“Un hombre lucha contra un incendio equipado apenas con una rama. Cuando los recursos escasean, los habitantes del lugar usan cualquier cosa que tengan a mano para extinguir las llamas, incluidas ramas, aperos de labranza o mangueras domésticas”. Este es el resumen con el que World Press Photo, una organización independiente con sede en Amsterdam desde 1955 que organiza el prestigioso premio de fotografía, destaca el trabajo de Brais Lorenzo (Ourense, 1986) que le ha valido uno de los galardones de este año. Tierra quemada se titula el reportaje distinguido, que el fotógrafo gallego realizó durante los grandes incendios del pasado verano en la provincia ourensana.

Colaborador de elDiario.es y de otros medios como la agencia EFE o El País, Lorenzo lleva unos 15 años fotografiando el fuego. El pasado agosto, las llamas arrasaron unas 120.000 hectáreas -datos de la Xunta de Galicia. La introducción a Tierra quemada en la página web de World Press Photo explica que la cada vez mayor severidad de los incendios en Galicia se debe al cambio climático, a la despoblación rural y a deficientes políticas forestales, por ejemplo la plantación extensiva de especies no nativas y altamente inflamables. Humaredas densas y un tono anaranjado, apocalíptico, dominan las fotos de Lorenzo sobre la materia, algunas de las cuales las publicó en elDiario.es.

El mundo rural gallego, sus trabajos y sus días, su transformación y, de alguna manera, su tendencia a la desaparición conforman la quizás preocupación central del trabajo fotográfico de Lorenzo. Además de sus imágenes de los incendios forestales, el fotoperiodista ha captado los entroidos ancestrales que todavía hoy celebran en Galicia el final del invierno y la intuición de la primavera y ha dedicado una exitosa exposición, Habitar o baleiro [Habitar el vacío], a documentar “una forma de vivir que agoniza”, la de las aldeas gallegas. Su cámara también se ha ocupado del trabajo al límite del mar de los percebeiros, de la soledad de los mayores en la pandemia de coronavirus o de las huellas de la catástrofe ambiental de Prestige.

Más allá del World Press Photo 2026 -que Tierra quemada comparte con otros 41 proyectos en diferentes categorías, seleccionados entre 57.000 de 141 países-, Brais Lorenzo ha recolectado otros importantes premios a lo largo de su carrera, entre ellos el Ortega y Gasset, el Galicia en Foco o el Jesús Moreno de Albacete.

Galicia puede ser otra cosa, más grande, mejor, pero 17 años de gabinetes del Partido Popular, los cuatro últimos con Alfonso Rueda como presidente, la han sumido en el estancamiento. Esta fue la idea nuclear de la intervención de Ana Pontón en el debate de estado de la Autonomía. “Vivimos una etapa histórica muy compleja, de grandes cambios y grandes desafíos. Necesitamos un gobierno audaz, con visión de futuro y ambición, capaz de impulsar transformaciones”, expuso, “y lo que tenemos es el presidente del estancamiento”. La rutina y la dejadez se han apoderado de una Xunta de Galicia sin ideas, vino a decir. Y cuando actúa, es “para contentar empresas amigas” y, como en el plan para limitar el derecho a baja laboral anunciado por Rueda esta mañana, “tratar a los trabajadores como vagos y maleantes”.

El repaso de la líder del BNG a la situación de la comunidad comenzó con una profesión de fe internacionalista y acabó con una cita de la novelista Begoña Caamaño, a la que este año la Academia dedica el Día das Letras Galegas: “Es el momento de cambiar el mundo, de cambios profundos y estructurales, pero también conceptuales: es el tiempo del feminismo, es decir, de la justicia, de la igualdad, de la libertad, de la dignidad, y también, ¿por qué no? de la felicidad”. Pero el discurso de Pontón había arrancado con un recuerdo a la oposición histórica del nacionalismo gallego de izquierdas al imperialismo estadounidense y a las guerras en general, “en Ucrania y en Yemen, en Somalia y en Etiopía”.

Criticó después el belicismo occidental, la postración europea ante Donald Trump y el aumento del gasto militar en los países comunitarios, “incluido el Estado español”. También a la OTAN y recordó que las agresiones de Trump a Venezuela e Irán tienen un elemento en común, el petróleo. “Las guerras son un fracaso de la humanidad. Solo responden a la avaricia, a las ansias de poder y al dinero”, dijo, antes de afear al Partido Popular gallego que se negase, en sede parlamentaria, a condenar el genocidio palestino o los bombardeos de Irán. Y esa es, resumidamente, la época “muy compleja” en la que, a su juicio, debe manejarse el Gobierno gallego. Y el de Rueda lo está haciendo en el mejor de los casos con indolencia y en el peor “con indecencia moral”. “Usted dice que en este contexto hay que aprovechar la oportunidad de negocio”, le recriminó, “es una indecencia moral. En una guerra solo hay sufrimiento y víctimas, rectifique”.

17 años “sin proyecto de país”

Pontón, en todo caso, se esforzó por colocar al presidente de la Xunta en el lugar en el que Rueda estuvo en los últimos 17 años: en la primera línea de los sucesivos ejecutivos del Partido Popular, desde 2022 en la presidencia, desde 2024 con su primera mayoría absoluta. “No tienen proyecto de país. Llevan 17 años gobernando y ¿cuál es su legado?”, se preguntó. La respuesta la dio ella misma con una serie de ejemplos: crisis demográfica, listas de espera para ir al médico de cabecera, dificultades para acceder a una vivienda y la liquidación de la política pública del sector solo ahora tímidamente recuperada, talento formado aquí y “a la fuga”, sectores productivos debilitados, un monte que arde cada vez más, una educación pública con menos profesorado y ratios elevadas y una lengua, el gallego, “en situación de emergencia”. “Para taparlo, mentira y propaganda. ¿No se cansa de que su palabra no valga nada?”, le espetó.

La “Galicia estancada” a la que han conducido los 17 años de gobierno de la derecha también la ilustra la pérdida de la posición relativa de la comunidad en materias como empleo, población o riqueza respecto del Estado. “Galicia capta poca inversión exterior, porque el empresariado no confía en usted”, apuntó, “y su palabra solo tiene valor cuando se trata de beneficiar a unos pocos, las eléctricas, la sanidad privada y las empresas privadas del PP”. A continuación, enumeró algunos episodios poco edificantes de la gestión de los conservadores: millones de euros en contratos públicos a dedo a la empresa de la que la hermana de Feijóo es alta directiva, 480 millones de euros de sobrecoste en la construcción del hospital de Vigo debidos a la fórmula de financiación privada decidida también por Feijóo, la decisión del Tribunal Superior de apartar al juez Luís Villares de la sala que decidía sobre proyectos eólicos tras una campaña del PP en contra del magistrado en instituciones y medios de comunicación.

Pontón se detuvo en dos de los anuncios que Alfonso Rueda había incluido en su largo discurso de la mañana, la restricción del derecho a la incapacidad temporal de las personas trabajadoras -unidades de control de bajas por salud mental o lesiones musculares, mayor poder a las mutuas privadas- y un presunto nuevo modelo de atención primaria. “Somos la segunda comunidad del Estado con menos bajas laborales, pero usted trata a los trabajadores como vagos y maleantes, cómo puede tener tanta cara”, consideró. Y añadió: “¿Sabe por qué duran más en Galicia las bajas laborales? Porque ha colapsado la sanidad pública”. Muy en concreto la atención primaria, a decir de sindicatos, sociedades científicas o asociaciones de pacientes.

Protestas multitudinarias: Altri, sanidad

“Los gallegos son los ciudadanos que peor valoran su atención primaria”, se hizo eco de una reciente encuesta, “con listas de espera de hasta un mes para el médico de cabecera”. Y ante esa realidad, el anuncio de Rueda para reformarla sonó a sabido: “Ya anunciaron en 2019 las mismas medidas”. Promesas incumplidas en salud mental, 11.000 niños sin pediatra o la caída del presupuesto en medicina familiar a lo largo de los gobiernos populares -Galicia solo está por encima de Madrid en ese capítulo- son síntomas de la progresiva degradación de la sanidad pública gallega. Manifestaciones multitudinarias se lo han recordado al Gobierno de Rueda durante los últimos años.

También fueron multitudinarias las protestas contra el proyecto de macrocelulosa de Altri. La oposición gallega las respaldó. “David puede vencer a Goliath”, se felicitó Ana Pontón. El Gobierno de Alfonso Rueda fue incapaz de sacar adelante una iniciativa que él mismo había calificado de estratégica. “No era un proyecto más, era su proyecto. Su modelo de desarrollo económico son las macrocelulosas del siglo pasado”, le afeó. La Xunta mantiene oculto el acuerdo con la multinacional portuguesa que facilitó su desembarco finalmente frustrado -a partir de informes técnicos, Europa le denegó ayudas, el Gobierno central la conexión eléctrica- en Galicia.

“Nos tratan como una colonia energética de Madrid”, se extendió. Aquí desgranó sucintamente la apuesta del BNG para la transición energética: tarifa eléctrica gallega, una empresa de electricidad 100% pública “y aprenda del alcalde de Muras a tratar con las eléctricas”. Esta pequeña localidad del norte de a Terra Cha, gobernada por el BNG, alberga 19 parques eólicos y recibe a cambio ingresos estables de las compañías en las arcas públicas. En cualquier caso, anotó Pontón, el objetivo de los nacionalistas sería que la industria, sostenible y adaptada al siglo XXI, aportase el 20% del PIB gallego. En la actualidad se aproxima al 18%.

“Desprecio por llegar a acuerdos”

Ana Pontón encaró el tramo final de su intervención haciendo referencia a un silencio, el de Rueda sobre políticas de igualdad o violencia de género, y a un terreno en el que el PP se mueve con contradicciones y vaivenes, el de la lengua gallega. Alfonso Rueda respaldó en su día manifestaciones contrarias a la enseñanza del gallego en la escuela y recientemente votó, junto a su grupo parlamentario autonómico, contra el uso del idioma propio de la comunidad en el Congreso de los Diputados. Tampoco ha respaldado los intentos del Ejecutivo central por el reconocimiento comunitario del mismo. “Cumpla el Plan de Normalización Lingüística, el gran acuerdo que rompió el PP, y actualice la Ley de Normalización Lingüística”, dijo. La Xunta se había comprometido a presentar la modificación del mencionado plan el pasado noviembre. De momento no se sabe nada.

La líder nacionalista dejó para el final, justo antes de la cita a Begoña Caamaño, sus críticas a la estrategia del Gobierno gallego para reducir los espacios institucionales de la oposición. Le afeó su “desprecio por llegar a acuerdos” -la desabrida réplica de Rueda pareció confirmarlo-, su “práctica de la crispación”, la ruptura del acuerdo histórico para renovar la Valeduría do Pobo o el “secuestro de la TVG” y los medios públicos. Donde, por cierto, trabajó muchos años la propia escritora Caamaño, implicada en las denuncias contra la manipulación informativa a cargo del PP.

Fue uno de los anuncios estrella de Alfonso Rueda en su discurso sobre el estado de la Autonomía, alfombrado durante los días previos por la prensa afín: la Xunta implantará un “programa integral” para limitar el derecho a la baja laboral de los trabajadores gallegos, especialmente aquellas relativas a la salud mental y a lesiones musculares. Reforzará, además, el papel de las mutuas privadas. “Rueda es un vasallo de la patronal”, resume Paco Sío, de la CIG, sindicato mayoritario en la comunidad. “Las medidas ponen el foco en las personas trabajadoras”, señala Armando Iglesias, de Comisións Obreiras, “cuando el problema no está ahí”. Las centrales, en conversación con elDiario.es, arremeten contra el presidente gallego, al que acusan de servilismo respecto de los empresarios y de recortar y privatizar la sanidad.

“Es Rueda el que provoca que tardemos más en curarnos al recortar la sanidad pública”, se extiende Sío, “y ahora, en vez de solucionarlo, quiere que vayamos enfermos a trabajar”. El presidente gallego aseguró en el Parlamento que la comunidad es la segunda en el Estado que registra más incapacidades temporales y con mayor duración media. Los sindicatos lo relacionan con el aumento de las listas de espera en cirugías y especialistas y de los plazos para obtener cita en atención primaria. “La falta de inversión del Gobierno gallego en la sanidad pública produce unas listas de espera que son las que son”, aduce Armando Iglesias. No solo, existen más factores que contextualizan la ofensiva de Rueda, apoyado en la patronal que encabeza Juan Manuel Vieites, contra las bajas y lo que entienden como absentismo laboral.

Comisións Obreiras habla de dejadez del empresariado, que “no vela por la salud de los trabajadores y trabajadoras”. Y la CIG recuerda que la reducción de los presupuestos destinados a la prevención de riesgos laborales provoca que haya menos inspectores y más descontrol en las empresas. Sobre la función de las mutuas privadas en la gestión de las incapacidades laborales, que la Xunta quiere fortalecer, también existe cierto consenso en los sindicatos. Armando Iglesias, responsable de Saúde Laboral en su central, denuncia su apatía, mientras Paco Sío, secretario de Negociación Colectiva de la CIG, las acusa de preocuparse “no por la salud de los trabajadores sino por su propio beneficio”. El plan de Rueda es otorgarles la última palabra en las propuestas de alta y que la inspección sanitaria pública apenas se encargue de ratificarla.

