El periodista José Precedo, adjunto a la dirección de elDiario.es, ha sido reconocido con el Premio Xornalistas de Liberdade de Prensa, que concede el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. El galardón lo conceden por votación los periodistas colegiados y en esta edición, la número 22, ha destacado la trayectoria de Precedo por, en palabras de su decana Belén Regueira, “defender la dignidad y credibilidad del periodismo que respeta los procedimientos y la deontología”.

Precedo (Oroso, Galicia, 1976) inició su carrera como reportero televisivo en Tele5. Enseguida saltó a la Cadena Ser, donde formó parte del equipo premiado con un Ondas por su cobertura de la catástrofe ambiental del Prestige y su desastrosa gestión política. Entre 2006 y 2012 integró la redacción gallega de El País. En las páginas de este periódico reveló numerosos escándalos de corrupción, entre otros el que condujo a la dimisión del entonces alcalde de Santiago de Compostela por el PP, Gerardo Conde Roa, imputado por no pagar 300.000 euros de IVA tras vender unas viviendas. El caso dio lugar a su único libro, Conde Roa, caso perdido (2.0 Editora, 2012).

“José Precedo comenzó su carrera profesional en Galicia. Esa formación inicial vinculada al ecosistema mediático gallego resultó clave para entender su trayectoria posterior”, señala la propuesta de candidatura al Premio Liberdade de Expresión, “que mantiene, de forma constante, una miraada crítica sobre el ejercicio del poder y una exigencia elevada en términos de verificación, contextualización e independencia”.

Desde 2015, Precedo trabaja en elDiario.es. Según la propuesta, fue este el medio “en que desarrolló algunas de las investigaciones más relevantes sobre el funcionamiento del poder institucional y sus límites democráticos”. Sus piezas sobre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso fueron “las que alcanzaron mayor impacto público” y lo condujeron a declarar como testigo en el juicio contra el Fiscal General del Estado. Precedo defendió entonces los pilares del método periodístico y su importancia en las democracias liberales: “El derecho a la confidencialidad de las fuentes, la legitimidad del trabajo informativo y la necesidad de preservar la independencia del oficio frente a los intentos de instrumentalización judicial”.

El Colexio de Xornalistas falló la vigésimo segunda edición de su premio en Pontevedra. En la rueda de prensa participó el alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores. En ediciones ha distinguido al Sindicato de Periodistas Palestinos, al colectivo Defende a Galega contra la manipulación informativa en los medios públicos gallegos, a Wikileaks o a profesionales como Xosé Hermida, Julia Otero, Rosa María Calaf o Manuel Rico.

Enredo procesal previo al juicio que afronta el próximo martes el humorista Jair Domínguez, por una intervención radiofónica contra la extrema derecha. La Audiencia de Barcelona ha ordenado la detención del cómico para entregarle formalmente la citación para la vista oral que se celebra el próximo martes después de que todos los intentos para lograrlo hayan sido infructuosos.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la Audiencia de Barcelona ha ordenado la localización de Domínguez por parte de las fuerzas de seguridad después de constatar que el acusado se encuentra “en ignorado paradero” y que no ha sido posible entregarle la citación para la vista.

La resolución destaca que la oficina judicial y los Mossos d'Esquadra han realizado “diversos avisos telefónicos” al propio Domínguez y a su abogado, sin obtener respuesta. Tampoco se ha localizado al humorista en el domicilio que designó durante la fase de instrucción del caso.

De llegar a producirse, la eventual detención se limitaría tan solo a que los agentes llevasen a Domínguez de su domicilio al juzgado de guardia más próximo a su municipio para entregarle la citación para la vista del próximo martes. Esto es, los jueces no ordenan que Domínguez tenga que comparecer detenido al juicio, sino tan solo entregarle la comunicación oficial del mismo tras no lograrlo por las vías habituales.

En una entrevista a RAC-1 tras decir en X que se encontraba en su casa de Banyoles (Girona), Domínguez no ha mencionado los intentos fallidos para localizarle expresados por el tribunal y ha criticado el lenguaje del auto, pues, a su juicio, “está redactado como si estuviésemos en el siglo XIX”. Además, ha querido dejar claro que comparecerá en la vista del martes: “Iré porque soy una persona ordenada”.

Más allá de la polémica generada previa al juicio, lo que se verá en la sala de vistas el próximo martes es un ejemplo de manual del efecto desaliento a la libertad de expresión que comporta trasladar a la vía penal los desacuerdos con las opiniones hirientes o que molestan, en lo que se ha convertido en una estrategia habitual de partidos y entidades de extrema derecha.

