Puerto Rico, Hong Kong, Ecuador, Haití, Líbano, Irak y ahora, Chile. En todo el mundo, la gente se está alzando contra las políticas de austeridad y la corrupción, desafiando a las fuerzas policiales enviadas para reprimir las protestas. Muchos de estos movimientos de masas comparten una crítica feroz hacia el capitalismo.

En Santiago de Chile, más de un millón de personas inundaron las calles hace dos fines de semana y las protestas masivas continúan. Allí, la brutal dictadura de Pinochet que tuvo lugar entre 1973 y 1990, durante la cual miles de activistas y líderes progresistas fueron torturados, desaparecidos y asesinados, fue seguida por décadas de políticas neoliberales, con privatizaciones desenfrenadas, acoso a sindicatos, salarios estancados y un incremento en los costes de la educación, la salud, el transporte y otros servicios. Chile, uno de los países más ricos de Sudamérica, también es uno de los que tiene mayor desigualdad. Al menos 20 personas han sido asesinadas durante las protestas, lo que ha enfurecido y ha alentado aún más a la población.

Estas protestas globales se producen en un momento en que el mundo atraviesa un punto de inflexión en su historia, con tan solo un plazo de 10 años para que la humanidad pase de una economía apoyada en los combustibles fósiles a una impulsada por energías renovables. El miércoles pasado, el multimillonario y asediado presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció abruptamente que su Gobierno había decidido cancelar la celebración de dos grandes cumbres internacionales: el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (conocido como APEC) a mediados de noviembre y la cumbre sobre cambio climático de Naciones Unidas, la 25ª “Conferencia de las Partes”, o COP25, en las primeras dos semanas de diciembre.

“Los ciudadanos han expresado de manera contundente sus legítimas demandas sociales que requieren toda la atención y el esfuerzo del gobierno”, dijo la presidenta designada de la COP25, la ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt. 

La cancelación de la COP25 por parte de Chile podría ser un golpe para la acción global contra el cambio climático. Pero los activistas en defensa del clima deberían unir fuerzas: este renovado espíritu de rebelión en todo el mundo implica un rechazo del statu quo y puede acabar acelerando la movilización de base para evitar un cambio climático irreversible y catastrófico.

No mucho después del anuncio de Chile sobre la COP25, la Red de Acción por el Clima expresó en un comunicado: “La injusticia social y la crisis climática tienen una raíz común. La justicia climática y la solidaridad tienen que ver fundamentalmente con la protección de los derechos humanos y una mejor calidad de vida para todos”.

La crisis climática nos afecta a todos; en primer lugar, y con más fuerza, a los pobres del mundo. El multitudinario levantamiento en Puerto Rico que condujo a la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló fue la culminación de décadas de frustración con el estatus colonial de Puerto Rico y la contemporánea explotación por parte de los fondos buitres de Wall Street. Pero el descontento se vio alimentado por la impactante devastación causada por los huracanes Irma y María hace dos años, que tuvieron lugar uno tras otro.

Pocos días después de la renuncia de Rosselló, Manuel Natal, miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, manifestó en una entrevista para Democracy Now! que “las políticas de austeridad implementadas no solo por la Junta de Supervisión Fiscal, sino también por el actual Gobierno de Roselló y el pasado Gobierno de García Padilla, han dejado al pueblo de Puerto Rico en una situación de vulnerabilidad. La desigualdad social ha aumentado a niveles que nunca se habían visto aquí en Puerto Rico”. Natal prosiguió: “Necesitamos más democracia, no menos democracia. Estamos al borde de una revolución política aquí en Puerto Rico”. El derrocamiento de Rosselló constituye la primera vez en la historia de Estados Unidos que un gobernador se vio forzado a renunciar a su cargo a causa de una protesta popular.

Los pueblos indígenas también están liderando el camino, a menudo en la primera línea de lucha, confrontando al modelo de extracción de recursos con una resistencia pacífica y disciplinada. En Colombia, cientos de líderes sociales indígenas y campesinos han sido asesinados en los últimos años simplemente por defender la justicia y la protección del medio ambiente.

El acuerdo climático de París señala específicamente la importancia de la justicia climática y se compromete a trabajar “en el contexto del desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza”. Uno de los conflictos duraderos que ha obstaculizado las negociaciones internacionales sobre el clima ha sido la negativa de las naciones ricas, principalmente Estados Unidos, para aceptar la simple premisa de que “los contaminadores deben pagar”. Estados Unidos es la nación más rica de la historia, en parte, porque al utilizar energía barata y sucia ha dejado una estela de contaminación en su camino hacia la cima: centrales eléctricas de carbón, locomotoras diésel y ahora, el gas de extracción por el método de 'fracking' hidráulico, mal llamado “de combustión limpia”.

Se suponía que el Fondo Verde para el Clima iba a recaudar miles de millones de dólares para financiar proyectos de energía renovable en los países más pobres. La semana pasada, la conferencia de donantes del fondo no alcanzó su objetivo, principalmente porque el Gobierno de Trump incumplió el compromiso de Estados Unidos de aportar 2.000 millones de dólares al fondo. Australia y Rusia siguieron el ejemplo y se negaron a contribuir.

Un nuevo estudio de Climate Central, una organización científica y periodística, indica que las inundaciones costeras inducidas por el cambio climático probablemente serán mucho peores de lo previsto, lo que obligará a entre 200 y 600 millones de personas, ricas y pobres, a abandonar sus hogares antes de que acabe el siglo. Ahora mismo hay numerosos incendios forestales provocados por el cambio climático en California, donde cientos de miles de personas tuvieron que ser evacuadas de sus hogares y al menos un millón de personas permanecen sin electricidad.

Al igual que los incendios forestales, los levantamientos populares contra los líderes corruptos autocráticos, las políticas de austeridad y la desigualdad también se están extendiendo e intensificando. Los pueblos están inundando las calles a lo largo y ancho del mundo, vinculando los movimientos contra la desigualdad con la lucha por un mundo justo y sostenible, alimentado por energías renovables.

Traducido por Inés Coira.

Las estocadas diarias del presidente Donald Trump a la prensa y medios de comunicación son censurables y despreciables. Trump nunca pierde la oportunidad de atacar a periodistas en las ruedas de prensa, en las “ruedas exprés” que brinda en los jardines de la Casa Blanca bajo el rugido de las hélices del helicóptero presidencial y, especialmente, en sus actos de campaña.

La semana pasada, en una convención de tres días para partidarios de Trump celebrada en su resort de golf National Doral, en Miami –donde por cierto Trump pretendía organizar el encuentro del G7 del próximo año con el consecuente beneficio económico personal–, se mostró un vídeo en el que se representa a Trump entrando en una “iglesia de noticias falsas” y matando feligreses cuyas cabezas fueron reemplazadas por logotipos de medios de comunicación o rostros de opositores políticos.

Las informaciones acerca del violento vídeo desataron una ola de indignación, pero ya se ha acabado el tiempo de sorprenderse por la demonización de la prensa que hace Trump. Hace mucho que viene alimentando el odio y alentando la violencia y debe rendir cuentas por ello.

Según el Índice de Libertad de Prensa de Estados Unidos, los periodistas se han enfrentado a más de cien incidentes de violaciones a la libertad de prensa en lo que va de año, tales como arrestos arbitrarios mientras cubrían protestas y la denegación del acceso a centros de detención de inmigrantes o audiencias públicas importantes. Afortunadamente, este año no ha habido muertes de periodistas radicados en Estados Unidos, algo que sí se ha producido en otros países.

El 6 de octubre pasado, poco después de haber mantenido una conversación telefónica con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, Trump hizo un sorprendente anuncio en el que ordenaba a las tropas estadounidenses retirarse del norte de Siria, región controlada por los kurdos. Poco después, Turquía invadió esos territorios. El miércoles pasado, en una conferencia de prensa, Trump se jactó de que ningún soldado estadounidense había resultado herido y opinó que la situación estaba “bien”. “Todo en orden. Nadie fue herido. No hay nadie desaparecido. Está todo muy bien”, dijo.

No obstante, unos días antes, un ataque aéreo turco contra una caravana civil en el norte de Siria mató a 15 personas, entre ellas dos periodistas sirios de origen kurdo, Mohammed Hussein Rasho y Saad Ahmed.

Hace unos días se cumplió el primer aniversario del brutal asesinato del periodista Jamal Khashoggi dentro del consulado de Arabia Saudí en Estambul, presuntamente asesinado por orden del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmán. Khashoggi escribía artículos críticos sobre el dictador saudí y fue convocado al consulado para obtener documentos para su boda. Allí, aparentemente, fue torturado, asfixiado hasta la muerte y luego descuartizado por un equipo de una decena de agentes de inteligencia saudíes.

La CIA rastreó las órdenes y llegó hasta Bin Salmán. A pesar de ello, Trump sigue respaldando al príncipe heredero e incluso llegó a vetar las declaraciones de condena del Congreso estadounidense en torno al asesinato de Khashoggi y las restricciones a la venta de armas a Arabia Saudí, lo que también habilita el bombardeo continuo a Yemen por parte del reino.

El periodismo, incluso fuera de las zonas de guerra, sigue siendo una profesión peligrosa. La semana pasada se cumplió el segundo aniversario del asesinato en Malta de la periodista independiente Daphne Caruana Galizia. Galizia venía informando de manera persistente sobre la corrupción en los niveles más altos del Gobierno maltés. Como escribió el Comité para la Protección de los Periodistas en el aniversario de su muerte, el 16 de octubre, “actualmente tres hombres están detenidos en relación con el asesinato. Sin embargo, los responsables, incluidos los autores intelectuales, aún no han sido llevados ante la justicia”.

Un consorcio de organizaciones de prensa ha adoptado un novedoso enfoque para garantizar la continuidad del trabajo de compañeros asesinados o silenciados. Forbidden Stories (Historias Prohibidas) es una red de periodistas que se han comprometido a seguir las investigaciones de sus compañeros. Su página web reza: “Aunque logres detener a un mensajero, decenas más ocuparán su lugar y entregarán el mensaje”. Forbidden Stories coordina el Proyecto Daphne, con 45 periodistas que continúan el trabajo de Galizia e investigan su asesinato, con resultados importantes y continuos.

