Hay gente que cree que el Gobierno es capaz de amañar el resultado electoral a través de Indra. Gente desinformada, sectaria o ambas cosas a la vez, porque es imposible que esta empresa manipule el recuento: en España lo hacen ciudadanos elegidos por sorteo, en presencia de los interventores de los partidos. Los medios lo hemos explicado decenas de veces, pero eso no impide que el bulo del pucherazo de Indra se resista a morir.

Una de esas personas desinformadas, sectarias o ambas cosas a la vez es juez del Tribunal Supremo español. Antes fue magistrado del Tribunal Constitucional, a propuesta del Gobierno de Rajoy, y también número dos de la Fiscalía General del Estado durante la última mayoría absoluta del PP. Se llama Antonio Narváez. Fue el primero de su promoción, lo que también demuestra que no todo se aprende con una oposición. 

Narváez es partidario declarado de Alberto Núñez Feijóo y no solo porque buena parte de sus ascensos se los deba al PP: así lo manifestó en una polémica cena de la Asociación de Fiscales con el líder de la oposición en abril de 2023. En esa reunión, Narváez cuestionó el recuento de Indra, criticó duramente al Gobierno de Pedro Sánchez por “deteriorar las instituciones” y expresó su deseo de que Feijóo llegara a La Moncloa: “Ojalá”. 

Antonio Narváez dio credibilidad al bulo de Indra. Ahora ha avalado otra conspiración de la extrema derecha: que el Gobierno prepara un “pucherazo” con la ley de nietos, que permite recuperar la nacionalidad a los descendientes del exilio español. Él es el ponente del auto del Tribunal Supremo que ha dejado sin derecho a voto a cientos de miles de españoles. Es un disparate jurídico de principio a fin. 

Algo de contexto, para no perderse.

El 19 de octubre de 2022, el Congreso aprobó la Ley de Memoria Democrática. En ella se da la posibilidad de recuperar la nacionalidad a los hijos y nietos de los españoles que se fueron al exilio “por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual”. 

Unos días después, el Ministerio de Justicia publicó en el BOE una instrucción donde se explica a los consulados cómo aplicar esta ley: los formularios, los plazos y qué documentos son válidos para acreditar el exilio. 

Había un problema: una gran parte de los nietos de los primeros exiliados no guarda el carné del PCE del abuelo, ni tampoco documento alguno de que fuera homosexual, republicano o ateo. Así que se estableció un criterio: presumir la condición de exiliado para todos los que salieron “entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. Y exigir más documentación para quienes se fueron entre 1955 y 1978.

No es un criterio perfecto, pero tampoco hay una alternativa mucho mejor. Exigir papeles más detallados sobre algo que ocurrió hace 90 años habría dejado fuera a muchos descendientes de exiliados; habría generado una injusticia aún mayor. 

Además, este criterio no fue una invención de Sofía Puente, la directora general que firmó esa instrucción. Es exactamente el mismo que ya se aplicó en 2008, con la ley de memoria anterior: “Se presumirá la condición de exiliado” a todos los que salieron “entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. La frase de la polémica es un corta y pega literal de algo que no fue discutido hace casi dos décadas. 

Poco después de publicarse en el BOE, una organización ultra recurrió la instrucción de Sofía Puente. Ya entonces pidió la suspensión cautelar con el mismo argumento que usan hoy: que no todos los que emigraron entre 1936 y 1955 eran exiliados. El TSJ de Madrid les mandó a paseo en 2023 y desestimó la petición. Después archivó definitivamente la demanda porque esta organización no estaba legitimada para recurrir.

Esa misma organización ultra volvió a la carga poco después. En 2024, presentó una querella contra Sofía Puente, acusándola de prevaricación. También fue archivada. 

Mientras tanto, el bulo del “pucherazo” de la ley de nietos creció y creció. Primero, amplificado por la ultraderecha. Más tarde, con el apoyo de Alberto Núñez Feijóo, que dio por buena la conspiración. Antes del verano, Vox llevó el tema a la Junta Electoral Central, pidiendo otra vez la suspensión de esta instrucción, con el argumento de que Sánchez estaba ampliando el censo para amañar las elecciones. La ultraderecha volvió a fracasar: la Junta Electoral rechazó su petición.

Iban perdiendo tres a cero… hasta que el Supremo apareció.

Vox recurrió la decisión de la Junta Electoral Central ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Allí, por fin, los ultras han encontrado quien les compre la conspiración. En un auto extravagante, el Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho a voto de cientos de miles de españoles, descendientes de los exiliados. Afecta a todas las personas –alrededor de 400.000– que se habían acogido a esta opción. No se les quita el pasaporte; siguen siendo españoles. Solo se les impide votar.

Un repaso a los cinco jueces que han avalado esta decisión demuestra hasta qué punto el dominio de la derecha en las cúpulas judiciales es abrumador. Antonio Narváez no es el único vinculado con el PP.

Luis María Díez-Picazo Giménez: está al frente de esta sección y es conservador. Es uno de los protegidos de Carlos Lesmes: director general de Justicia con Aznar y presidente del CGPJ con Rajoy. Fue Lesmes quien lo promocionó a la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Llegó al Supremo en marzo de 2008, nombrado por un CGPJ con el mandato caducado, durante uno de los bloqueos del PP.

Díez-Picazo pasará a la historia por protagonizar uno de los episodios más negros de la justicia española: suspendió una sentencia firme del Supremo que condenaba a la banca a pagar un impuesto que grava las hipotecas. Para evitar ese cambio, convocó un anómalo pleno con todos los magistrados de la Sala para revisar la decisión por su “enorme repercusión económica y social”. Es algo que no había pasado nunca antes y que dudo que vuelva a pasar. En ese pleno, la sentencia se revirtió por un solo voto. Una vez más ganó la banca, a costa de todos los hipotecados.

Antonio Jesús Fonseca-Herrero: también conservador y también cercano a Carlos Lesmes. Fue el entonces presidente del CGPJ quien lo promocionó como responsable de la acción disciplinaria –el que expedienta a los jueces– durante los años de mayoría conservadora tras la victoria de Mariano Rajoy.

José Luis Requero: conservador y miembro del Opus Dei. En 2001 fue nombrado vocal del CGPJ, a propuesta del PP de Aznar. Estuvo allí hasta 2008: dos años más de los que debía, por el habitual bloqueo a la renovación que aplica el PP cada vez que pierde las elecciones. En esa época, se hizo famoso por comparar el matrimonio homosexual con “la unión entre un hombre y un animal” en un informe del consejo contra la ley del matrimonio igualitario de Zapatero. 

En 2014, durante el rodillo conservador de Carlos Lesmes en el CGPJ, fue ascendido al Tribunal Supremo con los votos de los vocales nombrados por el PP de Mariano Rajoy. 

Manuel Delgado-Iribarren: también conservador y uno de los últimos en llegar al Supremo. Fue nombrado hace poco más de un año por el nuevo consejo, a propuesta de los vocales elegidos por el PP. Entró por el turno de juristas –no es juez de carrera– y su principal aval en la derecha es Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional y gran muñidor del PP en los asuntos judiciales, con quien ha escrito varios libros. Arnaldo fue clave en la extraña carrera académica de Pablo Casado. Años después, Casado impulsó su llegada al Constitucional.

¿Alguna mujer? ¿Algún progresista? Solo una persona en representación de ambas ‘minorías’. La sexta integrante de este tribunal es María Alicia Millán Herrandis, asociada a Juezas y Jueces para la Democracia. Ella es también la única que se ha opuesto a este dislate del Supremo con un contundente voto particular.

Que la derecha tenga una mayoría de cinco a uno en esta sección del Supremo no es una rareza: es lo habitual. Tampoco es fruto del azar.

Todos los jueces del Supremo son nombrados por el CGPJ; allí no se llega por oposición. Son nombramientos irrevocables, hasta la jubilación. 

Estas abrumadoras mayorías de la derecha en el Supremo son consecuencia directa de las maniobras del PP durante décadas, al bloquear la renovación del CGPJ cada vez que perdían las elecciones, o al cambiar las mayorías necesarias para los nombramientos cuando la derecha controlaba el consejo. 

Pero volvamos a la ley de nietos, porque esta medida del Supremo no solo es cuestionable por las biografías de quienes la han tomado y su poca apariencia de imparcialidad. Es una decisión disparatada, por muchas razones más. 

Es un disparate porque es extemporánea. La instrucción de Sofía Puente sobre cómo aplicar la Ley de Memoria Democrática se publicó en el BOE hace ya cuatro años. El plazo para recurrir –dos meses– está más que prescrito y el órgano judicial competente –el Tribunal Superior de Madrid– ya descartó intervenir. 

Es un disparate porque pisotea un derecho fundamental: el derecho a voto. Es tan importante en nuestra Constitución que ni siquiera se puede suspender con la declaración de un estado de sitio o de excepción. Y el Supremo lo ha hecho a las bravas, cancelando un derecho fundamental de terceros que no son parte del proceso y que ni siquiera han podido defenderse. 

Es un disparate porque es una medida completamente desproporcionada: no hay un equilibrio entre el bien que el Supremo dice querer proteger y la medida que ha decidido aplicar. 

Es un disparate porque es contradictorio: porque el Supremo no anula la nacionalidad de estas personas, solo uno de los derechos fundamentales que conlleva. 

Es un disparate porque el recurso de Vox va en contra de la decisión de la Junta Electoral Central, no contra la instrucción del Ministerio de Justicia –no podrían, estarían fuera de plazo–. Lo que hace el Supremo es aprovechar la ocasión para entrar a criticar esa instrucción por una vía que no corresponde. Es una clara desviación procesal.

Y es un disparate porque el bulo del pucherazo con la ley de nietos es tan falso como el de Indra que Antonio Narváez ya se tragó. 

La inmensa mayoría de los nietos e hijos de exiliados que han pedido la nacionalidad lo hacen por razones sentimentales o porque quieren un pasaporte de un país de la Unión Europea, que les da más posibilidades migratorias o de viajes a Europa o EEUU. Su participación en las elecciones ronda el 10%. Su influencia real en las próximas generales será mínima. 

Tampoco hay dato alguno que permita presuponer que apoyarán en las urnas al Gobierno. La única vez que ese voto exterior ha movido un escaño en unas generales fue en 2023… a favor del PP.

Me despido aquí por hoy. No sin antes recordar que publicar esta carta, criticar esta decisión del Supremo, no es un ataque intolerable a la Justicia de esos que denuncia la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló. 

Lo que debilita la confianza de los ciudadanos en la Justicia no son las críticas: son decisiones así.

El “efecto llamada” no fue la regularización de inmigrantes. Fue una decisión del Tribunal Supremo. Es una sentencia muy corta, solo 13 folios que pasarán a la historia. Se ha escrito mucho sobre la crisis de Ceuta, sobre el papel de Marruecos, sobre la deficiente gestión del Gobierno. Muy poco sobre el origen jurídico con el que todo empezó.

El 29 de junio de 2026, un mes antes del colapso de la frontera en Ceuta, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo recortó las “devoluciones en caliente”: una polémica excepción legal que solo se aplica en Ceuta y Melilla y que permite devolver inmigrantes a Marruecos por la vía rápida, sin las mismas garantías humanitarias que sí se aplican en el resto de las fronteras de la Unión Europea.

El origen legal de esas devoluciones en caliente está en una crisis anterior: la tragedia del Tarajal, el 6 de febrero de 2014. Alrededor de doscientos inmigrantes trataron de entrar en Ceuta a nado. La Guardia Civil, esta vez sí, recibió la orden de disparar con material antidisturbios: pelotas de goma, botes de humo y salvas detonadoras. Murieron 14 personas ahogadas. Veintitrés llegaron a tierra, pero la Guardia Civil las devolvió desde la propia playa, saltándose todos los protocolos legales.

La catástrofe en el Tarajal acabó en los tribunales. Estaba en cuestión la responsabilidad de los agentes que dispararon las pelotas de goma –acusados de homicidio imprudente, aunque finalmente fueron exculpados– y también la forma en que se devolvió a los supervivientes que nadaron hasta la playa.

El Gobierno de Mariano Rajoy zanjó el tema un año después. En marzo de 2015 aprovechó otro trámite parlamentario –la aprobación de la infausta ley mordaza– para colar por la vía rápida una importante modificación de la ley de extranjería. Se trata de una disposición adicional que establece un “régimen especial” solo para Ceuta y Melilla: en estas dos ciudades, se puede devolver por la vía rápida a aquellos extranjeros que “intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera”.

El PSOE y otros partidos de la oposición recurrieron esa reforma ante el Tribunal Constitucional, que en 2021 la avaló. Las polémicas devoluciones en caliente también llegaron en 2020 al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también las respaldó. Entre sus argumentos a favor de las devoluciones en caliente, el TEDH subrayó la especial situación de Ceuta y Melilla, las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en el continente africano. Y que estos intentos de entrar en España se producían en grandes grupos y con violencia, lo que justificaba esta respuesta.

Pedro Sánchez recurrió ante el Constitucional las devoluciones en caliente cuando estaba en la oposición. Al llegar al Gobierno, mantuvo esa ley y la aplicó. Desde el PSOE ahora justifican este giro con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Si derogamos las devoluciones en caliente, la situación de Ceuta y Melilla sería crítica”, aseguran fuentes del lado socialista del Gobierno.

No ha sido este el único cambio radical de opinión.

Hace diez años, nadie podía imaginar que quien acabaría recortando las polémicas devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla no sería el primer gobierno progresista de coalición, ni tampoco la muy garantista justicia europea. Para sorpresa de todos, este cambio ha llegado de un tribunal de mayoría conservadora en el Supremo español.

Cuando se mira quién firma esta sentencia, la sorpresa es aún mayor.

Los nuevos progresistas

El ponente de la reciente sentencia del Supremo que acaba de recortar las devoluciones en caliente es Fernando Román García. ¿Un peligroso juez izquierdista? No. Antes fue secretario de Estado de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy. Era el número dos de Gallardón.

El presidente de la sección en el Supremo que aprobó la sentencia es Carlos Lesmes. El nombre no te suena por su activismo en defensa de los inmigrantes. Antes fue director general de Justicia en el Gobierno de Aznar y, más tarde, presidente del CGPJ durante el Gobierno de Rajoy.

La sentencia fue aprobada con el voto unánime de los cinco magistrados de la sección. Junto a Román y Lesmes, hay dos asociados a Juezas y Jueces para la Democracia y una de la conservadora APM. Tres a dos, a favor de la derecha.

Que dos magistrados de JJPD recorten las devoluciones en caliente es algo esperable. Esta asociación progresista siempre las cuestionó, e incluso se pronunció en contra de la sentencia del TEDH que las blindó. Pero que dos ex altos cargos del PP recorten una reforma del PP es algo más raro de ver.

Fuentes jurídicas aseguran que el debate antes de esta sentencia fue intenso. Carlos Lesmes era el más crítico con el texto de la sentencia, aunque finalmente la aceptó. Y quien con más vehemencia defendía recortar las devoluciones en caliente era Fernando Román: secretario de Estado del mismo Gobierno que aprobó esa reforma de la ley de extranjería.

¿Y qué dice esta nueva sentencia del Supremo? Prohíbe las devoluciones en caliente cuando se entra a nado, tras un recurso presentado por un inmigrante argelino. A juicio del Supremo, esas devoluciones en caliente no son legales, ya que la ley habla de “elementos de contención fronterizos”. Y en el mar no hay vallas.

Es curioso el argumento, teniendo en cuenta que esta reforma se aprobó precisamente tras la devolución ilegal de esos 23 inmigrantes que entraron a nado en Ceuta en 2014, en la tragedia del Tarajal. De hecho, la propia reforma sirvió para exonerar de prevaricación a los guardias civiles que participaron en aquella devolución.

En su recurso ante el Supremo, la Abogacía del Estado argumentó que sí hay “elementos de contención” para evitar las entradas a nado: las cámaras térmicas, los drones o el propio espigón. Para el Supremo, esto no cuenta como barrera.

Tras la enorme crisis desatada el 30 de julio en Ceuta, ha sido el propio Supremo quien ha explicado al Gobierno cómo cumplir con la sentencia: basta con instalar unas boyas alargando la línea de frontera desde el espigón para que se consideren “elementos de contención”.

“Todo este lío para que baste con poner una cuerda”, asegura una fuente del Gobierno. Por resumirlo: si un inmigrante sortea por la vía vertical los obstáculos –saltando la valla– sí se le puede expulsar de forma inmediata. Pero si lo hace por la vía horizontal –rodeando a nado el espigón– ya no.

¿Te imaginas –en un suponer– qué habría pasado si esta misma crisis –80.000 personas entrando de golpe en Ceuta, 141 muertos– se hubiera producido durante un gobierno del PP, tras una sentencia aprobada por dos ex altos cargos del PSOE? ¿Qué habría dicho la derecha?

Y una segunda pregunta: ¿habría redactado el Tribunal Supremo esta misma sentencia si en el Gobierno estuviera el PP?

El papel de Marruecos

La noticia sobre el fin de las devoluciones en caliente para quienes entraban a nado se disparó por las redes sociales marroquíes y alentó las primeras llegadas a Ceuta. Así lo recogían varios informes previos que –sin anticipar la magnitud de lo que venía– sí alertaron del aumento de las entradas a nado a raíz de la sentencia.

Pero esta decisión del Supremo, por sí sola, no explica todo lo que pasó. Y en este episodio en concreto, falta por conocer mucho más: si hubo quien manipuló las redes sociales para propagar ese mensaje. Y lo más importante: a qué se debió la inacción de los gendarmes marroquíes en la frontera durante tantas horas.

Los que primero entraron a nado ese día en Ceuta, equipados con flotadores, aletas o neoprenos, lo hicieron impulsados por las noticias sobre la sentencia o por grupos en redes donde se explicaba que “si vas nadando te quedas en España”. Los que llegaron después –por decenas de miles– no sabían nada del Supremo o del cambio con las devoluciones en caliente, según explican varios testimonios recogidos por elDiario.es. Fueron a Ceuta porque les contaban en las redes que la frontera estaba abierta: que los gendarmes marroquíes no estaban parando a nadie.

En el Gobierno, en privado, manejan tres hipótesis para las que dicen carecer aún de pruebas concluyentes.

La primera, que esa inacción de la policía marroquí se deba al volumen de la oleada. Tampoco los policías españoles plantaron cara: porque eran demasiados.

La segunda, que esa inacción responda a una operación de alguna de las corrientes de poder dentro del régimen marroquí, sin autorización ni orden expresa del rey. En un momento delicado para Marruecos, que pronto tiene elecciones.

La tercera, que la operación fuera autorizada por Mohamed VI, pero que, viendo la dimensión de lo ocurrido, después diera marcha atrás.

Pero Sánchez tiene un problema grave: casi nadie en España cree que 80.000 personas se puedan desplazar hacia Ceuta sin el conocimiento o la autorización del régimen autoritario marroquí. Y esto es algo transversal. La derecha no se fía de Marruecos por su rechazo a la inmigración. La izquierda, por el Sáhara.

Al mismo tiempo, el Gobierno no puede solucionar el problema actual sin la colaboración de Marruecos.

La gestión de la crisis humanitaria –miles de personas sin hogar vagando por la ciudad– ha sido también pésima. ¿Qué habría dicho el PSOE si, ante una situación como esta, un Gobierno del PP hubiese pasado tantos días sin un solo campamento y con los vecinos teniendo que darles de comer o protegiendo a las niñas?

Por si fuera poco, tampoco falta la habitual presión contra el Gobierno desde los aparatos del Estado. Como también se demostró esta semana con el episodio del famoso informe policial.

En resumen: una jueza exconcejal del PP pide un informe a una unidad dirigida por un exasesor del jefe de la brigada política del PP que concluye sobre Marruecos lo mismo que está diciendo el PP. La jueza ordena a la policía que no le diga nada al Gobierno, que acaba enterándose de que existe tal informe por la prensa. El presidente y casi todos sus ministros quedan en ridículo –o peor aún, como mentirosos– por una oportuna filtración que solo pudo venir de dos sitios: el juzgado o la comisaría, porque aún no se había dado traslado a la acusación popular.

Y solo llevamos una semana de esta nueva temporada electoral.

P.D. Una última cuestión. Lo de llamar “efecto llamada” a la sentencia en el arranque de esta carta es una pequeña provocación, una burla a ese lenguaje que siempre rechazaré. La verdadera razón por la que tantas personas se juegan la vida para cruzar una frontera nunca está en una sentencia o en una regularización. Siempre es otra: la enorme desigualdad.

Que no lo olvidemos nunca: quienes llegan a esas playas son personas que buscan un futuro mejor.

No es habitual ver estas cifras al detalle; pocos medios de comunicación las enseñan. Muchos pregonan la transparencia, pero solo para los demás. En elDiario.es también nos la aplicamos.

Estos son todos los datos de 2025.

1. Periodismo solvente y sin hipotecas

En 2025, elDiario.es ingresó 17.348.226 euros y gastó 15.864.233 euros. El superávit fue de 1.483.993 euros, una cifra muy similar a la del año anterior (1.531.477 euros en 2024).

Un año más, seguimos sin deudas. Ni un solo crédito. Es una de las claves de nuestra independencia. No queremos deber nada a nadie. Solo a nuestra comunidad de lectores.

2. Más de 120.000 personas nos apoyan

Empezamos 2025 con 98.019 socios y socias y lo acabamos con 115.277. Hoy ya somos 121.080.

Todas nuestras cifras de socios están auditadas por OJD.

La cuota media es de 72,84 euros anuales. Porque en elDiario.es sabemos que no todos pueden pagar lo mismo.

Tenemos 16.972 mecenas: personas que pagan cuotas por encima de la tarifa estándar de 80 euros al año. Y también 5.797 socios bonificados: personas con ingresos bajos que tienen tarifas reducidas. Para nosotros es importante que nadie deje de leernos por no poder pagar.

3. Seguimos creciendo

Respecto a 2024, nuestros ingresos han aumentado en 1.830.042 euros: un 11,8% más.

Lo que más crece, otro año más, es la aportación de nuestros socios y socias: un 21,5%. Entre todos, sumáis 7.312.486 euros: casi 1,3 millones más que el año anterior.

Los ingresos de publicidad también crecen, un 9,3%, hasta los 8.765.841 euros.

Además, hemos ingresado 924.042 euros por la venta de ejemplares de nuestra revista en papel, los derechos de reproducción a otras plataformas, la venta de nuestra tecnología, la asesoría a otros medios extranjeros y otros ingresos menores.

En 2025, hemos cobrado 253.461 euros en subvenciones de distintas administraciones públicas: 24.000 euros del Kit Digital, 41.802 euros del Ministerio de Cultura, 12.545 euros del Parlamento Europeo, 5.500 euros de un programa de empleo de la Comunidad de Madrid y 169.614 euros de fondos europeos para el desarrollo de nuevo software y herramientas con IA (149.118 euros de esta misma subvención están imputados en el ejercio 2026).

También hemos obtenido 92.396 euros por los intereses que generan nuestras reservas: los beneficios de años anteriores que guardamos como colchón de seguridad, por si vienen años peores.