Sío menciona finalmente otros dos factores que, en su opinión, convierten lo que los presidentes de Gobierno gallego y patronal llaman “problema del absentismo laboral” en un síntoma. En un síntoma de que algo va mal en el mundo gallego del trabajo. El primero, el envejecimiento de la fuerza laboral: en una década, los trabajadores y trabajadoras con más de 55 años han pasado del 14 al 25%, uno de cada cuatro. El segundo, la jornada laboral, por encima de la media europea. “Cuando se intentó reducir, que a nosotros nos parecía poco pero era importante, la patronal se negó y remitió a la negociación colectiva”, apunta, “pero en la negociación colectiva no se está aprobando”. Las dos circunstancias combinadas producen “un aumento de la posibilidad de enfermar”.

La siniestralidad laboral es elevada en Galicia. Durante el inicio de este 2026, su alza es la mayor de todas las comunidades. Y entre enero y septiembre de 2025, fue la tercera en mortalidad.

Alfonso Rueda dijo en sede parlamentaria que llevará su propuesta al diálogo social. La CIG ya avisa de que no va a participar “en esta mascarada”. “Allá de quién lo haga”, concluye Sío.

Más allá de luces deslumbrantes y del combate asalvajado por la atención en redes sociales también hay vida musical en el pop: la guitarra eléctrica como medio principal -no único- de expresión, la artesanía de la canción como apología del trabajo humilde y constante, lírica sobre el paso del tiempo y el lugar natal, conciertos en su ciudad y alrededores “con alguna excepción”. “Como The Feelies, que hacen dos o tres conciertos al año en New Jersey, o Jonathan Richman, somos una banda de kilómetro cero”, define divertido a Tesouro su cantante, guitarrista y compositor, Carlos Rego. El grupo acaba de publicar No centro do mundo, su segundo elepé, rock eléctrico, sereno, adulto para bien, que abreva en una tradición americana a la vez subterránea y clasicista.

Tesouro nació de las canciones que Rego (Ourense, 1961) había ido grabando junto al batería Aser Álvarez, su compinche en Cosecha Roja -activos entre 1988 y 2001- y Burgas Beat -entre 2002 y 2012. Buscaban bajista y se sumó Dani Alonso, procedente de Os Amigos dos Músicos (sensibles practicantes de folk rock). La idea fue tomando forma. El trío editó Aquí conmigo (vinilo, Hanky Panky Records, 2022), quizás más garajero que su sucesor. “Me cuesta poner distancia respecto de lo que hacemos. Sí sé que No centro do mundo es el primer trabajo del grupo como tal, con sus cuatro miembros aportando”, explica en conversación con elDiario.es. La incorporación de Anxo Fernández a los teclados -Hammond, piano- completó la formación. “Los arreglos de No centro do mundo (vinilo, Hanky Panky Records, 2026) están más pensados de antemano. El primero fue más inconsciente”, añade.

Ahora entrega un disco con canciones en gallego y en castellano, con Rego como letrista que recurre sin complejos a sus poetas de guardia: el espléndido vanguardista Manuel Antonio (1900-1930), el preciso y contracultural Lois Pereiro (1958-1996), Karmelo Iribarren, el anónimo autor de Silencio de Ourense. “La ciudad donde vives te marcha mucho. Esa idea del 'centro del mundo' se repite en varias canciones. En la de Pereiro, por ejemplo [Revisando os danos, a la sombra de The Dream Syndicate], o en lo que hacíamos con Burgas Beat”, dice, aunque remite el origen del concepto al recuerdo distorsionado de un diálogo de la película Los puentes de Madison (Clint Eastwood, 1995). “Los que habitamos ciudades pequeñas parece que estamos apartados de las corrientes principales y a veces es al revés”, puntualiza. Todo en Tesouro rechaza la grandilocuencia. Su épica, de haberla, es la cotidiana.

“Empresa mínima que no da pérdidas”

Los amplificadores por momentos restallan a lo Crazy Horse, el garage rock se desprende de lugares comunes en la estela de los Yo La Tengo de los 80, hay interrupciones acústicas (Silencio de Ourense, el arranque de la hermosa Sós o Manuel Antonio se disuelve en folk rock con punteos espejados en Television). ¿Por qué seguir escribiendo canciones tras casi cuatro décadas en una zona prestigiosa pero en sombra de la escena musical? “Por dinero seguro que no”, responde entre risas, “con el dinero y las horas que llevo invertidas en la música ya habría pagado la hipoteca. A veces yo también me hago esa pregunta”. Rego atravesó algún período de sequía, el más largo los cinco o seis años en torno al libro sobre Derribos Arias que publicó en 2015 (Derribos Arias. Licencia para aberrar, en 66rpm ediciones).

“Pero las canciones aparecen, quieren salir. Y tengo la suerte de que haya gente a mi alrededor que me ayuda a sacarlas al exterior, Dani, Aser, Anxo ”, se extiende, “y a mantener el nivel. De tercera regional, pero nivel [ríe]. Tenemos la posibilidad de tocar en condiciones. Somos una empresa mínima que no da pérdidas”. Tesouro, como antes Burgas Beat y aún antes Cosecha Roja -que alimenta cierto estatus de culto, elaborado pop energético-, despliega todas sus potencias en directo. “Eso es innegociable. El grupo tiene energía, sus canciones tienen nervio y ganan en vivo”, asegura, preguntado por lo paradójico, o no, de facturar rock adulto. “Lo que no queremos es quedarnos en el middle of the road [MOR]”, dice. Al fin y al cabo, “esto es un experimento, saber hasta cuándo se pueden hacer cosas con significado”. No hace tanto tiempo que el rock se ha hecho mayor y Neil Young no lleva la vejez de la misma manera que los Rolling Stones. Por ejemplo.

Y es que, pese a cierto discurso dominante, la chavalada sigue enchufando guitarras, considera. “Alcalá Norte o Carolina Durante no dejan de ser grupos de guitarras y triunfan. O The Rapants, que musicalmente están lejos de mí pero a los que tengo mucha admiración”, señala, “los vi crecer en los garitos de Muros (A Coruña), donde veraneo desde hace 30 años”. No todo tiempo pasado fue mejor, tampoco a este respecto. “El rock ya era minoritario cuando yo era adolescente. Si hay una expresión que odio es 'en mi época”, explica con sarcasmo, “hablas con tres tipos de mi edad y cada uno tiene su época. Cada uno la vive de manera distinta”. Lo que además no impide que criterios y preferencias evolucionen: “Yo odiaba los Bee Gees y ahora me parecen buenísimos. Incluso la banda sonora de Fiebre del sábado noche”.

En todo caso, la tarea de Tesouro y sus guitarras no es el baile, sino las canciones. Que además no esconden sus aires de familia. “No me niego a que se note lo que me gusta”, admite, “soy un humilde compositor. Los que no queremos inventar la rueda también tenemos derecho a hacer una rueda bien hecha”. Para Rego, mozo en un barrio del Ourense de los 70, el pop -en sentido amplio- fue su música folk. “Yo no accedí a la música tradicional gallega hasta más tarde. Solo algún disco de Fuxan Os Ventos [mítico conjunto vocal cuya etapa de mayor repercusión fue en la segunda mitad de los 70] que compraba mi padre”, confiesa, “pero sé que también sigo una tradición”. La del rock eléctrico, independiente y de orfebre. Sobre el que también escribe.

Los libros: de Bibiano a Modern Lovers

Rego ha publicado una celebrada monografía sobre la evanescente etiqueta Nuevo Rock Americano (NRA) -prácticamente creada por la prensa musical española y que englobaba a REM, Los Lobos, Dream Syndicate, Green On Red- y la biografía de Derribos Arias. Profundizó en la obra de Magín Blanco, artesano del rock eléctrico con La Rosa en los 80 reciclado en músico para la infancia, y la reevaluó. Su último libro repasa la increíble vida y la valiosa obra de Bibiano Morón, cantautor antifranquista y autor de tres magníficos elepés de folk progresivo entre 1975 y 1979. Tras el verano, la editorial Sílex publicará la aproximación de Rego a uno de sus héroes, el estadounidense Jonathan Richman. “Me centro en su primer grupo, los Modern Lovers originales”, explica, “activos entre 1970 y 1974 y que no sacaron ningún disco. Son un OVNI en la carrera de Richman”. Solo en 1976 apareció The Modern Lovers, con las maquetas registradas en el 72 producidas por John Cale, y se convirtió en uno de las fuentes secretas de la inmediata explosión punk. “Es un libro diferente a todo lo que he hecho hasta ahora, con otra forma”, apunta.

Mientras, Tesouro llevará a los escenarios No centro do mundo. Siempre bajo la filosofía del kilómetro cero. Este 4 de abril lo presentan en A Arca da Noe, en Vilar de Santos, en el corazón de la comarca de A Limia. El 18 apoyará a la única tienda de discos que resiste en Ourense, Bonus Track, junto a la surf music de Phantom Dragsters, también locales. Y el 24 del mismo mes abre para una banda legendaria y asociada al NRA, los Long Ryders de Sid Griffin, en la Sala Capitol de Santiago de Compostela. Ya en mayo, en el fin de semana del Día de los Trabajadores, Tesouro estará en la Fundación Club 45 de Álex Cooper -el de Los Flechazos- en León.

No fue un militar local cualquiera cuya carrera coincidió fatalmente con la dictadura, si es que esa inocencia resultase posible. Juan Yagüe Blanco, represor al frente de las tropas africanas de la Revolución de Asturias en 1934, falangista de primera hora, conspirador contra la democracia republicana, fue además el Carnicero de Badajoz. Entre 2.000 y 4.000 civiles cayeron ejecutados en la ciudad extremeña en agosto de 1936 al paso de la columna de Yagüe. El ejército español mantiene una “sala de honor” con su nombre en el Palacio de Capitanía de A Coruña y la publicita en carteles y dípticos para visitas guiadas al inmueble. La Comisión Pola Memoria Histórica de la ciudad lo ha denunciado y exige la retirada de la distinción.

Yagüe Blanco había nacido en un pequeño ayuntamiento de la provincia de Soria en 1891. Murió en Burgos 61 años después. Por el medio se convirtió en uno de los militares ultramontanos más célebres. Integrado en la Legión durante las guerras del Rif y cabecilla de liquidación militar de la revuelta obrera de 1934, amigo personal del líder falangista José Antonio Primo de Rivera, el 17 de julio del 36 sublevó a las tropas en Ceuta. Un mes después lideraba a 3.000 soldados para entrar a sangre y fuego en Badajoz, uno de los más conocidos episodios de terror fascista de la Guerra Civil.

A la batalla entre legionarios partidarios de Franco y milicianos republicanos la sucedió una brutal represión. Los investigadores todavía discuten cifras de asesinados: como mínimo 2.000, otras fuentes hablan de casi 4.000. El propio Yagüe admitía su papel en lo sucedido en una entrevista con el New York Herald Tribune recogida por el historiador Julián Casanova: “Por supuesto que los matamos. ¿Qué esperaba usted? ¿Qué iba a llevar cuatro mil prisioneros rojos conmigo, teniendo mi columna que avanzar contra reloj? ¿O iba a soltarlos en la retaguardia y dejar que Badajoz fuera roja otra vez?”. La matanza transcendió las fronteras españolas y le valió a Yagüe el sobrenombre de Carnicero de Badajoz.

Después de la guerra, Yagüe Blanco viajó a la Alemania nazi para acompañar a la Legión Cóndor de regreso a España. Fue Ministro del Aire del primerísimo franquismo entre agosto de 1939 y junio de 1940 y en el 43 ascendió a teniente general. Ese es el grado con el que lo recuerda el Palacio de Capitanía de A Coruña. “Mantener esta denominación es una ofensa a las víctimas de la dictadura y a la propia institución militar, además de un incumplimiento flagrante de la Ley de Memoria Democrática”, ha señalado en un comunicado la Comisión pola Recuperación da Histórica de la ciudad, que recuerda que localidades como Soria, Madrid o Logroño han eliminado referencias y homenajes al militar fascista. El colectivo también ha remitido escritos al Ministerio de Defensa y a la Dirección General de Atención a las Víctimas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en los que solicita suprimir la denominación “sala de honor TG Yagüe”.

Según el artículo 40 de la citada ley, aprobada en 2022, “las administraciones públicas […] adoptarán las medidas oportunas para revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones anteriores a la entrada en vigor de esta ley que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la Guerra o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista”. Juan Yagüe Blanco fue uno de los 35 cargos de la dictadura franquista que el juez Baltasar Garzón imputó en 2008 por delitos de detención ilegal y crímenes contra la humanidad.

elDiario.es ha preguntado por el caso al Ministerio de Defensa pero por el momento no ha recibido respuesta.

El clip de su último sencillo, Non sei como, podría ser como una síntesis del mundo Rapants: una bola de discoteca, voces featuring Joe Crepúsculo, una taberna a la orilla del indómito Atlántico, la camiseta de cuando el Dépor ganó la Liga, azafatas de avión en las naves de un puerto pesquero, actores tan míticos como Miguel de Lira y Federico Pérez, una serenata con gaita y tuba, cierta atmósfera lynchiana pero con retranca, un entierro, parejas cruzadas. E indie dance de amor y desamor, música disco con guitarras vivas, una habilidad indudable para la forma canción. The Rapants son el último fenómeno del nuevo pop gallego y tal vez, por su envergadura, uno de los más inesperados: han vendido casi 6.000 entradas para el concierto en el que, este 28 de marzo en el pabellón Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela, presentarán Rapants Club, su cuarto disco.