“Green Blood” (Sangre verde) es el proyecto de Forbidden Stories sobre periodistas ambientales asesinados y censurados. Con profundidad y rigor, informaciones sin desperdicio rinden homenaje a estos periodistas y ofrecen un modelo de cómo los periodistas pueden mantenerse unidos ante amenazas graves.

Las primeras informaciones de este proyecto cubrieron tres casos donde se recurrió a la violencia y la intimidación para silenciar la libertad de prensa: el asesinato del periodista indio Jagendra Singh por su trabajo sobre el crimen organizado, relacionado con las poderosas “mafias de la arena” de la India que extraen y venden arena de forma ilegal; la obstrucción de las investigaciones sobre la gran mina de oro altamente contaminante de North Mara en Tanzania; y la resistencia indígena contra una mina de níquel en Guatemala. Allí, el periodista Carlos Choc se ha enfrentado a cargos penales durante más de dos años a raíz de sus informaciones; finalmente tuvo que huir a El Salvador para evitar el arresto. Mientras la investigación judicial se prolonga indefinidamente, Choc tiene prohibido continuar con su cobertura periodística.

La libertad de prensa es vital para una sociedad democrática. Es por eso que está consagrada en la Constitución de Estados Unidos. Con sus constantes agresiones, el presidente Trump fomenta la violencia contra los periodistas. El rechazo y la condena a su actitud y sus palabras deben ser enérgicos, bipartidistas e implacables.

Traducido por Inés Coira.

“Tengo mucho respeto por los denunciantes… pero solo cuando son reales”, afirmó Trump poco después de que un oficial de inteligencia denunciase su comportamiento respecto a Ucrania. No queda claro qué quiso decir con “reales” el primer presidente de Estados Unidos que proviene del mundo de los realities. Lo que está claro es que la investigación para avanzar con el impeachment ha provocado una gran irritación en el presidente. Dicha investigación se basa en gran medida en la acusación de un solo denunciante o whistleblower.

Este reveló, a través de vías legales, detalles de las acciones de Trump para presionar al nuevo presidente electo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a que investigara a uno de los candidatos presidenciales rivales que tendrá Trump en 2020, el exvicepresidente Joe Biden, y su hijo, Hunter Biden. Que la acción de un solo whistleblower pueda desencadenar la posible destitución de Trump nos recuerda lo importante que es esta figura para el funcionamiento de la democracia. También nos lleva a reconocer que, a lo largo de los años, varios de ellos han sido denigrados, perseguidos y enjuiciados por sus valientes actos.

Preet Bharara, exfiscal del Distrito Sur de Nueva York, preguntó en un tuit: “¿Cómo es que ha habido solo un denunciante?”. Edward Snowden, uno de los whistleblowers más famosos del mundo, respondió: “Vaya, por qué será”. Snowden vive en el exilio en Moscú, Rusia, desde 2013, tras entregar a la prensa millones de páginas de documentos que había sacado de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, donde había trabajado en los programas de vigilancia más protegidos de la nación.

La sarcástica réplica de Snowden a Bharara se basa en sus propias vivencias, que han sido bastante duras. Snowden fue testigo de lo que él pensaba que era una amplia red de actividades de vigilancia ilegal e inconstitucional que se realizaban en la Agencia de Seguridad Nacional. Dejó su hogar en Hawái con un conjunto de expedientes electrónicos ultrasecretos y voló a Hong Kong, donde se reunió con los periodistas Glenn Greenwald, Laura Poitras y Ewen MacAskill.

Durante varios días, en una habitación de hotel, Snowden mostró al trío de periodistas un sinfín de programas de espionaje que consideraba ilegales, incluida la recolección de todos los registros de llamadas de teléfonos móviles en Estados Unidos, la posible recopilación de la actividad de navegación en Internet de todo el planeta y el espionaje sobre las llamadas telefónicas de los líderes mundiales, solo para empezar.

Días después del lanzamiento de Vigilancia permanente, su autobiografía, Snowden dijo en una entrevista para Democracy Now!: “La pregunta que tenemos que hacernos es '¿por qué?'. ¿No necesitamos, como población, entender lo que está haciendo el Gobierno… a puertas cerradas?”. La autobiografía de Snowden detalla su trayectoria como un joven experto en informática que se unió al Ejército por los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y más adelante, tras un accidente, pasó a trabajar en el servicio de inteligencia.

Snowden se alarmaba cada vez más por el amplio estado de vigilancia que estaba ayudando a construir, pero sabía que no terminaría bien si seguía los canales formales para plantear sus inquietudes. En la entrevista mantenida desde Moscú con Democracy Now! afirmó: “Los denunciantes de la Agencia de Seguridad Nacional que pasaron por ese proceso terminaron con sus vidas destruidas. Perdieron sus carreras, perdieron sus hogares, en algunos casos perdieron a sus familias, debido al estrés, las represalias y las consecuencias que enfrentan”.

La lista de denunciantes que han sufrido consecuencias por su acto de denuncia se hace cada vez más larga. Podemos nombrar, entre otros, a los denunciantes de la Agencia de Seguridad Nacional Thomas Drake, Bill Binney y a la contratista Reality Winner, a Jeffrey Sterling de la CIA y a la whistleblower del ejército de los Estados Unidos, Chelsea Manning. Algunos utilizaron las vías oficiales; otros fueron directamente a la prensa. Sus revelaciones fueron un servicio a la población y, a cambio, recibieron represalias por parte de los suspicaces fiscales del Gobierno.

“Algunos de ellos perdieron su libertad. Chelsea Manning está encarcelada ahora mismo. Hemos vivido mucho maltrato hacia los denunciantes”, sostiene Snowden desde su exilio en Moscú.

Los abogados del denunciante que desencadenó la investigación para el juicio político a Trump han escrito que su cliente actualmente se encuentra bajo protección federal y que temen por su seguridad personal. Edward Snowden entiende la preocupación de este whistleblower: “El Gobierno me convirtió en el enemigo público número uno. Era el hombre más buscado del mundo”.

Finalmente, Ed Snowden optó por acudir directamente a la prensa en lugar de arriesgarse a utilizar los canales oficiales, que a menudo resultan fallidos para el denunciante. Está dispuesto a regresar a Estados Unidos para enfrentar un juicio, siempre que sea justo y abierto al público, pero no si va a ser juzgado en secreto, sin tener la posibilidad de presentar las razones que lo llevaron a hacer su denuncia. “No creo que participar en ese tipo de sistema promueva los intereses de la justicia; más bien, creo que perpetúa un sistema de injusticia”, sentencia.

Traducido por Inés Coira

En Estados Unidos, cada vez más Estados y ciudades celebran el “Día de los Pueblos Indígenas” en lugar del “Día de Cristóbal Colón”, a medida que se desbarata el mito que retrata a Colón como un descubridor benévolo y se reconoce más el rol fundamental de los pueblos indígenas en la protección del planeta. Con frecuencia, los defensores indígenas de la Madre Tierra se encuentran en la primera línea de la lucha contra la destrucción del medio ambiente, confrontando al poder militarizado del Estado y las empresas en gran desigualdad de condiciones, con coraje y determinación.

Colón llegó a las Bahamas hace 527 años y esa llegada de los europeos al continente desató un brutal genocidio que mató a decenas de millones de indígenas en todo el hemisferio. Ahora que la sexta gran extinción se acelera y el planeta se calienta de manera catastrófica, bien podrían ser los pueblos indígenas quienes nos salven a todos.

El reconocimiento oficial del Día de los Pueblos Indígenas ya se ha realizado en al menos ocho Estados del país: Alaska, Maine, Minnesota, Nuevo México, Carolina del Norte, Dakota del Sur, Vermont y Wisconsin. Más de 130 ciudades y condados han adoptado el festivo también, tanto grandes ciudades como Los Ángeles, San Francisco y Dallas, como lugares más pequeños como Livingston, Kentucky y Harpers Ferry, en Virginia Occidental.

Washington D.C., el Distrito de Columbia, cuyo nombre deriva de Colón, acaba de aprobar una resolución que reconoce el Día de los Pueblos Indígenas. David Grosso, concejal de la ciudad, expresó en un comunicado previo a la votación: “El Día de Colón fue designado oficialmente como festivo federal en 1937 a pesar de que Colón no descubrió América del Norte, a pesar de que millones de personas ya estaban viviendo en América del Norte cuando este arribó a las Américas, y a pesar de que Colón nunca pisó las costas del Estados Unidos actual. Colón esclavizó, colonizó, mutiló y masacró a miles de indígenas en las Américas”.

El movimiento para reemplazar el Día de Colón cobró fuerza en 1992, cuando se cumplían 500 años de la llegada de Colón a América. Ese año, Berkeley, California, se convirtió en la primera ciudad en cambiar el nombre de la conmemoración. Hubo protestas anteriores que inspiraron el movimiento, incluido el Día Nacional de Luto en Plymouth, Massachusetts, celebrado el Día de Acción de Gracias para cuestionar el mito de la coexistencia pacífica entre los indígenas y los colonos ingleses, los peregrinos. El evento “UnThanksgiving” (“Anti Día de Acción de Gracias”, en español) tiene lugar una vez al año en San Francisco, donde cientos de personas van en barco a la isla de Alcatraz, que albergó una tristemente célebre prisión, para realizar una ceremonia al amanecer. Activistas indígenas estadounidenses ocuparon la isla hace 50 años para protestar por las duras condiciones de vida de los pueblos indígenas en el país.

En todo el continente americano, las comunidades indígenas resisten la explotación sin límites de sus tierras, el acoso de las industrias extractivas, la violencia y el racismo. En Ecuador, las protestas dirigidas por indígenas contra las medidas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional, así como contra la minería y la extracción de petróleo, han forzado al presidente Lenín Moreno a trasladar sus oficinas de gobierno de Quito a la ciudad de Guayaquil.

En una entrevista para “Democracy Now!”, el profesor de derecho David Cordero Heredia, ecuatoriano, describió el papel del activismo indígena: “Los pueblos indígenas nos están ofreciendo una alternativa, una alternativa de vida sostenible. Ellos quieren proteger sus selvas y sus territorios. Ese es el mensaje que tienen para ofrecerle al mundo”.