4. Invertimos más

Los ingresos han crecido en 1,8 millones de euros. Nuestros gastos también, en casi idéntica cantidad. El coste total de elDiario.es ha pasado de 14 a 15,8 millones de euros. Cada euro de este crecimiento lo hemos reinvertido para mejorar nuestro periódico.

Nuestro principal gasto son los sueldos de los periodistas y demás trabajadores de elDiario.es. Son 8,35 millones de euros entre salarios (6.480.237 euros) y cotizaciones sociales (1.875.311). En total, suman 815.515 euros más que el año anterior.

También hemos aumentado en 300.000 euros el gasto en colaboradores y agencias: es un 27,5% más, hasta los 1.394.571 euros.

Hemos repartido 1.419.991 euros entre las ediciones locales y medios asociados a los que distribuimos parte de nuestros ingresos. Es una de las que más aumenta respecto al año pasado: sube 410.000 euros, un 40% más.

Los gastos generales suman 4.390.545 euros entre los costes de tecnología, el alojamiento de la web, los teléfonos y equipos informáticos, los desplazamientos para cubrir noticias, los gastos de producción de nuestros eventos –como el Festival de las Ideas y la Cultura–, los alquileres de oficinas y los costes de distribución e impresión de nuestra revista en papel.

También contabilizamos 80.358 euros en amortizaciones.

Los gastos en abogados, juicios y seguros por responsabilidad civil ya suponen 223.220 euros. Es una partida que se ha duplicado en apenas dos años y que este año subirá otra vez.

5. La presión de los juzgados

Ahora mismo tenemos abiertas 13 causas judiciales: civiles y también penales. Hace una semana, ganamos definitivamente en el Tribunal Supremo una de ellas: una demanda de Ángeles Muñoz, la alcaldesa de Marbella. La sentencia acredita la veracidad y el rigor de nuestra información y condena a Muñoz al pago de las costas. Sin embargo, el compañero que publicó esas noticias, Pedro Águeda, aún sigue imputado en otro juzgado de Marbella. La alcaldesa le acusa en esta ocasión del delito de revelación de secretos.

Estas querellas y demandas son una forma de intentar amedrentarnos; el castigo por publicar información. En este caso concreto, por las noticias sobre el enorme patrimonio de la alcaldesa de Marbella y sus nexos familiares con los negocios más turbios. Su hijastro ha sido recientemente condenado por narcotráfico y blanqueo de capitales. Y el marido de Ángeles Muñoz se libró de esta misma causa judicial por razones de salud: la Fiscalía le acusaba de blanquear más de 7 millones de euros procedentes del narco, pero falleció dos años antes del juicio.

Por ahora, ni uno solo de los procesos penales contra periodistas de elDiario.es ha terminado con una condena. Aun así, es agotador. Uno de nuestros compañeros –Carlos Sosa, el director de Canarias Ahora– está pendiente de un juicio disparatado donde el juez corrupto Salvador Alba le pide 23 años de prisión. Solo la fianza ya le ha supuesto 422.500 euros. Pero lo peor no es el dinero: son las noches sin dormir. Que te acusen de delitos castigados con penas de cárcel no es una presión fácil de aguantar.

6. No hay periodismo sin periodistas

Empezamos 2025 con 139 trabajadores. Lo terminamos con 149, diez personas más. Hoy ya somos 151.

Alrededor de dos tercios del equipo somos periodistas: 99 en total. El otro tercio, 52 personas, trabajan en los departamentos que dan soporte a la redacción: el equipo comercial, la administración, la atención a los socios y socias, las métricas, el diseño o la programación.

Además de esta redacción central, contamos con 96 personas más que están contratadas en nuestras ediciones locales asociadas. En total, 247 trabajadores a tiempo completo en el conjunto de elDiario.es. No cuento aquí a los colaboradores. Tampoco a los becarios: van oscilando entre 4 y 8 personas en función del mes del año, están a media jornada, con un tutor asignado, convenio con la universidad y alta en la Seguridad Social.

En 2012, cuando fundamos elDiario.es, éramos solo 12 personas en plantilla.

En 2020, ayudamos a poner en marcha otro periódico más en Argentina: elDiarioAR, donde trabajan otra decena de personas. Y ahora estamos estudiando alianzas con otros medios de Latinoamérica. Nuestro objetivo no es lograr ingresos de estos países; queremos importar noticias: mejorar la información para nuestros lectores.

Hay quien cree que la inteligencia artificial ayudará a reducir las redacciones; a hacer más noticias con menos manos. No es nuestro caso. Creemos que el periodismo de calidad solo lo pueden hacer humanos. Y vamos a seguir creciendo si nuestros recursos siguen aumentando. Es la única manera de destapar noticias: con periodistas.

No hay ningún otro diario digital en España con una plantilla tan amplia. Tampoco ningún otro periódico –incluidos los de papel– con un despliegue local como elDiario.es.

7. España no es Madrid

Somos el único diario que cuenta con ediciones en todas las comunidades autónomas, a través de nuestra red de asociados. Estamos en las 17, en todas ellas con redacción y una sede: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Catalunya, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Euskadi, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra.

Tras completar este despliegue autonómico, hemos empezado a crecer con redacciones aún más locales: ya estamos en Córdoba, León, El Bierzo, Sevilla, Alicante, Jaén o Madrid ciudad.

Hay muchos medios que se llenan la boca con la palabra España. Curiosamente, los que se dicen más patriotas rara vez salen de Madrid. Ni siquiera de la M-30.

Los ingresos y gastos de estas redacciones asociadas van al margen de estas cuentas; son empresas independientes. elDiario.es cubre algunos de sus costes –como el soporte tecnológico–, financia una parte de su actividad y participa accionarialmente en ellas junto con socios locales, que suelen ser los periodistas que allí trabajan.

En 2025, las ediciones locales en cuyo capital participa elDiario.es ingresaron en conjunto 3.678.656 euros, gastaron 3.468.710 euros y tuvieron un superávit de 209.946 euros.

Puedes apoyar directamente a tu edición local, con un aumento de tu cuota, desde aquí.

8. Subimos los sueldos

A medida que aumentan nuestros ingresos, también mejoramos los salarios de nuestra redacción. Es un compromiso que está recogido en el artículo 29 de nuestro Estatuto. Lo hemos aplicado desde el primer día. Nunca hemos congelado los sueldos.

En enero de 2025, subimos los salarios un 3,5% para todos. Y también aplicamos mejoras extraordinarias, por encima de ese porcentaje, a un tercio de la plantilla, poniendo especial atención en los sueldos más bajos. En total, entre la subida generalizada y las individuales, aumentamos los salarios un 4,8%.

En enero de 2026, hemos vuelto a subir los sueldos, priorizando los más bajos: un 5% para quienes ganan menos de 35.000 euros, un 3% para aquellos que están entre 35.000 y 50.000 euros y un 2% para los sueldos más altos.

Además, hemos aplicado mejoras individuales a 27 personas más, en función de su mayor experiencia o responsabilidad.

El sueldo más bajo de la redacción central está hoy en 25.000 euros brutos anuales a jornada completa; es muy poco habitual y corresponde a algunos jóvenes que tienen con nosotros su primer empleo. Del total de la plantilla, solo el 16% cobra menos de 30.000 euros brutos anuales, incluidos pluses y complementos. El sueldo mediano está hoy en 37.350 euros.

En cuanto al tipo de contratos, apostamos por el empleo estable. Tenemos solo cuatro personas con contratos temporales –para cubrir distintas bajas por enfermedad, maternidad o paternidad y algún refuerzo puntual para los meses de verano–. El resto, 147 trabajadores, somos fijos.

9. Nos preparamos para el futuro

El artículo 26 de nuestro Estatuto nos obliga a reinvertir o guardar como reservas “al menos el 30% de los beneficios anuales”. Es algo que llevamos a rajatabla. Es nuestro colchón para el futuro.

Tras consolidar el resultado de nuestras empresas participadas, nuestro beneficio de 2025 ha sido de 1,4 millones de euros. Hemos repartido un dividendo de 796.760 euros brutos. El resto ha ido a reservas.

Desde nuestra fundación, en 2012, elDiario.es ha ingresado 107,4 millones de euros y ha tenido un beneficio bruto de 11,9 millones de euros: 9,6 millones de beneficio neto acumulado tras los impuestos. De ese total, a lo largo de 14 años, hemos reinvertido o guardado como reservas 6,3 millones de euros: el 65% del beneficio neto. Es más del doble de lo que marca nuestro Estatuto.

Los accionistas de elDiario.es seguimos siendo prácticamente los mismos que fundamos este periódico e invertimos nuestro trabajo y ahorros para arrancar: juntamos un millón de euros en total. Aquí puedes ver quiénes somos.

A lo largo de estos años, hemos incorporado al accionariado a algunos de nuestros compañeros que no formaban parte de ese primer equipo. Pero la estructura societaria no ha cambiado: los principales accionistas de elDiario.es seguimos siendo personas que trabajamos aquí, o que se han jubilado tras años en elDiario.es. El resto son amigos y familiares que nos ayudaron con algo de dinero para arrancar.

10. No dependemos de ningún Gobierno

Nuestro Estatuto –artículo 24– pone un límite al dinero que podemos recibir de un único anunciante. Es un máximo del 10% de nuestros ingresos totales. Este tope también rige para los anunciantes públicos, no solo los privados.

En 2025, el Gobierno gastó 88 millones de euros en publicidad y comunicación institucional, que repartió entre los distintos medios. De ese total, elDiario.es recibió 353.117 euros, el 0,4% de ese presupuesto. Son cifras públicas –las nuestras y las del resto de los medios–, puedes consultarlas aquí.

Sobre el total de nuestros ingresos, esos 353.117 euros suponen solo el 2% del total.

Las empresas públicas dependientes del Estado también invirtieron 84 millones de euros en 2025 en publicidad. Sobre ese total, elDiario.es recibió 459.587 euros, el 0,66% (puedes consultar el reparto por medios de ese presupuesto aquí).

No dependemos del Gobierno. Ni de éste ni del próximo que venga. Nuestra fuerza reside en la comunidad de lectores que nos apoya.

11. Te seguimos necesitando

Mi artículo preferido de nuestro Estatuto es el número 2.

“La independencia de elDiario.es emana de sus socias y socios, que son sujetos de derechos y no solo lectores, clientes o suscriptores. Los periodistas de elDiario.es son los garantes de estos derechos, no solo empleados”.

Cuando fundamos elDiario.es nunca soñábamos con alcanzar estas cifras. Nos hemos convertido en el segundo medio digital con mayor alcance de España –según los datos más recientes del Informe Reuters, de la Universidad de Oxford–. En uno de los cinco periódicos más grandes, si comparamos el tamaño de nuestra plantilla o el total de suscriptores. En una redacción capaz de liderar exclusivas de investigación de impacto mundial.

Es un pequeño milagro: un periódico fundado con el ahorro y el trabajo de unos pocos periodistas que demuestra que se pueden hacer las cosas de otra manera. Con el apoyo de 121.000 personas comprometidas.

En otras métricas, seguimos siendo muy pequeños. Nuestra facturación publicitaria es minúscula, comparada con otros medios con una fracción de nuestra audiencia. La diferencia es que nuestros anunciantes solo compran publicidad, y no nuestro silencio o la línea editorial.

En 2012, no aspirábamos a crear una empresa que facturase 17 millones y diera empleo a 247 personas. Nuestro principal objetivo era otro. Sigue siendo el mismo de entonces: crear una institución capaz de garantizar el mejor periodismo, al servicio de sus lectores. Y que este periodismo libre e independiente sea también un oficio digno, no un voluntariado.

Estas cuentas, estos números, son una herramienta, no un fin en sí mismos. Son el blindaje de nuestro diario.

Si ya eres socio o socia, quiero darte las gracias: todo esto lo hemos construido también gracias a ti. Y espero que sientas orgullo por el periódico que has ayudado a crear.

Si aún no eres socio, te animo a que te sumes. Con el apoyo de personas como tú, este pequeño milagro continuará.

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“Estos días azules y este sol de la infancia…”

El último verso de Antonio Machado viajó con él en su camino más trágico. El poeta fue uno más entre el casi medio millón de exiliados. El 22 de enero de 1939 abandonó Barcelona, ante la inminente entrada en la ciudad de las tropas sublevadas. Primero en una ambulancia, por las carreteras colapsadas, hasta la frontera cerrada con Francia. Después a pie, entre el frío y la lluvia del invierno. De noche y sin más equipaje que el asma.

Machado, viejo y enfermo, aunque solo tenía 63 años. Huía con su hermano, con su cuñada y con su madre, una mujer octogenaria que en su delirio pensaba que volvían a Sevilla. Tardaron seis días en escapar desde Barcelona hasta Francia. Llegaron para morir. El poeta, a las tres semanas; la madre, tres días más tarde.

Fue su hermano quien encontró en la chaqueta de Machado un papel arrugado con ese último verso, ese poema inconcluso: “Estos días azules y este sol de la infancia”.

En su camino al exilio, según distintos relatos, Machado llevó también un puñado de tierra desde España. Un trozo de su país con el que pidió ser enterrado.

Antonio Machado era tan español como Maruja Mallo. Como Luis Buñuel. Como Rafael Alberti. Como Pau Casals. Como Rosa Chacel. Como Clara Campoamor. Como Juan Ramón Jiménez. Como Arturo Barea. Como María Zambrano. Como todos los cientos de miles de víctimas de la represión franquista y del exilio republicano.

Como Antonio Machado, en 1939, solo hacia Francia escaparon 440.000 españoles. Al otro lado les esperaba un país hostil que los encerró en campos de internamiento. Algunos de esos republicanos acabarían luchando por esa misma Francia frente a la Alemania hitleriana. Miles fueron apresados y deportados a campos de concentración nazis, sobre todo a Mauthausen; allí murieron más de 4.000 españoles. Franco se desentendió de ellos: los despreció como apátridas.

Aquella España era cruel y miserable.

“Yo soy español integral, y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos, pero odio al que es español por ser español nada más”, decía Lorca en su última entrevista, solo dos meses antes de que lo asesinaran. “Canto a España y la siento hasta la médula; pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego, no creo en la frontera política”.

Lorca tampoco creía en esa “madre patria” que pide a sus hijos que mueran por ella. “En todo caso una madrastra como la de Cenicienta”, escribió en su juventud, en un texto contra el patriotismo. “¡Nunca puede ser madre nuestra la que según decís tenemos que dar la última gota de nuestra sangre por ella! (...) Eso no lo ordena ninguna madre. (...) Lo que nos envía a matar hombres contra la razón no puede ser madre. Hay que ser hijos de la verdadera patria. La patria del amor y de la igualdad”.

Esa España del amor y la igualdad no cabía en la España del dictador Franco. Los nietos de aquellos exiliados, al parecer, tampoco caben en la España que quiere Vox.

Cuesta entender ciertas lógicas. Fue el PP, en 2015, quien concedió la nacionalidad española a los herederos de los judíos expulsados por Isabel la Católica. Fue Vox, en 2021, quien acusó al Gobierno de “antisemitismo” por no aprobar todas las solicitudes de supuestos sefardíes. Unas víctimas sufrieron a Franco, hace noventa años. Otras, a los Reyes Católicos, hace más de cinco siglos. ¿Por qué los nietos de las primeras tienen menos derechos que los descendientes remotos de las segundas?

Tampoco hubo queja alguna durante la tramitación parlamentaria de la hoy llamada “ley de nietos”. PP y Vox se opusieron a la Ley de Memoria Democrática, que tacharon de “totalitaria”. Pero en 15 meses de debates y enmiendas en el Congreso y el Senado, no plantearon una sola crítica a este asunto que hoy tanto les preocupa: conceder la nacionalidad española a los descendientes de los exiliados por el franquismo.

Durante años, el PP en general y Alberto Núñez Feijóo en particular defendieron la nacionalidad para los descendientes de todos los españoles emigrados. También su derecho al voto. Algunas de las mayorías del PP gallego se ampliaron gracias a ese voto emigrante, que ronda el 30% del censo de la provincia de Ourense y movió escaños a favor del PP en distintas elecciones autonómicas. Esa “ingeniería electoral” que Feijóo ahora denuncia la aprendió del fundador de su partido. “Te pagaban 50 dólares para ir a votar y todos fuimos a votar a Fraga”, contó un hijo de la emigración gallega en Argentina.

Es un ejercicio constante de incoherencia, un campeonato mundial de hipocresía.

Es también un ataque a los cimientos del sistema democrático, que se basa en la confianza. La misma estrategia de Trump o de Bolsonaro: sembrar la duda sobre la limpieza de las elecciones para después, si las urnas no acompañan, no reconocer el resultado.

Como siempre, estas insidias se basan en bulos. Es falso que el Gobierno pueda asignar a estos nuevos españoles a las provincias que prefiera de manera arbitraria. Es falso que esto sea una improvisación de última hora. Es falso que vaya a tener un impacto determinante en las próximas generales. Es falso que vayamos a tener 2,5 millones de nuevos votantes.

La ley es de octubre de 2022. La instrucción sobre su aplicación –que amplió la medida a los hijos y nietos de emigrantes españoles– es de ese mismo mes. Hace casi cuatro años que este proceso está en marcha. Las embajadas y consulados no van deprisa: más bien están colapsados. Hay 2,5 millones de solicitudes, sí, pero solo se han aprobado alrededor de medio millón; la mayor parte no llegará a tiempo para las próximas elecciones. La inmensa mayoría tampoco votará, aunque consiga la nacionalidad a tiempo. En las generales de 2023, apenas participó el 10% de los españoles en el extranjero –y esto incluye el voto de los emigrados más recientes, que tienen mayor interés en la política española–. El impacto real en las elecciones probablemente será escaso.

La única vez en que este voto exterior tuvo alguna relevancia en unas elecciones generales fue en 2023. Ya había entonces 2,3 millones de españoles en el censo electoral de residentes en el extranjero. En Madrid, el voto exterior decantó un escaño. Fue a favor del PP, no de la izquierda.

Esos 2,5 millones de solicitantes son los hijos y nietos de los cientos de miles que se fueron. Pero esto no va de números. Va de personas. Es probable que en la derecha se hayan quedado sorprendidos por el alto número de solicitudes; nunca han asumido la magnitud de aquel naufragio. Aquella España de 1939 se desangró, víctima de una guerra civil provocada por la sublevación de unos militares contra el Gobierno elegido en las urnas.

Cada una de esas solicitudes de nacionalidad es una historia familiar: un abuelo que cruzó a pie los Pirineos, una abuela que embarcó en Alicante o en Cartagena o en Valencia hacia Buenos Aires o La Habana, alguien que se fue porque en su país no había libertad, o pan, o las dos cosas. Gente que trabajó toda su vida con España en la memoria, que les habló de España a sus hijos y a sus nietos, que soñó con volver pero murió muy lejos de su tierra. Son esos nietos a los que ahora se señala como sospechosos; como cómplices de un pucherazo.

Machado cruzó la frontera con un puñado de tierra de su país en el bolsillo. Pidió ser enterrado con él, y así descansa desde hace 87 años en el pequeño cementerio de Collioure, en una tumba que aún hoy se llena de flores y banderas republicanas.

Machado no tuvo hijos, tampoco nietos. Pero sus herederos son también todos aquellos descendientes de quienes le acompañaron en ese último y doloroso viaje hacia el exilio, mientras el poeta soñaba con días azules y el sol de su infancia.

Ellas y ellos son tan españoles como Max Aub. Como María Teresa León. Como Manuel Chaves Nogales. Como León Felipe. Como Victoria Kent. Como Luis Cernuda. Como María Casares. Como Margarita Xirgu. Como Pablo Picasso. Como Antonio Machado.

Este artículo no va de Zapatero. De si es inocente o culpable. De si está justificada la investigación contra él ni de las dudas éticas sobre su trabajo como lobista o el origen de esas carísimas joyas.

Tampoco va exactamente de las filtraciones. Todas las semanas en elDiario.es –igual que en todos los periódicos españoles–, publicamos información cuyo origen es un sumario judicial. Eso no significa que difundamos cada dato que llega a nuestras manos. Hay un filtro: solo publicamos aquello que tiene interés informativo, es veraz y aporta al debate público algo más que morbo. Es un criterio que no todos los medios aplican, pero aun así me parece enormemente cínico criticar las filtraciones en función de quién sea el afectado. No es esa la cuestión. 

Esta vez le ha tocado a Zapatero: sus rutinas de peluquería, sus citas médicas, las personas con las que cena o qué regalos le hace a su mujer. Miles de detalles tan privados como irrelevantes para lo que está investigando la Audiencia Nacional.

Pero Zapatero no es el primero. Tampoco será el último. En España, de forma cotidiana, las personas bajo la lupa judicial ven pisoteados sus derechos: al secreto de las comunicaciones o a la privacidad. 

Es algo que no ocurre en otros países de Europa. Al menos no con esta cotidianidad. La justicia en España es una máquina de triturar estos derechos fundamentales de sus investigados. No sucede por casualidad ni es culpa concreta de los jueces, los abogados, los periodistas, los fiscales o los funcionarios que están en los juzgados: no depende de la maldad o la bondad de las personas. Se explica por la arquitectura institucional.

La Justicia española es anómala. Distinta a la europea por muchos motivos que llevaría mucho tiempo enumerar. Pero en este asunto concreto de las filtraciones, dos detalles explican por qué en España esto pasa de forma tan habitual.

La acusación popular

La primera anomalía tiene que ver con quién puede acusar. En casi todo el mundo democrático, la acusación penal es un monopolio del Estado: es la Fiscalía quien pide condenas ante los tribunales. En España no. Aquí tenemos tres acusaciones posibles: la Fiscalía, la acusación particular –es decir, la víctima– y también la acusación popular. Literalmente, cualquiera que se quiera apuntar. 

Solo hay dos países en toda Europa, España y Andorra (que nos copió la mala idea), donde cualquier persona u organización sin ninguna relación con el delito puede personarse en un juicio, solicitar pruebas, interrogar a los acusados, pedir condenas de cárcel o recurrir una sentencia.

En el caso concreto de Zapatero, hay ocho acusaciones populares. Entre otras, PP, Vox, Hazte Oír, Manos Limpias y hasta lo que queda de Ciudadanos, que emplea los pocos fondos que aún mantiene en estas cosas.

¿Y cuál es la gracia de ser acusación popular? Hay tres grandes ventajas. Puedes perseguir a tus rivales políticos, con razón o sin ella. Puedes abrir causas penales que no tendrían recorrido de otra forma porque la Fiscalía no ve delito, como ha ocurrido con la mujer o el hermano del presidente del Gobierno, pero también como pasó con la imputación de la infanta Cristina. Y por último: puedes acceder a toda la información, a todo el sumario.

Es algo relevante en este asunto de las filtraciones. Porque casi todo sale de allí, del sumario: los mensajes telefónicos, los audios intervenidos, los informes policiales, los registros, las agendas… Todas las pruebas y también los documentos en bruto, salvo que el juez diga lo contrario.

