Esta no ha sido una buena semana.

El lunes falleció el padre de nuestro compañero y amigo Juanlu Sánchez. El martes viajé a Sevilla para acompañarle en el duelo y darle un enorme abrazo. Regresé el miércoles a primera hora, en el AVE. El accidente de Toledo me pilló en el tren, que se quedó parado a la altura de Córdoba. Volví desde allí hacia Madrid en el último coche alquilado que quedaba en la ciudad, dando instrucciones a la redacción por teléfono al tiempo que tranquilizaba a los amigos y familiares que sabían que ese día viajaba. Es una frase terrible, por lo que presupone: “Estoy bien, no ha sido mi tren”.

Contar una tragedia mientras está ocurriendo es lo más duro de mi oficio. Durante las primeras horas, el estrés blinda tus emociones. Va subiendo el recuento de los muertos mientras tú intentas mantener el foco, conseguir la información, explicar a los lectores qué está pasando. Todavía no eres del todo consciente de las vidas que no vuelven. Esa losa cae de golpe al día siguiente, cuando repasas lo ocurrido como una persona más, sin pensar en cuál es el titular adecuado. Y es entonces cuando te derrumbas, como me pasó el 12 de marzo de 2004. Como siempre me pasa.

Esta semana también me ha tocado escribir sobre algo que preferiría no tener que contar: el intento de intimidación de Eduardo Inda tras publicar en elDiario.es –igual que hicieron muchos otros medios– que la empresa editora de la web que dirige había pagado 242.000 euros a la abogada de Koldo García. 

Las principales asociaciones de periodistas me han mostrado su apoyo. “Estos métodos de intimidación a periodistas y fuentes son intolerables y responden a intereses espurios”, aseguran la FAPE y la Asociación de la Prensa de Madrid, que representan a más de 17.000 periodistas. También han expresado su respaldo la asociación de editores CLABE y Reporteros Sin Fronteras (muchas gracias, compañeros).

Fue un episodio desagradable, claro. Pero en el fondo es una distracción para que nos olvidemos de lo más importante de esta historia. ¿Qué hace Okdiario pagando cerca de un cuarto de millón de euros de los gastos judiciales de un imputado por corrupción? ¿A cambio de qué?

Algunos datos para entender mejor esta historia.

La abogada Leticia de la Hoz defendió a Koldo García en su juicio en el Supremo. Ahora está imputada en la Audiencia Nacional por el juez Santiago Pedraz, en la investigación contra Leire Díez. La acusan de haber intentado sobornar a Carmen Pano, la empresaria que asegura que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en Ferraz, repartidos en dos entregas.

Carmen Pano tiene antecedentes por estafa, según la UCO. Y también era administradora de tres empresas que presuntamente blanquearon dos millones de euros dentro de la trama de los hidrocarburos. Es la madre de la exnovia de Víctor de Aldama; es muy cercana a este conseguidor condenado por corrupción. Entre 2020 y 2021, según la UCO, Carmen Pano sacó dinero en efectivo de las cuentas de esas empresas en más de 120 ocasiones, en el cajero automático y en la ventanilla del banco. En total, billete a billete, 2,25 millones de euros.

Con ese historial, cualquiera pensaría que Pano estaría entre los acusados del caso Gaslow, una de las piezas del fraude del IVA en los hidrocarburos de la que salía ese dinero. No es así. El juez Santiago Pedraz ha procesado a una quincena de personas y ha incluido a las tres sociedades de Pano como responsables civiles en caso de condena. Pero ella, sorprendentemente, se ha librado del banquillo. Como contó Javier Lillo en elDiario.es, la UCO la sitúa como la persona que sacaba el dinero del cajero poco después de que llegaran las transferencias de la trama. Sus empresas tendrán que responder judicialmente. Quien las administraba, no.

Al lado de Pano, hasta Víctor de Aldama es un aficionado en esto de salir bien parado de una investigación penal. Aldama no entró en prisión en el caso de las mascarillas, tampoco tuvo que devolver el dinero que logró con ese pelotazo, pero al menos sí fue juzgado y condenado. La mujer que acusa al PSOE sin más prueba que su palabra de haber pagado 90.000 euros ni siquiera se sentará en el banquillo por esta pieza del fraude de los hidrocarburos donde su papel aparece documentado en los informes de la UCO.

Muy normal no es. Pero volvamos a Leticia de la Hoz y Okdiario.

La abogada de Koldo García está también acusada de haber cobrado dinero del PSOE, dentro de esa misma investigación que protagoniza Leire Díez. Desde el primer momento, ella negó que el PSOE le hubiera pagado la defensa judicial de Koldo, como sospechaba la Fiscalía Anticorrupción, pero tampoco explicaba quién era el pagador. Llevaba varios meses argumentando que, sin un mandato judicial, no podía revelar quién había abonado sus honorarios. Le impedía hacerlo el secreto profesional. 

El miércoles 28 de octubre, esta misma semana, el juez Santiago Pedraz al fin ordenó a Leticia de la Hoz que aportara esos datos. Ella lo hizo al día siguiente, este jueves, cuando se conoció la noticia. No solo ha entregado a la Audiencia Nacional las facturas, sino también los comprobantes de las transferencias. Son dos pagos, 242.000 euros en total: 200.000 euros más IVA. El concepto de ambas facturas es muy claro: “Honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García”.

La primera factura, de 181.500 euros, se pagó desde la empresa editora de Okdiario, Dos Mil Palabras SL, al bufete de Leticia de la Hoz el 27 de noviembre de 2025. Exactamente el mismo día en que Eduardo Inda publicaba su entrevista con Koldo García. Exactamente el mismo día en que Koldo García entraba en prisión.

Antes de publicar esta información, como hacemos siempre en elDiario.es, intentamos recabar la versión sobre estos hechos de Eduardo Inda y de la empresa que edita Okdiario. No quisieron contestar. Al día siguiente, Okdiario publicó que ese dinero fue el pago para la “realización de un libro y una docuserie”.

Para demostrar esta afirmación, muestran algunos fragmentos de un contrato con Koldo García. Solo unos trozos. Pero fuentes cercanas a Koldo García aseguran que ese contrato que enseñan de forma parcial es un borrador que nunca se firmó, y que establecía pagos muy superiores a esos 242.000 euros. Eduardo Inda tampoco ha mostrado el contrato completo, que seguro resultará interesante. 

Hay otras preguntas sin respuesta. Si era un pago a Koldo García por una docuserie, ¿por qué se abonó el dinero al despacho de su abogada en vez de al propio Koldo? Y otra más: ¿dónde están ese libro y esa docuserie? Porque solo se ha visto la entrevista.

Pagar a un entrevistado, comprar un testimonio, es una práctica éticamente muy dudosa. En elDiario.es nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Nuestro Estatuto prohíbe pagar a las fuentes “para no fomentar la fabricación de información falsa y el mercadeo de datos obtenidos ilegalmente”. Es el mismo criterio deontológico que siguen otros medios de calidad en todo el mundo, como BBC, Reuters, France Presse o The New York Times. Pagar a una fuente crea un incentivo para la mentira. 

En algunos programas de televisión, especialmente los del famoseo y el corazón, esos reparos éticos no existen. Allí se paga habitualmente a algunos entrevistados porque dan audiencia, y la audiencia da ingresos. Pero ni siquiera en ese mundo, que mueve muchísimo más dinero que una web como Okdiario, se pagan 242.000 euros por una entrevista, según fuentes del sector. Es una cifra desproporcionada para cualquier medio. Para Okdiario, más aún.

Hay unas palabras del propio Koldo que cobran especial interés a la luz de estos pagos. Las pronunció en su última intervención en el juicio del Tribunal Supremo.

Koldo García: “A mí se me ha ofrecido que se me iba a quedar esto en nada si me metía con el Gobierno. Hay dos medios de comunicación que se reunieron conmigo, y lo que estoy diciendo lo puedo demostrar, para que mienta y engañe a todos los españoles”.

Las frases importantes son dos: “Para que mienta y engañe” contra el Gobierno. “Y lo que estoy diciendo lo puedo demostrar”. 

El juez Santiago Pedraz investiga si desde el PSOE se financió una trama para interferir en causas judiciales que afectaban al partido y al Gobierno. Y en esa misma investigación se acaba de encontrar de forma inesperada con un pago que merece ser esclarecido: 242.000 euros de la empresa editora de Okdiario para la defensa de Koldo García. Cabe preguntarse si esa importante suma de dinero tiene algo que ver con lo que Koldo denunció ante el Supremo: que alguien buscaba interferir en esa causa judicial. ¿Tirará Pedraz de ese hilo? ¿O esta cuestión quedará también en nada, como con Carmen Pano?

P.D. Una última recomendación: el próximo miércoles empezamos un nuevo boletín con las claves de la campaña electoral. Durará hasta el 29N. Lo hace nuestro compañero Iñigo Aduriz y seguro que te gustará. Puedes apuntarte desde aquí. 

Este miércoles, en la SER, Aimar Bretos me pidió el titular del día. Mi respuesta fue esta: “PP y Vox confirman su coalición con el primer objetivo de incumplir la Constitución para controlar la Justicia”.

“Luego lo desarrollo”, prometí en la radio. Pero la tertulia acabó por otros derroteros y me quedé sin tiempo. Así que lo explico hoy.

PP y Vox confirman su coalición, porque eso es lo que ha ocurrido esta semana. Su anuncio de un pacto para las candidaturas al Senado es la enésima prueba de que forman un bloque. Los electores del PP votan también por Abascal como vicepresidente. Y lo mismo ocurre al revés.

Incumplir la Constitución, porque ese es el primer objetivo de este acuerdo. Lo dejó entrever Feijóo en una entrevista en Onda Cero, donde aseguró que busca “una mayoría de tres quintos”. ¿Y por qué tres quintos? Porque esa es la mayoría reforzada necesaria para nombrar a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que están pendientes de renovación.

Hace ya diez meses que estos cuatro magistrados deberían haber sido nombrados, como ordena la Constitución. Pero el PP ha bloqueado la renovación porque espera que las próximas elecciones le permitan alcanzar, con Vox, esa mayoría de tres quintos en el Senado. Así podrían elegir a los cuatro magistrados sin pactar con el PSOE. Una mayoría que hasta ahora no ha conseguido ningún partido, pero que el PP sueña con lograr.

Antes las excusas habían sido otras, siempre peregrinas: que no se puede pactar nada con Sánchez, que las comunidades autónomas donde gobierna el PP van con retraso y hasta la festividad de la Virgen de la Bien Aparecida de Cantabria. Pero Feijóo ha dejado al descubierto el verdadero cálculo político: retrasar la renovación hasta después de las elecciones, por si entonces puede nombrar a los cuatro magistrados solo con los votos del PP y Vox.

Es un fraude antidemocrático. Porque la renovación tocaba ahora, con el Senado actual, no con el que sueña Feijóo. La Constitución establece plazos para renovar estos órganos, que no pueden quedar al arbitrio de cuándo le conviene a cada partido.

Este bloqueo del PP a la renovación de un órgano constitucional es la norma, no la excepción. Lo hizo Aznar, lo hizo Rajoy, lo hizo Casado y ahora lo hace Feijóo. Todos ellos incumplieron la Constitución.

¿Y para qué sirven estos bloqueos? Para controlar la Justicia. Es lo que históricamente han conseguido con el Consejo General del Poder Judicial. Y es lo que ahora quieren repetir con el Tribunal Constitucional.

No hay hoy una sola sala en el Tribunal Supremo donde la derecha no tenga una mayoría abrumadora. Y no me refiero solo a la orientación ideológica de sus magistrados –que también–, sino a cómo llegaron allí: la gran mayoría fueron elegidos por los vocales del CGPJ nombrados por el PP.

Los jueces del Tribunal Supremo no caen del cielo. Tampoco llegan allí por oposición. Los nombra el Consejo General del Poder Judicial, donde las mayorías políticas deciden de forma discrecional, sin un verdadero concurso de méritos. 

Los sucesivos bloqueos del PP a la renovación del CGPJ han permitido prolongar durante años las mayorías conservadoras en ese órgano. Buena parte de los actuales magistrados del Supremo fueron nombrados por un Consejo sin legitimidad democrática, con el mandato caducado.

Es como si un alcalde perdiera las elecciones, se atrincherase en su despacho y siguiera colocando a los suyos. Con dos agravantes: nadie ha pagado consecuencia alguna por estos bloqueos antidemocráticos y además los nombramientos siguen ahí. Los magistrados elegidos por un Consejo con el mandato caducado continuarán firmando sentencias en el Supremo hasta su jubilación. 

En las últimas tres décadas, la izquierda ha gobernado España durante 16 años y la derecha durante 14. Pero, en ese mismo periodo, el Consejo General del Poder Judicial ha tenido una mayoría conservadora durante más de 22 años. Y un presidente conservador durante casi 28 años. 

Y no es solo una cuestión de bloqueos. También de cómo ha actuado cada partido cuando ha tenido la mayoría parlamentaria.

Durante los gobiernos progresistas, el PSOE ha aceptado el consenso. Zapatero, por ejemplo, pactó el nombramiento de un presidente conservador para el CGPJ: Carlos Dívar. Justo lo contrario que el PP, que cuando ha tenido mayoría parlamentaria ha recurrido al rodillo. Rajoy cambió la ley para que el Consejo pudiera aprobar los nombramientos del Tribunal Supremo por mayoría simple, sin necesidad de pactos amplios. Así, los vocales conservadores de los años de Carlos Lesmes podían decidir esos nombramientos sin contar con los progresistas.

Ni siquiera en el actual consejo, renovado en 2024, la izquierda manda gran cosa. La división del bloque progresista está permitiendo a la derecha seguir controlando la mayoría de los nombramientos. El vocal Carlos Hugo Preciado, propuesto por Sumar, va por libre; igual que la presidenta supuestamente progresista, Isabel Perelló. La derecha controla las comisiones importantes del consejo.

Lo resumió muy bien Argelia Queralt, actual vocal del CGPJ, del sector progresista: “Los conservadores son una banda militar, nosotros una banda de jazz con tendencia a los solos y a la improvisación”.

Y luego pasa lo que pasa. La injerencia del Tribunal Supremo en estas elecciones, donde decenas de miles de españoles, los nietos de los exiliados, no podrán votar. O la injusta condena al fiscal general. O que una ley aprobada por el Parlamento sea boicoteada por la Justicia, como ocurrió con la amnistía. 

Ahora van a por el Tribunal Constitucional, la única colina de la Justicia que hoy no es suya. La derecha perdió la mayoría del Tribunal Constitucional en 2023. Por la forma en que se renueva este órgano, lo razonable es que la actual mayoría progresista perdure al menos hasta 2032. Es algo que no pueden soportar.

No es una rareza: es cómo ha funcionado el Tribunal Constitucional desde que nació. Tiene doce magistrados, nombrados por nueve años y renovados por tercios cada tres. Diez necesitan una mayoría de tres quintos para ser elegidos, lo que históricamente ha favorecido un reparto a partes iguales entre conservadores y progresistas. Los otros dos los elige el Gobierno sin necesidad de acordarlos con la oposición. Son esos dos los que suelen inclinar la mayoría.

Así ocurrió de forma pacífica en 2013, cuando el PP de Mariano Rajoy logró esa mayoría por nueve años. Pero lo que rige cuando beneficia a la derecha se convierte en intolerable cuando favorece a la izquierda. Desde que el PP perdió la mayoría en el Constitucional –porque antes la había perdido en las urnas– la derecha ha cuestionado la legitimidad de esta institución. Lo acusan de ser un tribunal al servicio del Gobierno. 

Que la mayoría de sus magistrados la eligiera la izquierda o la derecha claro que importa: marca su orientación. Por eso es tan grave manipular los nombramientos. 

Pero la orientación no es obediencia. El Estatut catalán, impulsado por el PSC y aprobado por el PSOE, quedó irreconocible tras pasar por un Constitucional presidido por una progresista, María Emilia Casas, que además fue ponente de la sentencia. La amnistía fiscal de Rajoy la anuló por unanimidad un Constitucional de mayoría conservadora. Y esta misma semana, el actual Constitucional, de mayoría progresista, ha inadmitido por diez votos a dos el amparo del Defensor del Pueblo contra el veto del Supremo al voto de los nietos del exilio.

La legitimidad de un magistrado no depende de cómo vota. Pero sí importa cómo llegó allí. La justicia emana del pueblo, dice la Constitución. Por eso los puestos clave del poder judicial se nombran directa o indirectamente desde las mayorías parlamentarias, respetando los plazos y las reglas establecidos.

Los mismos que se han saltado esas reglas para controlar el CGPJ –y de ese modo el Supremo– ahora cuestionan la legitimidad de los magistrados del Constitucional, que sí fueron nombrados sin trampa alguna.

Y así llegamos a bochornos como el vivido esta semana, con la respuesta que le ha dado la Sala de lo Penal del Supremo, con Manuel Marchena como ponente, al Tribunal Constitucional.

Dice el Supremo que la sentencia del Constitucional a favor de la amnistía es una “injerencia” en sus funciones. También le reprocha su “grandilocuencia” y sus “sobrantes epítetos”.

Es un desafío inédito en el mundo judicial. Todos los jueces españoles están sometidos a la revisión de otros tribunales. Los de primera instancia, por las audiencias provinciales. Y estas, por el Tribunal Supremo. 

Pero el Supremo tampoco tiene la última palabra. No desde que se aprobó la Constitución y España se sometió a los tribunales europeos. Por encima del Supremo, en materia de derechos fundamentales, está el Tribunal Constitucional. Y por encima de ambos, la Justicia europea. Si a alguien no le gusta una sentencia del Constitucional, puede acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Es común que el Supremo corrija o incluso desprecie argumentos de otros jueces sometidos a su decisión. Es lo que hizo Manuel Marchena con la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el cerco al Parlament catalán, que después revocó la Justicia europea en una sentencia para enmarcar. Lo que no se ha visto nunca es que un tribunal al que le dicen que lo ha hecho mal se revuelva de esta manera contra su superior.

Y no, no es cierto que el Constitucional esté rompiendo la separación de poderes al cuestionar una decisión del Supremo. En este caso concreto, quien se saltó la separación de poderes fue el Supremo, al inventarse una interpretación peregrina sobre la malversación sin lucro para boicotear una ley aprobada por el Parlamento. 

Incumplir la Constitución para controlar la Justicia no es siquiera el único objetivo antidemocrático con el que amenaza la coalición PP-Vox. En el programa de la ultraderecha también está la ilegalización de los partidos independentistas, la prioridad nacional, la eliminación del derecho a voto de los españoles nietos del exilio y la censura ideológica en la cultura, entre otros ejemplos de medidas completamente inconstitucionales. 

Para estos “constitucionalistas”, la carta magna se resume en la monarquía y la unidad de España. Lo demás les da igual.

P.D. Imagino que lo sabrás ya: el Gobierno de Israel ha vetado a nuestra periodista Francesca Cicardi, que este miércoles iba a viajar a Tel Aviv. Tenía el visado en regla, tenía la acreditación oficial para cubrir las elecciones generales en este país. Pero menos de 24 horas antes de volar, la embajada israelí nos comunicó que su visado había sido revocado. 

No lo dicen abiertamente, pero no se nos escapa la razón: al Gobierno de Netanyahu no le gusta la información que hacemos en elDiario.es. Su veto es una represalia por informar sobre el genocidio en Gaza. Pero también es una medalla: una señal de que hacemos las cosas bien.

Te imagino al tanto de las últimas noticias. No habrá acuerdo entre el Frente Amplio y Podemos. Sí hay pacto entre el PSOE y el Frente Amplio para el Senado. 

Entre el Frente Amplio y las confluencias de Canarias y la Comunitat Valenciana suman 15 partidos distintos. El decimosexto se ha quedado fuera. Ha sido más fácil para todos ellos pactar con el PSOE que con Podemos.

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“Yo planteé un proyecto y ese proyecto ha fracasado”, dijo el viernes Gabriel Rufián. “He fracasado”, insistió. También pidió “disculpas a la ciudadanía por el espectáculo dantesco” y confesó: “Me he planteado irme”. No lo hará, aclaró, porque “sería decepcionar a mucha más gente”. Dice que se queda “por responsabilidad”.

Es un fracaso muy peculiar. Porque todo lo ocurrido, al mismo tiempo, supone un éxito para el propio Rufián. Por tres motivos.

Primero, porque ha reforzado su posición dentro de ERC. Rufián tenía muy mala relación personal con la mitad de los diputados de Esquerra en el Congreso, con quienes apenas se hablaba. La posibilidad de liderar a la izquierda –que aumentó su tirón electoral– le ha dado más fuerza para negociar con Oriol Junqueras un equipo más afín. El resultado: en la nueva lista de ERC al Congreso no repetirán Francesc-Marc Álvaro, Pilar Vallugera ni Jordi Salvador, tres de los diputados con los que peor relación tenía.

Segundo, porque Rufián se lleva los votos de Podemos en Catalunya. No eran muchos, pero tampoco irrelevantes: en las últimas europeas, la candidatura de Irene Montero obtuvo 94.000 votos en la provincia de Barcelona. Una cifra que puede inclinar la competición entre ERC y el Frente Amplio en estas generales. En las anteriores, Sumar –con Podemos dentro– superó a ERC en Barcelona por 77.000 votos.

Tercero, porque este desenlace deja muy tocados a los Comuns, uno de los principales competidores de ERC. 

Rufián planteaba que la izquierda española y la izquierda soberanista debían confluir en el partido más votado de cada circunscripción. Pero su propuesta encerraba una evidente contradicción: en Barcelona, la fuerza más votada a la izquierda del PSOE en 2023 fue Sumar, no ERC. Pese a ello, encontró más respaldo y generosidad entre dirigentes de los Comuns –como Ada Colau y Gerardo Pisarello– que en la dirección de ERC, que siempre se cerró en banda a este acuerdo. Junqueras solo aceptaba la fórmula con la que finalmente ha transigido Podemos: incorporar a la lista electoral a alguna persona como independiente, con un perfil lo menos conocido posible y en un puesto sin el escaño asegurado. Podemos se lleva el sexto por Barcelona, donde ERC tiene ahora cuatro diputados. Para Esquerra es un regalo. Para Rufián también.

Así que no, Rufián no ha fracasado en estos tres frentes: el interno, el electoral y el de la competencia. En los tres sale ganando. El final del culebrón le ha dejado buenas cartas, aunque tampoco creo que esta carambola fuera su plan. Estoy seguro de que habría preferido otro final. No miente cuando dice que lo vive como un fracaso.

Honestamente, creo que Gabriel Rufián sí quería unir a la izquierda. Habría preferido una lista conjunta en Catalunya, como las que sí se han logrado en la Comunitat Valenciana o en Canarias sin tantos reproches ni alharacas. No dudo de que su intención fuera buena. Pero las buenas intenciones no siempre bastan.

En su ya larga carrera política, Rufián ha demostrado dos cosas: un olfato privilegiado para la táctica, una enorme ceguera estratégica. Es el mejor en las redes sociales, quien primero entendió el lenguaje de los jóvenes, el de los zascas y los memes. Sabe captar la atención y leer la pulsión de su gente. Al mismo tiempo, esa habilidad insuperable para subirse a las olas y acertar con los tuits más afilados, en ocasiones, le conduce al desastre. Es lo que pasó con sus famosas “155 monedas de plata”, que cambiaron para siempre –y para mal– la historia de Catalunya y de España.

El mejor en la táctica, el peor en la estrategia. Como demostró con su oposición a la reforma laboral porque no le interesaba que Yolanda Díaz tuviera esa victoria –¡menos mal que Alberto Casero salvó a dos millones de trabajadores en precario que hoy tienen contratos indefinidos!–. O como ha vuelto a demostrar esta semana, con ese pacto entre ERC y Podemos que ha acabado siendo determinante en la ruptura definitiva de la izquierda. 