El caso se remonta al año 2021. Domínguez fue denunciado por Vox por su discurso en el espacio de un minuto que tenía en 'El Matí de Catalunya Ràdio' antes de las 8:00h., en el que daba una opinión sobre la actualidad en clave de sátira y astracanada. Dos días después de las elecciones catalanas, el humorista se mostró “horrorizado” por los pueblos en los que más se había votado a Vox.

“Al final resulta que la Catalunya poligonera es neonazi, quien lo iba a decir. [...] Al fascismo, a los nazis se les combate con un puñetazo en la boca. No hay medias tintas. Vuestros abuelos fusilados, enterrados en cunetas y en el campo de concentración de Argelers no os dijeron que al fascismo se le combate en las urnas. Todo el mundo puede votar, hasta los que no están bien de la cabeza, y nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos”, aseveró Domínguez.

Hasta en dos ocasiones la jueza instructora archivó el caso, al constatar que no había delito en las palabras de Domínguez. Pero la Audiencia de Barcelona revocó ambos archivos al considerar que el discurso del humorista en la radio era una llamada real a la violencia. La Fiscalía no acusa al humorista, que se sienta en el banquillo para hacer frente a la acusación de Vox, que pide dos años de cárcel para él.

Las seis sindicalistas condenadas a una pena individual de tres años y medio de prisión por el Tribunal Supremo (TS) y conocidas como 'Las seis de la Suiza' han sido indultadas nueve meses después de su ingreso en prisión.

La noticia ha sido adelantada por Infolibre y confirmada por elDiario.es a través de fuentes del Gobierno.

El Consejo de Ministros, que tendrá lugar mañana, martes, aprobará esta medida de gracia que ha sido reclamada por colectivos sociales, sindicales y políticos desde que se hizo firme la condena de cárcel; un respaldo público que fuentes cercanas a las seis sindicalistas han agradecido en su nombre.

Para sus vidas personales es una alegría, aseguran fuentes familiares que agradecen los apoyos sociales, políticas, sindicales y de miles de personas que se sumaron espontáneamente a las numerosas movilizaciones que se realizaron desde que se tuvo conocimiento de la condena y posterior ingreso en prisión de las seis sindicalistas que ha sido muy importante para ellas

Un 'chute' de energía

La noticia de su indulto ha sido un 'chute' de energía. Personalmente, están “muy contentas” por ellas y sus familias, aunque han reconocido que, como colectivo, entienden que a estas alturas ninguna persona debería cumplir una condena de cárcel por ejercer sindicalismo.

“Para sus vidas personales es una alegría”, aseguran a este diario fuentes familiares que aseguran que los apoyos sociales, políticos, sindicales y de miles de personas que se sumaron espontáneamente a las numerosas movilizaciones que se realizaron desde que se tuvo conocimiento de su condena y posterior ingreso en prisión ha sido muy importante para ellas.

En tercer grado

Las sindicalistas esperan con impaciencia que mañana, martes, el Consejo de Ministros ratifique el indulto que les permitirá salir en libertad y no tener que regresar, como ahora, a dormir al CIS de la cárcel asturiana.

O.P. R., R.B.C.C., B.G.P., J.C.C., M.C.B.T. y H.A.G.P. están actualmente cumpliendo el tercer grado en el Centro Penitenciario de Asturias tras haber tenido que ingresar el pasado mes de julio en prisión para cumplir su condena, accediendo a continuación al régimen de semilibertad.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se había reunido en Asturias con las condenadas y ya les había anunciado que llevaría este tema para su deliberación ya que “hacer sindicalismo no es delito”.

Solidaridad con una compañera

Las seis sindicalistas ahora indultadas habían participado en actos en protesta delante de una pastelería denominada ‘La Suiza’, situada en la Avenida de Shultz, en Gijón/Xixón, en solidaridad con una compañera que había sido despedida. Siete años después de iniciadas las movilizaciones, las sindicalistas, una vez que ya esté firmado el indulto, habrán saldado toda su deuda con la justicia.

Los hechos por los que han sido condenadas se remontan a los años 2016-2017. En junio de 2016, una trabajadora embarazada de la pastelería La Suiza solicitó la baja por riesgo de aborto tras un altercado entre su pareja y el empresario.

La denuncia

La empleada denunció haber sido víctima de acoso laboral y sexual, mientras el dueño del negocio presentó una denuncia contra su pareja por amenazas y daños en el local.

Posteriormente, la empleada pidió en 2017 el asesoramiento jurídico de la CNT tras denunciar sus malas condiciones laborales aduciendo que en su trabajo le encargaban tareas que ponían en riesgo su embarazo. Al mismo tiempo relató que era víctima también de un presunto caso de acoso sexual.

