Amparo, la Maricarmen de Santander: la mujer de 86 años que murió en el hospital cuando derribaban su casa

Hace más de una década, en Santander, el urbanismo también tuvo un nombre propio: Amparo. La mujer de 86 años que se convirtió en un símbolo de resistencia y dignidad cuando plantó cara al Ayuntamiento, que se empeñó en construir un vial por encima de su casa, en una zona sin urbanizar en la Vaguada de Las Llamas. Había terreno de sobra, pero se empecinaron en no modificar el trazado.

Amparo sufrió un desahucio administrativo, una expropiación que se llevaba por delante la casa que construyó junto a su marido, que murió en 1996. Ambos la habían construido con sus propias manos, cargando los sacos de cemento y batiendo cal, recordaba.

Ella se negó a marcharse. Pero, después de una larga resistencia, el alcalde de entonces, Íñigo de la Serna, que llegaría a ser ministro de Fomento con Mariano Rajoy, ordenó su derribo mientras ella agonizaba en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital. Un escalofrío recorrió Santander. Fue una imagen tan descarnada del urbanismo contra las personas que la ciudad nunca ha olvidado a Amparo.

Durante un tiempo, aquellos que habían tirado su casa ni siquiera se atrevieron a ponerle nombre al vial que construyeron sobre las cenizas de su hogar. Hoy, nadie utilizar el nombre que le pusieron. Es solo una etiqueta administrativa. Los vecinos saben que es el vial de Amparo y todavía, en cada aniversario de su muerte, hay quien va a depositar flores allí.

El Ayuntamiento de Santander le ofreció a Amparo 79.000 euros por su casa: 90 metros cuadrados y un terreno de 374 metros en una de las zonas de expansión de la ciudad. Una cantidad ya entonces insuficiente para comprar otra vivienda, según denunciaba la familia. Amparo cobraba una pensión de 634 euros.

Extrañamente, los terrenos sobre los que se encontraba la vivienda de Amparo habían pasado de urbanos a rústicos en el plan de urbanismo municipal. Eso influyó negativamente en el valor fijado por el Jurado de Expropiación. Curiosamente, a la hora de pagar el Impuesto de Bienes e Inmuebles, su propiedad tenía una tasación más alta –104.000 euros– de la Agencia Tributaria del Gobierno de Cantabria.

Tras las reiteradas negativas de Amparo a dejar su casa, el Ayuntamiento planteó que pagase 10.000 euros por un apartamento de 40 metros cuadrados de titularidad municipal. Un piso situado en Peñacastillo, al otro extremo de la ciudad.

La resistencia de la anciana fue épica. Para tratar de forzar un cambio de posición, se activaron una serie de presiones e intimidaciones. El Ayuntamiento de Santander cortó el acceso a su casa, acorralada con las obras que empezaron antes de conseguir un acuerdo con Amparo. Su nieto denunció una campaña de “acoso constante”. “En verano fue el polvo y ahora es el barro. Todo con un ruido tremendo, temblores de las ventanas... Es una situación de acoso”, lamentaba.

Este capítulo negro en la historia del urbanismo en Santander despertó una ola de solidaridad con Amparo. Marcos, su nieto, se convirtió en el portavoz de la familia y las organizaciones –entre ellas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander– prepararon acampadas en su casa para protegerla. 'Amparo se queda', 'Amparo no está sola', fueron algunos lemas de esa protesta.

“Han pasado cosas buenas en estos meses de aguante”, decía en una entrevista con elDiario.es en febrero de 2015. “Hay unos chicos jóvenes que yo en otra época quizá habría mirado mal. Y, fíjese usted, vienen a acompañarme en las noches, me ayudan, y no quieren salir en ninguna foto ni sacar partido de nada”.

La mujer tenía un estado de salud “muy frágil”. Un informe médico llegó a alertar del peligro que podía suponer un desalojo acompañado de la tensión a la que había sido sometida tras meses de litigio con el Consistorio. La diabetes, la hipertensión arterial, el bocio que comprime la tráquea, la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia respiratoria...

El último intento de frenar la expropiación fue su estado de salud. La familia apeló a la humanidad del alcalde, pero Íñigo de la Serna y el concejal de Urbanismo se negaban incluso a recibirla. Tuvieron que hacerlo a regañadientes, cuando el conflicto había movilizado ya una ola de solidaridad épica y alcanzado una notoriedad social que comenzaba a avergonzarles.

48 horas antes de la expropiación, el Ayuntamiento aceptó reunirse con Amparo. No hubo ningún acuerdo: el alcalde se mantuvo inflexible con la fecha del desalojo. Al salir de la reunión, Amparo, muy delicada de salud y con evidentes muestras de fatiga –apenas podía andar–, trató de atender a los medios de comunicación. “Es que me ahogo, hijo, y estoy muy nerviosa”, confesaba a elDiario.es Cantabria.

Después del encuentro con el alcalde de Santander, Amparo ingresó en el hospital. El día que vencía el plazo para su desalojo de la casa donde había vivido sesenta años, sufrió una parada cardiorrespiratoria. Mientras agonizaba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, el Ayuntamiento derribó su casa. Ante la perplejidad de la familia, que permanecía junto a Amparo.

“Yo creo que tienen casas cerca donde yo pueda vivir, con un poquito de tierra para mis flores, no puede ser tan difícil…. Pero no quieren… No quieren solucionarlo”, decía Amparo unos días antes de morir. “Antes de construir calles, que construyan casas”.