En Brasil, las tribus indígenas de la Amazonia se enfrentan a las políticas racistas del Gobierno, así como a letales incendios forestales, producidos en gran medida de manera deliberada con la bendición del presidente Jair Bolsonaro. El grupo de defensa de los derechos indígenas Survival International afirmó que el presidente “quiere abrirles los territorios indígenas en todo Brasil a los madereros, mineros y ganaderos. No le importa cuántas personas indígenas mueran en el proceso, y ha expresado abiertamente su desprecio racista por ellas en varias ocasiones”.

En su paso por América del Norte, Greta Thunberg, la reconocida activista climática sueca de 16 años de edad, estuvo esta semana visitando activistas juveniles indígenas en Dakota del Norte y del Sur, en la reserva Pine Ridge y en la reserva sioux de Standing Rock, donde cientos de tribus se congregaron entre 2016 y 2017 para oponerse al oleoducto Dakota Access. En sus primeros días en el cargo, el presidente Donald Trump dio luz verde tanto al Dakota Access como al oleoducto Keystone XL.

En un vídeo producido por la organización Proyecto de Ley del Pueblo Lakota donde instan al Congreso estadounidense a detener el oleoducto Keystone XL, Tokata Iron Eyes, también de 16 años de edad, junto a Greta, explica: “Los pueblos indígenas hemos estado en la primera línea de la lucha contra la crisis climática y sabemos vivir en equilibrio con la Tierra. Cuando hablamos de soluciones tenemos que incluir a los pueblos indígenas en el diálogo. Protejamos a nuestros pueblos indígenas, sus derechos, sus comunidades, su forma de vida, porque eso es lo que vamos a necesitar cuando nos adentremos en esta batalla”.

Colón nació en Génova, Italia. El movimiento para renombrar el Día de Colón no es en absoluto un desaire contra la comunidad italoamericana. Su objetivo es denunciar el genocidio y celebrar a los pueblos indígenas y su papel central en nuestra historia y nuestro futuro.

Ismail Ajjawi, un estudiante palestino de 17 años que creció en un campo de refugiados en el Líbano, logró algo destacable: ser admitido en la Universidad de Harvard con una beca completa. Podemos imaginar sus sensaciones al aterrizar en Estados Unidos el pasado 23 de agosto en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. Pero no pudo llegar muy lejos; fue detenido por oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU y después, según describió, lo interrogaron sobre sus creencias y prácticas religiosas. Lo forzaron a someter a revisión su teléfono y su computadora, tras lo cual un oficial le gritó enfurecido porque habían encontrado publicaciones en las redes sociales que criticaban a EEUU ⁠–no de él, sino de algunos de sus amigos–. Ante eso, la visa de Ismail fue anulada y fue deportado de regreso al Líbano.

En un vídeo producido por la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), Ismail contó acerca de su vida: “Me llamo Ismail Ajjawi y tengo 17 años. Obtuve las mejores calificaciones de la región sur en biología, en el Bachillerato oficial libanés, y el octavo lugar en todo el Líbano. También obtuve las mayores calificaciones en el examen de Brevet de la región sur y recibí una beca para estudiar biofísica en la Universidad de Harvard. Mi objetivo es hacer una doble especialización y estudiar medicina en el futuro”.

UNRWA dirige más de 700 escuelas para más de 500.000 estudiantes en los territorios palestinos y en los campos de refugiados palestinos en el Líbano, Jordania y Siria. La agencia de la ONU brinda atención médica en numerosas clínicas y servicios sociales adicionales para la población de refugiados palestinos.

El relato de Ismael Ajjawi continúa: “El ambiente en la secundaria y en el campo de refugiados es muy desafiante. Hay un gran problema de superpoblación allí, las casas están muy cerca entre sí. En este ambiente no hay privacidad para que los estudiantes palestinos estudiemos. Cada año, estas limitadas oportunidades se van reduciendo. Esta es mi institución, la secundaria masculina Der Yassin, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Aquí he vivido momentos tanto agotadores como divertidos. Les digo a mis compañeros que se esfuercen mucho en sus estudios y que trabajen duro para que puedan cumplir sus sueños como yo”.

El tratamiento que recibió Ismail en el aeropuerto de Boston y su deportación sumaria provocaron indignación en sus compañeros y compañeras estudiantes de Harvard y también en el presidente de la universidad y otras organizaciones internacionales. Summer Lopez, de la organización PEN America, que trabaja en defensa de la libertad de expresión, escribió: “La idea de que debe evitarse que Ajjawi ocupe su lugar en Harvard debido a su discurso político sería alarmante. Que se le niegue esta oportunidad en base al discurso de otros es completamente ilegal”.

Una coalición de estudiantes y grupos comunitarios organizó una campaña para exigir que Ismail fuera admitido en EEUU; miles de personas firmaron la petición. Uno de los nuevos compañeros de clase de Ismail es David Hogg, quien el año pasado sobrevivió a la masacre escolar de Parkland, Florida, y se convirtió en un destacado defensor del control de armas de fuego. Hogg tuiteó: “Lloré cuando leí la noticia. Hoy le robaron la alegría y la emoción de mudarse a Harvard a mi compañero de clase Ismail B. Ajjawi”.

Para llevar adelante sus estudios, Ismail recibió apoyo de la organización educativa sin ánimo de lucro AMIDEAST con sede en EEUU. Theodore Kattouf, presidente y CEO de AMIDEAST y exembajador de EEUU en Emiratos Árabes Unidos y Siria, manifestó en una entrevista para Democracy Now!: “El propio Ismail se benefició de lo que se conoce como 'programas de oportunidades educativas'. Esto es, fue a Beirut a un club universitario competitivo que lo capacitó sobre cómo hacer para postularse a una universidad estadounidense, cómo presentar su perfil. Él es una persona con mucha capacidad, pero tuvimos que enseñarle cómo hacer que Harvard y otras universidades se enteraran de sus capacidades. Y tenemos a otros 53 palestinos que actualmente están cursando estudios de grado en Estados Unidos, que han pasado por programas similares. De hecho, tenemos un joven en Gaza, del campo de refugiados conocido como ”Campamento de la playa“, que irá a Stanford este año. Tenemos a otra joven de Gaza que asistirá a Smith College en Massachusetts. Y podría seguir con otros casos”. Irónicamente, Ismail fue seleccionado para participar de un programa de becas del gobierno de EEUU, que financió algunas de sus actividades de preparación para la universidad.

Hace poco más de un año, el Gobierno de Trump anunció que iba a cancelar los fondos de EEUU a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que ascienden a 360 millones del presupuesto anual de 1.200 millones de dólares de esta agencia de ayuda. Mientras que un consorcio de 42 naciones y organizaciones trabajaba para llenar el vacío, Matthias Schmale, director de operaciones de la agencia, declaró para Democracy Now! desde la ciudad de Gaza: “Aún sufrimos el golpe de la pérdida de nuestro mayor donante”. Sobre la situación de Ismail, contó: “En esta situación se encuentran la mayoría de los niños refugiados de Palestina. La situación es similar a la de Ismail en cuanto a que tienen el beneficio de recibir educación a través de Naciones Unidas, a través de las escuelas de la UNRWA, pero lamentablemente las oportunidades son pocas y distantes entre sí en cuanto a poder salir de donde están”.

Ted Kattouf, presidente de AMIDEAST, reconoció el trabajo de Harvard y la Embajada de EEUU en Beirut para restaurar rápidamente la visa de Ismail, lo que le permitió regresar a Massachusetts justo a tiempo para comenzar las clases en la universidad.

Si bien Ismail finalmente pudo comenzar sus estudios universitarios, la situación de los palestinos sigue empeorando. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometió, en caso de ser reelecto la semana próxima, anexar al menos un tercio de Cisjordania, lo que socavaría aún más las esperanzas de lograr un Estado palestino viable. En la Franja de Gaza, durante la Gran Marcha del Retorno que se lleva a cabo todos los viernes desde marzo de 2018, más de 7.400 manifestantes pacíficos han resultado heridos y al menos 210 palestinos han muerto, entre ellos, niños y personal médico, a causa de disparos de francotiradores del ejército israelí.

El asedio de Gaza debe terminar. Los estudiantes de la Franja, de Cisjordania y de los campos de refugiados de las áreas vecinas deben tener libertad para estudiar, en casa o en el extranjero. La injusticia que sufrió Ismail Ajjawi a manos de los agentes federales del aeropuerto de Logan debe investigarse a fondo y se debe evitar que vuelva a suceder.

Según informa el Boston Globe, el caso de Ismail Ajjawi fue reevaluado por la embajada estadounidense en el Líbano, que le emitió una nueva visa. Ajjawi llegó a tiempo para incorporarse a clase. el Boston Globe,

Traducido por Inés Coira.

A lo largo de la extensa frontera entre Estados Unidos y México, las temperaturas en verano alcanzan fácilmente los cuarenta grados. El desierto de Sonora se extiende a ambos lados de la frontera y se erige como una barrera mortal para los miles de migrantes que buscan una vida mejor en el norte. Miles de personas anónimas han muerto en estos desiertos en la ruta conocida como 'El camino del diablo'.

Nunca sabremos cuántos han muerto, el desierto borra la evidencia de los que se desvanecen. Los buitres, coyotes e insectos se abalanzan voraces sobre los cadáveres y dejan solo los huesos blancos. Se han hallado restos de más de 3.000 personas, pero los expertos estiman que más de 10.000 han muerto al intentar cruzar el desierto. Grupos de voluntarios han deambulando durante años por las arenas ardientes del Sonora, dejando comida, agua y medicamentos a lo largo de los senderos de los migrantes que se conocen y haciendo todo lo posible para reducir la letalidad del desierto.

En enero de 2018, Scott Warren, del grupo de ayuda humanitaria 'No más muertes', fue arrestado, acusado de acoger “extranjeros” y de conspiración. Estos cargos son delitos federales por los que se enfrentaba a hasta veinte años de cárcel. En el primer juicio, el jurado no pudo determinar un veredicto, que debe ser unánime, y ocho de los doce miembros votaron por la absolución. Los fiscales federales retiraron la acusación de conspiración y se ha programado un nuevo juicio. Warren todavía se enfrenta a una posible sentencia de diez años de prisión.