No hubo maldad, sí algo de narcisismo. Rufián sobreestimó su poder, su capacidad de arrastre. Pensó que su tirón electoral era tan grande que podría mover el centro de gravedad de todos los partidos, incluido el suyo. El preferido de todas las encuestas estaba plenamente convencido de que esa firma entre ERC y Podemos forzaría al resto a entenderse. Rufián pensaba –así se lo transmitió a otros líderes de la izquierda– que ese pacto sería solo el primero, el que provocaría el acuerdo mayor y definitivo.

Hoy es evidente que estaba equivocado. 

Dos no pactan si uno no quiere. Y Podemos no ha querido. El pacto con Rufián remaba, pero en la dirección equivocada: era un incentivo para que no se llegara a un acuerdo, como finalmente pasó. 

Alargaría mucho esta carta explicar todos los motivos por los que Podemos no quería pactar, y tampoco creo que toda la culpa sea de este partido: vetar a Irene Montero en las listas de 2023 dejó una herida muy profunda. Podemos mira a todo ese espacio, salvo IU, como una escisión. Son sus antiguos cuadros, y entre unos y otros se acumula una cuenta de agravios, personales y políticos, imposible de saldar. Al mismo tiempo, Podemos no asume que ya no tiene la fuerza que tuvo. Tampoco habría sido muy coherente llamar “cómplices del genocidio” en Gaza a tus antiguos compañeros de coalición, como hizo Ione Belarra, y después acordar con ellos unas listas conjuntas.

Las primarias, obviamente, siempre fueron una excusa: ¿qué primarias se han celebrado con Rufián? ¿O en Canarias? ¿O en la Comunitat Valenciana? El viernes por la mañana, la coordinadora de Podem en Catalunya se lamentaba de enterarse por la prensa de quién iría de su partido en la lista de ERC cuando ni siquiera se conocía el resultado de las primarias en su autonomía. 

Dos no pactan si uno no quiere. Y la dirección de Podemos no ha querido, a pesar de las numerosas ofertas que ha recibido. La última de todas ellas, pública y a la desesperada, les garantizaba puestos de salida en Madrid y Barcelona, además de una portavocía. En la práctica era el número dos de Madrid para Irene Montero, como también desveló Emilio Delgado. Pese a ello, Podemos nunca quiso pactar con el Frente Amplio ni en Madrid ni en Catalunya. Y eso que allí le ofrecían un puesto más seguro que el que le dará ERC.

Solo habrá confluencia en Canarias y en la Comunitat Valenciana. En Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha y Cantabria las negociaciones regionales estaban bastante avanzadas, y en el resto de autonomías, salvo Madrid y Catalunya, el acuerdo habría sido posible. El principal escollo, el que llevó a Izquierda Unida a levantarse de la mesa, fue que Podemos quería una coalición solo con IU: en el reparto de recursos y en las listas. Fuera todo lo que oliera a Sumar o al antiguo Más País. Y, por supuesto, ni rastro de las palabras “Frente Amplio” en ninguna papeleta. Izquierda Unida se negó, aunque en algunos territorios, especialmente en Andalucía, le saldrá muy caro.

No es verdad, como argumenta Podemos, que en las provincias más grandes no pase nada por ir separados. La división tiene un coste político: los mensajes cruzan las fronteras provinciales y resulta difícil explicar por qué atacas en Madrid a quienes son tus aliados en Valencia. Y también puede tener un coste directo en escaños. En 2023, Sumar consiguió en Madrid 550.000 votos y seis diputados. El último entró por apenas 9.000 votos. Con esos mismos 550.000 votantes, en dos listas, lo más probable es que solo sumen cinco escaños. 

Pero si la división es mala en Madrid, ni te cuento en las Castillas, en Aragón, en Extremadura… El único consuelo está en la sabiduría de los votantes, que históricamente se han coordinado incluso mejor que los partidos a la hora de no tirar sus votos a la basura. 

“Yo planteé un proyecto y ese proyecto ha fracasado”, dijo Rufián. Irene Montero no dirá nada parecido. Porque Podemos también tenía un proyecto: ir solos, aunque solo compitieran por Madrid, para así garantizar la autonomía y la continuidad de su partido. Al menos la primera parte ya la ha conseguido.

La plaza de la Villa de París es uno de esos lugares donde se anudan los hilos del poder en España. Allí está el Tribunal Supremo y también la Audiencia Nacional, pero no solo. Mires hacia donde mires desde los jardines de esa plaza madrileña, todos los puntos cardinales te explican una parte importante de nuestra historia. 

Empezando por el centro de la plaza y el desahucio con el que nació.

Allí antes había un convento de monjas de clausura, el de las Salesas. Tras la revolución de 1868, el Gobierno del general Prim decidió incautarlo. El argumento fue económico: la Justicia necesitaba un edificio digno y el Estado no tenía cómo pagarlo. Las monjas resistieron durante más de un año, pero en octubre de 1870 las desalojaron, con un juez y un notario, y el convento pasó a ser el Palacio de Justicia. Donde estaban los huertos y jardines de ese convento nació la plaza de la Villa de París. ¿Y las monjas desahuciadas? El decreto, de 1870, aclara que fueron trasladadas “a otro local dentro de Madrid”, “con comodidad más que bastante”. No se quedaron en la calle.

Las monjas recurrieron a la Justicia. El pleito duró 37 años. En 1907, el Supremo sentenció que no era competente para corregir una decisión política de un Gobierno… y se quedó con el edificio.  

Al norte de la plaza está la Audiencia Nacional. Y justo frente a la puerta, por donde salen y entran todos sus jueces y fiscales, hay una placa en homenaje a José Antonio Primo de Rivera, en la casa donde nació. La puso allí la dictadura, en 1951, con su yugo y con sus flechas. Sigue intacta, 75 años después: es el lugar donde aún hoy se manifiesta la Falange. 

Al sur está el Tribunal Supremo, en el Palacio de las Salesas, antes convento. Durante la dictadura, compartió este edificio con el Tribunal de Orden Público: el juzgado de la represión política del franquismo. El TOP fue disuelto al llegar la democracia para renacer el mismo día como la Audiencia Nacional, con distintas funciones pero algunos de los mismos jueces. Poco después, se instaló en su actual sede al otro lado de la plaza. Literalmente, cambió de acera. 

Al este estaba Bocaccio, la versión madrileña de la mítica discoteca de la ‘Gauche Divine’ barcelonesa. Abrió en la capital en 1971 y también se convirtió en el local de moda, el lugar más libre de la dictadura. Cuenta Rappel –el vidente– que solía coincidir de fiesta en esa discoteca con la hermana del dictador, Pilar Franco. Y que en Bocaccio se mezclaban esas élites privilegiadas del franquismo con el ambiente gay, que solo en lugares así se toleraba. “Con Franco hacíamos de todo… con discreción”, recuerda Rappel. No todos tenían tanta suerte o tan buenos contactos. A escasos metros de Bocaccio, en esos mismos años, el Tribunal Supremo siguió firmando condenas por “escándalo público” contra los homosexuales.

¿Y al oeste? Hay un ático tan grande, tan lujoso, que a su lado el de Ayuso parece un piso de estudiantes. Se vendió en 2021 y ese año rompió todos los récords inmobiliarios. Mide 1.200 metros cuadrados, según publicó El Confidencial: pagaron por esa casa 25 millones de euros, más de 20.000 euros por metro cuadrado. 

Fue una plusmarca que no duró mucho. En 2023, otro ático en Barcelona alcanzó los 40 millones de euros. Y hace apenas un año, la familia Franco puso a la venta otro ático de lujo en Madrid por 18 millones: más barato en cifras absolutas –‘solo’ tiene 500 metros cuadrados–, pero a 36.000 euros por metro, mucho más caro que el de la Villa de París. Pertenecía a un edificio que dejó en herencia Carmen Franco, la única hija de ese dictador tan austero, tan patriota y tan honrado que convirtió a todos sus descendientes en millonarios. 

Pero volvamos a la Villa de París. El ático de los 25 millones formaba parte de una promoción de superlujo, en un sitio donde no hace falta instalar una alarma. No hay lugar más vigilado en todo el centro de Madrid que la plaza de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. 

El edificio era propiedad de la familia Espinosa de los Monteros. Entre otros, de Jorge y de Paz, hijos del marqués de Valtierra, Francisco Javier Espinosa de los Monteros. Son también los tíos de Iván Espinosa de los Monteros, el exportavoz de Vox.

En 2015, los Espinosa de los Monteros decidieron vender ese edificio para reformarlo como pisos de lujo, que suelen ser los más rentables. Encargaron la venta a su sobrino Iván, que ya entonces era uno de los fundadores de Vox. El 14 de diciembre de 2015, firmaron con él un contrato de comisión: le prometieron el 1,5% del precio que consiguiera.

A principios de 2016, Iván Espinosa de los Monteros encontró a los compradores: la sociedad Mabel Capital, dirigida por Manuel Campos. Entre sus accionistas están Abel Matutes Prats, hijo del exministro de Aznar, y el tenista Rafa Nadal. Mabel pactó pagar otra comisión del 1% a Iván Espinosa de los Monteros cuando se cerrase la operación.

El 13 de abril de 2016 firmaron el contrato para la futura venta: 25 millones de euros por todo el edificio. Solo había un problema en este enorme negocio: los inquilinos. 

Es una constante en el mercado inmobiliario. Los pisos viejos valen más si controlas el edificio al completo. De esa forma es más sencillo reformar todos de golpe para después venderlos muchísimo más caros. Por eso no interesa que dentro haya “bicho”, como llaman a los inquilinos. 

Tras pactar la venta, la familia Espinosa de los Monteros presionó a los inquilinos del edificio frente a la plaza de la Villa de París para que se fueran, según publicó el periodista Pedro Jiménez en la Cadena SER. Para esa operación, crearon un chat de WhatsApp donde coordinaron toda la operativa del “desalojo”, como ellos mismos lo llamaban.

En los mensajes de ese chat que desveló la SER se ve bien cómo lo hicieron. A algunos inquilinos los convencieron con dinero: “Acabo de llegar a un acuerdo con F.M. en 150.000”, “cerrado J. en 18.000”. Pero había otro elemento de presión: unas obras con cortes de luz y de agua durante casi todo el día. “Dejaron mi vivienda como un queso gruyère”, relató una de las vecinas. “Cuando volví del verano me encontré el piso absolutamente destrozado para que no pudiera vivir. No había ascensor, no había luz hasta las ocho de la noche... Era espantoso”.

El caso más extremo fue el de una mujer de 95 años, que vivía allí con otra anciana. Según la SER, su sobrina escribió el 19 de agosto de 2016 un mensaje a los dueños del edificio: “Me parece gravísimo tener a dos personas mayores –una de 95 años de salud delicada e imposibilitada para salir del edificio puesto que habéis clausurado el ascensor– casi 24 horas sin agua”.

¿La respuesta de Jorge Espinosa de los Monteros? “Seguimos sorprendidos de que mantengas a tu tía viviendo dentro de una obra, me parece inhumano que no quieras llegar a una solución. No me entra en la cabeza pero las obras no se pueden parar”.

Aquella anciana falleció solo cuatro días más tarde. Su sobrina presentó una querella en los tribunales. Denunció que su tía había sufrido “una grave situación de angustia provocada por el permanente hostigamiento al que se vio sometida”. La Justicia archivó esa querella.

El 6 de junio de 2017, ya sin inquilinos, se cerró del todo la operación y firmaron la escritura. Los vendedores cobraron entonces los 25 millones prometidos.

Para la empresa Mabel Capital, de Abel Matutes Prats y Rafa Nadal, la operación salió redonda. Solo con la venta del ático recuperaron lo que pagaron por todo el edificio. 

Entre los propietarios de una vivienda en esa promoción de lujo está Marta Ortega, presidenta de Inditex. Otro piso lo compró Rafa Nadal por cuatro millones de euros. Es el residencial más exclusivo de todo Madrid, como presume Mabel Capital en un vídeo de su web donde se pueden ver imágenes del edificio: la piscina interior, el gimnasio, el patio con jardín vertical o los enormes salones en doble altura del ático de los 25 millones.

Iván Espinosa de los Monteros se llevó 625.000 euros de comisión en aquella operación inmobiliaria de su familia. Un 1,5% de los vendedores. Otro 1% de los compradores. En total, el 2,5% de los 25 millones de euros. 

Para ahorrarse impuestos con aquella comisión, Iván Espinosa de los Monteros hizo dos cosas, según la Agencia Tributaria, que investigó la operación y acabó sancionándolo.

La primera: facturar a través de dos sociedades sin empleados, aunque el trabajo era solo suyo. Es un tipo de trampa muy habitual: el Impuesto sobre Sociedades es más bajo que el IRPF.

La segunda jugarreta fue aún más chusca: una de esas empresas usó una “factura falsa” de 169.400 euros de la empresa de su mujer, Rocío Monasterio. En 2022, el Tribunal Económico-Administrativo confirmó la sanción de Hacienda a Iván Espinosa de los Monteros, que recurrió la decisión.

Es el mismo Iván Espinosa de los Monteros que insultaba a Maricarmen llamándola “jeta” días antes de que muriera. “Yo que vivo en Madrid con mis impuestos le voy a pagar el piso delante de El Retiro a Maricarmen. Es flipante”, aseguró también.

Que alguien con este historial con Hacienda nos dé lecciones sobre cómo se gastan los impuestos es más flipante todavía.

A las monjas de las Salesas las echaron del convento “con comodidad más que bastante”. Siglo y medio después, las ancianas ya no tienen tanta suerte.

P.D. Me manda esta bellísima foto su autor, Diego Cobo, socio de elDiario.es. Maricarmen, rodeada de vecinas y del Sindicato de Inquilinas, que la acompañaron hasta el final. 

Muchos la insultaron. Mucha más gente la abrazó, como en esta foto. 

Ojalá su muerte no sea en vano.

La crisis de la vivienda no se iba a resolver con dos decretos. Pero millones de inquilinos podían ganar algo que hoy les falta: la tranquilidad de saber que seguirán en sus casas. El Gobierno había dejado por el camino algunas de las medidas más ambiciosas para buscar un acuerdo. Lo que entró en el Congreso no era perfecto, pero suponía un avance importante. Lo que salió fue otro portazo.

En esta legislatura nunca hubo una mayoría progresista en el Parlamento. Pero no hace falta ser de izquierdas para necesitar una casa, ni para indignarse cuando desahucian a una anciana de 87 años. No hace falta siquiera ser inquilino precario para revolverse ante una injusticia flagrante. Se puede ser también casero –hay muchos que no abusan– y defender que este modelo no se sostiene. Hay un nuevo sentido común, que está despertando con las acampadas y las protestas ciudadanas. Una mayoría cada día más amplia, que ya no acepta que un techo sea un lujo. 

Aparece en todas las encuestas: cada vez son más los españoles que piden regular el alquiler, topar precios en zonas tensionadas, gravar las casas vacías o priorizar la vivienda pública. Incluso entre los votantes de derechas. Otro dato, que hoy publicamos: un 73% de los españoles respaldarían una huelga general por la vivienda. Entre ellos, un 60% de los votantes de PP y Vox. 

Es ya la opinión mayoritaria: un bien de primera necesidad no puede ser un simple producto de mercado. Es el mismo principio por el que el agua que sale del grifo cuesta lo que vale producirla, no lo que estarías dispuesto a pagar si te murieras de sed. Y cuando hay sequía, los cortes de suministro son para todos: no solo para los pobres.

Así lo ha entendido el PNV, ese partido poco sospechoso de antisistema. También Coalición Canaria, otra formación conservadora. Así lo entendió Junts, al menos en los primeros días. Parece increíble conociendo el desenlace, pero el partido de Puigdemont fue de los primeros que se movieron en la derecha, tras el desahucio de Maricarmen, para pedir medidas urgentes contra los fondos buitre.

El martes, en un corrillo de periodistas en el patio del Congreso, Míriam Nogueras presumió de que las izquierdas se quejaran del “decreto Junts”, como ella misma lo llamaba: “Que estén enfadadas es un buen ejemplo de que hemos conseguido nuestras cosas”.

Míriam Nogueras decía la verdad: Junts había logrado más que nadie en esa negociación. Su partido validó cada punto del decreto, según explican fuentes del Gobierno. No solo son de Junts varias medidas concretas, como las bonificaciones fiscales para caseros o que el impago de los alquileres de personas vulnerables lo asumiera el Estado. El Gobierno también les trasladó cada paso que daba con otros partidos. Conocían de antemano cada detalle de la nueva regulación, y no pusieron pegas. Se comprometieron a aprobarla. 

La división en dos decretos también buscaba agradar a Junts (y al PNV). Así podían votar a favor de la mayoría de las medidas sin aceptar el alquiler indefinido, que las derechas rechazaban.

Todo iba bien hasta que empezaron las llamadas.

Dice Junts que su ‘no’ al decreto es porque se queda corto: porque no protege a los inquilinos vulnerables. Basta con repasar sus propuestas para comprobar que esto es falso. Todas van en la misma dirección: recortar el decreto que habían pactado a favor de los caseros, o incluso endurecer los desalojos de los “okupas” por la vía penal. En algunos asuntos, como el alquiler de temporada, Junts incluso se desdice de lo que defendía. En diciembre de 2025, fue este partido quien planteó en el Parlament catalán una regulación contra este fraude. Ya no lo piden. 

Desde el Gobierno aseguran que este cambio en la posición de Junts solo responde a una cosa: a la presión de la patronal, al interés de quienes ganarían menos si este decreto se hubiera aprobado. “Vivir en Waterloo tantos años no es barato, hay que pedir ayuda a muchos empresarios que después te exigen estas cosas”, dicen fuentes gubernamentales. La dureza de la crítica es una muestra de su cabreo. La historia completa es más compleja, como recoge Neus Tomàs en esta imprescindible crónica que hoy publicamos.

La frase con la que Sánchez ha cerrado el debate parlamentario ha sido bastante clara: “La historia les juzgará, antes de lo que creen y con más contundencia de la que se imaginan”.

“Antes de lo que creen”. Tal vez en menos de dos meses.

Como adelantó en exclusiva elDiario.es, Pedro Sánchez baraja adelantar las elecciones generales tras el no a los decretos de vivienda. La fecha más probable es el 29 de noviembre, el primer domingo que permiten los plazos. Decidirá este fin de semana y, si se lanza, el anuncio llegará en cuestión de días. En un sentido u otro, probablemente lo sabremos el lunes.

Solo Sánchez sabe si dará este paso. La convocatoria electoral anticipada es una decisión que corresponde constitucionalmente al presidente. Varios ministros del equipo más cercano a Pedro Sánchez son partidarios del adelanto. Otros dudan.

Los principales argumentos a favor de convocar son tres. El primero, la movilización: que este debate puede ayudar a sacar de la abstención a una parte del electorado de izquierdas. Si PP y Vox arrasan en las encuestas es precisamente por esa asimetría: todos los votantes de la derecha están deseando votar, mientras que buena parte de la izquierda está desencantada. El voto que movería la vivienda no necesariamente iría al PSOE. Pero es precisamente la izquierda a la izquierda del PSOE quien tiene a sus potenciales votantes más desmovilizados. 

El segundo es de oportunidad. Salvo que Trump invada las Islas Canarias, no aparece en el horizonte un tren mejor al que subirse. El plan inicial que barajaban en La Moncloa –convocar las elecciones para 2027 tras el fracaso de los Presupuestos– es tan ilusionante como una colonoscopia. No se entiende tampoco por qué se adelantarían en ese caso, y no las otras veces que no hubo Presupuestos en esta legislatura.

Hay un tercer argumento: ¿es posible agotar el mandato cuando el Gobierno no tiene mayorías para aprobar sus decretos ni siquiera ante un asunto tan urgente? ¿Con qué proyecto? ¿Con qué objetivo? 

En contra del adelanto electoral pesa la desorganización de los socios de Gobierno. Sumar –o el Frente Amplio– sigue sin aclarar quién será su candidata o candidato. Tampoco la fórmula, ni si habrá acuerdo con Podemos.

A lo largo de su carrera, Pedro Sánchez ha demostrado su habilidad táctica con los adelantos electorales. También su afición a correr riesgos muy altos. Acertó en abril de 2019, al convocar tras la foto de Colón del “trifachito” que dejó a la derecha en las raspas. Acertó en 2023, tras la debacle de la izquierda en las municipales y autonómicas. Pero también falló en septiembre de 2019, cuando forzó una repetición electoral por su resistencia inicial a pactar con Unidas Podemos. No todos los triples entran. 

Hoy la ventaja de la derecha y la extrema derecha en las encuestas parece demasiado amplia como para darle la vuelta al marcador en el último minuto. Pero si hay un debate capaz de provocar un cambio es solo este. Es lo que está pasando en todo el mundo, de Nueva York a Berlín. Es el único asunto capaz de generar una corriente de ilusión, de esperanza entre la izquierda. Es la kriptonita contra el auge de la ultraderecha. 

Al mismo tiempo, los movimientos sociales de gran calado –y este lo es– no garantizan a corto plazo mayorías parlamentarias. Es lo que ya pasó con el 15-M. Lo siguiente fue la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Más adelante, también supuso la mayor transformación de la política española desde la Transición. 

Con las movilizaciones por la vivienda solo hay algo que creo seguro. Más tarde o más temprano, esos jóvenes que hoy copan las plazas lograrán sus objetivos. Porque la alternativa a su triunfo –una sociedad neofeudal de rentistas y siervos– es tan distópica como intolerable.

P.D. Si aún no lo conoces, te recomiendo nuestro nuevo boletín sobre vivienda, Una casa para vivir, de nuestro compañero Germán Aranda. 

El ruido chirriante de la radial rompiendo la cerradura. La policía entrando en la casa, sorteando una barricada improvisada: un sofá, una lámpara, una estantería, algunas cajas… Los enseres de toda una vida, reciclados como última defensa. El antidisturbios de armadura negra que se acerca a Maricarmen, en silla de ruedas, y le explica: “Venimos a cumplir un mandamiento judicial, te apoyamos y estamos contigo, ¿vale?, pero tenemos que hacer nuestro trabajo”. “Pero ¿por qué?”, responde la anciana mientras lo mira a los ojos, la única parte visible del rostro del policía bajo el casco. Ella tiene 87 años, lleva décadas en esa misma casa; la sacan en una camilla. Un “lanzamiento” es el nombre técnico. Suena aún más inhumano que un desahucio.

“Venimos a cumplir un mandamiento judicial”

Las sentencias no caen desde el cielo. Tampoco bajan de un monte sagrado, esculpidas en dos tablas. Son interpretaciones humanas, en las que en ocasiones existen distintos puntos de vista, como ocurrió en este caso. El primer juzgado que sentenció sobre el piso de Maricarmen desestimó el desahucio: le dio la razón a ella. Había argumentos legales para defender su derecho a quedarse.

El contrato de alquiler de su casa viene del siglo pasado. Lo firmó su padre en 1956. A su muerte, en 1960, su madre heredó el contrato. El 19 de noviembre de 2005 murió la madre y Maricarmen comunicó a los dueños que se subrogaba en ese contrato de alquiler con esas mismas condiciones. En aquel momento nadie le puso pega alguna. Siguió siendo así durante más de una década.

En marzo de 2018, la familia propietaria vendió el edificio a Renta Corporación, una inmobiliaria que cotiza en Bolsa. Esta empresa tampoco pleiteó contra Maricarmen ni cuestionó su contrato de alquiler. A los tres meses de comprar el edificio, Renta Corporación vendió su piso por 247.000 euros, un precio bajo para esa zona de Madrid. Era tan barato porque “tenía bicho”, que es como llaman a los inmuebles con inquilino en el siniestro argot inmobiliario.