El equipo de acción sindical se puso en contacto con la empresa para pactar la salida de la trabajadora, pero el empresario se negó a mantener cualquier tipo de reunión, por lo que el sindicato convocó varias concentraciones ante sus instalaciones en las que participaron las seis personas condenadas para mostrar su repulsa por la actitud del propietario hacia la empleada.

“No empleamos violencia”

Eldiario.es Asturias compartió sus impresiones con tres de las personas condenadas en julio de 2024. En esa conversación, ellas advertían que se habían limitado a defender a una trabajadora que sufría un presunto caso de acoso, sin que en sus protestas emplearan la violencia, ni causaran daños.

Era especialmente relevante que esas concentraciones contaban con el respaldo de la autorización expresa que había concedido la Delegación del Gobierno en Asturias para su celebración.

Fuerza y entereza

En estas concentraciones participaban vecinas y vecinos, representantes sindicales y de partidos de izquierdas y paradójicamente en esa época ostentaba el cargo de delegado del Gobierno Gabino de Lorenzo, el que fuera alcalde de Oviedo por el Partido Popular (PP) entre 1991 y 2012.

En 2021, el juez de lo Penal 1 de Gijón, Lino Mayo, condenó a las seis sindicalistas O.P. R., R.B.C.C., B.G.P., J.C.C., M.C.B.T. y H.A.G. por su participación en las movilizaciones a una pena de tres años y medio de prisión por un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la administración de justicia.

El magistrado sostenía que los propietarios se vieron abocados al cierre del negocio por la campaña de hostigamiento que se llevó a cabo con estas acciones.

La causa ha seguido un largo periplo judicial. La sentencia condenatoria fue recurrida a varias instancias: del juzgado pasó a la Audiencia Provincial de Asturias y posteriormente al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), al Tibunal Supremo (TS) y al Tribunal Constitucional (TC). Pero los recursos fueron decayendo uno a uno.

La Audiencia y el Tribunal Supremo

En 2023, la defensa presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, alegando vulneración de derechos fundamentales.

En junio de 2024, el Supremo confirmó la condena. La sentencia del Supremo incidía en que las protestas fueron “coercitivas” y que provocaron el cierre del negocio. 

El tribunal considera que las acciones excedieron el ejercicio legítimo de la libertad sindical y la libertad de expresión. Las seis sindicalistas condenadas recibieron “con coherencia y dignidad” la sentencia que las ponía a un paso de la cárcel.

El recurso ante el Constitucional

La defensa presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que también fue desestimado. Con esta decisión, se agotaban las vías judiciales en España. La CNT anunció entonces que llevaría el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo.

Un total de 22 organizaciones sindicales de todo el Estado han presentado en el Ministerio de Justicia del Gobierno de España una petición de indulto a las seis condenadas, lo que no conlleva arrepentimiento.

La petición de indulto

Además, el Gobierno del Principado de Asturias aprobó también formalmente la solicitud de indulto, alegando razones humanitarias y personales. 

El Ayuntamiento de Gijón no debatió la petición de indulto por el veto de los partidos de derecha del consistorio: Foro, PP y Vox.

Sin embargo, el mayor apoyo llegaba procedente del propio Gobierno central. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se reunía con las condenadas en Oviedo y declaraba: “El sindicalismo es un derecho, no un delito. Nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales”.

Ese mismo mes, el juez Lino Rubio Mayo rechazaba la petición de suspensión de la condena, a pesar del respaldo de la Fiscalía. Argumentaba que no existía arrepentimiento por parte de las condenadas, ya que fue el sindicato CNT quien abonó la indemnización.

Ingreso en prisión

El 9 de julio, el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón decretaba el ingreso inmediato en prisión de las seis personas condenadas. Al día siguiente, las seis se presentan voluntariamente en el Centro Penitenciario de Asturias para cumplir la condena.

Su internamiento se producía en régimen abierto en un centro de inserción social anexo a la cárcel. En un comunicado, afirmaban: “Actuamos con coherencia y dignidad. Apoyamos a una trabajadora en situación de vulnerabilidad. Estábamos haciendo algo que es un derecho”.

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, reiteró su compromiso de intentar que el indulto llegue cuanto antes. Una declaración de intenciones que llegará mañana a su aprobación en el Consejo de Ministros y con él acabará “la pesadilla” de las seis sindicalistas condenadas.

Reacciones sociales y políticas

Sin embargo, a pesar de que el indulto no llegaba entonces, la respuesta social era inmediata. En Gijón, Madrid y otras ciudades, miles de personas se manifestaban bajo el lema “Hacer sindicalismo no es delito”. Más de 22 sindicatos —entre ellos CCOO, UGT, CGT, CSI, SUATEA y la propia CNT— han respaldado la petición de indulto.

