque esas masas de roble están muy degradadas, tienen una gran calidad, tienen una fauna específica, tienen una flora específica, mientras que los hayedos, son más abundantes, están menos afectados. Ha sido con la madera de robles con la que se han construido todas las casas de las zonas rurales de Cantabria, de los pueblos, y las cuadras gigantescas que te puedes encontrar en el valle del Nansa. Y, luego, hay otro tipo de bosques que son las alisedas: los bosques lineales que van por las orillas de los ríos, que protegen las orillas de la erosión; esos bosques que -mientras todo el paisaje está transformado en prado-, se mantienen porque se han mantenido de siempre. Las alisedas son lo que denominan los zoólogos autopistas para la fauna: toda la fauna cruza los territorios de montaña con las zonas bajas a través de los ríos. Los bosques de Alisos son de conservación prioritaria.

¿Qué objetivos tiene el reglamento de la Unión Europea?

La Unión Europea busca que no entren maderas procedentes del sureste asiático, de la Amazonía, etcétera. Entonces llega el reglamento de la Unión Europea y el Gobierno autonómico lo aplica a Cantabria. Pero la Unión Europea está hablando de los bosques primarios que quedan en el planeta: el gobierno tiene que hacer una legislación adaptada a la situación de Cantabria.

El reglamento europeo dice también que la degradación forestal es “la conversión de bosques primarios o de regeneración natural en plantaciones forestales”, ¿qué son los bosques de regeneración natural?

Es dejar que los montes se recuperen ellos solos, porque ellos mismos, como ecosistemas vivos que son, seleccionan mejor que nosotros qué árbol se va a morir y qué árbol va a seguir viviendo, contando con los rebrotes de las semillas que caen, de los robles, por ejemplo, que están creciendo bien y se están recuperando bien. Es un concepto muy nuevo y yo estoy muy de acuerdo: es no intervenir, no quemar, no incendiar, pero no intervenir.

¿Cómo interpreta Cantabria esta directiva europea en su resolución autonómica?

El Gobierno ha tergiversado los términos del reglamento para potenciar la producción forestal. Han hecho una interpretación retorcida. Básicamente, buscan potenciar la industria maderera porque hay empresas potentes muy ligadas a los políticos. Es un tema: claro que Cantabria tiene un enorme potencial forestal de especies cultivadas forestales. Claro que la dirección general de Montes tiene, desde el año 2000, hace 26 años, una cartografía precisa de dónde se deben de realizar las repoblaciones con fines de explotación y dónde están las masas forestales que hay que proteger. Esa cartografía la tiene (la dirección general de) Montes guardada en un cajón.

En su opinión, ¿qué busca el Gobierno de Cantabria con esta resolución?

Lo que pensamos todos (los científicos) es que lo que quieren es apoyar a las empresas madereras, ya que Cantabria tiene empresas madereras potentísimas, para potenciar la producción forestal y relanzar la explotación forestal de los montes; cosa que me parece muy bien, Cantabria debería tener unas empresas que se dediquen a explotar los recursos y a plantar y a plantar árboles por muchas zonas de Cantabria. Claro que tienen que plantar árboles, pero insisto, los árboles adecuados, en el sitio adecuado. En el fondo de todo, no están pensando en la conservación, sino en la producción y en el dinero. Yo recomendaría, si alguien quiere hacer una explotación forestal en Cantabria, que empleasen el roble americano, Quercus rubra. En Ucieda, en el valle del Saja, hay una campa enorme, donde se hacen festejos y, a la izquierda, tienen una masa enorme del roble americano que no se distingue del roble autóctono de aquí. Si quieren hacer repoblaciones con especies de crecimiento rápido, el roble americano para mí es la especie. Buscan hacer lo que ellos piensan que hay que hacer, como ya hicieron con los lobos.

Hablaba de que el Gobierno autonómico busca potenciar la producción forestal ¿Cuál es el problema con esa intención?

El problema es que no se cumplen las reglas básicas de las repoblaciones. Yo lo aprendí de los ingenieros de Montes, empecé con ellos a trabajar en 1976, aprendí mucho. El problema es que aquí los ingenieros forestales de Cantabria, y lo digo así claramente, no cumplen con las tres reglas básicas que deben regir las repoblaciones forestales. Primero, nunca repoblaciones grandes superficies con la misma especie, lo que se llaman repoblaciones monoespecíficas, como plantaciones enormes de eucalipto o pino. Segundo, nunca hay que repoblar en pendientes superiores a 45 grados, pero se plantan enormes superficies monoespecíficas de eucalipto o pino, a veces en pendientes de más de 45 grados donde no se debería plantar porque al cortar se erosiona todo el suelo Y tercera norma, no se debe cortar, y esto es muy importante, toda la masa forestal al mismo tiempo. Aquí en lugar de hacer entresaca con mulas, meten la pala excavadora y destrozan laderas enteras creando pistas horribles -se lo dije yo al director general de Montes-; todo el monte cruzado de pistas que favorecen la destrucción del suelo, la erosión. Esto se ve bien bajando, a la derecha, por el puerto de El Escudo.

En la resolución, Cantabria defiende que la pérdida de masa forestal se debe a “procesos naturales” o “abandono rural” y no a una “conversión deliberada” hacia usos agrícolas o ganaderos. ¿Qué opina?

Es mentira. Históricamente, ha habido una conversión deliberada del bosque para usos ganaderos y pastoreo. Además, las “pérdidas naturales” de bosques no existen; los bosques se pierden por incendios y mala gestión, no por causas naturales espontáneas. Es un lenguaje utilizado para evitar responsabilidades. Los primeros ganadores ganaderos entraron por el sur de Cantabria, lo cuenta un estudio de un compañero, venían de abajo, del Mediterráneo y claro que talaban bosques para favorecer los pastos para el ganado. Para el ganado. En Cantabria no hay agricultura, hay ganadería. Y claro que se talaron los bosques, no solamente para los pastos, para hacerse los pueblos, para alejar a las fieras. Era cuando había lobos.

El texto del Gobierno autonómico también dice que las masas forestales cántabras deberían clasificarse como bosques secundarios o seminaturales. ¿Qué son los bosques secundarios?

He trabajado más de 40 años en esto y nunca en mi vida he leído ni escuchado el concepto de “bosque secundario” en un texto técnico. Es una terminología confusa y un error de concepto básico que se han inventado para esta resolución.

Si la industria maderera es tan potente, ¿por qué hay que apoyarla más?

Yo pienso que es muy importante el sector primario, es un pilar económico fundamental en cualquier economía, pero, en Cantabria, el sector primario está abandonado.

Insisto: ¿cuál es el contexto de esa industria?

Business is business (los negocios son los negocios).

¿Cómo ha sido la gestión forestal en Cantabria hasta ahora?

¿Sabes que tenemos más eucaliptos en Cantabria que en toda Europa? Tenemos más superficie en Cantabria que todo el resto de Europa junto. ¿Por qué? Pues porque (la dirección general de) Montes les daba todas las facilidades a los vecinos para hacerlo para que plantasen donde quisieran. Veías pequeños pueblos rodeados enteros de eucalipto. El eucalipto no solamente te degrada el suelo, te lo transforma en arena. En los años del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), -creado en 1971 y desaparecido en los noventa-, la política aquí fue plantaciones de crecimiento rápido, sobre todo el pino. La bronca que teníamos (los científicos) con plantar todo con pinos; hay sitios que desde luego que había que plantar pinos, pero primero que respetasen las especies autóctonas. Estamos en el bosque de hoja plana, caducifolia, robles, abedulares, encinares. Claro, una cosa es repoblar para proteger y otra para proteger la erosión, la fauna, la biodiversidad, todo eso. Eso es un tipo de repoblaciones, repoblaciones de conservación, y otra cosa son las repoblaciones de producción. Ahí, en las de producción, es donde hay que andar con cuidado, con la pendiente, los suelos, las especies: el modus operandi. En el sur de Cantabria, y estaban de acuerdo los de (la dirección general de Montes), lo mejor son repoblaciones mixtas de coníferas con especies autóctonas: pinos silvestres, o cualquier especie de pino, que hay muchas especies, mezclados con rebollares, quercus pirenaica, bosque autóctono del sur de Cantabria

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP) lleva el turismo estival como bandera desde que hace una década se convirtiera en regidora, tras ser concejala de turismo los trece años anteriores. Pero Igual y la Policía Local del municipio, con una plantilla de 262 agentes, llevan públicamente enfrentados desde septiembre de 2025 por acuerdos incumplidos. Como medida de presión, los agentes han hecho cero horas extra en el primer semestre de 2026, hecho que no tiene visos de cambiar en verano, cuando la presión turística es mayor en Santander.