Democracy Now! ha participado en una de las travesías para dejar agua y comida junto a Warren y otras dos voluntarias de 'No más muertes', Geena Jackson y Paige Corich-Kleim. La ruta comienza desde la nueva oficina de ayuda humanitaria que la organización comparte con grupos afines en Ajo, Arizona, y avanza a través de un rústico camino de ripio hasta el Monumento Nacional Organ Pipe Cactus, declarado reserva de la biosfera por la Unesco.

Pese a que era temprano, la temperatura ya superaba los 38 grados. La reserva se extiende desde las cercanías de Ajo hasta la frontera con México. Al oeste del monumento nacional se encuentra el Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta, el mayor refugio de los 48 estados meridionales del país. “En este momento no puedo poner pie en el refugio debido a los cargos de delitos menores que enfrento por haber brindado ayuda humanitaria”, explica Scott Warren.

El aumento de la militarización en ciudades fronterizas como Nogales, en Arizona, obliga a los inmigrantes a internarse en el desierto. “Los migrantes se han visto forzados a incursionar en estas áreas remotas y difíciles desde hace décadas, como resultado de la política de prevención mediante la disuasión”, afirma Warren frente a la base de operaciones avanzadas de la Patrulla Fronteriza en el desértico valle de Growler.

Growler es un vasto y desolado valle azotado por el sol y salpicado de cactus, que se extiende desde la frontera hacia el norte. Abarca Cabeza Prieta y Organ Pipe y más adelante el campo de entrenamiento militar de la Fuerza Aérea Barry Goldwater, que los migrantes deben cruzar para poder alcanzar la ruta Interestatal 8 y su esperada nueva vida más allá. En el campo de entrenamiento militar Goldwater se han descubierto en los últimos años varios restos óseos humanos.

El escritor Luis Alberto Urrea describió elocuentemente la muerte de 14 migrantes en este valle en su libro finalista del premio Pulitzer de 2004, 'The Devil's Highway' ('El camino del diablo', en español). Urrea describe en seis etapas la cercanía de la muerte: “El aire del desierto, como tú, tiene sed. Te absorbe el sudor tan rápido como tú lo produces, tan rápido que ni siquiera te das cuenta de que estás sudando… el aire te toca los labios para quitarte el agua. Cada respiración te deja la nariz reseca, así como la boca, la garganta… La desolación primero te bebe a pequeños sorbos, luego en tragos profundos”. “Si lloras, estarás haciendo una inversión infinitesimal a favor de tu propia muerte”, agrega Urrea.

Debido a sus juicios pendientes, Warren acompañó la expedición para dejar agua y comida, pero no participó en la actividad. “La ayuda humanitaria nunca es un delito. Es un imperativo humanitario tratar de aliviar la muerte y el sufrimiento en esta área. A pesar de la manera de actuar de las instituciones, que intentan criminalizar a los trabajadores de ayuda humanitaria, nosotras sostenemos que la ayuda humanitaria nunca es un delito”, manifiesta Geena Jackson mientras ultima los preparativos para dejar en el desierto los bidones de agua. Junto a Paige Corich-Kleim escribieron mensajes en cada uno de los bidones de agua que dejaron a la sombra de un árbol, junto a un sendero creado a lo largo de los años por las personas que realizan este peligroso viaje.

“Generalmente escribo mensajes de tono religioso, como 'Vayan con la fuerza de Dios' o 'Que Dios bendiga su camino'”, cuenta Corich-Kleim. Lo hace para que los migrantes sepan que el agua se lo han dejado personas en las que pueden confiar, y que es seguro beberla. También dejan latas de frijoles que brindan las calorías y sales necesarias que las personas van perdiendo a medida que se adentran en el abrasador calor del desierto.

“Estoy notando la energía de este momento y creo que es, tal vez, porque todos nosotros estamos aquí, y por escuchar a mis amigas leer los mensajes que escriben en las botellas. Hacer esto se ha vuelto tan rutinario para nosotros que llegas a olvidar lo importante, bonito y hasta sagrado que es hacer esto”, expresa Warren.

Hace poco más de un año, el 31 de julio de 2018, al salir de su casa en Jersón, Ucrania, la vicealcaldesa Katerina Handziuk sintió cómo algo le salpicaba en la cabeza y el rostro. Le arrojaron un litro de ácido sulfúrico. Con quemaduras en la mitad de su cuerpo, estuvo cerca de la muerte. En los meses previos al ataque, Handziuk había acusado a varios funcionarios locales de connivencia con la tala ilegal en el cercano bosque de Oleshky.

Pasó varios meses convaleciente en el hospital y murió finalmente por las heridas el 4 de noviembre. Tras las protestas y la presión internacional, varios sospechosos fueron arrestados. Sin embargo, la familia y los partidarios de Handziuk alegan que se encubrió y protegió a los cabecillas del ataque desde las esferas más altas de la élite política ucraniana.

El brutal ataque contra Katerina Handziuk es solo uno de los 164 asesinatos de ecologistas y defensores del medio ambiente acontecidos en 2018, catalogados en un nuevo informe titulado '¿Enemigos del Estado?: cómo los gobiernos y las empresas silencian a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente'.

Publicado por Global Witness, una ONG internacional que trabaja para proteger los derechos humanos y el medio ambiente y denuncia la corrupción, el informe señala que “probablemente la cifra real sea mucho mayor, porque los casos a menudo no se registran y rara vez se investigan”.

El informe tiene un carácter global. Filipinas, Guatemala y Brasil han sido algunos de los lugares más peligrosos para los defensores de la tierra en 2018. El ritmo de la violencia en Brasil no ha dejado de acelerarse desde que el reaccionario de extrema derecha y negador del cambio climático Jair Bolsonaro asumió la presidencia en enero de 2019.

“Jair Bolsonaro fue electo tras prometer llevar adelante una campaña anti medio ambiente. Lamentablemente, está cumpliendo con lo prometido. El departamento responsable de combatir la deforestación, el Ministerio del Medio Ambiente, fue virtualmente desmantelado”, denunció Carlos Rittl, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, una red de organizaciones de la sociedad civil brasileña, en una entrevista para Democracy Now!.

Desde que Bolsonaro asumió el cargo, la tasa de destrucción de la selva amazónica ha aumentado en casi un 40%. El pulmón del planeta juega un papel vital en la regulación del clima mundial.

En mayo, ocho ex ministros de Medio Ambiente brasileños advirtieron que “nos enfrentamos al riesgo de una deforestación descontrolada de la Amazonia”. Una de estas personas llegó a afirmar que Brasil se está convirtiendo en un “exterminador del futuro”.

A finales del mes de julio, Emyra Wajapi, líder de la tribu indígena wajapi de la Amazonia, fue asesinado por un grupo de entre diez y quince hombres armados que formaban parte de una operación minera ilegal.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, también expresidenta de Chile, calificó su asesinato de “trágico y censurable en sí mismo”. También advirtió del inquietante síntoma del creciente problema de la invasión de tierras indígenas —especialmente bosques— por parte de mineros, madereros y agricultores en Brasil.

Otro país donde Global Witness señala numerosos asesinatos de activistas es Colombia. La guerra civil de medio siglo entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se resolvió en 2016 con un histórico acuerdo de paz.

Sin embargo, desde que las FARC depusieron las armas y sus miembros se unieron a la sociedad civil colombiana, más de 500 líderes sociales y comunitarios han sido asesinados. Muchos culpan al gobierno derechista del presidente Iván Duque de no implementar disposiciones clave del acuerdo de paz.

Luis Gilberto Murillo, exgobernador del estado predominantemente afrocolombiano de Chocó y exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, declaró a Democracy Now! que “las personas están siendo asesinadas por exigir derechos básicos. En particular, los derechos de acceso a la tierra y de ser libres en sus territorios”.

“La forma de evitar estos asesinatos es implementar totalmente el proceso de paz, porque este proceso tiene algunas disposiciones para proteger a los líderes sociales. Por ejemplo, hay una comisión nacional para garantizar la protección de los líderes sociales en el país y esa comisión no ha sido convocada regularmente por el gobierno actual”, añadió.

Recientemente salió a la luz un impactante vídeo que muestra los momentos posteriores al asesinato de la reconocida activista comunitaria Maria del Pilar Hurtado en Colombia, en el que se ve a su hijo gritar y llorar junto a su cadáver.

La grabación desató un día nacional de protestas que congregó a miles de personas en Bogotá, la capital de Colombia, así como manifestaciones en solidaridad por todo el mundo. Murillo se encontraba entre los manifestantes que protestaron frente a la residencia del embajador colombiano en Estados Unidos, en Washington D.C.

Los activistas que defienden el medio ambiente en la primera línea de batalla están haciendo todo lo posible para salvar el planeta a costa de poner en riesgo su libertad y sus propias vidas. Lo menos que podemos hacer en Estados Unidos, es exigir un mundo donde las personas que se dedican a esta tarea crucial y urgente puedan hacerlo sin persecución, daño o incluso la muerte. Necesitamos que esta lucha épica para evitar la catástrofe climática crezca aún más rápido que el calentamiento global.

El 25 de julio, en un inesperado anuncio, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, afirmó que el Gobierno federal iba a reanudar las ejecuciones, con cinco de ellas programadas para los próximos meses. De esta manera, anulaba una moratoria efectiva sobre la pena de muerte a nivel federal que ha durado más de 16 años.

“El castigo debe ser rápido”, afirmó el fiscal general Barr en el momento del anuncio. Apenas una semana después, el presidente Donald Trump aprovechó los asesinatos en masa en El Paso, Texas y Dayton, Ohio, para exigir no una prohibición de las armas de asalto, sino más ejecuciones.

“Hoy también voy a ordenar al Departamento de Justicia que proponga una legislación que asegure que aquellos que cometan crímenes de odio y asesinatos en masa enfrenten la pena de muerte, y que este castigo sea aplicado de forma rápida, decisiva y sin años de retraso innecesario”, declaró el presidente.

¿Retraso innecesario? Desde 1973, más de 160 personas injustamente condenadas han sido liberadas del pabellón de la muerte. La pena de muerte pierde popularidad en Estados Unidos a pasos agigantados. Veintiún estados y el Distrito de Columbia han prohibido las ejecuciones, mientras que otros cuatro estados tienen moratorias formales.