“Son unos chavales de Muros que lo petan. Esa idea es algo bonito a lo que adherirse. Tienen autenticidad, y eso cuenta”, intenta desentrañar el secreto de su éxito la periodista María Yáñez. No es fácil: una banda de guitarras, bajo y batería que, nacida en el subsuelo, cantando en gallego y sin una gran promotora detrás, reúne miles de personas. En 2026. “El mérito de The Rapants, en mi opinión, es que, por primera vez, el mainstream gallego no necesita ser validado fuera”, añade Yáñez, “al contrario de lo que sucedió con Iván Ferreiro, Xoel López o antes con Luz Casal. Incluso con Tanxugueiras”. Precisamente as Tanxugueiras, que cruzan la música tradicional con los denominados sonidos urbanos, son el precedente más obvio de The Rapants en cuanto a poder de convocatoria de una propuesta en gallego: en diciembre de 2023 agotaron localidades en el Coliseum de A Coruña, unas 9.000.

“No quito ningún valor a Tanxugueiras, al revés, pero su fama no creció de una manera tan orgánica como la de The Rapants, sino vinculada a su decisivo paso por el Benidorm Fest”, argumenta Karan Novo, uno de los organizadores del Emigrasón, festival de música y cultura gallega en Bruselas. Rapants han tocado en tres de las cuatro ediciones. En ese “crecimiento muy orgánico”, es decir, escenario a escenario, de minúsculas salas al pabellón do Sar, detecta Novo una de las fortalezas del grupo de Muros (A Coruña), pueblo marinero de unos 8.000 habitantes. “Hicieron bolos en todas partes y fueron construyendo su base de fans. Hacen las cosas bien, sin salidas de tono, ni en las tablas ni fuera de ellas”, considera, “son divertidos y no se flipan. Y tienen mucho carisma, algo que o se tiene o no se tiene. Aura, se dice ahora”.

Del garage a la pista de baile

La banda se formó en 2018: Samuel (guitarra y voz), Xanma (guitarra y voz), Matías (bajo y teclados) y Xaquín (batería). El primer espejo en que se miró -lo citan a menudo en entrevistas, recuerda María Yáñez- fue el de sus paisanos Terbutalina, divertido garage punk ramoniano, también en gallego, activos entre 2010 y 2025 y con discos como Hostias para todos (2012), Ritmo serbio (2013) o Al otomano se la va la mano (2015). Pero el sonido Rapants enseguida abandonó aristas garajeras y se enfocó hacia el baile, en parte una revisión del post punk aggiornado de los dosmil, en parte ítalo disco y ecos de Daft Punk. “La perfección de la fórmula bailonga del ya clásico indie rock con mecánico charles a contratiempo”, lo describió el crítico Noel Feáns en el diario Praza hace dos años, cuando salió su tercer disco, La máquina del buen rollo. “Son do it yourself total”, concede el crítico Fernando Fernández Rego, impulsor además del sello Ferror Records, “han crecido con cada disco. Nunca se acomodaron. Son ambiciosos: no se conformaron con llenar Capitol [conocida y activa sala de Santiago de Compostela, con capacidad para 700 personas] un año detrás de otro. Apostaron por la profesionalización de la banda, como en su momento lo hicieron Triángulo de Amor Bizarro y Novedades Carminha. Y su conexión con el público es brutal”.

Conexión y ambición, estas dos ideas se repiten entre los expertos consultados. “Parece música ligera pero se toman muy en serio a sí mismos y a su proyecto”, coincide María Yáñez, que pone de ejemplo Non sei como, uno de los adelantos de su último disco: “Es un temazo brutal. Pero el videoclip, hacer un videoclip de ese nivel, en concepto y ambición, demuestra de lo que son capaces”. Lo dirigieron Juan Barbazán, Sergio Goce y Manu Seo. “Son además humildes y se rodean de buenos profesionales, también a nivel técnico o de comunicación”, dice Karan Novo, “a lo mejor la clave está ahí. Siguen con una promotora pequeña. Tienen identidad propia y trabajan con gente que los entiende”.

Cambio de paradigma lingüístico

Y ya nadie les pregunta por la lengua en la que cantan. Y cuando lo hacen, reciben sarcasmo como respuesta. “Hablan de sus cosas en su idioma, casi en su dialecto”, apunta Yáñez. El gallego de Muros posee sus particularidades y The Rapants están orgullosos, no lo ocultan. Para Karan Novo, simbolizan un cambio de paradigma: “Cantan en gallego sin complejos, lo normal”. Alguna vez les preguntaron por qué lo hacían, relata Novo, y respondieron con ironía: “No nos habíamos dado cuenta”. Fernández Rego, veterano de la escena indie y underground, hace memoria y asegura que, todavía en 2006, la mayoría de las bandas gallegas se expresaban en inglés o castellano, “el gallego era la excepción”. “Hubo un giro y ahora es casi lo opuesto, se defiende lo propio”, celebra, “aunque, por fuerza, pueda haber algo de hype. Ahora el mainstream puede estar en gallego, para lo bueno y para lo malo”.

“Tienen potencial para salir fuera de Galicia”, entiende Yáñez, “aunque me encantaría que no lo necesitasen. Que pudiesen desarrollar una carrera, llenar conciertos, vender entradas y crecer sin que los tuviesen que validar en el exterior”. Rego cree que ese salto es aún materia pendiente -pese a que con el disco anterior giraron por todo el Estado- y ve así la cuestión: “Mola que les vaya bien, que haya referentes pop en gallego. Mejor unos chavales de Muros que Sidonie, Love Of Lesbian y todo ese rollo que nos están vendiendo”.

La banda sonora de las generaciones

Al cierre de su reseña de La máquina del buen rollo, Noel Feáns establecía algo así como una tesis sobre el fenómeno Rapants. Entonces acababan de colgar dos sold out consecutivos en la mencionada Sala Capitol e iban a ser una de las pocas bandas en gallego en el macrofestival O Son do Camiño. Pero la vista todavía no alcanzaba la dimensión que está tomando el fenómeno y las casi 6.000 entradas en Sar -donde los telonearán Úlex, novísimo pop guitarrero. “Cada generación tiene su banda favorita sobre el escenario y no siempre por motivos estrictamente musicales”, escribía Feáns, “hay factores como la diversión sobre y bajo el escenario o el número de hits coreables. Los de los 80 tuvieron a Siniestro Total. Los de los 90 tuvimos a Heredeiros da Crus. Los de los años 10 a Novedades Carminha. Y los de los 20 tienen a los Rapants”.

No le sirven ni los datos de la propia Xunta de Galicia, ni los recopilados por el CIS: la visión de Alfonso Rueda sobre la situación de la sanidad pública en Galicia, denunciada por usuarios y trabajadores, bordea el triunfalismo. “Es mucho mejor que cuando ustedes gobernaban” o “muy por encima de la media para bien” fueron algunas de las frases que utilizó para defender la gestión de su gabinete en la materia durante la sesión de control parlamentario de este miércoles. Esta semana, el barómetro del CIS concluía que la ciudadanía gallega es la más insatisfecha de todas las comunidades con la situación de la atención primaria. “El incremento de seguros privados en Galicia, ¿no le llama la atención?”, inquirió el socialista José Ramón Gómez Besteiro. Rueda no se inmutó.

Besteiro había realizado, apoyado en cifras públicas, un sucinto repaso por el descontento de usuarios y pacientes. “En 2026 el 43% de los pacientes de primaria no reciben atención antes de cuatro días. Y para que no me diga que se debe a la huelga [convocada por el sindicato de médicos Omega], en 2022 era el 18% y en 2025, el 38%”, recordó el portavoz del Partido Socialista. “Los seguros privados han aumentado un 20% en los últimos años”, añadió, antes de hablar de un “desmantelamiento programado de la sanidad pública”. También se refirió a las 400.000 personas en listas de espera, 50.000 más que en la última oleada, y a los 98 días que tardan en pruebas diagnósticas y 73 en operaciones quirúrgicas.

Las manifestaciones multitudinarias contra la privatización y el deterioro del servicio se suceden desde hace años, ya con Núñez Feijóo en la presidencia. Y la oposición critica el estado de la cuestión con insistencia. Pero Rueda se desentiende. Este miércoles volvió a hacerlo. Espigó el mismo barómetro del CIS que ratificaba el malestar ciudadano y aseguró que la aprobación de la sanidad pública entre la población gallega es superior a la media. Y que sí, “hay problemas” y no lo va a negar, pero sus responsables están sobre todo en Madrid. “¿Para qué sirve un Ministerio de Sanidad?”, se preguntó. El grueso de las competencias sanitarias las maneja, sin embargo, la Xunta desde hace más de 30 años.

En su diatriba contra Besteiro y los socialistas también quiso colar alguna mentira -“ni siquiera menciona la huelga”, lo que sí hizo- y cerró con un anuncio: el Servizo Galego de Saúde (Sergas) implantará una nueva vacuna contra el meningococo B a los niños y niñas de 12 años. “Estamos a la cabeza no de España ni de Europa, del mundo, en vacunación infantil”, se ufanó.

“Ni está ni se le espera, llega siempre tarde”

También a Madrid se remitió el presidente gallego en respuesta a la pregunta de Ana Pontón, líder del BNG, sobre las medidas del Gobierno autonómico para mitigar las consecuencias de los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán. “Apoyan las medidas que presentan el PSOE y pagan los gallegos”, le dijo Rueda en un extraño giro argumental que lleva repitiendo dos días, y añadió una descalificación entre aplausos de diputados del PP: “Allí sí bwana al puto amo”. Antes había disparado otra ristra de lugares comunes en sus discursos contra los nacionalistas gallegos -la segunda fuerza de la Cámara: comparó las excarcelaciones de presos de ETA con los bombardeos ilegales en Oriente Medio, censuró “las dictaduras comunistas” en Cuba y Venezuela que, dijo, respalda el Bloque, y les afeó que “no condenen la invasión de Ucrania”.

A esto último respondió Pontón. “El BNG condena todas las guerras y las invasiones de la soberanía de los países, incluida la de Ucrania, señor bulopresidente”, dijo. Rueda no se dio por aludido y en su turno de réplica insistió en lo mismo. El caso es que la nacionalista se había interesado por las iniciativas de la Xunta relacionadas con el conflicto de Irán y sus efectos económicos. “Ni está ni se le espera. Llega siempre tarde y arrastrando los pies”, resumió su opinión sobre la acción del Gobierno gallego. Mencionó otros ejecutivos -el vasco, el murciano- que ya han avanzado algunas ideas al respecto y lanzó una propuesta: 700 millones de euros en ayudas directas, líneas de crédito y un escudo social gallego (bono de transporte universal a 30 euros, duplicar el complemento gallego de las pensiones o levantar peajes en autopistas).

Esta vez el presidente sí traía algo con lo que responder. Lo dejó para el final, tras una nueva andanada de descalificaciones. En el próximo Consello de la Xunta el 30 de marzo -un mes después de que Estados Unidos e Israel iniciasen la guerra- aprobará 150 millones de euros “para ayudar a los sectores más afectados”.

Los usos y costumbres los habían respetado Fraga Iribarne, Pérez Touriño y Núñez Feijóo. Pero llegó Alfonso Rueda y su partido, el PP, hizo saltar el acuerdo por los aires: vetó al profesor de Derecho Administrativo Fernando de Abel Vilela como Vicevaledor do Pobo. Lo había propuesto, según la práctica habitual, la segunda fuerza en escaños en el Parlamento de Galicia, el BNG. La peregrina excusa con la que los populares se negaron, difundida por su estridente portavoz parlamentario y repetida por el presidente Rueda, era que el perfil de De Abel Vilela “tiene mucho más que ver con el activismo”. Pero esta decisión inédita encaja en realidad con la estrategia desplegada desde hace meses por el PP para asfixiar el espacio de la oposición en las instituciones. La nueva ley de medios públicos, la crítica de las alegaciones a proyectos industriales o la reducción de la presencia de la sociedad civil en órganos consultivos y asesores son otras polémicas iniciativas en la misma línea.

El BNG había cumplido con su parte. En febrero votó junto al Partido Popular para refrendar en el cargo de Valedora do Pobo a Dolores Fernández Galiño, en funciones durante un año y medio. A cambio, los nacionalistas nombrarían a su número dos, como habían acordado durante décadas las dos primeras formaciones en la Cámara autonómica. Cuando estos anunciaron que su elección era Fernando de Abel Vilela, el PP rompió unilateralmente el pacto. Rueda justificó esta marcha atrás y, en una pirueta retórica, acusó al Bloque de “querer imponer su voluntad” y de haber registrado su nombre sin haberlo negociado. “No es muestra de querer consensuar nada”, dijo, y atacó a De Abel Vilela por carecer de “antecedentes de imparcialidad”. Este forma parte de la organización ecologista Adega y ha asesorado legalmente al movimiento ambientalista en el conflicto contra el contestado proyecto de macrocelulosa de Altri.

Los nacionalistas aseguran que no retirarán su propuesta, lo que exige el PP. La derecha puede servirse de su mayoría absoluta -40 de los 75 escaños de O Hórreo- y nombrar a un afín como vicevaledor. “Es un veto político sin precedentes en la historia de la democracia”, lo calificó la semana pasada la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil.

