Edificios de alquiler asequible en Santander vendidos a un fondo: los vecinos denuncian acoso inmobiliario para expulsarlos

El 16 de octubre de 2025, InmoCaixa, inmobiliaria de la obra social de Fundación La Caixa, vendió a un fondo privado llamado Mosaic Propco tres bloques de viviendas, en Santander, en lote. Durante más de una década y hasta ese día, los 107 pisos habían sido de alquiler asequible con derecho a compra y los residentes iban renovando. Ese mismo mes, los inquilinos fueron notificados de la compraventa. La operación no afectaba solo a las viviendas de Santander, incluía bloques en Córdoba, Vicálvaro, Pinto, Vallecas, y Erandio.

La mayoría de inquilinos de los bloques de Santander contactó de inmediato a Inmocaixa, algunos estaban negociando la compra, pero la respuesta fue la misma: el dueño de sus pisos era ahora otro.

En febrero de 2026, Mosaic les contactó individualmente con Básico Living, su empresa de gestión de alquiler, para los pagos mientras los contratos estuviesen vigentes. En paralelo, en esas fechas, la empresa de desocupación Imass también les contactó. Las llamadas de presión de Imass empezaron a ser constantes: o pagaban a precio de mercado (alrededor de 250.000 euros) y se hacían propietarios o aceptaban una irrisoria indemnización y se iban. En abril de 2026, ya organizados como plataforma de afectados, decidieron visibilizar el primer caso masivo de afectados por futuros desahucios en Santander. La mayoría de vecinos no quería irse.

Hay que retrotraerse quince años para entender cómo se pasó de impulsar la vivienda con interés social a una presión inmobiliaria sin precedentes de fondos buitre por toda España. En la capital de Cantabria, la construcción de tres bloques de pisos en la calle Hermanos Calderón fue anunciada en 2011 por el Ayuntamiento de Santander (PP) en compañía de directivos de La Caixa. Sería un proyecto, en suelo privado, de viviendas de alquiler asequible en una zona residencial de nueva construcción, a las afueras de la ciudad, que hoy forma parte de la zona de expansión de la capital.

Dos años después, en 2013, los dos primeros bloques fueron terminados y los inquilinos, previo pago pagar del mes de alquiler, el mes de fianza y un depósito de 1500 euros, entraron a vivir en las 70 viviendas. Dos años después, en 2015, el mismo alcalde del PP, Íñigo de la Serna, anunció también con directivos de Caixabank, que las 37 viviendas restantes estaban listas. En total, 107 viviendas de alquiler asequible sorteadas entre solicitantes empadronados en Santander, a propuesta del Ayuntamiento.

El alcalde afirmó entonces que el Ayuntamiento de Santander era la institución que “más” estaba trabajando por la vivienda social. Y el entonces director territorial de Caixabank dijo que el acceso a una vivienda digna era “la apuesta” del banco desde 2005, “en plena bonanza económica, un momento en el que los jóvenes y las personas mayores eran los colectivos con mayores dificultades en el acceso a una vivienda”.

Un año después, de La Serna se convirtió en ministro de Obras Públicas y la entonces concejala de Festejos, Gema Igual, pasó a ser alcaldesa. De ahí en adelante, mientras la lucha contra los desahucios copaba las calles de España, los inquilinos de Hermanos Calderón que pudieron comprar su piso, lo hicieron –hay casos de venta por 135.000 euros– y la mayoría siguió viviendo en alquiler a precio módico. Ese era el acuerdo hasta que a finales de 2025 estalló todo por los aires.

En Santander, fue el Partido Socialista el que hizo público en abril de 2026 el caso de la venta de los tres bloques a un fondo privado. Presentó una moción en el pleno sobre la situación de las 107 viviendas y condenó la actitud del Ayuntamiento: “Hemos pasado de un proyecto de alquiler asequible a una operación especulativa en manos de fondos”, dijo su portavoz Daniel Fernández.

Mientras, la plataforma de afectados se alió con el recién creado Sindicato de la Vivienda de Cantabria y empezó a reunirse con partidos de la oposición. Izquierda Unida denunció que estaban siendo sometidos a presiones. La plataforma fue estableciendo lazos con los inquilinos del resto de ciudades donde Fundación La Caixa había construido vivienda asequible. En junio salieron a protestar por la capital de Cantabria y exigieron a la alcaldesa Gema Igual que valorase comprar los pisos o, al menos, mediase por ellos, aprovechando un tenso turno de ruegos y preguntas de un pleno municipal. “Mientras los fondos buitre se adueñan de nuestra ciudad y convierten la vivienda en un negocio, ¿qué va a hacer este Ayuntamiento?”, le preguntó Clara Salas, uno de los rostros visibles del colectivo. La regidora les dijo que revisaría el caso.

El silencio fue absoluto durante dos meses hasta que, a finales de agosto, Igual accedió a reunirse con un pequeño grupo de la plataforma. No les prometió nada, el encuentro no fue publicitado, pero les avanzó que no compraría las viviendas que, como les recordó, están en suelo privado.

En este tiempo, las llamadas de la empresa de desocupación Imass para presionar a los inquilinos a comprar o marcharse se han mantenido, la empresa propietaria les ha privado de las bonificaciones de agua y alcantarillado y el primer contrato de una familia inquilina vence ya en noviembre. El resto de contratos de alquiler irá terminando entre 2027 y 2028.

El mediático caso de Maricarmen, la vecina octogenaria del barrio de Retiro, en Madrid, les ha llevado de nuevo a protestar a las calles de Santander el pasado viernes. Este martes, junto con afectados por Mosaic Propco de Vallecas, Pinto y Vicálvaro, los vecinos de Hermanos Calderón están en el Congreso de los Diputados, para hablar con partidos políticos, para buscar “una solución para toda España”. Su penúltimo gesto ha sido invitar a la ciudadanía a mandar una carta a la alcaldesa para que reconsidere la compra de sus pisos, la respuesta de Gema Igual ha sido que la compra, a su juicio, sería “ilegal”.