En todo el mundo, 106 países han prohibido la pena capital y otros 28 tienen moratorias o no llevan a cabo las ejecuciones. El mandato de Trump para reinstaurar la pena de muerte es un trágico retroceso.

“No me sorprende lo que hizo William Barr ni que el gobierno de Trump quiera acelerar las ejecuciones federales. Es la única forma que tienen de abordar las cosas: el camino de la violencia para tratar de resolver los problemas sociales.

La aplicación de la pena de muerte desde el nivel de la administración Federal no va a brindar más justicia igualitaria ante la ley que las penas de muerte a nivel de los estados“, declaró Helen Prejean, una reconocida activista contra la pena de muerte, en una entrevista para Democracy Now!

“El país se inclina por eliminar la pena de muerte, primero en la práctica y, gradualmente, estado por estado, derogándola. La forma en que la pena de muerte ha funcionado siempre a nivel federal dependió del criterio de cada fiscal. Hemos visto que en Manhattan, en Nueva York, los fiscales federales nunca optaron por la pena de muerte, mientras que en Texas siempre lo han hecho.Y esto no será diferente”, añadió.

Helen Prejean es la monja católica que alcanzó fama mundial en 1995 cuando su libro 'Dead Man Walking' (publicado en español con el título: 'Pena de Muerte') fue adaptado en una película ganadora de un Oscar, protagonizada por Susan Sarandon y Sean Penn.

En su nueva autobiografía, 'River of Fire' ('Río de fuego'), la hermana Prejean describe elocuentemente el camino que la llevó de ser una joven monja prácticamente enclaustrada en Nueva Orleans en la década de 1960 a convertirse en una de las activistas más reconocidas y eficientes del mundo contra la pena de muerte.

“Después de años hablando con gente de todos los estados de esta nación, me di cuenta de que la mayoría de las personas nunca han reflexionado profundamente sobre la pena de muerte y que casi no tienen información sobre cómo funciona… o sobre cómo no funciona”, escribió en su nuevo libro.

La hermana Prejean es cofundadora de Survive, una organización que trabaja con familias de víctimas de asesinato. Bud Welch perdió a su hija Julie en el atentado de Oklahoma City, en 1995, que se cobró la vida de 168 personas. Tiempo después, Timothy McVeigh fue ejecutado por el crimen.

“Uno realmente no puede atravesar el proceso de sanación cuando vive con venganza. Y eso es todo lo que representa la pena de muerte, venganza. No es un elemento disuasorio. No es, como dicen los medios, un cierre para los familiares”, contó Bud Welch para Democracy Now!

El Centro de Información sobre la Pena de Muerte presenta estadísticas claras y convincentes sobre las 2.500 personas que se encuentran esperando esta condena en Estados Unidos. Los factores principales que determinan si una persona es sentenciada a la pena capital son el lugar donde es juzgada, su nivel de pobreza y su color de piel. Más de la mitad se dictan en solo el 2% de los condados estadounidenses y más del 75% de los casos corresponden a asesinatos donde la víctima era blanca.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, “en Louisiana, las probabilidades de una sentencia de muerte eran un 97% más altas para aquellos cuya víctima era blanca que para aquellos cuya víctima era negra. Los miembros del jurado en el estado de Washington tienen tres veces más probabilidades de recomendar una sentencia de muerte para un acusado negro que para un acusado blanco ante un caso similar”.

La pena de muerte no solo se administra de manera injusta y sesgada, sino que también es irreversible. La muerte es definitiva. Clifford Williams Junior y Charles Ray Finch se convirtieron en los presos número 165 y 166 del pabellón de la muerte en ser exonerados. Cada uno de estos hombres afroestadounidenses inocentes pasó más de 40 años condenado a muerte. Con el cronograma de ejecución acelerada al que aspiran Trump y Barr, hubieran muerto hace mucho tiempo.

Helen Prejean afirmó sobre la decisión de Trump y Barr que “ellos tampoco parecen comprender cómo funcionan los tribunales. Pueden afirmar todo lo que quieran que van a acelerar el proceso y acelerar estas ejecuciones, pero existen la Constitución y el sistema de apelaciones”. Si bien su enfoque sigue siendo la organización de base, también señala la importancia del compromiso de los abogados defensores en los casos de pena de muerte.

Uno de esos abogados es Bryan Stevenson, fundador de la organización Equal Justice Initiative en Montgomery, Alabama. El Museo del Legado y el memorial en conmemoración de los linchamientos que la organización inauguró el año pasado son profundamente conmovedores. Documentan 400 años de historia de los afroestadounidenses, comenzando con la esclavitud, pasando por la era de Jim Crow y llegando hasta la crisis actual de encarcelamiento masivo. “La pena de muerte es hija del linchamiento”, sentenció Stevenson en una entrevista.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dimitió en un mensaje de vídeo pregrabado que se difundió tras dos semanas ininterrumpidas de protestas en la calle.

En el Viejo San Juan, los gritos de “¡Ricky renuncia!” se escuchaban junto al tradicional “¡pa’lante!”. La isla caribeña (junto con las isletas Vieques y Culebra, que forman parte de su archipiélago) se encuentra en una encrucijada histórica. Cientos de miles de personas han estado marchando y protestando diariamente tras un informe del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico publicado el pasado 13 de julio: unas 900 páginas que incluyen impactantes mensajes de texto entre Rosselló y funcionarios y asesores de su gobierno.

Los mensajes de un chat de grupo, que van desde fines del año 2018 hasta enero de 2019, están plagados de misoginia, homofobia, lenguaje vulgar y violencia. Las filtraciones y los artículos relacionados publicados por el CPI generaron grandes repercusiones en torno al gobierno de Puerto Rico y llevaron a los puertorriqueños a salir a las calles para exigir cambios. Esta es una historia del poder del pueblo y de la prensa independiente.

Los textos, en su mayoría en español, incluían chistes sobre la cantidad de muertes tras el paso del huracán María en 2017. Rosselló se refirió a Melissa Mark-Viverito, la primera puertorriqueña en ser presidenta del Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, como “puta”. También escribió: “Me hacen un gran favor” cuando otra persona bromeó sobre “caerle a tiros” a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. La alcaldesa había anunciado en marzo sus planes de competir contra Rosselló como candidata a gobernadora en 2020. La legendaria estrella del pop Ricky Martin también fue blanco de crudos comentarios homofóbicos.

Los textos filtrados surgieron al tiempo que Puerto Rico se ve afectado por una inmensa crisis de endeudamiento y una debilitadora política de austeridad impuesta por la ley federal conocida como PROMESA, instaurada en el marco de un proceso de declaración de bancarrota de la isla. Promulgada hace tres años, esta ley creó la Junta de Supervisión y Administración Financiera, un organismo no electo con amplios poderes para anular el control democrático puertorriqueño en todo nivel.

El 11 de julio, justo dos días antes de que salieran a la luz los mensajes filtrados –ahora conocidos como “RickyLeaks”– las autoridades federales arrestaron a dos altos funcionarios del gobierno de Rosselló y a otras personas, en lo que el Departamento de Justicia calificó como un amplio esquema de defraudación multimillonaria vinculada a contratos gubernamentales.

Los puertorriqueños han sufrido durante largo tiempo por el estatus colonial de la isla, tanto a nivel local como en la diáspora en Estados Unidos. Hace justo cincuenta años se formó la filial neoyorquina de los Young Lords, una organización revolucionaria de jóvenes portorriqueños, para enfrentar las injusticias que sufrían los latinos empobrecidos del centro de la ciudad.

Juan González, periodista y copresentador de Democracy Now!, fue cofundador de la filial de los Young Lords de Nueva York. Nacido en Puerto Rico pero criado en Nueva York, González describió la historia del grupo: “Las condiciones en los guetos de East Harlem, el sur del Bronx y el centro de Brooklyn fue lo que nos hizo ponernos en acción. Abordábamos constantemente los problemas directos que enfrenta la comunidad a diario, ya sea temas de basura, atención médica o la falta de enseñanza de las historias de Puerto Rico y afroestadounidenses en las escuelas”.

Los Young Lords instalaron barricadas en las calles hasta que la ciudad acordó mejorar los servicios de limpieza y saneamiento. Tomaron una iglesia para ofrecer desayuno por la mañana y cuidado de niños a quienes lo necesitaran. Se apropiaron de una camioneta que oficiaba de clínica de salud móvil para brindar atención médica en áreas desatendidas. Como la mayoría de los grupos radicales de esa era, también enfrentaron una grave represión por parte de la policía y del FBI.

Durante las últimas semanas, mientras aumentaba la presión sobre Rosselló para que dimitiera, Juan González señaló el significado de este momento: “Puerto Rico tiene una larga historia. En sus 500 años de gobierno ha habido 286 gobernadores. La mayoría de ellos, unos 147, gobernaron bajo el mando español. Luego hubo un período de control estadounidense directo sobre la isla, cuando el presidente nombró unos 27 gobernadores. Recién en los últimos 60 años hubo gobernadores electos por el pueblo propiamente dicho. Y solo hubo 12 gobernadores electos desde la creación de la mancomunidad de Puerto Rico hace 67 años. De esos 286 gobernadores, ninguno se ha visto obligado a renunciar por una protesta popular”.

Pero González también advirtió: “La historia está repleta de ejemplos de levantamientos populares que se libraron de un gobierno corrupto o dictatorial, pero donde el pueblo terminó en situaciones peores. Los líderes y los activistas de Puerto Rico enfrentan ahora un verdadero desafío. ¿Pueden unirse? ¿Pueden crear una fuerza política, un liderazgo que sea realmente responsable ante el pueblo puertorriqueño? Ese será el gran desafío en el futuro”.

Dado que el secretario de Estado de Puerto Rico renunció recientemente, la siguiente persona en la línea de sucesión para reemplazar al gobernador Rosselló es Wanda Vázquez, la secretaria de Justicia de la isla. Al ser una de las personas designadas por Rosselló, los llamados para su renuncia inmediata ya están inundando las redes sociales. Ella ha dicho que no tiene interés en ocupar el puesto.