Desdemocratizar la CRTVG

También de su mayoría absoluta se sirvió el PP para reducir aún más el pluralismo de la compañía de medios públicos, ahora denominada Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG, antes CRTVG). La ley aprobada en solitario hace ahora un año es, sobre todo, una ley desdemocratizadora. Contra los votos de la oposición y la opinión de sindicatos, Colexio de Xornalistas de Galicia y de más de 40 colectivos agrupados en la plataforma Por unha CRTVG ao servizo do pobo, la derecha sacó adelante una norma que le permitió elegir a la directora general sin necesidad de mayoría cualificada. Es decir, sin necesidad de negociar con la oposición. Escogió a Concha Pombo, hasta entonces responsable de los muy cuestionados informativos del canal público de televisión. Mientras, parte de los profesionales del ente público continúan protestando cada viernes contra la manipulación informativa y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenaba a la corporación por vulnerar derechos de los trabajadores y represaliar a los disidentes.

Alfonso Rueda nunca da explicaciones por la situación en la CSAG. Tampoco lo hizo preguntado por la sentencia histórica del Superior y se limitó a despejar balones. Es la táctica que ha seguido a respecto de otro asunto del que pretende mantener al margen a la oposición: la fracasada gestión de su gabinete para intentar la instalación de una macrocelulosa en Palas de Rei. BNG y Partido Socialista, que se opusieron -al igual que ecologistas, sectores sensibles de los vecinos o sindicatos- a la idea, presionan para conocer el memorando secreto rubricado por la Xunta de Galicia y la pastera portuguesa y que marcó la llegada de Altri a la comunidad. Rueda admitió que conoce su contenido pero que su gabinete no lo hace público porque “está al margen de la información accesible al amparo de la ley de transparencia”. El exconselleiro que lo firmó lo hizo como representante de una empresa en la que participaba el Gobierno gallego, pero era una sociedad mercantil privada, Impulsa Galicia.

Fuentes de la oposición entienden que la trayectoria de Impulsa Galicia, ahora disuelta, contradice sus objetivos iniciales y acabó funcionando sobre todo como una pantalla que opacó el control público de las acciones de la Xunta. Esas mismas fuentes perciben que la estrategia del PP de reducir el papel institucional de socialistas y nacionalistas es una estrategia de fondo y que va más allá de conflictos puntuales o concretos. Como ejemplo, mencionan lo que entienden como una especie de sabotaje a la capacidad de presentar iniciativas en comisión por parte de la oposición: la sistemática convocatoria de comparecencias “menores” para reducir las proposiciones de PSdeG y BNG.

No solo los partidos

El afán de control político del PP de Rueda no afecta únicamente a la izquierda y al nacionalismo de partido. Hace año y medio, la Xunta utilizó una de las puertas de atrás legislativa que más frecuenta, la llamada ley de acompañamiento de los presupuestos, para expulsar a las organizaciones ecologistas y comunidades de montes en mancomún del Consello da Minaría de Galicia, el órgano de participación, asesoramiento y consulta sobre minas del Gobierno gallego. Y en un momento en que las protestas vecinales contra proyectos mineros se suceden. Todavía durante la última sesión de control parlamentario, el propio presidente Alfonso Rueda se burlaba de las asociaciones ecologistas y vecinales que alegan por la vía administrativa contra proyectos apoyados por la Xunta y los acusaba, de modo genérico, de estar manipulados por el BNG.

El mismo argumentario esgrimió su concejal en Santiago de Compostela, Borja Verea, a la hora de desacreditar el acuerdo unánime de una comunidad educativa en su Consello Escolar para sustituir el nombre del centro, Apóstolo Santiago, por Almáciga, topónimo del barrio donde se ubica. El desprecio por la autonomía escolar fue patente en el discurso de los populares, que, apoyados por la prensa de derechas, sumaron su voto en contra a la abstención de cuatro ediles expulsados del PSOE y tumbaron la iniciativa. Ese mismo desprecio es del que hace gala el Gobierno gallego en la instrucción remitida a los colegios el pasado mes de junio y en la que llamaba a velar por la “neutralidad ideológica” en las actividades escolares. El plan suscitó una enorme controversia: sindicatos y ANPA ven la sombra de la censura, expertos consultados por este periódico, la huella de la retórica de ultraderecha.

No fue hasta 1934 que el cementerio municipal de Boisaca, en Santiago de Compostela, comenzó a recibir cadáveres. Las nuevas instalaciones eran la apuesta del consistorio para higienizar los enterramientos de vecinos, que hasta ese momento ocupaban nichos en Bonaval u otros lugares del centro de la ciudad. No acababa de funcionar: la parcela elegida, al norte, resultaba demasiado húmeda y las quejas de las familias se sucedían. Pero a partir de julio del 36, todo cambió. Los muros de Boisaca se convirtieron en escenario principal del terror fascista y sus fusilamientos. Sus terrenos esconden además una fosa común en la que, por lo menos, yacen 97 víctimas. Será una de las tres que investigue y exhume el grupo Histagra de la Universidade de Santiago de Compostela tras firmar un convenio de 150.000 euros con la Deputación de A Coruña. Los trabajos se ejecutarán durante este 2026.

Las otras dos también se encuentran en cementerios. La de Serantes, en Ferrol, alberga unos 190 asesinados. La de Beira, en Carral (A Coruña), 18. “Trabajar en cementerios es complejo”, explica a elDiario.es el profesor Antonio Míguez Macho, miembro de Histagra y actual decanao de la Facultade de Xeografía e Historia de la universidad compostelana, “porque han sufrido muchas modificaciones a lo largo de los años. Localizar la ubicación exacta de las fosas no resulta fácil”. En el caso de Boisaca, la reconstrucción de lo que allí sucedió se nutre de varias fuentes: la información judicial del bando franquista y la memoria oral principalmente. “Presuponemos que haya más de una fosa, pero no las hemos identificado aún”, dice Míguez Macho.

Lo que sí saben en Histagra es que los cadáveres del lugar eran vecinos de Santiago y de su entorno “en sentido amplio”: Boiro, Ordes, Negreira, Pobra do Caramiñal. La ciudad era cabeza de partido judicial y en ella se dirimían los procesos de los franquistas contra los demócratas. Además, añade Míguez, también depositaron algunos paseados. Sucedió, sobre todo, entre septiembre de 1936 y marzo de 1937. “Los verdugos no solo manejaron cómo se asesinaba”, sostiene, “sino también los espacios de enterramiento”. El régimen jugaba a la confusión, ocultaba los rastros de sus crímenes, dificultaba que las familias honrasen a sus muertos. “La trazabilidad de la fosa de Boisaca es compleja”, afirma sobre un lugar en el que se encuentran, por ejemplo, los restos del Comité de Defensa de la República, conformado por fuerzas políticas y sindicales democráticas después del 18 de julio, prácticamente al completo. Durante la larga noche de piedra de la dictadura hubo también algunas exhumaciones irregulares, clandestinas.

Más obstáculos se interponen en esta excavación. En la década de los 40, el ayuntamiento reformó el cementerio y abrió su gran avenida central, removiendo tierras y tumbas. Y seguían llegando restos de otros cementerios de Santiago -en el 36, reabrió Bonaval, en funcionamiento hasta los 60 y hoy en día un frecuentado parque.

Después de 1977

Existen dos memorias sobre lo ocurrido en Boisaca. A los testimonios orales del 36, recogidos por historiadores locales, hay que sumar una memoria indirecta, la de las personas que en los años 70 se interesaban por lo que había sucedido y preguntaban a sus mayores. “A partir de 1977, empiezan los primeros homenajes a las víctimas”, recuerda Míguez, “y también la instalación de placas en los muros. Pero no son indicativas del lugar exacto de las inhumaciones”.

Con estos materiales diversos y fragmentarios, el equipo de Histagra -ocho personas entre historiadores y arqueólogos, coordinadas por Míguez Macho y el catedrático Lourenzo Fernández Prieto- intentarán reconstruir el sistema represivo, desde los asesinatos hasta los enterramientos, en las fosas de Santiago, Ferrol y Carral. “Buscamos desentrañar la lógica con la que los victimarios manejaron a las víctimas”, señala. Si todo va según lo previsto y las investigaciones se concretan sobre el terreno, habrá una segunda fase: la exhumación completa, el análisis antropológico forense y la identificación génética. “Pero no queremos crear falsas expectativas”, avisa.

Otras 14 fosas excavadas

Las actuaciones, financiadas por la Deputación da Coruña, derivan de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022. A juicio de Míguez Macho, esta norma produjo “un salto cualitativo” en la materia. “El Estado asume como deber dar amparo a los trabajos de exhumación”, explica, “y esto facilita una trazabilidad legal. Desde 2023, la Fiscalía ha nombrado fiscales delegados de derechos humanos que abren diligencias por las excavaciones. Aunque no va a haber un seguimiento penal, afianza el papel del Estado”. El grupo Histagra ya ha estudiado y exhumado otras 14 fosas en Galicia y se encarga, por un acuerdo con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, de la elaboración del censo estatal de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

La respuesta a la pregunta que el catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial Senén Barro ha elegido para el título de su último ensayo, Poden pensar as máquinas?, no es simple. “Depende”, responde el mismo autor, “de la semántica del verbo pensar, de lo que entendamos por pensar”. Barro (As Pontes, A Coruña, 1962) no es partidario de una versión demasiado antropocéntrica del asunto. “No pueden hacerlo como un ser humano, está claro”, dice en conversación con elDiario.es, donde colabora con artículos sobre estas cuestiones, “pero desde el punto de vista de la utilidad, sí que piensan Pueden resolver problemas complejos basándose en el conocimiento y la información que tienen”. A desarrollar su tesis y, de paso, trazar una sucinta historia del concepto de inteligencia artificial dedica las 130 páginas de un libro divulgativo que también alerta de algunos de los riesgos implícitos en la tecnología. “Me preocupa más la Administración Trump y cómo gobierna el mundo”, dice, sin embargo, “que OpenAI o Google”.

Poden pensar as máquinas? (en gallego, Editora Alvarellos, 2026) defiende que la inteligencia artificial ya está cambiando el mundo. Más allá de la mercadotecnia del oligopolio tecnológico, sostiene, la IA ofrece más capacidad y más autonomía a todo tipo de dispositivos. “¿Y no es eso lo que buscamos en cualquier ámbito profesional?”, se pregunta con cierto grado de retórica. Lo concreta en un pasaje de la obra: “Las computadoras nos permiten ampliar las capacidades de nuestro órgano más complejo y desconocido: el cerebro”. Y lo hacen progresivamente, añade: “Son capaces de realizar cada vez mejor muchas tareas que asociamos con el acto de pensar”.

El salto cualitativo de ChatGPT

Aunque en la clásica disyuntiva de Umberto Eco, Barro se sitúa más próximo a la integración que al apocalipsis, su libro está plagado de avisos. El terreno resbala: “Todas las definiciones de inteligencia artificial son imprecisas, amplias o restringidas en exceso, y más o menos matizables o incluso equivocadas”. Su repaso por la genealogía del término se remonta a 1956, cuando el informático estadounidense John McCarthy lo emplea por primera vez en una reunión de científicos en la universidad privada Darmouth College, en New Hampshire (USA), sobre “el desarrollo de máquinas con capacidades que pudiesen identificarse con la inteligencia de los seres vivos”. “Yo prefiero hablar de 1943, cuando los investigadores Warren McCulloch y Walter Pitts describieron el primer modelo matemático inspirado en el funcionamiento de las neuronas”, puntualiza.

Para el académico, rector de la Universidade de Santiago de Compostela entre 2002 y 2010, esta historia avanzó a base de no pocos saltos cualitativos. Pero, a su juicio, ninguno de la envergadura del lanzamiento público de ChatGPT, propiedad de OpenAI, el 30 de noviembre de 2022. Adscrito a la denominada inteligencia artificial generativa -su modelo de lenguaje aprende de los patrones y la estructura de sus datos de entrenamiento-, es un sistema especializado en el diálogo. “ChatGPT rompió, de pronto, el lazo entre la inteligencia artificial y el conocimiento especializado”, defiende, “las máquinas resuelven problemas complejos a partir de las herramientas que todos tenemos, el lenguaje humano. Corta con la tiranía del lenguaje informático”. Ese es, dice, el secreto de su éxito popular: 1.000 millones de usuarios.

Delegación cognitiva y desempleo tecnológico

Pero toda tecnología es ambivalente. Pese a su mirada fundamentalmente optimista, Barro identifica algunas amenazas en el despliegue de la ya conocida popularmente como IA. La delegación cognitiva es la primera que menciona. “Es una gran tentación delegar en las máquinas todo tipo de trabajos sin saber muy bien qué estamos haciendo”, asegura. La segunda, lo que define como desempleo tecnológico. “La inteligencia artificial va a destruir trabajo y la reconversión será lenta. Los poderes públicos deben actuar para mitigarlo”, aduce, “todas las revoluciones industriales crearon riqueza y, al mismo tiempo, hubo quién pagó el pato”. Y pone un ejemplo de la velocidad de crucero de los cambios que se suceden: “Hace solo cinco años, se decía que los empleos creativos, como los guionistas, el diseño gráfico, la consultoría, estaban a salvo. Ahora son los que están más en peligro”.

Otros estudios críticos han investigado a fondo las condiciones materiales de la IA -el brillante Atlas de IA (2021), de Kate Crawford- o propuesto alternativas radicales al consenso de la oligarquía tecnológica -Utopías digitales. Imaginar el fin del capitalismo (2023), de Ekaitz Cancela. Poden pensar as máquinas? opera en otros términos pero sobre los mismos territorios. “La IA”, escribe Barro, “no es tan 'artificial, ya que tiene mucho de humano desde su ideación hasta su uso”. Unas páginas más adelante, al explicar el funcionamiento del modelo de lenguaje del ChatGPT y su entrenamiento, lo ilustra: “En esta tarea se suele emplear mano de obra humana de forma intensiva y a menudo mal pagada”.