También han secundado la petición de indulto partidos como Sumar, IU, Podemos, EH Bildu y el PSOE. El colectivo de apoyo Sofitu ha sido rotundo: “El Estado español tiene desde hoy a seis sindicalistas presas por ejercer derechos que tanto costó conseguir”.

El apoyo de Rodrigo Cuevas

El caso de Las seis de La Suiza ha generado una alianza sindical inédita y ha reabierto el debate sobre la criminalización de la protesta laboral. Entre tanto, las condenadas han recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El apoyo de personas con gran proyección por sus profesiones o su carisma ha sido constante y uno de los últimos que se ha sumado ha sido el polifacético artista asturiano, Rodrigo Cuevas.

El pasado jueves, durante su participación en el programa de televisión 'La Revuelta' que dirige David Broncano, Rodrigo Cuevas mostró a cámara uno de sus regalos: una camiseta donde reclamaba la puesta en libertad de 'Las seis de La Suiza'. Un testimonio gráfico que quedó recogido en esa imagen difundida por el programa de TVE a través de la red social X.

A partir de mañana, su deseo será ya una realidad con la aprobación del indulto.

El 8 de marzo es una fecha conmemorativa en la que las mujeres nos vemos constreñidas a condensar nuestras reivindicaciones y señalar las problemáticas que nos atraviesan en el fugaz espacio social y político de un día. Una de las problemáticas sociales que está mereciendo una insuficiente atención, es la de la restricción a la libertad de expresión de las mujeres.

Cada vez que aparece un relato público de denuncia sobre alguna forma de violencia, sea individual o colectivo, estén o no judicializados los hechos, se disparan los resortes del juicio social hacia las que alzan la voz y se agita interesadamente el pánico moral que rodea a la denominada “cultura de la cancelación”. Este constructo es sexista por definición, dado que no solo hunde sus raíces en el estereotipo de la mujer mala por defecto, que se dedicaría a dañar la imagen social del señor, de forma caprichosa e irresponsable o peor aún, por motivos espurios, para cosechar algún tipo de rédito. Este constructo, además, implica negar que las mujeres somos sujetos políticos con capacidad discursiva y de articulación. 

En realidad, las canceladas somos nosotras. Desde la época del #MeToo y sus oleadas posteriores, las mujeres venimos viviendo en silencio las represalias de alzar nuestra voz. Cuantas mujeres que han publicado relatos sobre discriminación o violencias en abierto, han recibido un burofax de advertencia de algún gran despacho que defiende la reputación del aludido o incluso del que se haya sentido aludido, que les exigen la inmediata eliminación de su publicación, bajo la amenaza de iniciar o bien un procedimiento penal por injurias o calumnias con publicidad o bien civil, de tutela al honor, en los que se anuncia que se solicitaran cuantiosas cifras en concepto de daño reputacional. 

Estos mecanismos de censura privada están teniendo el poder de silenciar a las mujeres, incluso cuando los hechos relatados son ciertos. Las mujeres saben que los tribunales empatizaran más con el honor de un señor que con la libertad de expresión e información de las mujeres. Y lo más relevante, ¿cuántas de ellas se pueden permitir dedicar la energía y los ingresos de años, en un procedimiento judicial que para obtener una decisión final, recorrerá diversas instancias durante años? ¿Y cuántas de ellas pueden asumir el riesgo de perder y enfrentar peticiones exorbitantes en concepto de daños y perjuicios? La expansiva mancha de aceite de la autocensura de las mujeres es una realidad democráticamente inasumible. En estas condiciones de asimetría, se puede sostener que las mujeres estamos teniendo la posibilidad de defender nuestra libertad de expresión?

Las pocas mujeres que deciden no doblegarse y defender a capa y espada la veracidad de su relato y la legitimidad de su acción de denuncia social, enfrentando este tipo de procedimientos judiciales por “difamación”, se ven abocadas a situaciones tremendamente desgastantes. Tienen que exponer y revivir la vivencia traumática que han relatado, pero estando ellas en la posición de investigadas o demandadas; tienen que recopilar pruebas, cuando a veces estas ya no son accesibles, o dependen de que quienes tengan información sobre los hechos, se avengan a dedicar su tiempo personal y a pasar por el mal trago de testificar en un juicio. 

