Los estatutos de la comunidad de propietarios se redactaron en 1997, años antes de la proliferación de plataformas de alquiler vacacional. Por ello, no hacían mención alguna a este tipo de alojamiento ni, por tanto, lo limitaban de manera expresa. Sin embargo, sí recogían una serie de vetos, una lista de actividades prohibidas, entre ellas la hospedería (las pensiones), e impedían alterar el destino de las viviendas (el uso residencial). Esa previsión ha sido crucial para que los vecinos de esa comunidad de la isla de Tenerife hayan conseguido frenar la explotación de pisos turísticos en el edificio. 

En una reciente sentencia, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado el recurso presentado por un propietario que pretendía seguir destinando su vivienda a alquiler vacacional. La resolución ya es firme porque no ha sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, según ha podido confirmar este periódico.  

El demandante había recurrido el acuerdo que adoptó la comunidad de propietarios en octubre de 2022. Aquella junta extraordinaria declaró, con 69 votos a favor y 5 en contra, que desde la constitución de la comunidad no podían destinarse viviendas al alquiler vacacional en “cualquiera de sus modalidades”. El acuerdo daba un plazo de un mes a los propietarios que explotaban pisos turísticos para volver al uso residencial. 

Un propietario llevó ese acuerdo a los tribunales. Sus pretensiones fueron rechazadas en un juzgado de primera instancia del partido judicial de Santa Cruz de Tenerife y también en la Audiencia Provincial. El explotador del piso turístico sostenía que ese acuerdo de la junta le causaba un grave perjuicio y era abusivo. Además, recordaba que en 2018 la propia comunidad había rechazado una propuesta para incluir normas de alquiler vacacional en sus estatutos. 

Unos estatutos anteriores a los pisos turísticos

En su sentencia, la Audiencia Provincial pone el foco en el artículo 14 de estos estatutos elaborados a finales de 1997. Esa cláusula estipula que las viviendas deberán dedicarse “exclusivamente a lo que su propia denominación alude” y prohíbe a los propietarios desarrollar actividades que supongan “alteración” de ese destino o que sean “dañosas, peligrosas, insalubres o atentatorias contra la moral, buenas costumbres y orden público o que supongan perturbación del silencio y tranquilidad necesaria para el reposo de los restantes moradores o molestias de cualquier otra naturaleza que se puedan producir a través de los elementos comunes”. 

Los estatutos de esa comunidad vetan de forma expresa “las consultas y/o despachos profesionales, pensiones, círculos, academias y asociaciones”. 

En su sentencia, la Sala parte de un principio favorable al propietario demandante: según la jurisprudencia del Supremo, las prohibiciones sobre los usos de una vivienda “deben interpretarse de forma restrictiva” y constar “de manera expresa” en sus estatutos. 

En el caso de Tenerife, la Audiencia Provincial aplica el criterio adoptado por el alto tribunal en otros supuestos similares y equipara la actividad de alquiler vacacional a la de hospedería, a “las pensiones” que figuraban en los estatutos de la comunidad. Por tanto, entiende que la lista de actividades prohibidas alcanza a los pisos turísticos. 

Tampoco le sirve al demandante lo ocurrido en la junta celebrada en 2018. Los propietarios pueden modificar sus estatutos con las mayorías necesarias, pero mientras no lo hagan deberán seguir aplicándose tal y como están redactados, precisa la sentencia. 

La clave, el “cambio de uso”

La abogada Rosa María Zárate sostiene que esta sentencia se alinea con una jurisprudencia reciente del Supremo ya consolidada. Según explica, la clave radica en la existencia de un acuerdo inicial (los estatutos de 1997) que está inscrito en el Registro de la Propiedad y al que se adhieren los comuneros cuando adquieren las viviendas. Ese acuerdo “impide el cambio de destino”. Tal y como recuerda la Audiencia, el alquiler vacacional ya ha sido calificado por el alto tribunal como una actividad económica que guarda una “identidad de razón” con la de “destinar los pisos a hospedería”. 

Por tanto, “destinar la vivienda a una actividad económica (el alquiler vacacional) constituye un cambio de destino prohibido por los estatutos comunitarios”, asevera la letrada. 

Según Zárate, “lo importante no es tanto si se desarrolla una actividad de pensión prohibida por los estatutos”, sino “si se puede considerar lícito” modificar una prohibición estatutaria (el cambio de destino de las viviendas) sin un acuerdo unánime de los propietarios. 

Una prohibición que “ya estaba en los estatutos”

La reforma de 2025 de la Ley de Propiedad Horizontal introdujo una novedad relevante respecto a los pisos turísticos. En su anterior redacción, el artículo 17.12 establecía que las comunidades de propietarios podían “limitar o condicionar” el alquiler vacacional con una mayoría de tres quintos. En la última modificación, se incorporó también la posibilidad de prohibirlo. Además, también permite incrementar en hasta un 20% la participación en los gastos comunes para las viviendas con este uso. Esos acuerdos, precisa la ley, no tienen efectos retroactivos. 

Sin embargo, tal y como señala Zárate, en el caso de Tenerife no se aplica este artículo, sino el 17.6, que estipula que los acuerdos que impliquen la aprobación o modificación de las reglas contenidas en los estatutos de la comunidad requieren unanimidad. La Audiencia considera que el acuerdo de la junta de propietarios de 2022 no creó una prohibición nueva, sino que aplicó una limitación que ya figuraba en los estatutos de 1997. 

La sentencia de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife se apoya en la doctrina fijada por la Sala de lo Civil del Supremo en varios pronunciamientos desde 2023. En una de estas resoluciones, el alto tribunal ordenó el cese de viviendas turísticas en una comunidad de Oviedo al constatar que los estatutos vetaban actividades profesionales, empresariales, mercantiles o comerciales, y confirmar que la explotación turística constituye una actividad económica y empresarial. Otra sentencia de un caso de San Sebastián aclaró que pretender autorizar una actividad prohibida en los estatutos requiere el acuerdo unánime de los propietarios. La jurisprudencia exige, en todo caso, analizar la redacción concreta de cada estatuto. 

El decreto que el Congreso votará este viernes y que Junts tiene previsto tumbar, incluía medidas para empezar a poner coto al auge de los alquileres de temporada. Según los últimos datos recopilados por elDiario.es, el 40% de la oferta anunciada en la principal plataforma (Idealista) se alquila solo por meses. La medida, que pretende limitar este tipo de arrendamiento, llega después de dos años de ascenso imparable de la vivienda de temporada en las ciudades españolas.

Si buscas alquilar en Idealista en alguna de las 52 capitales de provincia es casi imposible no encontrarse con este tipo de expresiones en los anuncios: “Alquiler de temporada con estancia mínima”, “perfecto para profesores visitantes o estudiantes”, “estancias de 11 meses renovables”, “disponible de septiembre a junio”, “solo curso escolar”.

A mediados de septiembre de 2026 se podían encontrar en Idealista casi 34.000 anuncios de pisos en alquiler entre todas las ciudades capitales de provincia, tal y como se desprende del análisis de los datos recopilados por elDiario.es. De ellos, 14.361 eran ofertas donde, o bien se mencionaba explícitamente que se trataba de un alquiler de temporada, o se usaban otras fórmulas para indicar que no se firmaría un contrato de residencia habitual acorde con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

La ley hasta ahora no definía expresamente qué era vivienda de temporada. Pero el nuevo decreto buscaba resolver este agujero en la normativa: el texto señala que para firmar un contrato de esta modalidad debe de existir “una causa real y acreditable” que justifique esa temporalidad. En pleno boom de esta modalidad de alquiler, el decreto añade que la duración de estos contratos debe superar los 31 días, pero no exceder los doce meses, como norma general. Algo que hasta ahora no se definía. Según el texto, en caso de que, sin justificación, o bien se superen esos doce meses o bien se hagan varias renovaciones del contrato, convierten ese contrato temporal en contrato de alquiler residencial.

Este alquiler, creado inicialmente para cubrir la necesidad de personas que estudian o trabajan temporalmente fuera de su residencia habitual, se ha convertido en los últimos años en una alternativa cada vez más extendida. Desde septiembre de 2024, el número de anuncios que se ofertan por meses fuera del paraguas de la ley de alquiler ha subido del 31% al 42%.

Durante los dos últimos años, elDiario.es ha recopilado, mes a mes, todos los anuncios de alquileres en las capitales de provincia para comprobar cómo ha ido cambiando el perfil de la oferta en la principal plataforma en España que se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Hasta ahora, alquilar la vivenda con un contrato temporal había permitido a los caseros escapar a las reglas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como la duración mínima de los contratos, condiciones específicas para los grandes tenedores en las zonas tensionadas y, sobre todo, la limitación de las subidas de precio mediante un índice de referencia (el IRAV).

El texto que incluye el decreto limitaría este margen. Además de establecer una duración y unas causas concretas para los alquileres de temporada, el decreto limitaba también las subidas de renta cuando se suceden contratos temporales sobre una misma vivienda. Sin embargo, esta normativa -que Junts ya ha anunciado que va a tumbar- solo se aplicaría a los nuevos contratos de esta modalidad que se firmen a partir del 1 de octubre de 2026.

A falta de nueva legislación, los expertos señalan las limitaciones de la norma actual. “Lo que vemos es que lo que buscan los caseros cada vez más es no solo ir a estos mercados obteniendo por lo general una rentabilidad mayor, sino también tener más flexibilidad sobre las viviendas. No tener que cumplir con las legislaciones que dan derechos a los inquilinos y ponen más obligaciones a los caseros”, explica el investigador del CSIC, Javier Gil.

“Es un buen ejemplo de cómo se aplica una norma con una finalidad contraria a la que le es propia”, apunta la profesora de derecho civil en la Universidad Complutense de Madrid, Cristina Areglich. “Yo no quiero que se me aplique la regulación del arrendamiento de vivienda habitual, así que celebro este contrato de alquiler por once meses. Evidentemente, ese es un contrato en fraude de ley”, explica.

Si colocamos las 52 capitales de provincia en un mapa según el peso que tiene el alquiler de temporada en la ciudad, destacan Donostia y Bilbao, con más de un 85% de anuncios para alquileres a corto plazo. En Pamplona, Barcelona y A Coruña también superan el 70% de la oferta.

¿Qué tienen en común? Todas han declarado zonas de mercado residencial tensionado, que tiene limitaciones más estrictas que la ley general. “Se ve muy claro: donde más ha subido es en Catalunya, Euskadi o Galicia”, apunta Argelich. La comparación entre las dos grandes ciudades lo resume: “Si haces la comparativa Barcelona-Madrid, la oferta se reduce menos en Madrid precisamente porque no aplica el control de rentas”.

Dado que uno de los principales incentivos para intentar esquivar la ley de vivienda es económico, los alquileres de temporada son, por norma general, bastante más caros. Esto se aprecia al comparar el precio mediano por metro cuadrado. Si un piso en alquiler habitual en Madrid es de 23,4 euros, la cifra se eleva a 31,6 bajo un contrato temporal; es decir, un 34% más. Lo mismo ocurre en Barcelona (+14%) o Donostia (+17%), ciudades donde están los precios más elevados del mercado.

Hay zonas con una diferencia todavía mayor: en Toledo supera el 50% y en Zaragoza y Valladolid la diferencia es más de un tercio.

Pablo Tucat, Director de Estrategia en KSNET y economista especializado en políticas públicas, advierte de que es una comparación que hay que matizar. “No estamos comparando exactamente el mismo producto. Por ejemplo, las características del piso tienden a ser distintas y la ubicación no es la misma. los alquileres de temporada se concentran en las zonas más caras de la ciudad, y eso infla su precio por metro cuadrado frente al de larga estancia”, apunta.

Aunque el número de anuncios apenas ha subido en los últimos años, los alquileres de corto plazo sí lo han hecho. En septiembre de 2024 había 22.000 anuncios de larga estancia en Idealista, el mismo mes de este año había 2.000 anuncios menos. Mientras, los anuncios de alquileres de temporada se han disparado de los 10.000 a los 14.000.

También hay que tener en cuenta que los cálculos de elDiario.es son una foto fija de un momento concreto en cada mes. O que los anuncios de larga estancia se republican con mayor frecuencia que los de temporada -por tanto, están más tiempo visibles- y que son cálculos conservadores. Por ejemplo, no consideramos temporales los que se ofrecen “para estudiantes” a no ser que especifique que la duración es menor de 12 meses. Tampoco los pisos que se ofrecen tanto para larga estancia o temporada y fórmulas ambiguas como: “¡PISO PARA LARGA TEMPORADA! ¡ESTANCIAS DE 11 MESES RENOVABLES!”.

Aun así, los datos sí permiten ver que no es que haya más oferta, sino que caen los de larga duración y se sustituyen por los de temporada. Al mismo tiempo, cada vez son más las viviendas que aparecen en Idealista ligadas a compañías profesionales que se dedican a gestionar precisamente viviendas de temporada.

Son plataformas online como Spacest, Spotahome o Homespace que publican anuncios de este estilo: “DISPONIBLE EN: Octubre. Reserve en línea haciendo clic bajo el mapa. No se aceptan alquileres inferiores a 2 meses”. Describen su nicho de mercado como “alquileres de media-larga estancia” y están más enfocadas en estudiantes o profesionales desplazados que en turistas.

La posibilidad de utilizar un contrato de corto plazo para sortear la ley de vivienda ya es incluso parte de una estrategia en redes sociales: “¿Cómo vas a evitar el índice de alquiler? Te doy tres formas para saltártelo [...] la primera y la más obvia: haces un alquiler temporal de 11 meses”, comparte un usuario de Tiktok.

Se presentan como expertos en el sector inmobiliario y recomiendan a los caseros pasarse al alquiler temporal. “Así puedes saltarte la ley de vivienda de forma legal, como inversores inmobiliarios”, anuncia otra cuenta.

¿Si se trata de un fraude de ley, por qué siguen siendo habituales este tipo de alquileres y cómo pueden incluso anunciarse en redes sociales? Porque corregirlo depende del inquilino y no es barato. “Para calificar ese contrato como correspondería lo que procede es demandar, y es caro”, apunta la jurista. No hay, por tanto, una capacidad real de oposición: “El que necesita una vivienda y se tiene que mudar firma un contrato por temporada aunque sea un fraude de ley, porque en algún lugar tiene que vivir”.

Son también muchos los anunciantes que dirigen sus ofertas a colectivos que abandonan la ciudad durante los meses de verano. Así, predominan las ofertas para el “curso escolar”, “estudiantes universitarios” o “profesionales desplazados”, lo que permite cobrar unas mensualidades más elevadas durante el verano en ciudades turísticas.

Es una realidad que se deja ver en los datos. En el siguiente gráfico puedes ver la evolución del porcentaje de alquiler de temporada en cada ciudad y cómo condicionan los meses de verano en regiones costeras y turísticas. Por ejemplo, en Santander, Almería o Cádiz el alquiler temporal es hasta 20 puntos más alto en comparación con la temporada de invierno en la misma ciudad.

En el lado contrario a estos destinos tenemos las ciudades con zonas tensionadas como Donostia, A Coruña y Oviedo con un avance casi lineal entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026.