No revelo ningún secreto: es obvio que buena parte de las filtraciones de los sumarios provienen de acusaciones populares. Estos partidos políticos y organizaciones ultras son quienes más interés tienen en que se produzca un juicio paralelo en los medios de comunicación. 

Esto ni siquiera es novedad: la acusación popular en España nació exactamente para eso, para filtrar información. Aunque el origen constitucional de la acusación popular aparece en abstracto en la Pepa (la Constitución de 1812), la primera vez que realmente se usó fue en 1888, para que la prensa de Madrid tuviera acceso al sumario de un suceso, el crimen de la calle Fuencarral. Entre los principales periódicos, pagaron a un abogado para que se personara como acusación popular. ¿El objetivo? El mismo de ahora: vender periódicos. Es una historia interesantísima que ya te conté en esta carta anterior.

La anomalía de la acusación popular tiene poco arreglo. Esa mala idea del siglo XIX está blindada en la actual Constitución. Sí se podrían limitar un poco sus atribuciones, para evitar los abusos actuales. Es una propuesta que hasta hace no tanto compartía también la derecha y los propios jueces. Ahora ya no: contra el malvado Sánchez, todo cambió.

La segunda anomalía española no responde a ningún mandato constitucional. Tampoco parece que se vaya a arreglar

El juez instructor

La filtración completa de las agendas de Zapatero, o de todos los mensajes de su secretaria, no era inevitable. El juez Calama lo podría haber impedido. Tiene la capacidad de expurgar aquellos datos privados, que no aportan nada a la investigación. Puede sacar esa información irrelevante del sumario. 

Eso es algo que se ha hecho en anteriores ocasiones. Incluso cuando no había razones de protección de la intimidad. Por ejemplo, nunca escuchamos los audios de esas grabaciones de la Guardia Civil a Ignacio González y Eduardo Zaplana, donde explicaban que había que mandar a un juez de la Audiencia Nacional “a tomar por culo a Onteniente” y traer de vuelta a García Castellón, o quién sería el próximo fiscal Anticorrupción. Fueron unos deseos que además se cumplieron, pero en aquella ocasión nadie abrió una investigación judicial como la de Leire Díez. Y no solo eso: los audios fueron expurgados del sumario, donde solo apareció la transcripción.

El juez Calama podía haber evitado el filtrado de estos datos. Bastaba con que hubiera ordenado a la policía que los eliminara de su informe, en vez de incorporar todo al sumario. 

Pero el problema de fondo es otro: es el doble papel del juez instructor español.

En el resto de Europa, quien investiga los delitos es la Fiscalía, no el juez. Son los fiscales quienes buscan las pruebas, trabajan con la policía y elaboran la acusación, mientras que el juez se ocupa de otra cosa: de garantizar que en todo este proceso penal se respeten los derechos. Al final de la instrucción, sobre el trabajo de la fiscalía, el juez decide si finalmente se va a un juicio.

Son dos papeles que están separados, y es lógico que sea así. Uno empuja para que se investigue el crimen. El otro frena para que se respeten las garantías legales. 

En España los jueces de instrucción hacen ambas cosas: empujan y frenan al mismo tiempo. Dirigen la investigación, al tiempo que deben proteger las garantías legales. Es un modelo anómalo y obsoleto: viene de una ley de 1882. Es también una falta enorme de garantías para los investigados. Si tu obsesión es conseguir las pruebas del delito, es probable que no mires tanto por los derechos de los acusados.

Y si te toca un instructor como el juez Peinado, apaga y vámonos. Lo malo de una deficiente arquitectura institucional es justo eso: que dependes de las personas.

Hay una propuesta de reforma para cambiar este modelo y que sea la Fiscalía quien se ocupe de la instrucción mientras el juez vele por las garantías. Es algo que pide Europa. Como pronto, llegará dentro de una década.

Hay otras anomalías respecto a Europa. El exceso de aforamientos. O la propia existencia de la Audiencia Nacional: un tribunal que no tiene equivalente en ningún otro país europeo. O cómo se deciden los nombramientos en los puestos clave. 

Y por último, está la anomalía más clara. El doble rasero que tanto se ve estos meses. 

El juez Calama ha abierto una investigación por las filtraciones sobre Zapatero. Es un tema que no lleva la Audiencia Nacional, por lo que irá a otro juzgado. Sea quien sea el juez al que le toque el caso, dudo muchísimo que ordene la barbaridad de un registro del despacho y los teléfonos móviles de los sospechosos, como hizo el Supremo con el fiscal general.

Tengo muy buenas noticias: vamos a poder celebrar nuestro Festival de las Ideas y la Cultura en Rivas-Vaciamadrid. El intento de censura del PP de Ayuso ha fracasado.

El tribunal administrativo que había suspendido cautelarmente el festival nos acaba de dar la razón. Ha rechazado el recurso del PP porque llegó fuera de plazo y ha levantado la suspensión. Nuestro festival sigue adelante.

Los equipos de montaje han tenido que estar día y medio parados. Hemos perdido mucho tiempo, pero vamos a llegar. Este viernes, a las 16:00 de la tarde, arranca en Rivas-Vaciamadrid nuestro festival, que se celebra en colaboración con la iniciativa Ágora Rivas 2030. Y lo vamos a celebrar con más ganas que nunca.

En esta quinta edición, tenemos un programa espectacular. Nos acompañarán referentes de la cultura, la comunicación y el periodismo como Ariel Rot, Jordi Évole, Silvia Intxaurrondo, La Bien Querida, Carne Cruda, Bob Pop, Inés Hernand, Arde Bogotá, Lucía Solla Sobral o Marta Flich. Marc Giró vuelve a ser nuestro maestro de ceremonias. Y junto a ellos estarán, por supuesto, buena parte de la redacción de elDiario.es, con voces como las de Neus Tomàs, Juanlu Sánchez, Esther Palomera, Ana Requena, Toño Fraguas y Elena Cabrera. Es completamente gratuito y la mayor parte de las actividades se celebrarán en la Plaza de la Constitución de Rivas-Vaciamadrid. Solo hace falta reservar entrada para algunos actos, que serán en el Auditorio Pilar Bardem, donde el aforo es limitado. 

En estos dos días, con el festival cancelado lo hemos pasado realmente mal. La jugarreta del PP de Madrid estaba muy bien diseñada. Presentaron su recurso a solo cuatro días de arrancar el festival. Al día siguiente, nos llegó la suspensión cautelar. El tribunal administrativo tenía cinco días hábiles para responder. Y si hubieran agotado los plazos, no habríamos tenido una resolución hasta el lunes. En la práctica, esto habría supuesto la cancelación del festival.

Si el PP de Ayuso se hubiera salido con la suya, habría sido un golpe económico enorme. Los gastos de producción de este evento cultural superan los 600.000 euros; buena parte estaba ya pagado y no lo íbamos a recuperar. 

Era mucho dinero, pero eso no era lo que más me preocupaba. Lo que más me ha hecho sufrir ha sido la sensación de atropello, de injusticia, de vulnerabilidad. 

El Madrid de la libertad de Ayuso no es muy distinto a los muy libres Estados Unidos de Trump.

Miguel Ángel Rodríguez nos amenazó con triturarnos hasta forzar nuestro cierre. Y este ha sido otro intento más. Esta vez han fracasado por la vía administrativa. Volverán contra nosotros, estoy seguro.

Pero al menos este fin de semana, lo vamos a disfrutar. ¡Espero que nos veamos en Rivas! 

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Te escribo con urgencia, y con muy pocas horas de sueño.

Nuestro Festival de las Ideas y la Cultura está ahora mismo en el aire. Se supone que empieza este viernes, 26 de junio, en Rivas-Vaciamadrid. Llevamos meses preparándolo. Hay decenas de invitados, artistas, periodistas, actores, cómicos, músicos, técnicos, proveedores, viajes, hoteles, escenarios, sonido, iluminación, permisos, entradas reservadas... Todo está ya en marcha. El escenario está montado en la principal plaza de esta ciudad. Y, a pocas horas del inicio, el PP de Madrid está intentando pararlo.

ACTUALIZACIÓN - El Festival de elDiario.es sigue adelante, a pesar del intento de cancelación del PP

La concejala y portavoz del PP en Rivas, Janette Novo Castillo, presentó el martes un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid –que, pese a su nombre, no es un tribunal judicial– para pedir la “suspensión cautelarísima” del contrato y “la paralización del montaje del evento”. Es decir: ha pedido que se suspenda nuestro festival. Que no se celebre.

Apenas unas horas después de que la portavoz del PP presentara su recurso, ese órgano administrativo de la Comunidad de Madrid ha aprobado su petición: nuestro Festival se suspende. 

En teoría, es una decisión provisional; este tribunal administrativo aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. En la práctica, si no hay una decisión contraria en las próximas horas, esto equivale a cancelar nuestro festival. Este órgano administrativo tiene un plazo de cinco días para responder, pero si nos dan la razón el lunes, ya no nos sirve para nada. ¿Y si nos cancelan del todo o no responden antes del viernes? Podríamos llevar este atropello a los tribunales. Tal vez en unos años nos den la razón, y tampoco serviría de mucho.

Desde elDiario.es, con la ayuda de nuestros abogados, hemos presentado alegaciones contra esta decisión. Hay dos detalles importantes: el recurso del PP contra nuestro festival llegó fuera de plazo y la concejala que lo firma tampoco tiene legitimación para usar esta vía administrativa, según la propia doctrina anterior de este órgano. 

Esta es la forma. En la cuestión de fondo, el PP tampoco tiene razón.

El contrato entre el Ayuntamiento de Rivas y elDiario.es se ha tramitado con el mismo procedimiento –negociado sin publicidad por especificidad artística– que utilizan ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas para contratar eventos culturales como el nuestro. No hay ningún privilegio. Hay un festival público, gratuito, abierto a todo el mundo, organizado por elDiario.es, en colaboración con una ciudad que ha querido acogerlo. Entre otros nombres, en esta quinta edición está prevista la participación de La Bien Querida, Ariel Rot, Arde Bogotá, Hinds, Marc Giró, Jordi Évole, Silvia Intxaurrondo, Inés Hernand, Marta Flich, Alberto San Juan, Lucía Solla Sobral, Sara Peral o Bob Pop.

Lo que más les ofende, al parecer, es que entre otras muchas actividades tengamos una representación de la obra “Chistes contra Franco”, de Darío Adanti y Eugenio Merino. Hace más de un año que se representa en el Teatro del Barrio de Madrid. Hace más de medio siglo que murió el dictador, aunque haya días que no lo parezca.

El recurso presentado por la concejal del PP se basa principalmente en una errata. Tras la tramitación del expediente, el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid subió el expediente a la web de la plataforma de contratación con un código de epígrafe CPV equivocado. En lugar de un contrato de “servicios de organización de eventos culturales” y “servicios artísticos”, figuraba como un contrato de “sistemas de seguridad”. Es un error que ya está corregido. Y en todos los trámites del expediente, que fue aprobado por unanimidad, estaba registrado el epígrafe correcto desde el primer momento. 

El presupuesto total del Festival de las Ideas y la Cultura supera los 600.000 euros. Solo el alquiler y montaje del escenario, que es enorme, nos cuesta 86.000 euros. Ya hemos pagado 188.000 euros a proveedores externos. Puede que pudiéramos ahorrarnos alguna factura, pero muchos de los trabajos ya se han hecho o están ya contratados; los tendríamos que asumir igual. También perderíamos los ingresos de patrocinadores privados. Si finalmente cancelan nuestro festival, el agujero económico que nos dejan es enorme.

Es tanto dinero que hemos valorado seguir adelante incluso renunciando a esa parte de la financiación que ponía el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid: 216.643,82 euros. La mayor parte sale de una subvención del Ministerio de Asuntos Sociales, no de las cuentas del municipio (y la Comunidad de Madrid no pone un duro). Nos saldría más barato renunciar a ese dinero que cancelar, y así evitaríamos este intento de censura. Pero tampoco podemos hacerlo. 

No solo se ha suspendido el contrato, también todos los permisos. Si celebramos nuestro festival, aún renunciando a ese dinero, podrían acusar a los concejales de Rivas de prevaricación. Allí gobierna Izquierda Unida desde hace 35 años –ahora en coalición con Más Madrid y Equo y con un pacto de gobierno con el PSOE–. Es el principal bastión de la izquierda en Madrid; los tienen en el punto de mira. Y a nosotros también.

Pero lo más grave no es el dinero. Es el precedente.

Que un partido político intente cancelar a dos días de su inicio un festival cultural organizado por un medio de comunicación crítico es algo muy serio. Que se use una vía administrativa para provocar una suspensión de facto, también lo es. Que el recurso llegue fuera de plazo, en el último momento, y cuando todo está montado, cuando los artistas viajan, cuando las entradas están reservadas y cuando el daño ya sería irreversible, no parece tampoco casualidad. 

“Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, idiotas, que os den”, nos dijo Miguel Ángel Rodríguez cuando desvelamos el fraude fiscal del comisionista Alberto González Amador. Esto es lo que ahora intenta el PP de Isabel Díaz Ayuso.

Aún es posible que este tribunal administrativo revoque su decisión. Lo sabremos en las próximas horas. Quería contarte en persona todo lo sucedido. Te informaré cuando haya más novedades.

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Antes de empezar, quiero contarte una buena noticia. El Instituto Reuters, de la Universidad de Oxford, acaba de publicar la última edición de su ‘Digital News Report’: un prestigioso informe anual sobre la audiencia y la credibilidad de la prensa. Sus datos salen de una enorme encuesta mundial con 97.000 entrevistas (2.000 de ellas en España). Según este estudio, elDiario.es ya es el segundo periódico digital con más alcance en España: cada semana, se informa con nosotros un 14% de la población.

Gracias por la confianza, y por la parte que te toca de este éxito. Llegamos a tanta gente por el apoyo económico de personas como tú.

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La vida da muchas vueltas. Que le pregunten a Alberto González Amador.

En 2019, vivía con su mujer y sus tres hijos en un piso de 90 metros cuadrados en Barajas, cerca del aeropuerto de Madrid, en el barrio de la Alameda de Osuna. Su trabajo como técnico en prevención de riesgos laborales no daba para coches deportivos. Ni para dos pisos de 180 metros cuadrados cada uno en el barrio de Chamberí.

Llegó después la pandemia; una catástrofe para la mayoría de los españoles. Para otros no. 

Entre 2020 y 2023, las empresas de Alberto González Amador ingresaron 8,1 millones de euros. Repito: 8,1 millones de euros en solo cuatro años. 

De esa cantidad, 4,7 millones de euros los pagó Quirón Prevención, una filial del grupo sanitario Quirón. Son unos ingresos que se disparan a partir de 2021: el año en que se conoce –no consta fecha de cuándo empezó– su noviazgo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Otros dos millones más también tienen relación con un importante ejecutivo de Quirón. Es esa comisión por la compraventa de mascarillas en 2020. En el consejo de administración de la empresa compradora, MAPE, se sentaba entonces Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención.

La Justicia hoy investiga si este alto ejecutivo de Quirón fue cómplice de aquel pelotazo; si se llevó su parte de esa comisión de dos millones por mascarillas. Los últimos datos que ha desvelado la UCO –aún está pendiente el informe que se encargó hace un año, esto es solo una pequeña previa– respaldan esa sospecha.

Se explica muy fácil. Basta revisar la cronología.

Alberto González Amador cobró los dos millones de la comisión por las mascarillas en dos pagos: el 5 de mayo y el 5 de agosto de 2020.

Apenas un mes después, el 11 de septiembre de 2020, la mujer de Fernando Camino, Gloria Carrasco, compró a su marido y a su hermano sus participaciones en una pequeña empresa que tenían entre los tres: Círculo de Belleza SL. En ese momento, valoraron esa empresa en solo 20.000 euros. Gloria Carrasco se convirtió así en su única propietaria, tras pagar 8.000 euros por el 40% que aún no tenía.

El 4 de diciembre, Alberto González Amador compró Círculo de Belleza a la mujer de Fernando Camino por 499.836 euros. Cerró la operación a través de otra empresa de su propiedad, Maxwell Cremona, no a título particular.

Y al año siguiente, el 16 de diciembre, Maxwell Cremona vendió Círculo de Belleza al propio González Amador por solo 3.300 euros.

¿Cómo puede ser que una misma empresa valga primero 20.000 euros, tres meses más tarde medio millón y al año siguiente 3.300 euros? Como en todo truco de trilero, para encontrar la bolita hay que fijarse bien.

Círculo de Belleza nunca valió medio millón. Ni por asomo. No hay cómo justificar un precio así. Era una empresa minúscula: ni en el mejor de los cinco ejercicios previos había superado los 60.000 euros brutos anuales de facturación. Sus únicos activos eran un viejo ordenador portátil y dos máquinas usadas de depilación. Gestionaba un pequeño centro de estética en León, cerca de la farmacia de la mujer de Fernando Camino. Era tan irrelevante su cartera de clientes que lo primero que hizo González Amador una semana después de comprarla fue cambiar su nombre. Y nunca la volvió a dedicar a la depilación. Tras la compra, casi toda su facturación llegó en exclusiva de Quirón Prevención: la empresa presidida por Fernando Camino.

Cuando Camino vende su participación en Círculo de Belleza a su mujer lo que hace es quitarse de en medio. El código ético de Quirón prohíbe este tipo de negocios entre sus ejecutivos y sus proveedores. Así no es él quien cobra de González Amador.

¿Y por qué González Amador paga medio millón por esta empresita de depilación láser? La sospecha de la Justicia –está imputado por esa razón– es que este pago pudo ser un presunto soborno a Fernando Camino: para lograr más contratos de Quirón Prevención o a cambio del pelotazo de los dos millones. Camino estaba en el consejo de la empresa que compró esas mascarillas.

¿Y por qué un año más tarde González Amador se revende esa empresa a sí mismo por solo 3.300 euros? Pues tiene también su posible explicación: así pudo apuntarse en el balance de Maxwell Cremona unas minusvalías de 496.536 euros, que le permitirían un beneficio fiscal.

Todo huele fatal en los negocios del poliimputado Alberto González Amador (está procesado o investigado en dos causas por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental, administración desleal, organización criminal, delito contable y fraude fiscal). Pero lo que más inquieta es el mínimo común denominador. La mayor parte de los millones del novio de Ayuso pasan, directa o indirectamente, por Fernando Camino y Quirón Prevención.

Esta semana, un reciente informe de Hacienda ha cifrado en 4,4 millones la fortuna que González Amador recibió de Quirón solo en tres años, entre 2021 y 2023. Hacienda dice también que las empresas del novio de Ayuso no contaban con los medios para realizar los servicios de consultoría por los que recibieron estos millones. Allí no había ni un solo empleado (no sabemos si seguían las dos máquinas de depilación).

4,4 millones de euros es una cifra tan inmensa que ni siquiera Ayuso la puede esconder, por mucha propaganda que le pongan alrededor. ¿Qué pasaría si Begoña Gómez –es un suponer– hubiera cobrado algo lejanamente similar de una empresa regada de millones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez?

Buena parte de los medios, por lo que sea, han escondido en sus portadas esta información. 

Ante este nuevo escándalo, la respuesta de la Comunidad de Madrid ha sido la de siempre: mentir, insultar y manipular. La Agencia Tributaria “debería ser dinamitada”, dice Miguel Ángel Rodríguez. “Quede claro: el último contrato con Quirón fue el año 2010. La presidenta no estaba ni pensada”, asegura también el jefe de gabinete de Ayuso.

Es falso, como de costumbre. Solo el año pasado, el Gobierno de Ayuso adjudicó a Quirón un nuevo contrato público de 120 millones de euros por gestionar el Laboratorio Clínico Central. Quirón Prevención –la filial de la que cobra sus millones González Amador– ha recibido decenas de adjudicaciones y más de 250 contratos menores de la Comunidad de Madrid desde 2019. 

Durante la presidencia de Ayuso, los hospitales de Quirón han cobrado de la Comunidad de Madrid alrededor de mil millones anuales. No es un proveedor cualquiera: se lleva más del 3% de todo el presupuesto de este gobierno autonómico, casi el 10% de todo el gasto sanitario de la administración madrileña. Es difícil encontrar una empresa con mayores intereses económicos con el Gobierno de Ayuso que Quirón.

Es cierto que los convenios del Servicio Madrileño de Salud con los hospitales que gestiona Quirón vienen de la etapa de Esperanza Aguirre. Pero bajo la presidencia de Ayuso esos pagos han crecido, y su Gobierno ha facilitado en los tribunales el cobro de cantidades que antes la Comunidad discutía.

Durante la presidencia de Cristina Cifuentes, Quirón mantenía un fuerte conflicto con la Comunidad de Madrid por cuáles debían ser las cantidades a cobrar. La intervención ponía peros a una parte de las facturas de los hospitales Quirón, que consideraba que no estaban justificadas.

Quirón llevó el asunto a los tribunales. ¿La respuesta del Gobierno de Ayuso? Ceder y pagar. A partir de 2022, sus servicios jurídicos dejaron de oponerse a buena parte de esas reclamaciones y se allanaron, total o parcialmente, en los tribunales. Las sentencias por esos juicios –hay ya una decena entre 2023 y 2025– han supuesto para la Comunidad de Madrid un pago extra de 86 millones de euros a Quirón. 

En el verano de 2022, el Gobierno de Ayuso también destituyó a la interventora de la Comunidad de Madrid, Marta García Miranda. Era la responsable de fiscalizar los contratos y pagos de la Comunidad de Madrid y, según distintas fuentes, quien ponía peros a algunas de estas facturas. Tras su salida, los pagos a Quirón aumentaron. 

Y mientras tanto, los millones de la pareja de Ayuso no paran de crecer. El informe de Hacienda solo detalla las cifras hasta 2023, pero en los años siguientes hubo más. 

En 2024, la empresa de González Amador Maxwell Cremona cobró casi un millón: 944.836 euros. En el Registro Mercantil no aparece el detalle sobre el origen de este dinero. Tal vez dentro de otro año, en el siguiente informe de la UCO, lo logremos averiguar. 

P.D. Falta solo una semana para nuestro Festival de las Ideas y la Cultura. Este año, ya sabes, es en Rivas Vaciamadrid. Estás invitadísimo, puedes traerte a quien quieras. Pero recuerda que algunas de las actividades son en el Auditorio Pilar Bardem y el aforo allí es limitado. Puedes reservar gratuitamente esas entradas desde aquí. Ojalá nos veamos allí. 

Esta historia empieza en el aeropuerto de Miami, el 9 de mayo de 2021. Un rico venezolano intenta entrar en Estados Unidos. Algo pita en el control de pasaportes y los agentes de la aduana le bloquean el paso. Le retiran el visado. Le retienen en un pequeño cuarto. Le exigen que entregue su teléfono. Copian todo el contenido de su móvil. Y le deportan unas horas más tarde, en un vuelo hacia Panamá.

Ese venezolano se llama Rodolfo Reyes. Era el principal accionista de Plus Ultra. Cinco años después, la copia de ese teléfono se ha convertido en una de las principales pruebas contra José Luis Rodríguez Zapatero. 