El comprador fue Urbagestión, un pequeño fondo que se ha querellado contra el Sindicato de Inquilinas por llamarlo “buitre”. Incluso con un alquiler de 500 euros al mes –lo que pagaba Maricarmen, según su defensa–, el piso era un buen negocio porque a su muerte podrían vender un inmueble que hoy ya vale más del triple. A largo plazo, el piso era un chollazo. Pero la plusvalía se disparaba si lograban desahuciar a Maricarmen o subirle brutalmente el alquiler. No perdieron el tiempo: a los dos meses y medio de firmar la compra, ya le estaban exigiendo papeles a través de burofax.

Según el Sindicato de Inquilinas, le pidieron una subida del alquiler: primero 1.650 y después 2.650 euros, mucho más de lo que Maricarmen cobra de pensión. En 2020, Urbagestión fue a los tribunales y perdió. En enero de 2022, la jueza Elena Cortina Blanco, del Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid, desestimó la demanda. Su argumento: durante trece años, los dueños habían aceptado a Maricarmen como inquilina con esas condiciones. En todo ese tiempo, en ningún momento cuestionaron la subrogación. Es lo que en derecho se llama la “teoría de los actos propios”. 

Era un argumento razonable. Pero Urbagestión recurrió, y el siguiente tribunal, la Audiencia Provincial de Madrid, le quitó la razón a Maricarmen en junio de 2022. ¿Su interpretación? Que la subrogación no podía prolongar el contrato durante toda la vida de Maricarmen: este había quedado extinguido en 2007, dos años después de la muerte de su madre. Para la Audiencia, que Urbagestión nunca hubiera dado por vitalicio el contrato era suficiente. Pero la voluntad que aquí cuenta es la del propietario anterior: los caseros que durante más de una década aceptaron que el contrato estaba protegido como una renta antigua; los que después vendieron el piso a bajo precio al entender que esta era la situación. Cuesta entender que el nuevo comprador tenga más derechos sobre esa vivienda que quien se la vendió. 

La abogada de Maricarmen recurrió esa segunda sentencia ante el Supremo. Ni siquiera entraron a estudiar el caso. En diciembre de 2023 la Sala de lo Civil inadmitió su recurso porque “carece manifiestamente de fundamento” y le impuso las costas. El ponente de esa decisión fue Francisco Marín Castán, entonces presidente en funciones del Supremo. Es un auto, ni siquiera una sentencia. El desahucio de Maricarmen se ventiló con apenas cuatro folios.

Es el mismo Tribunal Supremo que tan imaginativo se pone cuando interpreta la supuesta malversación de los independentistas para incumplir la ley de amnistía. Con otros asuntos, su rigor con la letra de la ley es implacable.

Tras la decisión del Supremo, el caso volvió al juzgado de primera instancia número 90 de Madrid. La orden de desahucio está firmada por Elena Cortina Blanco, la misma jueza que dio a Maricarmen la razón en su primera sentencia de 2022. El relator de la ONU para Vivienda asegura que esta jueza “debería haber parado” el desahucio. Pero este tipo de peticiones de la ONU no son vinculantes ante los juzgados españoles. 

“Tenemos que hacer nuestro trabajo”

¿Y qué dice la legislación? En 1994, el Gobierno socialista de Felipe González aprobó una ley para extinguir poco a poco la renta antigua –los contratos de alquiler vitalicios anteriores a 1985, como el del piso de Maricarmen– sin desalojar de golpe a miles de personas. Esa ley blindaba esos contratos hasta el fallecimiento del inquilino que los firmó. También daba derecho a subrogarse de forma vitalicia a las viudas: a los cónyuges de los titulares del alquiler. E incluso a los hijos que vivieran en la casa en dos supuestos: si tenían una discapacidad de al menos el 65% o si tenían más de 65 años, siempre y cuando esa subrogación llegara antes del 1 de enero de 2005. Si no se cumplía ninguna de estas dos condiciones, los hijos podían prolongar la renta antigua, pero solo durante dos años.

Maricarmen no entró en ninguno de estos supuestos para una prórroga vitalicia por quince puntos o diez meses. Quince puntos, porque tiene una discapacidad de “solo” el 50%. Diez meses, porque su madre murió en noviembre de 2005, poco después de terminar ese plazo transitorio que establecía la ley.

Hubo una segunda ley que también falló a Maricarmen: el decreto antidesahucios. Desde la pandemia, una moratoria permitía a los jueces suspender el lanzamiento de personas vulnerables sin alternativa habitacional. No anulaba la posible deuda ni expropiaba la vivienda. Solo aplazaba el desahucio hasta que los servicios sociales pudieran ofrecer una solución.

Esa protección decayó en febrero de 2026. El Gobierno –por la presión de Sumar, porque el PSOE no estaba por la labor– intentó prorrogarla. El Congreso tumbó el decreto con los votos del PP, Vox y Junts. Era la segunda vez en apenas un mes que esa misma mayoría rechazaba el escudo social. 

En julio, PSOE y Sumar anunciaron que preparaban una nueva norma que protegería a personas vulnerables como Maricarmen, incluso cuando ya existiera una sentencia firme. Ese nuevo decreto antidesahucios probablemente llegará el martes al Consejo de Ministros. De manera urgente, tras la conmoción social de esta semana. Demasiado tarde para Maricarmen.

“Pero ¿por qué?”

Hay una respuesta legal, toda una construcción jurídica que permite explicar qué ha fallado para que una anciana de 87 años en silla de ruedas sea desahuciada de su casa. Lo que no hay es una respuesta ética. 

De un lado, un fondo que busca el máximo beneficio de una inversión ya de por sí rentable y que se niega incluso a aceptar las ofertas de varias personas e instituciones que se ofrecen a pagar ese elevado alquiler que exigían. Del otro, una anciana indefensa. Es difícil encontrar en la sociedad a alguien que no empatice con la situación de Maricarmen. Es difícil pero no imposible, como demuestran algunos programas de televisión. 

Tampoco ha mostrado empatía alguna la presidenta de la administración pública que tiene las competencias en vivienda, la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso está más pendiente de otro tipo de casas: de ese ático de seis millones para “residencia de autoridades”. Ni el Ayuntamiento de Madrid, que solo ha empezado a moverse para buscar soluciones cuando Maricarmen copaba las portadas de todos los periódicos. Es coherente con la política de vivienda pública del PP de Madrid, que tiene entre sus hitos vender a un fondo buitre buena parte de su vivienda social. 

Pero la pregunta sigue siendo otra, una que trasciende a Maricarmen. ¿Por qué el derecho a una vivienda digna no está garantizado en España? ¿Por qué “los poderes públicos” han hecho tan poco por “impedir la especulación”, como manda la Constitución? ¿Por qué aceptamos que un derecho básico, como es la vivienda, se convierta en una inversión más?

Esta pregunta, este debate, es hoy el principal problema español. Un desastre que el PSOE ha afrontado tarde y mal, empujado por sus socios de izquierda, atrapado por un parlamento sin mayoría progresista y sin las competencias necesarias, que están en las autonomías.  

Es también una tragedia que el PP y Vox jamás solucionarán, porque ni siquiera aceptan que el mercado sea parte del problema.

P. D. La descripción del desahucio de Maricarmen y el diálogo con el antidisturbios salen de este impresionante reportaje de Andrea Ropero para El Intermedio.

La subasta para vender el famoso ático de Ayuso ha quedado desierta. Nadie ha querido ofrecer esos 6,7 millones de euros que pide la Comunidad de Madrid. Otra cosa habría ocurrido si el anuncio hubiera sido así:

Luego te hablaré del “local dormitorio”, que tiene su aquel. Vayamos primero al precio. 

Tres mil euros mensuales es un alquiler fuera del alcance de la gran mayoría de la población. El sueldo neto del 85% de los madrileños ni siquiera llega a esa cantidad. Pero cualquiera que curiosee por los portales inmobiliarios sabe que es imposible encontrar un anuncio así. No hay una sola vivienda equivalente en esta zona de Madrid que baje de los 12.000 euros mensuales, incluso más. De aparecer un anuncio como este sería una estafa, con seguridad. No existen los unicornios, ni las hadas, ni rebajas del 75% en los áticos de lujo ni caseros que te regalen 15 meses de alquiler.

En el increíble mundo de Isabel Díaz Ayuso, todo esto puede pasar.

Planifica Madrid compró el ático en abril de este año. Pagó 6,3 millones de euros y otros 378.000 euros de impuestos, casi 6,7 millones en total. En las 224 páginas del expediente no hay un solo documento previo a la compra que explique quién decidió adquirir ese ático ni para qué. Tres meses después, en julio, Planifica Madrid alquiló esta vivienda a precio de ganga a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Las condiciones de ese alquiler son exactamente las que detallo: solo tres mil euros al mes, con un contrato de diez años, sin subidas anuales por la inflación y con las primeras 15 mensualidades sin pagar. Es una inversión ruinosa: Planifica Madrid se gasta 6,7 millones para una rentabilidad que no llega al 0,5% anual. 

No hay que mirar este contrato absurdo bajo la óptica financiera; no se puede entender así. El objetivo parece otro: esconder a los madrileños el dinero público que el Gobierno de Ayuso se había gastado en este ático de lujo. Que no saltara el escándalo. Que no apareciera un solo euro en las cuentas públicas de la Comunidad de Madrid hasta noviembre de 2027: pasadas las próximas elecciones autonómicas. 

Esta semana al fin hemos conocido el expediente de la compra de este ático. De ahí salen estos datos y también los metros cuadrados reales de la vivienda. La terraza original tenía 200 metros, como aún aparece en el catastro y recogieron varios medios de comunicación. Pero hace décadas un propietario anterior techó la mitad de la terraza sin licencia de obra. Ahora allí está el despacho, un aseo, un armario y el salón. 

La Comunidad de Madrid dice haber difundido toda la documentación, a pesar de que hay una ausencia clamorosa: no están los papeles que expliquen por qué Planifica Madrid gastó esa millonada en una vivienda de lujo. No aparece quién dio la orden de comprar el ático, ni tampoco cómo se decidió esa adquisición. ¿Es acaso posible que una empresa pública se gaste 6,7 millones sin una mínima justificación? En el Madrid de Ayuso, parece que sí. El primer documento del expediente es un contrato de confidencialidad con la vendedora: un papel que demuestra que el objetivo siempre fue la opacidad. La misma opacidad que explica ese absurdo contrato de alquiler.

En uno de esos informes del expediente, firmado por la subdirectora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, se incluye como anexo un “estudio de mercado” para valorar la renta propuesta. Los números son asombrosos. Un piso de 400 metros cuadrados en la calle Almagro cuesta 22.292 euros al mes. Otro de 715 metros, también en Almagro, supera los 24.000. Uno de 400 metros en José Abascal sale por 15.000 euros mensuales. Y otro de 243 metros en Monte Esquinza, 11.500. No hay un solo piso entre los trece analizados que se acerque siquiera a los 3.000 euros del ático. 

El expediente no aclara el motivo que llevó a Planifica Madrid a comprar ese ático. Tampoco revela cómo se fijó ese precio tan bajo para el alquiler. Pero sí explica para qué lo pretendía usar la Consejería de Presidencia. Está en este párrafo, que aparece en uno de los informes de la Dirección General de Patrimonio y también se repite en el contrato de arrendamiento.

Si se quita la paja a este farragoso párrafo queda todo muy clarito. El ático de lujo es un “inmueble institucional de carácter residencial” (...) “para su uso de manera permanente” (...) “por distintas autoridades”. 

¿Y qué autoridad de la Comunidad de Madrid podría ser? Pues probablemente la misma que primero dijo no saber nada del tema y después reconoció que lo había ido a visitar: Isabel Díaz Ayuso. La misma que también admitió que pensaba usarlo, aunque solo de “oficina provisional” por unas obras de las que no habíamos tenido noticias previas. La misma que –casualmente– tiene a su madre viviendo en la acera de enfrente. 

Hoy Ayuso sigue negando que ese ático fuera para ella. Al tiempo, se victimiza y acusa a elDiario.es de haberle “robado su intimidad”. Pero el repaso a la cronología completa da muchos datos de lo que ocurrió.

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, Ayuso buscaba un nuevo piso. Lo sabemos por esta exclusiva de Raquel Ejerique en elDiario.es. La presidenta de la Comunidad de Madrid utilizó a su jefe de despacho para negociar la compra de una vivienda de 100 metros cuadrados en Chamberí. No era tan grande, tampoco barata: pedían 850.000 euros y hacía falta reformar. No hubo acuerdo, y otra persona la compró.

En febrero de 2026 aparece en escena el ático de 485 metros cuadrados. El contrato de confidencialidad con la vendedora –antes siquiera de la primera visita– es del 3 de febrero. El contrato de arras, de finales de ese mes. Y la compraventa ante notario se firma el 14 de abril de 2026.

Dos meses y medio más tarde, el 2 de julio, arranca el expediente para el contrato de alquiler: ese chollazo de 3.000 euros al mes con quince meses gratis que acuerda Planifica Madrid con la Consejería de Presidencia. El contrato se firmó el 28 de julio.

El 29 de julio, el periódico El País destapa la operación: desvela la compra de ese ático.

El 30 de julio, pillada in fraganti, Ayuso anuncia que se va a vender el ático. También anula el ridículo alquiler. 

Al día siguiente, el 31 de julio, se descubre que la pareja de Ayuso ha puesto a la venta los dos pisos donde vivían en Chamberí. Y apenas unas semanas después, nos enteramos de que se ha mudado a otra vivienda.

Intenta colocar las piezas de este puzle. Una presidenta que busca piso en Chamberí en enero. Una empresa pública que compra un ático en Chamberí en febrero, sin dejar constancia de por qué. Un inusual acuerdo de confidencialidad con la vendedora. Un contrato de alquiler para uso residencial “permanente” de “autoridades”, firmado en secreto. Una carencia de 15 meses que hace que el primer euro aparezca en las cuentas de la Comunidad de Madrid después de las elecciones. El escándalo que salta. La falsa excusa de la oficina temporal. La cancelación fulminante. La mudanza de Ayuso a otro piso.

¿Hay siquiera una explicación alternativa? ¿Una teoría, cualquiera, que permita explicar todo esto y que no sea exactamente lo que parece?

Epílogo: el Madrid del servicio

La ciudad es la distribución de las clases sociales sobre el mapa. En el caso de Madrid, hablamos de una de las capitales con mayor segregación económica, algo que se ve paseando por sus calles y que está presente en la arquitectura de muchos de sus edificios. 

Una amiga me contó una vez su asombro al descubrir la crueldad de esta segregación clasista. Al reformar su vivienda, en un buen edificio en Chamberí de los primeros años del franquismo, descubrió que el antiguo cuarto de la criada, en la “zona del servicio”, estaba separado del exterior con una fila simple de ladrillo sin aislante. A diferencia de todas las demás habitaciones, tampoco tenía radiador. Era un ahorro estúpido en la construcción: ¿cuánto cuesta cada metro cuadrado de fachada con ladrillo doble? ¿Cuánto gasta un radiador más en la calefacción central? Pero demostraba el desprecio por el servicio de las élites de la época. La criada se podía congelar, y daba igual.

El ático del que hoy te hablo fue construido hace casi siete décadas, en 1957. Era un piso señorial. Es decir, de los señores. Pero no solo porque tuviera una escalera para el servicio, una puerta para el servicio y una habitación para el servicio, pegada a una cocina que solo pisaba el servicio.

En las mejores casas del Madrid de esos años no solo trabajaba la criada, también el chófer. Era quien vivía en ese “local dormitorio” que aparece en la escritura del ático de Ayuso: una habitación de 11 metros cuadrados en la planta baja, con una ventana al patio y un baño común, que en tiempos compartía con el portero y otros criados. Cada uno de los pisos de este edificio en el paseo del General Martínez Campos tiene anexo su “local dormitorio” para el servicio en la planta baja. 

Era la inercia de las viviendas de la aristocracia y la alta burguesía del siglo anterior, muchas de ellas con su propio paso de carruajes, aún visible en algunos edificios de la ciudad. Una pista para reconocerlos son los guardacantones: unos postes de granito o de hierro que se colocaban a cada lado del portón para evitar que los ejes de los carruajes golpearan las paredes al pasar. En el bajo o el semisótano, junto a las cuadras, dormían cocheros y mozos, los criados que cuidaban de los caballos y limpiaban su estiércol. 

En 1957 los carros aún circulaban por Madrid, pero hacía tiempo que el chófer había empezado a sustituir al cochero en las casas de los ricos. En algunos edificios, sobrevivió también su habitación. La arquitectura del servicio simplemente se adaptó. 

El cuartito del chófer mide 11 metros cuadrados. El ático, 485. Para algunas cosas, el Madrid de los privilegios no ha cambiado tanto.

Hay gente que cree que el Gobierno es capaz de amañar el resultado electoral a través de Indra. Gente desinformada, sectaria o ambas cosas a la vez, porque es imposible que esta empresa manipule el recuento: en España lo hacen ciudadanos elegidos por sorteo, en presencia de los interventores de los partidos. Los medios lo hemos explicado decenas de veces, pero eso no impide que el bulo del pucherazo de Indra se resista a morir.

Una de esas personas desinformadas, sectarias o ambas cosas a la vez es juez del Tribunal Supremo español. Antes fue magistrado del Tribunal Constitucional, a propuesta del Gobierno de Rajoy, y también número dos de la Fiscalía General del Estado durante la última mayoría absoluta del PP. Se llama Antonio Narváez. Fue el primero de su promoción, lo que también demuestra que no todo se aprende con una oposición. 

Narváez es partidario declarado de Alberto Núñez Feijóo y no solo porque buena parte de sus ascensos se los deba al PP: así lo manifestó en una polémica cena de la Asociación de Fiscales con el líder de la oposición en abril de 2023. En esa reunión, Narváez cuestionó el recuento de Indra, criticó duramente al Gobierno de Pedro Sánchez por “deteriorar las instituciones” y expresó su deseo de que Feijóo llegara a La Moncloa: “Ojalá”. 

Antonio Narváez dio credibilidad al bulo de Indra. Ahora ha avalado otra conspiración de la extrema derecha: que el Gobierno prepara un “pucherazo” con la ley de nietos, que permite recuperar la nacionalidad a los descendientes del exilio español. Él es el ponente del auto del Tribunal Supremo que ha dejado sin derecho a voto a cientos de miles de españoles. Es un disparate jurídico de principio a fin. 

Algo de contexto, para no perderse.

El 19 de octubre de 2022, el Congreso aprobó la Ley de Memoria Democrática. En ella se da la posibilidad de recuperar la nacionalidad a los hijos y nietos de los españoles que se fueron al exilio “por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual”. 

Unos días después, el Ministerio de Justicia publicó en el BOE una instrucción donde se explica a los consulados cómo aplicar esta ley: los formularios, los plazos y qué documentos son válidos para acreditar el exilio. 

Había un problema: una gran parte de los nietos de los primeros exiliados no guarda el carné del PCE del abuelo, ni tampoco documento alguno de que fuera homosexual, republicano o ateo. Así que se estableció un criterio: presumir la condición de exiliado para todos los que salieron “entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. Y exigir más documentación para quienes se fueron entre 1955 y 1978.

No es un criterio perfecto, pero tampoco hay una alternativa mucho mejor. Exigir papeles más detallados sobre algo que ocurrió hace 90 años habría dejado fuera a muchos descendientes de exiliados; habría generado una injusticia aún mayor. 

Además, este criterio no fue una invención de Sofía Puente, la directora general que firmó esa instrucción. Es exactamente el mismo que ya se aplicó en 2008, con la ley de memoria anterior: “Se presumirá la condición de exiliado” a todos los que salieron “entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. La frase de la polémica es un corta y pega literal de algo que no fue discutido hace casi dos décadas. 

Poco después de publicarse en el BOE, una organización ultra recurrió la instrucción de Sofía Puente. Ya entonces pidió la suspensión cautelar con el mismo argumento que usan hoy: que no todos los que emigraron entre 1936 y 1955 eran exiliados. El TSJ de Madrid les mandó a paseo en 2023 y desestimó la petición. Después archivó definitivamente la demanda porque esta organización no estaba legitimada para recurrir.

Esa misma organización ultra volvió a la carga poco después. En 2024, presentó una querella contra Sofía Puente, acusándola de prevaricación. También fue archivada. 

Mientras tanto, el bulo del “pucherazo” de la ley de nietos creció y creció. Primero, amplificado por la ultraderecha. Más tarde, con el apoyo de Alberto Núñez Feijóo, que dio por buena la conspiración. Antes del verano, Vox llevó el tema a la Junta Electoral Central, pidiendo otra vez la suspensión de esta instrucción, con el argumento de que Sánchez estaba ampliando el censo para amañar las elecciones. La ultraderecha volvió a fracasar: la Junta Electoral rechazó su petición.

Iban perdiendo tres a cero… hasta que el Supremo apareció.

Vox recurrió la decisión de la Junta Electoral Central ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Allí, por fin, los ultras han encontrado quien les compre la conspiración. En un auto extravagante, el Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho a voto de cientos de miles de españoles, descendientes de los exiliados. Afecta a todas las personas –alrededor de 400.000– que se habían acogido a esta opción. No se les quita el pasaporte; siguen siendo españoles. Solo se les impide votar.

Un repaso a los cinco jueces que han avalado esta decisión demuestra hasta qué punto el dominio de la derecha en las cúpulas judiciales es abrumador. Antonio Narváez no es el único vinculado con el PP.

Luis María Díez-Picazo Giménez: está al frente de esta sección y es conservador. Es uno de los protegidos de Carlos Lesmes: director general de Justicia con Aznar y presidente del CGPJ con Rajoy. Fue Lesmes quien lo promocionó a la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Llegó al Supremo en marzo de 2008, nombrado por un CGPJ con el mandato caducado, durante uno de los bloqueos del PP.

Díez-Picazo pasará a la historia por protagonizar uno de los episodios más negros de la justicia española: suspendió una sentencia firme del Supremo que condenaba a la banca a pagar un impuesto que grava las hipotecas. Para evitar ese cambio, convocó un anómalo pleno con todos los magistrados de la Sala para revisar la decisión por su “enorme repercusión económica y social”. Es algo que no había pasado nunca antes y que dudo que vuelva a pasar. En ese pleno, la sentencia se revirtió por un solo voto. Una vez más ganó la banca, a costa de todos los hipotecados.

Antonio Jesús Fonseca-Herrero: también conservador y también cercano a Carlos Lesmes. Fue el entonces presidente del CGPJ quien lo promocionó como responsable de la acción disciplinaria –el que expedienta a los jueces– durante los años de mayoría conservadora tras la victoria de Mariano Rajoy.

José Luis Requero: conservador y miembro del Opus Dei. En 2001 fue nombrado vocal del CGPJ, a propuesta del PP de Aznar. Estuvo allí hasta 2008: dos años más de los que debía, por el habitual bloqueo a la renovación que aplica el PP cada vez que pierde las elecciones. En esa época, se hizo famoso por comparar el matrimonio homosexual con “la unión entre un hombre y un animal” en un informe del consejo contra la ley del matrimonio igualitario de Zapatero. 

En 2014, durante el rodillo conservador de Carlos Lesmes en el CGPJ, fue ascendido al Tribunal Supremo con los votos de los vocales nombrados por el PP de Mariano Rajoy. 

Manuel Delgado-Iribarren: también conservador y uno de los últimos en llegar al Supremo. Fue nombrado hace poco más de un año por el nuevo consejo, a propuesta de los vocales elegidos por el PP. Entró por el turno de juristas –no es juez de carrera– y su principal aval en la derecha es Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional y gran muñidor del PP en los asuntos judiciales, con quien ha escrito varios libros. Arnaldo fue clave en la extraña carrera académica de Pablo Casado. Años después, Casado impulsó su llegada al Constitucional.