Si solo tenemos en cuenta el cambio total de cada ciudad en el último año, las cuatro ciudades que más aumentan tienen activadas las zonas tensionadas: A Coruña, Vitoria, Bilbao y Pamplona. “La literatura científica que estudia el control de rentas detecta unos efectos comunes que son la reducción de la oferta, el incremento de los precios en aquellas zonas que no son tensionadas y la fuga del mercado de alquiler de vivienda habitual al alquiler de temporada”, apunta Cristina Argelich.

Sin embargo, aunque Madrid tiene menos porcentaje de alquileres temporales ha crecido mucho más que Barcelona en el último año, que ha servido como laboratorio de regulación de la vivienda. De hecho, Barcelona es una de las 5 capitales en las que este septiembre ha reducido el porcentaje de alquileres temporales respecto al año anterior junto con Soria, Santa Cruz de Tenerife, Lleida y Tarragona.

“Es algo que puede parecer hasta contraintuitivo ¿no?”, señala el economista Pablo Tucat, “en el caso de Barcelona viene directamente de intentar atacar ese segmento. En el caso catalán lo hicieron creo que de una manera creativa: en lugar de prohibir o monitorear (que también se hace), lo que hacen es aplicar también el precio de referencia. Ahí lo que ocurre es que quitas el incentivo económico que tenía pasar al alquiler de temporada”.

Incluso dentro de la misma ciudad, la situación es igual para todos las zonas. En Barcelona el alquiler de temporada abarca casi toda la ciudad aunque los barrios con más oferta (las burbujas más grandes) son también donde más temporalidad encontramos, con zonas como el barrio Gòtic en las que las viviendas para corto plazo superan el 80% de la oferta.

Madrid y Valencia tienen una distribución un poco más variada. El centro, y la costa en el caso de Valencia, concentran la mayor parte de la temporalidad mientras que los distritos periféricos y residenciales como el Ensanche de Vallecas (Madrid) o Sant Pau (Valencia) tienen menos oferta tanto general como de temporada.

Cómo está la regulación

Antes del estallido social que ha tenido lugar este mes de septiembre, el Gobierno calculó que cerca de un millón de personas viven ya en un piso de alquiler de temporada y más de un tercio lo hacen por no poder acceder a otro de larga estancia. Son cifras que ya habían colocado la regulación de este tipo de alquiler en el centro del debate y que se han materializado con el “decreto Maricarmen”.

Los decretos llegan después de las protestas en la Puerta del Sol y también del rechazo a principios de septriembre del texto promovía el sindicato de inquilinas para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN tumbaron la propuesta. Son las mismas formaciones que previsiblemente tumbarán el decreto este viernes.

La nueva regulación tenía como objetivo que tras la etiqueta de “temporada” se encubran contratos que, en la práctica, responden a una residencia habitual. Es el mismo tipo de regulación que ya se aplica en Catalunya. Allí, la nueva norma hizo que durante el primer trimestre del año cayeran los contratos de alquiler temporal firmados un 32% en comparación al año anterior, caída que también se refleja en el total de anuncios de temporada de Idealista en Barcelona.

¿Y medidas así funcionan? Las opiniones de los expertos varían. El investigador Javier Gil considera que son determinantes: “significa que no se pueda utilizar de manera fraudulenta el alquiler de temporada, también se van a controlar los precios de los alquileres, pero sobre todo se tiene que inspeccionar y sancionar a quien los utilice de esa manera”, sentencia.

En el otro extremo está Argelich. La profesora de la Complutense cree que la evidencia es suficiente prueba para demostrar que a golpe de sanción no se arregla nada. “Expropiar, multar o sancionar son palabras que en materia de vivienda no funcionan y que acaban volviéndose en contra de la propia norma. Mientras no haya incentivos positivos, la oferta de alquileres no va a aumentar”.

Frente a las sanciones tanto ella como Tucat abren la puerta a otro tipo de políticas: la gestión de los alquileres vacíos por parte de la administración, los incentivos fiscales o la reserva de suelo para la construcción de más vivienda social. Si bien, no se puede prever el impacto real de cualquiera de estas alternativas hasta que no haya información real de la situación de cada comunidad de España.

Y ahí, avisa Tucat, sigue faltando lo básico: datos. El registro único de alquileres que se anuló era “una fuente de información bastante importante”, y sin referencias reales que digan qué ocurre en cada comunidad se legisla a ciegas. “Algo esencial para poder mejorar las políticas es tener datos e información”, zanja. Sin ellos, difícil saber si el próximo zanjará el problema o acabará generando otro.

La acampada de Sol lleva desde el sábado por la noche presionando para que el Gobierno tome medidas contundentes que solucionen el problema de la vivienda en España. Y este martes el Gobierno ha aprobado dos decretos urgentes. Son dos decretos porque uno de ellos tiene más opciones de ser votado que el otro, ya que el segundo es una medida que el Gobierno no ha negociado con los grupos parlamentarios.

¿Qué medida es esa y qué otras han sido aprobadas en los decretos a falta de que el Congreso de los diputados las respalde este viernes? ¿Cambian esas medidas el mercado de la vivienda en España? ¿Son las que pedía el Sindicato de Inquilinas? Lo abordamos con el periodista de elDiario.es, Germán Aranda.

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“Alquiler de temporada con estancia mínima”, “perfecto para profesores visitantes o estudiantes”, “estancias de 11 meses renovables”, “disponible de septiembre a junio”, “solo curso escolar”. Si buscas un piso en alquiler en Idealista en alguna de las 52 capitales de provincia, es casi imposible no encontrarse con frases similares: casi la mitad (45%) de los anuncios ya son ofertas que incluyen estas expresiones para indicar que solo se alquila para estancias cortas.

Lo que podía ser una situación normal para cubrir la necesidad de personas que estudian o trabajan temporalmente en otras ciudades se convierte en una alternativa a la que recurren cada vez más caseros para evitar las regulaciones introducidas por la ley de vivienda. Principalmente, la duración mínima del contrato o el control de precios, en una práctica que los expertos califican como “fraude de ley”.

A mediados de agosto de 2026 se podían encontrar en Idealista casi 37.800 anuncios de pisos en alquiler entre todas las ciudades capitales de provincia, tal y como se desprende del análisis de los datos recopilados por elDiario.es. De ellos, 17.050 eran ofertas donde, o bien se mencionaba explícitamente que se trataba de un alquiler de temporada, o se usaban otras fórmulas para indicar que no se firmaría un contrato de residencia habitual acorde con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Durante los dos últimos años, elDiario.es ha estado recopilando, mes a mes, todos los anuncios de alquileres en las 52 capitales de provincia para comprobar cómo ha ido cambiando el perfil de la oferta en la principal plataforma en España. Desde septiembre de 2024, el número de anuncios que se ofertan por meses fuera del paraguas de la ley ha subido del 31% al 45%.

Este cambio coincide en el tiempo con más regulaciones para los alquileres de vivienda habitual, que han acercado el poder de los inquilinos al de los caseros. Entre ellos, la duración mínima de los contratos, condiciones específicas para los grandes tenedores en las zonas tensionadas y, sobre todo, la limitación de las subidas de precio mediante un índice de referencia (el IRAV). Los contratos de temporada escapan a estas reglas.

Y muchos caseros lo aprovechan. “Lo que vemos es que lo que buscan los caseros cada vez más es no solo ir a estos mercados obteniendo por lo general una rentabilidad mayor, sino también tener más flexibilidad sobre las viviendas. No tener que cumplir con las legislaciones que dan derechos a los inquilinos y ponen más obligaciones a los caseros”, explica el investigador del CSIC, Javier Gil.

“Es un buen ejemplo de cómo se aplica una norma con una finalidad contraria a la que le es propia”, apunta la profesora de derecho civil en la Universidad Complutense de Madrid, Cristina Areglich. “Yo no quiero que se me aplique la regulación del arrendamiento de vivienda habitual, así que celebro este contrato de alquiler por once meses. Evidentemente, ese es un contrato en fraude de ley”, explica.

Si colocamos las 52 capitales de provincia en un mapa según el peso que tiene el alquiler de temporada en la ciudad, destacan Donostia y Bilbao, con más de un 85% de anuncios para alquileres a corto plazo. En Pamplona, Barcelona y A Coruña también superan el 70% de la oferta.

¿Qué tienen en común? Todas han declarado zonas de mercado residencial tensionado, que tiene limitaciones más estrictas que la ley general. “Se ve muy claro: donde más ha subido es en Catalunya, Euskadi o Galicia”, apunta Argelich. La comparación entre las dos grandes ciudades lo resume: “Si haces la comparativa Barcelona-Madrid, la oferta se reduce menos en Madrid precisamente porque no aplica el control de rentas”.

Uno de los principales incentivos para intentar esquivar la ley de vivienda es económico. Los alquileres de temporada son, por norma general, bastante más caros, algo que se aprecia bien al comparar el precio mediano por metro cuadrado. Sobre todo en las ciudades con más presencia de esta modalidad de contratos, como Madrid, Barcelona y Donostia, que tienen los precios más elevados del mercado.

En comparación con los alquileres de larga duración, en la capital madrileña es un 34% más caro, en la capital catalana, un 14% y en la ciudad vasca, un 17%. Pero hay ciudades con una diferencia todavía mayor: en Toledo supera el 50% y en Zaragoza y Valladolid la diferencia es más de un tercio.

Pablo Tucat, Director de Estrategia en KSNET y economista especializado en políticas públicas, advierte de que es una comparación que hay que matizar. “No estamos comparando exactamente el mismo producto. Por ejemplo, las características del piso tienden a ser distintas y la ubicación no es la misma. los alquileres de temporada se concentran en las zonas más caras de la ciudad, y eso infla su precio por metro cuadrado frente al de larga estancia”, apunta.

Aunque el número de anuncios apenas ha subido en los últimos años, los alquileres de corto plazo sí lo han hecho. En julio de 2025 había 42.000 anuncios en Idealista, el mismo mes de este año apenas 400 anuncios más. Sin embargo, había 1.200 pisos de temporada nuevos.

También hay que tener en cuenta que los cálculos de elDiario.es son una foto fija de un momento concreto en cada mes. O que los anuncios de larga estancia se republican con mayor frecuencia que los de temporada -por tanto, están más tiempo visibles- y que son cálculos conservadores. Por ejemplo, no consideramos temporales los que se ofrecen “para estudiantes” a no ser que especifique que la duración es menor de 12 meses. Tampoco los pisos que se ofrecen tanto para larga estancia o temporada y fórmulas ambiguas como: “¡PISO PARA LARGA TEMPORADA! ¡ESTANCIAS DE 11 MESES RENOVABLES!”.

Aun así, los datos sí permiten ver que no es que haya más oferta, sino que caen los de larga duración y se sustituyen por los de temporada. Al mismo tiempo, cada vez son más las viviendas que aparecen en Idealista ligadas a compañías profesionales que se dedican a gestionar precisamente viviendas de temporada.

Son plataformas online como Spacest, Spotahome o Homespace que publican anuncios de este estilo: “DISPONIBLE EN: Octubre. Reserve en línea haciendo clic bajo el mapa. No se aceptan alquileres inferiores a 2 meses”. Describen su nicho de mercado como “alquileres de media-larga estancia” y están más enfocadas en estudiantes o profesionales desplazados que en turistas.

La posibilidad de utilizar un contrato de corto plazo para sortear la ley de vivienda ya es incluso parte de una estrategia en redes sociales: “¿Cómo vas a evitar el índice de alquiler? Te doy tres formas para saltártelo [...] la primera y la más obvia: haces un alquiler temporal de 11 meses”, comparte un usuario de Tiktok.

Se presentan como expertos en el sector inmobiliario y recomiendan a los caseros pasarse al alquiler temporal. “Así puedes saltarte la ley de vivienda de forma legal, como inversores inmobiliarios”, anuncia otra cuenta.

¿Si se trata de un fraude de ley, por qué siguen siendo habituales este tipo de alquileres y cómo pueden incluso anunciarse en redes sociales? Porque corregirlo depende del inquilino y no es barato. “Para calificar ese contrato como correspondería lo que procede es demandar, y es caro”, apunta la jurista. No hay, por tanto, una capacidad real de oposición: “El que necesita una vivienda y se tiene que mudar firma un contrato por temporada aunque sea un fraude de ley, porque en algún lugar tiene que vivir”.

Son también muchos los anunciantes que dirigen sus ofertas a colectivos que abandonan la ciudad durante los meses de verano. Así, predominan las ofertas para el “curso escolar”, “estudiantes universitarios” o “profesionales desplazados”, lo que permite cobrar unas mensualidades más elevadas durante el verano en ciudades turísticas.

Es una realidad que se deja ver en los datos. En el siguiente gráfico puedes ver la evolución del porcentaje de alquiler de temporada en cada ciudad y cómo condicionan los meses de verano en regiones costeras y turísticas. Por ejemplo, en Santander, Almería o Cádiz el alquiler temporal es hasta 20 puntos más alto en comparación con la temporada de invierno en la misma ciudad.

En el lado contrario a estos destinos tenemos las ciudades con zonas tensionadas como Donostia, A Coruña y Oviedo con un avance casi lineal entre septiembre de 2024 y agosto de 2026.

Si solo tenemos en cuenta el cambio total de cada ciudad en el último año, las cuatro ciudades que más aumentan tienen activadas las zonas tensionadas: A Coruña, Vitoria, Bilbao y Pamplona. “La literatura científica que estudia el control de rentas detecta unos efectos comunes que son la reducción de la oferta, el incremento de los precios en aquellas zonas que no son tensionadas y la fuga del mercado de alquiler de vivienda habitual al alquiler de temporada”, apunta Cristina Argelich.

Sin embargo, aunque Madrid tiene menos porcentaje de alquileres temporales ha crecido mucho más que Barcelona en el último año. 8 puntos más frente a los 0,4 puntos de la capital catalana, a pesar de no haber activado las zonas tensionadas. De hecho, en Barcelona aunque el porcentaje se mantiene más o menos estable desde enero de 2026, con la entrada en vigor de una norma para controlar el alquiler temporal, el número de anuncios para estancias cortas sí que se ha reducido, pasando de 5.000 en diciembre de 2025 (un mes antes de que se aprobara la ley) a 3.200 el último mes.

“Es algo que puede parecer hasta contraintuitivo ¿no?”, señala el economista Pablo Tucat, “en el caso de Barcelona viene directamente de intentar atacar ese segmento. En el caso catalán lo hicieron creo que de una manera creativa: en lugar de prohibir o monitorear (que también se hace), lo que hacen es aplicar también el precio de referencia. Ahí lo que ocurre es que quitas el incentivo económico que tenía pasar al alquiler de temporada”.

Incluso dentro de la misma ciudad, la situación es igual para todos las zonas. En Barcelona el alquiler de temporada abarca casi toda la ciudad aunque los barrios con más oferta (las burbujas más grandes) son también donde más temporalidad encontramos, con zonas como el barrio Gòtic en las que las viviendas para corto plazo superan el 80% de la oferta.

Madrid y Valencia tienen una distribución un poco más variada. El centro, y la costa en el caso de Valencia, concentran la mayor parte de la temporalidad mientras que los distritos periféricos y residenciales como el Ensanche de Vallecas (Madrid) o Sant Pau (Valencia) tienen menos oferta tanto general como de temporada.

