El 'culebrón' de Vuelta Ostrera o cómo una depuradora ilegal sigue en pie casi 20 años después: “Trampean la ley”

Cuando la depuradora de Vuelta Ostrera fue declarada ilegal, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) apenas llevaba un año al frente del Gobierno de España en su primera legislatura. Desde entonces y hasta ahora han pasado muchas cosas en nuestro país y se han sucedido los dos mandatos del citado expresidente socialista, la legislatura y media -hasta la moción de censura- de Mariano Rajoy (PP) y los cuatro años que lleva Pedro Sánchez (PSOE) al frente del Ejecutivo central, moción de censura y elecciones mediante.

No obstante, en lo que respecta a la situación de esta Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), ubicada en el municipio cántabro de Suances, poco ha cambiado desde que en el año 2005 el Tribunal Supremo ordenara su demolición por haberse erigido en una parcela de dominio público marítimo-terrestre. La instalación sigue en pie, a pleno rendimiento, mientras las distintas administraciones tratan sin éxito desde hace casi dos décadas de dar con un lugar idóneo para levantar una nueva.

Y es que tras la sentencia, se tomó la decisión de esperar al derribo a construir otra Vuelta Ostrera en un emplazamiento que todavía hoy está por decidir. La ubicación actual afecta a cuatro localidades: Suances, Barreda, Polanco y Miengo. Y las diferentes alternativas que se han ido planteando estos años para la nueva ubicación, que llegaron a ser 14, no convencen y generan controversia tanto entre las propias administraciones locales y gobiernos que se han ido sucediendo, como en el colectivo ecologista cuya demanda motivó la sentencia de derribo.

El Alto Tribunal estimó el recurso de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2001 que declaró zona de reserva una parcela de terreno de dominio público marítimo-terrestre de 87.450 metros cuadrados para ser ocupada por esta EDAR. El Supremo consideró que dicho acuerdo incumplió la Ley de Costas, en cuanto a que la norma establecía que únicamente se podría permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación.

Inversión de 24 millones

Vuelta Ostrera supuso una inversión de 24 millones de euros y fue construida con el objetivo de sanear las cuencas de los ríos Besaya y Saja. A esa cantidad hay que sumar la ristra de informes, adendas y estudios llevados a cabo por la Administración para dar con una nueva localización que no convence a ecologistas y partes implicadas, y que han supuesto durante este tiempo un importante coste económico para las arcas públicas.

Tanto es así que en 2016 el Ministerio de Medio Ambiente, con Isabel García Tejerina (PP) al frente, licitó por casi 700.000 euros la redacción de un proyecto para construir una nueva depuradora a tan solo 300 metros de la que debe ser derribada, alternativa que en su momento no contó con el visto bueno del Gobierno cántabro ni de la asociación ecologista, y que ahora vuelve a estar encima de la mesa como una de las tres opciones preferidas por el departamento que dirige la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (PSOE).

Han pasado 18 años desde la sentencia del Supremo y el derribo no se ha ejecutado porque en 2006 los gobiernos central y regional y el colectivo ARCA alcanzaron un acuerdo, avalado por el Alto Tribunal, de que se demolería la depuradora cuando se iniciasen los trámites para construir la nueva, cuyo coste superará los 100 millones. El plazo, de más de un lustro, expiró, y el Supremo concedió una prórroga similar contra la voluntad de los ecologistas, quienes reclamaron sin éxito la demolición inmediata.

“Estrategia de dilación”

Desde entonces todo sigue igual. “No hay voluntad de cumplir la sentencia”, lamentan desde ARCA en declaraciones a elDiario.es. Este colectivo defiende que accedió a no ejecutar la sentencia antes de contar con otra depuradora que haga su función para “no generar un daño ecológico enorme”, pero lamenta que tras tantos años “la parte política no cumple” con su cometido. “Están trampeando la ley”, denuncian, poniendo el foco en “la estrategia de dilación” llevada a cabo por los distintos partidos que conforman los gobiernos central y regional, así como los ayuntamientos implicados.

En este sentido, desde ARCA señalan los constantes “bulos” y la continua “rumorología” en torno a la localización de la nueva depuradora durante los últimos años. “Forma parte de esa estrategia de dilación”, inciden. “Y se podría dar el caso de que termine la vida útil de la actual depuradora sin que se haya ejecutado la sentencia de derribo”, concluyen.

Este medio se ha puesto en contacto con el Ministerio de Transición Ecológica para recabar información sobre el estado actual de las alternativas y los plazos que maneja y no ha obtenido respuesta.