Entre julio y agosto de 2025, un total de 199.432 personas visitaron Santander. Esos dos meses concentraron el 26% de las visitas del año en una ciudad cuyo Ayuntamiento (PP) busca aún sin éxito desestacionalizar el turismo. Si a esa cifra se le suman los más de 176.000 residentes en la capital de Cantabria, es medible entender por qué Gema Igual pidió, a mediados de junio, en la junta de seguridad entre instituciones, ayuda al delegado de gobierno, Pedro Casares (PSOE), para salvar con Policía Nacional la falta de policías locales en fechas señaladas del verano, como la Semana Grande, que se celebra del 17 al 26 de julio.

En comparecencia ante los medios, Casares le volvió a decir días después que ya se refuerza “todos los veranos” el número de agentes y que los policías nacionales no van a hacer el trabajo de la policía local (tráfico y multas). Tras esto, responsabilizó a la alcaldesa: tendría que “solucionar un conflicto con la Policía Local, que ha generado el Ayuntamiento de Santander por hacer promesas que a día de hoy no ha cumplido”. A lo que Igual contestó, como en un sainete de declaraciones cruzadas, que requería más Policía Nacional porque el Estado, dijo, “sí puede pagar” horas de más al cuerpo, mientras la Policía Local, “por voluntad propia, deja de ganar 1,2 millones de euros porque no quieren hacer horas extras”, en su mayoría de noche y fines de semana.

Tras este cruce de declaraciones el primer miércoles de julio, los sindicatos con representación en la junta de personal (APLB-USO, CC.OO, CSIF, SIEP y UGT) se reunirán para evaluar qué hacer, algo que probablemente se traducirá en plantear de nuevo una reunión a Gema Igual para negociar, avanzan fuentes policiales.

Ya en septiembre del pasado año, cuando las tensiones empezaron a ser notorias, uno de los sindicatos policiales propuso alcanzar un acuerdo para que el verano “no dependiese de la voluntariedad de los agentes”. La propuesta sindical registrada en el Ayuntamiento, según ha podido constatar elDiario.es, planteaba aprobar una productividad “que compense el esfuerzo” que realizan los agentes en época estival, porque “se cuadruplica” el trabajo por el aumento de visitantes, calculándola por horas (12,09 euros la hora) en Semana Grande (y si alguien renunciaba a sus vacaciones por trabajar esos diez días, podría cobrar 24,18 la hora, entre otras medidas). “Era una propuesta para negociar, con intención de que el Ayuntamiento rebajase esas cantidades”, argumentan fuentes policiales.

En noviembre fue la última vez que los sindicatos policiales y Gema Igual se reunieron, fecha que coincidió con el inicio del fin de sus horas extra. Según fuentes policiales, en enero de 2026, el ayuntamiento llevó la propuesta sindical de septiembre a una mesa de trabajo para que la valorarán los sindicatos, pero el mismo ayuntamiento que había hecho suya la iniciativa, la retiró.

En los diez meses que median hasta ahora, Gema Igual y los sindicatos policiales se han reunido esa única para negociar acuerdos salariales pendientes de ejecutar desde 2024: un complemento y el pago a tiempo de las horas extra. El resto de reuniones “tres o cuatro” se han mantenido con el concejal de Proteccion ciudadana y con el director de Recursos humanos. En los últimos tres meses, la presión policial ha venido acompañada con concentraciones y peticiones de dimisión de la regidora, que también es diputada del PP. Su anterior respuesta había sido advertir de que no puede subir salarios a la policía “porque a lo mejor tengo que subir impuestos”.

El 15 de mayo, sostienen fuentes policiales, un mes antes de la junta de seguridad en la que Igual pidió más policía a Casares, plantearon una reunión con la alcaldesa que no fue respondida.

En este conflicto cronificado, las cesiones se complejizan. Actualmente, advierten fuentes policiales, el Ayuntamiento adeuda a la plantilla policial -185 euros brutos por día- las horas trabajadas en Nochebuena y Nochevieja. Los 262 agentes de la Policía Local suponen una amplia mayoría entre los funcionarios del Ayuntamiento, pero el panorama ante la temporada estival pone de frente la seguridad del verano y este conflicto enquistado.

Con una recreación de una piscina de olas rodeada de palmeras, en un morado atardecer proyectándose en la pantalla y el logotipo 'Olucas surf center' pegado en los atriles, el Gobierno de Cantabria (PP) ha vendido este lunes el proyecto de piscina de olas para surf, que ya avanzó la presidenta María José Saénz de Buruaga en el debate sobre el estado de la comunidad. Pero la piscina de entrenamiento va a ser más que una piscina: ocupará unos 100.000 metros cuadrados del municipio de Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte), a siete kilómetros de Somo, “con espacios para formación, restauración, alojamiento y bienestar”, en el que la piscina artificial ocupará menos de una cuarta parte (unos 23.000 metros cuadrados) del total. Una superficie que equivale a más de diez campos de fútbol.

La comparecencia para hablar del proyecto, que ya estaba en las promesas de campaña del PP, pero solo como centro de alto rendimiento para surf, ha servido para promocionar el inicio de su tramitación del nuevo Plan Singular de Interés Regional (PSIR). La figura del fue creada hace 25 años por el PP para que el Gobierno regional pudiese ejecutar planes estratégicos para instalaciones industriales, principalmente de iniciativa pública, sin depender solo del planeamiento urbanístico municipal, bajo la justificación del interés público.

En la última modificación de la figura del PSIR, en 2022, el gobierno autonómico extendió los usos a una amplia variedad de proyectos e incluyó los proyectos privados. Con la modificación de la Ley del Suelo de Cantabria ese mismo año, que pasaba a permitir construir sobre suelo rústico, las posibilidades se multiplicaron.

La promoción del inicio de la tramitación urbanística de 'Olucas surf center' como PSIR implica la recalificación de terrenos rústicos privados, para que pasen a ser suelos urbanizables y públicos y así construir un proyecto privado. La rueda de prensa ha corrido a cargo del consejero de Urbanismo, Roberto Media, del de Turismo, Luis Martínez Abad, y el socio único de Olucas, Ignacio Martínez-Peñalver, que es el promotor privado de un proyecto que utiliza la tecnología de olas la empresa vasca Wavegarden. Porque, como bien ha subrayado en tres ocasiones el consejero de Fomento: “Es 100% privado”, y la piscina “está encabezada por personas de nuestra comunidad”, ha dicho sin concretar quiénes, más allá de Martínez-Peñalver.

“Para poder arrancar legalmente la tramitación de un PSIR, el promotor debe acreditar que ya dispone de, al menos, el 50% de los terrenos necesario”, ha avanzado Media sobre los 100.000 metros cuadrados de Villaverde de Pontones. Ha explicado que desde el jueves 25 de junio, fecha en la que la presidenta de Cantabria lanzó el proyecto en el debate sobre el estado de Cantabria, el expediente está en la Dirección General de Urbanismo y a continuación pasará al Ayuntamiento de Ribamontán al Mar y a Turismo. De ahí, Media espera que “a partir de septiembre” se inicie la comparecencia en la Comisión de Fomento del Parlamento de Cantabria y después la Consejería de Urbanismo presentará los informes ante la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), en la que el Gobierno tiene absoluta mayoría en representación.

A los detalles del macroproyecto no ha entrado, solo ha dicho que al tratarse de una recalificación de terrenos rústicos, “ya se verá en la fase de exposición pública”, que obliga el tipo de trámite del macroproyecto. Optimístamente, han calculado que la aprobación del proyecto concluirá, como máximo en año y medio, y de ahí, un tiempo singular para ejecutar un plan de “más de 40 millones de euros” que generaría “entre 60 y 100 empleos” cuando esté en funcionamiento. Es decir: por ahí de 2030, aunque lo prometió en 2023.