¿Alguna mujer? ¿Algún progresista? Solo una persona en representación de ambas ‘minorías’. La sexta integrante de este tribunal es María Alicia Millán Herrandis, asociada a Juezas y Jueces para la Democracia. Ella es también la única que se ha opuesto a este dislate del Supremo con un contundente voto particular.

Que la derecha tenga una mayoría de cinco a uno en esta sección del Supremo no es una rareza: es lo habitual. Tampoco es fruto del azar.

Todos los jueces del Supremo son nombrados por el CGPJ; allí no se llega por oposición. Son nombramientos irrevocables, hasta la jubilación. 

Estas abrumadoras mayorías de la derecha en el Supremo son consecuencia directa de las maniobras del PP durante décadas, al bloquear la renovación del CGPJ cada vez que perdían las elecciones, o al cambiar las mayorías necesarias para los nombramientos cuando la derecha controlaba el consejo. 

Pero volvamos a la ley de nietos, porque esta medida del Supremo no solo es cuestionable por las biografías de quienes la han tomado y su poca apariencia de imparcialidad. Es una decisión disparatada, por muchas razones más. 

Es un disparate porque es extemporánea. La instrucción de Sofía Puente sobre cómo aplicar la Ley de Memoria Democrática se publicó en el BOE hace ya cuatro años. El plazo para recurrir –dos meses– está más que prescrito y el órgano judicial competente –el Tribunal Superior de Madrid– ya descartó intervenir. 

Es un disparate porque pisotea un derecho fundamental: el derecho a voto. Es tan importante en nuestra Constitución que ni siquiera se puede suspender con la declaración de un estado de sitio o de excepción. Y el Supremo lo ha hecho a las bravas, cancelando un derecho fundamental de terceros que no son parte del proceso y que ni siquiera han podido defenderse. 

Es un disparate porque es una medida completamente desproporcionada: no hay un equilibrio entre el bien que el Supremo dice querer proteger y la medida que ha decidido aplicar. 

Es un disparate porque es contradictorio: porque el Supremo no anula la nacionalidad de estas personas, solo uno de los derechos fundamentales que conlleva. 

Es un disparate porque el recurso de Vox va en contra de la decisión de la Junta Electoral Central, no contra la instrucción del Ministerio de Justicia –no podrían, estarían fuera de plazo–. Lo que hace el Supremo es aprovechar la ocasión para entrar a criticar esa instrucción por una vía que no corresponde. Es una clara desviación procesal.

Y es un disparate porque el bulo del pucherazo con la ley de nietos es tan falso como el de Indra que Antonio Narváez ya se tragó. 

La inmensa mayoría de los nietos e hijos de exiliados que han pedido la nacionalidad lo hacen por razones sentimentales o porque quieren un pasaporte de un país de la Unión Europea, que les da más posibilidades migratorias o de viajes a Europa o EEUU. Su participación en las elecciones ronda el 10%. Su influencia real en las próximas generales será mínima. 

Tampoco hay dato alguno que permita presuponer que apoyarán en las urnas al Gobierno. La única vez que ese voto exterior ha movido un escaño en unas generales fue en 2023… a favor del PP.

Me despido aquí por hoy. No sin antes recordar que publicar esta carta, criticar esta decisión del Supremo, no es un ataque intolerable a la Justicia de esos que denuncia la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló. 

Lo que debilita la confianza de los ciudadanos en la Justicia no son las críticas: son decisiones así.

El “efecto llamada” no fue la regularización de inmigrantes. Fue una decisión del Tribunal Supremo. Es una sentencia muy corta, solo 13 folios que pasarán a la historia. Se ha escrito mucho sobre la crisis de Ceuta, sobre el papel de Marruecos, sobre la deficiente gestión del Gobierno. Muy poco sobre el origen jurídico con el que todo empezó.

El 29 de junio de 2026, un mes antes del colapso de la frontera en Ceuta, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo recortó las “devoluciones en caliente”: una polémica excepción legal que solo se aplica en Ceuta y Melilla y que permite devolver inmigrantes a Marruecos por la vía rápida, sin las mismas garantías humanitarias que sí se aplican en el resto de las fronteras de la Unión Europea.

El origen legal de esas devoluciones en caliente está en una crisis anterior: la tragedia del Tarajal, el 6 de febrero de 2014. Alrededor de doscientos inmigrantes trataron de entrar en Ceuta a nado. La Guardia Civil, esta vez sí, recibió la orden de disparar con material antidisturbios: pelotas de goma, botes de humo y salvas detonadoras. Murieron 14 personas ahogadas. Veintitrés llegaron a tierra, pero la Guardia Civil las devolvió desde la propia playa, saltándose todos los protocolos legales.

La catástrofe en el Tarajal acabó en los tribunales. Estaba en cuestión la responsabilidad de los agentes que dispararon las pelotas de goma –acusados de homicidio imprudente, aunque finalmente fueron exculpados– y también la forma en que se devolvió a los supervivientes que nadaron hasta la playa.

El Gobierno de Mariano Rajoy zanjó el tema un año después. En marzo de 2015 aprovechó otro trámite parlamentario –la aprobación de la infausta ley mordaza– para colar por la vía rápida una importante modificación de la ley de extranjería. Se trata de una disposición adicional que establece un “régimen especial” solo para Ceuta y Melilla: en estas dos ciudades, se puede devolver por la vía rápida a aquellos extranjeros que “intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera”.

El PSOE y otros partidos de la oposición recurrieron esa reforma ante el Tribunal Constitucional, que en 2021 la avaló. Las polémicas devoluciones en caliente también llegaron en 2020 al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también las respaldó. Entre sus argumentos a favor de las devoluciones en caliente, el TEDH subrayó la especial situación de Ceuta y Melilla, las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en el continente africano. Y que estos intentos de entrar en España se producían en grandes grupos y con violencia, lo que justificaba esta respuesta.

Pedro Sánchez recurrió ante el Constitucional las devoluciones en caliente cuando estaba en la oposición. Al llegar al Gobierno, mantuvo esa ley y la aplicó. Desde el PSOE ahora justifican este giro con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Si derogamos las devoluciones en caliente, la situación de Ceuta y Melilla sería crítica”, aseguran fuentes del lado socialista del Gobierno.

No ha sido este el único cambio radical de opinión.

Hace diez años, nadie podía imaginar que quien acabaría recortando las polémicas devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla no sería el primer gobierno progresista de coalición, ni tampoco la muy garantista justicia europea. Para sorpresa de todos, este cambio ha llegado de un tribunal de mayoría conservadora en el Supremo español.

Cuando se mira quién firma esta sentencia, la sorpresa es aún mayor.

Los nuevos progresistas

El ponente de la reciente sentencia del Supremo que acaba de recortar las devoluciones en caliente es Fernando Román García. ¿Un peligroso juez izquierdista? No. Antes fue secretario de Estado de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy. Era el número dos de Gallardón.

El presidente de la sección en el Supremo que aprobó la sentencia es Carlos Lesmes. El nombre no te suena por su activismo en defensa de los inmigrantes. Antes fue director general de Justicia en el Gobierno de Aznar y, más tarde, presidente del CGPJ durante el Gobierno de Rajoy.

La sentencia fue aprobada con el voto unánime de los cinco magistrados de la sección. Junto a Román y Lesmes, hay dos asociados a Juezas y Jueces para la Democracia y una de la conservadora APM. Tres a dos, a favor de la derecha.

Que dos magistrados de JJPD recorten las devoluciones en caliente es algo esperable. Esta asociación progresista siempre las cuestionó, e incluso se pronunció en contra de la sentencia del TEDH que las blindó. Pero que dos ex altos cargos del PP recorten una reforma del PP es algo más raro de ver.

Fuentes jurídicas aseguran que el debate antes de esta sentencia fue intenso. Carlos Lesmes era el más crítico con el texto de la sentencia, aunque finalmente la aceptó. Y quien con más vehemencia defendía recortar las devoluciones en caliente era Fernando Román: secretario de Estado del mismo Gobierno que aprobó esa reforma de la ley de extranjería.

¿Y qué dice esta nueva sentencia del Supremo? Prohíbe las devoluciones en caliente cuando se entra a nado, tras un recurso presentado por un inmigrante argelino. A juicio del Supremo, esas devoluciones en caliente no son legales, ya que la ley habla de “elementos de contención fronterizos”. Y en el mar no hay vallas.

Es curioso el argumento, teniendo en cuenta que esta reforma se aprobó precisamente tras la devolución ilegal de esos 23 inmigrantes que entraron a nado en Ceuta en 2014, en la tragedia del Tarajal. De hecho, la propia reforma sirvió para exonerar de prevaricación a los guardias civiles que participaron en aquella devolución.

En su recurso ante el Supremo, la Abogacía del Estado argumentó que sí hay “elementos de contención” para evitar las entradas a nado: las cámaras térmicas, los drones o el propio espigón. Para el Supremo, esto no cuenta como barrera.

Tras la enorme crisis desatada el 30 de julio en Ceuta, ha sido el propio Supremo quien ha explicado al Gobierno cómo cumplir con la sentencia: basta con instalar unas boyas alargando la línea de frontera desde el espigón para que se consideren “elementos de contención”.

“Todo este lío para que baste con poner una cuerda”, asegura una fuente del Gobierno. Por resumirlo: si un inmigrante sortea por la vía vertical los obstáculos –saltando la valla– sí se le puede expulsar de forma inmediata. Pero si lo hace por la vía horizontal –rodeando a nado el espigón– ya no.

¿Te imaginas –en un suponer– qué habría pasado si esta misma crisis –80.000 personas entrando de golpe en Ceuta, 141 muertos– se hubiera producido durante un gobierno del PP, tras una sentencia aprobada por dos ex altos cargos del PSOE? ¿Qué habría dicho la derecha?

Y una segunda pregunta: ¿habría redactado el Tribunal Supremo esta misma sentencia si en el Gobierno estuviera el PP?

El papel de Marruecos

La noticia sobre el fin de las devoluciones en caliente para quienes entraban a nado se disparó por las redes sociales marroquíes y alentó las primeras llegadas a Ceuta. Así lo recogían varios informes previos que –sin anticipar la magnitud de lo que venía– sí alertaron del aumento de las entradas a nado a raíz de la sentencia.

Pero esta decisión del Supremo, por sí sola, no explica todo lo que pasó. Y en este episodio en concreto, falta por conocer mucho más: si hubo quien manipuló las redes sociales para propagar ese mensaje. Y lo más importante: a qué se debió la inacción de los gendarmes marroquíes en la frontera durante tantas horas.

Los que primero entraron a nado ese día en Ceuta, equipados con flotadores, aletas o neoprenos, lo hicieron impulsados por las noticias sobre la sentencia o por grupos en redes donde se explicaba que “si vas nadando te quedas en España”. Los que llegaron después –por decenas de miles– no sabían nada del Supremo o del cambio con las devoluciones en caliente, según explican varios testimonios recogidos por elDiario.es. Fueron a Ceuta porque les contaban en las redes que la frontera estaba abierta: que los gendarmes marroquíes no estaban parando a nadie.

En el Gobierno, en privado, manejan tres hipótesis para las que dicen carecer aún de pruebas concluyentes.

La primera, que esa inacción de la policía marroquí se deba al volumen de la oleada. Tampoco los policías españoles plantaron cara: porque eran demasiados.

La segunda, que esa inacción responda a una operación de alguna de las corrientes de poder dentro del régimen marroquí, sin autorización ni orden expresa del rey. En un momento delicado para Marruecos, que pronto tiene elecciones.

La tercera, que la operación fuera autorizada por Mohamed VI, pero que, viendo la dimensión de lo ocurrido, después diera marcha atrás.

Pero Sánchez tiene un problema grave: casi nadie en España cree que 80.000 personas se puedan desplazar hacia Ceuta sin el conocimiento o la autorización del régimen autoritario marroquí. Y esto es algo transversal. La derecha no se fía de Marruecos por su rechazo a la inmigración. La izquierda, por el Sáhara.

Al mismo tiempo, el Gobierno no puede solucionar el problema actual sin la colaboración de Marruecos.

La gestión de la crisis humanitaria –miles de personas sin hogar vagando por la ciudad– ha sido también pésima. ¿Qué habría dicho el PSOE si, ante una situación como esta, un Gobierno del PP hubiese pasado tantos días sin un solo campamento y con los vecinos teniendo que darles de comer o protegiendo a las niñas?

Por si fuera poco, tampoco falta la habitual presión contra el Gobierno desde los aparatos del Estado. Como también se demostró esta semana con el episodio del famoso informe policial.

En resumen: una jueza exconcejal del PP pide un informe a una unidad dirigida por un exasesor del jefe de la brigada política del PP que concluye sobre Marruecos lo mismo que está diciendo el PP. La jueza ordena a la policía que no le diga nada al Gobierno, que acaba enterándose de que existe tal informe por la prensa. El presidente y casi todos sus ministros quedan en ridículo –o peor aún, como mentirosos– por una oportuna filtración que solo pudo venir de dos sitios: el juzgado o la comisaría, porque aún no se había dado traslado a la acusación popular.

Y solo llevamos una semana de esta nueva temporada electoral.

P.D. Una última cuestión. Lo de llamar “efecto llamada” a la sentencia en el arranque de esta carta es una pequeña provocación, una burla a ese lenguaje que siempre rechazaré. La verdadera razón por la que tantas personas se juegan la vida para cruzar una frontera nunca está en una sentencia o en una regularización. Siempre es otra: la enorme desigualdad.

Que no lo olvidemos nunca: quienes llegan a esas playas son personas que buscan un futuro mejor.

No es habitual ver estas cifras al detalle; pocos medios de comunicación las enseñan. Muchos pregonan la transparencia, pero solo para los demás. En elDiario.es también nos la aplicamos.

Estos son todos los datos de 2025.

1. Periodismo solvente y sin hipotecas

En 2025, elDiario.es ingresó 17.348.226 euros y gastó 15.864.233 euros. El superávit fue de 1.483.993 euros, una cifra muy similar a la del año anterior (1.531.477 euros en 2024).

Un año más, seguimos sin deudas. Ni un solo crédito. Es una de las claves de nuestra independencia. No queremos deber nada a nadie. Solo a nuestra comunidad de lectores.

2. Más de 120.000 personas nos apoyan

Empezamos 2025 con 98.019 socios y socias y lo acabamos con 115.277. Hoy ya somos 121.080.

Todas nuestras cifras de socios están auditadas por OJD.

La cuota media es de 72,84 euros anuales. Porque en elDiario.es sabemos que no todos pueden pagar lo mismo.

Tenemos 16.972 mecenas: personas que pagan cuotas por encima de la tarifa estándar de 80 euros al año. Y también 5.797 socios bonificados: personas con ingresos bajos que tienen tarifas reducidas. Para nosotros es importante que nadie deje de leernos por no poder pagar.

3. Seguimos creciendo

Respecto a 2024, nuestros ingresos han aumentado en 1.830.042 euros: un 11,8% más.

Lo que más crece, otro año más, es la aportación de nuestros socios y socias: un 21,5%. Entre todos, sumáis 7.312.486 euros: casi 1,3 millones más que el año anterior.

Los ingresos de publicidad también crecen, un 9,3%, hasta los 8.765.841 euros.

Además, hemos ingresado 924.042 euros por la venta de ejemplares de nuestra revista en papel, los derechos de reproducción a otras plataformas, la venta de nuestra tecnología, la asesoría a otros medios extranjeros y otros ingresos menores.

En 2025, hemos cobrado 253.461 euros en subvenciones de distintas administraciones públicas: 24.000 euros del Kit Digital, 41.802 euros del Ministerio de Cultura, 12.545 euros del Parlamento Europeo, 5.500 euros de un programa de empleo de la Comunidad de Madrid y 169.614 euros de fondos europeos para el desarrollo de nuevo software y herramientas con IA (149.118 euros de esta misma subvención están imputados en el ejercio 2026).

También hemos obtenido 92.396 euros por los intereses que generan nuestras reservas: los beneficios de años anteriores que guardamos como colchón de seguridad, por si vienen años peores.

4. Invertimos más

Los ingresos han crecido en 1,8 millones de euros. Nuestros gastos también, en casi idéntica cantidad. El coste total de elDiario.es ha pasado de 14 a 15,8 millones de euros. Cada euro de este crecimiento lo hemos reinvertido para mejorar nuestro periódico.

Nuestro principal gasto son los sueldos de los periodistas y demás trabajadores de elDiario.es. Son 8,35 millones de euros entre salarios (6.480.237 euros) y cotizaciones sociales (1.875.311). En total, suman 815.515 euros más que el año anterior.

También hemos aumentado en 300.000 euros el gasto en colaboradores y agencias: es un 27,5% más, hasta los 1.394.571 euros.

Hemos repartido 1.419.991 euros entre las ediciones locales y medios asociados a los que distribuimos parte de nuestros ingresos. Es una de las que más aumenta respecto al año pasado: sube 410.000 euros, un 40% más.

Los gastos generales suman 4.390.545 euros entre los costes de tecnología, el alojamiento de la web, los teléfonos y equipos informáticos, los desplazamientos para cubrir noticias, los gastos de producción de nuestros eventos –como el Festival de las Ideas y la Cultura–, los alquileres de oficinas y los costes de distribución e impresión de nuestra revista en papel.

También contabilizamos 80.358 euros en amortizaciones.

Los gastos en abogados, juicios y seguros por responsabilidad civil ya suponen 223.220 euros. Es una partida que se ha duplicado en apenas dos años y que este año subirá otra vez.

5. La presión de los juzgados

Ahora mismo tenemos abiertas 13 causas judiciales: civiles y también penales. Hace una semana, ganamos definitivamente en el Tribunal Supremo una de ellas: una demanda de Ángeles Muñoz, la alcaldesa de Marbella. La sentencia acredita la veracidad y el rigor de nuestra información y condena a Muñoz al pago de las costas. Sin embargo, el compañero que publicó esas noticias, Pedro Águeda, aún sigue imputado en otro juzgado de Marbella. La alcaldesa le acusa en esta ocasión del delito de revelación de secretos.

Estas querellas y demandas son una forma de intentar amedrentarnos; el castigo por publicar información. En este caso concreto, por las noticias sobre el enorme patrimonio de la alcaldesa de Marbella y sus nexos familiares con los negocios más turbios. Su hijastro ha sido recientemente condenado por narcotráfico y blanqueo de capitales. Y el marido de Ángeles Muñoz se libró de esta misma causa judicial por razones de salud: la Fiscalía le acusaba de blanquear más de 7 millones de euros procedentes del narco, pero falleció dos años antes del juicio.

Por ahora, ni uno solo de los procesos penales contra periodistas de elDiario.es ha terminado con una condena. Aun así, es agotador. Uno de nuestros compañeros –Carlos Sosa, el director de Canarias Ahora– está pendiente de un juicio disparatado donde el juez corrupto Salvador Alba le pide 23 años de prisión. Solo la fianza ya le ha supuesto 422.500 euros. Pero lo peor no es el dinero: son las noches sin dormir. Que te acusen de delitos castigados con penas de cárcel no es una presión fácil de aguantar.

6. No hay periodismo sin periodistas

Empezamos 2025 con 139 trabajadores. Lo terminamos con 149, diez personas más. Hoy ya somos 151.

Alrededor de dos tercios del equipo somos periodistas: 99 en total. El otro tercio, 52 personas, trabajan en los departamentos que dan soporte a la redacción: el equipo comercial, la administración, la atención a los socios y socias, las métricas, el diseño o la programación.

Además de esta redacción central, contamos con 96 personas más que están contratadas en nuestras ediciones locales asociadas. En total, 247 trabajadores a tiempo completo en el conjunto de elDiario.es. No cuento aquí a los colaboradores. Tampoco a los becarios: van oscilando entre 4 y 8 personas en función del mes del año, están a media jornada, con un tutor asignado, convenio con la universidad y alta en la Seguridad Social.

En 2012, cuando fundamos elDiario.es, éramos solo 12 personas en plantilla.

En 2020, ayudamos a poner en marcha otro periódico más en Argentina: elDiarioAR, donde trabajan otra decena de personas. Y ahora estamos estudiando alianzas con otros medios de Latinoamérica. Nuestro objetivo no es lograr ingresos de estos países; queremos importar noticias: mejorar la información para nuestros lectores.

Hay quien cree que la inteligencia artificial ayudará a reducir las redacciones; a hacer más noticias con menos manos. No es nuestro caso. Creemos que el periodismo de calidad solo lo pueden hacer humanos. Y vamos a seguir creciendo si nuestros recursos siguen aumentando. Es la única manera de destapar noticias: con periodistas.

No hay ningún otro diario digital en España con una plantilla tan amplia. Tampoco ningún otro periódico –incluidos los de papel– con un despliegue local como elDiario.es.

7. España no es Madrid

Somos el único diario que cuenta con ediciones en todas las comunidades autónomas, a través de nuestra red de asociados. Estamos en las 17, en todas ellas con redacción y una sede: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Catalunya, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Euskadi, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra.

Tras completar este despliegue autonómico, hemos empezado a crecer con redacciones aún más locales: ya estamos en Córdoba, León, El Bierzo, Sevilla, Alicante, Jaén o Madrid ciudad.

Hay muchos medios que se llenan la boca con la palabra España. Curiosamente, los que se dicen más patriotas rara vez salen de Madrid. Ni siquiera de la M-30.

Los ingresos y gastos de estas redacciones asociadas van al margen de estas cuentas; son empresas independientes. elDiario.es cubre algunos de sus costes –como el soporte tecnológico–, financia una parte de su actividad y participa accionarialmente en ellas junto con socios locales, que suelen ser los periodistas que allí trabajan.

En 2025, las ediciones locales en cuyo capital participa elDiario.es ingresaron en conjunto 3.678.656 euros, gastaron 3.468.710 euros y tuvieron un superávit de 209.946 euros.

Puedes apoyar directamente a tu edición local, con un aumento de tu cuota, desde aquí.

8. Subimos los sueldos

A medida que aumentan nuestros ingresos, también mejoramos los salarios de nuestra redacción. Es un compromiso que está recogido en el artículo 29 de nuestro Estatuto. Lo hemos aplicado desde el primer día. Nunca hemos congelado los sueldos.

En enero de 2025, subimos los salarios un 3,5% para todos. Y también aplicamos mejoras extraordinarias, por encima de ese porcentaje, a un tercio de la plantilla, poniendo especial atención en los sueldos más bajos. En total, entre la subida generalizada y las individuales, aumentamos los salarios un 4,8%.

En enero de 2026, hemos vuelto a subir los sueldos, priorizando los más bajos: un 5% para quienes ganan menos de 35.000 euros, un 3% para aquellos que están entre 35.000 y 50.000 euros y un 2% para los sueldos más altos.

Además, hemos aplicado mejoras individuales a 27 personas más, en función de su mayor experiencia o responsabilidad.

El sueldo más bajo de la redacción central está hoy en 25.000 euros brutos anuales a jornada completa; es muy poco habitual y corresponde a algunos jóvenes que tienen con nosotros su primer empleo. Del total de la plantilla, solo el 16% cobra menos de 30.000 euros brutos anuales, incluidos pluses y complementos. El sueldo mediano está hoy en 37.350 euros.

En cuanto al tipo de contratos, apostamos por el empleo estable. Tenemos solo cuatro personas con contratos temporales –para cubrir distintas bajas por enfermedad, maternidad o paternidad y algún refuerzo puntual para los meses de verano–. El resto, 147 trabajadores, somos fijos.

9. Nos preparamos para el futuro

El artículo 26 de nuestro Estatuto nos obliga a reinvertir o guardar como reservas “al menos el 30% de los beneficios anuales”. Es algo que llevamos a rajatabla. Es nuestro colchón para el futuro.