También es compleja la situación de las mujeres que han actuado de “palomas mensajeras” o de altavoz de otras agraviadas más anónimas. Una vez amenazadas con la interposición de acciones legales, se ven en la tesitura de eliminar sus publicaciones de denuncia social, con la merma de su credibilidad personal, o de tenerse que defender probando la verdad, exponiendo a las agraviadas a salir a la luz y a declarar en un procedimiento judicial acerca de unos hechos, que por alguna razón ellas decidieron no denunciar ante la autoridad.   Desde el punto de vista jurídico y con acertado y consolidado criterio, los Tribunales exigen que para que la libertad de expresión e información prevalezca sobre el derecho al honor, los hechos denunciados de forma pública, tienen que ser ciertos. El problema reside en determinar cuál es el nivel de prueba sobre la veracidad de los hechos que es razonable y lícito exigir a las mujeres agraviadas. 

Aquí la perspectiva de género e interseccional deviene clave. Los procedimientos judiciales de tutela al honor deberían tener en cuenta la dificultad intrínseca de probar situaciones de discriminación y violencia; la capacidad contaminante de los estereotipos de género sobre la credibilidad de la mujer y la enorme influencia indirecta que el poderoso estatus social del demandante ejerce sobre muchos aspectos del procedimiento, entre ellos el de la aportación de prueba testifical.     

Las mujeres demandadas por “difamación” se ven en la compleja tesitura de demostrar situaciones que han podido suceder fuera de la mirada de terceros, que pueden haber sucedido décadas atrás, que en su momento aún no eran leías como una forma de violencia por la sociedad, o sobre las que sea difícil encontrar quienes quieran testificar, por diversos motivos, sea por el miedo a las consecuencias negativas que pueda activar el demandante o incluso para evitar la incomodidad de tener que asumir ante un juzgado que cuando sucedieron esos hechos, miraron hacia otro lado. 

Además de las dificultades probatorias, no resulta infrecuente que en los procedimientos de tutela al honor se ignore tanto la dimensión democrática de la libertad de expresión e información, como el interés general de que las mujeres podamos realizar denuncia pública. Cuanto más ineficiente es la respuesta de las administraciones a la hora de proteger e investigar las discriminaciones y violencias que enfrentan las mujeres, más margen se nos debería conceder a la hora de realizar denuncia social. 

Hacer público un relato social de denuncia, ni pretende ni puede desencadenar las consecuencias de una denuncia legal, porque su finalidad es la creación de consciencia, la interpelación y la transformación social para avanzar en derechos para todas. Hemos tenido que esperar hasta el 2022 para que los organismos internacionales recordaran a los estados que sin la protección incrementada de la libertad de expresión de las mujeres, no se logrará avanzar hacia la igualdad. 

Nos hallamos ante un momento histórico de progresiva comprensión por parte de la sociedad y del sistema judicial de que la denuncia pública de las discriminaciones y de las violencias que enfrentan las mujeres no es un conflicto entre privados, es una acción política que los valores democráticos llaman a proteger. Las mujeres que están peleando ese derecho, enfrentando incluso procedimientos judiciales, son nuestras insumisas del silencio. Estas mujeres merecen y necesitan todo el apoyo social, porque las resoluciones judiciales que se dicten en cada uno de sus procedimientos judiciales moldearán el derecho a la libertad de expresión e información de todas nosotras. Una libertad, que en el actual contexto de regresión de derechos, deviene aún más necesaria y valiosa que nunca.  

Los tres vocales progresistas de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder (CGPJ) han firmado un duro voto particular en el que cuestionan la decisión de la mayoría conservadora de no sancionar al juez Manuel Ruiz de Lara, reincidente en sus ofensas a Pedro Sánchez en sus redes sociales y al que el anterior CGPJ también rechazó sancionar tras llamar “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno. En esta ocasión, el órgano le había abierto expediente por referirse como “Barbigoña” a su mujer, Begoña Gómez, un calificativo que los vocales de la izquierda consideran un “exceso sexista” incompatible con la condición de juez. 

El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, rebate la tesis de la mayoría, que consideró que como Ruiz de Lara no se identificó como miembro del Poder Judicial en la cuenta X en la que publicó ese mensaje, ni hizo ostentación de su cargo, su actuación está amparada por el derecho fundamental a la libertad de expresión que rige para cualquier ciudadano. El archivo del expediente se llevó a cabo con el criterio favorable del fiscal, que afirmó que el comentario fue una “gracieta” que Ruiz de Lara emitió de forma absolutamente ajena a su condición de juez. 

En contraposición, los vocales Lucía Avilés, Ricardo Bodas y José María Fernández Seijo defienden que Ruiz de Lara tenía una activa presencia pública en medios y redes sociales, donde se presentaba explícitamente como magistrado e incluso opinaba sobre cuestiones relacionadas con la investigación que el juez Juan Carlos Peinado mantiene abierta desde hace casi dos años a Begoña Gómez. Estos vocales consideran que no es posible un “desdoblamiento de personalidad” cuando “el mismo nombre por el que el Ruiz de Lara se identifica en las redes se utiliza para publicitar declaraciones públicas y mensajes pretendidamente privados”. 