En lo que sí ha entrado Media ha sido al consumo de agua de la piscina, teniendo en cuenta que Cantabria tiene un alto consumo de agua, por la presión urbanística y la falta de pantanos: “Consumirá lo que consumen dos piscinas cualquiera como las que tenemos en la región” o tres hoyos de un campo de golf“. Cuestionado por cuánto es eso exactamente, no ha dado cifras técnicas de consumo y ha vuelto a las piscinas, ”unas piscinas normales, no olímpicas“, respondiendo así a las críticas negativas que ha dicho haber visto en redes sociales. ”El agua se reciclará constantemente“, ha añadido haciendo el gesto del ciclo del agua.

El “surf resort” de Edimburgo

En Europa existen piscinas similares en Bristol, Munich y Edimburgo, ha dicho el socio de Olucas, pero en España no hay ninguna piscina de olas artificial, solo hay proyectos en ejecución en Madrid y La Nucia (Alicante). Aunque Cantabria ya es una comunidad de tradición surfera con más de 250 kilómetros de litoral, alrededor de 35 kilómetros surfeables y municipios con negocios de surf como Somo, para el gobierno autonómico no es suficiente. La idea es que la comunidad sea la primera del norte en tener una piscina de olas artificial para convertirse “en el centro del principal corredor de surf del norte de España”.

En el caso de Edimburgo, que han usado como espejo porque ya está en funcionamiento y ha generado “unos 20 millones de euros” de impacto en la economía escocesa, no se trata solo de una piscina artificial de olas para la práctica del surf. En Escocia, el proyecto ubicado a unos 25 kilómetros de la capital, es un “surf resort” con piscina artificial, 52 alojamientos de lujo, restaurantes, sauna, y otros negocios vinculados al surf, según consta en la web de Wavegarden.

Sobre el sentido de una piscina de olas en una comunidad costera, los tres se han pronunciado: Media ha dicho que “tenemos una tierra privilegiada con más de 300 días al año con olas y que ahora serán 365” para practicar; Martínez-Peñalver ha dicho que “la piscina no sustituye el mar” y el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, ha insistido en la misma idea: “la piscina no va a competir contra el mar”.

Aunque hay empresas que ya trabajan con clases de surf para no profesionales y personas con diversidad funcional, Gobierno y Olucas han enfatizado que “queremos que más niños, más mujeres y más personas con discapacidad tengan la oportunidad de poder entrar en este deporte”.

Maribel Fernández reside en Reinosa con su marido, y está en Cartagena (Murcia), quince días, en casa de su sobrino, de vacaciones. Pero ni el viaje en coche ni las vacaciones han sido como las de cualquiera. Muy apegada a su sobrino, éste le había mandado fotos de las obras de su nueva casa y Maribel quiso visitarle, pero su marido tenía serias dudas. Le generaba “mucha ansiedad”. Dos médicas le convencieron para que pusiera en una balanza los riesgos del traslado frente al efecto emocional de la visita. Y es que esta mujer de 60 años, gran aficionada a la bicicleta, que llegó a publicar un libro sobre ciclismo con tres amigas, también, tiene grado tres de dependencia porque padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

“Hay mucha gente que pensará —en algunos momentos yo mismo lo he pensado—, que realmente esto no es vida, pero uno de los motivos de estar aquí en Cartagena es porque ella quería conocer la casa, es su sobrino del alma”, responde José María Cuevas, Chema, por teléfono: “Ella sí tiene ganas de vivir”, dice tras recorrer casi 800 kilómetros en coche adaptado.

La Ley ELA, a nivel nacional entró en vigor en octubre de 2024, para movilizar más ayudas económicas para enfermos y cuidadores. Luego, cada comunidad tenía que crear su ley autonómica, para articular la ley. El texto nacional de esta normativa puso sobre la mesa la opción del copago, sin cerrar el porcentaje. En un principio, el gobierno autonómico (PP) propuso un sistema de aportación sobre una que oscila entre 3.200 y 9850 euros, para aquellas personas a las que se les reconozca un grado de nueva creación (III+), que se traduce en el nivel más alto de dependencia, donde entra la ELA. Un plan que “resultaba inasumible” para muchas familias, “abocándolas a tener que renunciar a este derecho vital”, según la asociación cántabra de pacientes de ELA (CanELA).

En su penúltima versión, el texto abogaba por un copago por parte del paciente del 10% sobre la prestación. Finalmente, Cantabria, que acaba de aprobar su texto, ha eliminado el copago.

Maribel Fernández tiene ya el grado III y su marido prevé que le otorguen el III+. Para ese reconocimiento, tiene que tener una traqueotomía (o necesidad de ayuda respiratoria más de 16 horas), padecer inmovilidad y no poder comer por sí misma: “Maribel cumple los tres”, para lo que, una vez presentado el papeleo, la administración autonomica tiene tres meses de plazo para otorgarle el grado. En teoría, percibiría el máximo mensual que permite la ley para contratar cuidadores: 9.859 euros.

El texto de la Ley ELA de Cantabria no indica si la ayuda que, en su mayor reconocimiento significaría más de 118.000 euros al año, implicará pago de impuestos. De ahí que Cuevas se plantee una disyuntiva: “Si la ayuda va a ser contributiva, no sé si era mejor el 10% de copago, igual era mejor opción que al revés”. Y pone el ejemplo: “Imagínate que te gastas todo el dinero mensualmente y llega el día de hacer la declaración y no tienes fondos para para pagar”.

Fernández es una de las 52 personas que integran la asociación cántabra de pacientes de ELA, desde donde advierten -satisfechos con la ley porque incluye muchas de sus alegaciones- que “uno de los retos es el cuello de botella” que supondrá ahora encontrar a las personas cuidadoras para que las familias puedan empezar a beneficiarse “cuanto antes de estas medidas”.

José María Cuevas, el marido de Maribel, añade otro reto dentro del reto de los cuidadores: “El problema es la escasez y mas en una zona donde vivimos nosotros (Reinosa) que estás más limitado que, por ejemplo, en Santander”, señala.

Cuatro cuidadoras y varias ayudas

José María Cueva dejó de trabajar para cuidar de su pareja, desde que, en octubre de 2022, diagnosticaron a Maribel ELA vulbar. Él describe la variante como una forma más agresiva de la enfermedad, porque afecta a las neuronas motoras del tronco cerebral. Tiene una traqueotomía, respiración asistida las 24 horas, lleva una sonda, tiene que ser movilizada en silla, no puede hablar y usa un dispositivo electrónico para comunicarse.

Desde entonces, José María Cuevas, que es autónomo y está cerca de jubilarse, tiró “de ahorros”. Algo inasumible para muchas personas. En su caso, a los ahorros sumó que Maribel empezó a cobrar una pensión por invalidez que oscila entre los 400 y los 500 euros, más un plus por no llegar a un suelo mínimo de ingresos y por su situación de gran dependencia.

Después, el Gobierno de Cantabria anunció una ayuda autonómica cuya dilatación en ponerse en marcha supuso la renuncia a operarse de traqueotomía y morir de una paciente, Tina, por falta de dinero para pagar cuidadores. Tina falleció casi al tiempo que Cuevas empezó a percibir la prestación autonómica, que asciende a 25.000. El año pasado recibió “6.000 y pico” euros y a inicios de 2026, otros tantos. Recientemente, ha recibido los 12.500 euros restantes de la ayuda, para la que tiene que justificar trimestralmente los gastos realizados en cuidados, pero no hay nueva convocatoria. “Maribel tuvo que pagar unos 1.000 euros en la declaración de la renta” por esta ayuda, advierte.

Maribel hoy es cuidada por su marido, una trabajadora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y tres cuidadoras más a través de una empresa, aunque las noches la cuida solo él. Una de ellas, está ahora en Murcia con la familia. Por eso, Cuevas, dice que la ayuda es “vital” porque solo el coste de pagar tres cuidadoras profesionales (excluyendo a la del ICASS) supone un gasto de “entre 4.000 y 5.000 euros mensuales”. Cuevas calcula que, antes de que empezara a percibir la ayuda, la familia tuvo que gastar “el doble de lo recibido inicialmente”.