Tras consolidar el resultado de nuestras empresas participadas, nuestro beneficio de 2025 ha sido de 1,4 millones de euros. Hemos repartido un dividendo de 796.760 euros brutos. El resto ha ido a reservas.

Desde nuestra fundación, en 2012, elDiario.es ha ingresado 107,4 millones de euros y ha tenido un beneficio bruto de 11,9 millones de euros: 9,6 millones de beneficio neto acumulado tras los impuestos. De ese total, a lo largo de 14 años, hemos reinvertido o guardado como reservas 6,3 millones de euros: el 65% del beneficio neto. Es más del doble de lo que marca nuestro Estatuto.

Los accionistas de elDiario.es seguimos siendo prácticamente los mismos que fundamos este periódico e invertimos nuestro trabajo y ahorros para arrancar: juntamos un millón de euros en total. Aquí puedes ver quiénes somos.

A lo largo de estos años, hemos incorporado al accionariado a algunos de nuestros compañeros que no formaban parte de ese primer equipo. Pero la estructura societaria no ha cambiado: los principales accionistas de elDiario.es seguimos siendo personas que trabajamos aquí, o que se han jubilado tras años en elDiario.es. El resto son amigos y familiares que nos ayudaron con algo de dinero para arrancar.

10. No dependemos de ningún Gobierno

Nuestro Estatuto –artículo 24– pone un límite al dinero que podemos recibir de un único anunciante. Es un máximo del 10% de nuestros ingresos totales. Este tope también rige para los anunciantes públicos, no solo los privados.

En 2025, el Gobierno gastó 88 millones de euros en publicidad y comunicación institucional, que repartió entre los distintos medios. De ese total, elDiario.es recibió 353.117 euros, el 0,4% de ese presupuesto. Son cifras públicas –las nuestras y las del resto de los medios–, puedes consultarlas aquí.

Sobre el total de nuestros ingresos, esos 353.117 euros suponen solo el 2% del total.

Las empresas públicas dependientes del Estado también invirtieron 84 millones de euros en 2025 en publicidad. Sobre ese total, elDiario.es recibió 459.587 euros, el 0,66% (puedes consultar el reparto por medios de ese presupuesto aquí).

No dependemos del Gobierno. Ni de éste ni del próximo que venga. Nuestra fuerza reside en la comunidad de lectores que nos apoya.

11. Te seguimos necesitando

Mi artículo preferido de nuestro Estatuto es el número 2.

“La independencia de elDiario.es emana de sus socias y socios, que son sujetos de derechos y no solo lectores, clientes o suscriptores. Los periodistas de elDiario.es son los garantes de estos derechos, no solo empleados”.

Cuando fundamos elDiario.es nunca soñábamos con alcanzar estas cifras. Nos hemos convertido en el segundo medio digital con mayor alcance de España –según los datos más recientes del Informe Reuters, de la Universidad de Oxford–. En uno de los cinco periódicos más grandes, si comparamos el tamaño de nuestra plantilla o el total de suscriptores. En una redacción capaz de liderar exclusivas de investigación de impacto mundial.

Es un pequeño milagro: un periódico fundado con el ahorro y el trabajo de unos pocos periodistas que demuestra que se pueden hacer las cosas de otra manera. Con el apoyo de 121.000 personas comprometidas.

En otras métricas, seguimos siendo muy pequeños. Nuestra facturación publicitaria es minúscula, comparada con otros medios con una fracción de nuestra audiencia. La diferencia es que nuestros anunciantes solo compran publicidad, y no nuestro silencio o la línea editorial.

En 2012, no aspirábamos a crear una empresa que facturase 17 millones y diera empleo a 247 personas. Nuestro principal objetivo era otro. Sigue siendo el mismo de entonces: crear una institución capaz de garantizar el mejor periodismo, al servicio de sus lectores. Y que este periodismo libre e independiente sea también un oficio digno, no un voluntariado.

Estas cuentas, estos números, son una herramienta, no un fin en sí mismos. Son el blindaje de nuestro diario.

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“Estos días azules y este sol de la infancia…”

El último verso de Antonio Machado viajó con él en su camino más trágico. El poeta fue uno más entre el casi medio millón de exiliados. El 22 de enero de 1939 abandonó Barcelona, ante la inminente entrada en la ciudad de las tropas sublevadas. Primero en una ambulancia, por las carreteras colapsadas, hasta la frontera cerrada con Francia. Después a pie, entre el frío y la lluvia del invierno. De noche y sin más equipaje que el asma.

Machado, viejo y enfermo, aunque solo tenía 63 años. Huía con su hermano, con su cuñada y con su madre, una mujer octogenaria que en su delirio pensaba que volvían a Sevilla. Tardaron seis días en escapar desde Barcelona hasta Francia. Llegaron para morir. El poeta, a las tres semanas; la madre, tres días más tarde.

Fue su hermano quien encontró en la chaqueta de Machado un papel arrugado con ese último verso, ese poema inconcluso: “Estos días azules y este sol de la infancia”.

En su camino al exilio, según distintos relatos, Machado llevó también un puñado de tierra desde España. Un trozo de su país con el que pidió ser enterrado.

Antonio Machado era tan español como Maruja Mallo. Como Luis Buñuel. Como Rafael Alberti. Como Pau Casals. Como Rosa Chacel. Como Clara Campoamor. Como Juan Ramón Jiménez. Como Arturo Barea. Como María Zambrano. Como todos los cientos de miles de víctimas de la represión franquista y del exilio republicano.

Como Antonio Machado, en 1939, solo hacia Francia escaparon 440.000 españoles. Al otro lado les esperaba un país hostil que los encerró en campos de internamiento. Algunos de esos republicanos acabarían luchando por esa misma Francia frente a la Alemania hitleriana. Miles fueron apresados y deportados a campos de concentración nazis, sobre todo a Mauthausen; allí murieron más de 4.000 españoles. Franco se desentendió de ellos: los despreció como apátridas.

Aquella España era cruel y miserable.

“Yo soy español integral, y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos, pero odio al que es español por ser español nada más”, decía Lorca en su última entrevista, solo dos meses antes de que lo asesinaran. “Canto a España y la siento hasta la médula; pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego, no creo en la frontera política”.

Lorca tampoco creía en esa “madre patria” que pide a sus hijos que mueran por ella. “En todo caso una madrastra como la de Cenicienta”, escribió en su juventud, en un texto contra el patriotismo. “¡Nunca puede ser madre nuestra la que según decís tenemos que dar la última gota de nuestra sangre por ella! (...) Eso no lo ordena ninguna madre. (...) Lo que nos envía a matar hombres contra la razón no puede ser madre. Hay que ser hijos de la verdadera patria. La patria del amor y de la igualdad”.

Esa España del amor y la igualdad no cabía en la España del dictador Franco. Los nietos de aquellos exiliados, al parecer, tampoco caben en la España que quiere Vox.

Cuesta entender ciertas lógicas. Fue el PP, en 2015, quien concedió la nacionalidad española a los herederos de los judíos expulsados por Isabel la Católica. Fue Vox, en 2021, quien acusó al Gobierno de “antisemitismo” por no aprobar todas las solicitudes de supuestos sefardíes. Unas víctimas sufrieron a Franco, hace noventa años. Otras, a los Reyes Católicos, hace más de cinco siglos. ¿Por qué los nietos de las primeras tienen menos derechos que los descendientes remotos de las segundas?

Tampoco hubo queja alguna durante la tramitación parlamentaria de la hoy llamada “ley de nietos”. PP y Vox se opusieron a la Ley de Memoria Democrática, que tacharon de “totalitaria”. Pero en 15 meses de debates y enmiendas en el Congreso y el Senado, no plantearon una sola crítica a este asunto que hoy tanto les preocupa: conceder la nacionalidad española a los descendientes de los exiliados por el franquismo.

Durante años, el PP en general y Alberto Núñez Feijóo en particular defendieron la nacionalidad para los descendientes de todos los españoles emigrados. También su derecho al voto. Algunas de las mayorías del PP gallego se ampliaron gracias a ese voto emigrante, que ronda el 30% del censo de la provincia de Ourense y movió escaños a favor del PP en distintas elecciones autonómicas. Esa “ingeniería electoral” que Feijóo ahora denuncia la aprendió del fundador de su partido. “Te pagaban 50 dólares para ir a votar y todos fuimos a votar a Fraga”, contó un hijo de la emigración gallega en Argentina.

Es un ejercicio constante de incoherencia, un campeonato mundial de hipocresía.

Es también un ataque a los cimientos del sistema democrático, que se basa en la confianza. La misma estrategia de Trump o de Bolsonaro: sembrar la duda sobre la limpieza de las elecciones para después, si las urnas no acompañan, no reconocer el resultado.

Como siempre, estas insidias se basan en bulos. Es falso que el Gobierno pueda asignar a estos nuevos españoles a las provincias que prefiera de manera arbitraria. Es falso que esto sea una improvisación de última hora. Es falso que vaya a tener un impacto determinante en las próximas generales. Es falso que vayamos a tener 2,5 millones de nuevos votantes.

La ley es de octubre de 2022. La instrucción sobre su aplicación –que amplió la medida a los hijos y nietos de emigrantes españoles– es de ese mismo mes. Hace casi cuatro años que este proceso está en marcha. Las embajadas y consulados no van deprisa: más bien están colapsados. Hay 2,5 millones de solicitudes, sí, pero solo se han aprobado alrededor de medio millón; la mayor parte no llegará a tiempo para las próximas elecciones. La inmensa mayoría tampoco votará, aunque consiga la nacionalidad a tiempo. En las generales de 2023, apenas participó el 10% de los españoles en el extranjero –y esto incluye el voto de los emigrados más recientes, que tienen mayor interés en la política española–. El impacto real en las elecciones probablemente será escaso.

La única vez en que este voto exterior tuvo alguna relevancia en unas elecciones generales fue en 2023. Ya había entonces 2,3 millones de españoles en el censo electoral de residentes en el extranjero. En Madrid, el voto exterior decantó un escaño. Fue a favor del PP, no de la izquierda.

Esos 2,5 millones de solicitantes son los hijos y nietos de los cientos de miles que se fueron. Pero esto no va de números. Va de personas. Es probable que en la derecha se hayan quedado sorprendidos por el alto número de solicitudes; nunca han asumido la magnitud de aquel naufragio. Aquella España de 1939 se desangró, víctima de una guerra civil provocada por la sublevación de unos militares contra el Gobierno elegido en las urnas.

Cada una de esas solicitudes de nacionalidad es una historia familiar: un abuelo que cruzó a pie los Pirineos, una abuela que embarcó en Alicante o en Cartagena o en Valencia hacia Buenos Aires o La Habana, alguien que se fue porque en su país no había libertad, o pan, o las dos cosas. Gente que trabajó toda su vida con España en la memoria, que les habló de España a sus hijos y a sus nietos, que soñó con volver pero murió muy lejos de su tierra. Son esos nietos a los que ahora se señala como sospechosos; como cómplices de un pucherazo.

Machado cruzó la frontera con un puñado de tierra de su país en el bolsillo. Pidió ser enterrado con él, y así descansa desde hace 87 años en el pequeño cementerio de Collioure, en una tumba que aún hoy se llena de flores y banderas republicanas.

Machado no tuvo hijos, tampoco nietos. Pero sus herederos son también todos aquellos descendientes de quienes le acompañaron en ese último y doloroso viaje hacia el exilio, mientras el poeta soñaba con días azules y el sol de su infancia.

Ellas y ellos son tan españoles como Max Aub. Como María Teresa León. Como Manuel Chaves Nogales. Como León Felipe. Como Victoria Kent. Como Luis Cernuda. Como María Casares. Como Margarita Xirgu. Como Pablo Picasso. Como Antonio Machado.

Este artículo no va de Zapatero. De si es inocente o culpable. De si está justificada la investigación contra él ni de las dudas éticas sobre su trabajo como lobista o el origen de esas carísimas joyas.

Tampoco va exactamente de las filtraciones. Todas las semanas en elDiario.es –igual que en todos los periódicos españoles–, publicamos información cuyo origen es un sumario judicial. Eso no significa que difundamos cada dato que llega a nuestras manos. Hay un filtro: solo publicamos aquello que tiene interés informativo, es veraz y aporta al debate público algo más que morbo. Es un criterio que no todos los medios aplican, pero aun así me parece enormemente cínico criticar las filtraciones en función de quién sea el afectado. No es esa la cuestión. 

Esta vez le ha tocado a Zapatero: sus rutinas de peluquería, sus citas médicas, las personas con las que cena o qué regalos le hace a su mujer. Miles de detalles tan privados como irrelevantes para lo que está investigando la Audiencia Nacional.

Pero Zapatero no es el primero. Tampoco será el último. En España, de forma cotidiana, las personas bajo la lupa judicial ven pisoteados sus derechos: al secreto de las comunicaciones o a la privacidad. 

Es algo que no ocurre en otros países de Europa. Al menos no con esta cotidianidad. La justicia en España es una máquina de triturar estos derechos fundamentales de sus investigados. No sucede por casualidad ni es culpa concreta de los jueces, los abogados, los periodistas, los fiscales o los funcionarios que están en los juzgados: no depende de la maldad o la bondad de las personas. Se explica por la arquitectura institucional.

La Justicia española es anómala. Distinta a la europea por muchos motivos que llevaría mucho tiempo enumerar. Pero en este asunto concreto de las filtraciones, dos detalles explican por qué en España esto pasa de forma tan habitual.

La acusación popular

La primera anomalía tiene que ver con quién puede acusar. En casi todo el mundo democrático, la acusación penal es un monopolio del Estado: es la Fiscalía quien pide condenas ante los tribunales. En España no. Aquí tenemos tres acusaciones posibles: la Fiscalía, la acusación particular –es decir, la víctima– y también la acusación popular. Literalmente, cualquiera que se quiera apuntar. 

Solo hay dos países en toda Europa, España y Andorra (que nos copió la mala idea), donde cualquier persona u organización sin ninguna relación con el delito puede personarse en un juicio, solicitar pruebas, interrogar a los acusados, pedir condenas de cárcel o recurrir una sentencia.

En el caso concreto de Zapatero, hay ocho acusaciones populares. Entre otras, PP, Vox, Hazte Oír, Manos Limpias y hasta lo que queda de Ciudadanos, que emplea los pocos fondos que aún mantiene en estas cosas.

¿Y cuál es la gracia de ser acusación popular? Hay tres grandes ventajas. Puedes perseguir a tus rivales políticos, con razón o sin ella. Puedes abrir causas penales que no tendrían recorrido de otra forma porque la Fiscalía no ve delito, como ha ocurrido con la mujer o el hermano del presidente del Gobierno, pero también como pasó con la imputación de la infanta Cristina. Y por último: puedes acceder a toda la información, a todo el sumario.

Es algo relevante en este asunto de las filtraciones. Porque casi todo sale de allí, del sumario: los mensajes telefónicos, los audios intervenidos, los informes policiales, los registros, las agendas… Todas las pruebas y también los documentos en bruto, salvo que el juez diga lo contrario.

No revelo ningún secreto: es obvio que buena parte de las filtraciones de los sumarios provienen de acusaciones populares. Estos partidos políticos y organizaciones ultras son quienes más interés tienen en que se produzca un juicio paralelo en los medios de comunicación. 

Esto ni siquiera es novedad: la acusación popular en España nació exactamente para eso, para filtrar información. Aunque el origen constitucional de la acusación popular aparece en abstracto en la Pepa (la Constitución de 1812), la primera vez que realmente se usó fue en 1888, para que la prensa de Madrid tuviera acceso al sumario de un suceso, el crimen de la calle Fuencarral. Entre los principales periódicos, pagaron a un abogado para que se personara como acusación popular. ¿El objetivo? El mismo de ahora: vender periódicos. Es una historia interesantísima que ya te conté en esta carta anterior.

La anomalía de la acusación popular tiene poco arreglo. Esa mala idea del siglo XIX está blindada en la actual Constitución. Sí se podrían limitar un poco sus atribuciones, para evitar los abusos actuales. Es una propuesta que hasta hace no tanto compartía también la derecha y los propios jueces. Ahora ya no: contra el malvado Sánchez, todo cambió.

La segunda anomalía española no responde a ningún mandato constitucional. Tampoco parece que se vaya a arreglar

El juez instructor

La filtración completa de las agendas de Zapatero, o de todos los mensajes de su secretaria, no era inevitable. El juez Calama lo podría haber impedido. Tiene la capacidad de expurgar aquellos datos privados, que no aportan nada a la investigación. Puede sacar esa información irrelevante del sumario. 

Eso es algo que se ha hecho en anteriores ocasiones. Incluso cuando no había razones de protección de la intimidad. Por ejemplo, nunca escuchamos los audios de esas grabaciones de la Guardia Civil a Ignacio González y Eduardo Zaplana, donde explicaban que había que mandar a un juez de la Audiencia Nacional “a tomar por culo a Onteniente” y traer de vuelta a García Castellón, o quién sería el próximo fiscal Anticorrupción. Fueron unos deseos que además se cumplieron, pero en aquella ocasión nadie abrió una investigación judicial como la de Leire Díez. Y no solo eso: los audios fueron expurgados del sumario, donde solo apareció la transcripción.

El juez Calama podía haber evitado el filtrado de estos datos. Bastaba con que hubiera ordenado a la policía que los eliminara de su informe, en vez de incorporar todo al sumario. 

Pero el problema de fondo es otro: es el doble papel del juez instructor español.

En el resto de Europa, quien investiga los delitos es la Fiscalía, no el juez. Son los fiscales quienes buscan las pruebas, trabajan con la policía y elaboran la acusación, mientras que el juez se ocupa de otra cosa: de garantizar que en todo este proceso penal se respeten los derechos. Al final de la instrucción, sobre el trabajo de la fiscalía, el juez decide si finalmente se va a un juicio.

Son dos papeles que están separados, y es lógico que sea así. Uno empuja para que se investigue el crimen. El otro frena para que se respeten las garantías legales. 

En España los jueces de instrucción hacen ambas cosas: empujan y frenan al mismo tiempo. Dirigen la investigación, al tiempo que deben proteger las garantías legales. Es un modelo anómalo y obsoleto: viene de una ley de 1882. Es también una falta enorme de garantías para los investigados. Si tu obsesión es conseguir las pruebas del delito, es probable que no mires tanto por los derechos de los acusados.

Y si te toca un instructor como el juez Peinado, apaga y vámonos. Lo malo de una deficiente arquitectura institucional es justo eso: que dependes de las personas.

Hay una propuesta de reforma para cambiar este modelo y que sea la Fiscalía quien se ocupe de la instrucción mientras el juez vele por las garantías. Es algo que pide Europa. Como pronto, llegará dentro de una década.

Hay otras anomalías respecto a Europa. El exceso de aforamientos. O la propia existencia de la Audiencia Nacional: un tribunal que no tiene equivalente en ningún otro país europeo. O cómo se deciden los nombramientos en los puestos clave. 

Y por último, está la anomalía más clara. El doble rasero que tanto se ve estos meses. 

El juez Calama ha abierto una investigación por las filtraciones sobre Zapatero. Es un tema que no lleva la Audiencia Nacional, por lo que irá a otro juzgado. Sea quien sea el juez al que le toque el caso, dudo muchísimo que ordene la barbaridad de un registro del despacho y los teléfonos móviles de los sospechosos, como hizo el Supremo con el fiscal general.

Tengo muy buenas noticias: vamos a poder celebrar nuestro Festival de las Ideas y la Cultura en Rivas-Vaciamadrid. El intento de censura del PP de Ayuso ha fracasado.

El tribunal administrativo que había suspendido cautelarmente el festival nos acaba de dar la razón. Ha rechazado el recurso del PP porque llegó fuera de plazo y ha levantado la suspensión. Nuestro festival sigue adelante.

Los equipos de montaje han tenido que estar día y medio parados. Hemos perdido mucho tiempo, pero vamos a llegar. Este viernes, a las 16:00 de la tarde, arranca en Rivas-Vaciamadrid nuestro festival, que se celebra en colaboración con la iniciativa Ágora Rivas 2030. Y lo vamos a celebrar con más ganas que nunca.

En esta quinta edición, tenemos un programa espectacular. Nos acompañarán referentes de la cultura, la comunicación y el periodismo como Ariel Rot, Jordi Évole, Silvia Intxaurrondo, La Bien Querida, Carne Cruda, Bob Pop, Inés Hernand, Arde Bogotá, Lucía Solla Sobral o Marta Flich. Marc Giró vuelve a ser nuestro maestro de ceremonias. Y junto a ellos estarán, por supuesto, buena parte de la redacción de elDiario.es, con voces como las de Neus Tomàs, Juanlu Sánchez, Esther Palomera, Ana Requena, Toño Fraguas y Elena Cabrera. Es completamente gratuito y la mayor parte de las actividades se celebrarán en la Plaza de la Constitución de Rivas-Vaciamadrid. Solo hace falta reservar entrada para algunos actos, que serán en el Auditorio Pilar Bardem, donde el aforo es limitado. 

En estos dos días, con el festival cancelado lo hemos pasado realmente mal. La jugarreta del PP de Madrid estaba muy bien diseñada. Presentaron su recurso a solo cuatro días de arrancar el festival. Al día siguiente, nos llegó la suspensión cautelar. El tribunal administrativo tenía cinco días hábiles para responder. Y si hubieran agotado los plazos, no habríamos tenido una resolución hasta el lunes. En la práctica, esto habría supuesto la cancelación del festival.

Si el PP de Ayuso se hubiera salido con la suya, habría sido un golpe económico enorme. Los gastos de producción de este evento cultural superan los 600.000 euros; buena parte estaba ya pagado y no lo íbamos a recuperar. 

Era mucho dinero, pero eso no era lo que más me preocupaba. Lo que más me ha hecho sufrir ha sido la sensación de atropello, de injusticia, de vulnerabilidad. 

El Madrid de la libertad de Ayuso no es muy distinto a los muy libres Estados Unidos de Trump.

Miguel Ángel Rodríguez nos amenazó con triturarnos hasta forzar nuestro cierre. Y este ha sido otro intento más. Esta vez han fracasado por la vía administrativa. Volverán contra nosotros, estoy seguro.

Pero al menos este fin de semana, lo vamos a disfrutar. ¡Espero que nos veamos en Rivas! 

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Te escribo con urgencia, y con muy pocas horas de sueño.

Nuestro Festival de las Ideas y la Cultura está ahora mismo en el aire. Se supone que empieza este viernes, 26 de junio, en Rivas-Vaciamadrid. Llevamos meses preparándolo. Hay decenas de invitados, artistas, periodistas, actores, cómicos, músicos, técnicos, proveedores, viajes, hoteles, escenarios, sonido, iluminación, permisos, entradas reservadas... Todo está ya en marcha. El escenario está montado en la principal plaza de esta ciudad. Y, a pocas horas del inicio, el PP de Madrid está intentando pararlo.

ACTUALIZACIÓN - El Festival de elDiario.es sigue adelante, a pesar del intento de cancelación del PP

La concejala y portavoz del PP en Rivas, Janette Novo Castillo, presentó el martes un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid –que, pese a su nombre, no es un tribunal judicial– para pedir la “suspensión cautelarísima” del contrato y “la paralización del montaje del evento”. Es decir: ha pedido que se suspenda nuestro festival. Que no se celebre.

Apenas unas horas después de que la portavoz del PP presentara su recurso, ese órgano administrativo de la Comunidad de Madrid ha aprobado su petición: nuestro Festival se suspende. 