Y todo bajo la propiedad de gigantes tecnológicos, a menudo en manos de directivos reaccionarios, que desafían a las administraciones. “”No están controlados en absoluto“, concede Barro, ”pero me preocupan más algunos poderes públicos, por ejemplo Trump y cómo gobierna el mundo, que Open AI o Google“. Lo ejemplifica con el choque entre el actual Gobierno estadounidense y la compañía tecnológica Anthropic y su involucración en la defensa del país. ”La empresa tiene unos principios a los que, por el momento, no quiere renunciar“, explica, ”no quiere que se usen sus sistemas de IA para vigilancia masiva de ciudadanos ni para armas autónomas. Trump coge una rabieta y los veta, intenta expulsarlos del mercado“.

La próxima frontera

El autor no duda a la hora de aventurar cuál será la próxima frontera en el sector: la inteligencia artificial general. De nuevo su significado es escurridizo. “Sam Altman [CEO de Open AI] solo ve dólares. La visión de Demis Hassabis [CEO de Deep Mind] es la de un científico. Me interesa más”, dice. Hassabis: “La prueba de la existencia de la inteligencia artificial general podría ser que la IA alcanzase la capacidad de formular la relatividad general con solo la información a la que tuvo acceso Einstein cuando la propuso”. En lo que no entra Senén Barro es en los plazos. “Puede ser 2026, 2027 o 2030, es imposible predecirlo”, expone, “a partir de la definición que hagamos del concepto, sabemos a donde hay que llegar. Pero no existe un camino trazado para llegar”.

De lo que sí está seguro es de que algunas de las fanfarronadas de los tecnoligarcas son ciencia ficción y lo van a seguir siendo. “La tecnología no se nos ha ido de las manos. No es un problema existencial para el ser humano. Eso sí, dependiendo de quién la use puede suponer un elevado riesgo para la humanidad”, opina. El último párrafo del libro supone, finalmente, otra respuesta a su título: “Sin duda, el abismo que aún separa la IA de nosotros es que llevamos de 'fábrica' la más compleja y potente máquina de aprendizaje que se conoce […] que se interesa […] también por hacer máquinas inteligentes capaces de aprender, aunque no como nosotros lo hacemos, ni mucho menos, y aquí está, desde mi punto de vista, la principal limitación para lograr una inteligencia artificial de propósito general”.

A las 8 de la mañana del 10 de marzo de 1972, la Policía Armada disparó contra los más de 4.000 trabajadores del astillero Bazán que cruzaban el puente de As Pías en dirección al barrio de Caranza, en Ferrol. Reclamaban un convenio local y buscaban la solidaridad de sus compañeros de Astano, en Fene, y del sector de la construcción. En el asfalto quedaron los cadáveres de Amador Rey y Daniel Niebla. Hubo más de cien heridos. Y la represión se abatió sobre el potente movimiento obrero de la ciudad, cuya dirigencia sindical comandaban las clandestinas Comisiones Obreras. Cincuenta y cuatro años después, el Gobierno de Pedro Sánchez ha emitido una declaración institucional en la que “reconoce y homenajea a las personas fallecidas y a todas las que resultaron heridas, así como a sus familiares” y condena la “desproporcionada actuación” policial.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha impulsado el texto. Ferrol es su ciudad natal y su padre, Suso Díaz, sindicalista y comunista, muerto el pasado julio, sufrió prisión tras los sucesos del 72. “El Gobierno reafirma, además, su compromiso con los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como con el fortalecimiento de las políticas públicas de memoria democrática”, dice una declaración que también firma Ángel Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Fueron las Comisiones Obreras a las que pertenecían los comunistas Rey y Niebla las que, ya en 1978 y desaparecida la dictadura, propusieron conmemorar cada 10 de marzo el Día da Clase Obreira Galega. Lo hacían, desde casi el mismo 1972, poetas y cantantes. En 1997, el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad una declaración institucional sobre la efeméride. En 2006, la Xunta -gobernada entonces por Partido Socialista y BNG- se sumó por primera vez a los actos de las organizaciones sindicales.

Los hechos que desembocaron en los asesinatos del 72 tenían su origen en la discusión del convenio colectivo de Bazán, empresa estatal. Los operarios de la factoría ferrolana defendían un convenio de ámbito local, lo que rechazó la parte empresarial. A la negativa la siguieron prohibición de asambleas, sanciones y amenazas de despido. Los trabajadores acordaron ir a un paro general, a lo que Bazán respondió con el despido de las cabezas visibles del sindicato. El desalojo violento del astillero fue el preludio de la manifestación del 10 de marzo donde mataron a Amador y Daniel. Solo diez días después, Bazán intentó aparentar normalidad y reanudó el trabajo, pero sin las personas heridas y tras echar a más de cien personas. Otras 50 en Astano y otras compañías de la comarca padecieron idéntico destino. El Tribunal de Orden Público, antecesor de la Audiencia Nacional, condenó a 10 de los conocidos como 23 de Ferrol. Otros fueron condenados en consejo de guerra. La declaración institucional aprobada este martes en el Consejo de Ministros recoge un repaso sucinto por esta historia.

Más allá de los motivos concretos, los historiadores sitúan lo acontecido como uno de los episodios clave en la lucha contra el régimen franquista. Aquel convulso 1972 -en septiembre Vigo sería el epicentro de una huelga histórica- supuso la emergencia del movimiento obrero gallego como vanguardia democratizadora y uno de los núcleos principales de la agitación social contra la dictadura. “El Gobierno considera que la memoria de las víctimas forma parte inseparable del patrimonio democrático común de Ferrol y del conjunto de la sociedad”, remata el texto oficial, “y constituye un recordatorio permanente del valor de la dignidad del trabajo, la justicia social, el diálogo y la paz”.

Pensar Galicia en medio de la confusión general. Buscar un sentido de futuro cuando las certezas hasta ahora operativas se desmoronan. Imaginar un país para el porvenir y no anclado en lo que ya fue. Estas son quizás las columnas vertebrales del último libro del ensayista Antón Baamonde (Vilalba, Terra Cha, Lugo, 1959), Agora non é antes. Ideas para unha revolución tranquila (Galaxia, 2026). El volumen, cuarta pata de una tetralogía iniciada en 2012, analiza el desorden global y sus efectos en un país occidental de la periferia europea. “El principal riesgo para Galicia es que Trump cumpla lo que dice en la Doctrina de Seguridad Nacional”, argumental, “que explote la Unión Europea y que gobiernen España lo que llama los 'partidos patrióticos”. Es decir, la ultraderecha. Frente al peligro, Baamonde -también articulista en elDiario.es, donde ha tratado no pocos de los asuntos de la obra- prescribe fijarse en la Galicia realmente existente, abandonar relatos heredados, defender el liberalismo de sus interpretaciones derechistas habituales en España, federalizar el Estado y reforzar la autonomía comunitaria. Y construir una idea de felicidad que explique que “sí es posible vivir mejor, en sociedades más igualitarias, trabajar menos, con buena sanidad y educación públicas, y una cultura no banal”.

Su libro se subtitula Una revolución tranquila. ¿Cómo es esto en medio del actual caos?

Aunque suene complicado a determinados oídos, soy un poco conservador y no muy amigo de las revoluciones propiamente dichas, las que implican traumas sociales. Pero la revolución tranquila es una expresión tomada del proceso que vivió Quebec en los años 60, donde un país conservador, rural, vivió un proceso de industrialización, lo que generó una transformación política encarnada por el Partido Liberal. Aquellas políticas serían hoy, por cierto, consideradas de extrema izquierda [ríe]. El caso es que hubo una transformación económica, social y cultural que encontró expresión en el campo político.

El contexto también era convulso.

Eran los años 60, una época de esperanza. En este momento, sin embargo, el futuro lo ha ganado la derecha a través de reivindicar la idea de decadencia y un escenario de futuro que es el retorno al pasado. En los 60, por el contrario, el futuro estaba del lado de las fuerzas progresistas en todo el mundo.

La diferencia es substancial.

Lo es. La atmósfera cultural en el sentido amplio de la expresión era diferente.

En todo caso, la Revolución Tranquila quebequesa le sirve para trazar una analogía con Galicia.

En Galicia la Gran Transformación se produjo entre 1977 -las primeras elecciones- y 1999, cuando se forman los ayuntamientos bipartitos (entre Partido Socialista y BNG). En 1977 la derecha -UCD y Alianza Popular- obtenían el 70 y pico por ciento del voto, el PSOE un 15%, el Bloque no llegaba al 3%.

Esa hegemonía de las derechas fue cediendo.

Se fue estrechando hasta más o menos el año 2000. Del 2000 a hoy, todo cambió. No es solo que en el año 2000 Galicia no fuera la del año 75, sino que la de 2026 tampoco es la del 2000. En estos 25 la transformación también fue brutal. El paisaje económico y social del país cambió.

Su tejido económico e industrial desde luego.

Se desarrolló porque en realidad a Galicia le vino bien entrar en la Unión Europea, desde las conserveras con fábricas en Perú, a Inditex -una gran empresa logística planetaria-, a los que hacen fachadas ventiladas por toda Europa. Hay un tejido de empresas...

De eso trata su libro anterior, Galicia, distrito industrial (Galaxia, 2024).

Efectivamente. Tras esas transformaciones económicas y sociales, ya no desde 1975 sino desde 2000, la pregunta es ¿cómo es posible que las cifras electorales sigan iguales?

La Galicia enladrillada, dijo alguna vez el expresidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño: la izquierda y el nacionalismo no bajan del 45% del voto, la derecha no pasa del 48%.

Ése es el margen. ¿Cómo es posible que esa gran transformación económica y social no genere otra atmósfera cultural y política?

Agora non é antes forma parte de una tetralogía que comenzó en 2012 con A derrota de Galicia (Xerais) y con la que intenta tomar el pulso al país y a sus cambios.

En 2012 yo colaboraba en El País. Escribí los artículos que más impacto han tenido de todos los que he publicado en mi vida y los recogí en aquel libro. Yo intentaba dar presencia a aspectos que me parecía que no existían en el debate público del momento. La importancia de los barrios, el grado de urbanización, los gitanos... Estaba intentando aproximarme a una Galicia que no tenía mucha cabida en el debate político. Incluidos aspectos más precisos como el debate de las cajas.

La destrucción del sistema financiero gallego.

Una pregunta que me hacía el otro día en la presentación de Agora non é antes era: si Fraga fuese presidente de la Xunta en aquel momento, ¿ahora mismo habrían desaparecido las cajas y lo que sustituiría a las cajas sería lo que ahora es [Abanca]?

¿Y cómo se respondió?

Que con toda probabilidad no, porque Fraga era un señor que creía en la acción del Estado. Venía de Falange. No era de este tipo de gobernantes como Feijóo que carece de cualquier norte.

Si hay una mirada común en la obra es la crítica, a veces con objetos explícitos, a veces implícitos. Para el autor, ¿cuál sería el lector ideal al que se dirige?

La idea es enriquecer el debate social y político y poner sobre la mesa asuntos para crear una agenda distinta, no dependiente de lo que digan el PP, el PSOE o el Bloque. Pero creo que hay un imaginario gallego muy compartido, no solo en las estructuras políticas, sino en la sociedad. Y que viene de muy lejos. Es un imaginario que ve Galicia con cierto tremendismo, por usar la palabra de Cela. Para cuestionarlo no quiero ir muy atrás, al siglo XVII, que podría, cuando Galicia era un país muy poblado, lo que contradice las ideas adquiridas. O a los estudios de Fernández Prieto sobre el mundo agrario.

O de Xoán Carmona sobre la introducción del capitalismo.

Sí, los de Carmona. Pero no me meto en ese terreno. Simplemente, me parece que en los últimos 50 años, especialmente en los últimos 30, Galicia sufrió una transformación que todavía no está incorporada al imaginario colectivo. La cantidad de gente importante e inquietante que diría Montalbán que dan de sí la versión de que eran un niño de aldea, una especie de coquetería para decir que...

La versión gallega del self made man, a veces una mitología.

Exacto. Y hay también una herida narcisista. En Las cenizas de Ángela [célebres memorias del autor irlandés estadounidense Frank McCourt, publicadas en 1996] el autor dice algo así como que la miseria de los irlandeses, su miseria, era una miseria especial, más miseria que cualquier otra miseria que en el mundo haya, distinguida y singular, que no puede compararse, una especie de coquetería de la miseria.

¿No tiene la sensación de que este debate sobre la idea ruralista de Galicia se repite, es inagotable, nunca acaba?

En Galicia los que empezaron a pensar con cierta sistematicidad el asunto fueron los ilustrados, Cornide y otros, que están muy ausentes del debate público. O la línea de Peña Novo, de Alexandre Bóveda -que crea la caja de Pontevedra- [y fue secretario de Organización del Partido Galeguista, asesinado en 1936], de Paz Andrade [uno de los impulsores de Pescanova], de la Revista de Economía de Galicia... Hay líneas de pensamiento que fueron elididas. Determinadas ideas que acentúan esta...

...sensación de marasmo.

Por usar una expresión de [el escritor] Manolo Gago, son retóricas de la pasividad. Hay determinadas ideas que parecen muy progresistas pero en el fondo lo que sugieren es que no hay manera. Según ellas, lo que sería necesario para salir de una situación no es posible. Como no es posible, por reducción al absurdo, quedamos como estamos. Pero el ruralista es un imaginario muy compartido.