El histórico auto del juez José Luis Calama, la primera imputación de un expresidente del Gobierno, se apoya en gran medida en esas conversaciones sobre “nuestro pana Zapatero” y el rescate de Plus Ultra que salieron del móvil de Reyes. Ahora hay un problema: no está claro que esa prueba sea legal en España. Y si cae esa pieza, buena parte del caso Zapatero podría venirse abajo. 

Todo lo que rodea al móvil de Rodolfo Reyes es extraño, por tres motivos.

El primero, por las fechas. EEUU envió esos datos a la UDEF el 18 de marzo de 2026: con casi cinco años de retraso y en pleno conflicto de Donald Trump contra Pedro Sánchez por el ‘no’ de España a la guerra de Irán.

Fuentes de la investigación argumentan que esa fecha se debe a que, pocos días antes, el 6 de marzo, la justicia española reactivó la orden de busca y captura contra Rodolfo Reyes. Eso hizo saltar la “notificación roja” de Interpol, y por eso el personal del Homeland Security en la embajada de Estados Unidos en Madrid envió a la UDEF esa copia del móvil. 

Sin embargo, hay algo que no cuadra en esa explicación. Rodolfo Reyes está en busca y captura desde hace más de dos años: desde febrero de 2024. La orden de detención internacional en Interpol está en vigor desde entonces. ¿Por qué el Homeland Security se acordó ahora de que tenía su teléfono y en 2024 no?

La segunda anomalía está en el sumario. O más bien es un agujero en él, como ha denunciado el abogado de Zapatero. Allí no aparecen los mensajes completos del móvil de Rodolfo Reyes; tampoco la documentación exacta que EEUU mandó a la policía. Solo están en el sumario los fragmentos recogidos en los informes policiales, donde la UDEF cita aquellos que considera más relevantes. Esto no debería ser así: todas las partes en un proceso penal tienen que tener acceso íntegro a las pruebas. También los abogados defensores. En este caso, para poder comprobar si en ese chat aparecen otros mensajes exculpatorios, o para revisar si el recorte de las conversaciones que ha hecho la policía no está sesgado.

La tercera anomalía es el propio auto que firmó el juez Calama esta semana. Envía a Estados Unidos –así, en abstracto, no a ningún órgano judicial en concreto– una comisión rogatoria para que le autorice a utilizar el volcado de ese teléfono en este proceso penal.

Es algo inédito, porque el orden suele ser al revés: primero se piden las pruebas por comisión rogatoria, después se usan. Y aquí Calama ha puesto la carreta por delante de los bueyes. El juez está pidiendo permiso para usar judicialmente unas pruebas que ya ha utilizado en su auto, y de las que desconocemos lo más básico: su legalidad, la trazabilidad, qué garantías hay de que no han sido manipuladas o de que cumplen con el derecho español.

Para complicarlo aún más, en el informe 1908/26 de la UDEF donde se cuenta el origen de esta copia del teléfono de Reyes, la policía dice lo siguiente: “El HSI [Homeland Security Investigations] obtuvo las autorizaciones necesarias y procedió a compartir dicha extracción para su uso en un proceso judicial en España”. 

Si realmente el HSI ya obtuvo “las autorizaciones necesarias” para su “uso en un proceso judicial en España”, ¿por qué vuelve a pedirlas el juez? ¿Y por qué no están esas autorizaciones en el sumario?

El problema es que el Homeland Security Investigations no es un órgano judicial. Es un departamento que depende del ICE, la policía aduanera que ahora usa Donald Trump para perseguir a los inmigrantes. Y esta es una de las claves de esta historia. ¿Quién ordenó clonar el teléfono de Rodolfo Reyes? ¿Fue una decisión policial? ¿O lo autorizó algún juez de ese país?

Sí sabemos que la policía de aduanas estadounidense tiene la facultad legal de revisar o incluso copiar los dispositivos electrónicos de cualquier persona que pase por la frontera, sin orden judicial. Y es algo que el ICE hace mucho: solo en 2025, revisaron los teléfonos de 55.318 personas. Y a 4.396 de ellas, les copiaron íntegramente su teléfono, como hicieron con Rodolfo Reyes. Es algo que pasa a diario en los aeropuertos de EEUU. Sin que lo revise ningún juez.

En España algo así es impensable. Sería completamente ilegal. El secreto de las comunicaciones es un derecho constitucional y no hay excepciones en la frontera. La policía solo puede revisar el teléfono de alguien con una orden judicial. Y aunque esta copia del móvil de Reyes sea legal en EEUU, no está tan claro que pueda ser una prueba válida ante la Audiencia Nacional.

¿Y qué pasa si una prueba clave es ilegal bajo las garantías y derechos de la Justicia española? 

En derecho la llaman la doctrina del fruto del árbol envenenado. Es una metáfora bastante clara: todo lo que vaya después de una prueba ilegal es también ilegal; si el árbol está envenenado, la fruta también lo está. Si la prueba que sirvió para imputar a Zapatero o registrar su despacho es nula, todo lo que vino después en esta causa judicial también se debe anular. 

La metáfora de la fruta del árbol envenenado aparece por primera vez en 1939, en una sentencia del Tribunal Supremo de EEUU que anuló las condenas a unos contrabandistas de alcohol porque la policía utilizó pinchazos telefónicos ilegales. Como explica Jordi Nieva en este interesante artículo, esa doctrina del Supremo estadounidense buscaba poner freno a los desmanes de la corrupta policía de esos años. Dejar claro que no vale todo en un Estado de derecho. 

¿Y vale todo en España? En ocasiones, la justicia española es muy garantista. Otras veces no.

De Naseiro a Encrochat

El caso Naseiro, el mayor escándalo de financiación ilegal del PP hasta la Gürtel, acabó archivado precisamente por la doctrina del árbol envenenado. El Tribunal Supremo anuló unas escuchas telefónicas porque se habían autorizado para investigar un presunto delito de narcotráfico, no el caso de corrupción que apareció después. “No todo es lícito en la búsqueda de la verdad”, concluyó el Supremo.

En otros casos, la Justicia española ha sido mucho menos estricta. Ocurrió con la lista Falciani: un empleado de la banca suiza robó los datos bancarios de miles de defraudadores, que acabaron en manos de la Justicia. El fin era noble, pero el hecho en sí era un delito. Aun así, el Tribunal Supremo avaló esas pruebas porque quien cometió la ilegalidad fue un particular, no el Estado.

Y más reciente es el caso Encrochat. Las autoridades francesas lograron acceder a las comunicaciones de una red de teléfonos encriptados utilizada por delincuentes de medio mundo. Esas conversaciones han servido para decenas de procesos penales en España –incluso el caso de la Diputación de Almería se destapó así–. Los acusados intentaron anularlas, pero el Tribunal Supremo las ha avalado porque la justicia francesa autorizó la operación ante indicios de delitos graves.

Con estos precedentes sobre la mesa, es difícil pronosticar qué hará ahora la Justicia española con Zapatero. Si avalará esas pruebas o las anulará. Lo que parece seguro es que este debate acabará fijando una nueva doctrina del Tribunal Supremo o del Constitucional.

Porque está en cuestión incluso la validez de la prueba más espinosa que hoy amenaza a Zapatero. ¿Son las joyas con diamantes, zafiros y rubíes la fruta de un árbol envenenado?

Las joyas de ZP

La Audiencia Nacional ordenó los registros al despacho de Zapatero buscando pruebas de un supuesto delito de tráfico de influencias y una trama de empresas offshore. Ni una cosa ni la otra parecen haber aparecido. Pero la UDEF sí ha encontrado unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros, que le han costado al expresidente una nueva imputación penal: por los presuntos delitos de contrabando y fraude fiscal.

Según ha explicado el propio Zapatero, esos tres juegos de joyas más valiosos son regalos de otros países. Aún no se sabe cuáles son: algunas fuentes señalan a Qatar, Marruecos y Arabia Saudí. Estados donde este tipo de diplomacia de los regalos es muy habitual, como saben algunos senadores españoles que recibieron un reloj Rolex en un viaje oficial por la región del Golfo Pérsico. 

El exministro Miguel Sebastián publica hoy en elDiario.es un interesante artículo donde defiende al expresidente y desvela que a él también le regalaron un juego de joyas de este estilo, en un viaje oficial a Arabia Saudí. Es mucho más que una anécdota porque explica una mecánica: es muy improbable que Zapatero y Sebastián fueran los únicos a los que un regalo así les llegó. 

Zapatero aún no ha aclarado en qué fechas le regalaron estas valiosas joyas: si fue durante su etapa como presidente del Gobierno o después. Es un asunto en cualquier caso escandaloso. Otra cosa es la relevancia penal. 

Si Zapatero aceptó estos carísimos regalos cuando era presidente, los delitos que ahora le imputa la Audiencia Nacional –contrabando y fraude fiscal– estarían casi con seguridad prescritos; han pasado ya casi 15 años desde que dejó la presidencia. 

¿Y si la Justicia anula el clonado del teléfono de Rodolfo Reyes? Pues el hallazgo de las joyas también estaría en cuestión. La policía las encontró con un registro a su despacho que se ordenó precisamente por esos mensajes de los directivos de Plus Ultra. Y si el árbol está envenenado, el fruto con diamantes también lo está. 

Pero el aspecto penal no es el único que está en cuestión: hay también un plano ético. La justicia puede anular unas pruebas, pero su recuerdo en la ciudadanía no va a desaparecer. Si se confirma el valor de esas joyas y su origen, aceptar esos regalos supone una mancha imborrable en la reputación de Zapatero, aunque no haya delito. Si recibió esos carísimos regalos siendo presidente, debería haberlos dejado en La Moncloa. O no haberlos aceptado. 

Para el abogado de Zapatero, todos estos detalles suponen una gran oportunidad. Puede lograr la absolución de su cliente por un error procesal, o por prescripción del delito. Pero para el expresidente del Gobierno, no parece la mejor solución. Si el caso Zapatero queda en nada por un defecto de forma, la sombra sobre su actuación jamás se despejará. No será declarado culpable. Pero tampoco inocente. 

El principal acusado se llama David Sánchez Pérez-Castejón, y eso es un hecho probado. Se juega ir a la cárcel: se sienta en el banquillo acusado de tráfico de influencias y prevaricación. Esta misma semana, la acusación popular ha decidido duplicar la petición de condena para David Sánchez. Organizaciones como Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP o Vox pedían tres años de cárcel. Les pareció poco. Ahora piden seis. 

¿Su principal delito? Ser hermano del presidente del Gobierno, el tan odiado por la derecha Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Porque si el acusado no tuviera esos apellidos, dudo que hubiéramos llegado hasta aquí. 

El juicio que se celebra estos días en la Audiencia Provincial de Badajoz es completamente anómalo, por tres razones.

La primera, porque es muy raro encontrar un proceso penal por un supuesto enchufe. Lo habitual con las oposiciones amañadas, los contratos a dedo o los puestos de trabajo ficticios es que se juzguen por la vía contencioso-administrativa: sin condenas de cárcel. Incluso en los casos más graves y flagrantes, que en ocasiones sí van por lo penal, la condena al cargo público suele ser la inhabilitación, no la prisión. 

La segunda, porque es aún más inusual que se juzgue al enchufado. 

La tercera, porque ni siquiera hay pruebas solventes de que realmente David Sánchez fuera enchufado. Y los pocos indicios que había han quedado desarbolados esta semana, durante las declaraciones de los testigos.

Es un nuevo proceso de Kafka. El proceso Sánchez Pérez-Castejón. 

Vayamos primero a los precedentes. 

De la Universidad al Tribunal de Cuentas

En el Supremo hay decenas de sentencias que anulan plazas universitarias decididas ilegalmente. Casos donde el perfil estaba redactado a la medida de un candidato, donde los méritos que se piden coinciden sospechosamente con los del enchufado o donde la comisión de selección fue arbitraria. Todas esas sentencias terminan igual: con la anulación de la plaza y la repetición del procedimiento. Casi nunca se juzga al enchufado, que a lo más que se arriesga es a perder el puesto. Son procesos administrativos, no penales. Es lo que pasó, por ejemplo, con esta plaza en la Universidad de Oviedo.

Otro caso de enchufismo, en una institución donde el nepotismo es más que una sombra: el Tribunal de Cuentas. De 700 empleados, más de un centenar tenían lazos familiares con los altos cargos y consejeros de este organismo, según una investigación publicada en 2014 por El País.

Entre 2014 y 2017, el Supremo desmontó uno de estos enchufes: una plaza de subdirector adjudicada al hermano de Javier Medina Guijarro, entonces vicepresidente y consejero del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP. 

Primero se colocó a dedo al hermano de Medina en el cargo de subdirector en comisión de servicios. Después se modificaron los requisitos para el puesto mediante una supuesta “corrección de errores” que eliminaba exigencias que el enchufado no cumplía, como saber inglés y francés. Más tarde se dejó la convocatoria desierta, para que siguiera el hermano. Por último, se volvió a convocar otra vez la plaza, de nuevo a su medida, que así ganó.

El caso se resolvió por la vía contencioso-administrativa, no por la penal. El Supremo anuló una tras otra esas actuaciones. Hicieron falta cuatro sentencias y dos autos, entre 2014 y 2017, para que el Tribunal de Cuentas desistiera del enchufe y convocara la plaza de forma legal. En una de estas sentencias, el Supremo concluyó que estos movimientos eran una “desviación de poder” que tenían “una finalidad torcida”: que el puesto lo ganara el hermano de Javier Medina, no el candidato más idóneo. 

¿La condena? En la práctica, solo las costas judiciales: 38.000 euros en total, que tuvo que pagar el Tribunal de Cuentas (no su vicepresidente). El hermano ni siquiera tuvo que devolver el dinero cobrado desde que fue enchufado hasta que su nombramiento se anuló.

No era siquiera el primer indicio de nepotismo. Casualmente, Javier Medina tenía entonces trabajando en el Tribunal de Cuentas a su hermana, a su mujer, a un familiar de su mujer… y a su hermano.

Hubo un intento de juzgar como prevaricación ese enchufe, pero la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo archivó la querella presentada contra Javier Medina. ¿Los argumentos? Que una ilegalidad administrativa no es lo mismo que un delito de prevaricación: hace falta que sea una arbitrariedad grosera sin ninguna justificación, dijo el Supremo (con dos votos particulares en contra que sí pidieron investigar). Ni siquiera ante un ejemplo así, se vieron indicios suficientes para abrir una causa por lo penal. 

Hay que esforzarse mucho para que un enchufe se convierta en un juicio penal. Para que haya delito, dice la jurisprudencia del Supremo, hace falta un enchufe campanudo y a las bravas. Como lo que hacía Baltar en la Diputación de Ourense.

Las cacicadas de Baltar

José Luis Baltar Pumar, expresidente de la Diputación de Ourense, sí fue juzgado y condenado por lo penal: por contratar ilegalmente a 104 personas. Todas a dedo: sin publicidad ni concurrencia, sin el más mínimo respeto por el procedimiento legal. 

En aquellos años, la Diputación de Ourense llegó a tener 33 porteros en nómina para un edificio con solo tres puertas.

Los 104 enchufados eran en su mayoría familiares y cargos vinculados al aparato local del PP. Todos esos contratos ilegales se firmaron en apenas tres meses: entre enero y marzo de 2010. La fecha no es casual: en ese mismo periodo, el PP de Ourense celebraba un reñido congreso provincial. Uno clave, porque Baltar padre se retiraba y pretendía dejar en herencia el cargo de presidente de la Diputación a su hijo, José Manuel Baltar.

Los enchufes cumplieron su función. Baltar hijo ganó el congreso del PP y sucedió a Baltar padre como presidente provincial del partido y de la Diputación. Entre padre e hijo, sumaron 33 años al frente de esa institución. Tuvo que llegar un radar de la DGT que pilló a José Manuel Baltar conduciendo a más de 200 kilómetros por hora para que la saga familiar perdiera la Diputación. 

Aquellos enchufes se juzgaron por lo penal. ¿La sentencia? José Luis Baltar fue condenado a 9 años de inhabilitación. Un chiste, porque para entonces Baltar padre ya estaba jubilado: no ocupaba cargo público ni tampoco aspiraba a ninguno. En la práctica, la condena no tuvo ningún efecto. 

Los enchufados de Baltar no fueron juzgados. Tampoco esos cargos del PP local que aceptaron este trato de favor para ellos o sus familiares. Tampoco el beneficiado indirecto de los enchufes, su hijo y sucesor. La sentencia tampoco obligó a los enchufados a devolver el dinero cobrado de la Diputación. 

En aquellos años, el máximo responsable del PP gallego era Alberto Núñez Feijóo. Hoy es el líder nacional de un partido que pide cuatro años de cárcel para Miguel Gallardo, el expresidente de la Diputación de Badajoz. 

La hermana de Moreno Bonilla

Otro ejemplo. En 2019, al poco de ganar Juan Manuel Moreno Bonilla la presidencia de la Junta de Andalucía, su hermana se llevó una plaza pública que dependía de esta administración: directora del conservatorio superior de danza de Málaga. Otra candidata denunció el nombramiento ante la Fiscalía. En el concurso de méritos, ella tenía 49,5 puntos. La hermana de Moreno Bonilla, solo 38,2.

El caso se cerró sin llegar siquiera a juicio. La Junta defendió que la elección de la hermana de Moreno Bonilla no dependía solo de esa puntuación y que la Inspección Educativa desaconsejó el nombramiento de la otra candidata. La Fiscalía archivó la investigación. 

Un último precedente, aún más reciente y donde muy pronto habrá sentencia: el proceso penal contra José Luis Ábalos por, entre otros motivos, enchufar a su entonces pareja, Jessica Rodríguez, en una empresa pública a la que no consta que fuera a trabajar. 

¿Está siquiera imputada Jessica Rodríguez? Por supuesto que no. 

De San Petersburgo a Badajoz

Vistos los precedentes, es difícil sostener una acusación penal contra David Sánchez. Incluso si hubiera sido enchufado. Pero es que ni siquiera hay evidencia de que tal enchufe sea real.

El hermano del presidente del Gobierno es director de orquesta. Estudió en una de las escuelas de música más prestigiosas y antiguas del mundo: el Conservatorio Estatal Rimski-Kórsakov de San Petersburgo. Trabajó durante años como director de orquesta en esa ciudad rusa. En 2015, antes de que fuera acusado de enchufe, el diario El Mundo lo calificaba como “uno de los directores de orquesta españoles más reconocidos en el extranjero”.

En 2017, fue contratado por la Diputación de Badajoz como “coordinador de actividades de los conservatorios de música”. Más tarde su puesto fue modificado y pasó a denominarse “jefe de la oficina de artes escénicas”. Hoy está siendo juzgado por los presuntos delitos de “tráfico de influencias” y “prevaricación”.

La denuncia inicial fue de Manos Limpias. Llena de mentiras, como que tenía 1,4 millones de euros en acciones del BBVA (falso, eran 71.000 euros). O que no iba a trabajar (falso, como están demostrando las declaraciones de los testigos). O incluso que vivía en Portugal (en Elvas, a media hora de su trabajo), como si eso también fuera un delito.

La jueza de instrucción que ha procesado penalmente a David Sánchez –en contra del criterio de la Fiscalía– se llama Beatriz Biedma. Su acusación es que esa plaza de la Diputación se creó a medida porque David era el hermano del secretario general del PSOE. Que ese puesto no era necesario y se diseñó específicamente para él. 

Es la misma teoría que alentó esta semana en el juicio el teniente coronel de la UCO Antonio Balas: “Entendemos que [la decisión de crear el puesto] partió de un nivel superior con capacidad política”. A Balas también “le llamó la atención” la “urgencia” para crear esa plaza. Las acusaciones argumentan que esa plaza siempre fue “con bicho”: que fue creada solo con el afán de contratar al hermano del hoy presidente del Gobierno.

Hay un problema: las fechas de cuándo se crea esa plaza no cuadran con el enchufe.

David Sánchez fue contratado en julio de 2017: poco después de que su hermano recuperara la secretaria general del PSOE, tras su victoria en las primarias de 2017. Pero la creación de ese puesto de coordinador de los conservatorios es del año anterior. La propuesta aparece por primera vez el 17 de octubre de 2016 y la dotación presupuestaria se aprueba el 4 de noviembre de ese mismo año.

Cuando se crea esa plaza, Pedro Sánchez es un apestado en el PSOE.

Unas semanas antes, el 1 de octubre de 2016, el Comité Federal del PSOE había forzado su salida como secretario general. Y en el proceso interno que se vivió después, Miguel Ángel Gallardo apoyaba a Susana Díaz. No parece que en el otoño de 2016, el presidente de la Diputación de Badajoz tuviera razón alguna para enchufar al hermano del entonces defenestrado secretario general.

Contra lo que algunos creen, tampoco era una plaza de funcionario de carrera: fue un puesto de personal laboral de alta dirección. El detalle es importante: era un trabajo del que después te pueden despedir con relativa facilidad. Y que también tiene requisitos más laxos para la contratación. 

A la convocatoria de la Diputación se presentaron 11 personas. Tras las entrevistas, cinco candidatos fueron considerados no aptos para el desempeño del puesto y seis aptos. Entre estos últimos estaba David Sánchez Pérez-Castejón, que obtuvo la valoración más alta: 90 puntos sobre 100.  

¿El resto de las pruebas contra él? Que se interesó por los pisos en Badajoz antes de ganar la plaza –algo lógico si estás ante la posibilidad de que la puedas lograr–. Y también un correo electrónico sobre la convocatoria de la plaza de Evaristo Valentí, director del Conservatorio Superior de Badajoz, que utilizó la palabra “hermanísimo” el 17 de mayo de 2017. Valentí explicó ante el tribunal que usó ese término porque había “rumores” de que se presentaría a esa convocatoria, no de que la fuera a ganar; que utilizó el término en tono jocoso. Y que conocía a David Sánchez igual que al 80% de los candidatos que se presentaban a ese puesto. 

Otros testigos del juicio han desmontado también otras de las acusaciones contra David Sánchez: que no trabajaba o que el puesto era innecesario.

Si esto fuera un juicio normal, tras estos testimonios, es muy dudoso que pudiera acabar con una condena. No ha aparecido una sola prueba que demuestre ese “tráfico de influencias” para ese puesto. Menos aún que ese delito lo haya cometido el propio David Sánchez.                  

Pero si esto fuera un proceso penal normal, también es muy dudoso que hubiera podido llegar siquiera a juicio. A estas alturas, cuesta creer que tantas anomalías simultáneas en tantos tribunales españoles sean culpa del azar.

Aviso: el boletín de este sábado es más largo de lo habitual. Hay que hablar de muchos temas: Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez, Alberto González Amador, Cristóbal Montoro… 

Porque todo pasa por los juzgados, en la acelerada política española. Pero no todo pasa bajo el mismo criterio ni con la misma velocidad.

Esta semana, arrancó el juicio por el presunto enchufe a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. También esta semana, el juez Peinado citó a Begoña Gómez para el último trámite antes de sentarla en el banquillo; amenazó incluso con detenerla si no acudía en persona, algo de dudoso encaje legal. 