El voto particular rechaza el argumento de que el juez no invocó expresamente su cargo en su perfil de la red social X, en la que el juez se identifica con su nombre real y alude a que es autor de las novelas ‘Patria Judicial’ y ‘Patria Olvidada’. La tesis de estos vocales es que permitir a los miembros de la judicatura intervenir en el debate político bajo el paraguas de “simples ciudadanos” cuando su condición de juez es evidente no es admisible. “Permitirles hacer como ciudadanos lo que la Constitución y su estatuto jurídico les prohíbe hacer como jueces (...) es un fraude de ley”, dice el escrito. 

El voto particular hace especial hincapié en el uso del término “Barbigoña”, con el que el magistrado se refirió a la mujer de Sánchez. Consideran que vincular a una mujer investigada judicialmente con la muñeca Barbie es una forma de ridiculizarla y reducirla a un estereotipo sexista que, además, “durante décadas ha representado un modelo muy específico de feminidad”. “Este estereotipo implica que una mujer no puede ser seria, competente o inteligente, lo cual reproduce prejuicios sexistas del todo incompatibles con el deber de la judicatura de proyectar una imagen pública de neutralidad y respeto hacia la ciudadanía”, sostiene el escrito.

“El uso de la expresión ”Barbigoña“ por parte de un magistrado con gran proyección mediática cuestiona el decoro y respeto con el que debe expresarse un integrante de la carrera judicial en el debate público que afecta a una persona investigada penalmente”, figura en el voto particular, que añade que “desde una perspectiva constitucional y convencional, el uso de expresiones sexistas por parte de un juez no constituye un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, sino un exceso incompatible con los principios de igualdad, imparcialidad y respeto que deben presidir el ejercicio de la función jurisdiccional”.

“Resonancia” del mensaje

El acuerdo adoptado por la mayoría conservadora de la Comisión Disciplinaria afirmaba aunque el comentario puede considerarse “desacertado, fuera de lugar, o posiblemente éticamente reprochable”, tuvo una escasa “resonancia” dado que el juez solo tenía 320 seguidores, la cuenta era de acceso restringido y el mensaje fue retirado casi de inmediato. Los vocales progresistas argumentan, sin embargo, que en las redes sociales los mensajes pueden capturarse y descontextualizarse y alcanzar gran difusión, como ocurrió cuando ese mensaje fue publicado en los medios de comunicación. 

Además, apoyándose en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el voto particular advierte que los jueces “deben abstenerse de publicar cualquier cosa que pueda comprometer la confianza pública en su imparcialidad”.

Y también recuerda que la Comisión de Ética Judicial, el organismo al que pueden dirigirse los jueces cuando tienen dudas sobre si un determinado comportamiento puede comprometer su ética profesional, también ha determinado que los miembros de la carrera judicial deben valorar éticamente si su identificación en redes sociales afecta a la percepción que los ciudadanos tienen de su “independencia, imparcialidad e integridad”.

El Tribunal Supremo rechaza admitir a trámite la querella que el empresario y comisionista Víctor de Aldama presentó contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por un presunto delito de injurias. Aldama, imputado en varias causas, denunció que Montero lo llamó “delincuente” en el programa de Jordi Évole en laSexta y le reclamó una indemnización de 250.000 euros. 

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Sala de lo Penal considera que las expresiones de la vicepresidenta y ministra de Hacienda fueron “poco respetuosas” con el derecho a la presunción de inocencia del empresario, pero no suponen un delito. 

“El contenido de las expresiones que se deslizan en las entrevistas son poco respetuosas con el derecho fundamental a la presunción de inocencia, pero no por ello son delictivas”, dice la resolución de la que ha sido ponente el magistrado Julián Sánchez Melgar. El auto señala que “debería exigirse mucha más prudencia y contención en las manifestaciones públicas”. Sin embargo, subraya que el derecho penal está reservado para cuando existe “una patente transgresión del derecho al honor de las personas” que no se da en este caso. 

La resolución subraya que, según la propia doctrina de la Sala de lo Penal, la injuria precisa de dos elementos fundamentales: la existencia de actos o expresiones que tengan la suficiente potencia ofensiva para lesionar la dignidad de la persona y el propósito de ofender.

El auto considera que “existen expresiones o actos que pueden evidenciar por sí ese ánimo difamatorio, pero también es posible que esa intención quede diluida en otros casos en los que subyace una ”voluntad de defenderse, de criticar, de narrar o de bromear“ que sí puede estar amparada por la libertad de expresión. 