En teoría, es una decisión provisional; este tribunal administrativo aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. En la práctica, si no hay una decisión contraria en las próximas horas, esto equivale a cancelar nuestro festival. Este órgano administrativo tiene un plazo de cinco días para responder, pero si nos dan la razón el lunes, ya no nos sirve para nada. ¿Y si nos cancelan del todo o no responden antes del viernes? Podríamos llevar este atropello a los tribunales. Tal vez en unos años nos den la razón, y tampoco serviría de mucho.

Desde elDiario.es, con la ayuda de nuestros abogados, hemos presentado alegaciones contra esta decisión. Hay dos detalles importantes: el recurso del PP contra nuestro festival llegó fuera de plazo y la concejala que lo firma tampoco tiene legitimación para usar esta vía administrativa, según la propia doctrina anterior de este órgano. 

Esta es la forma. En la cuestión de fondo, el PP tampoco tiene razón.

El contrato entre el Ayuntamiento de Rivas y elDiario.es se ha tramitado con el mismo procedimiento –negociado sin publicidad por especificidad artística– que utilizan ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas para contratar eventos culturales como el nuestro. No hay ningún privilegio. Hay un festival público, gratuito, abierto a todo el mundo, organizado por elDiario.es, en colaboración con una ciudad que ha querido acogerlo. Entre otros nombres, en esta quinta edición está prevista la participación de La Bien Querida, Ariel Rot, Arde Bogotá, Hinds, Marc Giró, Jordi Évole, Silvia Intxaurrondo, Inés Hernand, Marta Flich, Alberto San Juan, Lucía Solla Sobral, Sara Peral o Bob Pop.

Lo que más les ofende, al parecer, es que entre otras muchas actividades tengamos una representación de la obra “Chistes contra Franco”, de Darío Adanti y Eugenio Merino. Hace más de un año que se representa en el Teatro del Barrio de Madrid. Hace más de medio siglo que murió el dictador, aunque haya días que no lo parezca.

El recurso presentado por la concejal del PP se basa principalmente en una errata. Tras la tramitación del expediente, el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid subió el expediente a la web de la plataforma de contratación con un código de epígrafe CPV equivocado. En lugar de un contrato de “servicios de organización de eventos culturales” y “servicios artísticos”, figuraba como un contrato de “sistemas de seguridad”. Es un error que ya está corregido. Y en todos los trámites del expediente, que fue aprobado por unanimidad, estaba registrado el epígrafe correcto desde el primer momento. 

El presupuesto total del Festival de las Ideas y la Cultura supera los 600.000 euros. Solo el alquiler y montaje del escenario, que es enorme, nos cuesta 86.000 euros. Ya hemos pagado 188.000 euros a proveedores externos. Puede que pudiéramos ahorrarnos alguna factura, pero muchos de los trabajos ya se han hecho o están ya contratados; los tendríamos que asumir igual. También perderíamos los ingresos de patrocinadores privados. Si finalmente cancelan nuestro festival, el agujero económico que nos dejan es enorme.

Es tanto dinero que hemos valorado seguir adelante incluso renunciando a esa parte de la financiación que ponía el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid: 216.643,82 euros. La mayor parte sale de una subvención del Ministerio de Asuntos Sociales, no de las cuentas del municipio (y la Comunidad de Madrid no pone un duro). Nos saldría más barato renunciar a ese dinero que cancelar, y así evitaríamos este intento de censura. Pero tampoco podemos hacerlo. 

No solo se ha suspendido el contrato, también todos los permisos. Si celebramos nuestro festival, aún renunciando a ese dinero, podrían acusar a los concejales de Rivas de prevaricación. Allí gobierna Izquierda Unida desde hace 35 años –ahora en coalición con Más Madrid y Equo y con un pacto de gobierno con el PSOE–. Es el principal bastión de la izquierda en Madrid; los tienen en el punto de mira. Y a nosotros también.

Pero lo más grave no es el dinero. Es el precedente.

Que un partido político intente cancelar a dos días de su inicio un festival cultural organizado por un medio de comunicación crítico es algo muy serio. Que se use una vía administrativa para provocar una suspensión de facto, también lo es. Que el recurso llegue fuera de plazo, en el último momento, y cuando todo está montado, cuando los artistas viajan, cuando las entradas están reservadas y cuando el daño ya sería irreversible, no parece tampoco casualidad. 

“Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, idiotas, que os den”, nos dijo Miguel Ángel Rodríguez cuando desvelamos el fraude fiscal del comisionista Alberto González Amador. Esto es lo que ahora intenta el PP de Isabel Díaz Ayuso.

Aún es posible que este tribunal administrativo revoque su decisión. Lo sabremos en las próximas horas. Quería contarte en persona todo lo sucedido. Te informaré cuando haya más novedades.

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Antes de empezar, quiero contarte una buena noticia. El Instituto Reuters, de la Universidad de Oxford, acaba de publicar la última edición de su ‘Digital News Report’: un prestigioso informe anual sobre la audiencia y la credibilidad de la prensa. Sus datos salen de una enorme encuesta mundial con 97.000 entrevistas (2.000 de ellas en España). Según este estudio, elDiario.es ya es el segundo periódico digital con más alcance en España: cada semana, se informa con nosotros un 14% de la población.

Gracias por la confianza, y por la parte que te toca de este éxito. Llegamos a tanta gente por el apoyo económico de personas como tú.

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La vida da muchas vueltas. Que le pregunten a Alberto González Amador.

En 2019, vivía con su mujer y sus tres hijos en un piso de 90 metros cuadrados en Barajas, cerca del aeropuerto de Madrid, en el barrio de la Alameda de Osuna. Su trabajo como técnico en prevención de riesgos laborales no daba para coches deportivos. Ni para dos pisos de 180 metros cuadrados cada uno en el barrio de Chamberí.

Llegó después la pandemia; una catástrofe para la mayoría de los españoles. Para otros no. 

Entre 2020 y 2023, las empresas de Alberto González Amador ingresaron 8,1 millones de euros. Repito: 8,1 millones de euros en solo cuatro años. 

De esa cantidad, 4,7 millones de euros los pagó Quirón Prevención, una filial del grupo sanitario Quirón. Son unos ingresos que se disparan a partir de 2021: el año en que se conoce –no consta fecha de cuándo empezó– su noviazgo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Otros dos millones más también tienen relación con un importante ejecutivo de Quirón. Es esa comisión por la compraventa de mascarillas en 2020. En el consejo de administración de la empresa compradora, MAPE, se sentaba entonces Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención.

La Justicia hoy investiga si este alto ejecutivo de Quirón fue cómplice de aquel pelotazo; si se llevó su parte de esa comisión de dos millones por mascarillas. Los últimos datos que ha desvelado la UCO –aún está pendiente el informe que se encargó hace un año, esto es solo una pequeña previa– respaldan esa sospecha.

Se explica muy fácil. Basta revisar la cronología.

Alberto González Amador cobró los dos millones de la comisión por las mascarillas en dos pagos: el 5 de mayo y el 5 de agosto de 2020.

Apenas un mes después, el 11 de septiembre de 2020, la mujer de Fernando Camino, Gloria Carrasco, compró a su marido y a su hermano sus participaciones en una pequeña empresa que tenían entre los tres: Círculo de Belleza SL. En ese momento, valoraron esa empresa en solo 20.000 euros. Gloria Carrasco se convirtió así en su única propietaria, tras pagar 8.000 euros por el 40% que aún no tenía.

El 4 de diciembre, Alberto González Amador compró Círculo de Belleza a la mujer de Fernando Camino por 499.836 euros. Cerró la operación a través de otra empresa de su propiedad, Maxwell Cremona, no a título particular.

Y al año siguiente, el 16 de diciembre, Maxwell Cremona vendió Círculo de Belleza al propio González Amador por solo 3.300 euros.

¿Cómo puede ser que una misma empresa valga primero 20.000 euros, tres meses más tarde medio millón y al año siguiente 3.300 euros? Como en todo truco de trilero, para encontrar la bolita hay que fijarse bien.

Círculo de Belleza nunca valió medio millón. Ni por asomo. No hay cómo justificar un precio así. Era una empresa minúscula: ni en el mejor de los cinco ejercicios previos había superado los 60.000 euros brutos anuales de facturación. Sus únicos activos eran un viejo ordenador portátil y dos máquinas usadas de depilación. Gestionaba un pequeño centro de estética en León, cerca de la farmacia de la mujer de Fernando Camino. Era tan irrelevante su cartera de clientes que lo primero que hizo González Amador una semana después de comprarla fue cambiar su nombre. Y nunca la volvió a dedicar a la depilación. Tras la compra, casi toda su facturación llegó en exclusiva de Quirón Prevención: la empresa presidida por Fernando Camino.

Cuando Camino vende su participación en Círculo de Belleza a su mujer lo que hace es quitarse de en medio. El código ético de Quirón prohíbe este tipo de negocios entre sus ejecutivos y sus proveedores. Así no es él quien cobra de González Amador.

¿Y por qué González Amador paga medio millón por esta empresita de depilación láser? La sospecha de la Justicia –está imputado por esa razón– es que este pago pudo ser un presunto soborno a Fernando Camino: para lograr más contratos de Quirón Prevención o a cambio del pelotazo de los dos millones. Camino estaba en el consejo de la empresa que compró esas mascarillas.

¿Y por qué un año más tarde González Amador se revende esa empresa a sí mismo por solo 3.300 euros? Pues tiene también su posible explicación: así pudo apuntarse en el balance de Maxwell Cremona unas minusvalías de 496.536 euros, que le permitirían un beneficio fiscal.

Todo huele fatal en los negocios del poliimputado Alberto González Amador (está procesado o investigado en dos causas por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental, administración desleal, organización criminal, delito contable y fraude fiscal). Pero lo que más inquieta es el mínimo común denominador. La mayor parte de los millones del novio de Ayuso pasan, directa o indirectamente, por Fernando Camino y Quirón Prevención.

Esta semana, un reciente informe de Hacienda ha cifrado en 4,4 millones la fortuna que González Amador recibió de Quirón solo en tres años, entre 2021 y 2023. Hacienda dice también que las empresas del novio de Ayuso no contaban con los medios para realizar los servicios de consultoría por los que recibieron estos millones. Allí no había ni un solo empleado (no sabemos si seguían las dos máquinas de depilación).

4,4 millones de euros es una cifra tan inmensa que ni siquiera Ayuso la puede esconder, por mucha propaganda que le pongan alrededor. ¿Qué pasaría si Begoña Gómez –es un suponer– hubiera cobrado algo lejanamente similar de una empresa regada de millones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez?

Buena parte de los medios, por lo que sea, han escondido en sus portadas esta información. 

Ante este nuevo escándalo, la respuesta de la Comunidad de Madrid ha sido la de siempre: mentir, insultar y manipular. La Agencia Tributaria “debería ser dinamitada”, dice Miguel Ángel Rodríguez. “Quede claro: el último contrato con Quirón fue el año 2010. La presidenta no estaba ni pensada”, asegura también el jefe de gabinete de Ayuso.

Es falso, como de costumbre. Solo el año pasado, el Gobierno de Ayuso adjudicó a Quirón un nuevo contrato público de 120 millones de euros por gestionar el Laboratorio Clínico Central. Quirón Prevención –la filial de la que cobra sus millones González Amador– ha recibido decenas de adjudicaciones y más de 250 contratos menores de la Comunidad de Madrid desde 2019. 

Durante la presidencia de Ayuso, los hospitales de Quirón han cobrado de la Comunidad de Madrid alrededor de mil millones anuales. No es un proveedor cualquiera: se lleva más del 3% de todo el presupuesto de este gobierno autonómico, casi el 10% de todo el gasto sanitario de la administración madrileña. Es difícil encontrar una empresa con mayores intereses económicos con el Gobierno de Ayuso que Quirón.

Es cierto que los convenios del Servicio Madrileño de Salud con los hospitales que gestiona Quirón vienen de la etapa de Esperanza Aguirre. Pero bajo la presidencia de Ayuso esos pagos han crecido, y su Gobierno ha facilitado en los tribunales el cobro de cantidades que antes la Comunidad discutía.

Durante la presidencia de Cristina Cifuentes, Quirón mantenía un fuerte conflicto con la Comunidad de Madrid por cuáles debían ser las cantidades a cobrar. La intervención ponía peros a una parte de las facturas de los hospitales Quirón, que consideraba que no estaban justificadas.

Quirón llevó el asunto a los tribunales. ¿La respuesta del Gobierno de Ayuso? Ceder y pagar. A partir de 2022, sus servicios jurídicos dejaron de oponerse a buena parte de esas reclamaciones y se allanaron, total o parcialmente, en los tribunales. Las sentencias por esos juicios –hay ya una decena entre 2023 y 2025– han supuesto para la Comunidad de Madrid un pago extra de 86 millones de euros a Quirón. 

En el verano de 2022, el Gobierno de Ayuso también destituyó a la interventora de la Comunidad de Madrid, Marta García Miranda. Era la responsable de fiscalizar los contratos y pagos de la Comunidad de Madrid y, según distintas fuentes, quien ponía peros a algunas de estas facturas. Tras su salida, los pagos a Quirón aumentaron. 

Y mientras tanto, los millones de la pareja de Ayuso no paran de crecer. El informe de Hacienda solo detalla las cifras hasta 2023, pero en los años siguientes hubo más. 

En 2024, la empresa de González Amador Maxwell Cremona cobró casi un millón: 944.836 euros. En el Registro Mercantil no aparece el detalle sobre el origen de este dinero. Tal vez dentro de otro año, en el siguiente informe de la UCO, lo logremos averiguar. 

P.D. Falta solo una semana para nuestro Festival de las Ideas y la Cultura. Este año, ya sabes, es en Rivas Vaciamadrid. Estás invitadísimo, puedes traerte a quien quieras. Pero recuerda que algunas de las actividades son en el Auditorio Pilar Bardem y el aforo allí es limitado. Puedes reservar gratuitamente esas entradas desde aquí. Ojalá nos veamos allí. 

Esta historia empieza en el aeropuerto de Miami, el 9 de mayo de 2021. Un rico venezolano intenta entrar en Estados Unidos. Algo pita en el control de pasaportes y los agentes de la aduana le bloquean el paso. Le retiran el visado. Le retienen en un pequeño cuarto. Le exigen que entregue su teléfono. Copian todo el contenido de su móvil. Y le deportan unas horas más tarde, en un vuelo hacia Panamá.

Ese venezolano se llama Rodolfo Reyes. Era el principal accionista de Plus Ultra. Cinco años después, la copia de ese teléfono se ha convertido en una de las principales pruebas contra José Luis Rodríguez Zapatero. 

El histórico auto del juez José Luis Calama, la primera imputación de un expresidente del Gobierno, se apoya en gran medida en esas conversaciones sobre “nuestro pana Zapatero” y el rescate de Plus Ultra que salieron del móvil de Reyes. Ahora hay un problema: no está claro que esa prueba sea legal en España. Y si cae esa pieza, buena parte del caso Zapatero podría venirse abajo. 

Todo lo que rodea al móvil de Rodolfo Reyes es extraño, por tres motivos.

El primero, por las fechas. EEUU envió esos datos a la UDEF el 18 de marzo de 2026: con casi cinco años de retraso y en pleno conflicto de Donald Trump contra Pedro Sánchez por el ‘no’ de España a la guerra de Irán.

Fuentes de la investigación argumentan que esa fecha se debe a que, pocos días antes, el 6 de marzo, la justicia española reactivó la orden de busca y captura contra Rodolfo Reyes. Eso hizo saltar la “notificación roja” de Interpol, y por eso el personal del Homeland Security en la embajada de Estados Unidos en Madrid envió a la UDEF esa copia del móvil. 

Sin embargo, hay algo que no cuadra en esa explicación. Rodolfo Reyes está en busca y captura desde hace más de dos años: desde febrero de 2024. La orden de detención internacional en Interpol está en vigor desde entonces. ¿Por qué el Homeland Security se acordó ahora de que tenía su teléfono y en 2024 no?

La segunda anomalía está en el sumario. O más bien es un agujero en él, como ha denunciado el abogado de Zapatero. Allí no aparecen los mensajes completos del móvil de Rodolfo Reyes; tampoco la documentación exacta que EEUU mandó a la policía. Solo están en el sumario los fragmentos recogidos en los informes policiales, donde la UDEF cita aquellos que considera más relevantes. Esto no debería ser así: todas las partes en un proceso penal tienen que tener acceso íntegro a las pruebas. También los abogados defensores. En este caso, para poder comprobar si en ese chat aparecen otros mensajes exculpatorios, o para revisar si el recorte de las conversaciones que ha hecho la policía no está sesgado.

La tercera anomalía es el propio auto que firmó el juez Calama esta semana. Envía a Estados Unidos –así, en abstracto, no a ningún órgano judicial en concreto– una comisión rogatoria para que le autorice a utilizar el volcado de ese teléfono en este proceso penal.

Es algo inédito, porque el orden suele ser al revés: primero se piden las pruebas por comisión rogatoria, después se usan. Y aquí Calama ha puesto la carreta por delante de los bueyes. El juez está pidiendo permiso para usar judicialmente unas pruebas que ya ha utilizado en su auto, y de las que desconocemos lo más básico: su legalidad, la trazabilidad, qué garantías hay de que no han sido manipuladas o de que cumplen con el derecho español.

Para complicarlo aún más, en el informe 1908/26 de la UDEF donde se cuenta el origen de esta copia del teléfono de Reyes, la policía dice lo siguiente: “El HSI [Homeland Security Investigations] obtuvo las autorizaciones necesarias y procedió a compartir dicha extracción para su uso en un proceso judicial en España”. 

Si realmente el HSI ya obtuvo “las autorizaciones necesarias” para su “uso en un proceso judicial en España”, ¿por qué vuelve a pedirlas el juez? ¿Y por qué no están esas autorizaciones en el sumario?

El problema es que el Homeland Security Investigations no es un órgano judicial. Es un departamento que depende del ICE, la policía aduanera que ahora usa Donald Trump para perseguir a los inmigrantes. Y esta es una de las claves de esta historia. ¿Quién ordenó clonar el teléfono de Rodolfo Reyes? ¿Fue una decisión policial? ¿O lo autorizó algún juez de ese país?

Sí sabemos que la policía de aduanas estadounidense tiene la facultad legal de revisar o incluso copiar los dispositivos electrónicos de cualquier persona que pase por la frontera, sin orden judicial. Y es algo que el ICE hace mucho: solo en 2025, revisaron los teléfonos de 55.318 personas. Y a 4.396 de ellas, les copiaron íntegramente su teléfono, como hicieron con Rodolfo Reyes. Es algo que pasa a diario en los aeropuertos de EEUU. Sin que lo revise ningún juez.

En España algo así es impensable. Sería completamente ilegal. El secreto de las comunicaciones es un derecho constitucional y no hay excepciones en la frontera. La policía solo puede revisar el teléfono de alguien con una orden judicial. Y aunque esta copia del móvil de Reyes sea legal en EEUU, no está tan claro que pueda ser una prueba válida ante la Audiencia Nacional.

¿Y qué pasa si una prueba clave es ilegal bajo las garantías y derechos de la Justicia española? 

En derecho la llaman la doctrina del fruto del árbol envenenado. Es una metáfora bastante clara: todo lo que vaya después de una prueba ilegal es también ilegal; si el árbol está envenenado, la fruta también lo está. Si la prueba que sirvió para imputar a Zapatero o registrar su despacho es nula, todo lo que vino después en esta causa judicial también se debe anular. 

La metáfora de la fruta del árbol envenenado aparece por primera vez en 1939, en una sentencia del Tribunal Supremo de EEUU que anuló las condenas a unos contrabandistas de alcohol porque la policía utilizó pinchazos telefónicos ilegales. Como explica Jordi Nieva en este interesante artículo, esa doctrina del Supremo estadounidense buscaba poner freno a los desmanes de la corrupta policía de esos años. Dejar claro que no vale todo en un Estado de derecho. 

¿Y vale todo en España? En ocasiones, la justicia española es muy garantista. Otras veces no.

De Naseiro a Encrochat

El caso Naseiro, el mayor escándalo de financiación ilegal del PP hasta la Gürtel, acabó archivado precisamente por la doctrina del árbol envenenado. El Tribunal Supremo anuló unas escuchas telefónicas porque se habían autorizado para investigar un presunto delito de narcotráfico, no el caso de corrupción que apareció después. “No todo es lícito en la búsqueda de la verdad”, concluyó el Supremo.

En otros casos, la Justicia española ha sido mucho menos estricta. Ocurrió con la lista Falciani: un empleado de la banca suiza robó los datos bancarios de miles de defraudadores, que acabaron en manos de la Justicia. El fin era noble, pero el hecho en sí era un delito. Aun así, el Tribunal Supremo avaló esas pruebas porque quien cometió la ilegalidad fue un particular, no el Estado.

Y más reciente es el caso Encrochat. Las autoridades francesas lograron acceder a las comunicaciones de una red de teléfonos encriptados utilizada por delincuentes de medio mundo. Esas conversaciones han servido para decenas de procesos penales en España –incluso el caso de la Diputación de Almería se destapó así–. Los acusados intentaron anularlas, pero el Tribunal Supremo las ha avalado porque la justicia francesa autorizó la operación ante indicios de delitos graves.

Con estos precedentes sobre la mesa, es difícil pronosticar qué hará ahora la Justicia española con Zapatero. Si avalará esas pruebas o las anulará. Lo que parece seguro es que este debate acabará fijando una nueva doctrina del Tribunal Supremo o del Constitucional.

Porque está en cuestión incluso la validez de la prueba más espinosa que hoy amenaza a Zapatero. ¿Son las joyas con diamantes, zafiros y rubíes la fruta de un árbol envenenado?

Las joyas de ZP

La Audiencia Nacional ordenó los registros al despacho de Zapatero buscando pruebas de un supuesto delito de tráfico de influencias y una trama de empresas offshore. Ni una cosa ni la otra parecen haber aparecido. Pero la UDEF sí ha encontrado unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros, que le han costado al expresidente una nueva imputación penal: por los presuntos delitos de contrabando y fraude fiscal.

Según ha explicado el propio Zapatero, esos tres juegos de joyas más valiosos son regalos de otros países. Aún no se sabe cuáles son: algunas fuentes señalan a Qatar, Marruecos y Arabia Saudí. Estados donde este tipo de diplomacia de los regalos es muy habitual, como saben algunos senadores españoles que recibieron un reloj Rolex en un viaje oficial por la región del Golfo Pérsico. 

El exministro Miguel Sebastián publica hoy en elDiario.es un interesante artículo donde defiende al expresidente y desvela que a él también le regalaron un juego de joyas de este estilo, en un viaje oficial a Arabia Saudí. Es mucho más que una anécdota porque explica una mecánica: es muy improbable que Zapatero y Sebastián fueran los únicos a los que un regalo así les llegó. 

Zapatero aún no ha aclarado en qué fechas le regalaron estas valiosas joyas: si fue durante su etapa como presidente del Gobierno o después. Es un asunto en cualquier caso escandaloso. Otra cosa es la relevancia penal. 

Si Zapatero aceptó estos carísimos regalos cuando era presidente, los delitos que ahora le imputa la Audiencia Nacional –contrabando y fraude fiscal– estarían casi con seguridad prescritos; han pasado ya casi 15 años desde que dejó la presidencia. 

¿Y si la Justicia anula el clonado del teléfono de Rodolfo Reyes? Pues el hallazgo de las joyas también estaría en cuestión. La policía las encontró con un registro a su despacho que se ordenó precisamente por esos mensajes de los directivos de Plus Ultra. Y si el árbol está envenenado, el fruto con diamantes también lo está. 

Pero el aspecto penal no es el único que está en cuestión: hay también un plano ético. La justicia puede anular unas pruebas, pero su recuerdo en la ciudadanía no va a desaparecer. Si se confirma el valor de esas joyas y su origen, aceptar esos regalos supone una mancha imborrable en la reputación de Zapatero, aunque no haya delito. Si recibió esos carísimos regalos siendo presidente, debería haberlos dejado en La Moncloa. O no haberlos aceptado. 