La música ha infundido las protestas. Entre los músicos que salieron a las calles se encuentran Ricky Martin e integrantes de la banda puertorriqueña ganadora del Grammy “Calle 13”. Los miembros de la banda Ileana Cabra Joglar, o iLe, su hermano René, conocido como Residente, y el músico de reggaeton Bad Bunny lanzaron una canción la semana pasada, llamada “Afilando los cuchillos”. Rápidamente se convirtió en el himno del movimiento. En una entrevista para Democracy Now! realizada el martes, un día después de que más de medio millón de personas marcharon en San Juan, ILe describió lo que las protestas significaron para ella: “He estado esperando toda mi vida por un momento como este”.

¡Pa’lante!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha dado un nuevo significado a la Casa Blanca. Desde su sillón, ubicado en el número 1.600 de la avenida Pennsylvania, en Washington D.C., lanza epítetos racistas por Twitter mientras da órdenes a los agentes armados de que aterroricen a las personas inmigrantes en la frontera y en las comunidades de todo el país.

La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, lo ha sintetizado de una manera muy clara en sus comentarios sobre los intentos de Trump de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el próximo censo nacional. Después incluso de que la medida fuera rechazada por la Corte Suprema. Parafraseando el slogan de campaña de Trump, Pelosi lo acusó de intentar “hacer que Estados Unidos sea blanco otra vez”.

Es conocido que Trump es un voraz consumidor de la cadena de noticias Fox. El domingo por la mañana, apenas 20 minutos después de que el programa Fox & Friends emitiera un segmento en el que se atacaba a las congresistas Alexandria Ocasio Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley y Rashida Tlaib, Trump tuiteó: “Qué interesante ver a las congresistas demócratas 'progresistas', que provienen de países cuyos gobiernos son una completa y total catástrofe… diciéndole a Estados Unidos a los gritos y de forma agresiva… cómo se debería ejercer nuestro Gobierno. ¿Por qué no vuelven y ayudan a arreglar esos lugares completamente quebrados y plagados de crimen de donde provienen?”.

¿Volver al lugar de donde vinieron? Tres de las congresistas a las que atacó nacieron en Estados Unidos. Ocasio Cortez, oriunda del Bronx, es la mujer más joven en ser electa en el Congreso, Pressley, nacida en Cincinnati, es la primera congresista afroestadounidense en representar el estado de Massachusetts. Tlaib, de Detroit, es palestino-estadounidense y junto a Ilhan Omar, son las primeras mujeres musulmanas en ocupar escaños del Congreso.

Omar también es la primera congresista en usar hiyab. Nacida en Somalia, llegó a Estados Unidos cuando era niña como refugiada política. Como indica un vídeo que se volvió viral, Omar es ciudadana estadounidense desde hace más tiempo que la tercera esposa de Trump, la primera dama Melania Trump, nativa de Eslovenia.

Los tuits racistas de Trump unieron al fracturado Partido Demócrata y activaron rápidamente una demostración de apoyo hacia las cuatro flamantes congresistas, ahora llamadas colectivamente “el escuadrón”.

Para el martes, se estaba debatiendo en la Cámara de Representantes la resolución número 489, caratulada 'En condena a los comentarios racistas del presidente Trump dirigidos a miembros del Congreso'. Los republicanos lograron obstruir temporalmente el debate al invocar un tema poco claro presente en las reglas del Congreso que dice: “Las referencias a la discriminación racial o de otro tipo por parte del presidente no corresponden”.

El libro de normas original que prohibía el uso de la palabra 'racista' estaba escrito por Thomas Jefferson, el mismo que fue dueño de esclavos, pero la ironía del hecho no fue percibida por los republicanos. La resolución finalmente fue aprobada, con cuatro republicanos que se sumaron a la mayoría demócrata. Si bien fue la primera reprimenda formal de la Cámara de Representantes hacia un presidente en ejercicio en más de un siglo, Pelosi bloqueó una moción más seria que procuraba censurar a Trump.

Trump redobló sus ataques verbales contra las cuatro congresistas al acusarlas de socialistas y comunistas. El uso de ataques típicos de la era del macartismo por parte de Trump no debería sorprender a nadie, ya que su primer mentor fue Roy Cohn, quien se desempeñó como el principal abogado del senador Joseph McCarthy en la década de 1950, época en la que destruyó miles de vidas con su política de persecución anticomunista.

El presidente Trump viajó el miércoles a Carolina del Norte para participar de un acto de campaña. Una vez más, apuntó contra sus víctimas favoritas: mujeres y personas racializadas, revelando lo que probablemente sea una de sus estrategias de campaña, la de usar retórica racista para encender a su base electoral blanca. En medio de su larga diatriba dirigida contra Ilhan Omar, la multitud coreó: “¡Mándala de vuelta! ¡Mándala de vuelta!”.

En su libro Historia negra de la Casa Blanca, el profesor de la American University Clarence Lusane narra la historia de la mansión presidencial, desde los tiempos de su construcción, levantada con el trabajo forzado de esclavos negros, hasta la primera familia presidencial afroestadounidense, los Obama.

“Para muchos afroestadounidenses, el 'blanco' de la Casa Blanca ha implicado mucho más que el color de la mansión. Ha simbolizado la tonalidad y la fuente de la crueldad deshumanizadora, la dominación y la exclusión que han definido la larga narrativa de las relaciones de los blancos con las personas de color en Estados Unidos”, escribió Lusane.

El lunes, las cuatro congresistas que tan claramente amenazan a Trump dieron una conferencia de prensa, donde denunciaron el racismo que experimentan ellas y la gente racializada en general. Señalaron las políticas del presidente sobre la detención de personas inmigrantes, la separación familiar y las amenazantes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Sin mencionar a Trump por su nombre, la congresista Ayanna Pressley dejó en claro de quién es este país.

“A pesar de los intentos del ocupante de la Casa Blanca de marginarnos y silenciarnos, sepan que somos más de cuatro personas. Seguimos el mandato de defender y representar a aquellos ignorados, excluidos y abandonados. Nuestro escuadrón es grande. Nuestro escuadrón incluye a cualquier persona que se comprometa a construir un mundo más equitativo y justo. Ese es el trabajo al que queremos volver. Dado el tamaño de este escuadrón y de esta gran nación, nadie nos podrá silenciar”.

El miércoles pasado, las calles de Manhattan retumbaron con el sonido del descorche de champán, no solo por los festejos en honor a la victoriosa selección nacional femenina de fútbol de Estados Unidos, que fue homenajeada con un desfile por el 'Cañón de los Héroes' de la ciudad de Nueva York en Broadway, sino también porque el grito de victoria no pasó desapercibido en Wall Street, donde el índice bursátil Standard & Poor’s 500 superó los 3000 puntos por primera vez en la historia.

Las 23 mujeres de la selección de fútbol acababan de volver de Francia, donde ganaron el Mundial de Fútbol femenino. Ya de regreso en Estados Unidos siguen con otra batalla, más difícil, por salarios y condiciones de trabajo iguales a las de sus colegas masculinos de la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

Crystal Dunn, jugadora de la selección de origen afroestadounidense y criada en el barrio Rockville Centre de Long Island, llevó una pancarta que decía: “Los desfiles son geniales, pero la igualdad salarial es mejor”. La multitud apoyó esa reivindicación. Cuando Carlos Cordeiro, el presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, habló en el escenario después del desfile, la multitud coreó: “¡Igualdad salarial! ”¡Igualdad salarial!“. Ese mismo coro resonó en todo el estadio de Lyon cuando las mujeres se convirtieron en campeonas mundiales el domingo pasado.

El éxito del Mercado de Valores de Wall Street, yuxtapuesto a la desigualdad salarial impuesta a estas notables mujeres, remite a la declaración hecha por uno de los alcaldes más famosos de la ciudad de Nueva York, Fiorello La Guardia, en 1946: “La cinta de teletipo no es espagueti” [La Guardia acababa de asumir la dirección general de la Administración de Socorro y Rehabilitación de la ONU, que inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial brindó ayuda a refugiados y otras personas que luchaban por sobrevivir. El uso de la cinta de teletipo estaba bastante extendido en aquellos días previos a la era digital, siendo el medio por el cual se distribuían los precios de las acciones en tiempo real. De ahí que grandes cantidades de esta cinta de papel usada en el distrito financiero de Nueva York se utilizaran como confeti para arrojar a soldados, astronautas y equipos atléticos que regresaban victoriosos, desde el primer desfile en honor a la nueva Estatua de la Libertad, en 1886]. La idea de La Guardia era simple: si bien la economía de posguerra estaba aparentemente experimentando un boom y las inversiones en la bolsa de valores tenían un gran desempeño, esto no implicaba seguridad alimentaria para los refugiados de guerra. Del mismo modo, hoy un desfile que celebra a las mujeres atletas es un honor, pero no compensa una vida de salario desigual.

La selección femenina presentó una demanda en marzo de este año en la que acusa a la Federación de Fútbol de Estados Unidos de “pagarles menos que a los miembros del equipo nacional masculino por un trabajo sustancialmente igual, y de negarles, como mínimo, iguales condiciones de juego, entrenamiento y viajes; igual promoción de sus partidos; y el mismo apoyo y desarrollo para sus partidos”.

La selección nacional femenina de Estados Unidos ha obtenido cuatro campeonatos mundiales, cuatro medallas de oro olímpicas, ha ganado muchos otros torneos y ocupa el puesto número uno en la Clasificación Mundial de Fútbol Femenino de la FIFA. Comparemos todo esto con el lamentable récord de la selección nacional masculina estadounidense, que ni siquiera consiguió clasificarse para la última Copa del Mundo. A pesar de su desempeño mediocre, los hombres, en promedio, ganan mucho más que las mujeres.

Esta disparidad es común en toda la economía de Estados Unidos. En su testimonio ante el Congreso en febrero de este año, en apoyo a la 'Ley de equidad salarial: igualdad de salario por igualdad de trabajo', Fatima Goss Graves, presidenta y directora ejecutiva del Centro Nacional de Derecho de la Mujer, expuso estos perturbadores detalles: “Las mujeres que trabajan a tiempo completo, todo el año, normalmente ganan solo 80 centavos por cada dólar que se les paga a los hombres que trabajan a tiempo completo durante todo el año. La brecha salarial es aún peor cuando se observa específicamente a las mujeres racializadas: por cada dólar pagado a hombres blancos que no son hispanos, a las mujeres negras solo se les paga 61 centavos, a las indígenas 58 centavos y a las latinas 53 centavos. Las mujeres, especialmente las negras, se enfrentan a discriminación manifiesta y discriminación inconsciente en el lugar de trabajo y esto se refleja en su salario”.