Viene esto al hilo de las siguientes palabras: “Digan fuera de este hemiciclo que yo conocía los hechos y que no actué y entonces nos veremos en otras instancias. Los hechos son de tal gravedad que no voy a permitir calumnias”. 

Son palabras del ministro Grande-Marlaska el pasado miércoles 18 de febrero en el Congreso de los Diputados. Palabras dirigidas a los representantes del Grupo Popular que, en la correspondiente sesión de control al Gobierno, le hicieron varias preguntas sobre la denuncia de agresión sexual del ya ex-Director Adjunto Operativo – DAO -, esto es, el segundo en el Cuerpo Nacional de Policía. Una denuncia que ya no es solamente eso, sino que es objeto de una querella ya admitida a trámite, interpuesta por la mujer, inspectora del Cuerpo, que acusa de gravísimos hechos a José Ángel González. 

La cuestión es que, cuando el ministro del Interior dijo eso de ¡dímelo en la calle si tienes lo que hay que tener! - en libre traducción mía -, estaba apelando a que quienes así lo interrogaban se desprendieran del manto protector – hoy podríamos decir, del “burka” - de la inviolabilidad que los protege en su condición de diputados/as.

Una inviolabilidad consagrada por el artículo 71.1 de la Constitución, que determina que “Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones”, lo que también tiene su reconocimiento en los Reglamentos del Congreso y del Senado. Una prerrogativa que se ha considerado imprescindible, dado que se relaciona directamente con la doble función de representación del pueblo español, como reza el artículo 66.1 del texto fundamental, y de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, tal como contempla su artículo 23.1.

Prerrogativa que también alcanza, por así contemplarlo los Estatutos de Autonomía, a los miembros de sus Asambleas Legislativas, igualmente en el ejercicio de sus funciones.

Inviolabilidad que es de carácter permanente, esto es, se extiende una vez finalizado el mandado del parlamentario, de manera que nunca se podrá exigir responsabilidad por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio pasado de sus funciones, si bien, claro está, tal inviolabilidad no protege en relación con las opiniones vertidas con anterioridad y con posterioridad al ejercicio del cargo.

Inviolabilidad que se considera esencia de la democracia representativa y, por ello, común a la mayoría de los sistemas parlamentarios. Si bien es cierto que en los Estados democráticos actuales esta prerrogativa está en debate y, en nuestro concreto caso, ha de ser puesta en relación crítica con el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución y, asimismo, con el derecho a la tutela judicial efectiva de su artículo 24, en evitación de espacios que impidan vulneración de derechos fundamentales de terceras personas y su persecución. 

Conviene recordar la finalidad de esta inviolabilidad de “preservación de un ámbito cualificado de libertad en la crítica y en la decisión sin el cual el ejercicio de las funciones parlamentarias podría resultar mediatizado y frustrado, por ello el proceso de libre formación de voluntad del órgano” y de “protección de la libre discusión y decisión parlamentarias (…), decayendo tal protección cuando los actos hayan sido realizados por su autor en calidad de ciudadano (de «político» incluso), fuera del ejercicio de competencias y funciones que le pudieran corresponder como parlamentario”, tal como lo afirmó el Tribunal Constitucional – TC - en su Sentencia 51/1985.

No han sido pocas las ocasiones en que el TC se ha pronunciado a este respecto, además de la antedicha. Incluyendo el análisis de ese ¡dímelo en la calle!, cuando, en su Sentencia 243/1988, se afirmó que “La inviolabilidad es un privilegio de naturaleza sustantiva que garantiza la irresponsabilidad jurídica de los parlamentarios por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, entendiendo por tales aquellas que realicen en actos parlamentarios y en el seno de cualquiera de las articulaciones de las Cortes Generales o, por excepción, en actos exteriores a la vida de las Cámaras que sean reproducción literal de un acto parlamentario”.

Esto es, la inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de estas funciones de representación no alcanza solamente lo que ocurre “dentro” o en el “espacio físico” de los edificios que albergan el Congreso y el Senado, sino que también abarca lo que ocurra “dentro” de esas funciones parlamentarias, aunque las opiniones controvertidas se produzcan “en la calle”, dado que tales funciones requieren, sin duda, el contacto con la ciudadanía y el público pronunciamiento sobre diversas cuestiones. 

Pero, para no quedarnos en la anécdota un tanto pobre e infantil que ha dado pie a esta columna, entiendo más relevante indagar algo más, no tanto sobre el “dónde” sino sobre el “qué”, en relación con la inviolabilidad. Esto es, cabría abrir un debate sobre si esta prerrogativa parlamentaria debiera tener algún límite, como lo tiene la libertad de expresión en algunos terrenos de especial dureza. Piénsese en posibles expresiones que podrían constituir, fuera de este ámbito, graves delitos de, por poner solamente dos ejemplos, justificación de genocidios u otros delitos asimilables o enaltecimiento y justificación del terrorismo. 