Cuevas, a quien le falta año y medio para jubilarse, recuerda la traqueotomía de Maribel, el tiempo de ansiedad que —como el viaje a Murcia— le supuso, porque desconocía lo que hoy sabe de la ELA, “la traqueotomía es la frontera de esta enfermedad”. Aunque no está registrado como cuidador, dice que en la práctica es su cuidador principal. Está muy agradecido a las cuatro cuidadoras que les ayudan porque “han conectado muy bien con ella”. Por eso, por esa conexión, en una de las dos fotos que José María envía desde Murcia sale con Maribel, su sobrino y su cuidadora.

Ángela Prellezo (Santander, 2001), enfermera y matrona cántabra del Servicio Cántabro de Salud, obtuvo la quinta mejor nota en la oposición de Enfermera Interna Residente (EIR), en 2024. Durante la residencia, que hizo en el hospital donde hoy trabaja, Valdecilla, en su ciudad, también hizo una rotación en “un centro de nacimientos”, en Badalona. “Era más parto sin epidural, más alternativo más matronil”. Le interesaba la rotación porque, “aunque no siempre”, matiza, las prácticas intervencionistas en los partos, con oxitocina o epidural, entre otros medicamentos o procedimientos, “pueden un poco modificar el desenlace o el transcurso de atención al parto”. Dos años después, dice que tenía claro que quería trabajar en Cantabria. En su trabajo suma hoy un factor a la hora de atender a la población: es parte del colectivo LGTBIQ+, e integrante de la Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, Intersexuales y más de Cantabria (Alega): “Entiendo ser matrona como una forma de hacer activismo por la diversidad”, dice Prellezo, que ha impartido recientemente un curso sobre la diversidad de género en la regla.

Quinta mejor nota EIR 2024, ¿entonces ya pensaba en la regla de las personas de la diversidad de género?

En mi cabeza se juntaron que soy del colectivo (LGTBIQ+) y que además me interesa esta parte del conocimiento. Me metí en enfermería porque quería hacer enfermería, no porque quisiera ser matrona, pero cuando en segundo de carrera me empezaron a hablar de la asignatura de salud de la mujer, fue como un shock pensar que podía trabajar de esto. Descubrí que, por un lado, la matrona puede trabajar en un centro de salud y que además no solo era la parte de embarazo, posparto y cosas ginecológicas, sino que también podías hacer educación afectivo sexual. Me pareció que ese trabajo lo habían creado para mí. Es casi una forma de activismo: es importante hablar de la diversidad sexual y realmente ahora y tengo un papel responsable de efectivamente llevarlo a la práctica, entiendo ser matrona como una forma de hacer activismo por la diversidad.

¿Ser matrona le permite hacer activismo?

Sí, ser matrona en general como concepto me parece un acto político; o sea está muy relacionado con el feminismo, el movimiento de las mujeres. Y quizás hace siglos teníamos simplemente un papel en el parto, y ya está, pero ahora con todas las funciones que tenemos en salud sexual y reproductiva, también se extiende a este ámbito de la diversidad.

Tradicionalmente, se ha asumido que son los profesionales sanitarios con más experiencia los que explican la salud, ¿por qué en su caso se siente capacitada para divulgar, ¿diría que influye que, además de su identidad, que su generación de profesionales sanitarios ha naturalizado la diversidad más que generaciones de profesionales anteriores?

Estoy capacitada a nivel profesional porque he hecho una formación de residencia durante 2 años y una de esas competencias que están descritas en el BOE es la salud sexual y reproductiva, no solo de las mujeres, sino también de los de los jóvenes. Además que tenemos muchas actividades relacionadas con la comunidad y esta es una de ellas porque podemos participar en los programas de educación afectivo-sexual en los coles y en los institutos (que no siempre podemos participar por imposibilidad de agendas), pero las matronas somos una figura bastante importante dentro de este programa. Sí, la experiencia es un grado y habrás tenido más oportunidad de ver y tratar casos, pero luego también hay una parte muy importante que es el interés de cada uno de nosotros y junto con la formación que hayas podido recibir. No por más años mejor, ni por más joven sabes menos o eres menos válido. Además, siento que la gente de mi generación y de las generaciones cercanas está más concienciada sobre la realidad de la diversidad, orientación e identidad de género. Sin embargo, observo que, tanto en el ámbito sanitario como en el de las ciencias sociales, las personas que investigan las necesidades y la realidad del colectivo suelen formar parte de él; el impulso inicial sigue naciendo de nosotros. Creo firmemente que tengo la obligación moral de llevar esto a la práctica e impulsar la investigación. Si no busco que existan más recursos y oportunidades, el tema se estanca debido al desinterés social actual. Quienes no pertenecen al colectivo o no tienen un entorno cercano a él, a menudo carecen de la sensibilidad para percibir estas necesidades concretas, lo que frena la investigación. Por ello, es fundamental que como miembros del colectivo impulsemos iniciativas como charlas, programas de educación afectivo-sexual e investigaciones sociales o sanitarias. Si nosotros no nos preocupamos por este tema, ¿quién lo hará?. Aunque seamos los impulsores, la responsabilidad no debería recaer únicamente sobre nosotros; la sociedad debe sumarse porque es un asunto universal que debe ser compartido. Aun así, la identidad y la orientación sexual atraviesan profundamente nuestras vivencias diarias, lo que nos convierte en los principales interesados y promotores.

¿A quiénes excluimos como sociedad cuando hablamos de la regla y por qué?

Lo que te hace tener la regla es tener un útero, pero a lo mejor has tenido un proceso de quimio, un proceso de radio o incluso luego estás en la menopausia o no tienes el peso suficiente y tampoco tienes la regla. Hay muchas cosas tanto fisiológicas como patológicas que pueden hacer que tú no tengas la regla y en esos casos no tener la regla no hace que dejes de ser una mujer. Nos han inculcado siempre que quienes tienen la regla son las mujeres, y ya está, pero no todas las mujeres que nacen mujeres realmente tienen la regla. Y mucha gente, a no ser que tenga alguien en su entorno, no piensa que las personas trans pueden tener la regla, los hombres trans que se mantienen el útero. Ya ni hablemos de personas intersex, que mucha gente ni siquiera sabe lo que significa ser una persona intersex.

Explique qué sucede con las personas intersex.

Una persona intersex es una persona cuyos cromosomas, genitales internos, o genitales externos que tiene, no concuerdan entre ellos. Por ejemplo, hay personas intersex que tienen la regla porque tienen un útero, pero hay otras que también son intersex y no tienen la regla porque no no tienen útero. Es un espectro supergrande. Algunas tienen unos genitales socialmente normativos, mientras que otras son más ambiguas y otras simplemente es tema de cromosomas. De hecho, muchos pensamos que no somos intersex -el concepto contrario es endosex, que es donde nos asumimos la mayoría de personas-, pero en una actividad de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más, la pregunta que lanzaban fue: ¿cuántos de nosotros nos hemos hecho un cariotipo?, que es la prueba que te permite saber exactamente cómo son dos cromosomas. Es decir, probablemente seas intersexual, o conozcas a alguien que lo es, y ni siquiera lo sabes. Es el 1% de la de la población: tiene la misma frecuencia que de ser pelirrojo, más o menos. Y si conoces a alguien pelirrojo, seguro que conoces a alguien intersex y no lo sabes y esa persona a lo mejor tampoco lo sabe.

"hay esfuerzos individuales de gente que se preocupa por la diversidad, pero no hay un protocolo actualizado en el Sistema Cántabro de Salud"

¿Por qué seguimos pensando, en 2026, que solo las mujeres tienen la regla?

La cuestión es más social, que sanitaria: la gran mayoría muchas a veces solo indaga en lo que le sucede a él o a ella. La sociedad está organizada en lo binario, hombre, mujer. Es decir, una persona trans se entiende mientras esa persona efectivamente transicione al género contrario. Otra cosa es si elige ser una persona no binaria, que está en un sistema de grises, o si es una persona intersex, que está totalmente rompiendo con el sistema sexogénero, rompiendo toda la estructura que se sustenta en la sociedad. Entonces es un tema complicado de abordar por todas las implicaciones. Aún hoy en día muchas veces a las personas intersex, cuando nacen se les intenta asignar un género, por mucho que, en teoría, estén prohibidas las operaciones de asignar un género por ley, a no ser que sea una circunstancia médica que realmente esté justificada, que se ponga en peligro su vida. Hay una necesidad de que esa persona tiene que encajar, las familias muchas veces tienen la necesidad de meter a ese bebé -porque realmente es un bebé recién nacido- en una caja: niño o niña. Y miran a qué espectro de los genitales se parecen más, si es un tema de genitales ambiguos, y eligen al que más se parece. Pero luego tampoco se está teniendo en cuenta que, luego, cuando esa persona crezca qué expresión y qué identidad de género va a tener.