Las jugadoras de fútbol femenino de Estados Unidos ahora tienen una plataforma global para darle voz a la lucha por la igualdad salarial y la justicia hacia las mujeres. Como declaró la cocapitana Megan Rapinoe el miércoles: “Sí, hacemos deporte. Sí, jugamos al fútbol. Sí, somos mujeres atletas, pero somos mucho más que eso”. Rapinoe, la máxima anotadora y mejor jugadora del Mundial de Francia 2019, es una firme defensora de los derechos LGTB y en 2016 se convirtió en una de las primeras atletas blancas importantes en arrodillarse en señal de protesta durante el himno nacional. A lo largo del Mundial, además, se negó a ponerse la mano en el corazón y a cantar el himno estadounidense.

Megan Rapinoe aprovechó su discurso en el acto del miércoles, donde el alcalde le entregó al equipo las llaves de la ciudad, para llamar a la acción: “Tenemos pelo rosa y pelo violeta; tenemos tatuajes y rastas. Tenemos mujeres blancas, negras y todo lo que está entre medio. Mujeres heterosexuales y lesbianas. Tenemos que ser mejores. Tenemos que amar más y odiar menos. Tenemos que escuchar más y hablar menos. Tenemos que saber que esto es responsabilidad de todos, de cada persona que está aquí, de cada persona que no se encuentra aquí, de cada persona que no quiere estar aquí, de cada persona que está de acuerdo y [de cada persona] que no está de acuerdo. Es nuestra responsabilidad hacer de este mundo un lugar mejor”.

Traducido por Inés Coira

El “eje del mal” apareció por primera vez en el discurso del Estado de la Unión del expresidente George W. Bush de enero del año 2002. Bush empleó esta expresión para referirse a Irak, Irán y Corea del Norte pocos meses después del atentado del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York. Catorce meses después, Estados Unidos invadió Irak y, 16 años más tarde, el país sigue en guerra.

Ahora, el presidente Donald Trump amenaza con “aniquilar” Irán, mientras que visita y llena de elogios al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un ¿Por qué la diferencia de actitud con estos dos países del “eje del mal”? Sencillo: Corea del Norte tiene un arsenal de entre 20 y 60 ojivas nucleares y misiles para lanzarlas e Irán carece de armas nucleares. La lección es dolorosamente clara: para evitar una guerra devastadora con Estados Unidos se deben desarrollar armas nucleares como elemento de disuasión.

Pese a lo que afirman muchos opositores de Trump, entre ellos varios de los precandidatos demócratas a la presidenciales, la breve reunión de Trump con el dictador de Corea del Norte que tuvo lugar el pasado 30 de junio fue algo positivo. La diplomacia es mejor que la guerra. Una guerra con Corea del Norte sería catastrófica. Joe Cirincione, presidente del Fondo Plowshares, organización que trabaja a nivel mundial para reducir los peligros que representan las armas nucleares, declaró a la cadena CNN en 2017 que “si se ataca a Corea del Norte, Corea del Norte va a contraatacar y tiene un devastador arsenal de armas convencionales estacionado a lo largo de la frontera que podría destrozar Seúl… Se estima que cientos de miles de surcoreanos morirían en las primeras horas del combate a causa de los ataques con artillería, cohetes y misiles de corto alcance. Y si esta guerra se elevara al nivel nuclear, resultaría en decenas de millones de muertes”.

Esas serían solamente las muertes previstas en Corea del Sur. Si sumamos posibles ataques nucleares contra Japón, Hawái y posiblemente Estados Unidos continental, las cifras de víctimas se vuelven inconcebibles. Deberíamos agradecer que Trump siga negociando con Corea del Norte. Deberíamos felicitarlo por convertirse en el primer presidente estadounidense en pisar suelo norcoreano.

Uno de los opositores a este diálogo es el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton. Mientras Trump estaba en Corea la semana pasada, Bolton fue enviado lejos, a Mongolia. Después de que el periódico The New York Times informara que Trump estaba considerando aceptar una congelación de la expansión nuclear de Corea del Norte en lugar de una desnuclearización completa, Bolton tuiteó: “Ni el personal del [Consejo de Seguridad Nacional] ni yo hemos debatido ni escuchado ningún deseo de conformarnos con una congelación nuclear por parte de Corea del Norte”.

Generalmente se cree que Bolton y también el secretario de Estado, Mike Pompeo, son partidarios de un conflicto militar con Irán. Irán derribó recientemente un dron espía estadounidense, alegando que había ingresado en espacio aéreo iraní. Trump ordenó un ataque militar en represalia, aunque finalmente lo suspendió en el último momento.

Trump debería ser condenado por ordenar el ataque, pero fue aplaudido por cancelarlo. La guerra con Irán hubiera sido increíblemente destructiva para todas las partes involucradas y probablemente se hubiera extendido por todo Oriente Medio. Si esta guerra sucediera, advierte el Boletín de Científicos Atómicos, Trump probablemente podría ordenar el uso de las llamadas “armas nucleares tácticas” contra Irán.

En medio de este polvorín geopolítico, el gobierno de Trump intenta suministrar tecnología nuclear a Arabia Saudí, antagonista clave de Irán. El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman no ha descartado usar las centrales nucleares que espera comprar para desarrollar armas nucleares.

La oposición bipartidista del Congreso al acuerdo nuclear con Arabia Saudí está creciendo. No solo por el peligro de la proliferación de armas nucleares, sino también por el implacable bombardeo de Yemen por parte de Arabia Saudí, que ha causado la mayor crisis humanitaria reciente, así como por el brutal asesinato del periodista del Washington Post Jamal Khashoggi dentro del consulado saudí en Estambul. El congresista demócrata de California Brad Sherman declaró al medio Arms Control Today que “si hay un gobierno al que no puedes confiarle una sierra, no debes confiarle tampoco armas nucleares”.

Otra preocupación en el Congreso es el posible conflicto de intereses del asesor y yerno de Trump, Jared Kushner. La empresa de la familia Kushner recibió un enorme rescate financiero el año pasado de parte del fondo de cobertura Brookfield Asset Management (BAM). Este fondo de cobertura también es propietario de la empresa Westinghouse Electric, que se beneficiaría de las ventas de plantas nucleares a Arabia Saudí. La estrecha relación personal de Kushner con el príncipe heredero de Arabia Saudí es bien conocida.

Con Estados Unidos preparándose abiertamente para la guerra con Irán, mientras que activamente procura fortalecer el poderío de Arabia Saudí con la tecnología que necesita para desarrollar sus propias armas nucleares, ¿resulta extraño que Irán acabe de anunciar que comenzará a almacenar y enriquecer uranio nuevamente? Irán venía cumpliendo los términos del acuerdo nuclear multilateral firmado con las potencias occidentales, incluso después de que Trump retirara a Estados Unidos del acuerdo.

El presidente Trump está forzando a Irán a seguir la ruta tomada por Corea del Norte: desarrollar un arsenal nuclear disuasivo o ser destruido. Necesitamos una respuesta de los movimientos de base de todo el mundo para detener esta nueva carrera armamentista nuclear antes de que llegue demasiado lejos.

Traducido por Inés Coira

¿Qué vemos al mirar a un niño a los ojos? Hasta el lunes, cerca de 350 niños y niñas migrantes permanecían alojados en condiciones inseguras y antihigiénicas en un centro de detención temporal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en Clint, en el estado de Texas. Las personas ajenas al organismo que pudieron ver a estos niños migrantes quedaron absolutamente devastadas. Frente a la indignación nacional, las autoridades trasladaron a los menores a otros lugares, aunque al día siguiente volvió a llevar a un centenar a las mismas instalaciones.

Quien sí parece conforme con esta práctica de encarcelar a los niños y niñas es el director interino de Inmigración y Control de Aduanas, Mark Morgan. El presidente Donald Trump acaba de convertirlo en el carcelero jefe al nombrarlo también director interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. “Me acerqué a estos individuos a los que se llama 'menores', de 17 años de edad o menos, y los he mirado. Los miré a los ojos y me dije: 'Estos son los que pronto serán miembros de la pandilla MS-13'”, llegó a decir Morgan en enero en Fox News.

Son pocas las personas que logran tener acceso a estos niños y jóvenes, por lo que resulta difícil obtener información precisa sobre su situación. Warren Binford, profesora de Derecho de la Universidad de Willamette, formó parte del equipo jurídico que expuso las condiciones en Clint. Binford describió lo observado en una entrevista para Democracy Now!.

“Cuando llegamos allí el lunes por la mañana, inmediatamente nos dieron una lista que mostraba que había más de 350 niños y niñas en estas instalaciones. Al evaluar la lista, nos descorazonó la cantidad de niños muy pequeños. Había más de cien niños pequeños retenidos allí. Inmediatamente les pedimos a los guardias que comenzaran a traer a los niños más pequeños y también a los niños que habían estado allí por más tiempo. Vimos que había alrededor de media docena de madres adolescentes con sus bebés, por lo que les pedimos a los guardias que también las trajeran”, contó Binford.

El equipo logró entrevistar a 60 niños. “Estaban enfermos. Estaban tosiendo. Les goteaba la nariz. Estaban muy sucios. Inmediatamente comenzaron a describir el nivel de hambre que estaban sufriendo”, continuó la abogada. El horror se profundizaba en cada entrevista. “Descubrimos que prácticamente nadie estaba cuidando a estos niños directamente, que estaban encerrados en estas celdas las 24 horas del día. En muchas de esas celdas solo hay baños abiertos. No hay jabón, no hay forma de lavarse las manos. Están siendo alimentados dentro de las celdas con comidas procesadas instantáneas. Y muchos de ellos se ven obligados a dormir directamente en el suelo por la escasez de camas, colchonetas y espacio para dormir”, relató. Los guardias habían pedido a los niños mayores que cuidaran de los más pequeños.