Ambas denuncias tienen muchísimo en común, no solo la relación con Pedro Sánchez. Ambas llegaron casi a la vez, en la primavera de 2024. Ambas están presentadas por Manos Limpias, el pseudosindicato de ultraderecha. Y ambas incluían noticias falsas: el bulo de que Begoña Gómez había recibido una subvención –era una hostelera cántabra del mismo nombre–, o los supuestos 1,4 millones de euros en acciones del BBVA de David Sánchez que en realidad eran solo 71.000 euros.

Ambas denuncias tampoco se explican sin otra noticia, que publicamos pocas semanas antes.

El 12 de marzo de 2024, elDiario.es destapó el fraude fiscal de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso. 

Al día siguiente, el 13 de marzo, Isabel Díaz Ayuso defendió con mentiras que era justo al revés: que era Hacienda quien debía dinero a su pareja. Ese mismo día acusó al Gobierno de Sánchez de una “operación para destruirla”: para tapar la corrupción de Pedro Sánchez con referencias veladas a su mujer.

A lo largo del mes de marzo, el argumento de que la “persecución contra González Amador” era para proteger a la familia de Pedro Sánchez fue creciendo en los altavoces de la derecha. Es completamente falso: la inspección fiscal contra la pareja de Ayuso arrancó en 2022, dos años antes de las primeras informaciones contra Begoña Gómez o el hermano de Pedro Sánchez. Pero la verdad nunca ha frenado a Ayuso. Ni tampoco a Miguel Ángel Rodríguez.

El 16 de abril, el juez Peinado arrancó bajo secreto de sumario la investigación contra Begoña Gómez.

Justo al día siguiente, el 17 de abril, el jefe de gabinete de Ayuso ponía este tuit. 

El 24 de abril, la investigación de Peinado contra Begoña Gómez salía a la luz. Y apenas un mes más tarde, el 29 de mayo, llegó la denuncia de Manos Limpias contra David Sánchez. 

Han pasado justo dos años desde esa denuncia contra David Sánchez hasta el inicio de su juicio. Begoña Gómez, por su parte, está al borde del banquillo. Pero, ¿qué ha sido de González Amador?

La pareja de Ayuso tiene dos causas judiciales en marcha. Una es por el fraude fiscal y las facturas falsas que presentó ante Hacienda. Esa parte de la instrucción ya está terminada –no tenía gran complejidad–, pero el inicio del juicio no se espera hasta 2027, como pronto. 

Alberto González Amador también está imputado por corrupción en los negocios y administración desleal. La justicia investiga si pagó una mordida de 500.000 euros a un directivo de Quirón que previamente le facilitó una comisión de dos millones de euros por la venta de mascarillas. No parece llevar mucha prisa.

El 25 de julio de 2025, la jueza que instruía el caso contra González Amador pidió a la UCO –la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil– un primer informe sobre este presunto soborno. Para entonces, Peinado no solo había pedido varios informes a la UCO sobre Begoña Gómez: ya había recibido dos. 

Poco después de pedir ese informe sobre González Amador, la jueza se jubiló. El nuevo titular del juzgado, Antonio Viejo, se incorporó en otoño de 2025. El 31 de octubre de 2025, la UCO recibió al fin formalmente la primera petición para investigar la presunta mordida de González Amador.

El 19 de diciembre de 2025, la UCO pidió a este juez una autorización para poder entrar en las cuentas bancarias de González Amador y sus empresas. Es apenas un trámite, para poder cumplir con la orden anterior y poder presentar ese informe.

Ha pasado medio año y ese trámite sigue pendiente. Desde el TSJ de Madrid aseguran que Antonio Viejo ha tenido que “empezar de cero” en su juzgado para ponerse al día con todos los asuntos pendientes, y que ha priorizado aquellas causas con preso, donde hay alguien en prisión preventiva.

Han pasado dos años desde aquella primavera en la que todas estas causas judiciales arrancaron. Tiempo suficiente para investigar, juzgar y condenar al mismísimo fiscal general. 

El caso Montoro

Hay ocasiones en las que la justicia es rápida. En otras es lenta. Unas veces extrema las garantías. En otras, parece olvidarlas.

En otro juzgado, en Tarragona, hay una causa judicial que avanza a trompicones, al ritmo del caracol: el caso de Cristóbal Montoro y su “Equipo Económico”: una empresa que presuntamente cobraba fortunas a cambio de leyes a medida y otros favores del Gobierno de Rajoy. 

La primera pista apareció en otra causa judicial: un correo electrónico de los directivos de una empresa de gas, donde hablaban de cómo lograr una rebaja fiscal para su sector. “La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda”, se leía literalmente en uno de esos correos. 

Aquella investigación llegó al juzgado en 2018 y siguió viva en gran medida por el tesón de una fiscal de Anticorrupción, Carmen García Cerdá. En diciembre de 2021, esta fiscal pidió permiso para investigar los correos electrónicos del Ministerio de Hacienda, incluido un buzón atribuido al propio Montoro donde presuntamente recibía también filtraciones de datos reservados de contribuyentes con los que él o su gobierno tenían enemistad.

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, se negó. Argumentó que era “desproporcionado”, que no había indicios suficientes.

“Somos fiscales, me cuesta que tengamos dudas de investigar”, defendió la fiscal García Cerdá. Incluso forzó una votación en la Fiscalía Anticorrupción –es una posibilidad que tienen en caso de discrepar de una orden–, pero ganó la posición del jefe, Alejandro Luzón.

La fiscal García Cerdá recurrió entonces a una vía irregular. Habló con los Mossos para intentar que fueran ellos los que pidieran al juez acceso a ese mail. No lo logró: nadie ha mirado aún en ese correo. Y aquella gestión con los Mossos le acabó costando una sanción, por desobedecer la orden de su superior. Mil euros de multa, que fueron impuestos por la Fiscalía durante la etapa de Álvaro García Ortiz. Todo esto, en más detalle, está explicado en este artículo de Pedro Águeda en elDiario.es. Hace ya un año.

La investigación lleva en marcha desde 2018: ocho años. Montoro fue imputado en 2021: hace cinco años. Por ahora, aún no ha sido llamado siquiera a declarar. Tampoco se ha registrado su despacho. No se sabe si este caso algún día llegará a juicio, o si se archivará. Lo que sí es seguro es que cualquier posible condena al exministro de Hacienda vendría con un atenuante: por el enorme retraso de la instrucción.

El caso Zapatero

Al igual que con Montoro, la investigación se inicia con unos mensajes de unos empresarios que dicen haber pagado a una empresa vinculada con Zapatero para lograr un trato de favor de la administración. El inicio de esta historia es prácticamente el mismo. El proceso que ha seguido no.

Esas conversaciones de WhatsApp que apuntan a Zapatero principalmente salen del teléfono móvil de Rodolfo Reyes: un empresario venezolano que fue propietario del 40% de Plus Ultra. El 9 de mayo de 2021, en el aeropuerto de Miami, las autoridades estadounidenses clonaron su teléfono móvil antes de deportarle a Panamá. En aquel momento, el presidente de EEUU era Joe Biden. Pero la gran duda es otra. ¿Cuándo se mandaron esos mensajes desde Estados Unidos hasta la Audiencia Nacional? ¿Bajo qué administración?

En el sumario del caso Zapatero no aparece la fecha exacta –y es raro, siendo como es una de las pruebas decisivas–. La primera mención figura en un informe de la UDEF del 22 de abril de 2026. Y según ha publicado Miguel Ángel Campos en la Cadena SER, esta colaboración con la Policía del Homeland Security estadounidense se produjo entre febrero y marzo de 2026. Cinco años después de que Estados Unidos tuviera esos mensajes en su poder.

Son las mismas fechas en las que arreciaron las críticas de Donald Trump contra Pedro Sánchez por la posición de España contra la Guerra de Irán.

El caso Leire

Hay asuntos que jamás prosperan en los juzgados. La Operación Catalunya, por ejemplo, que nunca se ha querido investigar. O buena parte de las grabaciones de Villarejo, que duermen el sueño de los justos en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. 

Otros asuntos son tan golosos que hasta se implican dos juzgados a la vez.

Las maniobras de la fontanera del PSOE Leire Díez y del empresario Javier Pérez Dolset ya estaban bajo la lupa de la justicia desde hace casi un año. El juez Arturo Zamarriego, del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, empezó a investigar en julio de 2025 el presunto intento de soborno a un fiscal de este grupo. También las pesquisas de Leire Díez para lograr información comprometida contra los mandos de la UCO o de la Fiscalía Anticorrupción para así descarrilar las investigaciones judiciales abiertas contra el PSOE. Son reuniones donde Leire Díez prometía tratos de favor del Gobierno o de la Fiscalía que no consta que se cumplieran.

En la Audiencia Nacional, desde finales del año pasado, el juez Santiago Pedraz también investiga a Leire Díez, pero por otra cuestión: el presunto cobro de comisiones ilegales. Una trama donde Díez trabajaba junto a Antxon Alonso –supuesto socio de Santos Cerdán en la constructora Servinabar– y el exdirector de la SEPI Vicente Fernández. Ese juzgado fue el que ordenó la detención de los tres, en diciembre de 2025.

Esta semana, la Audiencia Nacional mandó a la UCO a la sede del PSOE de Ferraz, a reclamar documentos ante los indicios que apuntan a que el partido pagaba a Leire Díez a través de empresas interpuestas. Según la UCO, estos pagos llegaban por medio de la consultora del histórico dirigente del PSOE andaluz Gaspar Zarrías. O a través de dos despachos de abogados: el de Ismael Oliver –que fue abogado de Ábalos– y el de Jacobo Teijelo –que es abogado de Santos Cerdán–.

Es extraño que esta decisión la firme la Audiencia Nacional. Porque se suponía que el juez que llevaba esta parte de las acusaciones contra Leire Díez era Arturo Zamarriego, no Santiago Pedraz. Y Zamarriego nunca ordenó en esa causa operativos como el que vimos esta semana en la sede del PSOE en la calle Ferraz. De hecho, se opuso a muchas de las peticiones de las acusaciones populares, como imputar a Santos Cerdán.

¿Con qué argumento se cuela la Audiencia Nacional en un asunto que ya está bajo investigación en otro juzgado? ¿Por qué se aprueba allí un operativo de la UCO que debería haber decidido otro juez? Al parecer, en la detención a Leire Díez –en su teléfono y su ordenador– la UCO encontró pruebas sobre las maniobras de esta fontanera del PSOE. Pero lo lógico habría sido enviar ese informe al otro juzgado, al de Zamarriego. No es lo que pasó.

El argumento de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción para tramitar este informe ante la Audiencia Nacional es que Leire Díez y los demás imputados habrían cometido un presunto “delito contra las instituciones del Estado”. Suena feo pero no es un delito muy penado. Según el auto de Pedraz, hablamos del artículo 504.2 del Código Penal, que castiga con “multa de doce a dieciocho meses” a los que “injuriaren o amenazaren gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”. 

De todas las acusaciones contra Leire Díez, “injuriar” o “amenazar gravemente” a la UCO parece uno de los delitos menos probados. Buscar material comprometido contra sus mandos –aún ofreciendo sobornos por el camino–, no es lo mismo que amenazarlos o que injuriarlos. Pero da la casualidad de que los delitos contra las instituciones del Estado son competencia exclusiva de la Audiencia Nacional, por lo que ese presunto delito ha servido para llevar el caso hasta el juzgado de Santiago Pedraz. Y así sacarlo del de Arturo Zamarriego.

Queda la sospecha de si esta extraña maniobra se produjo ante la negativa de Zamarriego a ordenar la entrada de la UCO en la sede del PSOE.

Sí hay una certeza: ni Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, ni Antonio Balas, teniente coronel de la UCO, cumplen en este asunto con la apariencia de imparcialidad. Tienen en este tema un interés personal, no son neutrales: lo que buscaba Leire Díez era basura contra los dos. Si hay un delito contra “las instituciones del Estado”, ellos son las víctimas. No deberían ser al mismo tiempo los responsables de la investigación. 

También hay corrupción

Desde el PSOE reducen todo esto a una campaña de los jueces, a un “golpe de Estado”. Es una reducción al absurdo. No es tan simple. Hay movimientos judiciales en la oscuridad, pero también hay indicios muy graves de corrupción. 

Los presuntos pagos encubiertos que ordenó Santos Cerdán desde el PSOE para Leire Díez apestan. En aquel momento Cerdán era el secretario de Organización y la duda legítima es si puso en marcha esta operación para protegerse él mismo –por miedo a lo que le pasó después, cuando fue imputado–, o por órdenes de su secretario general, Pedro Sánchez. 

Santos Cerdán era consciente de que no podía contratar a Leire Díez abiertamente: estaba haciendo algo que podía comprometer al partido. Cuando en el PSOE decían que era una espontánea, que era una militante de base, que Leire Díez iba por libre… no decían la verdad.

En el caso de Zapatero, algunas de las acusaciones hoy parecen poco sólidas. Te recomiendo este artículo de José Manuel Romero, donde explica cómo fue realmente el rescate a Plus Ultra y por qué los indicios de tráfico de influencias son dudosos. Empezando por esta idea de que los directivos de Plus Ultra tenían “información privilegiada” de cuándo se aprobaría el rescate. Falso: lo sabían por el propio cauce legal, igual que todas las demás empresas que recibieron estos préstamos públicos.

Sin embargo, Zapatero aún tiene muchas cosas que explicar: entre otras, el medio millón que cobraron sus hijas de una empresa propiedad de venezolanos sin actividad conocida. Tampoco cuadran los datos que ha encontrado la investigación con las explicaciones que el expresidente dio en el Senado sobre su papel en Análisis Relevante. Zapatero dijo no conocer a los clientes, o que no hizo ninguna gestión con Plus Ultra, y parece que no era verdad.

En muchas de las causas judiciales que atenazan al Gobierno hay indicios muy serios de corrupción. Los presuntos delitos de Ábalos, Koldo o Santos Cerdán no son un invento de los jueces ni de los policías o guardias civiles. Las evidencias son enormes. Y hablamos de dos exsecretarios de Organización del PSOE, uno de ellos también exministro.

Al mismo tiempo, es muy difícil confiar en que esta justicia española sea igual para todos. También para ese M. Rajoy que, en la investigación de la Kitchen, no fue llamado a declarar ni siquiera como testigo.

Hay ocasiones en las que la justicia es rápida. En otras es lenta. Unas veces extrema las garantías. Otras, parece olvidarlas.

Lo que casi nunca parece la justicia española es ciega. 

A menos que no crean sus ilustres magistrados que los ciegos somos los demás.

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Para algunas de las actividades, que serán en el Auditorio Pilar Bardem, hay limitación de aforo. Puedes reservar tus entradas desde aquí. 

Ojalá nos veamos en nuestro festival.

Esta semana te escribo antes de lo habitual. La imputación de Zapatero es algo histórico: la primera vez que un expresidente del Gobierno tendrá que declarar como investigado ante un tribunal. Es una noticia cuyo análisis no podía esperar.

Es comprensible la sospecha. El estupor.

Es el expresidente del Gobierno más odiado por la derecha. También el más valorado por la izquierda, no solo entre los votantes del PSOE. Para unos, ver a Zapatero acusado de corrupción supone la confirmación de un prejuicio. Para otros, una enorme decepción, mezclada con otro sentimiento muy potente: el de la incredulidad, el recelo de que se trate de otra persecución judicial. 

Pero el juez Calama no es como Peinado. En esta investigación hay indicios suficientes para justificar la imputación. Preguntas relevantes que Zapatero tendrá que responder ante la Audiencia Nacional. 

No, este caso no nace de una denuncia de Manos Limpias con tres recortes de prensa y una entrevista a Víctor de Aldama en el programa de Iker Jiménez, como algunos medios afirmaron de forma errónea. La investigación empieza mucho antes, en 2024, porque Francia y Suiza alertan de un posible blanqueo de capitales con el dinero del rescate de Plus Ultra. Quien impulsa este caso es la Fiscalía Anticorrupción. Y los indicios contra Zapatero no salen de las acusaciones sin pruebas de Víctor de Aldama; hay material más sólido.

Los principales indicios que señalan a Zapatero son tres. 

El primero, los mensajes. Las numerosas conversaciones por whatsapp de los directivos de Plus Ultra donde hablan sobre el expresidente y dicen tener “al pana Zapatero detrás”, por las gestiones de su amigo Julio Martínez para lograr que esta aerolínea consiguiera un rescate tras la pandemia. “Vamos a follar, aunque tengamos que pagar un poquito”, escribe uno de ellos. Ese “poquito” era el 1% de comisión, –530.000 euros de 53 millones del rescate– que presuntamente Julio Martínez cobró. 

Lo segundo, la pista del dinero. Esos 490.780 euros que Zapatero recibió de Análisis Relevante. Una compañía de Julio Martínez que a su vez cobró más de 300.000 euros de Plus Ultra y que también pagó otros 239.755 euros a WhatheFav, la empresa de las hijas de Zapatero.

Estos pagos a Zapatero y sus hijas no son de golpe: es la suma de varias facturas mensuales a lo largo de 5 años, entre 2020 y 2024. Según el juez, se trata de facturas simuladas para repartirse el botín. Según el entorno de Zapatero, hay un trabajo real detrás; tanto suyo como de sus hijas. 

El tercer indicio contra el expresidente tiene nombre y apellidos. El hoy famoso Julio Martínez Martínez; “Julito”, como todos le llaman. Es un amigo muy cercano a Zapatero, de su máxima confianza. Casi de la familia. El hombre que pidió a Plus Ultra ese 1% de comisión.

Tras salir de La Moncloa, Zapatero logró que el Gobierno de Mariano Rajoy le permitiera seguir corriendo por las mañanas en el Monte de El Pardo, en esa amplia zona de Madrid que es propiedad de Patrimonio Nacional y está vetada al común de los ciudadanos. Tenía su lógica. No es fácil para un expresidente, ni para su equipo de guardaespaldas, correr por el parque del Retiro o la Casa de Campo.

Zapatero no corre solo. Y entre los habituales al running está Julito Martínez. Conoció al expresidente a través de Eduardo Zaplana, según ha publicado el diario Información. Es alicantino, de la provincia donde Zaplana empezó su carrera política.

“Es la persona más pelota con Zapatero que conozco”, explica una fuente. Es “extremadamente servicial”; su “lacayo”, le llamaban los directivos de Plus Ultra. “Uno de esos moscones que se pegan a la gente con poder”, asegura esta misma persona. Antes con Zaplana; con Zapatero después. 

Los pagos, las conversaciones y la relación tan estrecha con alguien tan pringado en este rescate bajo sospecha como es Julito Martínez explican el porqué de la imputación. Hay indicios. Pero otra cosa son las pruebas contra Zapatero. Por ahora, no las hay, o no las conocemos. 

Es plausible la hipótesis aún por demostrar que plantea el juez: que Julio Martínez es el hombre de los recados de Zapatero, su testaferro; que el expresidente es el “núcleo” de una trama de corrupción, el jefe de esta “organización criminal”.

Pero con los datos que por el momento hay sobre la mesa también es verosímil la otra opción: que Julito Martínez actuara a espaldas de Zapatero. Que usara su nombre y sus contactos para sus propios negocios. Que endulzara su relación con el pago por esos informes para Análisis Relevante (que sí existen, según distintas fuentes). Que Julito se aprovechara de su amistad. Que no haya en la actuación de Zapatero absolutamente nada ilegal.

Tras conocerse la imputación del expresidente, Julio Martínez habló solo con un medio: dio una entrevista a OkDiario, el digital de Eduardo Inda. Es llamativa esa elección. Hay también dudas sobre cuál será su estrategia de defensa: si seguirá siendo “amigo” de Zapatero, o cargará todas las culpas contra él. 

También hay en la investigación judicial algunos agujeros. Afirmaciones en la acusación contra Zapatero que no acaban de cuadrar. La típica brocha gorda de muchos informes policiales que después casan mal con la realidad. 

Primero, en la propia actividad de Análisis Relevante. El juez y la UDEF presentan a esta empresa como un simple cascarón, montado para justificar los pagos para Zapatero y su familia. Pero es falso que se trate de la única actividad de esta empresa que buscaba entrar en el lucrativo negocio de las consultorías de asuntos públicos. 

A partir del verano de 2020, Análisis Relevante organizó varias jornadas de debate con distintos invitados. Como este webinar –a través de internet– sobre las elecciones de Estados Unidos que se celebró el 22 de octubre de 2020. Participó el exministro Miguel Sebastián, pero también Daniel Lacalle, un economista que fue en las listas del PP.

Análisis Relevante cobró de Plus Ultra –300.000 euros del cerca del millón que facturó– pero también de otros clientes. Julio Martínez vendía una “iguala”, un pago de unos 5.000 o 6.000 euros al mes más el IVA por sus servicios de asesoría y análisis. Hasta aquí, nada muy distinto a la actividad de otras empresas de lobby. Aunque esta empresa se quedara en un proyecto fallido. 

También es muy cuestionable otro de los argumentos que desarrolla el juez en su auto: que Plus Ultra consiguió esa ayuda pública, ese rescate, incumpliendo los requisitos por no estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.

En su auto, el juez incluso relaciona esa supuesta anomalía con una comida de Zapatero con el exministro de Seguridad Social José Luis Escrivá que se celebró el 7 de septiembre de 2020. El problema es que las fechas no cuadran: el certificado de estar al corriente con la Seguridad Social que presentó Plus Ultra para el rescate es de 18 días antes de esa comida. Y esa reunión –la primera vez que ambos hablaban– fue a petición de Escrivá, no de Zapatero. 

Además, Plus Ultra sí cumplía con ese requisito, en contra de lo que argumenta el juez. Es compatible tener una deuda prorrogada con la Seguridad Social con estar “al corriente”, a efectos de una ayuda pública o subvención. Son miles las empresas que solicitan y logran aplazamientos en el pago a la Seguridad Social; se conceden de forma semiautomática, y obliga al pago de intereses. En esos meses de la pandemia, fueron más de cien mil. Pero estas empresas no dejan de estar “al corriente” hasta que vencen esos nuevos plazos sin pagar.

Aún es más endeble el supuesto nexo de Zapatero con una empresa offshore en Dubai que, según el auto, usó la trama para cobrar el 1% de comisión de Plus Ultra. El juez asegura que fue el propio Zapatero quien ordenó crear esa sociedad fuera de España. Pero las pruebas que aparecen en el auto no parecen concluyentes.

El juez argumenta que hay constancia de una comida entre Zapatero y Julio Martínez gracias a los correos electrónicos de este conseguidor con la secretaria del expresidente. Y que al día siguiente de ese encuentro, Martínez se mensajea con un tercero –un representante de Emiratos en España– para interesarse por cómo constituir esta sociedad offshore. Ese es todo el indicio que por ahora se conoce sobre la implicación de Zapatero en esa empresa: una mera relación temporal.

Es posible que aparezcan nuevos indicios, documentos o pruebas que cambien este análisis inicial. Falta también por escuchar las explicaciones de Zapatero ante el juez. 