Cómo abordar el problema de la regulación

El cambio del tipo de alquiler a una modalidad distinta o el aumento de precios en viviendas no reguladas eran impactos prácticamente asegurados. La revisión más ambiciosa que se ha hecho hasta la fecha por el economista alemán Konstantin Kholodilin repasó más de doscientos trabajos sobre control de alquileres publicados en distintos países confirmaba que la medida funciona en aquello para lo que se diseña: las viviendas reguladas frenaban sus precios, pero advertía de que iba ligado a estos otros efectos.

El propio Gobierno calcula que cerca de un millón de personas viven ya en un piso de alquiler de temporada y más de un tercio lo hacen por no poder acceder a otro de larga estancia. Son cifras suficientemente relevantes como para colocar este tipo de alquiler en el centro del debate con un decreto que pretende regularlo.

De hecho, este decreto se lleva aplazando desde hace meses por la falta de apoyos entre las exigencias no cumplidas de Junts y los reproches de Podemos por los cambios en la ley de suelo. El pasado mes de julio, el Gobierno hizo circular un amplio borrador por los grupos parlamentarios, pero los rechazos aplazaron la iniciativa hasta septiembre. Llegado septiembre, la crisis de Ceuta vuelve a demorar las negociaciones de manera indefinida.

La nueva regulación exigirá que se demuestre con documentos que la persona que va a vivir en un alquiler temporal tan solo estará entre uno y 12 meses. Superado ese período, si el inquilino sigue viviendo en el piso, su contrato pasará a ser de vivienda habitual.

Ese tipo de regulación ya se aplica en Catalunya, con el añadido de que el tope a los precios también se aplica allí al alquiler temporal. La nueva norma hizo que durante el primer trimestre del año cayeran los contratos de alquiler temporal firmados un 32% en comparación al año anterior, caída que también se refleja, aunque en menor medida, en el total de anuncios de temporada de Idealista en Barcelona.

¿Y tiene posibilidades de funcionar? Las opiniones de los expertos varían. El investigador Javier Gil considera que son unas medidas determinantes: “significa que no se pueda utilizar de manera fraudulenta el alquiler de temporada, también se van a controlar los precios de los alquileres, pero sobre todo se tiene que inspeccionar y sancionar a quien los utilice de esa manera”, sentencia.

En el otro extremo está Argelich. La profesora de la Complutense cree que la evidencia es suficiente prueba para demostrar que a golpe de sanción no se arregla nada. “Expropiar, multar o sancionar son palabras que en materia de vivienda no funcionan y que acaban volviéndose en contra de la propia norma. Mientras no haya incentivos positivos, la oferta de alquileres no va a aumentar”.

Frente a las sanciones tanto ella como Tucat abren la puerta a otro tipo de políticas: la gestión de los alquileres vacíos por parte de la administración, los incentivos fiscales o la reserva de suelo para la construcción de más vivienda social. Si bien, no se puede prever el impacto real de cualquiera de estas alternativas hasta que no haya información real de la situación de cada comunidad de España.

Y ahí, avisa Tucat, sigue faltando lo básico: datos. El registro único de alquileres que se anuló era “una fuente de información bastante importante”, y sin referencias reales que digan qué ocurre en cada comunidad se legisla a ciegas. “Algo esencial para poder mejorar las políticas es tener datos e información”, zanja. Sin ellos, difícil saber si el próximo zanjará el problema o acabará generando otro.

Cantabria registró en julio un total de 765.124 pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, albergues, campings, establecimientos de turismo rural), lo que representa un incremento del 4,1% más que en el mismo mes de 2025, mientras que a nivel nacional subieron un 0,9% según los datos de los institutos nacional y cántabro de estadística publicados este lunes.

Y en relación a los viajeros que se hospedaron en este tipo de alojamientos, aumentaron en Cantabria un 4,3% en el sexto mes del año, hasta los 186.917.

Del global de pernoctaciones, 603.518 fueron realizadas por residentes en España, un 0,3% más, y 161.606 por extranjeros, lo que supone un repunte del 21,4%.

Y de los 186.917 viajeros que se alojaron en establecimientos extrahoteleros de Cantabria en junio, 139.034 eran residentes en el país -0,7%) y los 47.880 restantes procedían del extranjero (+22,3%).

La estancia media bajó un 0,2%, hasta situarse en 4,09 días, y el número de plazas estimadas aumentó un 0,1%, hasta las 54.000.

Viajeros por tipo de alojamiento

En julio, casi el 64% de las pernoctaciones extrahoteleras fueron en campings, concretamente 488.109, un 4% más. Tras los campings, el segundo mayor volumen de pernoctaciones se dio en alojamientos de turismo rural, con 151.951 y un incremento del 9,2%, el mayor de los extrahoteleros en la comunidad. De ellas, 52.604 fueron en casas rurales, un 5,4% más.

Además, se registraron 57.049 pernoctaciones en apartamentos, un 1,3% más que en el mismo mes de 2025, y 9.493 en albergues, con un descenso del 14,2%, el único de los extrahoteleros.

En cuanto a los viajeros, en julio fueron mayoritarios los que se alojaron en los campings, concretamente 105.085, lo que supone un incremento del 7,8% en relación al séptimo mes de 2025.

Otros 50.604 se alojaron en establecimientos de turismo rural, pese a decrecer un 2,1%; 27.600 en apartamentos, donde subieron un 6,4%, y los 3.628 restantes en albergues (-11%).

Datos nacionales

En el conjunto del país, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros superaron los 22,5 millones en julio, con un aumento del 0,9% respecto al mismo mes del año pasado.

El aumento de las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros en julio se vio impulsado por los españoles, cuyas pernoctaciones crecieron un 4,2% interanual, frente a un retroceso del 2,2% de las realizadas por los extranjeros. La estancia media en julio fue de 4,5 pernoctaciones por viajero, según los datos del instituto estadístico español.

En cuanto a los precios, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 6,2% en julio respecto al mismo mes de 2025, mientras que el Índice de Precios de Campings (IPAC) amplió su repunte al 6,3%. Por su parte, el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) se incrementó un 1,5% en comparación con julio de 2025. Las pernoctaciones en apartamentos turísticos no variaron en julio en tasa interanual, mientras que crecieron las realizadas en albergues (+2,2%), en alojamientos rurales (+3,9%) y en campings (+1,2%).

Un habitatge de Santa Eulària des Riu era comercialitzat com a allotjament turístic sense autorització ha acabat precintat i amb una sanció de 275.001 euros. L'actuació ha estat duta a terme conjuntament per la Policia Local de Santa Eulària i el servei d'inspecció turística del Consell d’Eivissa després que els agents documentessin durant 2025 que l'immoble s'oferia per a estades turístiques malgrat mancar-ne del títol habilitant necessari.

La investigació ha permès acreditar, segons l'Ajuntament de Santa Eulària, que l'immoble havia experimentat de facto un canvi d'ús de residencial a turístic mitjançant la seva comercialització a través d'una plataforma especialitzada en lloguer vacacional.

L'expedient sancionador s'ha dirigit contra diverses de les persones que, d'acord amb la documentació recaptada durant les actuacions, estaven vinculades a l'explotació turística de l'immoble. Entre elles es troba la persona encarregada de comercialitzar l'habitatge, l'amfitrió que havia publicat l'anunci a la plataforma de lloguer vacacional i els arrendataris de l'immoble que, al seu torn, participaven en la seva comercialització.

El procediment també arriba als dos propietaris de l'habitatge.

El Consell d'Eivissa, que és l'administració competent per sancionar en matèria de lloguer turístic il·legal, ha fixat finalment una multa de 275.001 euros, en considerar els fets una infracció molt greu de la normativa turística.

A més de la sanció econòmica, les administracions han acordat el precinte de l'habitatge amb l'objectiu d'impedir que pugui continuar utilitzant-se com a allotjament turístic mentre no existeixi autorització per desenvolupar aquesta activitat.

L'expedient s'emmarca en l'enduriment de la lluita contra l'intrusisme turístic a Eivissa, on les administracions han reforçat en els últims anys la inspecció d'habitatges anunciats en plataformes digitals.

Des de gener de 2025, el Consell d'Eivissa havia iniciat 262 expedients sancionadors per lloguer turístic il·legal fins a abril de 2026. De tots ells, 51 havien estat qualificats de a infraccions molt greus, mentre que s'havien executat deu precintes i quatre més es trobaven aleshores en tramitació. La recaptació per sancions va assolir els 1,07 milions d'euros el 2025, enfront dels 77.672 euros registrats el 2016.

L'estratègia insular combina les inspeccions presencials amb la vigilància de les plataformes digitals. Entre març de 2019 i març de 2026, gairebé 15.000 places turístiques irregulars -14.532, en concret- han desaparegut dels principals webs turístics a Eivissa, segons les dades del Consell Insular. La retirada d'aquesta oferta il·legal s'ha convertit en un dels principals fronts de la institució insular davant la pressió turística i, especialment, davant la greu crisi d'accés a l'habitatge que travessa l'illa.

La pressió també s'ha traduït en importants sancions per la via urbanística. L'Ajuntament d'Eivissa va imposar el juny de 2026 una multa de 793.443,74 euros després d'acreditar el canvi d'ús d'un habitatge residencial a turístic sense el títol habilitant corresponent. El novembre de 2025, altres dos expedients urbanístics per habitatges destinats il·legalment al lloguer turístic a la capital insular van sumar més de 740.000 euros en sancions.

La normativa balear, a més, ha reforçat la responsabilitat sobre els qui intervenen en la comercialització d'allotjaments turístics sense autorització. El Decret Llei 4/2025 contra l'oferta il·legal preveu expressament com a infraccions la publicitat, contractació o comercialització d'estades turístiques que incompleixin els requisits establerts per la normativa. També estableix regles de responsabilitat per a les persones que intervinguin en una infracció.

Una vivienda de Santa Eulària des Riu que estaba siendo comercializada como alojamiento turístico sin autorización ha acabado precintada y con una sanción de 275.001 euros. La actuación ha sido llevada a cabo conjuntamente por la Policía Local de Santa Eulària y el servicio de inspección turística del Consell d’Eivissa después de que los agentes documentaran durante 2025 que el inmueble se ofertaba para estancias turísticas pese a carecer del título habilitante necesario.

La investigación ha permitido acreditar, según el Ayuntamiento de Santa Eulària, que el inmueble había experimentado de facto un cambio de uso de residencial a turístico mediante su comercialización a través de una plataforma especializada en alquiler vacacional.

El expediente sancionador se ha dirigido contra varias de las personas que, de acuerdo con la documentación recabada durante las actuaciones, estaban vinculadas a la explotación turística del inmueble. Entre ellas se encuentra la persona encargada de comercializar la vivienda, el anfitrión que había publicado el anuncio en la plataforma de alquiler vacacional y los arrendatarios del inmueble que, a su vez, participaban en su comercialización.

El procedimiento también alcanza a los dos propietarios de la vivienda.

El Consell d'Eivissa, que es la administración competente para sancionar en materia de alquiler turístico ilegal, ha fijado finalmente una multa de 275.001 euros, al considerar los hechos una infracción muy grave de la normativa turística.

Además de la sanción económica, las administraciones han acordado el precinto de la vivienda con el objetivo de impedir que pueda continuar utilizándose como alojamiento turístico mientras no exista autorización para desarrollar esta actividad.

El expediente se enmarca en el endurecimiento de la lucha contra el intrusismo turístico en Eivissa, donde las administraciones han reforzado en los últimos años la inspección de viviendas anunciadas en plataformas digitales.

Desde enero de 2025, el Consell d'Eivissa había iniciado 262 expedientes sancionadores por alquiler turístico ilegal hasta abril de 2026. De todos ellos, 51 habían sido calificados como infracciones muy graves, mientras que se habían ejecutado diez precintos y otros cuatro se encontraban entonces en tramitación. La recaudación por sanciones alcanzó los 1,07 millones de euros en 2025, frente a los 77.672 euros registrados en 2016.

La estrategia insular combina las inspecciones presenciales con la vigilancia de las plataformas digitales. Entre marzo de 2019 y marzo de 2026, casi 15.000 plazas turísticas irregulares -14.532, en concreto- han desaparecido de las principales webs turísticas en Eivissa, según los datos del ConsellInsular. La retirada de esta oferta ilegal se ha convertido en uno de los principales frentes de la institución insular ante la presión turística y, especialmente, ante la grave crisis de acceso a la vivienda que atraviesa la isla.

La presión también se ha traducido en importantes sanciones por la vía urbanística. El Ayuntamiento de Eivissa impuso en junio de 2026 una multa de 793.443,74 euros después de acreditar el cambio de uso de una vivienda residencial a turístico sin el título habilitante correspondiente. En noviembre de 2025, otros dos expedientes urbanísticos por viviendas destinadas ilegalmente al alquiler turístico en la capital insular sumaron más de 740.000 euros en sanciones.

La normativa balear, además, ha reforzado la responsabilidad sobre quienes intervienen en la comercialización de alojamientos turísticos sin autorización. El Decreto-ley 4/2025 contra la oferta ilegal contempla expresamente como infracciones la publicidad, contratación o comercialización de estancias turísticas que incumplan los requisitos establecidos por la normativa. También establece reglas de responsabilidad para las personas que intervengan en una infracción.

“Una mansió històrica on el luxe es viu sense límits”. Amb aquest reclam s'anuncia una exclusiva propietat de Palma que ofereix vuit suites, piscina, spa, xef privat i una experiència concebuda per a clients internacionals d'alt poder adquisitiu. El preu: tarifes que arriben als quatre dígits per nit, més de 18.000 euros per setmana. La imatge idíl·lica, tanmateix, ha acabat topant amb la Justícia. El Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) ha confirmat una sanció de 30.601 euros en considerar acreditat que l'habitatge es comercialitzava durant tot l'any malgrat estar autoritzat únicament per a lloguar-lo dos mesos.

El cas de DUX Mansion no és una excepció. Mentre milers de persones tornaran a sortir aquest diumenge als carrers per denunciar els efectes de la turistificació, els tribunals han anat resolent una successió de procediments que mostren una cara menys visible del principal motor econòmic de l'arxipèlag. Vil·les de luxe sancionades per funcionar de facto com a hotels, habitatges d'ús turístic que han perdut la seva llicència per incomplir requisits bàsics, projectes urbanístics frustrats o sofisticades estructures empresarials dissenyades per obtenir avantatges fiscals formen part del catàleg de conflictes sotmesos a l'escrutini dels tribunals.

Vil·la de luxe promocionada com a hotel

Un dels casos més recents és el de DUX Mansion. L'habitatge, la web del qual continua activa, es promociona com una “vil·la d'estil colonial” antany residència “del cèlebre general Jaime Garau de Montaner”. Com assenyala l'establiment, després de la seva finalització el 1922, l'edifici “va ser dissenyat a l'estil Art Déco cubà, amb una torre central i un balcó senyorial”. Compost per amplis jardins i “piscina climatitzada amb música subaquàtica”, la propietat ofereix serveis premium propis d'un “hotel boutique”, com esmorzars continentals i la possibilitat de contractar un xef privat.

L'explotació turística de la vil·la, tanmateix, va acabar sent objecte el 2022 d'una sanció de 30.601 euros per part del Govern balear que, el passat mes de maig, el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) va confirmar íntegrament. La Sala contenciosa administrativa assenyala que la vil·la s'anunciava i comercialitzava durant tot l'any, malgrat que la declaració responsable presentada per la titular únicament autoritzava el lloguer turístic durant els mesos d'octubre i desembre. A això se sumaven dos incompliments més: la prestació de serveis de restauració impropis d'aquest tipus d'habitatges i l'absència del número d'inscripció al Registre Turístic en la publicitat de l'allotjament.