¿Es el Sistema de Salud Cántabro inclusivo o excluyente en sus políticas respecto a la población diversa?

En el papel, en teoría, sí (es inclusivo). En el último protocolo de detección precoz de cáncer de cuello uterino, sí que se incluye explícitamente a los hombres trans, como gente que sí conserva el cuello del útero o sea tienen que formar parte del programa de detección, porque tiene un cuello del útero, al igual que una mujer cis. Luego tenemos La Cagiga, que es la unidad de planificación familiar, reproducción sexual y demás de Cantabria, que sí que tiene una matrona, para educación sexual, y una psicosexóloga que se encarga de acompañar en la transición de las personas trans. Sí que es verdad que en La Cagiga, hace años, era más potente esta parte: hacían grupos con jóvenes trans. Ahora esa labor está un poquito más limitada; ha habido problemas con la psicosexóloga. Sobre todo hay esfuerzos individuales de gente que se preocupa por la diversidad y que sí que quiere un cambio, pero realmente tampoco hay ni cursos de actualización ni tampoco hay un protocolo específico -el protocolo de acompañamiento a las personas trans en Cantabria de la Cagiga está bastante desactualizado-. Y hay estrategias de salud y cuestiones políticas que todavía están pendientes de aprobar.

Parece (fuera de la comunidad LGBTIQ+) que no tienes que tener la sensibilidad especial para pensar en que existen personas diferentes a ti

¿Por qué es importante abordar la salud de las no binarias, personas intersex y trans en relación con la regla?

Me parece fundamental porque es un tema que toca mucho su salud mental. Lo ves en los baños. Actualmente, los recipientes para desechar estos productos solo se encuentran en los baños de mujeres. Esto obliga a los chicos trans —a quienes visualmente percibes como hombres— a entrar en el baño femenino para gestionar su regla, exponiéndose a miradas de rechazo o incomprensión. Si logramos concienciar a la sociedad de que tener la regla no es algo inherente a ser mujer, ayudaríamos a normalizar la situación. Si conseguimos concienciar a la gente de que no solo las mujeres tienen la regla, de que tener la regla no es algo inherente a ser mujer, porque hay mujeres que no la tienen, lo mismo que hay hombres que la tienen, esto evitaría que estas personas vivan la menstruación como algo que deben esconder o gestionar en soledad por miedo al estigma o a la disforia.

¿Cómo influye la intersexualidad en la posibilidad de tener o no el ciclo menstrual?

Para explicar esto hay que distinguir entre el ciclo ovárico y el ciclo menstrual. El ciclo ovárico ocurre en los ovarios, que son los que producen las hormonas; gracias a esos cambios hormonales funciona el ciclo menstrual en el útero. Una persona intersex puede tener ovarios que funcionen total o parcialmente, ya que a veces el tejido es mixto, mitad ovario y mitad testículo. Si esa persona tiene ovarios funcionales y algún tipo de útero, tiene capacidad de menstruar. Pero también puede pasar que tenga ovarios funcionales, pero no útero, por lo que no habría sangrado. De hecho, investigando para la charla, leí que las mujeres trans que realizan tratamiento hormonal con estrógenos pueden llegar a experimentar síntomas premenstruales debido a esos cambios cíclicos, aunque no tengan útero ni sangrado.

En el caso de los hombres trans con cuello de útero, ¿qué experiencia dirías como profesional que tienen con el Sistema Cántabro de Salud?

La sensación general es que son personas que no han tenido una buena experiencia en el sistema sanitario. Suelen acudir casi exclusivamente por temas de la transición y porque no les queda otra opción. Tener que ir a una matrona o a un servicio de ginecología les genera mucha disforia y rechazo, porque se aborda directamente una parte de su vida que les genera malestar. Si además el trato recibido no es el esperado, dejan de utilizar el sistema. Yo intento animar a la gente de mi confianza a que vaya, porque es importante. Siento que a veces la figura de la matrona o la enfermera se percibe como más cercana, de tú a tú, en comparación con la del médico. Sin embargo, la experiencia es muy individual y depende del profesional. En mi agenda, por ejemplo, solo aparecen mujeres; si veo un nombre de hombre, entiendo que puede ser una mujer trans sin cambio registral o un hombre trans que sí ha cambiado su nombre. Yo sé que si esa persona está citada, es porque necesita atención.

¿Qué importancia tiene que los hombres trans participen en los programas de cribado de cáncer de cérvix?

El cribado ha cambiado y desde 2024 se está implantando un nuevo protocolo que debería estar totalmente establecido para 2029. Ahora, las personas entran en el programa a partir de los 30 años si están bien vacunadas contra el virus del papiloma humano (VPH); si no lo están, se hacen citologías previas a los 25 y 28 años. El proceso está informatizado: entre los 30 y 65 años, recibes un SMS de la Consejería de Sanidad invitándote a participar. Tras aceptar los criterios de exclusión, te envían un kit a casa. La recogida es un simple autocultivo vaginal con un bastoncillo que se entrega en cualquier centro de salud. Si el resultado es negativo, se repite en cinco años; si es positivo en VPH, la matrona te cita para realizar una citología y buscar posibles lesiones en las células del cuello del útero. En el protocolo actual se les considera población que recibe el mensaje, pero no hay un algoritmo específico para ellos. Desde mi punto de vista como profesional, sí sería importante difundir ese tipo de información, siempre de manera anonimizada, para animar a que la población de la diversidad participe y se cuide. Hace falta mucha campaña de concienciación porque tanto profesionales como usuarios pueden tener desinformación; hay personas en el colectivo que piensan que, si son hombres trans o mujeres que se relacionan con mujeres, no les hace falta hacerse citologías porque creen que no tienen riesgo de contraer el virus del papiloma, cuando eso no es verdad

En su experiencia, ¿cómo describiría el trato de los profesionales de la salud hacia las personas de la diversidad sexual?

Dos veces me ha pasado que había dos parejas de chicas en el área de partos: una iba a parir y la otra era su pareja. En esos casos, siempre estoy bastante pendiente porque me siento especialmente identificada. Pero, además estoy muy pendiente intentando fijarme en cómo se comporta el resto de personas con las que estoy trabajando: no he visto ningún mal gesto, ni ninguna mala palabra. No es el sistema sanitario, es la sociedad en general: sí hay muchos prejuicios, un pensamiento un poco retrógrado porque yo sí que he tenido que vivir en mi lugar de trabajo, ciertas palabras que, si perteneces al colectivo, te das cuenta de que siempre eres percibido como 'los otros'. Hay que hacer un esfuerzo extra para ser diversos y para entender a los demás, que si tú no te ves directamente implicado o afectado por esa situación, parece que no tienes que tener la sensibilidad especial para pensar en que existen personas diferentes a ti.

Han pasado dos años desde que se implantó el protocolo de cáncer de cervix, que incluye a hombres trans, y yo todos los días en consulta sigo explicando en qué consiste

¿Diría que la Consejería de Salud ha difundido el protocolo de cáncer de cuello de útero ampliamente?

Han pasado dos años desde que se ha implantado el protocolo y yo todos los días en consulta tengo que seguir explicando en qué consiste el protocolo. No solo con las mujeres que vienen a la consulta, sino que no está realmente extendido entre otros profesionales. No lo saben, no se actualizan. El protocolo está difundido de manera interna, pero no de manera pública. Hace poco hicieron una campaña con alguna marquesina, con un QR del programa, pero lo han puesto ahora, en 2026, cuando el protocolo lleva dos años. Quienes hemos difundido el protocolo hemos sido las matronas porque es porque hacemos citologías todos los días, pero a nivel poblacional sí que podría haber habido mucha más discusión. Ha faltado, yo creo, bastante difusión.

El marketing sigue estando muy dirigido a bragas menstruales que utilizan las mujeres

¿Qué alternativas de gestión del sangrado existen para estas personas de la diversidad (intersex, trans y no binarias)?