¿Está justificada entonces la investigación judicial contra el expresidente, a pesar de estos posibles errores? Con algunas dudas, yo creo que sí. Es habitual que una investigación judicial sea imprecisa, más en estos primeros pasos. Es lo mismo que pediría si hubiera los mismos indicios contra cualquier otro político de cualquier otro partido. Otra cosa es que Zapatero sea ya culpable, como algunos sentencian. O que la justicia sea igual para todos en este país. 

El contraste con otros expresidentes es brutal. La misma semana en la que el juicio de la Kitchen demuestra hasta qué punto es escandaloso que Mariano Rajoy no fuera siquiera llamado a declarar como testigo por el juez Manuel García Castellón, esa misma Audiencia Nacional anuncia la imputación de ZP.

Estos días, en los que tanto se debate sobre los límites entre el lobby y el tráfico de influencias, es importante recordar esta investigación exclusiva que publicó elDiario.es en 2014 sobre otro expresidente: Aznar pactó una comisión del 1% con Abengoa para conseguir adjudicaciones en la Libia de Gadafi. 

Solo con la firma del contrato, Aznar se llevó un adelanto de 100.000 euros. Publicamos íntegro el contrato, y también la factura de ese primer pago. Aquí no había siquiera un intermediario ni una empresa de lobby: el comisionista era el propio expresidente del Gobierno. 

Esa venta de desaladoras a Libia fracasó: por la caída del régimen y en contra de los deseos públicos de Aznar, que defendía a Gadafi como un “amigo de occidente”. De haber ganado Abengoa esas adjudicaciones, Aznar habría cobrado una comisión total de seis millones de euros. En un solo pago: no a lo largo de cinco años.

En aquella ocasión, Aznar nos explicó que estaba todo fenomenal, que era una remuneración “perfectamente transparente”. Otros argumentaron que Aznar ya no era un político en activo, que estaba retirado y que cobrar comisiones es completamente legal. Por descontado, no hubo ninguna investigación judicial. Tampoco una sola crítica del PP.

A diferencia de Aznar, Zapatero tendrá que dar explicaciones ante un juez. 

No sé si viste la entrevista que le hizo esta semana Aimar Bretos al Gran Wyoming. Mi amigo Chechu —es su verdadero nombre— se atrevió a hablar del precio que paga cualquier persona conocida y de izquierdas en el Madrid de la libertad. “Yo iba por la calle y ‘eh, hijoputa, rojo’. Me volví y les dije ‘¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema?’. Y me calzaron una hostia, me dieron la vuelta a la cabeza”.

Al Wyoming lo sucedido le avergonzó: “Lo oculté. Dije que había sido jugando al baloncesto, que me habían dado un codazo. Porque no quería mostrarlo”. Fue la más grave, pero tampoco la primera ocasión en la que unos desconocidos le acosaban por la calle. No fue un episodio aislado.

Lo que le ocurre a Chechu —que es también una persona, no solo un personaje de televisión— no es una excepción. Cualquiera mínimamente famoso y que defienda ideas progresistas lo sabe bien. Políticos, presentadores, periodistas, actores... El acoso en la calle, el insulto, el momento en el que alguien decide que tu cara conocida es una invitación a ajustar cuentas. Es algo que también me pasa a mí.

Por suerte, aún no me he llevado ningún puñetazo. No descarto que algún día pueda ocurrir. Me pasa casi cada semana. Siempre hay un energúmeno que se cree con el derecho a increparme: a lanzar todo el odio que siente contra las personas como yo.

Una de las últimas veces me ocurrió en un tanatorio. Incluso en un sitio así. Iba a despedirme de Sol Gallego-Díaz, a abrazarme con sus amigos y compartir su dolor. Me confundí de pasillo y un hombre —siempre es un hombre— se acercó para insultarme. Como siempre, no respondí. Simplemente me alejé de allí. Intentando entender qué pasa por la cabeza de alguien que va a enterrar a un ser querido y decide que es el momento perfecto para acosar a otro ser humano en el mismo trance que él.

Hace unos años, con mi habitual optimismo, solía argumentar que el odio de las redes sociales es algo que se queda allí. “Si la realidad fuera igual que Twitter” —decía entonces— “yo no podría salir de casa de la cantidad de gente que me insulta”. Qué equivocado estaba. 

Hoy intento no pasear por Madrid en según qué barrios, o a según qué horas. Elegí el piso donde vivo mirando los mapas de voto que publicamos en elDiario.es, buscando una zona donde la ultraderecha tuviera poco apoyo. Huyo de las aglomeraciones porque es una cuestión estadística: siempre hay un imbécil por cada mil. Evito mirar a los ojos a la gente con la que me cruzo. Nunca me detengo a discutir. 

Hasta el año 2020 apenas me pasaba. Es algo que solo me ocurre en Madrid, incluso cuando estoy con mis hijos. La pandemia fue un punto de inflexión. Desde entonces, cada año ha ido a peor. Siguen siendo muchas más las personas que se me acercan cariñosas, a felicitarme por elDiario.es o agradecerme mi trabajo. Pero cada vez el acoso es más habitual.

Ese odio no nace por casualidad. Hay quien lo siembra, quien se beneficia de esta deshumanización.

Esta semana, el Congreso de los Diputados ha decidido retirar la acreditación a Vito Quiles y Bertrand Ndongo. Es una decisión tomada tras varias denuncias. Entre otras, la de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, donde están representados profesionales de la práctica totalidad de los medios de comunicación, de todo el espectro ideológico. No hay una sola organización profesional —ni la APM, ni la FAPE— que respalde a quienes el PP y Vox llaman “periodistas críticos”. Son activistas ultras que viven de algo distinto: el acoso y la desinformación. Malas copias de los agitadores que inventó el trumpismo en EEUU.

En los últimos meses, me he cruzado con los dos. El pasado otoño Bertrand Ndongo me acosó por la calle, frente al Congreso de los Diputados. Me persiguió al grito de “felador de Pedro Sánchez” hasta que pude montarme en un taxi. Su método consiste en insultarte a gritos, a escasos centímetros de tu cara, a la espera de que cometas un error y caigas en su provocación. Por supuesto, en su vídeo solo saldrá tu respuesta: no el acoso anterior.

Vito Quiles también me grabó hace pocas semanas. Fue a la salida del programa especial por el 20 aniversario de ‘El Intermedio’, que se emitió en directo desde el Florida Park: una sala en el parque del Retiro, en Madrid. El equipo de ‘El Intermedio’ invitó como público a todo tipo de personas que hemos colaborado a lo largo de la historia con este programa: cineastas, políticos, activistas, científicos, músicos, periodistas… 

El programa duró más de dos horas y terminó cerca de la medianoche. Vito Quiles estaba esperando en la puerta y lo presentó como “una fiesta de políticos que acabó de madrugada”. “Los españoles asfixiados pero ellos de parranda”, tuiteó. En ningún momento del vídeo que difundió en redes explicó por qué estábamos allí, como si fuera una juerga secreta entre políticos de izquierda y periodistas como yo, en vez de un programa de televisión. Me preguntó —no le respondí— si habíamos comido caviar o langosta, o si habíamos bebido champagne. Obviamente solo salíamos en su vídeo aquellas personas que sirvieran para su manipulación. Santiago Segura estuvo también en el programa; hablé un rato con él esa noche, fue agradable la conversación. Pero al director de Torrente —donde Vito Quiles tiene un cameo— no le acosó. 

Vito Quiles estaba acreditado en el Congreso por EDATV. Bertrand Ndongo, por Periodista Digital. Ambos pseudo medios, los que pagan a estos dos agitadores, tienen audiencias irrelevantes, pero reciben una generosa financiación pública de autonomías y ayuntamientos gobernados por el PP y Vox. 

Ni Quiles ni Ndongo son la causa principal de este clima de odio; no son tan importantes. Son apenas un engranaje, uno menor. Su salida del Congreso no acabará con este discurso que está envenenando a la sociedad. Los principales vendedores de odio son quienes están detrás de este frente de choque, de los camorristas que se ocupan del acoso más vulgar. 

¿Quién gana con el odio? Las plataformas de redes sociales, cuyos algoritmos están programados para premiar lo emocional, no la racionalidad. Su negocio consiste en capturar la atención y este tipo de vídeos, llenos de manipulaciones y mentiras, son un contenido muy rentable, muy viral. Que Elon Musk sea ahora el dueño de X —antes Twitter— ha acentuado aún más una dinámica que ya existía con anterioridad.

¿Quién gana con el odio? Algunos partidos, como el PP y Vox, han encontrado en la polarización su combustible electoral. Antes lo llamábamos crispación: consiste en que el ambiente político sea irrespirable cuando ellos no gobiernan y así provocar la abstención de la izquierda. Es lo mismo de siempre, pero con un altavoz mucho mayor.

Feijóo llegó a Madrid prometiendo una “política para adultos”. Ahora sus portavoces defienden a Vito Quiles, al que también invitaron al cierre de la campaña electoral en Aragón. Todo para ver si rascaban cuatro votos mal contados al partido de Abascal, algo que ni siquiera lograron. 

Que todo esto ocurra especialmente en Madrid tampoco es casual. Isabel Díaz Ayuso es la reina en este carnaval: la verdadera lideresa de la ultraderecha nacional. Un día ataca sin piedad y al siguiente se victimiza sin rubor. La presidenta que llama “narcoestado” a “Méjico” —con jota, como ella lo escribe— y luego se inventa que la querían asesinar. 

En esta dinámica del odio, una parte de la izquierda también ha tenido su cuota de responsabilidad. Fenómenos como los escraches de 2013 —un acoso menor al lado de lo que ha llegado después— sirvieron para justificar la espiral de violencia de la extrema derecha. Entre todos los eslóganes que peor han envejecido del 15-M está aquel de “el miedo va a cambiar de bando”. Nunca cambiará. Porque nadie en España ha ganado a la extrema derecha en el campo de juego del miedo, la violencia o la intimidación. 

La solución no es que otro Vito Quiles pero de izquierdas persiga a los líderes de la derecha. Es plantarse ante el odio, denunciarlo, comprender sus mecanismos y alejarse de él. No caer en su provocación. No convertirte en alguien peor.  

Por eso también importa lo que hizo el Gran Wyoming esta semana. El hecho de contar públicamente la agresión. Entiendo su silencio previo, o que mintiera a sus amigos por vergüenza. Lo que sentimos quienes sufrimos este acoso en las calles de Madrid se llama miedo. Nadie se acostumbra del todo a vivir así. Tampoco yo. Pero el primer paso para vencer el miedo es ponerle nombre. Es lo que hizo Chechu. Es lo que hoy he querido hacer yo.

Isabel Díaz Ayuso llegó esta semana a México para reivindicar a Hernán Cortés. Para celebrar la conquista como una gesta civilizatoria, el mestizaje como un regalo de España a América y al conquistador extremeño como un héroe que merece un gran homenaje. Para entender por qué esa visión es históricamente falsa, conviene antes hacerse unas preguntas más básicas.

¿Por qué el imperio español conquistó a los incas y a los aztecas y no sucedió justo al revés? ¿Por qué logró Francisco Pizarro secuestrar y más tarde asesinar a Atahualpa en Cajamarca? ¿Por qué no fueron los incas quienes cruzaron el Atlántico y pusieron sitio a Sevilla? ¿Por qué ese puñado de hombres comandados por Hernán Cortés logró derrotar a todo un imperio y acabar con Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc?

El nacionalismo –el de ayer y también el de hoy– tiene una respuesta simple y racista ante estas preguntas. Fueron los europeos quienes conquistaron al resto del mundo, y no al revés, porque somos mejores que los demás: más inteligentes, más valientes, más osados, más civilizados… y con el apoyo del verdadero dios. 

Hay otra respuesta, la de la ciencia: hace tiempo que demostró que el racismo no tiene base biológica alguna porque todos los seres humanos somos iguales. Son otros parámetros, y no la raza o el color de la piel, los que explican por qué la historia del mundo sucedió en esa dirección. 

El geógrafo y escritor Jared Diamond tiene un libro excepcional sobre esta cuestión. El ensayo se titula ‘Armas, gérmenes y acero’ (en inglés, ‘Guns, Germs and Steel’); y resume los factores que explican el apabullante éxito militar de la conquista española frente a los pueblos nativos de América. Europa contaba con la pólvora, con el caballo, con armaduras y espadas… y con anticuerpos para unos virus y bacterias que diezmaron a los indígenas.

¿Y por qué los europeos desarrollaron gérmenes más agresivos? ¿Por qué nuestra tecnología era superior? Ambas preguntas se responden por el verdadero factor clave, que no está en el color de la piel sino en la ubicación de los recursos iniciales que determinaron el neolítico. A los europeos nos tocó esa lotería. 

Jared Diamond, como buen geógrafo, lo explica con mapas. La gran ventaja de Europa empezó miles de años antes de Hernán Cortés, en el Creciente Fértil: la franja entre Palestina e Irak donde nacieron la agricultura y la ganadería que después se extendió por el Mediterráneo. De allí son originarias muchas de las gramíneas y leguminosas fáciles de cultivar –el trigo, la cebada, las lentejas, los guisantes o los garbanzos– y algunos de los animales domesticables más útiles: vacas, ovejas, cabras o cerdos. De esos excedentes de alimentos nace el comercio y la especialización en el trabajo. Y de ahí surge la escritura. Y la ciencia. Y la pólvora. Y el acero.

La convivencia con esos animales domesticados trajo también las zoonosis, de las que tanto hablamos hoy: virus y bacterias que saltan de los animales a los seres humanos. Enfermedades frente a las que los europeos acabaron desarrollando inmunidad, pero no los nativos americanos.

La domesticación de animales y plantas fue mucho más eficaz en Eurasia que en América por otra causa azarosa: la orientación geográfica de estos continentes. Las condiciones climáticas cambian a medida que te acercas o te alejas al ecuador, en función del paralelo en el que estés. Y Eurasia tiene la mayor línea recta terrestre en dirección este-oeste, con un clima similar. Compartir paralelo hacía más sencillo extender los cultivos de un sitio a otro, algo mucho más difícil de lograr si tu continente se despliega de norte a sur, como es el caso de América. 

Nada de esto tiene que ver con la inteligencia o el valor de los conquistadores españoles. Hernán Cortés no ganó aquella guerra porque fuera superior a Moctezuma. Ganó porque a sus antepasados les tocó la lotería geográfica de los recursos animales y vegetales domesticables, que determinó la historia desde el neolítico. Si hubiera nacido en Tenochtitlán en 1485, habría muerto de viruela antes de ver un caballo. Como le ocurrió a millones de personas que, como todas, no pudieron elegir dónde nacer. Las cifras no son precisas, pero sí hay consenso sobre hasta qué punto la llegada de los españoles fue catastrófica. Entre 1519 y 1600, México central perdió entre el 50 y el 90% de su población.

Pero no solo fueron las epidemias. También las matanzas. Y estas no fueron involuntarias. 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido muy hábil en la respuesta que ha dado a la provocación de Isabel Díaz Ayuso. Sheinbaum ha recuperado un edicto firmado por el emperador Carlos I de España en 1548, unos meses después de la muerte de Hernán Cortés. Es un documento donde se detallan las atrocidades del famoso conquistador: sus matanzas indiscriminadas de personas indefensas, la forma en la que esclavizó a mujeres y niños, o la crueldad de “herrarlos”; marcarlos con un hierro candente. 

Habrá quien diga lo de siempre: no podemos juzgar el pasado con los ojos de hoy. Los principios éticos han cambiado, argumentan también. Pero es que quien reprobaba la crueldad de Hernán Cortés era el mismísimo emperador español en el siglo XVI, no solo la izquierda altermundista de 2026. Bajo la moral y la ley de 1548, lo que hizo Hernán Cortés fueron crímenes también.

Ese edicto de Carlos I ordenando liberar a esclavos capturados por Hernán Cortés tiene su contexto histórico. Fue consecuencia de las denuncias de Bartolomé de las Casas, un sacerdote español y coetáneo de Hernán Cortés que fue de los primeros en cuestionar la violencia y los abusos contra los indígenas, que se justificaban en nombre de dios. Sus escritos –especialmente su ‘Brevísima relación de la destrucción de las Indias’– documentaron los malos tratos y atrocidades de la conquista española de América. 

Bartolomé de las Casas participó en la Controversia de Valladolid, en 1550, un famoso debate sobre cómo tratar a los nativos americanos. Era una cuestión teológica, no solo moral. Frente a las tesis de Bartolomé de las Casas, que argumentaba que eran seres humanos igual que los demás, estaba otro religioso, Juan Ginés de Sepúlveda, que defendía la guerra justa contra los indios. Su principal argumento es que las vidas de estos indígenas no merecían respeto porque ellos tampoco respetaban la ley natural, con sus cultos paganos y sus sacrificios humanos. Sus argumentos no eran muy distintos a los que utilizó siglos después el fanático de Mel Gibson en su panfletaria película ‘Apocalipto’.

Es fácil imaginar cuál habría sido la posición de Isabel Díaz Ayuso ante aquella controversia. Basta con repasar cuál es hoy su opinión sobre el genocidio de Gaza. En su caso, el relativismo histórico funciona exactamente al revés: no juzga el pasado con los ojos de hoy, sino que aplica al siglo XXI los peores principios morales del siglo XVI.

Isabel Díaz Ayuso llegó a México con sus propias armas, sus propios gérmenes y su propio acero. Las armas son la provocación y el conflicto permanente, su método político más eficaz. Los gérmenes son los del nacionalismo rancio que infecta a la derecha española y que ella exporta allá donde va. Y el acero es la desfachatez, su atrevida ignorancia: ir a “Méjico” –como lo escribe Ayuso– a explicarles a los mexicanos su propia historia y cómo se escribe el nombre de su país.

El viaje oficial de Ayuso a México ha acabado siendo desastroso. Se suponía que iba a durar diez días. Lo que se dice trabajo, apenas han sido tres.

El lunes celebró el famoso homenaje al conquistador. El acto se titulaba “Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés”. Se iba a realizar en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, un disparate que la Archidiócesis no autorizó. Fue trasladado al auditorio donde Nacho Cano presenta su ‘Malinche’. En la práctica, era un acto promocional de este musical.

El martes, anunció a bombo y platillo las inversiones de un grupo mexicano: 77 millones de euros para abrir nuevas cafeterías y pizzerías en Madrid. ¿El problema? Que la empresa ya había anunciado esa misma inversión dos meses antes. 

El miércoles, recibió una medalla “de la libertad” que entrega el Estado de Aguascalientes, donde gobierna el PAN. Y después tuvo una reunión con otros cuatro gobernadores de este partido de la derecha mexicana. Tras el lío montado por su reivindicación a Hernán Cortés, ese encuentro tuvo un perfil muy bajo. Ninguno de los convocados salió públicamente a agradecer a Ayuso su presencia en México, ni tampoco a respaldar su posición. 

¿El jueves? Sin agenda. ¿El viernes? Sin agenda. 

El fin de semana estaba prevista la asistencia a una gala en Cancún, los premios Platino, que el viernes por la tarde canceló. Como siempre que se mete en un lío, Ayuso salió de él con bulos y victimización: acusó al gobierno mexicano de “boicotear” su visita oficial. Telemadrid ha llegado incluso a publicar que la presidenta de México había amenazado a esta gala con cancelarla si iba Ayuso; una mentira que ha desmentido la propia organización de estos premios. 

El fracaso político del viaje es fácil de explicar. La ignorancia de Ayuso sobre cuestiones muy básicas la ha convertido en una apestada en México, incluso entre esa derecha local que la invitó a este viaje. Ni siquiera lo más rancio de los partidos más rancios se puede permitir aparecer ante la opinión pública mexicana como los defensores de Hernán Cortés. Tampoco pueden aplaudir otras gracietas de Ayuso, como llamar “malinches” a las mujeres mexicanas.

La Malinche de verdad –no la invención del músico Nacho Cano– fue una mujer indígena que regalaron como esclava sexual a Hernán Cortés. Acabó teniendo un hijo con él y fue muy útil para el conquistador porque hizo de traductora: ayudó a Cortés a comunicarse en lenguas que no conocía y a entender algunos aspectos clave del imperio al que después sometió. Para buena parte de la sociedad mexicana, Malinche sigue siendo sinónimo de traición.

La Malinche traicionó a su pueblo para sobrevivir. Ayuso viajó a México a traicionar la historia para hacer campaña. La diferencia es que la Malinche no tenía elección.

Lo primero que sorprendió al empresario fue ver al entonces ministro José Luis Ábalos fumando en su despacho, en el umbral del balcón. “Id empezando que luego iré yo”, le dijo desde allí. La reunión era para explicar al equipo del Ministerio de Transportes su punto de vista sobre una nueva regulación que afectaba a su sector. Empezó a charlar con varios asesores de Ábalos, entre ellos, el jefe de gabinete del ministro, Ricardo Mar, que lideraba la conversación. Hasta que llegó Koldo García, poco después, y lo primero que hizo al entrar en la sala fue dar una colleja a Ricardo Mar. Entre risas del jefe de ambos, el ministro.

La semana pasada, Ricardo Mar declaró ante el Supremo como testigo, en el juicio de las mascarillas. “Tenía la impresión de que todo lo que decía Koldo era palabra del ministro”, aseguró. Viendo las confianzas que Koldo se tomaba y que Ábalos permitía, no extraña esa impresión.

Volvamos al empresario, que prefiere mantener su anonimato y es quien me cuenta lo que ese día ocurrió. Al rato de hablar con Ábalos, el ministro le derivó a que lo viera con Koldo, que “el tema era muy técnico” para él. Y poco después fue Koldo, ya sin nadie delante, quien le sugirió que mejor lo hablara con un tal Víctor de Aldama. 

Fuera del ministerio, en su despacho en la calle Alfonso XII de Madrid, frente al parque del Retiro, Aldama le pidió dinero a este empresario para ayudarle con esa regulación; que le pagara por un contrato de asesoría. El empresario se negó.

Así funcionaba el Ministerio de Transportes en la era Ábalos. Y viendo este modus operandi, es difícil determinar quién es el 1, el 2 y el 3 en esta presunta organización criminal que hoy se sienta en el banquillo, ante el Tribunal Supremo.

La trama tenía dos jefes, según los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El “jefe instrumental” era Ábalos, que ostentaba el poder institucional. Pero el “jefe real” –quien tenía a sueldo al propio ministro– era Aldama. Como resumió Antonio Balas, teniente coronel de la UCO: “El que paga manda”.

Aunque la mejor manera de conocer la jerarquía suele ser otra: quien cobra manda. El verdadero jefe de cualquier trama criminal siempre se lleva la mayor parte del botín. Y aquí los números son aún más claros. Solo con el pelotazo de las mascarillas, Víctor de Aldama cobró 5,5 millones de euros en 2020. Una cantidad enorme en comparación con esos 10.000 euros al mes que presuntamente pagaba a Koldo, o ese piso alquilado para la novia del ministro, o el resto de las prebendas que ha acreditado la investigación judicial. 

Los informes de la UCO tampoco han encontrado cifras millonarias en el patrimonio del ministro ni en el de su asesor. En las cuentas de Koldo, apenas 138.000 euros en ingresos en efectivo sin justificar. Hay también tres pisos en Benidorm que, según su abogada defensora, están hipotecados al 80% y costaron 600.000 euros. Dinero negro hubo, eso parece seguro; Koldo García pasó esos años como asesor del ministro sin sacar efectivo del cajero ni una sola vez. 