En su libro afirma que compartido en positivo y en negativo.

Tenemos que construir un tipo de imaginación social, popular, política que haga que la gente tenga la idea de que Galicia es algo que está en el futuro, no algo que tiene que ver con el pasado.

Ahora que cita a Peña Novo, líder del ala progresista del nacionalismo gallego en los años 20 y 30 del siglo XX, en el libro propone recuperar ese hilo interrumpido por la Guerra Civil, un galleguismo liberal.

No es exactamente que proponga, yo lo que hago es genealogía. Yo a mis 30 años era fanático de Umberto Eco y Julia Kristeva y de ellos aprendí que lo que parece naturaleza, en realidad es cultura.

Una construcción.

Una construcción. Igual que la fuente el nacionalismo gallego de los años 20 en Ourense era la derecha francesa, Maurras, etcétera, en los 60 -yo participé de eso- era el maoísmo. A los estudiantes los partidos comunistas les parecían una cosa vulgar y estalinista y el maoísmo fue la manera de disentir. Intento mostrar que determinadas interpretaciones forman parte de un determinado contexto y que hay otras opciones.

Y las hubo.

Las hubo, justo. Además, la palabra liberalismo está secuestrada por el nacionalismo español, que se viste de liberal e históricamente. Hay además una cierta tendencia a declinar determinado liberalismo como una pica en Flandes antiprogresista y anticomunista. Es mentira. El liberalismo es algo más rico. Su raíz es combatir el poder absoluto. La distribución de poder evita la concentración de poder. Pero a los liberales españoles esta idea no les gusta. Ya Locke e incluso Hayek en el último capítulo de Camino de servidumbre hablan de federalismo. Porque la división del poder es uno de los temas clásicos del liberalismo que, sin embargo, en el caso español se oblitera.

Por volver a Galicia, recuperar ese nacionalismo liberal progresista contradiría la historia del Bloque Nacionalista Galego (BNG), cuyas raíces son los años 60, el marxismo y las luchas de liberación nacional. Y, sin embargo, nunca el nacionalismo gallego tuvo un éxito político electoral como el que tiene hoy en día con el Bloque.

Yo creo que hay varios BNG. Y digamos que el Bloque que tiene éxito electoralmente tal vez no es tan distinto a esa historia del nacionalismo que yo reivindico. Es verdad que después hay un imaginario que en mi opinión actúa como freno y elemento retardatario. La idea de estos libros es entrar en interlocución con alguien que no sea yo (ríe), con gente distinta a mí pero que pueda estar de acuerdo en la necesidad de que haya un tren que vincule todas las ciudades gallegas. O en que las ciudades son un laboratorio de creatividad y que el desarrollo futuro de Galicia pasa por ellas. O en la necesidad de tejer las urbes y sus periferias, lo que implica infraestructuras y movilidad y daría mayor calidad de vida. Intento poner en circulación ideas que me parece que pueden interpelar no al BNG en particular sino a cualquiera.

Agora non é antes llama a atender a los cambios de Galicia pero, al mismo tiempo, a no desatender sus continuidades. ¿Con que herramientas resuelve esta paradoja?

El gesto fundamental es que tú tienes que ver el entorno. Yo, con muchos matices, soy de la tradición racionalista. Uno tiene que imaginar un futuro racional. Siempre hay un clivaje, un gap. La gente vive 20, 30 o 40 años atrás, incluso en lo que quiere para los hijos. Está pensando en lo que funcionaba cuando él era joven, pero el mundo ha cambiado y no sabes qué va a pasar de aquí a diez años. Pero insisto en que lo que le pase a la Unión Europea y a España también le va a pasar a Galicia. El gran trauma estadounidense de hoy es que se presenta un mundo en el que ellos no van a ser superpotencia y están reaccionando a ello.

Esa reacción no es de ahora.

Llevan tiempo. Trump es su variante brutal.

Monstruosa, lo califica Naomi Klein en Doppelganger (2023).

Monstruosa. Pero ya Obama había girado el pívot hacia el Pacífico, porque veía a China como la superpotencia emergente.

¿Y Europa?

Europa, después de la Segunda Guerra Mundial tenía índices de crecimiento muy elevados...

Partía de la ruina.

Si, de una guerra. También China.

China del Medievo.

Sí, pero Europa crecía como la China de hace unos años. De ahí pasó al 5%, después al 2,5%, y ahora está plano. Una escalera descendente. Y el PIB de Europa pierde peso respecto a China y a los países emergentes. No tiene por qué ser un drama, pero Europa no puede operar como si fuera quien decide las reglas del mundo. Trump es en todo caso un síntoma y quiere volver a un capitalismo mercantilista, de control de los espacios, un mundo de lebensraum, un mundo peligroso. Son las políticas de la crueldad, una especie de deificación de la violencia.

En estos movimientos tectónicos del orden nacional, ¿cuál es el principal riesgo que amenaza un pequeño país europeo como Galicia?

El principal riesgo es que se cumpla lo que dice Trump en la Doctrina de Seguridad Nacional. Que explote y se destruya la Unión Europea. Que se vuelva a Estados nación y que España esté gobernada por...

Por delegados de Trump.

Partidos patriotas los llama la Doctrina de Seguridad Nacional. Ese Gobierno implicaría la ilegalización de partidos y corrientes de opinión y la destrucción del pacto social y por supuesto de la España autonómica.

Otra obsesión que recorre Agora non é antes es precisamente la preocupación por la falta de imaginación social progresista y la cancelación del futuro. En su opinión, ¿cuál es esa imaginación social necesaria?

Lo primero es entender que el movimiento obrero como fuerza significativa de transformación ha desaparecido. Y que ahora estamos en una crisis de la Ilustración. Los nuevos líderes hipertecnológicos son gente peligrosa. Aviso, cambio de época. Y lo segundo, no tomar a Marx como Santo Tomás. La única forma de combatir la manipulación de las frustraciones que hace la derecha en beneficio de la ira y del odio no es con una tecnocracia que no alivia, sino levantando una idea de felicidad.

¿Cómo sería?

El experimento soviético fracasó, te parezca bien, mal o regular. Ahora hay que construir sujetos más plurales con un diseño de futuro, esto es importante, hermoso. Tienes que decir sí, es posible vivir mejor, en sociedades más igualitarias, trabajar menos, con buena sanidad y educación públicas, y con cultura. La cultura no en el sentido banal de productos de mercado, sino en el de la imaginación de una vida rica.

Hasta una simple manifestación que reclama medidas para atender la creciente diversidad en las aulas gallegas -una demanda extendida entre la comunidad educativa- puede convertirse en objetivo político del Partido Popular de Galicia, que sostiene el Gobierno de Alfonso Rueda en la Xunta. Sucedió la pasada semana, cuando su secretaria general, Paula Prado, arremetió contra la protesta convocada por la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público con argumentos últimamente habituales en el discurso de su formación: “Es una manifestación absolutamente politizada, manipulada, convocada, organizada y pagada por el BNG y su sindicato afín, la CIG”. La retórica de la demonización de la protesta ha echado raíces en la derecha gallega, sobre todo en sus sectores más desaforados.

Las declaraciones de Prado sobre la manifestación no reparaban en límites. “No es una manifestación espontánea de la ciudadanía galega que tenga dificultades en el ámbito de la educación”, decía, “la ponen en marcha el BNG y la CIG con una red de autobuses y una carta a padres y a madres y un sistema de orden propio de un sistema comunista”. Nada que no habilite su propia organización, el PP, cuando convoca protestas contra el gobierno de Pedro Sánchez, por ejemplo.

Al día siguiente, en las redes sociales, insistía en las mismas ideas trufadas de falsedades tras enlazar informaciones de la prensa afín. “Ver para creer el manual de instrucciones del independentismo gallego […] instrucciones más propias de un sistema comunista”, volvía a la carga.

El acto de la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público -un ente nucleado por la CIG, la central más representativa en la educación gallega, y del que forman parte otras organizaciones nacionalistas y algunas federaciones de ANPA- transcurrió con normalidad. Los convocantes denunciaban que el aumento de alumnado con necesidades educativas especiales o necesidades específicas de apoyo educativo había aumentado sensiblemente en los últimos años hasta alcanzar el 17,5% del total (65.259 niños y niñas en términos absolutos), pero no lo había hecho en la misma medida el personal especialista en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, orientación, auxiliares cuidadores, ni los docentes para desdobles. Para el PP gallego en boca de su número dos, era reclamaciones “manipuladas”.

Su número uno y además presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, suele distanciarse del extremismo dialéctico de Prado. Aun así, para él, el derecho a manifestación va como mínimo por barrios. Si quien llama a ello es Alberto Núñez Feijóo y se dirige contra el Ejecutivo de Sánchez, se trata de trasladar “lo que opinan muchas personas y no solo votantes del PP, que la situación es insostenible”. Si quien lo hace es el BNG o los sindicatos, el objetivo “es crear tensión”. Sobre las grandes movilizaciones contra el proyecto de macrocelulosa impulsado por Altri, y que han acabado por declinar su fracaso, le gustaba diferenciar entre “manifestantes de buena fe” y “manifestantes politizados”. Por el BNG y los socialistas, se entiende. Lo mismo respondía antes las multitudinarias marchas que protestan contra el deterioro de la sanidad pública iniciado ya por las políticas de los años Feijóo.

La huelga y la kale borroka

En la táctica del PP, la doble vara de medir de Rueda complementa el estruendo de su secretaria general. “El BNG basa su estrategia únicamente en la MANIFESTACION y en el ALBOROTO”, escribía esta en su cuenta de X, antes Twitter, el pasado 13 de febrero, algo a lo que también ha recurrido Rueda en sus debates con la oposición durante las sesiones de control. Una vez más, no ha alcanzado los extremos de su segunda, que ha llegado a comparar el derecho a manifestación con la kale borroka. Según su versión, remitida a los medios de comunicación, el BNG se lanzó a las calles tras una reunión con Bildu, a los que Prado tildó de “herederos de ETA”. “¿Cuáles son las soluciones [de los nacionalistas] en materia de sanidad, de educación, de vivienda, de política social...? Pues la conflictividad, la manifestación, la contestación social... en definitiva, la kale borroka”, afirmó justo antes de dos jornadas de huelga en la educación, convocadas por la CIG.

Solo dos semanas más tarde, Prado se apoyaba en su prensa de referencia para hacerse la sorprendida respecto a la existencia de la llamada caja de resistencia de la central sindical. Esta la había activado para respaldar a los afiliados que habían secundado los numerosos paros de este curso en una educación pública sometida a recortes presupuestarios y de personal. Según la secretaria general de los populares gallegos, la herramienta -un mecanismo histórico de la lucha sindical- era el método del “Bloque Negacionista Galego de pagar para que haya más manifestación y alboroto, pancartas y algarada”.

Reducir todo malestar social a los planes de la izquierda nacionalista partidaria es otro de los lugares comunes del último PP. La prueba más reciente sucedió en el pleno municipal de Santiago de Compostela de la pasada semana. Debatía sobre una resolución unánime del Consello Escolar -órgano en el que están representadas las docentes, las familias, el alumnado, el personal de servicios y el ayuntamiento- del colegio público Apóstolo Santiago para cambiar su nombre por el del barrio donde se ubica, Almáciga. Lo que recibió la propuesta fue un ataque furibundo del portavoz popular, Borja Verea, y la acusación de ser títeres de la alcaldesa del bloque, Goretti Sanmartín. El voto en contra del PP y la abstención de cuatro expulsados del Partido Socialista acabó por tumbar la iniciativa.

La trama de los bots rusos que “hablaban mal de Rueda”

Las estridencias argumentales y propagandísticas del PP gallego contra la oposición no son, en todo caso, una novedad. Ya durante la última campaña electoral al Parlamento gallego la misma Paula Prado que ahora deslegitima el derecho a manifestación armó una rueda de prensa para revelar “una red de bots rusos, chinos o filipinos vinculada a la oposición para hablar mal de Rueda”. Sobre la trama y su descripción no aportó pruebas, pero sí calificativos: “Una red nacional de perfiles falsos, ocultos en la cobardía, trabajando desde la mentira, al servicio” de BNG y Partido Socialista. También afirmó que su formación estudiaba poner la información recabada “a disposición de la Fiscalía”. Nunca lo hizo.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) rechaza las amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra España y exige al Gobierno de Pedro Sánchez la clausura de las bases militares norteamericanas en territorio español. Así lo ha comunicado este miércoles su diputado en el Congreso, Néstor Rego, que ha calificado los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán de “gravísima injerencia en los asuntos de un tercer país sin amparo ninguno en el derecho internacional”. La portavoz nacional de la organización, Ana Pontón, se expresó en término similares desde Bruselas, donde mantiene una agenda de reuniones con cargos de la Comisión Europea sobre temas de ámbito gallego: “Estamos con el no a la guerra, pero tiene que ser algo más que un eslogan”.

Pontón defendió “una actuación contundente del Estado” para que esa oposición a los ataques norteamericanos “se concrete en hechos reales”. No dijo en cuáles. Sí se refirió a las insituciones europeas, cuya posición definió como vergonzosa. “No se atreven a decirle a Trump que está vulnerando el derecho internacional. Se están poniendo del lado equivocado de la historia y nos están poniendo a todas en riesgo”.