Durant el procediment, la propietària va sostenir que l'esmorzar i el xef privat no formaven part de l'activitat turística pròpiament dita, sinó que eren serveis externs que cada client podia contractar lliurement. També va defensar que el fet que l'habitatge aparegués disponible durant tot l'any en diferents pàgines web no significava que realment pogués reservar-se fora dels mesos autoritzats, ja que posteriorment era necessari formalitzar cada reserva. Cap d'aquests arguments no ha convençut els magistrats, que consideren acreditades les tres infraccions i donen suport íntegrament a l'actuació de l'Administració autonòmica.

Més enllà d'aquest cas concret, la sentència llança un avís al creixent mercat del lloguer de luxe: comercialitzar un habitatge turístic amb serveis propis d'un hotel boutique o ampliar de facto l'activitat autoritzada pot acabar derivant en sancions econòmiques, fins i tot quan els propietaris sostinguin que aquests serveis són prestats per empreses externes o que la publicitat a internet no reflecteix la disponibilitat real de l'immoble.

L'agroturisme amb la cèdula d'habitabilitat caducada

A Felanitx (Mallorca), un habitatge va perdre la seva llicència turística no perquè hagués sobrepassat el nombre de places autoritzades o incomplert les condicions d'explotació, sinó perquè el document que n'acreditava l'habitabilitat feia més d'una dècada que estava caducat. El propietari va presentar la corresponent declaració responsable (DRIAT) assegurant que reunia tots els requisits per iniciar l'activitat turística. No obstant això, durant la tramitació de l'expedient, el Govern va comprovar que la cèdula d'habitabilitat havia expirat el 2012, diversos anys abans de la presentació de la declaració.

La defensa va al·legar que el defecte es podia esmenar. Va explicar que havia sol·licitat successives pròrrogues per renovar la cèdula i que l'Administració li hauria d'haver permès regularitzar la situació abans de cancel·lar la inscripció. El Tribunal Superior, però, rebutja aquest plantejament: el sistema de declaració responsable es basa en la confiança que l'interessat ja compleix tots els requisits quan comunica l'inici de l'activitat, és a dir, no és un mecanisme per començar a explotar un habitatge mentre es completen els tràmits pendents.

El TSJIB assenyala que el sistema de declaració responsable es basa en la confiança que l'interessat ja compleix tots els requisits quan comunica l'inici de l'activitat, és a dir, no és un mecanisme per començar a explotar un habitatge mentre es completen els tràmits pendents

Per a la Sala, una cèdula d'habitabilitat caducada manca de qualsevol eficàcia jurídica i equival, a efectes legals, a no disposar-ne. Aquesta circumstància bastava per cancel·lar la inscripció al Registre Turístic i impedir que l'habitatge continués llogant-se a visitants. La sentència consolida així la interpretació que els tribunals realitzen de la normativa turística balear, on la manca d'un únic requisit documental pot fer decaure per complet l'autorització.

Es tracta d'un criteri que apareix reforçat en una altra resolució dictada pel TSJIB. El protagonista en aquest cas és l'agroturisme Cas Contador, a Algaida. Tot i que l'establiment va romandre inscrit durant anys al Registre Turístic, una comprovació posterior de la Conselleria de Turisme va revelar que mai no havia reunit tots els requisits necessaris per operar. Entre ells figurava una autorització essencial: la llicència municipal de canvi d'ús a agroturisme, la sol·licitud de la qual no va arribar fins tres anys després d'iniciar-se l'explotació turística. La Sala conclou que aquesta circumstància bastava per cancel·lar la inscripció i obligar al cessament de l'activitat.

El somni frustrat de White Island Dream

Una altra resolució del mateix òrgan judicial trasllada el focus fins a Eivissa, on una empresa promotora pretenia obtenir autorització turística per a un habitatge unifamiliar, comercialitzat com White Island Dream, i incorporar-lo a l'exclusiu mercat del lloguer vacacional de l'illa, un dels més rendibles del Mediterrani durant la temporada alta. No obstant això, la inspecció urbanística va detectar un obstacle insalvable: l'habitatge presentat com a unifamiliar aïllada formava realment part d'un complex integrat per sis immobles sotmesos al règim de propietat horitzontal. Aquesta configuració urbanística impedia obtenir la inscripció turística pretesa.

A Eivissa, una empresa pretenia obtenir autorització turística per a un habitatge unifamiliar, comercialitzada com a White Island Dream. No obstant això, l'habitatge presentat com a unifamiliar aïllat formava part en realitat d'un complex integrat per sis immobles

La sentència recolza així els arguments del Consell d'Eivissa i considera ajustada a dret tant la denegació de la inscripció turística com la declaració d'ineficàcia de la declaració responsable presentada per iniciar l'activitat. La resolució posa fi al litigi en confirmar que la configuració urbanística de l'immoble impedeix la seva explotació com a habitatge vacacional conforme a la normativa vigent a les Balears.

La via judicial també ha servit per confirmar que una llicència urbanística no pot utilitzar-se per neutralitzar una sentència penal ferma. A Sóller, un propietari va intentar reactivar la tramitació d'una llicència per adaptar una finca a ús d'agroturisme, modernitzar-la i ampliar les seves instal·lacions després d'haver estat condemnat per un delicte contra l'ordenació del territori. La jurisdicció penal ja havia declarat les obres il·legalitzables i n'havia ordenat la demolició, a més de la restitució del terreny al seu estat original.

Malgrat això, el promotor va intentar mantenir viu el procediment administratiu amb l'esperança d'obtenir una legalització posterior. El jutjat va rebutjar de pla aquesta possibilitat en recordar que l'Administració no podia revisar el que ja havia estat resolt mitjançant una sentència penal ferma. La resolució suposa un nou suport judicial al principi que la disciplina urbanística no pot convertir-se en un mecanisme per deixar sense efecte decisions adoptades per la jurisdicció penal.

Grans inversions sota la lupa

Les resolucions del TSJIB també arriben a les grans operacions immobiliàries lligades al turisme. La màxima instància judicial de les illes ha donat la raó a l'Agència Tributària enfront d'ICON Mallorca SLU, controlada per la societat suïssa Flimex Immobilien und Verwaltungs AG, en un litigi relacionat amb la compra, per 10,2 milions d'euros, d'una finca de més d'1,6 milions de metres quadrats a Porreres (Mallorca).

La màxima instància judicial de les illes ha donat la raó a l'Agència Tributària enfront d'ICON Mallorca SLU, controlada per la societat suïssa Flimex Immobilien und Verwaltungs AG, en un litigi relacionat amb la compra, per 10,2 milions d'euros, d'una finca de més d'1,6 milions de metres quadrats a Porreres (Mallorca)

La controvèrsia girava al voltant d'un suposat préstec intragrup de fins a 25 milions d'euros concedit per la matriu suïssa. Hisenda va entendre que aquell finançament no responia a una operació econòmica real, sinó que ocultava una aportació de capital dissenyada per generar interessos fiscalment deduïbles i reduir la tributació futura a Espanya. Durant la inspecció tributària, el representant de la societat va explicar que la intenció inicial era vendre la finca. Al no trobar comprador, ICON va sol·licitar el febrer de 2016 a l'Ajuntament de Porreres llicència per desenvolupar un projecte d'agroturisme sota el nom de Sa Basstida.

Després d'analitzar l'operació, els magistrats van donar suport íntegrament la tesi de l'Agència Tributària i van confirmar tant la regularització fiscal com les sancions imposades. Entre altres elements, el tribunal destaca l'absència de garanties, la inexistència d'un calendari de devolució, l'elevada quantia -25 milions d'euros-; el fet que aquesta mai va ser elevada a escriptura pública, que les parts podien modificar lliurement el tipus d'interès i que el mateix beneficiari efectiu controlava simultàniament tant la societat prestadora com la deutora.

Mentre el debat sobre la turistificació torna a omplir els carrers de l'arxipèlag, els tribunals fa temps que escriuen una altra crònica del turisme balear. Les sentències no parlen de xifres rècord de visitants, d'ocupació hotelera ni de la capacitat de càrrega de les illes, sinó d'inspeccions, recursos administratius, expedients sancionadors, llicències urbanístiques i maniobres tributàries. Conflictes que delimiten fins a on pot arribar el negoci turístic i on comencen els límits que marca la llei.

“Una mansión histórica donde el lujo se vive sin límites”. Con este reclamo se anuncia una exclusiva propiedad de Palma que ofrece ocho suites, piscina, spa, chef privado y una experiencia concebida para clientes internacionales de alto poder adquisitivo. El precio: tarifas que alcanzan los cuatro dígitos por noche, más de 18.000 euros por semana. La imagen idílica, sin embargo, ha acabado topándose con la Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha confirmado una sanción de 30.601 euros al considerar acreditado que la vivienda se comercializaba durante todo el año pese a estar autorizada únicamente para alquilarse dos meses.

El caso de DUX Mansion no es una excepción. Mientras miles de personas volverán a salir este domingo a las calles para denunciar los efectos de la turistificación, los tribunales han ido resolviendo una sucesión de procedimientos que muestran una cara menos visible del principal motor económico del archipiélago. Villas de lujo sancionadas por funcionar de facto como hoteles, viviendas vacacionales que han perdido su licencia por incumplir requisitos básicos, proyectos urbanísticos frustrados o sofisticadas estructuras empresariales diseñadas para obtener ventajas fiscales forman parte del catálogo de conflictos sometidos al escrutinio de los tribunales.

Villa de lujo promocionada como hotel

Uno de los casos más recientes es el de DUX Mansion. La vivienda, cuya web continúa activa, se promociona como una “villa de estilo colonial” antaño residencia “del célebre general Jaime Garau de Montaner”. Como señala el establecimiento, tras su finalización en 1922, el edificio “fue diseñado al estilo Art Déco cubano, con una torre central y un balcón señorial”. Compuesta por amplios jardines y “piscina climatizada con música subacuática”, la propiedad ofrece servicios premium propios de un hotel boutique, como desayunos continentales y la posibilidad de contratar un chef privado.

La explotación turística de la villa, sin embargo, acabó siendo objeto en 2022 de una sanción de 30.601 euros por parte del Govern balear que, el pasado mes de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) confirmó íntegramente. La Sala de lo Contencioso-Administrativo señala que la villa se anunciaba y comercializaba durante todo el año, a pesar de que la declaración responsable presentada por la titular únicamente autorizaba el alquiler turístico durante los meses de octubre y diciembre. A ello se sumaban otros dos incumplimientos: la prestación de servicios de restauración impropios de este tipo de viviendas y la ausencia del número de inscripción en el Registro Turístico en la publicidad del alojamiento.

Durante el procedimiento, la propietaria sostuvo que el desayuno y el chef privado no formaban parte de la actividad turística propiamente dicha, sino que eran servicios externos que cada cliente podía contratar libremente. También defendió que el hecho de que la vivienda apareciera disponible durante todo el año en distintas páginas web no significaba que realmente pudiera reservarse fuera de los meses autorizados, ya que posteriormente era necesario formalizar cada reserva. Ninguno de esos argumentos ha convencido a los magistrados, que consideran acreditadas las tres infracciones y respaldan íntegramente la actuación de la Administración autonómica.

Más allá de este caso concreto, la sentencia lanza un aviso al creciente mercado del alquiler de lujo: comercializar una vivienda turística con servicios propios de un hotel boutique o ampliar de facto la actividad autorizada puede acabar derivando en sanciones económicas, incluso cuando los propietarios sostengan que esos servicios son prestados por empresas externas o que la publicidad en internet no refleja la disponibilidad real del inmueble.

El agroturismo con la cédula de habitabilidad caducada

En Felanitx (Mallorca), una vivienda perdió su licencia turística no porque hubiera sobrepasado el número de plazas autorizadas o incumplido las condiciones de explotación, sino porque el documento que acreditaba su habitabilidad llevaba más de una década caducado. El propietario presentó la correspondiente declaración responsable (DRIAT) asegurando que reunía todos los requisitos para iniciar la actividad turística. Sin embargo, durante la tramitación del expediente, el Govern comprobó que la cédula de habitabilidad había expirado en 2012, varios años antes de la presentación de la declaración.

La defensa alegó que el defecto podía subsanarse. Explicó que había solicitado sucesivas prórrogas para renovar la cédula y que la Administración debería haberle permitido regularizar la situación antes de cancelar la inscripción. El Tribunal Superior, sin embargo, rechaza ese planteamiento: el sistema de declaración responsable se basa en la confianza de que el interesado ya cumple todos los requisitos cuando comunica el inicio de la actividad, es decir, no es un mecanismo para comenzar a explotar una vivienda mientras se completan los trámites pendientes.

El TSJIB señala que el sistema de declaración responsable se basa en la confianza de que el interesado ya cumple todos los requisitos cuando comunica el inicio de la actividad, es decir, no es un mecanismo para comenzar a explotar una vivienda mientras se completan los trámites pendientes

Para la Sala, una cédula de habitabilidad caducada carece de cualquier eficacia jurídica y equivale, a efectos legales, a no disponer de ella. Esa circunstancia bastaba para cancelar la inscripción en el Registro Turístico e impedir que la vivienda siguiera alquilándose a visitantes. La sentencia consolida así la interpretación que los tribunales realizan de la normativa turística balear, donde la falta de un único requisito documental puede hacer decaer por completo la autorización.

Se trata de un criterio aparece reforzado en otra resolución dictada por el TSJIB. El protagonista en este caso es el agroturismo Cas Contador, en Algaida. Aunque el establecimiento permaneció inscrito durante años en el Registro Turístico, una comprobación posterior de la Conselleria de Turismo reveló que nunca había reunido todos los requisitos necesarios para operar. Entre ellos figuraba una autorización esencial: la licencia municipal de cambio de uso a agroturismo, cuya solicitud no llegó hasta tres años después de iniciarse la explotación turística. La Sala concluye que esa circunstancia bastaba para cancelar la inscripción y obligar al cese de la actividad.

El sueño frustrado de White Island Dream

Otra resolución del mismo órgano judicial traslada el foco hasta Eivissa, donde una empresa promotora pretendía obtener autorización turística para una vivienda unifamiliar, comercializada como White Island Dream, e incorporarla al exclusivo mercado del alquiler vacacional de la isla, uno de los más rentables del Mediterráneo durante la temporada alta. Sin embargo, la inspección urbanística detectó un obstáculo insalvable: la vivienda presentada como unifamiliar aislada formaba realmente parte de un complejo integrado por seis inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal. Esa configuración urbanística impedía obtener la inscripción turística pretendida.

En Eivissa, una empresa pretendía obtener autorización turística para una vivienda unifamiliar, comercializada como White Island Dream. Sin embargo, la vivienda presentada como unifamiliar aislada formaba parte en realidad de un complejo integrado por seis inmuebles

El fallo respalda así los argumentos del Consell de Eivissa y considera ajustada a derecho tanto la denegación de la inscripción turística como la declaración de ineficacia de la declaración responsable presentada para iniciar la actividad. La resolución pone fin al litigio al confirmar que la configuración urbanística del inmueble impide su explotación como vivienda vacacional conforme a la normativa vigente en Balears.