Realmente los métodos que se pueden utilizar son los mismos; cuando tú buscas 'bragas menstruales' en internet, absolutamente todas las fotos son de mujeres. Incluso en webs que he encontrado que tienen un apartado de personas no binarias y personas trans, las modelos son gente que objetivamente desde fuera podrían ser perfectamente una mujer cis. No he visto ninguna foto de un hombre que tú pudieras percibir como un hombre en ese tipo de páginas web. El tema marketing sí que tiene mucho que cambiar porque tú como persona trans a lo mejor quieres buscar y lo vas a encontrar: tipo bóxer, tipo bragas, pero que sean como más tipo pantalón, que eso sí que existe, pero el marketing sigue estando muy dirigido a bragas menstruales que utilizan las mujeres porque las mujeres tienen la regla.

Mencionabas los boxers... ¿a qué se refiere cuando habla de boxers como alternativa de gestión del sangrado?

Pues sería como el equivalente a una braga menstrual, pero como un bóxer que podría utilizar un hombre, un poquito más largo. Lo que tienen en común todos estos (que también hay tanga menstrual, bikini menstrual, bañador menstrual) es que tienen en la parte de donde va la vulva un refuerzo que es como si estuviera dentro una especie de tampón muy absorbente; o sea, realmente es como una compresa metida debajo de la ropa interior que hace que absorba un montón de sangre

En términos de protección, ¿qué son los métodos barrera?

Los métodos barreras son los únicos métodos que previenen de las infecciones de transmisión sexual. Se evita un embarazo, al igual que los métodos hormonales, pero los métodos barrera son los únicos que previenen de infecciones. Por eso es importante que, independientemente de con quien tenga relaciones, utilice su método barrera.

Muchos profesionales sanitarios a mi alrededor no sabían qué son los métodos barrera

¿Qué tipos hay?

Preservativo vaginal, el preservativo de pene, la barrera de látex, que es un cuadrante; de látex, y también sin látex para personas que son alérgicas al látex. Los dediles, que se ponen en los dedos para hacer ese tipo de prácticas. Y y luego por ejemplo como alternativas caseras, en vez de utilizar una barrera de látex, puedes utilizar un preservativo que lo cortas por ambos extremos y ya es una barrera de látex casera. Y, en vez de dediles, que sí que son bastante difíciles de encontrar, salvo por internet, puedes utilizar un guante de nitrilo, hace en la misma protección. Es verdad, lo de que es difícil de encontrar y que es en algunos casos más más caros es como una dificultad extra sistémica, una barrera, la barrera de la barrera.

¿En la sanidad pública se enseña a utilizar correctamente los métodos de de barrera y los productos como la copa desde una perspectiva práctica e inclusiva?

Aquí me parece súper importante la formación de los profesionales sanitarios. El año pasado di una charla también con Alega en la semana de la visibilidad lésbica, para hablar de métodos barrera, porque precisamente eran temas muy desconocidos: muchas no saben que tienen que utilizar algún método barrera. Me acuerdo de comentarlo después y vi a muchos profesionales a mi alrededor decir: no conozco qué es esto. Si tú, como profesional, no sabes que hay más cosas, no te lo han explicado en la facultad, ni en cursos de actualización, tampoco lo puedes recomendar.

Hace falta un trabajo previo de sensibilización en los colegios explicando por ejemplo que no solo las niñas tienen la regla

Como matrona hace formación, ¿podría poner un ejemplo de cómo la educación en el aula facilitaría la normalización de todos estos procesos?

Si se va a un colegio y se hace un trabajo previo de sensibilización y educación, explicando por ejemplo que no solo las niñas tienen la regla, los alumnos van a vivir la diversidad de manera más normalizada. Puede que tengan un niño trans en su clase al que de repente le baje la regla; si se ha hecho ese trabajo educativo, sus compañeros lo vivirán con normalidad, en lugar de ser algo que esa persona tenga que esconder o gestionar en soledad por miedo a que no se entienda.

Del primer borrador al penúltimo, el paciente con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) tenía que asumir un copago para percibir las nuevas ayudas de la adaptación cántabra de la Ley estatal, siendo de un 10% en su penúltima versión. Sin embargo, el Gobierno de Cantabria ha eliminado finalmente la participación económica del paciente en la prestación mensual de hasta 9.859 euros, planteada para personas con el grado más elevado de dependencia (III+), que también pasa a ser reconocido, previa evaluación. Además, la ayuda es compatible con otras prestaciones, según la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Hasta ahora, el documento había estado envuelto en polémica —igual que en otras comunidades autónomas—por plantear la opción de copago para estos pacientes, que en los borradores se planteaba como “participación”. En el texto publicado no figura la palabra ni un porcentaje referido.

“Esta cantidad permitirá a los afectados pagar de forma integral el servicio de sus cuidadores profesionales”, han explicado desde la asociación que representa a los 52 pacientes de ELA de Cantabria (CanELA). La orden ha sido aplaudida por la agrupación por incluir sus alegaciones.

Antes de esta normativa, Cantabria ya reconocía el grado I de dependencia a las personas diagnosticadas con esta enfermedad y también la discapacidad igual o superior al 33% a las personas diagnosticadas de ELA con la dependencia reconocida en cualquiera de sus grados.

Ahora, las personas que tengan una traqueotomía (o necesidad de ayuda respiratoria más de 16 horas), padezcan inmovilidad y no puedan comer por sí mismos serán reconocidos con el grado III+. Según las estimaciones del gobierno autonómico, entre 14 y 18 de los pacientes con ELA de Cantabria podrían beneficiarse de este nuevo grado. La Orden ISO/8/2026 establece la creación del Grado III+ de dependencia extrema. Es decir, Cantabria adapta “toda su normativa” para incorporar el nuevo grado de gran dependencia, que incluye a personas con ELA “y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible”, explican desde CanELA sobre una ley, conocida como Ley ELA, pero que abarca más enfermedades. Este reconocimiento permite a los pacientes acceder a prestaciones económicas superiores y a servicios de asistencia domiciliaria más intensivos.

El texto define que la cuantía se obtiene multiplicando el número de horas de servicio que se reconozcan a la persona por un coste de 20 euros por hora, que se traducirá en un mínimo de 3.200 euros y un máximo de 9.859 euros al mes, con atención domiciliaria que oscile entre 160 y 720 horas.

Ahora esta ayuda incorpora la compatibilidad con otras prestaciones, como el Servicio de Promoción para la Autonomía Personal (SEPAP), que se utiliza para servicios de fisioterapia y logopedia, y la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF), que es una ayuda de unos 400 euros para cuidadores familiares.

Según aclaran desde CanELA la ayuda no se suspenderá durante los ingresos hospitalarios y es compatible con el complemento de gran invalidez, “de tal manera que no se restará como sucede en otras comunidades”.

La normativa agiliza los plazos burocráticos: el plazo máximo de la administración para resolver el reconocimiento de dependencia y de asignación de prestaciones se limita ahora a un máximo de tres meses. Pasado ese tiempo, el derecho a las prestaciones se genera automáticamente, aunque no haya una resolución expresa. “Hay menos burocracia, hay plazos más rápidos, hay un modelo específico para financiar los cuidados que necesitan las personas con mayor nivel de dependencia

En CanELA valoran el consenso alcanzado tras meses de negociaciones con la consejería de Servicios Sociales y con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, pero reconocen que el reto ahora será “que se aplique con rapidez lo que ya se ha aprobado”.

Clara Salas, vecina de la calle Hermanos Calderón, ha hecho este jueves por primera vez en su vida una pregunta ante el pleno municipal del Ayuntamiento de Santander: “Mientras los fondos buitre se adueñan de nuestra ciudad y convierten la vivienda en un negocio, ¿qué va a hacer este Ayuntamiento?”. Y lo ha preguntado, en representación del centenar de inquilinos afectados por la venta de tres bloques de pisos en lote de la Fundación La Caixa a un privado, llamado Mosaic Propco, que ha dado dos opciones a través de terceros: que compren sus pisos o que se marchen cuando les venza el contrato, en muchos casos, en 2027.