A los nacionalistas gallegos no les vale la escusa de la supuesta capacidad de Irán para fabricar armas nucleares -que, además, la propia prensa estadounidense ya ha cuestionado. “En Oriente Medio solo Israel posee armamento nuclear y niega el acceso a las inspecciones de la Agencia Internacional de la Energía Atómica”, ha recordado Néstor Rego. Según su opinión, el objetivo de Trump y Netanyahu consiste en “legitimar la maquinaria de guerra y el control de los recursos energéticos” de la región y lo enmarca dentro del patrón imperialista de Washington “que en los últimos años intensificaron las acciones militares en diferentes puntos del planeta”. “La ofensiva militar se produce después de una campaña de manipulación mediática que presentaba supuestas intenciones de ataque por parte del Gobierno iraní”, añade, “cuando en ningún momento abandonara las negociaciones diplomáticas en curso”.

El BNG, que en su día votó a favor de la investidura de Sánchez como presidente, reclama en todo caso a su Ejecutivo “ir más allá de las declaraciones formales y que mantenga una actitud proactiva para las gestiones internacionales con objetivo de frenar la agresión contra Irán y defender el derecho de los pueblos a ejercer su soberanía”. “El estado debe mantenerse firma ante las inaceptables amenazas de Trump y cerrar las bases militares estadounidenses de Morón y Rota”, afirma Rego, “poniendo fin de manera definitiva a la presencia norteamericana en territorio español”.

Hay rostros cansados y objetos gastados. Cierto tono azul, frío. Hay distancia y, de alguna manera, también empatía. Paisaje humano, los trabajos y los días, casas y caminos. Mineros. Labriegos jubilados pero en realidad no. Tras Os Montes, el nuevo libro del fotodocumentalista Javier Teniente (Vigo, 1968), ensaya una aproximación personal a un lugar que, en los últimos años, se ha convertido casi en un tópico: el rural asomado a su extinción. Pero su mirada encuentra camino propio. Él mismo lo explica a elDiario.es: “Es un retrato del rural, no de su despoblación. Sobre ese tema ya hay otros buenos trabajos. El mío trata sobre los pobladores, la última gente que vive en esos pueblos”.

Tras Os Montes, que publica la editorial viguesa Solar, nació en las proximidades de esa región del noreste portugués en 2005. “Asistía a la matanza del cerdo, celebrada como un ritual antiguo. Las fincas alrededor de la aldea estaban cultivadas y el horno comunal funcionaba cada dos días”, relata en el pequeño texto que introduce el volumen. Regresó 12 años después y la situación había cambiado. “La mayoría de los vecinos eran ancianos, casi no había relevo generacional. Los hijos se habían marchado a las ciudades y solo volvían por las fiestas”, escribe. Fue en ese momento cuando el libro de fotos comenzó a tomar forma en su cabeza. El Teniente que había recorrido con su cámara medio mundo -Kosovo, Irak, Timor o Centroamérica- giraba su objetivo hacia lo -relativamente- cercano.

“Lo que me interesaba eran las personas que quedaban en esos lugares”, comenta, “algunas muy mayores, que están solas, los últimos habitantes. Con ellos se pierde gran parte de nuestra historia”. De la Zamora fronteriza con Tras Os Montes a O Courel (en el oriente gallego), del Bierzo a la ourensana Serra de San Mamede, incursiones en Soria o la Ribeira Sacra: esos son los escenarios de sus imágenes. Y en ella no solo hay mayores, también aparecen algunas caras jóvenes, es cierto. “No se trata de neorrurales, sino de los que nacieron allí y hacen un enorme esfuerzo por quedarse”, aclara.

“No está sucediendo nada”

Su método, en cualquier caso, sufrió una profunda transformación para Tras Os Montes. “Yo estaba acostumbrado a ir a fotografiar lugares en los que están sucediendo cosas. Aquí no está sucediendo nada”, señala, “fue muy difícil”. En realidad sí sucede algo. Sucede el tiempo que todo acaba por desintegrar, cielos grises, la nieve, viviendas habitadas y sin embargo espectrales, una luz baja. “Quería escapar de la habitación abandonada, la silla y la botella, la tela de araña”, argumenta, “tenía muchas fotos de casas vacías y derruidas, pero prescindí de ellas. Fue también gracias al maravilloso trabajo de mis editores, Juan Gallego e Ignacio Pérez-Jofre. El libro lo hicimos a tres bandas”. Y sucedieron las conversaciones con los retratados. “Llegaba a una aldea, llamaba a las puertas. Tomaba un café y hablaba largo y tendido con sus vecinos. Siempre solían recordar su infancia, cuando en la aldea había gente y niños”, dice. La fotografía de Teniente era, así, el último paso de una relación, no el primero: “Sentías una gran ternura, pero también era doloroso”.

Teniente no recorrió las tierras que recoge en su libro a ciegas. Le gusta documentarse a fondo y documentarse a fondo significa, en esta ocasión, la literatura. El austero y magnífico escritor portugués Miguel Torga (1907-1995), nacido precisamente en Trás-os-Montes, fue una de sus guías. “Me ayudó a delimitar la atmósfera que quería conseguir en mis fotos, ese sentido de pertenencia al terruño”, asegura, y añade: “Al final, además, Trás-os-Montes es también Galicia, es lo mismo. La lluvia, las nieblas, el musgo, el frío, sé cuál es esa sensación. No quiero decir que lo consiguiese, sino que era una de mis aspiraciones, construir ese ambiente”. La lluvia amarilla (1988) de Julio Llamazares (Vegamián, el Bierzo, 1955) o Los últimos. Voces de la Laponia española (2017), de Paco Cerdà (Valencia, 1985) son otros títulos que le sirvieron de cartografía.

A la Laponia española, en concreto a los Montes Universales entre las provincias de Cuenca y Guadalajara, se fue a buscar a dos de los hombres que hablan en el libro de Cerdà. Los localizó y sus rostros aparecen en Tras Os Montes. “Llegué a recorrer mil kilómetros para hacer un retrato”, confiesa, aunque la mayoría los registró en Galicia y comarcas limítrofes. Teniente, que ha expuesto sus fotos en París, Londres o Roma, y ha publicado cuatro tomos de ellas, nunca había investigado el retrato tan detenidamente como esta vez. No solo hay primeros planos de personas, pero estos son abundantes. “Tuve que desaprender o que había hecho para llegar aquí”, dice, “sigo dentro del documental, por supuesto, pero Tras Os Montes no es un reportaje, es una historia”.

La organización ecologista Adega ha exigido este viernes la dimisión de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condenase a la Xunta por reducir la protección de los terrenos donde planeaba instalarse la macrocelulosa de Altri en Palas de Rei (A Ulloa, Lugo). “La sentencia manifiesta, una vez más, el absoluto desprecio del Gobierno gallego por los procedimientos legalmente previstos”, señala Adega, “y su parcialidad sistemática en favor de intereses espurios y contra el interés general y la protección del medio ambiente”. La Xunta anunció la semana pasada el archivo de un proyecto que se encontró con una formidable oposición ciudadana y los reparos de los técnicos del Ministerio de Industria.

El fallo del Superior, adelantado este jueves por Nós Diario, se produjo en respuesta a una demanda de Adega y obliga al ejecutivo de Alfonso Rueda a restituir la consideración de “zona de amortiguación” de varias de las fincas en las que se había fijado la multinacional portuguesa. Las zonas de amortiguación, incluidas la Estratexia Galega de Infraestrutura Verde publicada en el Diario Oficial de Galicia hace ahora un año, en salvaguardan con ciertas restricciones de usos, después reguladas por planes específicos, hábitats de interés comunitario de carácter prioritario o donde habitan especies amenazadas y suele establecerse en espacios que lindan con lugares sometidos a protección más estricta, en este caso la Zona Especial de Conservación Serra do Careón.

Para Adega, el dictamen implica además que la Xunta debe “desestimar expresamente los procedimientos de autorización ambiental integrada” y de la concesión de aguas a Altri y declarar nula la declaración ambiental integrada otorgada a la pastera en marzo de 2025. También pide la revocación de la consideración de la iniciativa como proyecto industrial estratégico. “La sentencia dificulta cualquier tentación de la Xunta de Galicia de cerrar en falso la tramitación de la macrocelulosa con la intención de dejar abiertas grietas administrativas a una futura recuperación del proyecto”, avisa Adega.

Según el departamento de Medio Ambiente, la condena del Superior afecta a “un documento estratégico previo que servirá de base para la futura identificación, declaración y cartografiado oficial de la infraestructura verde en Galicia” y “no invalida delimitaciones ni declaraciones definitivas”

A las ocho y media de la mañana del pasado 18 de febrero, un camión cisterna con cabina de color verde transitaba por una pista próxima al Castro Marcelín, en Agolada, interior de la provincia de Pontevedra. No mucho antes, media hora según un testigo presencial, ese mismo camión salía de las inmediaciones de la estación depuradora de aguas residuales (Edar) de Bandeira, también en Pontevedra. Según la denuncia presentada por la agrupación Ecoloxistas Galiza Verde e Atlántica ante el Seprona, basada en los testimonios de vecinos, el vehículo cargo allí los lodos que vertería a 36 kilómetros en fincas de Agolada. “Presumiblemente sin tratamiento previo”, al contrario de lo que prescribe la normativa. La empresa de residuos aludida en la demanda, Agroamb -según la denuncia, el rótulo figuraba en la cabina del camión-, niega “descargar nada” en el foso de purines señalado por los ambientalistas y no tiene constancia de ninguna denuncia.

Agentes del Seprona y de Augas de Galicia de la Xunta no tardaron en personarse en el lugar, explica una portavoz de los ecologistas. Aun así, añade, al día siguiente hubo nuevas descargas en los mismos prados. Fueron además jornadas de lluvias intensas que sucedían a semanas de borrascas en Galicia, lo que convierte en todavía más dañinos los vertidos. “Las tierras estaban empapadas, saturadas de agua”, sostiene esa misma portavoz, “y depositar lodos en esas condiciones resulta aún más perjudicial”. Según el texto de la denuncia, que aporta además varias imágenes -alguna reproducida en esta información-, la aplicación de “cualquier fertilizante en estas condiciones maximiza la contaminación por nitratos y otros contaminantes, aérea y de acuíferos”.

Además de en los campos, el camión avistado por los vecinos de Agolada también vació su cisterna en una balsa sin cerrar, sin paredes recubiertas ni ningún tipo de impermeabilización. “Existe la obligación de que las estructuras de almacenamiento de purines sean estancas e impidan pérdidas y que estén cerradas con vallas por bioseguridad y prevención de accidentes”, dice la demanda. No es el caso, a juzgar por las fotografías aportadas.

El escrito registrado ante el Seprona por Ecoloxistas Galiza solicita que se compruebe “el tacógrafo del vehículo de la empresa Agroamb que estuvo cargando residuos en la planta de Frigoríficos Bandeira y del Edar de Bandeira para verificar si los kilómetros recorridos y el tiempo de circulación concuerdan con un trayecto directo desde los lugares de carga hasta los de descarga en las proximidades del Castro Marcelín. En el posible trayecto no existe planta de tratamiento de residuos”. Los ecologistas quieren que los agentes medioambientales de la Guardia Civil averigüen si el mencionado vehículo “pasó por una planta de tratamiento de residuos antes de hacer el vertido”.

Agroamb, cuya planta de gestión de residuos orgánicos está en Castro de Rei (Terra Cha, Lugo), a una hora y cuarenta minutos de distancia de Bandeira y a una hora y diez de Agolada, insiste en negar toda relación con lo sucedido. “En nuestras instalaciones tratamos los residuos sólidos o líquidos, que transformamos en fertilizantes, sólidos o líquidos”, señalan fuentes de la compañía, “a nosotros también nos perjudican las malas prácticas que puedan estar haciendo otros”.

La Xunta de Galicia redujo de manera ilegal la protección ambiental de los terrenos en los que planeaba instalarse la macrocelulosa Altri en las inmediaciones de la Serra do Careón en A Ulloa (Lugo). Así lo ha concluido el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en una sentencia datada el 13 de febrero, adelantada por Nós Diario y a la que ha tenido acceso elDiario.es. “Debe mantenerse la protección de la zona objeto de la presente litis […] y anularse la posterior corrección”, dice el fallo en respuesta a una demanda de la organización ecologista Adega. El gabinete de Alfonso Rueda anunció la semana pasada el archivo definitivo del proyecto de Altri, que había apoyado con entusiasmo y que tropezó con una gran contestación social, ecológica, científica y política, además del revés de los técnicos del Ministerio de Industria que bloquearon su acceso a fondos europeos lo dejaron fuera de la planificación eléctrica. El departamento autonómico de Medio Ambiente asegura que “no se invalidan delimitaciones ni declaraciones definitivas” y que el recurso de Adega afecta a “un documento estratégico previo que servirá de base para la futura identificación, declaración y cartografiado oficial de la infraestructura verde en Galicia”. Pero que, en todo caso, la consellería tendrá que restituir a su estadio inicial, que incluye proteger los solares elegidos por la pastera de origen portugués.

El Gobierno gallego aprobó en octubre de 2024 la Estratexia Galega de Infraestrutura Verde, publicada el 10 de febrero del año siguiente en el Diario Oficial de Galicia. El documento no consideraba “zonas de amortiguación” las fincas en las que pretendía construir Greenfíber -la marca gallega de Altri en alianza con un empresario gallego- una planta para producir 400.000 toneladas anuales de celulosa soluble y otras 200.000 de fibra vegetal lyocell. Lo que levantó las sospechas de vecinos contrarios a la iniciativa y colectivos ambientalistas era que, apenas unos meses antes, cuando la Estratexia Verde salió a exposición pública, sí las consideraba como tales. Las zonas de amortiguación salvaguardan con ciertas restricciones de usos, después reguladas por planes específicos, hábitats de interés comunitario de carácter prioritario o donde habitan especies amenazadas y suele establecerse en espacios que lindan con lugares sometidos a protección más estricta, en este caso la Zona Especial de Conservación Serra do Careón.