La vía judicial también ha servido para confirmar que una licencia urbanística no puede utilizarse para neutralizar una sentencia penal firme. En Sóller, un propietario intentó reactivar la tramitación de una licencia para adaptar una finca a uso de agroturismo, modernizarla y ampliar sus instalaciones después de haber sido condenado por un delito contra la ordenación del territorio. La jurisdicción penal ya había declarado las obras ilegalizables y ordenado su demolición, además de la restitución del terreno a su estado original.

Pese a ello, el promotor trató de mantener vivo el procedimiento administrativo con la esperanza de obtener una legalización posterior. El juzgado rechazó de plano esa posibilidad al recordar que la Administración no podía revisar lo que ya había sido resuelto mediante una sentencia penal firme. La resolución supone un nuevo respaldo judicial al principio de que la disciplina urbanística no puede convertirse en un mecanismo para dejar sin efecto decisiones adoptadas por la jurisdicción penal.

Grandes inversiones bajo la lupa

Las resoluciones del TSJIB también alcanzan a las grandes operaciones inmobiliarias ligadas al turismo. La máxima instancia judicial de las islas ha dado la razón a la Agencia Tributaria frente a ICON Mallorca SLU, controlada por la sociedad suiza Flimex Immobilien und Verwaltungs AG, en un litigio relacionado con la compra, por 10,2 millones de euros, de una finca de más de 1,6 millones de metros cuadrados en Porreres (Mallorca).

La máxima instancia judicial de las islas ha dado la razón a la Agencia Tributaria frente a ICON Mallorca SLU, controlada por la sociedad suiza Flimex Immobilien und Verwaltungs AG, en un litigio relacionado con la compra, por 10,2 millones de euros, de una finca de más de 1,6 millones de metros cuadrados en Porreres (Mallorca)

La controversia giraba en torno a un supuesto préstamo intragrupo de hasta 25 millones de euros concedido por la matriz suiza. Hacienda entendió que aquella financiación no respondía a una operación económica real, sino que ocultaba una aportación de capital diseñada para generar intereses fiscalmente deducibles y reducir la tributación futura en España. Durante la inspección tributaria, el representante de la sociedad explicó que la intención inicial era vender la finca. Al no encontrar comprador, ICON solicitó en febrero de 2016 al Ayuntamiento de Porreres licencia para desarrollar un proyecto de agroturismo bajo el nombre de Sa Basstida.

Tras analizar la operación, los magistrados respaldaron íntegramente la tesis de la Agencia Tributaria y confirmaron tanto la regularización fiscal como las sanciones impuestas. Entre otros elementos, el tribunal destaca la ausencia de garantías, la inexistencia de un calendario de devolución, la elevada cuantía -25 millones de euros-; el hecho de que ésta nunca fue elevada a escritura pública, que las partes podían modificar libremente el tipo de interés y que el mismo beneficiario efectivo controlaba simultáneamente tanto la sociedad prestamista como la prestataria.

Mientras el debate sobre la turistificación vuelve a llenar las calles del archipiélago, los tribunales llevan tiempo escribiendo otra crónica del turismo balear. Las sentencias no hablan de cifras récord de visitantes, de ocupación hotelera ni de la capacidad de carga de las islas, sino de inspecciones, recursos administrativos, expedientes sancionadores, licencias urbanísticas y maniobras tributarias. Conflictos que delimitan hasta dónde puede llegar el negocio turístico y dónde empiezan los límites que marca la ley.

L'Audiència Provincial de les Balears ha rebutjat l'intent d'una empresa immobiliària de desnonar una inquilina a Eivissa a la qual acusava de subarrendar l'habitatge per a ús turístic basant-se, fonamentalment, en una fotografia d'una persona amb maletes a les zones comunes i en diversos missatges de WhatsApp remesos per una veïna. El tribunal conclou que les proves aportades per la societat no són suficients per acreditar que l'arrendatària explotés l'immoble com a allotjament vacacional.

La sentència confirma íntegrament la resolució del Jutjat de Primera Instància número 4 d'Eivissa, que ja havia desestimat la demanda interposada per Lowestolf Norm SL, una societat constituïda el 2015 els administradors de la qual figuren al capdavant de nombroses societats vinculades al sector immobiliari i turístic a l'illa. Encara que la inquilina ja havia abandonat l'habitatge durant la tramitació del procediment i va lliurar les claus l'octubre del 2023, l'empresa va mantenir la seva reclamació econòmica i exigia el pagament de 50.000 euros, és a dir, 500 euros per cada dia que, segons la immobiliària, havia transcorregut des de la resolució del contracte fins al lliurament efectiu de l'immoble.

El litigi es va iniciar després que la immobiliària demandés l'arrendatària en considerar que aquesta havia vulnerat el contracte en cedir o subarrendar l'habitatge a tercers per a ús turístic, una conducta expressament prohibida tant pel contracte com per l'article 8 de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), que impedeix a l'inquilí subarrendar o cedir l'habitatge sense el consentiment escrit del propietari.

Segons l'empresa, la sospita va sorgir després de les queixes d'una veïna de la comunitat, a les quals s'afegia una fotografia presa a les zones comunes de l'edifici en les quals apareixia una dona amb maletes i bosses de gran mida. La immobiliària entenia que aquests indicis demostraven que l'habitatge estava sent utilitzat per a lloguer vacacional i va decidir resoldre el contracte d'arrendament mitjançant un burofax abans d'acudir als tribunals per reclamar el desnonament i una indemnització.

No obstant això, el tribunal considera que l'empresa no va aconseguir demostrar aquests fets, asseverant que l'única prova consistia en missatges de WhatsApp remesos per una veïna i en diverses fotografies d'una dona amb maletes, elements que, per si sols, no permeten acreditar l'existència d'un subarrendament o d'una activitat de lloguer turístic.

La sentència dictada en primera instància ja indicava que, juntament amb la demanda, “no es va aportar prova alguna d'aquests subarrendaments, aportant-se posteriorment una sèrie de wasaps i fotografies que no permeten tenir per acreditats els subarrendaments ni l'activitat de lloguer turístic al·legada”. “Estem davant de missatges d'una veïna i una fotografia d'una persona amb maletes per les zones comunes que no ens permeten tenir per acreditats els fets constitutius de la pretensió actora, per la qual cosa la demanda ha de ser desestimada”, afegia la resolució, confirmada íntegrament per l'Audiència.

El tribunal afegeix que l'empresa ni tan sols va proposar declarar com a testimoni la veïna que va alertar dels fets ni el president de la comunitat de propietaris, malgrat que ambdós podien haver aportat informació rellevant. Tampoc va incorporar els estatuts o acords comunitaris que, segons sostenia, prohibien expressament el lloguer turístic a l'edifici.

La sentència, contra la qual cap recurs de cassació davant del Tribunal Suprem, també posa en dubte un altre dels pilars de la demanda. Lowestolf Norm SL assegurava haver comunicat a l'arrendatària la resolució del contracte mitjançant un burofax. No obstant això, l'Audiència observa que la comunicació es va remetre a una adreça diferent de la que figurava en el contracte d'arrendament, per la qual cosa tampoc va quedar demostrat que la demandada tingués coneixement efectiu d'aquesta resolució contractual.

Una penalització de 500 euros diaris

L'empresa no només pretenia recuperar l'habitatge. El contracte incloïa una clàusula que imposava una penalització de 500 euros per cada dia que transcorregués des de la resolució del contracte fins al lliurament efectiu de l'immoble, a més d'una altra indemnització equivalent a una anualitat de renda. Amb base en aquesta clàusula, la immobiliària va arribar a reclamar 50.000 euros malgrat que l'arrendatària ja havia abandonat el pis durant la tramitació del procediment.

Encara que l'Audiència no entra a valorar la legalitat d'aquesta penalització, sí que recorda que el jutjat de primera instància havia advertit que podria tractar-se d'una condició abusiva en tractar-se d'un contracte signat entre una empresa i una consumidora. En qualsevol cas, considera innecessari pronunciar-se sobre aquesta qüestió perquè la demanda havia de desestimar-se prèviament per falta de prova del suposat lloguer turístic.

La Audiencia Provincial de Balears ha rechazado el intento de una empresa inmobiliaria de desahuciar a una inquilina en Eivissa a la que acusaba de subarrendar la vivienda para uso turístico basándose, fundamentalmente, en una fotografía de una persona con maletas en las zonas comunes y en varios mensajes de WhatsApp remitidos por una vecina. El tribunal concluye que las pruebas aportadas por la sociedad no son suficientes para acreditar que la arrendataria explotara el inmueble como alojamiento vacacional.

La sentencia confirma íntegramente el fallo del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Eivissa, que ya había desestimado la demanda interpuesta por Lowestolf Norm SL, una sociedad constituida en 2015 cuyos administradores figuran al frente de numerosas sociedades vinculadas al sector inmobiliario y turístico en la isla. Aunque la inquilina ya había abandonado la vivienda durante la tramitación del procedimiento y entregó las llaves en octubre de 2023, la empresa mantuvo su reclamación económica y exigía el pago de 50.000 euros, es decir, 500 euros por cada día que, según la inmobiliaria, había transcurrido desde la resolución del contrato hasta la entrega efectiva del inmueble.

El litigio se inició después de que la inmobiliaria demandase a la arrendataria al considerar que ésta había vulnerado el contrato al ceder o subarrendar la vivienda a terceros para uso turístico, una conducta expresamente prohibida tanto por el contrato como por el artículo 8 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que impide al inquilino subarrendar o ceder la vivienda sin el consentimiento escrito del propietario.

Según la empresa, la sospecha surgió tras las quejas de una vecina de la comunidad, a las que se añadía una fotografía tomada en las zonas comunes del edificio en las que aparecía una mujer con maletas y bolsas de gran tamaño. La inmobiliaria entendía que esos indicios demostraban que la vivienda estaba siendo utilizada para alquiler vacacional y decidió resolver el contrato de arrendamiento mediante un burofax antes de acudir a los tribunales para reclamar el desahucio y una indemnización.

Sin embargo, el tribunal considera que la empresa no logró demostrar esos hechos, aseverando que la única prueba consistía en mensajes de WhatsApp remitidos por una vecina y en varias fotografías de una mujer con maletas, elementos que, por sí solos, no permiten acreditar la existencia de un subarriendo o de una actividad de alquiler turístico.

La sentencia dictada en primera instancia ya indicaba que, junto a la demanda, “no se aportó prueba alguna de dichos subarrendamientos, aportándose posteriormente una serie de wasaps y fotografías que no permiten tener por acreditados los subarriendos ni la actividad de alquiler turístico alegada”. “Estamos ante mensajes de una vecina y una fotografía de una persona con maletas por las zonas comunes que no nos permiten tener por acreditados los hechos constitutivos de la pretensión actora, por lo que la demanda debe ser desestimada”, añadía la resolución, confirmada íntegramente por la Audiencia.

El tribunal añade que la empresa ni siquiera propuso declarar como testigo a la vecina que alertó de los hechos ni al presidente de la comunidad de propietarios, pese a que ambos podían haber aportado información relevante. Tampoco incorporó los estatutos o acuerdos comunitarios que, según sostenía, prohibían expresamente el alquiler turístico en el edificio.

La sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, también pone en duda otro de los pilares de la demanda. Lowestolf Norm SL aseguraba haber comunicado a la arrendataria la resolución del contrato mediante un burofax. Sin embargo, la Audiencia observa que la comunicación se remitió a una dirección distinta de la que figuraba en el contrato de arrendamiento, por lo que tampoco quedó demostrado que la demandada tuviera conocimiento efectivo de esa resolución contractual.

Una penalización de 500 euros diarios

La empresa no solo pretendía recuperar la vivienda. El contrato incluía una cláusula que imponía una penalización de 500 euros por cada día que transcurriera desde la resolución del contrato hasta la entrega efectiva del inmueble, además de otra indemnización equivalente a una anualidad de renta. Con base en esa cláusula, la inmobiliaria llegó a reclamar 50.000 euros pese a que la arrendataria ya había abandonado el piso durante la tramitación del procedimiento.

Aunque la Audiencia no entra a valorar la legalidad de esa penalización, sí recuerda que el juzgado de primera instancia había advertido de que podría tratarse de una condición abusiva al tratarse de un contrato celebrado entre una empresa y una consumidora. En cualquier caso, considera innecesario pronunciarse sobre esa cuestión porque la demanda debía desestimarse previamente por falta de prueba del supuesto alquiler turístico.

Llogar un habitatge al costat del mar costa avui fins al doble que fa cinc anys. L'escalada de preus ha situat les Balears com el principal exponent de la tensió del mercat residencial a la costa espanyola: Sant Josep de sa Talaia, Calvià i Santa Eulària des Riu ocupen els tres primers llocs del rànquing nacional de municipis amb el lloguer de platja més car, segons l'Índex Immobiliari de Fotocasa corresponent el juny de 2026.

El municipi eivissenc de Sant Josep de sa Talaia encapçala la classificació amb un preu mitjà de 25,56 euros per metre quadrat al mes, seguit de Calvià (24,64 euros) i Santa Eulària des Riu (23,53 euros). Després d'ells figuren Barcelona (21,71 euros), Mogán (21,55 euros), San Bartolomé de Tirajana (21,49 euros), Sitges (21,43 euros), Palamós (20,72 euros), Laredo (20,53 euros), La Oliva (19,94 euros), Arona (19,93 euros), Adeje (19,87 euros), Estepona (19,59 euros), Llucmajor (19,52 euros) i Badalona (19,32 euros).

Segons el portal immobiliari, quatre de cada deu municipis costaners analitzats ja superen el preu mitjà del lloguer a Espanya, que al juny es va situar en 14,79 euros per metre quadrat al mes. L'informe atribueix aquesta evolució al creixent atractiu de les zones litorals no només com a destinació vacacional, sinó també com a lloc de residència permanent, en un context marcat per una oferta insuficient per absorbir l'augment de la demanda.

La directora d'Estudis i portaveu de Fotocasa, María Matos, sosté que el mercat del lloguer a la costa travessa “una de les majors tensions de la seva història”. Al parer seu, la combinació entre l'auge del turisme residencial, el creixent interès per viure al costat del mar durant tot l'any i l'escassetat d'habitatge disponible ha convertit aquests municipis en alguns dels mercats més tensionats del país.

“Aquest augment del preu no només encareix les estades vacacionals, sinó que també dificulta l'accés a l'habitatge per a la població resident”, assenyala Matos.

Les dades reforcen la pressió que des de fa anys suporta el mercat residencial balear, on l'increment dels lloguers s'ha convertit en un dels principals factors que dificulten l'accés a l'habitatge per a treballadors i residents, especialment en els municipis amb un atractiu turístic més elevat.

Alquilar una vivienda junto al mar cuesta hoy hasta el doble que hace cinco años. La escalada de precios ha situado a Baleares como el principal exponente de la tensión del mercado residencial en la costa española: Sant Josep de sa Talaia, Calvià y Santa Eulària des Riu ocupan los tres primeros puestos del ranking nacional de municipios con el alquiler de playa más caro, según el Índice Inmobiliario de Fotocasa correspondiente a junio de 2026.