La respuesta institucional de Gema Igual ha sido: “Entiendo que la solicitud, para no llevarme a engaño, es que el Ayuntamiento de Santander compre sus pisos”, a lo que Salas ha respondido que “efectivamente”, e Igual le ha respondido en 12 segundos exactos: “Muchas gracias, recibimos su solicitud, la estudiamos y les contestamos”. Pero no ha quedado ahí.

El pleno municipal de Santander de junio ha sido largo y con fallos en el sistema de microfonía en la sala y en el vídeo web que permite a la ciudadanía escuchar desde la web del ayuntamiento los plenos. Después de cinco horas y media de pleno, pero ya en el turno de ruegos y preguntas, que incluye la opción de que el público -previo registro- haga una pregunta, la alcaldesa ha decidido hacer un receso de hora y media, del que ha dicho que había informado, pero no se le ha oído -ha justificado-, por los problemas con la microfonía.

Al inicio del receso, vecinas de la calle Hermanos Calderón, sorprendidas han hablado con Igual para afearle la decisión, porque muchos no podían volver después al pleno. La alcaldesa les ha dicho que los recesos son habituales, pero el concejal de IU, Keruin Martínez, ha intervenido en la conversación informal para advertir de que, en situaciones similares, no hay recesos. Entonces el grupo, acompañado del Sindicato de la Vivienda, le ha pedido a Gema Igual un compromiso de reunión, porque la alcaldesa había condicionado días atrás la posibilidad de reunirse con ellos hasta tener un informe histórico del caso y también de recibir una respuesta del fondo privado sobre la situación de los bloques. Este jueves, fuera de micrófonos, les ha confirmado que se reunirá con los vecinos en julio, aunque no reciba respuesta del fondo Mosaic Propco. También ha invitado a que fueran en ese momento a su despacho dos representantes del grupo de inquilinos, que han aceptado. Todo, de nuevo, fuera de cámaras.

Dos horas y media después ha sido la intervención de Salas en el turno de preguntas del público. Una intervención que no ha podido verse en la portada de la web del Ayuntamiento, donde se ha emitido como cada pleno mensual, porque la señal se ha cortado justo antes de que Salas pusiera contexto al caso, durante una intervención de cinco minutos, y le preguntara “si va a obrar como otras Administraciones”.

Lo ha planteado poniendo de ejemplo a la Generalitat de Catalunya -que ha comprado unos bloques de viviendas manteniéndolas en un régimen de alquiler social, porque el suelo era municipal-, “o nos va a abandonar para que seamos despellejados por los buitres que asolan nuestras ciudades, expulsándonos de Santander. Son ustedes los que hablan del arraigo cada vez que pueden. ¿Por qué el Ayuntamiento de Santander no negocia la adquisición de estos edificios?”. La respuesta, a efectos prácticos, aún no llega.

Tres veces se ha presentado y tres veces ha sido rechazada la propuesta para implantar una tasa turística a las personas que se hospedan en establecimientos hoteleros en Santander. El grupo municipal Izquierda Unida la presentó en 2024 y luego el PSOE la lanzó en 2025 y, de nuevo, en 2026. La respuesta del Ayuntamiento del PP ha sido la misma: “Este ayuntamiento no puede aprobar una tasa turística aunque quisiera, que no es el caso”, ha defendido el Partido Popular porque, para establecer la tasa, haría falta primero una ley autonómica que permita una normativa local.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ya había anticipado recientemente su negativa con una frase memorable: “No vamos a dañar la gallina de los huevos de oro”. Una frase que ha recuperado en el pleno municipal de este jueves, de forma más contundente: “Claro que el turismo es la gallina de los huevos de oro; claro que hay que hacer que la gallina siga poniendo huevos, no ponga en contra a los vecinos de los turistas”, ha espetado Igual al portavoz municipal socialista y ponente de la propuesta, Daniel Fernández.

La propuesta socialista ha sido que el Ayuntamiento pidiera al Gobierno de Cantabria que habilitase la normativa para que los municipios “que así lo deseen” la apliquen, pero el equipo de gobierno del Ayuntamiento ha recordado al PSOE que tuvo la oportunidad de desarrollar la ley autonómica cuando cogobernó con el PRC en la anterior legislatura y no lo hizo: “¿Por qué no lo hicieron ustedes cuando gobernaban?”, le ha preguntado retóricamente la alcaldesa.

El PSOE ha respondido a Gema Igual que PSOE que “no quiere acabar con gallina huevos de oro, pero se olvida del gallinero”, en referencia a los residentes en Santander. Por eso, ha defendido que, en temporada alta, en verano, Santander “multiplica” población, con la presión que implica sobre los servicios públicos locales, aunque el Ayuntamiento aún no ha presentado el estudio de capacidad de carga que encargó por primera vez en 2026.

“El debate sobre la tasa turistica trasciende las siglas políticas”, ha dicho el portavoz socialista Daniel Fernández, tras decir mencionar varios casos de municipios que ya han implantado la tasa y otros gobiernos autonómicos que la van a implantar, dejando a criterio de los ayuntamientos su aplicación: “En ningun caso ha sido disuasoria, alli donde se aplica, permite avanzar a modelo turistico de mas calidad”, antes subrayar que una tasa “supone avanzar en responsabilidad fiscal y reducir impactos negativos en turismo intensivo.

VOX ha dicho que “es una tasa ideológica” y ha hablado de “saqueo fiscal”, antes de reclamar que las personas inmigrantes deberían de pagar primero impuestos, citando como un xenófobo ejemplo ilustrativo “seis, siete, ocho menas” que han visto este fin de semana en la playa de La Concha.

Desde el PRC han defendido, como la alcaldesa defiende desde hace años, que Santander no está saturada: “No podemos compararnos con Calve, Barcelona o Venecia, por poner un ejemplo internacional. Santander está creciendo, sí; Santander tiene picos de presión, sí, pero hoy por hoy no es un destno turístico saturado”. El PRC ha rechazado la propuesta y ha cuestionado un debate que se ha alargado toda la legislatura, con tres mociones en tres años. También ha advertido de que, primero, quiere ver los datos del estudio de capacidad de carga que permitan atajar un problema que no aprecia en el presente, para medir la presión real, el impacto de ocupacion y en costes en servicios esenciales. Y, segundo, quiere una inspección en los pisos turísticos “El debate no puede ser una simple pregunta: ¿tasa sí o tasa no? El debate debe ser: ¿qué modelo turistico queremos para santander?”.

El PRC ha coincidido con el equipo de gobierno del PP en que la tasa, solo aplicada a los que se hospedan en establecimientos hoteleros, sería injusta, porque dejaría de aplicarse en otro tipo de visitantes, como por ejemplo, las personas que se quedan en casas de familiares. De hecho, desde el PP se ha defendido que hay muchos más excursionistas (personas que no pernoctan, según su definición) que turistas (personas que pernoctan) y la alcaldesa ha cuestionado que la propuesta socialista plantea una falsa dicotomía: “No es verdad que porque vengan los turistas, paguen los santanderinos”.

El PP ha dicho que Santander “lleva décadas siendo uno de los principales destinos turísticos del norte; la diferencia es que hoy santander no es solo destino de sol y playa”. También ha dicho, sin cifras, de que “miles de santanderinos” dependen de esta actividad. Por eso, en un tono dialogante ha dicho que este debate pide prudencia: “El debate sobre sostenibilidad y financiación de municipios turísticos es legitimo pero requiere amplio consenso. Santander no necesita penalizar fiscalmente una de sus principales fortalezas”, han señalado desde el equipo de gobierno en un debate que ha vuelto al mismo punto que en su primer debate de 2024: un no rotundo a la tasa.

Pilar Terán, presidenta de la mayor cooperativa de taxis de Santander, Radiotaxi, acepta preguntas. Pero ya solo por escrito. Dispuesta a responder, dice que lo prefiere así después de “la experiencia” que ha tenido con los medios de comunicación. Se refiere a sus declaraciones en un medio nacional, tras ser recientemente condenada por la justicia, junto a otros compañeros taxistas, por agredir a un conductor de Cabify, en junio de 2023, en el aeropuerto de la capital de Cantabria. De las 18 preguntas que se le consultan ahora, la única que no contesta es sobre el incidente por el que aceptaron delitos leves de coacciones y de lesiones, que implicaron multas de hasta 960 euros y 1.450 de indemnización: “⁠No voy a contestar a esta cuestión”, zanja.