Para el abogado de Zapatero, todos estos detalles suponen una gran oportunidad. Puede lograr la absolución de su cliente por un error procesal, o por prescripción del delito. Pero para el expresidente del Gobierno, no parece la mejor solución. Si el caso Zapatero queda en nada por un defecto de forma, la sombra sobre su actuación jamás se despejará. No será declarado culpable. Pero tampoco inocente. 

El principal acusado se llama David Sánchez Pérez-Castejón, y eso es un hecho probado. Se juega ir a la cárcel: se sienta en el banquillo acusado de tráfico de influencias y prevaricación. Esta misma semana, la acusación popular ha decidido duplicar la petición de condena para David Sánchez. Organizaciones como Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP o Vox pedían tres años de cárcel. Les pareció poco. Ahora piden seis. 

¿Su principal delito? Ser hermano del presidente del Gobierno, el tan odiado por la derecha Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Porque si el acusado no tuviera esos apellidos, dudo que hubiéramos llegado hasta aquí. 

El juicio que se celebra estos días en la Audiencia Provincial de Badajoz es completamente anómalo, por tres razones.

La primera, porque es muy raro encontrar un proceso penal por un supuesto enchufe. Lo habitual con las oposiciones amañadas, los contratos a dedo o los puestos de trabajo ficticios es que se juzguen por la vía contencioso-administrativa: sin condenas de cárcel. Incluso en los casos más graves y flagrantes, que en ocasiones sí van por lo penal, la condena al cargo público suele ser la inhabilitación, no la prisión. 

La segunda, porque es aún más inusual que se juzgue al enchufado. 

La tercera, porque ni siquiera hay pruebas solventes de que realmente David Sánchez fuera enchufado. Y los pocos indicios que había han quedado desarbolados esta semana, durante las declaraciones de los testigos.

Es un nuevo proceso de Kafka. El proceso Sánchez Pérez-Castejón. 

Vayamos primero a los precedentes. 

De la Universidad al Tribunal de Cuentas

En el Supremo hay decenas de sentencias que anulan plazas universitarias decididas ilegalmente. Casos donde el perfil estaba redactado a la medida de un candidato, donde los méritos que se piden coinciden sospechosamente con los del enchufado o donde la comisión de selección fue arbitraria. Todas esas sentencias terminan igual: con la anulación de la plaza y la repetición del procedimiento. Casi nunca se juzga al enchufado, que a lo más que se arriesga es a perder el puesto. Son procesos administrativos, no penales. Es lo que pasó, por ejemplo, con esta plaza en la Universidad de Oviedo.

Otro caso de enchufismo, en una institución donde el nepotismo es más que una sombra: el Tribunal de Cuentas. De 700 empleados, más de un centenar tenían lazos familiares con los altos cargos y consejeros de este organismo, según una investigación publicada en 2014 por El País.

Entre 2014 y 2017, el Supremo desmontó uno de estos enchufes: una plaza de subdirector adjudicada al hermano de Javier Medina Guijarro, entonces vicepresidente y consejero del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP. 

Primero se colocó a dedo al hermano de Medina en el cargo de subdirector en comisión de servicios. Después se modificaron los requisitos para el puesto mediante una supuesta “corrección de errores” que eliminaba exigencias que el enchufado no cumplía, como saber inglés y francés. Más tarde se dejó la convocatoria desierta, para que siguiera el hermano. Por último, se volvió a convocar otra vez la plaza, de nuevo a su medida, que así ganó.

El caso se resolvió por la vía contencioso-administrativa, no por la penal. El Supremo anuló una tras otra esas actuaciones. Hicieron falta cuatro sentencias y dos autos, entre 2014 y 2017, para que el Tribunal de Cuentas desistiera del enchufe y convocara la plaza de forma legal. En una de estas sentencias, el Supremo concluyó que estos movimientos eran una “desviación de poder” que tenían “una finalidad torcida”: que el puesto lo ganara el hermano de Javier Medina, no el candidato más idóneo. 

¿La condena? En la práctica, solo las costas judiciales: 38.000 euros en total, que tuvo que pagar el Tribunal de Cuentas (no su vicepresidente). El hermano ni siquiera tuvo que devolver el dinero cobrado desde que fue enchufado hasta que su nombramiento se anuló.

No era siquiera el primer indicio de nepotismo. Casualmente, Javier Medina tenía entonces trabajando en el Tribunal de Cuentas a su hermana, a su mujer, a un familiar de su mujer… y a su hermano.

Hubo un intento de juzgar como prevaricación ese enchufe, pero la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo archivó la querella presentada contra Javier Medina. ¿Los argumentos? Que una ilegalidad administrativa no es lo mismo que un delito de prevaricación: hace falta que sea una arbitrariedad grosera sin ninguna justificación, dijo el Supremo (con dos votos particulares en contra que sí pidieron investigar). Ni siquiera ante un ejemplo así, se vieron indicios suficientes para abrir una causa por lo penal. 

Hay que esforzarse mucho para que un enchufe se convierta en un juicio penal. Para que haya delito, dice la jurisprudencia del Supremo, hace falta un enchufe campanudo y a las bravas. Como lo que hacía Baltar en la Diputación de Ourense.

Las cacicadas de Baltar

José Luis Baltar Pumar, expresidente de la Diputación de Ourense, sí fue juzgado y condenado por lo penal: por contratar ilegalmente a 104 personas. Todas a dedo: sin publicidad ni concurrencia, sin el más mínimo respeto por el procedimiento legal. 

En aquellos años, la Diputación de Ourense llegó a tener 33 porteros en nómina para un edificio con solo tres puertas.

Los 104 enchufados eran en su mayoría familiares y cargos vinculados al aparato local del PP. Todos esos contratos ilegales se firmaron en apenas tres meses: entre enero y marzo de 2010. La fecha no es casual: en ese mismo periodo, el PP de Ourense celebraba un reñido congreso provincial. Uno clave, porque Baltar padre se retiraba y pretendía dejar en herencia el cargo de presidente de la Diputación a su hijo, José Manuel Baltar.

Los enchufes cumplieron su función. Baltar hijo ganó el congreso del PP y sucedió a Baltar padre como presidente provincial del partido y de la Diputación. Entre padre e hijo, sumaron 33 años al frente de esa institución. Tuvo que llegar un radar de la DGT que pilló a José Manuel Baltar conduciendo a más de 200 kilómetros por hora para que la saga familiar perdiera la Diputación. 

Aquellos enchufes se juzgaron por lo penal. ¿La sentencia? José Luis Baltar fue condenado a 9 años de inhabilitación. Un chiste, porque para entonces Baltar padre ya estaba jubilado: no ocupaba cargo público ni tampoco aspiraba a ninguno. En la práctica, la condena no tuvo ningún efecto. 

Los enchufados de Baltar no fueron juzgados. Tampoco esos cargos del PP local que aceptaron este trato de favor para ellos o sus familiares. Tampoco el beneficiado indirecto de los enchufes, su hijo y sucesor. La sentencia tampoco obligó a los enchufados a devolver el dinero cobrado de la Diputación. 

En aquellos años, el máximo responsable del PP gallego era Alberto Núñez Feijóo. Hoy es el líder nacional de un partido que pide cuatro años de cárcel para Miguel Gallardo, el expresidente de la Diputación de Badajoz. 

La hermana de Moreno Bonilla

Otro ejemplo. En 2019, al poco de ganar Juan Manuel Moreno Bonilla la presidencia de la Junta de Andalucía, su hermana se llevó una plaza pública que dependía de esta administración: directora del conservatorio superior de danza de Málaga. Otra candidata denunció el nombramiento ante la Fiscalía. En el concurso de méritos, ella tenía 49,5 puntos. La hermana de Moreno Bonilla, solo 38,2.

El caso se cerró sin llegar siquiera a juicio. La Junta defendió que la elección de la hermana de Moreno Bonilla no dependía solo de esa puntuación y que la Inspección Educativa desaconsejó el nombramiento de la otra candidata. La Fiscalía archivó la investigación. 

Un último precedente, aún más reciente y donde muy pronto habrá sentencia: el proceso penal contra José Luis Ábalos por, entre otros motivos, enchufar a su entonces pareja, Jessica Rodríguez, en una empresa pública a la que no consta que fuera a trabajar. 

¿Está siquiera imputada Jessica Rodríguez? Por supuesto que no. 

De San Petersburgo a Badajoz

Vistos los precedentes, es difícil sostener una acusación penal contra David Sánchez. Incluso si hubiera sido enchufado. Pero es que ni siquiera hay evidencia de que tal enchufe sea real.

El hermano del presidente del Gobierno es director de orquesta. Estudió en una de las escuelas de música más prestigiosas y antiguas del mundo: el Conservatorio Estatal Rimski-Kórsakov de San Petersburgo. Trabajó durante años como director de orquesta en esa ciudad rusa. En 2015, antes de que fuera acusado de enchufe, el diario El Mundo lo calificaba como “uno de los directores de orquesta españoles más reconocidos en el extranjero”.

En 2017, fue contratado por la Diputación de Badajoz como “coordinador de actividades de los conservatorios de música”. Más tarde su puesto fue modificado y pasó a denominarse “jefe de la oficina de artes escénicas”. Hoy está siendo juzgado por los presuntos delitos de “tráfico de influencias” y “prevaricación”.

La denuncia inicial fue de Manos Limpias. Llena de mentiras, como que tenía 1,4 millones de euros en acciones del BBVA (falso, eran 71.000 euros). O que no iba a trabajar (falso, como están demostrando las declaraciones de los testigos). O incluso que vivía en Portugal (en Elvas, a media hora de su trabajo), como si eso también fuera un delito.

La jueza de instrucción que ha procesado penalmente a David Sánchez –en contra del criterio de la Fiscalía– se llama Beatriz Biedma. Su acusación es que esa plaza de la Diputación se creó a medida porque David era el hermano del secretario general del PSOE. Que ese puesto no era necesario y se diseñó específicamente para él. 

Es la misma teoría que alentó esta semana en el juicio el teniente coronel de la UCO Antonio Balas: “Entendemos que [la decisión de crear el puesto] partió de un nivel superior con capacidad política”. A Balas también “le llamó la atención” la “urgencia” para crear esa plaza. Las acusaciones argumentan que esa plaza siempre fue “con bicho”: que fue creada solo con el afán de contratar al hermano del hoy presidente del Gobierno.

Hay un problema: las fechas de cuándo se crea esa plaza no cuadran con el enchufe.

David Sánchez fue contratado en julio de 2017: poco después de que su hermano recuperara la secretaria general del PSOE, tras su victoria en las primarias de 2017. Pero la creación de ese puesto de coordinador de los conservatorios es del año anterior. La propuesta aparece por primera vez el 17 de octubre de 2016 y la dotación presupuestaria se aprueba el 4 de noviembre de ese mismo año.

Cuando se crea esa plaza, Pedro Sánchez es un apestado en el PSOE.

Unas semanas antes, el 1 de octubre de 2016, el Comité Federal del PSOE había forzado su salida como secretario general. Y en el proceso interno que se vivió después, Miguel Ángel Gallardo apoyaba a Susana Díaz. No parece que en el otoño de 2016, el presidente de la Diputación de Badajoz tuviera razón alguna para enchufar al hermano del entonces defenestrado secretario general.

Contra lo que algunos creen, tampoco era una plaza de funcionario de carrera: fue un puesto de personal laboral de alta dirección. El detalle es importante: era un trabajo del que después te pueden despedir con relativa facilidad. Y que también tiene requisitos más laxos para la contratación. 

A la convocatoria de la Diputación se presentaron 11 personas. Tras las entrevistas, cinco candidatos fueron considerados no aptos para el desempeño del puesto y seis aptos. Entre estos últimos estaba David Sánchez Pérez-Castejón, que obtuvo la valoración más alta: 90 puntos sobre 100.  

¿El resto de las pruebas contra él? Que se interesó por los pisos en Badajoz antes de ganar la plaza –algo lógico si estás ante la posibilidad de que la puedas lograr–. Y también un correo electrónico sobre la convocatoria de la plaza de Evaristo Valentí, director del Conservatorio Superior de Badajoz, que utilizó la palabra “hermanísimo” el 17 de mayo de 2017. Valentí explicó ante el tribunal que usó ese término porque había “rumores” de que se presentaría a esa convocatoria, no de que la fuera a ganar; que utilizó el término en tono jocoso. Y que conocía a David Sánchez igual que al 80% de los candidatos que se presentaban a ese puesto. 

Otros testigos del juicio han desmontado también otras de las acusaciones contra David Sánchez: que no trabajaba o que el puesto era innecesario.

Si esto fuera un juicio normal, tras estos testimonios, es muy dudoso que pudiera acabar con una condena. No ha aparecido una sola prueba que demuestre ese “tráfico de influencias” para ese puesto. Menos aún que ese delito lo haya cometido el propio David Sánchez.                  

Pero si esto fuera un proceso penal normal, también es muy dudoso que hubiera podido llegar siquiera a juicio. A estas alturas, cuesta creer que tantas anomalías simultáneas en tantos tribunales españoles sean culpa del azar.

Aviso: el boletín de este sábado es más largo de lo habitual. Hay que hablar de muchos temas: Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez, Alberto González Amador, Cristóbal Montoro… 

Porque todo pasa por los juzgados, en la acelerada política española. Pero no todo pasa bajo el mismo criterio ni con la misma velocidad.

Esta semana, arrancó el juicio por el presunto enchufe a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. También esta semana, el juez Peinado citó a Begoña Gómez para el último trámite antes de sentarla en el banquillo; amenazó incluso con detenerla si no acudía en persona, algo de dudoso encaje legal. 

Ambas denuncias tienen muchísimo en común, no solo la relación con Pedro Sánchez. Ambas llegaron casi a la vez, en la primavera de 2024. Ambas están presentadas por Manos Limpias, el pseudosindicato de ultraderecha. Y ambas incluían noticias falsas: el bulo de que Begoña Gómez había recibido una subvención –era una hostelera cántabra del mismo nombre–, o los supuestos 1,4 millones de euros en acciones del BBVA de David Sánchez que en realidad eran solo 71.000 euros.

Ambas denuncias tampoco se explican sin otra noticia, que publicamos pocas semanas antes.

El 12 de marzo de 2024, elDiario.es destapó el fraude fiscal de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso. 

Al día siguiente, el 13 de marzo, Isabel Díaz Ayuso defendió con mentiras que era justo al revés: que era Hacienda quien debía dinero a su pareja. Ese mismo día acusó al Gobierno de Sánchez de una “operación para destruirla”: para tapar la corrupción de Pedro Sánchez con referencias veladas a su mujer.

A lo largo del mes de marzo, el argumento de que la “persecución contra González Amador” era para proteger a la familia de Pedro Sánchez fue creciendo en los altavoces de la derecha. Es completamente falso: la inspección fiscal contra la pareja de Ayuso arrancó en 2022, dos años antes de las primeras informaciones contra Begoña Gómez o el hermano de Pedro Sánchez. Pero la verdad nunca ha frenado a Ayuso. Ni tampoco a Miguel Ángel Rodríguez.

El 16 de abril, el juez Peinado arrancó bajo secreto de sumario la investigación contra Begoña Gómez.

Justo al día siguiente, el 17 de abril, el jefe de gabinete de Ayuso ponía este tuit. 

El 24 de abril, la investigación de Peinado contra Begoña Gómez salía a la luz. Y apenas un mes más tarde, el 29 de mayo, llegó la denuncia de Manos Limpias contra David Sánchez. 

Han pasado justo dos años desde esa denuncia contra David Sánchez hasta el inicio de su juicio. Begoña Gómez, por su parte, está al borde del banquillo. Pero, ¿qué ha sido de González Amador?

La pareja de Ayuso tiene dos causas judiciales en marcha. Una es por el fraude fiscal y las facturas falsas que presentó ante Hacienda. Esa parte de la instrucción ya está terminada –no tenía gran complejidad–, pero el inicio del juicio no se espera hasta 2027, como pronto. 

Alberto González Amador también está imputado por corrupción en los negocios y administración desleal. La justicia investiga si pagó una mordida de 500.000 euros a un directivo de Quirón que previamente le facilitó una comisión de dos millones de euros por la venta de mascarillas. No parece llevar mucha prisa.

El 25 de julio de 2025, la jueza que instruía el caso contra González Amador pidió a la UCO –la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil– un primer informe sobre este presunto soborno. Para entonces, Peinado no solo había pedido varios informes a la UCO sobre Begoña Gómez: ya había recibido dos. 

Poco después de pedir ese informe sobre González Amador, la jueza se jubiló. El nuevo titular del juzgado, Antonio Viejo, se incorporó en otoño de 2025. El 31 de octubre de 2025, la UCO recibió al fin formalmente la primera petición para investigar la presunta mordida de González Amador.

El 19 de diciembre de 2025, la UCO pidió a este juez una autorización para poder entrar en las cuentas bancarias de González Amador y sus empresas. Es apenas un trámite, para poder cumplir con la orden anterior y poder presentar ese informe.

Ha pasado medio año y ese trámite sigue pendiente. Desde el TSJ de Madrid aseguran que Antonio Viejo ha tenido que “empezar de cero” en su juzgado para ponerse al día con todos los asuntos pendientes, y que ha priorizado aquellas causas con preso, donde hay alguien en prisión preventiva.

Han pasado dos años desde aquella primavera en la que todas estas causas judiciales arrancaron. Tiempo suficiente para investigar, juzgar y condenar al mismísimo fiscal general. 

El caso Montoro

Hay ocasiones en las que la justicia es rápida. En otras es lenta. Unas veces extrema las garantías. En otras, parece olvidarlas.

En otro juzgado, en Tarragona, hay una causa judicial que avanza a trompicones, al ritmo del caracol: el caso de Cristóbal Montoro y su “Equipo Económico”: una empresa que presuntamente cobraba fortunas a cambio de leyes a medida y otros favores del Gobierno de Rajoy. 

La primera pista apareció en otra causa judicial: un correo electrónico de los directivos de una empresa de gas, donde hablaban de cómo lograr una rebaja fiscal para su sector. “La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda”, se leía literalmente en uno de esos correos. 

Aquella investigación llegó al juzgado en 2018 y siguió viva en gran medida por el tesón de una fiscal de Anticorrupción, Carmen García Cerdá. En diciembre de 2021, esta fiscal pidió permiso para investigar los correos electrónicos del Ministerio de Hacienda, incluido un buzón atribuido al propio Montoro donde presuntamente recibía también filtraciones de datos reservados de contribuyentes con los que él o su gobierno tenían enemistad.

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, se negó. Argumentó que era “desproporcionado”, que no había indicios suficientes.

“Somos fiscales, me cuesta que tengamos dudas de investigar”, defendió la fiscal García Cerdá. Incluso forzó una votación en la Fiscalía Anticorrupción –es una posibilidad que tienen en caso de discrepar de una orden–, pero ganó la posición del jefe, Alejandro Luzón.

La fiscal García Cerdá recurrió entonces a una vía irregular. Habló con los Mossos para intentar que fueran ellos los que pidieran al juez acceso a ese mail. No lo logró: nadie ha mirado aún en ese correo. Y aquella gestión con los Mossos le acabó costando una sanción, por desobedecer la orden de su superior. Mil euros de multa, que fueron impuestos por la Fiscalía durante la etapa de Álvaro García Ortiz. Todo esto, en más detalle, está explicado en este artículo de Pedro Águeda en elDiario.es. Hace ya un año.

La investigación lleva en marcha desde 2018: ocho años. Montoro fue imputado en 2021: hace cinco años. Por ahora, aún no ha sido llamado siquiera a declarar. Tampoco se ha registrado su despacho. No se sabe si este caso algún día llegará a juicio, o si se archivará. Lo que sí es seguro es que cualquier posible condena al exministro de Hacienda vendría con un atenuante: por el enorme retraso de la instrucción.

El caso Zapatero

Al igual que con Montoro, la investigación se inicia con unos mensajes de unos empresarios que dicen haber pagado a una empresa vinculada con Zapatero para lograr un trato de favor de la administración. El inicio de esta historia es prácticamente el mismo. El proceso que ha seguido no.

Esas conversaciones de WhatsApp que apuntan a Zapatero principalmente salen del teléfono móvil de Rodolfo Reyes: un empresario venezolano que fue propietario del 40% de Plus Ultra. El 9 de mayo de 2021, en el aeropuerto de Miami, las autoridades estadounidenses clonaron su teléfono móvil antes de deportarle a Panamá. En aquel momento, el presidente de EEUU era Joe Biden. Pero la gran duda es otra. ¿Cuándo se mandaron esos mensajes desde Estados Unidos hasta la Audiencia Nacional? ¿Bajo qué administración?

En el sumario del caso Zapatero no aparece la fecha exacta –y es raro, siendo como es una de las pruebas decisivas–. La primera mención figura en un informe de la UDEF del 22 de abril de 2026. Y según ha publicado Miguel Ángel Campos en la Cadena SER, esta colaboración con la Policía del Homeland Security estadounidense se produjo entre febrero y marzo de 2026. Cinco años después de que Estados Unidos tuviera esos mensajes en su poder.

Son las mismas fechas en las que arreciaron las críticas de Donald Trump contra Pedro Sánchez por la posición de España contra la Guerra de Irán.

El caso Leire

Hay asuntos que jamás prosperan en los juzgados. La Operación Catalunya, por ejemplo, que nunca se ha querido investigar. O buena parte de las grabaciones de Villarejo, que duermen el sueño de los justos en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. 

Otros asuntos son tan golosos que hasta se implican dos juzgados a la vez.

Las maniobras de la fontanera del PSOE Leire Díez y del empresario Javier Pérez Dolset ya estaban bajo la lupa de la justicia desde hace casi un año. El juez Arturo Zamarriego, del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, empezó a investigar en julio de 2025 el presunto intento de soborno a un fiscal de este grupo. También las pesquisas de Leire Díez para lograr información comprometida contra los mandos de la UCO o de la Fiscalía Anticorrupción para así descarrilar las investigaciones judiciales abiertas contra el PSOE. Son reuniones donde Leire Díez prometía tratos de favor del Gobierno o de la Fiscalía que no consta que se cumplieran.

En la Audiencia Nacional, desde finales del año pasado, el juez Santiago Pedraz también investiga a Leire Díez, pero por otra cuestión: el presunto cobro de comisiones ilegales. Una trama donde Díez trabajaba junto a Antxon Alonso –supuesto socio de Santos Cerdán en la constructora Servinabar– y el exdirector de la SEPI Vicente Fernández. Ese juzgado fue el que ordenó la detención de los tres, en diciembre de 2025.

Esta semana, la Audiencia Nacional mandó a la UCO a la sede del PSOE de Ferraz, a reclamar documentos ante los indicios que apuntan a que el partido pagaba a Leire Díez a través de empresas interpuestas. Según la UCO, estos pagos llegaban por medio de la consultora del histórico dirigente del PSOE andaluz Gaspar Zarrías. O a través de dos despachos de abogados: el de Ismael Oliver –que fue abogado de Ábalos– y el de Jacobo Teijelo –que es abogado de Santos Cerdán–.

Es extraño que esta decisión la firme la Audiencia Nacional. Porque se suponía que el juez que llevaba esta parte de las acusaciones contra Leire Díez era Arturo Zamarriego, no Santiago Pedraz. Y Zamarriego nunca ordenó en esa causa operativos como el que vimos esta semana en la sede del PSOE en la calle Ferraz. De hecho, se opuso a muchas de las peticiones de las acusaciones populares, como imputar a Santos Cerdán.