El municipio ibicenco de Sant Josep de sa Talaia encabeza la clasificación con un precio medio de 25,56 euros por metro cuadrado al mes, seguido de Calvià (24,64 euros) y Santa Eulària des Riu (23,53 euros). Tras ellos figuran Barcelona (21,71 euros), Mogán (21,55 euros), San Bartolomé de Tirajana (21,49 euros), Sitges (21,43 euros), Palamós (20,72 euros), Laredo (20,53 euros), La Oliva (19,94 euros), Arona (19,93 euros), Adeje (19,87 euros), Estepona (19,59 euros), Llucmajor (19,52 euros) y Badalona (19,32 euros).

Según el portal inmobiliario, cuatro de cada diez municipios costeros analizados ya superan el precio medio del alquiler en España, que en junio se situó en 14,79 euros por metro cuadrado al mes. El informe atribuye esta evolución al creciente atractivo de las zonas litorales no solo como destino vacacional, sino también como lugar de residencia permanente, en un contexto marcado por una oferta insuficiente para absorber el aumento de la demanda.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, sostiene que el mercado del alquiler en la costa atraviesa “una de las mayores tensiones de su historia”. A su juicio, la combinación entre el auge del turismo residencial, el creciente interés por vivir junto al mar durante todo el año y la escasez de vivienda disponible ha convertido estos municipios en algunos de los mercados más tensionados del país.

“Este aumento del precio no solo encarece las estancias vacacionales, sino que también dificulta el acceso a la vivienda para la población residente”, señala Matos.

Los datos refuerzan la presión que desde hace años soporta el mercado residencial balear, donde el incremento de los alquileres se ha convertido en uno de los principales factores que dificultan el acceso a la vivienda para trabajadores y residentes, especialmente en los municipios con mayor atractivo turístico.

Castilla-La Mancha prepara una nueva Ley de Turismo que podría ver la luz en el Consejo de Gobierno a finales de 2026. Uno de los objetivos de la nueva normativa será actualizar el marco que permite el funcionamiento de pisos y alquileres turísticos, técnicamente denominados Viviendas de Uso Turístico (VUT), con el objetivo de atajar la masificación y elevar el control administrativo.

Las cifras indican que es necesario. Castilla-La Mancha superó los dos millones de pernoctaciones en 2025 con reservas realizadas en este tipo de alojamientos. Se registraron 956 pernoctaciones por cada 1.000 habitantes, el dato más bajo de España solo por detrás de Extremadura (880 pernoctaciones por cada 1.000 habitantes), pero con una llamativa tendencia al alza: la demanda de este tipo de alojamientos turísticos ha crecido un 257% desde el año 2018.

El año pasado unas 5.500 personas se alojaron cada día (como media) en la región, según datos analizados por elDiario.es y la Urban Journalism Network. Es una cifra muy alejada de la comunidad que lidera el ranking, Andalucía, con más de 50 millones de pernoctaciones (136.000 personas de media se alojan allí cada día), pero sigue creciendo.

Además, si hablamos de estacionalidad, la comunidad de Castilla-La Mancha es un destino elegido durante todo el año, aunque es el mes de agosto el que acapara el 13% del total de las estancias anuales, con 125 pernoctaciones por cada 1.000 habitantes. La mayoría de ellas (103) corresponden a viajeros nacional y el resto a visitantes extranjeros.

El siguiente mes preferido, según los datos de 2025, es abril tuvo que ver con la Semana Santa, uno de los grandes atractivos de la comunidad autónoma, que concentra a miles de personas. Se registraron 103 pernoctaciones por cada 1.000 habitantes, la mayor parte con alojamiento de personas procedentes de cualquier punto de España.

Toledo ha triplicado cifras desde 2018

Uno de los datos llamativos es el que arroja la ciudad de Toledo, ciudad 'Patrimonio de la Humanidad', que en los últimos años está concentrando la atención turística y también las quejas de quienes residen en el Casco Histórico de la ciudad en fechas claves como la Navidad o la Festividad del Corpus. También el parque temático Puy du Fou atrae ya a unos dos millones de personas cada año y se ha convertido en foco turístico que genera necesidades de alojamiento. El propio parque abrirá tres hoteles en los próximos años para incrementar la capacidad de acogida que hoy están absorbiendo, en parte, las viviendas turísticas.

La evolución es significativa. La capital de Castilla-La Mancha ha triplicado desde 2018 el número de noches en viviendas turísticas.

Los viajeros eligen este tipo de alquileres vacacionales cada vez más y al mismo tiempo se incrementa el número de posibilidades porque cada vez hay más oferta, a pesar de los anuncios por parte de sucesivos gobiernos locales de poner tope a la densidad de viviendas turísticas.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en mayo de 2026 había en Toledo 750 viviendas turísticas operando con 3.814 plazas, 30 viviendas más que en noviembre de 2025 y 150 más que hace tres años, lo que supone un incremento del 25% desde la llegada del actual gobierno municipal de PP y Vox al Ayuntamiento.

Toledo cobra una tasa turística a los autobuses que traen grupos a la ciudad, pero no la impone a los viajeros ni tampoco a las viviendas turísticas. Izquierda Unida (IU) propone instaurar una tasa municipal que grave la actividad económica de estos piso o apartamentos turísticos y defiende reinvertir lo recaudado mediante la tasa a los autobuses en mejorar el transporte público de la ciudad, pero PP y Vox ponen esa pelota en el tejado del Gobierno de Castilla-La Mancha a través de la futura nueva Ley de Turismo.

En toda Europa se eligen cada vez más viviendas turísticas en vez de hoteles

Los visitantes eligen cada vez más las viviendas turísticas en lugar de los hoteles y es un fenómeno que se repite en toda Europa. Lo dicen los últimos datos de la Eurostat sobre las reservas en plataformas de Airbnb, Booking y Expedia, publicados este mes y analizados por elDiario.es y la Urban Journalism Network, una red de periodistas de la que forma parte este medio.

Los datos recogidos no incluyen ningún tipo de alojamiento en hoteles ni en campings que, en ocasiones, también pueden reservarse en esas mismas páginas web.

Cuatro comunidades autónomas españolas se encuentran entre las diez regiones de toda Europa donde se pasan más noches en viviendas turísticas.

Castilla-La Mancha no está entre ellas. Tampoco lo están las provincias o las ciudades castellanomanchegas que no ocupan puestos relevantes en el ranking que lideran Andalucía, la Comunitat Valenciana o Canarias, aunque el fenómeno aquí también se repite.

(*) Este artículo fue coordinado por la Urban Journalism Network y sus socios.

Gráficos y mapas: Bene Brandhofer, David Meidinger.

Coordinación: Hendrik Lehmann, Gaby Khazalova.

En un escenario de crisis generalizada de acceso a la vivienda, ya sea mediante compra o alquiler, por el continuo incremento de precios, hay una comunidad que parece haber dado con la tecla para frenar “la sangría”. Navarra ha sido la única comunidad de España en la que la vivienda se abarató en abril. Lo hizo en un 3,9%, si bien en el primer trimestre del año subió un 10,5%, la segunda comunidad en la que menos aumentó. Además, desde que se declaró el año pasado la zona de mercado residencial tensionado en 21 municipios, también han caído los precios del alquiler. ¿A qué se debe? Los expertos apuntan a varios factores, pero coinciden en destacar que la comunidad foral lleva tiempo apostando por impulsar políticas públicas de vivienda. “En Navarra todo se hace distinto, tenemos que verla como el modelo”, señala Ignacio Ezquiaga, economista e investigador de Funcas.

Navarra es una de las comunidades con un mayor parque de vivienda pública —más del 20% de las viviendas son protegidas—. Solo en 2025 se finalizaron 870 viviendas, de las que 449 tienen algún tipo de protección. Para alcanzar esas cifras la comunidad foral ha impulsado la construcción a través de su empresa pública Nasuvinsa, también en colaboración con promotores privados, y ha adquirido vivienda usada a través del tanteo y retracto. “Un dato difícilmente extrapolable al resto de España es que en Navarra uno de cada dos inquilinos no paga a precio de mercado porque o vive en una vivienda pública, o en una vivienda de un promotor privado que ha recibido subvención pública, o recibe ayudas al alquiler”, destaca el experto en vivienda y director de Nasuvinsa, Javier Burón.

“Las autoridades públicas no pueden influir demasiado en el mercado libre, pero sí que pueden ir creando zonas protegidas para que una parte de la oferta no sea a precio de mercado libre. Y eso es lo que Navarra no ha dejado de hacer en las últimas décadas”, apunta Ezquiaga. “Tenemos que ver a Navarra como un modelo de lo que tiene que seguir el resto de España en su conjunto, que el mercado no sea solo libre”, apostilla.

La ampliación del parque público de vivienda sigue siendo “una de las piezas fundamentales” de la hoja de ruta de las políticas del Departamento de Vivienda de Navarra, tal y como reconoce su consejera, Begoña Alfaro (Contigo/Zurekin). En este sentido, además de la empresa pública Nasuvinsa, se ha sacado ya a licitación la creación de una compañía mixta, cuyo capital estará dividido al 50% entre la administración y el sector privado, y con la que se pretende movilizar un mayor número de viviendas de alquiler social. La previsión es que en pocos años se puedan añadir al parque público medio millar de inmuebles.

“No va a ser un modelo de colaboración como al que nos tiene acostumbrado la derecha, en el que la Administración asume las pérdidas y la parte privada patrimonializa las ganancias. Aquí se irá al 50% en absolutamente todo”, explica Alfaro.

Otro elemento clave según los expertos consultados es que en Navarra la calificación protegida es permanente en las viviendas del régimen de compraventa y, desde hace una semana, también en las de alquiler. El Parlamento de Navarra aprobó una modificación de la ley para que, pasados 21 años de la construcción de vivienda protegida de alquiler, los promotores no puedan venderla, ni siquiera a precio tasado, quedándose así de manera permanente en régimen de alquiler asequible. Se trata de una medida que tiene carácter retroactivo a todas aquellas viviendas que todavía no hayan perdido la calificación, es decir, las construidas en los últimos 20 años, 2.248 viviendas que perderían su protección próximamente.

“No estamos en contra de que los promotores privados hagan negocio, pero la colaboración público-privada tiene que ser simbiótica y no parasitaria. Ahora hay límites, las viviendas tienen que seguir en alquiler y si se quieren vender tiene que ser a un operador que las siga gestionando en alquiler. Sigue siendo un negocio, no les volverá multimillonarios, pero siguen ganando dinero”, sostiene Javier Burón.

Regulación del mercado

También ha tenido su reflejo en los precios la regulación del mercado. Hace un año, Navarra se sumó a Catalunya y declaró 21 municipios, entre ellos Pamplona y Tudela, los principales núcleos urbanos, como zonas de mercado residencial tensionado fijando así un tope a los precios del alquiler. Un año después, los datos reflejan una caída del 7% en los precios. “Son datos concluyentes que permiten concluir que intervenir funciona”, celebra la consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, que reconoce que no esperaba que la medida tuviese un reflejo “tan rápido” en los datos.

“Pero es una medida que por sí sola y sostenida en el tiempo tampoco va a resolver las cosas porque está concebida para hacer de torniquete, para contener los precios. Debe de ir acompañada de otras políticas”, añade el director de Nasuvinsa, Javier Burón. “El mercado está intervenido en toda España, el asunto es a favor de quién”.

Además, por el momento la intervención en los precios no ha tenido su reflejo en un descenso en el número de contratos, que si bien se han reducido ligeramente en el último trimestre, se explica porque la mayoría se prorrogan. “Cuando un propietario pierde el incentivo de poder incrementar lo que quiera el precio del alquiler es más fácil que prorrogue el contrato a su inquilino y, por tanto, hay menos rotación”, sostiene Alfaro.

A la intervención del mercado se le sumará ahora otra medida aprobada en la Cámara Foral, la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, subterfugio al que recurrían algunos propietarios para esquivar el tope a los precios del alquiler.

Por todo ello, los expertos consultados coinciden en señalar que el caso navarro no es casual y que los datos no son accidentales, son el resultado del impulso de políticas de vivienda. “Aquí hay un sistema. ¿Es perfecto? No, necesita mejoras a futuro, pero hay un plan de juego que viene de lejos, no se ha creado hoy. En otras comunidades o no tienen plan de juego o el plan es que pase lo que decida el mercado. Y el mercado endógenamente no produce vivienda permanentemente asequible”, asegura Javier Burón.

“Es una cuestión de voluntad política. Una política orientada de forma consistente a aumentar el parque público de vivienda. Porque el objetivo de las autoridades tiene que ser doble: al mismo tiempo que impulsas medidas para que el mercado libre gire y baje los precios, tienes que hacer oferta para un mercado protegido con viviendas asequibles”, indica el economista Ignacio Ezquiaga.

“Los gobiernos eligen a quién defender, y los encabezados por el PP han demostrado que no defienden de forma prioritaria los intereses de la ciudadanía, sino que están al servicio de una minoría económica. Nosotros tenemos resultados contrastados y acreditados, no hay otra explicación a que no apliquen estas medidas”, concluye la consejera Begoña Alfaro, que esta misma semana recibió la visita del consejero vasco del ramo, Denis Itxaso, para interesarse por las políticas navarras de vivienda.

“Vivienda ideal para personal sanitario. A escasos metros del hospital Valdecilla. Cuatro habitaciones. Disponible en julio y agosto. 3.000 euros al mes. Si vas a trabajar este verano en Santander y buscas una vivienda amplia, cómoda y perfectamente ubicada, esta puede ser una excelente opción. Especialmente adecuada para médicos internos residentes (MIR), enfermeros, fisioterapeutas, personal sanitario desplazado o equipos profesionales que necesiten alojamiento temporal durante los meses de verano”.

La irrechazable propuesta de este anuncio -publicado en un popular portal inmobiliario- consiste en pagar 750 euros por una habitación en un piso compartido con otras tres personas. No concreta si quiera los metros del piso, pero sí que cuenta con dos baños “completos” con plato de ducha y mampara, todo un lujo también a compartir entre cuatro inquilinos.

De otro lado, en el grupo de Facebook 'Alojamiento para personal sanitario del Servicio Cántabro de Salud', alguien escribe: “Busco piso en Santander, Torrelavega y alrededores de menos de 600 euros. Soy sanitaria de larga duración”. Son solo algunos ejemplos de lo que una persona en búsqueda activa de vivienda en Cantabria se puede encontrar estos días.

Si bien la normalización de prácticas abusivas dificulta más, si cabe, el acceso a una vivienda de las personas con menos recursos, los desproporcionados precios del mercado del alquiler en Cantabria acentúan a su vez la llamada ‘fuga de talento’.

La crisis de vivienda es ya una realidad para colectivos cualificados como personal sanitario, docentes, empleados públicos o universitarios que ven condicionadas sus decisiones y proyectos de vida a las soluciones habitacionales disponibles (o inexistentes). El impacto es todavía mayor a las puertas del verano, una época en la que los anuncios de alquiler no estacional prácticamente desaparecen de los portales inmobiliarios.

Los médicos MIR que pierde Valdecilla

El alto precio de la vivienda en Santander influyó decisivamente para que Miguel (25 años, Oviedo) renunciara a hacer el MIR en el Hospital Valdecilla. Explica que para un residente de primer año en Santander que realiza dos guardias, el sueldo ronda los 1.600 euros. Cuando el año pasado barajó la posibilidad de elegir Santander como destino para hacer su residencia los alquileres de pisos completos se situaban entre los 900 y 1.000 €, mientras que una habitación en piso compartido no bajaba de los 500 €. Admite que esto hace que sea “muy difícil vivir de forma independiente sin ayuda familiar” o sin ver seriamente mermada la capacidad de ahorro.