“Después del segundo día de entrevistar a estos niños tuvimos una reunión urgente —de alto nivel— en mi habitación del hotel. Nos preguntamos qué íbamos a hacer con esto, porque alguien iba a morir. Entonces, llamamos a los abogados que estaban a cargo de este caso, les describimos lo que habíamos visto y les preguntamos qué querían que hiciéramos al respecto”, prosiguió Binford. “Por primera vez en más de 20 años de hacer este tipo de visitas, nos dijeron que contactáramos a los medios para poder sacar a los niños de estas instalaciones lo más rápido posible”, apuntó.

Clara Long, investigadora de Human Rights Watch, también formaba parte del equipo. La investigadora contó a Democracy Now! el caso de una niña de 7 u 8 años: “Le dije: '¿Con quién cruzaste la frontera?' Y ella respondió: 'Con mi tía'. Inmediatamente se puso a llorar tan fuerte que no podía emitir palabra. Mientras intento calmarla, frotándole la espalda, veo que tenía un brazalete que tenía escrito con marcador permanente las palabras 'padre estadounidense' y un número de teléfono”.

“Está la sensación de que no se permite usar teléfonos en las instalaciones, pero en ese momento tanto yo como otros miembros del equipo simplemente decidimos, 'Al demonio. Vamos a comenzar a hacer llamadas telefónicas'. Tomé el teléfono, marqué el número y me comuniqué con su padre. Él no tenía idea de dónde estaba retenida su hija”, continuó Long, que afirma que muchos niños retenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza tienen padres y otros familiares que viven legalmente en Estados Unidos.

El calvario de los migrantes y solicitantes de asilo quedó al descubierto cuando el periódico mexicano 'La Jornada' publicó la foto de un padre y su hija, salvadoreños, ahogados en el Río Grande. Todavía se podía ver el brazo de ella alrededor del cuello de su padre. Oscar Alberto Martínez Ramírez, de 25 años de edad, y su hija Valeria, de 23 meses, fueron arrastrados por el río entre Matamoros, México y Brownsville, Texas, tras haber sido rechazados en la frontera en su búsqueda de asilo legal.

Al responder una pregunta sobre la foto, Trump fue predecible y culpó a los demócratas por su catástrofe fronteriza. El sistema de detención de inmigrantes creció drásticamente durante el Gobierno de Obama, pero Trump lo expandió aún más y con un nivel de crueldad inaudito. Al menos seis niños han muerto mientras se encontraban detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional de Trump. Antes de 2018, había pasado más de una década desde que un niño había muerto bajo custodia de las autoridades de inmigración de Estados Unidos.

Esta semana se realizaron los dos primeros debates de candidatos presidenciales demócratas. A menos de una hora de la ciudad que acogió los debates, Miami, en Homestead, Florida, más de 2.000 menores sin acompañantes están encarcelados en un centro de detención con fines de lucro administrado por la empresa Caliburn. El antiguo jefe de gabinete de Trump, el general John Kelly, forma parte de la junta directiva. Debatir sobre el destino de los niños migrantes encarcelados es importante, pero la crisis de vida o muerte a la que han sido sometidos exige una acción inmediata. Hay que abolir todas las cárceles de niños migrantes ahora.

Estados Unidos celebra cada 19 de junio el 'Juneteenth', una conmemoración de la libertad. El nombre proviene de una combinación de las dos palabras de la fecha en inglés, 19 y junio. Aquel día, en 1865, 250.000 esclavos de Texas fueron liberados por un general del Ejército de la Unión que había llegado la víspera a Galveston con sus tropas. La Guerra Civil había terminado hacía más de un mes, pero la noticia del final de la contienda tardó en llegar a algunas partes de Texas. A finales de 1865, la 13ª Enmienda de la Constitución fue ratificada, aboliendo formalmente la esclavitud en todo Estados Unidos.

Fue una victoria increíble, sin embargo, la trayectoria del racismo sistémico en Estados Unidos no terminó allí, como bien sabemos. De hecho, el impacto de la esclavitud en la población afroestadounidense actual estuvo en el centro de la polémica en Washington D.C. la semana pasada. Fue en la capital donde se realizaron históricas audiencias y encuentros públicos para debatir y organizar acciones en torno a la pobreza de este sector de la población y las reparaciones necesarias, así como para ofrecer alternativas de una nación más justa y equitativa.

El miércoles pasado, en plena celebración de 'Juneteenth', el Comité Judicial de la Cámara de Representantes celebró una audiencia sobre el proyecto de ley H.R. 40, que propone crear una “comisión para el estudio y el desarrollo de propuestas de reparación para los afroestadounidenses”. La congresista demócrata Sheila Jackson Lee, de Houston, presentó este año el proyecto de ley después de que el excongresista John Conyers hubiera luchado por el proyecto durante décadas sin éxito. Como su nombre indica, todo lo que se procura hacer es establecer una comisión para explorar las reparaciones. Sin embargo, la medida se enfrenta a una oposición feroz.

Entre los que testificaron a favor se encontraban el senador Cory Booker, que patrocina el proyecto de ley complementario en el Senado, el actor y activista Danny Glover, la economista Julianne Malveaux, Katrina Browne, que proviene de una acaudalada familia de traficantes de esclavos de Rhode Island y el escritor Ta-Nehisi Coates. El artículo de Coates en 2014 publicado en la revista The Atlantic, 'Argumentos para una reparación histórica', reavivó la discusión sobre cómo nosotros, como sociedad, debemos reparar el horror de la esclavitud.

El martes, una joven periodista afroestadounidense, Eva McKend, preguntó al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, si el Gobierno debería emitir una disculpa pública por la esclavitud. La respuesta de McConnell fue contundente: “No creo que [otorgar] reparaciones por algo que sucedió hace 150 años, de lo cual ninguno de los que vivimos actualmente somos responsables, sea una buena idea”. 

Ta-Nehisi Coates abrió su testimonio ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes haciendo referencia a la declaración de McConnell: “El líder de la mayoría del Senado, McConnell, ofreció una respuesta familiar. Estados Unidos no debe ser considerado responsable por algo que sucedió hace 150 años, ya que nadie que vive actualmente es responsable. Esta refutación presenta una extraña teoría de la gobernanza, según la cual las cuentas a rendir de Estados Unidos están ligadas de alguna manera a la vida de quienes las generaron”.

“Pero bien entrado el siglo”, continuó, “Estados Unidos todavía pagaba pensiones a los descendientes de los soldados de la Guerra Civil. Honramos tratados que datan de unos 200 años atrás, a pesar de que ninguna de las personas que firmó esos tratados continúa con vida. A muchos de nosotros nos encantaría que nos cobraran impuestos solo por las cosas de las que somos individualmente responsables. Pero somos ciudadanos estadounidenses y, por lo tanto, estamos unidos en un proyecto colectivo que se extiende más allá de nuestro alcance individual y personal. Reconocemos nuestro linaje como una herencia generacional, un legado, y el verdadero dilema que plantean las reparaciones es justo eso: un dilema de legado. Es imposible imaginar a América sin el legado de la esclavitud”, apuntó Coates.

El 19 de junio también tuvo lugar otra audiencia especial. La denominada Campaña de los pobres: un llamado nacional para un renacimiento moral presentó ante el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes un “presupuesto moral de los pobres”. Este presupuesto rechaza las medidas de austeridad y exige recortes masivos en el gasto militar, impuestos justos sobre las rentas más altas, las grandes corporaciones y Wall Street, y señala el ahorro de miles de millones más si se pusiera fin a la encarcelación masiva, se tomaran medidas contra el cambio climático y otros objetivos progresistas.

La audiencia sobre el presupuesto fue parte de un Congreso de Acción Moral de tres días, convocado por la Campaña de los Pobres, presidida por el reverendo William Barber y la reverenda Liz Theoharis. Es una renovación de la Campaña de los Pobres lanzada por Martin Luther King junior un año antes de morir.

En la audiencia, el Reverendo Barber declaró: “Resulta trágico que en una sociedad donde nuestro primer deber constitucional es establecer la justicia y promover el bienestar general permitamos la injusticia de la pobreza. El 43,5% de las personas [en Estados Unidos] son pobres o tienen bajos ingresos, y las personas reunidas aquí, que podríamos dar una lección a esta sociedad, no nos alejamos de nuestros valores constitucionales y de nuestros valores espirituales, que nos dicen que es peligroso para una nación no aliviar de su situación a los pobres”.

El pasado lunes los reverendos auspiciaron un foro de candidatos presidenciales demócratas al que acudieron nueve aspirantes. Como apertura de la sesión, que duró seis horas, el reverendo Barber señaló que la pobreza nunca se había abordado de manera directa en los debates presidenciales de 2016: “El 43,5% de esta nación, no el 30% ni el 23%, sino casi la mitad de esta nación [vive en la pobreza]. Cualquier país que ignore a la mitad de su población está en una crisis moral y económica constitucionalmente incoherente, económicamente demencial y moralmente indefendible”. 

Para su crédito, el exvicepresidente Joe Biden fue el primero en hablar. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la noche siguiente asistió a un evento de recaudación de fondos de alto perfil para su propia campaña en Nueva York, donde recordó su época en el Senado e hizo referencia al “respeto” de los días de antaño, cuando trabajaba con dos segregacionistas, los senadores Herman Talmadge y James Eastland. Según un reporte conjunto, Biden expresó: “Estuve en un bloque junto a James O. Eastland. Él nunca me llamó 'chico'; siempre me llamaba 'hijo'”. Por supuesto, para Eastland, senador demócrata por Mississippi entre 1943 y 1978, la palabra “chico”, así como otras mucho peores, estaba reservada para los afroestadounidenses, a quienes Eastland se refería como una “raza inferior”. A Biden le han llovido fuertes críticas por sus comentarios.

Podemos imaginarnos la alegría que sintieron hombres, mujeres, niños y niñas al ser liberados en Galveston, Texas, en ese 'Juneteenth' original, el 19 de junio de 1865. Pero en los pasillos del Congreso y en todo Washington D.C los ecos de sus celebraciones estuvieron presentes en la lucha de tantas personas por la tan largamente esperada justicia racial y económica.