“No cabe duda de que por parte de esa Administración [en referencia a la Xunta de Galicia] ha existido un reconocimiento de la relevancia ambiental de este espacio, que fue inicialmente reconocido como zona de amortiguación cercano a la Serra do Careón”, dice la sentencia, “y a la que, simplemente, se le retiró tal protección una vez transcurrido el trámite de información pública, sin argumentar ni demostrar que esa retirada debe prevalecer al interés público en la preservación del medio ambiente”. El dictamen añade que, de no existir esa justificación expresa, “se vulnera la normativa nacional y de la propia Unión Europea”. Si la Administración alegase “otros supuestos intereses públicos frente al interés público de protección medioambiental” tendría que tratarse de “una alegación concreta, no meramente hipotética (o no emplear argumento alguno, como el presente caso)”.

El fallo insiste en que “para realizar ese cambio y promover la desprotección de esos terrenos necesariamente la demandada tendría que aportar una especial motivación que justificase dicha desprotección con base en un interés general o público, y revisado el expediente no consta ninguna motivación”.

Contra la sentencia del Superior cabe recurso. Consultada por este periódico al respecto, la Xunta no aclara si lo presentará.

El fracaso del principal proyecto industrial del Gobierno de Alfonso Rueda es culpa de la oposición, dice Alfonso Rueda. Pese al entusiasmo burocrático y político con el que la Xunta defendió la idea de implantar una macrocelulosa en el corazón de Galicia, no fue capaz de llevarlo a término y la semana pasada anunció su archivo. De entrada responsabilizó al Ejecutivo de Sánchez por dejar la iniciativa de Altri fuera de la planificación eléctrica, pero en la sesión de control parlamentario de este miércoles ese argumentario quedó en segundo plano y BNG y Partido Socialista ocuparon el centro de su diana. Lo que Rueda no mencionó fue el formidable rechazo vecinal y ecologista, que organizó algunas de las manifestaciones más concurridas de los últimos años en la comunidad, ni las múltiples críticas de instancias científicas y expertas. El presidente gallego tampoco despejó otras incógnitas: se volvió a negar a desvelar el acuerdo secreto que firmó su gabinete con la empresa a través de la sociedad público privada Impulsa -hoy disuelta- y no aclaró si tiene un plan industrial más allá de Altri.

Fue Ana Pontón, la líder del BNG, quién se interesó por el ya célebre documento. “¿Qué esconde? ¿Qué dice ese papel para tener que ocultarlo a las gallegas y gallegos? Entréguelo ya a esta Cámara”, acabó su primera intervención. Antes había atribuido el final administrativo de la pastera “al pueblo gallego” y a las sostenidas movilizaciones coordinadas por la Plataforma Ulloa Viva. “El BNG acompañó”, dijo, “a la gente que defendió la dignidad y el sentido común. Es una victoria del pueblo gallego y su derrota personal”. Altri, a través de la compañía Greenfiber de la mano de un empresario coruñés, pretendía instalar en Palas de Rei (A Ulloa, Lugo) una factoría que produjese 400.000 toneladas anuales de celulosa solube y 200.000 de fibra textil vegetal lyocell. Para ello absorbería 46.000 metros cúbicos diarios de agua del río Ulla -a escasos kilómetros de su nacimiento-, de los que devolvería 30.000 “convenientemente tratados”. El número de empleos que crearía osciló de los 2.500 prometidos por Feijóo a los menos de 500 directos.

“Alguien tiene que asumir la responsabilidad de apostar toda una política industrial a una carta perdedora”, insistió Pontón, “usted solo ha ofrecido el franquismo industrial de una macrocelulosa”. Pero si algo no hizo Rueda en su réplica fue asumir responsabilidades. Sí repartirlas. “Está siendo una sesión divertida”, quiso ironizar, “tratan de ponerse una medallita para ver quién impide que se instale industria en Galicia”. “Pero hay un claro perdedor, Galicia y su futuro”, añadió, como si él no fuese presidente de la comunidad desde 2022 y miembro de la primera línea de sus gobiernos -conselleiro y vicepresidente- desde 2009. “¿Qué le va a decir a los jóvenes que quieren trabajar en Galicia?”, le espetó a la portavoz nacionalista, “¿cuál es su Arcadia feliz y el futuro de los jóvenes?”. Él mismo no ofreció ninguna pista, más allá de una apelación genérica a la industria que, en abstracto, comparten todos los grupos con escaños en O Hórreo. Sobre por qué un día aseguró que, de no haber dinero europeo para Altri, la Xunta buscaría otras vías de financiación y después cambió de parecer sin mayores explicaciones no se pronunció.

La portavoz del BNG no dejó escapar esos silencios de Rueda. “Poco menos que Lugo va a ser el Lejano Oeste sin Altri”, criticó los discursos del PP tras dar carpetazo al proyecto, “hambre y atraso. Las 4.000 familias trabajadoras de A Ulloa, las 19.000 que viven del mar, ¿eso es atraso? Como no consiguieron imponer la macrocelulosa, va a haber hambre y atraso y ninguna política industrial, es lo que está diciendo”. Pontón tampoco calló ante la acusación de que su formación, al igual que el Partido Socialista, habían apoyado la iniciativa de la pastera y más tarde pasado a la oposición. “Ustedes vendieron una biofábrica y en realidad era una macrocelulosa. Se cuidaron muy mucho de no publicar el proyecto antes de las elecciones”, dijo. Alfonso Rueda repitió su argumentario en el turno de cierra, se refirió a que el Gobierno de Sánchez dejó sin conexión eléctrica “gracias a usted o a Besteiro” a la provincia de Lugo y lo tildó de sectario. No asumió ninguna responsabilidad.

Besteiro a Rueda: “Desclasifique los papeles de Altri”

El secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, también había hablado de la macrocelulosa en su debate con Rueda, aunque fuera de pasada. “Usted no desclasifica los papeles de Altri. Es especialista en protestar por aquello en lo que no tiene competencias pero no en lo que sí”, definió la estrategia argumental del Partido Popular. Pero su preguntaba trataba sobre las relaciones entre la Xunta de Galicia y los ayuntamientos y lo que Besteiro entiende como “agresiones continuas” de Rueda a los principios de autonomía local, suficiencia económica e igualdad de trato de los consistorios. “Usted violenta las arcas municipales y saquea los concellos”, aseguró, “al atribuirles competencias impropias. Lo vemos con el servicio de ayuda al hogar o con la doble imposición del canon del agua”.

Alfonso Rueda lo negó. No aportó datos demasiado concretos pero sí frases: “Galicia es una de las comunidades en donde los ayuntamientos más participan de los impuestos que recauda el Gobierno autonómico”. También citó las modificaciones en las aportaciones al servicio de ayuda en el hogar -“pasa del 9,7% al 18% entre 2021 y 2028”- o las obras financiadas por el citado canon hidráulico. “Hay colaboración, hay acuerdos, hay lealtad”, resumió. Y atacó a Sánchez a propósito de la política de vivienda pública: “De las miles que ha prometido, ninguna en Galicia”. Besteiro le había recordado que en solo 15 días, el registro de demandantes en la comunidad había crecido en 667 personas, hasta los 29.800. El Gobierno de Rueda se ha comprometido a construir 10.000 en 2030 después de 15 años de gobiernos de su partido, y de los que él formaba parte como número dos o tres, de absoluta inacción en la materia.

El socialista le respondió que “sus desgracias no llevan el apellido de Sánchez, llevan el apellido de Feijóo” y, en esa línea, que “los problemas de Feijóo no son los problemas de Galicia”. Rueda no se dio por aludido y se revolvió con un “el Gobierno central no tiene una sola política de vivienda”. No le concedió ese estatus ni siquiera a medidas como la declaración de zona tensionada de alquiler que su propio gabinete ha dificultado en ciudades como A Coruña o Santiago de Compostela.

Palas de Rei (A Ulloa, Lugo), una pequeña localidad situada en el Camino Francés de Santiago, no recordaba nada igual: el domingo 26 de mayo de 2024, miles de personas respondieron al llamamiento de la plataforma Ulloa Viva y desbordaron sus calles en la primera de las grandes protestas que han desembocado en el carpetazo definitivo al proyecto de Altri. Unos 20.000 manifestantes en un pueblo de 3.200 habitantes expresaron su rechazo a una macrocelulosa planeada para utilizar 46.000 metros cúbicos diarios de agua del río Ulla a escasos kilómetros de su nacimiento y para emitir una incierta, discutida cantidad de gases a la atmósfera. Aquella jornada marcó el inicio de una sostenida oposición vecinal, política, ambientalista y científica, quizás la más constante después de la que, hace más de dos décadas, se concentró en torno al Nunca Máis y la crítica de la gestión política del desastre del Prestige.

Las manifestaciones contra Altri se tropezaron con la Xunta de Alfonso Rueda. Este había heredado la idea de la factoría de su antecesor, Alberto Núñez Feijóo, pero la asumió con entusiasmo. Así, la gente que disentía de la misma “estaba politizada” -por BNG y Partido Socialista, fundamentalmente. Por el contrario, todas las decisiones gubernamentales estaban únicamente basadas en “criterios técnicos”. Las del Ejecutivo gallego. Porque las del central o las comunitarias, instancias que denegaron apoyos al proyecto, también eran “políticas”. El caso es que el manual que el Partido Popular aplica a las protestas sociales contrarias a su estrategia no acabó de funcionar. Unos meses después del histórico domingo de Palas de Rei, decenas de miles de ciudadanos abarrotaron Santiago de Compostela al son de “Altri non” o “Rueda, recúa, a auga non é túa [Rueda, retrocede, el agua no es tuya]”.

El presidente gallego se recreó aquel diciembre de 2024 en su cantinela habitual: respecto a “los manifestantes de buena fe” pero no a “los politizados” por la oposición. Mientras, el anagrama Altri non, rojo y blanco sobre negro y con un mapa agujereado de Galicia en la letra o se hacía cada vez más popular. Los paralelismos con la mítica bandera negra de Galicia de la lucha contra el chapapote eran evidentes, a decir de prensa y activistas. Pancartas y pintadas se integraron el paisaje de A Ulloa, la tranquila comarca agraria y con un importante sector servicios ubicada en el corazón geográfico de la comunidad en la que se fijó la multinacional portuguesa.

La manifestación de los barcos

Cuatro meses más tarde, Ulloa Viva -que aglutinó vecinos y coordinó asociaciones como Adega, Greenpeace o Ecoloxistas en Acción y sindicatos como la CIG- volvió a la carga. Esta vez de la mano de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa organizó una travesía protesta de barcos pesqueros. El río Ulla junto al que Altri quería instalarse fluye hasta la ría de Arousa y pescadores de bajura y mariscadores temían los efectos que, corriente abajo, podía suponer la papelera. Más de 600 embarcaciones navegaron en un día de primavera pero tiempo invernal y dejaron imágenes icónicas. Al mismo tiempo en tierra, en A Pobra do Caramiñal (O Barbanza, A Coruña), diez mil personas les mostraban su apoyo. Para entonces, el grito Altri non se había escuchado en Balaídos, el Estadio del Celta de Vigo, y no eran pocos los conciertos u obras de teatro que mostraban su solidaridad con la protesta. El laureado arquitecto inglés David Chipperfield, con oficina y casa en Galicia, avivaba las críticas: “La Xunta no ha logrado demostrar cómo encaja Altri en su visión del desarrollo de la comunidad”. Y Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro, portavoces de la oposición nacionalista y socialista, ya secundaban prácticamente todos los actos.

Apenas había pasado un mes tras la manifestación en Arousa cuando el Gobierno central denegaba el acceso a las ayudas europeas de descarbonización solicitado por la pastera. Los técnicos del ministerio entendían que la compañía no cumplía con las emisiones de CO2 y que, en general, el proyecto no estaba maduro. Rueda los descalificó como “políticos”. Sin embargo, defectos parecidos y otras deficiencias también los habían detectado los expertos y científicos que firmaron un exhaustivo informe -180 páginas- encargado por el Consello da Cultura Galega: Altri provocaría “una grave fractura en el territorio”, emplearía menos trabajadores de los anunciados y tendría consecuencias negativas sobre el medio ambiente. Que el documento lo emitiera el principal órgano asesor del Gobierno gallego en materia cultural no le evitó los amargos reproches de Rueda, su partido (el PP) y su gabinete. Al día siguiente, estos admitieron que ni siquiera lo habían leído.

La protesta social no cedió. Además de mesas informativas en centros sociales y mercados, en ferias y fiestas y encuentros deportivos, Ulloa Viva convocó otra vez en Santiago de Compostela. El Ejecutivo central ya había entonces comunicado a Altri que no construiría la subestación eléctrica que exigía la empresa. Este es ahora el hecho con el que la Xunta argumenta el archivo definitivo del proyecto. Esa última gran marcha de oposición sucedió el pasado 15 de diciembre: de nuevo decenas de miles de personas ratificaron la vitalidad de la oposición social, ecologista y política a la factoría. Y Rueda, pese a que casi por inercia minimizó la multitudinaria manifestación, en realidad había empezado a modular su respaldo a Altri. Hasta que este viernes su conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, anunció el carpetazo en un corrillo con periodistas tras una visita a Maderas Besteiro.