En su opinión, el problema principal en Santander no es solo el precio, sino la disponibilidad anual. “Muchos caseros solo alquilan de septiembre a junio, reservando los meses de verano para el turismo. Dado que los residentes suelen incorporarse en el mes de junio, este modelo de alquiler es ”muy limitante“ e incompatible con su vida profesional.

Aunque la vivienda, dice, no fue el único factor, Miguel admite que sí influyó en que decidiera finalmente quedarse en Oviedo.

Profesores interinos destinados a zonas costeras

La situación tampoco es muy halagüeña después del verano. Docentes interinos o sanitarios que llegan en septiembre a municipios como Laredo, Noja, Santoña, Castro Urdiales, Suances o Comillas descubren que apenas hay alquiler anual. Los propietarios prefieren contratos de 9 o 10 meses y deben abandonar la vivienda en junio.

Hay ayuntamientos, centros de salud o colegios que tienen problemas para cubrir plazas porque los trabajadores no encuentran vivienda cerca o porque los alquileres son incompatibles con sus salarios. La cuestión es cómo atraer profesionales a determinadas zonas si no existe vivienda disponible.

Santander, ciudad universitaria cada vez menos accesible

Otra de las preguntas que surgen alrededor del problema habitacional es si puede una ciudad seguir siendo atractiva para estudiantes de enseñanzas superiores o personal investigador si el alojamiento consume una parte creciente de sus becas, salarios y ayudas familiares.

Lorena (23 años, Alicante) acaba de concluir el tercer curso del doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en Santander y a pesar de contar con varias ofertas para hacer prácticas en medios de comunicación este verano, no ha podido quedarse en Cantabria. Su presupuesto no le permite costearse los 1.400 euros al mes que su casera les pide a ella y a su compañera en verano por el piso que comparten en la zona de Puertochico y que durante el curso académico les cuesta 850 €. Ni siquiera el hecho de volver a renovar el contrato de alquiler a partir del mes de septiembre para el curso 2026-27 les ha servido para obtener un trato preferente o cierta rebaja en el periodo estival por parte de la propietaria.

Lorena lamenta que sus decisiones estén totalmente condicionadas por esta situación. “Es triste, porque sabes que estás perdiendo oportunidades por el hecho de no tener donde vivir y piensas ¿y si este tren no vuelve a pasar?”, admite con un tono de resignación que invita a reflexionar sobre en qué momento la sociedad comenzó a fallarle a los de su generación. “Llevo cinco años viviendo en Santander y me acuerdo el primer año de estar mirando pisos con compañeros y había bastantes de 600 o 650 euros y ahora no bajan de 800 u 850” y “también han aumentado mucho los anuncios que directamente solo quieren alquileres temporales”, añade.

La situación de Pedro, estudiante de 4º curso de ADE (Administración y Dirección de Empresas), es similar. El piso que comparte con otros tres compañeros de universidad y por el que pagan 1.400 euros en la zona centro de Santander casi duplica su precio en verano, alcanzando los 2.600 euros de renta. En su caso tiene exámenes de convocatoria extraordinaria hasta el 14 de julio, por lo que está obligado a quedarse y más teniendo en cuenta la distancia que le separa de su lugar de origen, México.

“Tengo unas amigas que me prestan su sofá la primera semana de julio, porque los exámenes extraordinarios acaban el día 14 y yo tengo que dejar el piso donde vivo a finales de junio”. Después, otras compañeras de estudios le acogerán una semana en el salón de su piso de tres habitaciones, en el que vaticina que van a coincidir unos ocho estudiantes expulsados igualmente por la avaricia de los alquileres vacacionales.

La residencia universitaria tampoco es una opción alcanzable para ninguno de ellos. El coste de una habitación tipo estudio se sitúa alrededor de los 800 €, según detallan.

Como a ellos, que están formándose para abrirse puertas en el mercado laboral, la dificultad para alquilar afecta directamente a quienes podrían cubrir vacantes en sanidad, educación o sectores tecnológicos. Y cuando un territorio no puede ofrecer un proyecto de vida a las personas que necesita para sostener sus servicios públicos y su economía, el problema deja de ser únicamente inmobiliario para convertirse en un problema de futuro.

La cuestión es si una comunidad con una alta tasa de envejecimiento como Cantabria -con un 25% de población mayor de 64 años, según el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE)- puede permitirse perder talento por culpa de la vivienda.

Sin mención al problema habitacional

El presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde, lamentaba recientemente esa 'fuga de talento' joven de Cantabria y pedía traer de vuelta a quienes se han marchado, debido -en su opinión- a la “menor capacidad del tejido empresarial regional frente a otras comunidades y a la búsqueda de mayores oportunidades de desarrollo profesional, conciliación, bienestar laboral, inclusión y diversidad” por parte de los jóvenes.

Ante directivos y responsables de Recursos Humanos, Conde reclamaba implantar medidas contra este fenómeno pero sin mencionar el problema de la vivienda. Una omisión significativa en un contexto en el que el encarecimiento de los alquileres y la escasez de oferta se han convertido ya en un factor determinante para fijar o expulsar población joven y cualificada de la comunidad autónoma.

Para David Sanjuan, presidente del Consejo de la Juventud de Cantabria, las cifras contradicen cualquier discurso de optimismo institucional y advierten de un encarecimiento “clarísimo” del alquiler habitacional, que solo en Santander ha subido un 15%. Sanjuan explica que para los estudiantes que buscan una habitación en pisos compartidos, las opciones “han pasado de costar entre 180 y 250 euros a no bajar ahora de los 300-350 euros”.

El alquiler de una vivienda completa supondría más del 90% de los ingresos de los jóvenes cántabros

Según los datos que maneja el Consejo, el coste de una habitación consume ya casi el 50% del salario neto de un joven en Cantabria, mientras que el alquiler de una vivienda completa supondría destinar más del 90% de sus ingresos. Sanjuan critica que esta precariedad se ve agravada por la “especulación” en periodos estivales, donde muchos propietarios optan por expulsar a los inquilinos jóvenes en junio para priorizar el alquiler turístico, más rentable ante un verano que además tiende a alargarse cada vez más por el cambio climático.

Por su parte, Sanjuan es rotundo al reclamar soluciones jurídicas inmediatas como la declaración de “zonas tensionadas”. En su opinión, esta es la única fórmula actual para “destensionar el mercado” y “frenar una especulación que no solo expulsa a los jóvenes de sus casas, sino que está forzando una emigración laboral agravada por la falta de competitividad de los sueldos frente al coste de la vida en la región”, apunta.

Viviendas de alquiler transformadas en alojamiento vacacional

El precio de los alquileres en Cantabria ha aumentado un 33,6% desde 2015, según el Ministerio de Vivienda. En los municipios más poblados (Santander, Torrelavega, Castro Urdiales o Laredo) las subidas rondan entre el 31% y el 35%. Y tal como advierte el Consejo de la Juventud, solo el 13,9% de los jóvenes cántabros está emancipado, llegando Cantabria a liderar la tasa más baja de todo el país en tres de los últimos seis años.  

Además, la desaparición de alquileres de larga duración a favor de alquileres temporales para estudiantes o visitantes es directamente proporcional al aumento de viviendas turísticas registrado en Cantabria durante los últimos cinco años.

Según el INE, la comunidad pasó de 4.886 viviendas turísticas en 2020 a 6.229 en 2025, un aumento del 27,5%, mientras que las plazas disponibles crecieron alrededor de un 32%, hasta superar las 32.000. Todo ello pese a que en 2025 se produjo una ligera reducción vinculada a cambios regulatorios y a la depuración de registros.

Algunos de los recuerdos más entrañables de la infancia de Mohammed al-Sbeih transcurren en la pequeña granja familiar situada en las colinas al sur de Belén, donde tres generaciones de su familia cultivaron trigo y cebada.

“Era una parcela difícil de cultivar porque estaba en una ladera con bancales, pero era un lugar precioso”, recuerda Sbeih.

Ahora, sin embargo, las viviendas y carreteras del asentamiento israelí de Neve Daniel ocupan los terrenos donde la familia Sbeih cultivaba sus cereales, y las vistas panorámicas al mar se han convertido en el principal reclamo de una vivienda turística anunciada en Booking.com.

La descripción en la página web de reservas señala: “Los huéspedes pueden relajarse en el jardín o en la terraza, disfrutar del aire fresco y del entorno pintoresco”. Añade que la casa de Neve Daniel cuenta con una zona de pícnic y es “ideal para encuentros al aire libre”.

Un informe reciente de Ekō, una organización estadounidense que impulsa campañas de incidencia sobre grandes empresas por su impacto social y político, identifica 41 alojamientos anunciados en Booking.com situados en 14 asentamientos israelíes ilegales de la Cisjordania ocupada. Los anuncios se concentran en dos grandes zonas: el valle del Jordán, incluido el mar Muerto, y el cinturón de asentamientos construido alrededor de Jerusalén Este. Dos de las propiedades se encuentran dentro de la ciudad vieja de Jerusalén, en un territorio ocupado por Israel en 1967 y anexionado en 1980.

Los asentamientos implican el traslado de población civil al territorio ocupado, una práctica prohibida por el IV Convenio de Ginebra y por el Estatuto de Roma —el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional—, que considera este tipo de colonización un crimen de guerra.

Asentamientos ilegales

La principal filial operativa de Booking.com tiene su sede en Países Bajos, donde la fiscalía neerlandesa estudia una denuncia penal presentada por el European Legal Support Center, una organización jurídica europea que presta apoyo legal a activistas y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de los palestinos.

La denuncia sostiene que las reservas de casas o apartamentos en los asentamientos pueden constituir blanqueo de capitales según la legislación neerlandesa, dado que la actividad comercial subyacente está vinculada a asentamientos ilegales.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió en julio de 2024 un dictamen consultivo a petición de la Asamblea General de la ONU. Confirmó la ilegalidad de los asentamientos y afirmó que los gobiernos y las organizaciones tenían la obligación de no reconocer como legal la situación creada por los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados.

Israel es signatario de los Convenios de Ginebra, pero sostiene que estos no se aplican a Cisjordania porque no formaba parte de otro territorio soberano antes de la guerra de 1967, que dio lugar a la ocupación israelí, ya que el dominio jordano sobre el territorio no estaba reconocido internacionalmente. Israel también argumentó que la CIJ no tenía jurisdicción.

La empresa estadounidense Airbnb también ofrece propiedades en alquiler en los asentamientos. Una investigación de The Guardian en febrero de 2025 encontró 760 habitaciones en hoteles, apartamentos y casas anunciadas por las dos empresas. Airbnb dijo en 2018 que dejaría de anunciar alquileres en los asentamientos, pero unos meses más tarde dio marcha atrás tras una impugnación legal por parte de anfitriones, posibles anfitriones y huéspedes.

Qué dice Booking.com

Booking.com introdujo en 2022 un sistema de etiquetado para los asentamientos que aconseja a los posibles huéspedes que consulten las advertencias del Gobierno “para tomar una decisión informada sobre su estancia en esta zona, que puede considerarse afectada por el conflicto”. La advertencia aparece en letra pequeña y no figura en las descripciones de las viviendas anunciadas, sino solo al realizar una búsqueda con el nombre del asentamiento donde se encuentran.

Un portavoz de Booking.com señala: “Nuestra misión es facilitar que todo el mundo pueda descubrir el mundo y como tal creemos no nos corresponde decidir dónde pueden o no pueden viajar los usuarios”.

“Seguimos vigilando de cerca la situación, incluida la posibilidad de cambios legislativos, y aplicamos rigurosamente los principios y procesos descritos en nuestra declaración de derechos humanos, tal y como hacemos en todas las zonas en disputa o afectadas por conflictos del mundo”, indica.

Cada día que Booking.com sigue sin actuar es un día más en el que obtiene beneficios del despojo de tierras palestinas y sostiene a un gobierno implicado en crímenes atroces

Ekō — Informe 'Booking.com: vive la ocupación ilegal israelí'

En el apartado dedicado a las “zonas afectadas por conflictos”, la política de derechos humanos de Booking.com señala: “Cuando determinemos que nuestras actividades de alojamiento puedan estar directamente vinculadas a impactos negativos sobre los derechos humanos, adoptaremos las medidas oportunas”.

La batalla de Sbeih

Ekō ha impulsado campañas de sensibilización e incidencia vinculadas a empresas y sobre cuestiones muy diversas, desde la denuncia de la venta por Internet de gelatina elaborada a partir de burros sacrificados hasta iniciativas de recaudación de fondos para combatir la contaminación por plásticos en los océanos.

El informe de Ekō, titulado Booking.com: vive la ocupación ilegal israelí, afirma: “Cada día que Booking.com sigue sin actuar es un día más en el que obtiene beneficios del despojo de tierras palestinas y sostiene a un gobierno implicado en crímenes atroces”.

Sbeih no es optimista sobre las perspectivas de obtener una reparación. Su familia lleva perdiendo batallas legales en los tribunales israelíes desde que le fueron confiscadas sus cinco hectáreas de tierras de cultivo en 1982. “Presentamos toda la documentación ante el tribunal, las escrituras de propiedad y un certificado de un experto agrícola que confirmaba que el terreno se estaba utilizando. La otra parte no presentó nada, ni un solo documento”, dice.

Sé que se trata de una gran empresa y que, muy probablemente, tienen muchas inversiones en todo el mundo, y que esto es algo insignificante. Pero cuando robas 10 dólares es como robar un millón de dólares, y debes ser juzgado del mismo modo

Mohammad al-Sbeih — Palestino desposeído de sus tierras

La confiscación de la tierra se mantuvo con el argumento que la zona era vital para la seguridad nacional, un patrón habitual en las expropiaciones en Cisjordania a lo largo de varias décadas.

Tras esa decisión judicial, la ladera permaneció vacía y sin uso durante unos 20 años. Cada vez que la familia intentaba visitarla desde su hogar en Al Jader, a las afueras de Belén, los militares les obligaban a retroceder.

Con el tiempo, la parcela familiar quedó absorbida por el asentamiento de Neve Daniel, que se expandió desde su ubicación original en una granja de propiedad judía. Sbeih solía llevar a sus hijos y nietos a un mirador desde donde podía mostrarles las tierras de la familia, pero eso ya no es posible debido a las restricciones de movimiento que se impusieron cuando estalló la guerra de Gaza en octubre de 2023.

A pesar de tantos años de decepciones, Sbeih no pudo contener las lágrimas cuando los investigadores de Ekō le mostraron por primera vez el mapa de la vivienda anunciada en Booking.com el mes pasado. “Pensé que mis hijos y mis nietos tendrían que estar disfrutando de ese lugar tan hermoso. Iba a ser para ellos”, lamenta. “Sé que se trata de una gran empresa y que, muy probablemente, tienen muchas inversiones en todo el mundo, y que esto es algo insignificante. Pero robar 10 dólares es como robar un millón, y debes ser juzgado del mismo modo”.

Traducción de Emma Reverter

El Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra ha iniciado un expediente sancionador, con una propuesta de multa de 16.499,50 euros, por la utilización indebida de una vivienda de protección oficial en la Comarca de Pamplona como alojamiento turístico, “una práctica expresamente prohibida por la normativa vigente”, recuerdan desde el Ejecutivo foral.