¿Con qué argumento se cuela la Audiencia Nacional en un asunto que ya está bajo investigación en otro juzgado? ¿Por qué se aprueba allí un operativo de la UCO que debería haber decidido otro juez? Al parecer, en la detención a Leire Díez –en su teléfono y su ordenador– la UCO encontró pruebas sobre las maniobras de esta fontanera del PSOE. Pero lo lógico habría sido enviar ese informe al otro juzgado, al de Zamarriego. No es lo que pasó.

El argumento de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción para tramitar este informe ante la Audiencia Nacional es que Leire Díez y los demás imputados habrían cometido un presunto “delito contra las instituciones del Estado”. Suena feo pero no es un delito muy penado. Según el auto de Pedraz, hablamos del artículo 504.2 del Código Penal, que castiga con “multa de doce a dieciocho meses” a los que “injuriaren o amenazaren gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”. 

De todas las acusaciones contra Leire Díez, “injuriar” o “amenazar gravemente” a la UCO parece uno de los delitos menos probados. Buscar material comprometido contra sus mandos –aún ofreciendo sobornos por el camino–, no es lo mismo que amenazarlos o que injuriarlos. Pero da la casualidad de que los delitos contra las instituciones del Estado son competencia exclusiva de la Audiencia Nacional, por lo que ese presunto delito ha servido para llevar el caso hasta el juzgado de Santiago Pedraz. Y así sacarlo del de Arturo Zamarriego.

Queda la sospecha de si esta extraña maniobra se produjo ante la negativa de Zamarriego a ordenar la entrada de la UCO en la sede del PSOE.

Sí hay una certeza: ni Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, ni Antonio Balas, teniente coronel de la UCO, cumplen en este asunto con la apariencia de imparcialidad. Tienen en este tema un interés personal, no son neutrales: lo que buscaba Leire Díez era basura contra los dos. Si hay un delito contra “las instituciones del Estado”, ellos son las víctimas. No deberían ser al mismo tiempo los responsables de la investigación. 

También hay corrupción

Desde el PSOE reducen todo esto a una campaña de los jueces, a un “golpe de Estado”. Es una reducción al absurdo. No es tan simple. Hay movimientos judiciales en la oscuridad, pero también hay indicios muy graves de corrupción. 

Los presuntos pagos encubiertos que ordenó Santos Cerdán desde el PSOE para Leire Díez apestan. En aquel momento Cerdán era el secretario de Organización y la duda legítima es si puso en marcha esta operación para protegerse él mismo –por miedo a lo que le pasó después, cuando fue imputado–, o por órdenes de su secretario general, Pedro Sánchez. 

Santos Cerdán era consciente de que no podía contratar a Leire Díez abiertamente: estaba haciendo algo que podía comprometer al partido. Cuando en el PSOE decían que era una espontánea, que era una militante de base, que Leire Díez iba por libre… no decían la verdad.

En el caso de Zapatero, algunas de las acusaciones hoy parecen poco sólidas. Te recomiendo este artículo de José Manuel Romero, donde explica cómo fue realmente el rescate a Plus Ultra y por qué los indicios de tráfico de influencias son dudosos. Empezando por esta idea de que los directivos de Plus Ultra tenían “información privilegiada” de cuándo se aprobaría el rescate. Falso: lo sabían por el propio cauce legal, igual que todas las demás empresas que recibieron estos préstamos públicos.

Sin embargo, Zapatero aún tiene muchas cosas que explicar: entre otras, el medio millón que cobraron sus hijas de una empresa propiedad de venezolanos sin actividad conocida. Tampoco cuadran los datos que ha encontrado la investigación con las explicaciones que el expresidente dio en el Senado sobre su papel en Análisis Relevante. Zapatero dijo no conocer a los clientes, o que no hizo ninguna gestión con Plus Ultra, y parece que no era verdad.

En muchas de las causas judiciales que atenazan al Gobierno hay indicios muy serios de corrupción. Los presuntos delitos de Ábalos, Koldo o Santos Cerdán no son un invento de los jueces ni de los policías o guardias civiles. Las evidencias son enormes. Y hablamos de dos exsecretarios de Organización del PSOE, uno de ellos también exministro.

Al mismo tiempo, es muy difícil confiar en que esta justicia española sea igual para todos. También para ese M. Rajoy que, en la investigación de la Kitchen, no fue llamado a declarar ni siquiera como testigo.

Hay ocasiones en las que la justicia es rápida. En otras es lenta. Unas veces extrema las garantías. Otras, parece olvidarlas.

Lo que casi nunca parece la justicia española es ciega. 

A menos que no crean sus ilustres magistrados que los ciegos somos los demás.

P.D. Ya queda menos de un mes para nuestro Festival de las Ideas y la Cultura. Será el 26 y 27 de junio en Rivas-Vacíamadrid. Si vienes desde fuera de Madrid, tenemos para ti descuentos en hoteles. También hemos preparado una guía práctica con toda la información sobre cómo llegar al festival.

Para algunas de las actividades, que serán en el Auditorio Pilar Bardem, hay limitación de aforo. Puedes reservar tus entradas desde aquí. 

Ojalá nos veamos en nuestro festival.

Esta semana te escribo antes de lo habitual. La imputación de Zapatero es algo histórico: la primera vez que un expresidente del Gobierno tendrá que declarar como investigado ante un tribunal. Es una noticia cuyo análisis no podía esperar.

Es comprensible la sospecha. El estupor.

Es el expresidente del Gobierno más odiado por la derecha. También el más valorado por la izquierda, no solo entre los votantes del PSOE. Para unos, ver a Zapatero acusado de corrupción supone la confirmación de un prejuicio. Para otros, una enorme decepción, mezclada con otro sentimiento muy potente: el de la incredulidad, el recelo de que se trate de otra persecución judicial. 

Pero el juez Calama no es como Peinado. En esta investigación hay indicios suficientes para justificar la imputación. Preguntas relevantes que Zapatero tendrá que responder ante la Audiencia Nacional. 

No, este caso no nace de una denuncia de Manos Limpias con tres recortes de prensa y una entrevista a Víctor de Aldama en el programa de Iker Jiménez, como algunos medios afirmaron de forma errónea. La investigación empieza mucho antes, en 2024, porque Francia y Suiza alertan de un posible blanqueo de capitales con el dinero del rescate de Plus Ultra. Quien impulsa este caso es la Fiscalía Anticorrupción. Y los indicios contra Zapatero no salen de las acusaciones sin pruebas de Víctor de Aldama; hay material más sólido.

Los principales indicios que señalan a Zapatero son tres. 

El primero, los mensajes. Las numerosas conversaciones por whatsapp de los directivos de Plus Ultra donde hablan sobre el expresidente y dicen tener “al pana Zapatero detrás”, por las gestiones de su amigo Julio Martínez para lograr que esta aerolínea consiguiera un rescate tras la pandemia. “Vamos a follar, aunque tengamos que pagar un poquito”, escribe uno de ellos. Ese “poquito” era el 1% de comisión, –530.000 euros de 53 millones del rescate– que presuntamente Julio Martínez cobró. 

Lo segundo, la pista del dinero. Esos 490.780 euros que Zapatero recibió de Análisis Relevante. Una compañía de Julio Martínez que a su vez cobró más de 300.000 euros de Plus Ultra y que también pagó otros 239.755 euros a WhatheFav, la empresa de las hijas de Zapatero.

Estos pagos a Zapatero y sus hijas no son de golpe: es la suma de varias facturas mensuales a lo largo de 5 años, entre 2020 y 2024. Según el juez, se trata de facturas simuladas para repartirse el botín. Según el entorno de Zapatero, hay un trabajo real detrás; tanto suyo como de sus hijas. 

El tercer indicio contra el expresidente tiene nombre y apellidos. El hoy famoso Julio Martínez Martínez; “Julito”, como todos le llaman. Es un amigo muy cercano a Zapatero, de su máxima confianza. Casi de la familia. El hombre que pidió a Plus Ultra ese 1% de comisión.

Tras salir de La Moncloa, Zapatero logró que el Gobierno de Mariano Rajoy le permitiera seguir corriendo por las mañanas en el Monte de El Pardo, en esa amplia zona de Madrid que es propiedad de Patrimonio Nacional y está vetada al común de los ciudadanos. Tenía su lógica. No es fácil para un expresidente, ni para su equipo de guardaespaldas, correr por el parque del Retiro o la Casa de Campo.

Zapatero no corre solo. Y entre los habituales al running está Julito Martínez. Conoció al expresidente a través de Eduardo Zaplana, según ha publicado el diario Información. Es alicantino, de la provincia donde Zaplana empezó su carrera política.

“Es la persona más pelota con Zapatero que conozco”, explica una fuente. Es “extremadamente servicial”; su “lacayo”, le llamaban los directivos de Plus Ultra. “Uno de esos moscones que se pegan a la gente con poder”, asegura esta misma persona. Antes con Zaplana; con Zapatero después. 

Los pagos, las conversaciones y la relación tan estrecha con alguien tan pringado en este rescate bajo sospecha como es Julito Martínez explican el porqué de la imputación. Hay indicios. Pero otra cosa son las pruebas contra Zapatero. Por ahora, no las hay, o no las conocemos. 

Es plausible la hipótesis aún por demostrar que plantea el juez: que Julio Martínez es el hombre de los recados de Zapatero, su testaferro; que el expresidente es el “núcleo” de una trama de corrupción, el jefe de esta “organización criminal”.

Pero con los datos que por el momento hay sobre la mesa también es verosímil la otra opción: que Julito Martínez actuara a espaldas de Zapatero. Que usara su nombre y sus contactos para sus propios negocios. Que endulzara su relación con el pago por esos informes para Análisis Relevante (que sí existen, según distintas fuentes). Que Julito se aprovechara de su amistad. Que no haya en la actuación de Zapatero absolutamente nada ilegal.

Tras conocerse la imputación del expresidente, Julio Martínez habló solo con un medio: dio una entrevista a OkDiario, el digital de Eduardo Inda. Es llamativa esa elección. Hay también dudas sobre cuál será su estrategia de defensa: si seguirá siendo “amigo” de Zapatero, o cargará todas las culpas contra él. 

También hay en la investigación judicial algunos agujeros. Afirmaciones en la acusación contra Zapatero que no acaban de cuadrar. La típica brocha gorda de muchos informes policiales que después casan mal con la realidad. 

Primero, en la propia actividad de Análisis Relevante. El juez y la UDEF presentan a esta empresa como un simple cascarón, montado para justificar los pagos para Zapatero y su familia. Pero es falso que se trate de la única actividad de esta empresa que buscaba entrar en el lucrativo negocio de las consultorías de asuntos públicos. 

A partir del verano de 2020, Análisis Relevante organizó varias jornadas de debate con distintos invitados. Como este webinar –a través de internet– sobre las elecciones de Estados Unidos que se celebró el 22 de octubre de 2020. Participó el exministro Miguel Sebastián, pero también Daniel Lacalle, un economista que fue en las listas del PP.

Análisis Relevante cobró de Plus Ultra –300.000 euros del cerca del millón que facturó– pero también de otros clientes. Julio Martínez vendía una “iguala”, un pago de unos 5.000 o 6.000 euros al mes más el IVA por sus servicios de asesoría y análisis. Hasta aquí, nada muy distinto a la actividad de otras empresas de lobby. Aunque esta empresa se quedara en un proyecto fallido. 

También es muy cuestionable otro de los argumentos que desarrolla el juez en su auto: que Plus Ultra consiguió esa ayuda pública, ese rescate, incumpliendo los requisitos por no estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.

En su auto, el juez incluso relaciona esa supuesta anomalía con una comida de Zapatero con el exministro de Seguridad Social José Luis Escrivá que se celebró el 7 de septiembre de 2020. El problema es que las fechas no cuadran: el certificado de estar al corriente con la Seguridad Social que presentó Plus Ultra para el rescate es de 18 días antes de esa comida. Y esa reunión –la primera vez que ambos hablaban– fue a petición de Escrivá, no de Zapatero. 

Además, Plus Ultra sí cumplía con ese requisito, en contra de lo que argumenta el juez. Es compatible tener una deuda prorrogada con la Seguridad Social con estar “al corriente”, a efectos de una ayuda pública o subvención. Son miles las empresas que solicitan y logran aplazamientos en el pago a la Seguridad Social; se conceden de forma semiautomática, y obliga al pago de intereses. En esos meses de la pandemia, fueron más de cien mil. Pero estas empresas no dejan de estar “al corriente” hasta que vencen esos nuevos plazos sin pagar.

Aún es más endeble el supuesto nexo de Zapatero con una empresa offshore en Dubai que, según el auto, usó la trama para cobrar el 1% de comisión de Plus Ultra. El juez asegura que fue el propio Zapatero quien ordenó crear esa sociedad fuera de España. Pero las pruebas que aparecen en el auto no parecen concluyentes.

El juez argumenta que hay constancia de una comida entre Zapatero y Julio Martínez gracias a los correos electrónicos de este conseguidor con la secretaria del expresidente. Y que al día siguiente de ese encuentro, Martínez se mensajea con un tercero –un representante de Emiratos en España– para interesarse por cómo constituir esta sociedad offshore. Ese es todo el indicio que por ahora se conoce sobre la implicación de Zapatero en esa empresa: una mera relación temporal.

Es posible que aparezcan nuevos indicios, documentos o pruebas que cambien este análisis inicial. Falta también por escuchar las explicaciones de Zapatero ante el juez. 

¿Está justificada entonces la investigación judicial contra el expresidente, a pesar de estos posibles errores? Con algunas dudas, yo creo que sí. Es habitual que una investigación judicial sea imprecisa, más en estos primeros pasos. Es lo mismo que pediría si hubiera los mismos indicios contra cualquier otro político de cualquier otro partido. Otra cosa es que Zapatero sea ya culpable, como algunos sentencian. O que la justicia sea igual para todos en este país. 

El contraste con otros expresidentes es brutal. La misma semana en la que el juicio de la Kitchen demuestra hasta qué punto es escandaloso que Mariano Rajoy no fuera siquiera llamado a declarar como testigo por el juez Manuel García Castellón, esa misma Audiencia Nacional anuncia la imputación de ZP.

Estos días, en los que tanto se debate sobre los límites entre el lobby y el tráfico de influencias, es importante recordar esta investigación exclusiva que publicó elDiario.es en 2014 sobre otro expresidente: Aznar pactó una comisión del 1% con Abengoa para conseguir adjudicaciones en la Libia de Gadafi. 

Solo con la firma del contrato, Aznar se llevó un adelanto de 100.000 euros. Publicamos íntegro el contrato, y también la factura de ese primer pago. Aquí no había siquiera un intermediario ni una empresa de lobby: el comisionista era el propio expresidente del Gobierno. 

Esa venta de desaladoras a Libia fracasó: por la caída del régimen y en contra de los deseos públicos de Aznar, que defendía a Gadafi como un “amigo de occidente”. De haber ganado Abengoa esas adjudicaciones, Aznar habría cobrado una comisión total de seis millones de euros. En un solo pago: no a lo largo de cinco años.

En aquella ocasión, Aznar nos explicó que estaba todo fenomenal, que era una remuneración “perfectamente transparente”. Otros argumentaron que Aznar ya no era un político en activo, que estaba retirado y que cobrar comisiones es completamente legal. Por descontado, no hubo ninguna investigación judicial. Tampoco una sola crítica del PP.

A diferencia de Aznar, Zapatero tendrá que dar explicaciones ante un juez. 

No sé si viste la entrevista que le hizo esta semana Aimar Bretos al Gran Wyoming. Mi amigo Chechu —es su verdadero nombre— se atrevió a hablar del precio que paga cualquier persona conocida y de izquierdas en el Madrid de la libertad. “Yo iba por la calle y ‘eh, hijoputa, rojo’. Me volví y les dije ‘¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema?’. Y me calzaron una hostia, me dieron la vuelta a la cabeza”.

Al Wyoming lo sucedido le avergonzó: “Lo oculté. Dije que había sido jugando al baloncesto, que me habían dado un codazo. Porque no quería mostrarlo”. Fue la más grave, pero tampoco la primera ocasión en la que unos desconocidos le acosaban por la calle. No fue un episodio aislado.

Lo que le ocurre a Chechu —que es también una persona, no solo un personaje de televisión— no es una excepción. Cualquiera mínimamente famoso y que defienda ideas progresistas lo sabe bien. Políticos, presentadores, periodistas, actores... El acoso en la calle, el insulto, el momento en el que alguien decide que tu cara conocida es una invitación a ajustar cuentas. Es algo que también me pasa a mí.

Por suerte, aún no me he llevado ningún puñetazo. No descarto que algún día pueda ocurrir. Me pasa casi cada semana. Siempre hay un energúmeno que se cree con el derecho a increparme: a lanzar todo el odio que siente contra las personas como yo.

Una de las últimas veces me ocurrió en un tanatorio. Incluso en un sitio así. Iba a despedirme de Sol Gallego-Díaz, a abrazarme con sus amigos y compartir su dolor. Me confundí de pasillo y un hombre —siempre es un hombre— se acercó para insultarme. Como siempre, no respondí. Simplemente me alejé de allí. Intentando entender qué pasa por la cabeza de alguien que va a enterrar a un ser querido y decide que es el momento perfecto para acosar a otro ser humano en el mismo trance que él.

Hace unos años, con mi habitual optimismo, solía argumentar que el odio de las redes sociales es algo que se queda allí. “Si la realidad fuera igual que Twitter” —decía entonces— “yo no podría salir de casa de la cantidad de gente que me insulta”. Qué equivocado estaba. 

Hoy intento no pasear por Madrid en según qué barrios, o a según qué horas. Elegí el piso donde vivo mirando los mapas de voto que publicamos en elDiario.es, buscando una zona donde la ultraderecha tuviera poco apoyo. Huyo de las aglomeraciones porque es una cuestión estadística: siempre hay un imbécil por cada mil. Evito mirar a los ojos a la gente con la que me cruzo. Nunca me detengo a discutir. 

Hasta el año 2020 apenas me pasaba. Es algo que solo me ocurre en Madrid, incluso cuando estoy con mis hijos. La pandemia fue un punto de inflexión. Desde entonces, cada año ha ido a peor. Siguen siendo muchas más las personas que se me acercan cariñosas, a felicitarme por elDiario.es o agradecerme mi trabajo. Pero cada vez el acoso es más habitual.

Ese odio no nace por casualidad. Hay quien lo siembra, quien se beneficia de esta deshumanización.

Esta semana, el Congreso de los Diputados ha decidido retirar la acreditación a Vito Quiles y Bertrand Ndongo. Es una decisión tomada tras varias denuncias. Entre otras, la de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, donde están representados profesionales de la práctica totalidad de los medios de comunicación, de todo el espectro ideológico. No hay una sola organización profesional —ni la APM, ni la FAPE— que respalde a quienes el PP y Vox llaman “periodistas críticos”. Son activistas ultras que viven de algo distinto: el acoso y la desinformación. Malas copias de los agitadores que inventó el trumpismo en EEUU.

En los últimos meses, me he cruzado con los dos. El pasado otoño Bertrand Ndongo me acosó por la calle, frente al Congreso de los Diputados. Me persiguió al grito de “felador de Pedro Sánchez” hasta que pude montarme en un taxi. Su método consiste en insultarte a gritos, a escasos centímetros de tu cara, a la espera de que cometas un error y caigas en su provocación. Por supuesto, en su vídeo solo saldrá tu respuesta: no el acoso anterior.

Vito Quiles también me grabó hace pocas semanas. Fue a la salida del programa especial por el 20 aniversario de ‘El Intermedio’, que se emitió en directo desde el Florida Park: una sala en el parque del Retiro, en Madrid. El equipo de ‘El Intermedio’ invitó como público a todo tipo de personas que hemos colaborado a lo largo de la historia con este programa: cineastas, políticos, activistas, científicos, músicos, periodistas… 

El programa duró más de dos horas y terminó cerca de la medianoche. Vito Quiles estaba esperando en la puerta y lo presentó como “una fiesta de políticos que acabó de madrugada”. “Los españoles asfixiados pero ellos de parranda”, tuiteó. En ningún momento del vídeo que difundió en redes explicó por qué estábamos allí, como si fuera una juerga secreta entre políticos de izquierda y periodistas como yo, en vez de un programa de televisión. Me preguntó —no le respondí— si habíamos comido caviar o langosta, o si habíamos bebido champagne. Obviamente solo salíamos en su vídeo aquellas personas que sirvieran para su manipulación. Santiago Segura estuvo también en el programa; hablé un rato con él esa noche, fue agradable la conversación. Pero al director de Torrente —donde Vito Quiles tiene un cameo— no le acosó. 

Vito Quiles estaba acreditado en el Congreso por EDATV. Bertrand Ndongo, por Periodista Digital. Ambos pseudo medios, los que pagan a estos dos agitadores, tienen audiencias irrelevantes, pero reciben una generosa financiación pública de autonomías y ayuntamientos gobernados por el PP y Vox. 

Ni Quiles ni Ndongo son la causa principal de este clima de odio; no son tan importantes. Son apenas un engranaje, uno menor. Su salida del Congreso no acabará con este discurso que está envenenando a la sociedad. Los principales vendedores de odio son quienes están detrás de este frente de choque, de los camorristas que se ocupan del acoso más vulgar. 

¿Quién gana con el odio? Las plataformas de redes sociales, cuyos algoritmos están programados para premiar lo emocional, no la racionalidad. Su negocio consiste en capturar la atención y este tipo de vídeos, llenos de manipulaciones y mentiras, son un contenido muy rentable, muy viral. Que Elon Musk sea ahora el dueño de X —antes Twitter— ha acentuado aún más una dinámica que ya existía con anterioridad.

¿Quién gana con el odio? Algunos partidos, como el PP y Vox, han encontrado en la polarización su combustible electoral. Antes lo llamábamos crispación: consiste en que el ambiente político sea irrespirable cuando ellos no gobiernan y así provocar la abstención de la izquierda. Es lo mismo de siempre, pero con un altavoz mucho mayor.

Feijóo llegó a Madrid prometiendo una “política para adultos”. Ahora sus portavoces defienden a Vito Quiles, al que también invitaron al cierre de la campaña electoral en Aragón. Todo para ver si rascaban cuatro votos mal contados al partido de Abascal, algo que ni siquiera lograron. 

Que todo esto ocurra especialmente en Madrid tampoco es casual. Isabel Díaz Ayuso es la reina en este carnaval: la verdadera lideresa de la ultraderecha nacional. Un día ataca sin piedad y al siguiente se victimiza sin rubor. La presidenta que llama “narcoestado” a “Méjico” —con jota, como ella lo escribe— y luego se inventa que la querían asesinar. 

En esta dinámica del odio, una parte de la izquierda también ha tenido su cuota de responsabilidad. Fenómenos como los escraches de 2013 —un acoso menor al lado de lo que ha llegado después— sirvieron para justificar la espiral de violencia de la extrema derecha. Entre todos los eslóganes que peor han envejecido del 15-M está aquel de “el miedo va a cambiar de bando”. Nunca cambiará. Porque nadie en España ha ganado a la extrema derecha en el campo de juego del miedo, la violencia o la intimidación. 

La solución no es que otro Vito Quiles pero de izquierdas persiga a los líderes de la derecha. Es plantarse ante el odio, denunciarlo, comprender sus mecanismos y alejarse de él. No caer en su provocación. No convertirte en alguien peor.  

Por eso también importa lo que hizo el Gran Wyoming esta semana. El hecho de contar públicamente la agresión. Entiendo su silencio previo, o que mintiera a sus amigos por vergüenza. Lo que sentimos quienes sufrimos este acoso en las calles de Madrid se llama miedo. Nadie se acostumbra del todo a vivir así. Tampoco yo. Pero el primer paso para vencer el miedo es ponerle nombre. Es lo que hizo Chechu. Es lo que hoy he querido hacer yo.