Santander tiene un borrador de reglamento para los taxis pendiente de aprobar en el que el punto principal son las licencias temporales y carece de reglamento para los llamados 'Vehículos de Transporte con Conductor' (VTC). Sin marco regulatorio, la tensión con los VTC en el transporte de pasajeros aflora. ⁠“La valoración no es todo lo positiva que al gremio del taxi le gustaría. La competencia es buena para poder mejorar, pero siempre que sea legal y en las mismas condiciones”, opina Terán, quien consultada por cómo es la relación con los VTC, dice que, aunque conviven, “el problema de estas plataformas es que no respetan las leyes, cargan en paradas de taxi y utilizan los carriles bus con total impunidad”.

En este conflicto, en Santander, de un lado, están los taxistas autónomos y las dos sociedades cooperativas del taxi. Por un lado, Radiotaxi, que es la más representativa porque aglutina a 230 taxistas, exige exclusividad -el taxista no puede tener sus propios clientes directos ni trabajar para empresas específicas de forma independiente- y funciona mediante Pide Taxi. Por otro, la minoritaria Asociación Cántabra de Pymes del Taxi (Acapyt), que funciona a través de Teletaxi, y engloba a unos 30, en el arco de la bahía de Santander.

Enfrente están los VTC -conductores autónomos para distintas compañías, como Cabify, Uber o Alsa-. “Les vemos cargar en parada, les vemos cargar a mano alzada, les vemos cargar, utilizan el carril bus, aparcan donde les da la gana... van a (la playa de ) Mataleñas, por ejemplo, y cobran 50 euros y eso pues nos va quemando el día a día”, suma Fernando Díez Calvo, de Acapyt.

Y también está un actor desconocido para la mayoría: Aurelio Crespo, socio local de Cabify que aglutina buena parte de la cuota de mercado con su marca Armonicar Digital, con más de 50 vehículos y trabajadores asalariados, que calcula tener en Santander una cuota entre el 73 y el 78% de Cabify. “El conductor de Cabify del aeropuerto no era conductor mío”, matiza Crespo, en entrevista con elDiario.es: “Es un caso aislado y defiendo a Pilar, considero que eso se sacó de contexto”, afirma sin entrar más al tema.

El mediático caso de la pelea en el aeropuerto Seve Ballesteros ha puesto sobre la mesa un conflicto entre taxistas y VTC enquistado en una ciudad que experimenta un cambio en su modelo turístico. La alcaldía busca a toda costa desestacionalizar las visitas, pero sin plan de contención. Un mayor número de visitantes que se revela con fuerza cada verano. ⁠

“El turismo de Cantabria, por suerte, está en auge. Las épocas estivales son más exigentes, pero por suerte el sector del taxi tiene trabajo todo el año”, asegura Pilar Crespo, que valora en positivo cómo Santander “cada vez atrae a más gente nacional durante todo el año”. Coincide en que hay trabajo todo el año Fernando Díez, de Acapyt, pero con reservas y críticas al auge turístico: “Más turismo no significa más trabajo, significa peor trabajo, ¿vale? Estamos viendo en verano un trabajo basura, es un turismo basura, porque no damos abasto y encima es un turismo de poca calidad”.

Cronología del conflicto

En 2014, el Parlamento de Cantabria aprobó que los VTC pudiesen operar. Para 2019, los ánimos de los taxistas de Santander ya estaban caldeados y se manifestaron para exigir, sin éxito, una inspección a los VTC, un colectivo que crecía lentamente y se regía por dos vías: funcionaba a través de aplicaciones y tenía origen y destino definido. Pero, desde 2022, el gran aumento de turistas habituados a usar VTC ha marcado un cambio drástico en los veranos.

Desde entonces, las cooperativas de taxi locales han pedido un reglamento que les permita obtener licencias temporales cuyo borrador no define el número máximo de licencias ni las características de los taxis para pedirlas. Ante esto, Pilar Terán se muestra optimista: “Se realizará un estudio a principios de año por parte del Ayuntamiento, se dará audiencia a las asociaciones con el resultado y se empezará con las bases”. Sin embargo, Fernando Díez, de Acapyt, no es tan optimista: “¿Cómo plantea el marco regulatorio? No lo plantea. Punto. No hay ningún parámetro. Esto lo deja abierto y luego lo regulamos... El reglamento general no se mete en este jaleo”, cuestiona el portavoz de Acapyt sobre un documento que aún tiene que pasar por comisión y pleno municipal.

Tanto Radio Taxi como Acapyt defienden, además, la necesidad de un decreto municipal del VTC. De hecho, ya se lo han trasladado a la alcaldesa, asegura Pilar Terán. ⁠“En las reuniones que hemos mantenido con el Ayuntamiento, sí se les planteó. Lo iban a estudiar después de finalizar el del taxi”. Por su lado, Aurelio Crespo, cuya pareja tiene dos licencias de taxi, no ve funcional un decreto municipal o autonómico: “En su momento se tenía que haber hecho un decreto estatal”, dice sobre un colectivo, los autónomos del VTC, con el que elDiario.es ha tratado de contactar sin respuesta.

“Nadie regula”

La tensión no solo procede de la forma de operar de los conductores locales de VTC. “Aquí aparecen VTC de toda España que están operando en Santander sin poder hacerlo y nadie les dice nada. Absolutamente nadie regula eso”, describe Fernando Díez, de Acapyt: “Gema (Igual) siempre va a intentar empatar, siempre va a intentar quedar bien con las VTC, siempre va a intentar quedar bien con el electorado, bien con nosotros, bien en general. Gema funciona así”, opina.

Y el conflicto entre profesionales del transporte de pasajeros también deriva del costo de las licencias: mientras para un taxi supera con creces los cien mil euros, una autorización para conducir un VTC es muy inferior, señalan fuentes del gremio.

Santander vive un auge del turismo con consecuencias directas en la vivienda y en los servicios, como la movilidad, impulsado por una alcaldesa, Gema Igual (PP), que fue concejala de turismo. Igual rechaza declarar zonas tensionadas, dar la cifra de viviendas vacías, o clarificar el número de viviendas turísticas registradas. Y de igual forma rechaza que la ciudad se sature, aunque en 2026 ha encargado por primera vez un estudio de capacidad de carga para evaluar escenarios de “potencial saturación”, del que no ha informado públicamente.

“Como que Santander (y Cantabria) parece que va a ser la Marbella del norte”, dice sonriente Crespo, el socio local de Cabify en Cantabria.“Hablan de la masificación y demás, yo creo que eso no es no no tiene mucho sentido porque hasta ahora tampoco ha habido. Días puntuales el verano pasado y demás, pero tendría que que seguir creciendo en un porcentaje muy elevado para llegar a ese extremo”, defiende este empresario defensor de la liberalización en el sector de la movilidad: “Hemos pasado de tener muy definidas las estaciones del año, sobre todo un mes y medio en verano, a ser todo mucho más lineal; hasta octubre se trabaja muy bien”.

Crespo defiende la rentabilidad de su modelo para Cantabria y dice que tiene un sueño: “Mi deseo y mi ilusión es que el sector del taxi en Cantabria se sume al VTC. Me da igual a la que sea, a Uber, a Cabify, a Volt”. Y pone de ejemplo Madrid, donde numerosos taxis funcionan también como VTC: “En Madrid quizás estemos casi a un 50% de autónomos que están operando con todas las plataformas”. Y muestra su confianza en las nuevas generaciones de taxistas: “Los chicos que están llegando de chóferes dicen: 'Es que aquí, pues hay que sumarse', porque ellos lo ven, ellos viajan”.

Para Pilar Crespo, la exclusividad es intocable: “⁠Vivimos en una ciudad en la que nos conocemos todos y ni los buenos son tan buenos, ni los malos tan malos. Desde el gremio del taxi exigimos el cumplimiento de las leyes y las normas, nada más”. Una fuente del sector del taxi asegura, sin embargo, que la exclusividad no es absoluta: “No se cumple ni el 80% de los casos, casi todos los taxistas tienen sus propios clientes privados”.

Doce años después de que entraran los VTC en Cantabria, el panorama persiste incierto y el conflicto latente. Ante la posibilidad de regular los VTC, el Ayuntamiento de Santander no ha respondido a las preguntas elDiario.es.