La actuación se inició tras detectar que la vivienda se anunciaba en una conocida plataforma de alquileres vacacionales como apartamento turístico. “Las comprobaciones realizadas confirmaron que el inmueble no figuraba inscrito en el Registro de Turismo de Navarra pero que se ofertaba como alojamiento turístico desde, al menos, el año 2023”, explica el Despartamento de Vivienda.

El alquiler de una VPO para uso turístico es una infracción grave según la Ley Foral del Derecho a la Vivienda en Navarra, que establece que las viviendas protegidas se tienen que destinar “a domicilio habitual y permanente”. Por ello, el Gobierno navarro ha iniciado el expediente sancionador a la persona titular de la vivienda, con una propuesta de multa de 16.499,50 euros, dentro del rango previsto para este tipo de infracciones, entre 3.001 y 30.000 euros.

“Las viviendas protegidas tienen como finalidad facilitar el acceso a la vivienda a precios asequibles, por lo que están sujetas a unas condiciones específicas que regulan su uso, transmisión y alquiler”, informan desde el Departamento.

La principal obligación es que la vivienda tiene que utilizarse como domicilio habitual y permanente, no puede utilizarse como segunda residencia ni mantenerse vacía de forma prolongada sin causa justificada. Además, no se puede destinar a usos turísticos. Esto incluye tanto alquilar la vivienda completa como ofrecer habitaciones en plataformas de alquiler vacacional.

No obstante, el alquiler completo o por habitaciones de una vivienda protegida sí que es posible, pero hay que respetar los límites de precios fijados para las VPO, asegurarse que siempre se usa como domicilio habitual y que la persona inquilina cumple con los requisitos para acceder a la vivienda protegida, así como solicitar la autorización de la Dirección General de Vivienda.

Las viviendas protegidas también se pueden vender, pero al igual que en el alquiler, es necesario cumplir con todos los requisitos que marca la legislación. Asimismo, se pueden donar, intercambiar e incluso ceder temporalmente para que la ocupe un familiar. Para todos estos casos, es necesario contar con la autorización de la Dirección General de Vivienda.

El Parlament balear ha instat aquest dimarts el Govern de Marga Prohens (PP) a impedir que futures reformes normatives permetin noves places turístiques en edificis plurifamiliars, si bé PP i Vox han rebutjat estendre aquesta prohibició als adossats, aparellats i habitatges unifamiliars aïllats que comparteixen parcel·la amb altres edificacions.

La negativa de conservadors i extrema dreta ha impedit tirar endavant el punt més ambiciós d'una iniciativa amb la qual el PSIB-PSOE pretenia blindar qualsevol possibilitat de creixement de l'oferta turística en tipologies residencials que, segons els socialistes, continuen funcionant en la pràctica com a conjunts plurifamiliars.

Entitats com Terraferida fa anys que alerten, a més, de l'expansió massiva de xalets i macrourbanitzacions en sòl rústic -molts d'ells amb piscina-, un procés que, segons els ecologistes, està transformant progressivament l'illa. Segons el darrer inventari elaborat per l'entitat, entre 2021 i 2024 es varen construir o ampliar 846 habitatges d'aquest tipus —cinc cada setmana— sobre 546 hectàrees de sòl agrari i forestal. Terraferida alerta que el fenomen ja no respon al model tradicional d'habitatge aïllat, sinó a grans xalets de luxe amb piscines i jardins, molts d'ells vinculats al lloguer turístic.

La proposta partia d'una crítica directa a les successives excepcions introduïdes per l'Executiu de Prohens al seu compromís de no permetre “ni una plaça turística més” en habitatges residencials. Mentre que la prohibició afecta els edificis plurifamiliars -els tradicionals blocs de pisos-, PP i Vox han mantingut fora del veto els adossats, aparellats i determinats habitatges unifamiliars situats en parcel·les amb altres edificacions.

L'esquerra sosté que aquestes tipologies, tot i que jurídicament no siguin considerades plurifamiliars, compleixen en molts casos una funció residencial similar i podrien continuar incorporant-se al mercat turístic, mantenint oberta una via per a la creació de noves places en plena crisi d'accés a l'habitatge.

En concret, el Govern del PP va deixar fora de la prohibició de noves places turístiques els adossats i aparellats a través del decret turístic aprovat l'abril de 2025. No només això. Amb el suport de Vox, els populars varen ampliar de manera encoberta aquesta via en incloure, a través de la seva llei òmnibus, els habitatges unifamiliars aïllats que comparteixen parcel·la amb altres edificacions. Una excepció que, per als socialistes, no és menor, atès que podria afectar al voltant de 12.000 immobles a les Balears.

Les novetats introduïdes recentment pels dos socis d'investidura reserven, a més, un 25% de les places de la borsa temporal turística per a allotjaments que s'implantin en edificis declarats Bé d'Interès Cultural (BIC) o catalogats, tant en sòl urbà com rústic. El percentatge fins i tot podrà ampliar-se o reduir-se mitjançant una simple resolució del conseller insular de Turisme.

Els socialistes sostenen que aquestes modificacions contradiuen el discurs oficial de contenció turística i poden acabar traslladant més habitatges del mercat residencial cap a usos turístics en un moment de màxima tensió habitacional. A l'exposició de motius de la iniciativa debatuda aquest dimarts alerten que cada habitatge que abandona el mercat residencial per convertir-se en allotjament turístic redueix les possibilitats d'emancipació dels joves, dificulta la contractació de treballadors essencials i agreuja els problemes d'accés a l'habitatge en un territori sotmès a una forta pressió turística i urbanística.

La Cambra sí que ha aprovat reclamar al Govern que garanteixi que cap modificació normativa permeti noves places turístiques en edificis plurifamiliars, prioritzi el dret a l'habitatge davant el lloguer vacacional i reforci la inspecció i el control de l'oferta turística il·legal.

Cultura sostenible

La comissió parlamentària també ha donat llum verda a una àmplia bateria de mesures per impulsar una estratègia de cultura sostenible a les Balears, una iniciativa defensada per la diputada socialista Malena Riudavets que ha comptat amb un ampli suport parlamentari. Vox, tanmateix, ha quedat pràcticament tot sol en la seva oposició a bona part de les propostes, incloses les dirigides a reforçar la presència del català i del patrimoni cultural de les illes en les polítiques públiques.

La proposició no de llei insta el Govern a elaborar una estratègia balear de cultura sostenible amb participació dels consells, ajuntaments, agents culturals i professionals del sector. La iniciativa també reclama incorporar criteris de sostenibilitat social, ambiental, territorial i de governança en les convocatòries públiques, programes i equipaments culturals dependents de la comunitat autònoma.

Entre les mesures aprovades figuren també l'elaboració d'un mapa d'equipaments i projectes culturals per millorar la coordinació entre illes, la posada en marxa de programes de suport a la mobilitat interinsular d'artistes i creadors, l'impuls de xarxes estables de col·laboració entre teatres, auditoris i centres culturals i l'adopció de mesures per garantir l'accessibilitat universal i la inclusió cultural.

La Cambra autonòmica també ha donat suport a promoure línies de suport a la professionalització i estabilització del sector cultural mitjançant el foment de condicions laborals dignes i la sostenibilitat dels projectes culturals. Aquest punt ha tirat endavant malgrat el vot en contra de Vox.

Un dels aspectes que ha evidenciat més diferències ha estat el relatiu a la llengua catalana. El Parlament ha aprovat instar el Govern a reforçar la presència del català i del patrimoni cultural material i immaterial de les Balears dins les polítiques públiques culturals. La proposta ha rebut dotze vots favorables i l'únic rebuig de Vox, que s'ha tornat a desmarcar del consens de la resta de formacions.

L'extrema dreta també ha votat en contra de l'elaboració d'una estratègia cultural sostenible, de la incorporació de criteris de sostenibilitat en l'acció cultural pública, del mapa cultural balear i de les mesures destinades a la professionalització del sector, mentre que ha optat per l'abstenció en qüestions com la mobilitat interinsular d'artistes, la creació de xarxes de col·laboració entre equipaments culturals o les polítiques d'accessibilitat i inclusió.

L'únic punt de la iniciativa que no ha prosperat ha estat el que plantejava crear mecanismes d'avaluació i indicadors d'impacte cultural, social i territorial per mesurar els resultats de les polítiques impulsades pel Govern. La proposta ha estat rebutjada pels vots del PP i del diputat no adscrit Llorenç Córdoba, mentre que PSIB i Més per Mallorca hi han votat a favor i Vox s'ha abstingut.

La comissió ha aprovat finalment impulsar accions de formació i sensibilització en matèria de cultura sostenible dirigides tant a les administracions públiques com als professionals i agents culturals de les illes, una mesura que ha tornat a comptar amb l'oposició dels de Santiago Abascal.

El Parlament balear ha instado este martes al Govern de Marga Prohens (PP) a impedir que futuras reformas normativas permitan nuevas plazas turísticas en edificios plurifamiliares, si bien PP y Vox han rechazado extender esta prohibición a adosados, pareados y viviendas unifamiliares aisladas que comparten parcela con otras edificaciones.

La negativa de conservadores y extrema derecha ha impedido sacar adelante el punto más ambicioso de una iniciativa con la que el PSIB-PSOE pretendía blindar cualquier posibilidad de crecimiento de la oferta turística en tipologías residenciales que, según los socialistas, continúan funcionando en la práctica como conjuntos plurifamiliares.

Entidades como Terraferida llevan años alertando, además, de la expansión masiva de chalés y macrourbanizaciones en suelo rústico -muchos de ellos con piscina-, un proceso que, según los ecologistas, está transformando progresivamente la isla. Según el último inventario elaborado por la entidad, entre 2021 y 2024 se construyeron o ampliaron 846 viviendas de este tipo -cinco cada semana- sobre 546 hectáreas de suelo agrario y forestal. Terraferida alerta de que el fenómeno ya no responde al modelo tradicional de vivienda aislada, sino a grandes chalés de lujo con piscinas y jardines, muchos de ellos vinculados al alquiler turístico.

La propuesta partía de una crítica directa a las sucesivas excepciones introducidas por el Ejecutivo de Prohens a su compromiso de no permitir “ni una plaza turística más” en viviendas residenciales. Mientras la prohibición afecta a los edificios plurifamiliares -los tradicionales bloques de pisos-, PP y Vox han mantenido fuera del veto a los adosados, pareados y determinadas viviendas unifamiliares situadas en parcelas con otras edificaciones.

La izquierda sostiene que estas tipologías, aunque jurídicamente no sean consideradas plurifamiliares, cumplen en muchos casos una función residencial similar y podrían seguir incorporándose al mercado turístico, manteniendo abierta una vía para la creación de nuevas plazas en plena crisis de acceso a la vivienda.

En concreto, el Govern del PP dejó fuera de la prohibición de nuevas plazas turísticas a adosados y pareados a través del decreto turístico aprobado en abril de 2025. No solo eso. Con el apoyo de Vox, los populares ampliaron de forma encubierta esa vía al incluir, a través de su ley ómnibus, a las viviendas unifamiliares aisladas que comparten parcela con otras edificaciones. Una excepción que, para los socialistas, no es menor, dado que podría afectar a alrededor de 12.000 inmuebles en Balears.

Las novedades introducidas recientemente por los dos socios de investidura reservan además un 25% de las plazas de la bolsa temporal turística para alojamientos que se implanten en edificios declarados Bien de Interés Cultural (BIC) o catalogados, tanto en suelo urbano como rústico. El porcentaje incluso podrá ampliarse o reducirse mediante una simple resolución del conseller insular de Turismo.

Los socialistas sostienen que estas modificaciones contradicen el discurso oficial de contención turística y pueden acabar trasladando más viviendas desde el mercado residencial hacia usos turísticos en un momento de máxima tensión habitacional. En la exposición de motivos de la iniciativa debatida este martes alertan de que cada vivienda que abandona el mercado residencial para convertirse en alojamiento turístico reduce las posibilidades de emancipación de los jóvenes, dificulta la contratación de trabajadores esenciales y agrava los problemas de acceso a la vivienda en un territorio sometido a una fuerte presión turística y urbanística.

La Cámara sí ha aprobado reclamar al Govern que garantice que ninguna modificación normativa permita nuevas plazas turísticas en edificios plurifamiliares, priorice el derecho a la vivienda frente al alquiler vacacional y refuerce la inspección y el control de la oferta turística ilegal.

Cultura sostenible

La comisión parlamentaria también ha dado luz verde a una amplia batería de medidas para impulsar una estrategia de cultura sostenible en Balears, una iniciativa defendida por la diputada socialista Malena Riudavets que ha contado con un amplio respaldo parlamentario. Vox, sin embargo, se ha quedado prácticamente solo en su oposición a buena parte de las propuestas, incluidas las dirigidas a reforzar la presencia del catalán y del patrimonio cultural de las islas en las políticas públicas.

La proposición no de ley insta al Govern a elaborar una estrategia balear de cultura sostenible con participación de consells, ayuntamientos, agentes culturales y profesionales del sector. La iniciativa también reclama incorporar criterios de sostenibilidad social, ambiental, territorial y de gobernanza en convocatorias públicas, programas y equipamientos culturales dependientes de la comunidad autónoma.

Entre las medidas aprobadas figuran además la elaboración de un mapa de equipamientos y proyectos culturales para mejorar la coordinación entre islas, la puesta en marcha de programas de apoyo a la movilidad interinsular de artistas y creadores, el impulso de redes estables de colaboración entre teatros, auditorios y centros culturales y la adopción de medidas para garantizar la accesibilidad universal y la inclusión cultural.

La Cámara autonómica también ha respaldado promover líneas de apoyo a la profesionalización y estabilización del sector cultural mediante el fomento de condiciones laborales dignas y la sostenibilidad de los proyectos culturales. Este punto ha salido adelante pese al voto en contra de Vox.

Uno de los aspectos que ha evidenciado mayores diferencias ha sido el relativo a la lengua catalana. El Parlament ha aprobado instar al Govern a reforzar la presencia del catalán y del patrimonio cultural material e inmaterial de Balears dentro de las políticas públicas culturales. La propuesta ha recibido doce votos favorables y el único rechazo de Vox, que ha vuelto a desmarcarse del consenso del resto de formaciones.

La extrema derecha también ha votado en contra de la elaboración de una estrategia cultural sostenible, de la incorporación de criterios de sostenibilidad en la acción cultural pública, del mapa cultural balear y de las medidas destinadas a la profesionalización del sector, mientras ha optado por la abstención en cuestiones como la movilidad interinsular de artistas, la creación de redes de colaboración entre equipamientos culturales o las políticas de accesibilidad e inclusión.

El único punto de la iniciativa que no ha prosperado ha sido el que planteaba crear mecanismos de evaluación e indicadores de impacto cultural, social y territorial para medir los resultados de las políticas impulsadas por el Govern. La propuesta ha sido rechazada por los votos del PP y del diputado no adscrito Llorenç Córdoba, mientras que PSIB y Més per Mallorca han votado a favor y Vox se ha abstenido.

La comisión ha aprobado finalmente impulsar acciones de formación y sensibilización en materia de cultura sostenible dirigidas tanto a las administraciones públicas como a los profesionales y agentes culturales de las islas, una medida que ha vuelto a contar con la oposición de los de Santiago Abascal.