En el caso de Ábalos, la UCO detectó 95.000 euros en ingresos sin justificar. Un dinero que utilizó para pagar la pensión alimenticia tras uno de sus divorcios, para comprar joyas o flores a una de sus parejas o para costear el salario de la empleada del hogar. No parece que Ábalos hoy tenga mucho dinero y, si lo tiene, no parece que pueda acceder a él; perdió a su anterior abogado porque no le podía pagar. 

Es probable que buena parte del botín no se haya encontrado. O que ya no exista: que se gastara en la desordenada vida personal del exministro. Pero, con las cifras que hay sobre la mesa, la parte de Koldo y Ábalos fue una propina, al lado de los negocios del “jefe real” de este caso de corrupción.

Este juicio ni siquiera es el único al que se enfrenta Víctor de Aldama. Tampoco el caso de corrupción donde más dinero ganó. Junto con varios de sus socios, está también imputado por el fraude de los hidrocarburos, y ahí la UCO habla de 184 millones de euros defraudados al fisco a través de medio centenar de empresas. Es dinero suficiente como para pagar 10.000 euros al mes a Koldo García y a sus futuros herederos durante los próximos 184 siglos.

Víctor de Aldama lleva mintiendo desde que fue puesto en libertad, en noviembre de 2024. Se ha paseado impunemente por los platós de televisión, donde cada día airea acusaciones que nunca termina de probar. Hay varias evidencias de mentiras groseras, como esas cuentas en República Dominicana que atribuyó a Begoña Gómez. Esto sale de unas denuncias fabricadas por el entorno de un ultraderechista y un juez corrupto que está en prisión, y que cada tanto airean cientos de falsas cuentas en paraísos fiscales por los que ya han sido imputados penalmente. 

Ante el Supremo, este miércoles, Víctor de Aldama volvió a mentir con impunidad.

Aldama declaró que Pedro Sánchez le felicitó efusivamente cuando se encontraron en la presentación de la candidatura de Pepu Hernández y se hizo una foto con él. “Muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y simplemente quiero darte las gracias”, dice Aldama que el presidente del Gobierno le dijo. Es una frase que la derecha ha presentado como la pistola humeante de la complicidad del presidente del Gobierno con este caso de corrupción. 

Hay solo un problema: las fechas no coinciden. Ese acto de Sánchez con Pepu Hernández fue el 3 de febrero de 2019. Y las corruptelas de Koldo, Ábalos y Aldama, según la investigación judicial, empezaron en otoño de 2019; más de medio año después. Es poco creíble que Sánchez supiera “perfectamente” lo que estaba haciendo Aldama, salvo que exista el Ministerio del Tiempo.

Aldama también declaró haber recaudado dinero para el PSOE, que Koldo después blanqueaba mediante donaciones, al estilo de lo que hacía el PP con la Gürtel. “Entre 2019 y 2020, yo he entregado más de 1,8 millones”, confesó Aldama. “Si miran las cuentas del partido y hay un pico importante de donaciones en esa época se podrá ver de dónde viene el dinero”.

En el Tribunal de Cuentas figuran esos datos. Y las cifras de donativos de esos dos años no alcanzan ni de lejos los 1,8 millones que denuncia Aldama.

A través de donaciones, el PSOE ingresó 275.616 euros en 2019 y 837.506 euros en 2020. Ese año, el de la pandemia, la cifra fue inusualmente alta; lo habitual es que no superen los 300.000 euros anuales. Fuentes del PSOE explican que ese pico se debe a una colecta entre sus militantes para recaudar dinero para investigar el coronavirus que tuvo bastante tirón. Completaron lo recaudado con fondos propios, y ese mismo año –como publicó la prensa en su momento– donaron un millón de euros al Instituto Carlos III. Hay escritura pública de esa donación.

Aldama también denunció que Pedro Sánchez era “el número 1” de esta trama de corrupción. Fue un titular que el PP agradeció. No hay una sola evidencia en el sumario que apunte en esta dirección. Pero mentir como imputado en el Supremo no solo es gratis. En el caso de Aldama, es posible que tenga premio. 

Está claro quién se llevó la parte más grande del pastel. A la hora de pagar las consecuencias, el reparto será justo al revés. La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y solo 7 años para Aldama. 

Ábalos y Koldo están ya encarcelados, en prisión preventiva. Aldama sigue en libertad. Salió de la cárcel en noviembre de 2024, tras un extraño acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que en su momento te conté. Estaba en prisión preventiva por riesgo de fuga, por el caso de los hidrocarburos, y fue puesto en libertad tras declarar en el caso de las mascarillas: después de acusar a medio gobierno de corrupción, unas denuncias que no ha logrado acreditar.

Esa supuesta colaboración con la Justicia en la práctica nunca llegó: Aldama sigue sin aportar pruebas ni tampoco ha aclarado nada del fraude de los hidrocarburos, por el que estaba encarcelado. Pero aquella famosa declaración no solo le sirvió para salir de la cárcel: también le ha permitido afrontar este primer juicio con una petición de pena inferior a la de los otros dos acusados. 

La defensa de Aldama, el abogado José Antonio Choclán, confía incluso en rebajar aún más esa pena de 7 años: que la Fiscalía Anticorrupción le aplique un atenuante mayor y pida solo 2 años en las conclusiones del juicio, lo que le permitiría seguir en libertad. Sin antecedentes penales, con dos años de condena no se suele entrar en prisión.

Hay muchas dudas de que este súper atenuante quepa siquiera en nuestra legislación. Para bonificarse de una rebaja así, Aldama tendría que haber colaborado con la Justicia antes de que fuera siquiera imputado y esto es algo que no pasó. Pero cosas más raras se han visto en la Justicia española en los últimos años.

Víctor de Aldama cuenta con otro aliado en este juicio: la acusación popular, donde está personada el PP. Fuentes jurídicas aseguran que el partido de Feijóo también está valorando rebajar su petición de pena contra Aldama a solo dos años, y que así no entre en prisión. 

Sería la recompensa adecuada por el circo de su última declaración. Y este juicio tendría un resumen: impunidad para el corruptor.

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“Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te de la orden. No debe de quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo”

Esta nota manuscrita es de Luis Bárcenas. La escribió desde la prisión de Soto del Real. El papel se lo entregó a uno de sus amigos en la cárcel, otro recluso, que el 10 de marzo de 2014 tenía un permiso penitenciario. El encargo estaba claro: aprovechar esa salida al exterior para borrar los audios comprometedores que guardaba el extesorero del PP. En concreto, una copia que Bárcenas escondía en una cuenta de correo electrónico en la nube, en los borradores de ese e-mail.

No está claro quién es Alex. El recluso en cuestión, que hacía de recadero, se llama Isidro Sánchez; es posible que haya un tercero más. Hay menos dudas sobre la identidad de “M.R.” Son las siglas de Mariano Rajoy.

“M.Raj”, “M. Rajoy”, “Mariano” o “M.R.” son algunas de las fórmulas con las que se identificaba al expresidente del Gobierno en los papeles de Bárcenas. A su nombre, bajo distinta denominación, aparecen una treintena de anotaciones en esa contabilidad del PP. Suman 330.000 euros en total, entre 1997 y 2008. Siempre en dinero B.

Esta semana, en el juicio de la Kitchen, Luis Bárcenas ha vuelto a explicar cuáles eran esas pruebas que guardaba contra el PP. Eran tres grabaciones, según su versión. La primera, una comida que tuvo con Javier Arenas –hoy sigue siendo senador del PP y secretario del grupo parlamentario del PP en la cámara alta–. La segunda, una grabación del propio Bárcenas explicando cómo funcionaba esa caja B. La tercera, un audio grabado en el despacho de Mariano Rajoy en la sede del PP, donde también se escucha al expresidente destruir con una trituradora de papel uno de los folios de esa contabilidad paralela. 

Bárcenas guardaba copia de esos audios en un pen drive: escondido en el doble fondo de un arcón, en un taller de restauración de la mujer de Bárcenas. De allí lo robó la trama Kitchen en el otoño de 2013, según asegura el propio Bárcenas –y también el comisario Villarejo–.

Pero aquel pen drive no era la única copia. Había al menos otra más: la que Luis Bárcenas guardaba en esa cuenta gratuita de e-mail que, en marzo de 2014, ordenó destruir. 

“Es mi compromiso, no debe quedar nada”, escribió Bárcenas en esa nota manuscrita que ha reconocido como propia. ¿A cambio de qué?

El caso Kitchen, el caso Gürtel, la caja B… Hay que mirar el bosque, no los árboles. Todas estas tramas son, en la práctica, un mismo caso de corrupción. No solo porque coinciden los principales protagonistas. También por sus relaciones entre sí.  

La Gürtel ya se ha juzgado, dejando una enorme pregunta sin aclarar. ¿De dónde salió el dinero? ¿Cuál es el origen de las decenas de millones de euros que la Justicia encontró en las cuentas en Suiza de Francisco Correa y Luis Bárcenas?

El extesorero del PP llegó a sumar 48 millones de euros escondidos en sus cuentas en el Dresdner Bank y en el Lombard Odier. Buena parte de esta fortuna, según Bárcenas, la consiguió con inversiones en bolsa –uno de sus mayores pelotazos fue con la OPA de Enel sobre Endesa–. Pero su instinto o la información privilegiada con la que invertía no aclaran el origen de todos esos millones.

En su confesión, Francisco Correa dio una posible explicación a esa fortuna. Contó que Luis Bárcenas le encargó cobrar las comisiones del 3% durante el gobierno de José María Aznar. “Se trataba de adjudicar obras a los empresarios a cambio de que abonaran un porcentaje que yo recaudaría en beneficio de Luis Bárcenas”, aseguraba en un documento que me entregó en 2015. Un papel del que después se desdijo para, un año más tarde, confesar exactamente lo mismo ante la Audiencia Nacional. 

La explicación del 3%, de ser cierta, es incompleta: faltarían más personas en esa historia. Luis Bárcenas no adjudicó obra alguna. Eran otros los que lo hacían. Políticos que nunca fueron investigados por la justicia. La misma justicia que tampoco vio delito alguno en todos los sobresueldos en negro que se repartió durante años la cúpula del PP.

“Luis, sé fuerte” (...) “hacemos lo que podemos”, le escribió a Bárcenas Mariano Rajoy. Toda la trama Kitchen bascula sobre esta afirmación. Es la historia de un chantaje: Luis Bárcenas tenía información comprometida sobre su partido y sobre el entonces presidente Mariano Rajoy. Y solo una parte de la respuesta que dio aquel Gobierno ante la presión de Bárcenas se juzga estos días en la Audiencia Nacional. 

Según el juez Manuel García Castellón, la cúpula de Interior actuó por su cuenta y riesgo, sin que nadie en el Gobierno o en el partido se lo pidiera. La Fiscalía Anticorrupción acusó al propio García Castellón de levantar un “cordón o inaceptable línea roja” para que la instrucción no llegara hasta la rama política. Para desimputar a María Dolores de Cospedal –la que hablaba de “la libretita” de Bárcenas con el comisario Villarejo– y no citar ni siquiera como testigo al principal beneficiado de aquella trama: Mariano Rajoy.

Pero el brazo policial no fue el único que se activó ante la amenaza existencial que suponía para el PP este caso de corrupción. También hicieron lo que pudieron en otro frente: el de los tribunales. 

La investigación de la Gürtel está llena de maniobras judiciales en la oscuridad. 

El primer juez de la Gürtel, Baltasar Garzón, acabó expulsado de la carrera judicial. 

Cuando Garzón fue condenado, su plaza en el central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional salió a concurso. La ganó Miguel Carmona, un juez progresista, pero nunca la ocupó. 

Muy oportunamente, el Gobierno de Rajoy se encargó de buscar a Carmona otro destino: un puente de plata. Primero intentaron el Tribunal de la Haya, pero fueron tan torpes que presentaron su candidatura fuera de plazo. Después el Gobierno de Rajoy le nombró juez de enlace en Londres. Y mientras Carmona vivía en Londres, el Consejo General del Poder Judicial que presidía Carlos Lesmes, ex director general de Justicia con Aznar, pudo decidir quién ocupaba su puesto, en precario, de forma interina.  

Ese sustituto fue Pablo Ruz. Cada seis meses, el CGPJ decidía si le mantenía como sustituto y renovaba su sustitución. Estuvo cinco años en esa anómala situación: el juez más importante de España (para el PP) tenía contrato temporal. Y así siguió hasta que Pablo Ruz decidió ordenar el registro de la sede del PP. Pocos meses después, el CGPJ de Carlos Lesmes puso en marcha su sustitución.

Es algo parecido a lo que pasó con Manuel García Castellón. En su caso, era él quien estaba de juez de enlace: primero en París, luego en Roma. 17 años en uno de los puestos mejor pagados de la judicatura, en ambos destinos nombrado por gobiernos del PP. Casualmente, acabó pidiendo el regreso a su plaza en la Audiencia Nacional poco después de que Ignacio González y Eduardo Zaplana –descontentos con el juez sustituto, al que querían mandar “a tomar por culo a Onteniente”– pronosticaran su vuelta. 

Cuando al PP le va mal un juicio no cambia de abogado, cambia de juez. 

También funciona el palo y la zanahoria. El PP suele recompensar a aquellos magistrados que se portan bien. Es lo que pasó con Ángel Hurtado. Fue el único juez que se opuso a la condena del PP en el caso Gürtel. Fue también quien intentó que Mariano Rajoy no tuviera que declarar como testigo ante ese tribunal. Fue el juez que intentó evitar todas las preguntas incómodas para el presidente del Gobierno en esa declaración. Una actitud que recuerda a la que tuvo esta semana otra jueza, Teresa Palacios, ante este nuevo interrogatorio como testigo de Mariano Rajoy.

Tras estas hazañas, Ángel Hurtado fue ascendido al Tribunal Supremo por el CGPJ de mayoría conservadora, nombrado por el PP de Rajoy.

“Si hablas, tu mujer irá a prisión”, le decían a Luis Bárcenas durante el punto álgido del chantaje al Partido Popular. Un chantaje mutuo, al parecer.

Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, fue condenada a 15 años de cárcel en 2018 por la Audiencia Nacional. Y el tribunal tuvo que decidir si esta pena se empezaba a cumplir en ese momento o si había que esperar a que la sentencia fuera firme, cuando se pronunciara el Tribunal Supremo. 

En aquel tema, el CGPJ de Carlos Lesmes también operó. De hecho, fue algo que desempató el propio Lesmes, con su voto de calidad. Apartaron al juez progresista José Ricardo de Prada de aquella decisión. Y en 2018 la mujer de Bárcenas siguió en libertad. Entre quienes votaron a favor de que no entrara entonces en prisión estaba también el juez Ángel Hurtado.

Más tarde el Supremo rebajó la condena de la mujer de Bárcenas a 12 años y 11 meses. Entró en prisión en noviembre de 2020. Logró el régimen de semilibertad –solo dormir en la cárcel– dos años y medio después. 

¿Se entiende mejor ahora por qué nunca hemos escuchado esos audios que Luis Bárcenas se comprometió a destruir?

¿Las provincias de Extremadura? En realidad son tres: “Cáceres, Badajoz y Leganés”. 

El dicho popular, muy extendido hace décadas, respondía a una realidad. Entre 1950 y 1975, Extremadura expulsó a casi la mitad de su población. Se fueron a las fábricas de Alemania, a las obras de Barcelona, a los suburbios de Madrid. Barrios enteros nacieron así: sin plan urbanístico, sin escuadra o cartabón. Casas bajas, construidas con las manos desnudas por los emigrantes que buscaban un techo para dormir. Es una herencia que aún es visible en parte del mapa de las grandes urbes españolas. Trazados caóticos, de calles estrechas y retorcidas más propias de la Edad Media, pero que se edificaron mientras el hombre llegaba a la Luna. Un siglo después del ensanche Cerdà o del Barrio de Salamanca de Madrid.

Aquellas ciudades no les esperaban, aquellos emigrantes tampoco eran bienvenidos. Las autoridades franquistas apostaban vigilantes en los trenes con destino a las zonas industriales. Identificaban a quienes viajaban sin contrato de trabajo. Los interrogaban y los mandaban de vuelta a sus pueblos. La respuesta de muchos extremeños era bajarse en la estación anterior y hacer el resto del camino a pie, campo a través, hasta llegar a casa de algún amigo o familiar en la ciudad. 

Esa gran ola migratoria afectó a toda la España rural. Pero se cebó especialmente con Extremadura.

Eran los “sin papeles” de entonces. Tampoco les trataron demasiado bien. 

Solo en Barcelona, el historiador Miguel Díaz Sánchez ha documentado más de 30.000 devoluciones desde el fin de la guerra hasta 1966. Antes de devolverles a su pueblo, primero se les encerraba con el pretexto de ser indigentes: en el Pabellón de Misiones, en Barcelona, o en el Matadero de Madrid. La orden de expulsión era clara: si les cazaban de vuelta, entrarían en prisión.

La represión del franquismo contra la emigración interior duró hasta los años 60. Acabó por dos motivos: la necesidad de más mano de obra en las ciudades y la incapacidad para evitar la emigración, por mucho esfuerzo que pusiera la Guardia Civil. Ni siquiera una dictadura pudo poner puertas al campo. Lo mismo ocurre hoy. A pesar de quienes creen que perseguir a los inmigrantes los hará desaparecer.

María Guardiola, presidenta de Extremadura: “Yo no puedo dejar entrar en Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes”.

Es justo lo que acaba de firmar. 

El nuevo acuerdo extremeño entre el Partido Popular y Vox es una versión ampliada y extendida del mismo discurso ultra que ya pactaron en 2023. 

La extrema derecha no solo vuelve al Gobierno extremeño: ahora tendrá una vicepresidencia. Vox sigue negando la violencia machista y empleando el trazo gordo en sus discursos negacionistas contra las energías renovables o la agenda verde. En cuanto a la “deshumanización” de los inmigrantes, también subimos un nuevo escalón.

Vox lo llama “prioridad nacional”. El PP de Guardiola lo ha firmado sin rechistar. En la práctica, consiste en una política de racismo institucional: que los inmigrantes tengan menos derechos que los españoles pata negra en el acceso a las “ayudas, subvenciones y prestaciones públicas”.

Todo esto en una región donde los extranjeros son apenas el 4,7% de la población: un tercio de la media nacional (14,1%). No hay ninguna emergencia migratoria en Cáceres ni en Badajoz, es más bien al revés. Sin la llegada de los pocos inmigrantes extranjeros que se mudan allí, Extremadura seguiría perdiendo población. Son muy pocos, pero aunque no lo fueran: recortar derechos a personas por su origen es pura discriminación. 

“No se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido”. Y esto no lo digo yo, lo dice Isabel Díaz Ayuso. Cómo será este acuerdo para que le haya parecido mal incluso a la dirigente más trumpista del PP.

Hay otro problema: la “prioridad nacional” que plantean es profundamente ilegal. No se podrá aplicar. Con las leyes vigentes, a estas personas migrantes no se las puede discriminar. Otra cosa es que el PP y Vox, en el futuro, cambien la ley orgánica de Extranjería, como pretenden. Pero con este Congreso de los Diputados, por ahora, no ocurrirá. 

Tampoco podrán discriminar a los inmigrantes en el acceso a la Sanidad, como plantea Vox. Es una competencia cuya gestión está transferida, pero todas las autonomías deben dar acceso a todas las personas, según las leyes y derechos estatales. Hace unas semanas, un nuevo decreto amplió la sanidad pública incluso a los extranjeros sin residencia legal.

Que todas las personas que viven en España mantengan el acceso gratuito a la sanidad no solo es una buena noticia por una cuestión de humanidad: es también salud pública. ¿O acaso creen los votantes de Vox que los virus y bacterias respetarán su “prioridad nacional”?

Sí hay en el acuerdo extremeño otras trampas xenófobas que buscan este mismo objetivo racista, pero que recurren a métodos más sibilinos. PP y Vox han firmado ampliar el plazo mínimo de empadronamiento en Extremadura para poder optar a viviendas de protección oficial. Serán al menos diez años para la compraventa, cinco años para el alquiler social. No hace falta poner “los españoles primero” en este nuevo requisito legal, pero el objetivo es el que es: dejar fuera a los inmigrantes de las políticas públicas de vivienda. Son ellos, mayoritariamente, los que tienen pocos años de antigüedad en el padrón.

Esta idea, sin embargo, no es original. Es la misma medida que ha aplicado en Madrid Isabel Díaz Ayuso. Fue por voluntad propia: sin necesidad de que le presionaran desde Vox. 

El acuerdo extremeño es solo un aperitivo de lo que está por llegar. La “prioridad nacional” es el nuevo “pin parental”: la medida estrella que Vox quiere colar en todos los acuerdos con el PP, empezando por Aragón y Castilla y León. 

Tiene una parte de propaganda: varios de sus efectos prácticos en las autonomías serán muy limitados mientras no logren cambiar las leyes orgánicas. Pero también de amenaza: está claro cuál es el plan. Si de Vox dependiera, en España también tendríamos, a la caza de inmigrantes, a las milicias trumpistas del ICE.

Tanto Vox como el Partido Popular creen haber encontrado en el rechazo a la inmigración un caballo electoral ganador. Lamentablemente, es posible que tengan razón. Es una vieja historia. Cambian los nombres, el acento, el color de la piel, pero el mecanismo es siempre el mismo: culpar al último en llegar. Convertir al más débil en el problema. Señalar hacia abajo para no mirar hacia arriba.

El periodista alemán Ernst Klee publicó en 1971 un libro sobre las pésimas condiciones de vida de los inmigrantes españoles, italianos o griegos en la Europa rica. El título era esclarecedor: “Die Nigger Europas”. Los negros de Europa.

La mitad de los españoles que emigraron en esos años hacia Europa para trabajar lo hacía sin papeles ni permisos. Como siempre ha pasado en la historia, este tipo de barreras administrativas son inútiles cuando existe una necesidad material. Discriminar a los emigrantes no les hará desaparecer, solo hará su vida aún peor. 

Ojalá los abuelos extremeños expliquen a sus nietos en qué consiste la empatía, el respeto y la humanidad. Aquellos que se bajaban del tren una estación antes para no ser devueltos a su pueblo. Aquellos que mandaban pesetas a casa desde las fábricas del Ruhr. Aquellos que construyeron Leganés. 

No hace tanto tiempo, esos otros éramos nosotros.

José Barrionuevo, Rodrigo Rato, Jaume Matas, Eduardo Zaplana... La lista de exministros en el banquillo de los acusados no es tan larga y en una misma semana se han sumado de golpe dos nombres más: José Luis Ábalos y Jorge Fernández Díaz. La política es también la agenda informativa: el espacio en las portadas de los periódicos es un bien escaso, los minutos de la televisión también. Y la Justicia ha decidido, casualmente, que ambos juicios se celebren a la vez. 

Para sorpresa de nadie, esta oportuna coincidencia está sirviendo para que el esperado caso Kitchen pase en muchos medios a segunda división. ¿A quién le importa el uso de los fondos reservados para destruir pruebas de corrupción cuando tienes a Jessica enchufada en un puesto de trabajo al que nunca fue? 

Esta coincidencia cósmica, dos exministros en el banquillo a la vez, fue decidida por el Tribunal Supremo. Por la Sala de lo Penal. El juicio de la Kitchen, en la Audiencia Nacional, ya estaba en agenda cuando se fijó la misma fecha para Ábalos. Pero los parecidos se acaban con la semana en la que arrancan los juicios. El resto del proceso penal de ambos exministros no ha sido igual.

El caso mascarillas –por el que Ábalos está siendo juzgado– comenzó a investigarse en 2022 sobre unos hechos ocurridos en 2020. La Kitchen, en 2018, por algo que pasó en 2013. Hay cuatro años de diferencia en la instrucción. Siete años de distancia, si contamos desde que se cometió el presunto delito.

Ábalos es un apestado, con razón. Nadie de su partido le defiende. Fue expulsado del PSOE meses antes de que fuera siquiera imputado, cuando estalló el caso Koldo. Fernández Díaz, mientras tanto, sigue publicando todas las semanas artículos en la prensa de derechas. Pontificando sobre la corrupción de los demás. 

Ábalos duerme cada noche en la cárcel. Es prisión preventiva, aunque aún no hay sentencia, supuestamente por el riesgo de fuga ante las elevadas penas a las que se enfrenta. Jorge Fernández Díaz duerme en su casa. Aunque las acusaciones contra él son también muy graves, la Justicia aquí no ve riesgo de fuga.

Incluso si Jorge Fernández Díaz es condenado, es posible que siga durmiendo en su casa, como ocurre con Eduardo Zaplana. Salvo que la condena fuera muy alta, no entraría en prisión hasta que la sentencia sea firme en el Supremo. Para eso, aún quedan unos años.

Si Ábalos es condenado –cosa probable– seguirá durmiendo en prisión. Su sentencia sí sería firme, al ser del Supremo. Y no tendría siquiera un calendario claro de cuándo podría salir. Aún tiene pendiente otra causa penal en la Audiencia Nacional, junto a Santos Cerdán. Hasta que no haya sentencia firme de ese segundo juicio –si es condenado– tampoco podrá consolidar penas.

Hay una justicia rápida. Hay otra muy lenta. La diferencia de velocidad en teoría responde al juzgado que instruye cada caso. La Audiencia Nacional está colapsada. El Tribunal Supremo apenas celebra juicios: solo los de los aforados o de aquellas excepciones que le vienen mejor, como ocurrió con el Procés, que debería haberse juzgado en el TSJ catalán. Por eso la Kitchen fue lentísima en la Audiencia Nacional y lo de Ábalos, o lo del fiscal general, ha sido a toda velocidad.

Pero esta explicación es incompleta para entender el ritmo electrizante con el que Ábalos ha sido encarcelado, está siendo juzgado y probablemente será condenado. Este juicio es anómalo porque es un proceso contra la persona, y no contra los delitos.

A Ábalos se le acusa en este juicio de haber cobrado comisiones por la adjudicación de un contrato de mascarillas durante la pandemia. Pero el empresario que vendió esas mascarillas no está en el banquillo de los acusados en el Supremo.

También se le acusa de haber enchufado en dos empresas públicas a una de sus parejas, Jessica Rodríguez. Pero los directivos de esas empresas que colaboraron con el enchufe y permitieron que Jessica no fuera siquiera a trabajar tampoco están entre los acusados en este juicio.

A Ábalos también se le juzga por disfrutar durante el verano de un chalet gratis en la costa a cambio de otro favor político que prometió a una empresa de hidrocarburos. Pero la empresaria que pagó ese chalet tampoco está en el banquillo. Ni tampoco el empresario de hidrocarburos que supuestamente lo sobornó.

La mayor parte de estas personas que colaboraron, indujeron o participaron en los presuntos delitos de Ábalos están imputadas. Acusadas judicialmente por estos hechos. Pero no en el Supremo, sino en la Audiencia Nacional. Han sido convocados a este juicio, pero solo como testigos, no como imputados: con obligación de decir verdad. Aún queda mucho para que sean juzgadas. Cuando puedan defenderse, ya dará igual, porque para entonces ya habrá una sentencia en firme del Tribunal Supremo sobre estos mismos hechos. 

Hay también una curiosa excepción: el caso de Jessica Rodríguez. No está imputada en ningún sitio, ni el Supremo ni en la Audiencia Nacional. Por mucho que pregunto a mis fuentes jurídicas, nadie me sabe explicar por qué ella no está siquiera acusada, pero el hermano de Pedro Sánchez será juzgado. Y eso que David Sánchez sí iba a trabajar. 

Volvamos a Ábalos. En teoría, un mismo delito no se puede juzgar dos veces. En teoría, los acusados tienen derecho a defenderse. En teoría, las piezas separadas en los juzgados se trocean en función de los presuntos delitos, no según las personas que participan en ellos. Pero con este caso, el imaginativo Tribunal Supremo ha inaugurado una nueva forma de juzgar. 

Como Ábalos era diputado, la competencia en la instrucción era del Tribunal Supremo. Cuando la Audiencia Nacional –que empezó la investigación del caso Koldo– pidió la imputación del ministro, lo lógico habría sido que todos los demás implicados hubieran pasado al Tribunal Supremo junto a él. Es lo que se hizo, por ejemplo, cuando el Supremo asumió la investigación de toda la causa de los GAL porque José Barrionuevo era aforado. Toda aquella investigación pasó al Supremo, Amedo no siguió en la Audiencia Nacional.

En vez de eso, en esta ocasión, se partió la instrucción de una forma absolutamente artificial: Ábalos, Koldo y Aldama, al Supremo. Y el resto de la tropa se quedó en la Audiencia Nacional. 

¿Pueden dos tribunales distintos investigar y juzgar unos mismos delitos? En España parece que sí. 

Si el Supremo se hubiera quedado con toda la causa en aquel momento –habría sido lo razonable–, es dudoso que hubiera podido ir tan deprisa. Con los GAL tardaron tres años desde que asumieron la instrucción. Cuando hay muchos acusados, los tiempos de la Justicia se suelen alargar. 

El día en que Ábalos renunció a su escaño –el 28 de enero de 2026– este juicio aún no tenía fecha. El Supremo podría haberlo mandado de vuelta a la Audiencia Nacional y acabar con esta absurda división. Ninguna ley se lo impide, solo un acuerdo en el pleno que se puede cambiar. Pero claro, enviar el caso a este juzgado colapsado no habría permitido condenar a un exministro de Pedro Sánchez antes de que llegue el verano, como probablemente ocurrirá. Las prisas son políticas.

Las anomalías en este caso de corrupción –porque es corrupción, a pesar de estas extrañas maniobras judiciales– no se acaban aquí. Te recomiendo este artículo del abogado Carlos López-Keller que explica muy bien esta absurda división y otros desatinos más. Una de sus metáforas sobre el juicio es muy potente: “Como el plato es escaso, lo llenan de guarnición”. Se supone que este juicio va de las mordidas por los contratos de mascarillas durante la pandemia. Pero en lo que llevamos de juicio, el enchufe de Jessica Rodríguez (una malversación de 44.000 euros) parece ser la gran prioridad. El dinero de las supuestas comisiones, por ahora, parece más difuso.

La exuberante instrucción del Supremo contrasta con la otra pista de este doble circo: el caso Kitchen. 

De aquella investigación se ocupó Manuel García Castellón. Es ese juez que recomendaba Ignacio González, en conversación con Eduardo Zaplana, cuando pedía mandar al magistrado que ocupaba su plaza en la Audiencia Nacional “a tomar por culo a Onteniente”.

Es el mismo juez que, tal y como pronosticaba González, pidió volver a su plaza en la Audiencia Nacional: a cobrar menos y trabajar más. 

Es el mismo que acusó de terrorismo a Carles Puigdemont con la coartada de un turista francés que había fallecido de un infarto durante las protestas independentistas en el aeropuerto de El Prat. El mismo que tuvo que cerrar abruptamente aquella investigación porque metió la pata con los plazos. 

En la Kitchen, García Castellón tampoco decepcionó. Fue el responsable de que Mariano Rajoy ni siquiera fuera llamado a declarar como testigo, como pedía la Fiscalía Anticorrupción. Y había argumentos más que de sobra para ello: Rajoy no solo era el jefe directo de Fernández Díaz, sino también el principal beneficiario de que la Kitchen destruyera esas pruebas de corrupción que guardaba Luis Bárcenas. Unas supuestas grabaciones que le afectaban directamente a él, y también al partido del que era presidente.

García Castellón también fue quien salvó de este juicio a María Dolores de Cospedal, de nuevo en contra del criterio de la Fiscalía, a pesar de esos audios donde la entonces número dos del PP hablaba con Villarejo de “la libretita de Bárcenas”.

El caso Kitchen llega a juicio, trece años después. Pero aún quedan por investigar judicialmente muchos otros de los presuntos delitos que cometió esa policía política que anidaba en ese Ministerio del Interior. La Operación Catalunya, contra los independentistas. La guerra sucia contra Podemos y todos los rivales políticos del PP. Todo eso aún sigue impune. Es muy probable que nunca se llegue a juzgar.

Porque la Justicia es igual para todos y los niños vienen de París. Más concretamente, de la Plaza de París, en Madrid, donde tiene su sede el Tribunal Supremo español.

P.D. En elDiario.es hemos producido dos documentales cortos sobre cada uno de estos juicios. El primero: Caso Ábalos, la tríada de la corrupción. El segundo: Juicio final a la guerra sucia del PP. Te recomiendo que los veas: son muy buenos y ayudan a comprender lo que pasó. 

Y el lunes, estrenamos otro documental más: Las tres guerras sucias del PP. Espero que te gusten.

Casi un mes después de empezar los bombardeos, Alberto Núñez Feijóo ha descubierto al fin que está en contra de la guerra. Ha tardado en llegar a este punto. Pero aún le queda una tarea importante: decirnos lo que piensa de ese líder internacional que ha provocado esta catástrofe. 

O al menos decir su nombre. 

Hay una larga tradición cultural para este tipo de tabú. La referencia más popular probablemente está en los libros de Harry Potter. Se trata de Voldemort: ese mago tan poderoso y temido que casi nadie se atreve a nombrarlo. Apenas se le menciona, salvo que sea imprescindible. Y cuando no queda otro remedio, se refieren a él con un circunloquio: “El que no debe ser nombrado”. 

La idea no es original. Ni falta que hace: la excepcional saga de J. K. Rowling es una de las mejores vías para iniciar a los niños en el maravilloso hábito de la lectura. Ese tabú de no nombrar a alguien temido y poderoso viene de la mitología. De los griegos, que llamaban “euménides” (benévolas) a las Erinias: las diosas de la venganza, que castigaban en el Tártaro a los criminales. Decir su verdadero nombre en voz alta era algo que la mayoría de los griegos evitaba, por el miedo a invocarlas y provocar una represalia.

Ese miedo está también en el judaísmo. En el tetragrámaton de cuatro letras hebreas con el que se nombra a Dios, una palabra tan sagrada que la tradición prohíbe pronunciarla en voz alta. Y si se escribe, tampoco se debe destruir después el texto. Por eso se le llama “Adonai” (señor) o “HaShem”, que se traduce literalmente como “el nombre”. El eufemismo no oculta nada: todos saben perfectamente de quién se habla.

En las novelas de Harry Potter, no era solo miedo o superstición. Había también una razón técnica, o más bien mágica: era tanto el poder de Voldemort que podía rastrear la ubicación de cualquiera que lo nombrara. No es muy distinto a lo que ocurre con la dictadura china y los sistemas de vigilancia masiva en los programas de mensajería en el móvil, sus equivalentes a WhatsApp. Pocos escriben el nombre de Xi Jinping cuando se trata de una crítica. Por motivos obvios. 

El caso español tiene su propio Voldemort. Es Donald Trump. Y el miedo del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se nota en las vueltas que da para evitar nombrarlo.

Durante las últimas semanas, el líder del PP ha pronunciado docenas de discursos sobre la guerra contra Irán. Ha hablado de “nuestros aliados”, de “la administración norteamericana”, de “Estados Unidos”, de “Occidente”. Ha dicho también que Pedro Sánchez se ha “enfrentado a un aliado” y que eso “perjudica los intereses de España”. Ha pedido que España “vuelva a estar del lado de la libertad”. Y ha hecho todo tipo de malabarismos para intentar defender dos posiciones imposibles. 

La primera fue apoyar la guerra de Trump y Netanyahu contra Irán. Es lo que hizo en las primeras semanas y basta repasar sus tuits, declaraciones y comunicados de entonces para comprobarlo. Y cuando vio que hasta sus propios votantes estaban en contra, empezó un nuevo giro: un “no a la guerra” en abstracto, donde al principal responsable de este enorme desastre ni siquiera se le nombra. 

En privado, Feijóo asegura compartir todas las críticas a Trump que sí se atreve a hacer hasta la FAES. Pero también dice no querer manifestarlas por “responsabilidad”. Es una curiosa excusa.

En público, hay que buscar con lupa las ocasiones en las que Feijóo menciona siquiera a Donald Trump por su nombre. En su cuenta de X no hay una sola desde que empezó esta guerra. En entrevistas, solo lo hace si le preguntan específicamente por el presidente estadounidense, y para ponerse de perfil. En su discurso en el Congreso de esta semana, solo lo nombró una vez. La frase literal fue esta:

“Lo que pasa en el mundo es algo más complejo que estar cerca o lejos de Trump. Ojalá fuese tan simple”.

¿Ojalá fuera tan simple? ¿Es que acaso cree el presidente del PP que hay alguna otra persona, algún otro motivo, que permita explicar la crisis económica mundial que se nos viene encima? ¿O es que esta guerra fue un infortunio meteorológico que nos cayó del cielo? 

¿Hay algún otro líder internacional en los últimos 80 años que haya puesto en riesgo de forma más grave el bienestar y la seguridad de todos los habitantes del planeta? ¿Algún otro asunto sobre el que cualquier líder político deba al menos explicarnos lo que piensa?

La posición de Feijóo con este tema no solo es estrambótica en España. También en Europa, donde el resto de los líderes conservadores ni fueron tan serviles en su defensa del ataque contra Irán ni han tardado tanto tiempo en oponerse a esta guerra ilegal. Hasta Giorgia Meloni ha sido más rápida que Feijóo en este viaje. Y ni siquiera así evitó su primera gran derrota, en el reciente referéndum italiano sobre su reforma de la Justicia.

El problema de Feijóo es siempre el mismo. Toda su política, también la internacional, se define por llevar la contraria al Gobierno, sea cual sea el asunto a debate. 

Se opuso a la excepción ibérica con el tope al gas –“timo ibérico”, lo llamaba– que permitió a los españoles pagar una de las facturas eléctricas más baratas de toda Europa durante la crisis de Ucrania. Fue el único partido de la oposición en toda la UE que cuestionó la gestión de los fondos europeos en su propio país, sembrando dudas sobre España. Votó en contra de la misma reforma de la ley del suelo que pedían sus propios ayuntamientos. Se opuso frontalmente a una reforma del sistema de financiación que beneficiaba especialmente a las autonomías donde su partido gobierna. Ordenó a sus presidentes autonómicos que rechazaran la quita de la deuda que les ofrecía Sánchez (como en el chiste: “que se joda el sargento, que no como”). Y esta misma semana se ha abstenido en el decreto con la rebaja de impuestos a los combustibles que él mismo pedía. 

Cualquier día Feijóo nos dirá que la Tierra es plana, si es que a Sánchez le da por insistir en que es redonda. Con suerte, lo mismo se abstiene: “Ni redondismo ni terraplanismo”. 

Feijóo también olvida que no es él, sino “Santiago Obescal”, el elegido por Trump como virrey de Estados Unidos para España. O tal vez lo recuerda mucho, y está intentando postularse para el cargo.

Al mismo tiempo, su cobardía frente al matón de la Casa Blanca permite profetizar cuál será su política si llega a La Moncloa. ¿Qué piensa hacer Feijóo con la subida del gasto militar del 2% al 5% del PIB que exige esa persona naranja de la que nunca nos habla? ¿De dónde piensa sacar el dinero, o la valentía para negarse?

P.D. El próximo sábado no te escribiré. Me tomo unos días de descanso con mi familia. Nos vemos a la vuelta.

Ante cada crisis del petróleo, España repite la misma fórmula: descuentos al combustible que no tenemos, pagados con dinero público que no nos sobra. Es una receta populista, ineficaz y regresiva. Una idea equivocada, que lleva saliendo mal desde hace medio siglo. 

El primero que apostó por ella fue Franco, en 1973, tras la primera gran crisis del petróleo. La Guerra del Yom Kippur –apenas 19 días– llevó a un embargo de los países árabes exportadores contra EEUU y sus aliados, por su apoyo a Israel en ese conflicto. El precio del crudo subió un 70% en un solo día; acabaría multiplicándose por cuatro. La respuesta de la dictadura fue intentar que los españoles no se enteraran de la crisis. Evitar medidas impopulares en un momento en que el régimen agonizaba. Mientras el precio de la gasolina se disparaba en todo el mundo, en España solo subió un 20%. El resto lo ponía el Estado.

Aquella política fue desastrosa. Los ingresos del Estado por el monopolio del petróleo pasaron de 26.355 millones de pesetas en 1973 a solo 234 millones en 1974. El descuento a la gasolina se comió el 4,7% del presupuesto público. Al no trasladar el precio del petróleo, España siguió como si nada hasta finales de 1975. No se redujo el consumo. El golpe llegó después, mucho más duro. El crecimiento del PIB pasó del 7,8% en 1973 al 0,5% en 1975. La inflación alcanzó el 28% en 1977. Los Pactos de la Moncloa estabilizaron la situación, pero sin abordar la dependencia energética. Cuando llegó la segunda crisis del petróleo, en 1979, España seguía sin los deberes hechos. La economía se atascó durante casi una década.

Por fortuna, ya no estamos en esa época. En este siglo XXI, España ha transformado su modelo energético, algo que está siendo clave en el crecimiento de nuestra economía. Hoy España produce electricidad más barata gracias a las renovables, que suman casi el 60% de la producción. “El sábado pasado, el precio del megavatio hora en España fue de 14 euros, frente a más de 100 en Italia, Alemania o Francia”, presumió Pedro Sánchez en su rueda de prensa de este viernes. 

“España está mejor preparado que casi ningún otro país de nuestro entorno para este shock energético”, dijo también el presidente. Es una verdad a medias.

En producción eléctrica renovable hemos hecho los deberes. España saca muy buena nota. No así en el transporte: ahí el suspenso es absoluto. 

España ocupa en torno al puesto 20 en la UE en penetración del coche eléctrico. Solo hay siete países peor. En ventas nuevas, sumando híbridos enchufables, España apenas alcanza el 20%, frente al 30% de Alemania, el 35% de Países Bajos, el 38% de Portugal o el 50% de Dinamarca. Si miramos el parque total, el porcentaje es ridículo: apenas el 1,5% tiene etiqueta cero. La inmensa mayoría de los coches en España dependen del petróleo.

Quien cree que es un problema de renta se equivoca. ¿Por qué Portugal sí está logrando el despegue del coche eléctrico y no España?

Se entiende todo mejor con este gráfico. Ojo: son datos previos a la bajada al 10% del IVA para los combustibles que acaba de anunciar el Gobierno.

Somos uno de los países de la UE con impuestos más bajos a los combustibles. En gasolina, solo Bulgaria tiene una carga fiscal menor. En diésel, solo nos gana Estonia. En precio final, es difícil encontrar gasolineras más baratas que las españolas entre los países de nuestro entorno. Por eso las colas, en la frontera, siempre están de nuestro lado.

Al mismo tiempo, antes de impuestos, el precio de la gasolina en España es de los más altos de Europa. Algo que solo se puede explicar por los márgenes del refino y de las distribuidoras: no por la carga fiscal que soportan los combustibles ni por el precio mundial del crudo, que es similar para todos.

En parte es herencia de las políticas franquistas, que la democracia nunca corrigió por el mismo motivo: es impopular. El resto de Europa lleva décadas gravando fuertemente el combustible para reducir su consumo y la dependencia del petróleo. 

En toda Europa hay campañas públicas para animar a los conductores a revisar la presión de sus ruedas: el consumo aumenta hasta un 10% si están poco infladas. Cobran peajes en las vías de alta velocidad y es por lo mismo: para desincentivar el coche privado y no subvencionar el transporte de mercancías por carretera. En las grandes ciudades, apuestan por la bicicleta, o por restringir el coche en el centro. 

España, país sin petróleo, pero paraíso de la gasolina (para las petroleras, más que para los consumidores). Y también del diésel: la Comisión Europea lleva años exigiendo eliminar su ventaja fiscal, hasta el punto de que hay 1.000 millones de fondos europeos en juego.

Es una cantidad que probablemente haya que sumar a los 5.000 millones en descuentos fiscales que ayer anunció el Gobierno, su plan frente a la guerra de Irán. Se dice pronto esa cifra: 5.000 millones es el doble que la mayor convocatoria de becas de la historia.

Esta rebaja de impuestos será regresiva: la mayor parte irá a familias que no lo necesitan. Será ineficaz: engordará los beneficios de las petroleras. E irá en dirección contraria a lo que España necesita: depender menos del petróleo.

Ya lo vimos en la anterior legislatura, con el descuento de 20 céntimos por litro de combustible durante la crisis de Ucrania. Según los datos de la AIREF, costó 4.531 millones de euros. El 40% fue al tercio más rico; el más pobre solo recibió el 20%. Y unos 857 millones acabaron mejorando los beneficios de las petroleras, según este estudio. 

Aquella medida solo sirvió para frenar el IPC. Como España tiene impuestos más bajos sobre el combustible, también es donde más aumenta el precio cuando sube el petróleo. Un problema que no se resolverá mientras no se corrija esa fiscalidad.

El PSOE parece haber optado por un paquete de medidas que perfectamente podría haber firmado la derecha. Es casi lo mismo que pedía Feijóo: bajar unos impuestos que ya eran bajos. Parece que la prioridad –más que tomar las medidas adecuadas– era hacer algo que pudiera ganar la votación en el Congreso.

Es también decepcionante el papel de Sumar en esta negociación. Retrasaron su entrada en el Consejo de Ministros como modo de presión para incluir la moratoria para los pisos de alquiler. Es un gesto de cara a la galería: esa moratoria no va a prosperar –como saben todos en la coalición– porque no hay mayoría suficiente en el Congreso. PNV y Junts se oponen frontalmente.

El problema de fondo sigue siendo el de siempre, igual que en los años 70. Nadie quiere tomar una medida tan impopular como subir la gasolina o el diesel, o permitir que suban. 

La electricidad en España –el precio mayorista– es una de las más baratas de Europa. Hay horas, casi todas las semanas, donde la producción renovable es mayor que toda la demanda. Y aun así, aquí seguimos: apoyando fiscalmente una energía que no tenemos, en lugar de apostar por la que nos sobra.