Un debate que, en realidad, ya existe en nuestro entorno sociopolítico, toda vez que hay textos constitucionales que reconocen una inviolabilidad parlamentaria relativa, dejando fuera de su ámbito de protección algunas expresiones como “las injurias calumniosas”, en el caso de la Ley Fundamental de Bonn de 1949 o no abarcando “la difamación calumniosa”, como hace la Constitución de Grecia de 1975. O como hacen sendas Leyes de Finlandia o Suecia, que permiten perseguir penalmente por opiniones vertidas en el ejercicio de funciones parlamentarias. Debate en el que el Parlamento Europeo se sitúa en el lado de la “inviolabilidad absoluta”, en la remisión que se hace al Protocolo de 1965, como lo hacen igualmente la Constitución española, como he dicho, y otras, como las de Francia, Italia o Portugal. 

No deja, por otra parte, de resultar cuando menos curioso, que esta inviolabilidad lo sea hacia “fuera” y no hacia “dentro”. Esto es, si bien no cabe perseguir a un representante por sus opiniones vertidas en el ejercicio de su función parlamentaria, sí cabe que las presidencias del Congreso y el Senado, de conformidad con sus respectivos Reglamentos, ejerzan su potestad disciplinaria y sancionadora en relación con tales opiniones o maneras de expresión. 

En cualquier caso, esta inviolabilidad debe siempre ir indisolublemente unida a la “responsabilidad”, algo que no parece fácil de exigir en la actualidad, pues no abunda. La ciudadanía representada por diputados/as y senadores/as merecemos un mayor respeto que el que se manifiesta cuando, “en el ejercicio de funciones parlamentarias” se utilizan expresiones y contenidos que podrían ser objeto de responsabilidad jurídica – civil y/o penal – para el resto de personas. No es de negar que la discrepancia política e ideológica y el debate parlamentario exigen que este se desenvuelva en libertad y, por tanto, con la seguridad de no persecución por opinión. Pero tampoco es de negar que no es de recibo tener que escuchar cada día opiniones que sobrepasan todos los límites dialécticos prevaliéndose de la “inviolabilidad” que protege a “sus Señorías”.

Debieran pensárselo mejor antes de hablar en sede parlamentaria, todos. Porque, lo que no podría ser dicho en la calle, so pena de incurrir en alguna responsabilidad jurídica, mejor sería callarlo o decirlo de otra manera. Así, lo que puede decirse dentro podría también decirse fuera. Y el discurso y el debate parlamentarios no estarían tan alejados de la ciudadanía, que debiera también poder decir en la calle lo que se dice en el Parlamento. Y hablaríamos el mismo lenguaje con la misma libertad para contribuir igualmente a la legítima crítica de las actuaciones políticas de quienes nos representan.

“Es imposible judicializar algo en este país que afecte a Don Florentino. Vamos, sería un suicida el que se atreva a hacerlo”. La frase sobre un supuesto arreglo de partidos a través de los árbitros la pronunció José Manuel Villarejo en el año 2023 durante un programa de radio y también forma parte de la sentencia de la Audiencia Provincial Civil de Madrid, a la que ha tenido acceso elDiario.es, que acaba de ratificar una condena civil contra el ex comisario.

En la entrevista, que tuvo lugar en la emisora RAC1, Villarejo hablaba del “tema de los árbitros” y del “amaño de partidos” con el que relacionaba al expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, y al actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. “De alguna manera el Real Madrid, ya antes de eso, ya había detectado lo mismo”, aseguraba en una de sus respuestas, recogida en el texto judicial. Villarejo aseveraba después que el máximo dirigente del Real Madrid “es intocable, primero lo fue el señor Botín y ahora le ha ocupado su puesto Florentino, y él sabe por qué”, recoge el auto de la Audiencia, que ratifica una primera sentencia condenatoria de mayo de 2024, dictada por el juzgado de primera instancia 98 de Madrid.

La sentencia considera que este fragmento de la entrevista, que tuvo lugar en el programa El món a RAC1 del 3 de octubre de 2023, está “vulnerando innecesariamente el honor” tanto del Real Madrid como de Florentino Pérez, por considerar las palabras del ex comisario como “desproporcionadas, al haber empleado unas expresiones y haber llegado a unas conclusiones que, por los motivos expuestos en esta resolución, resultan manifiestamente injuriosas, sobrepasando los límites admisibles de la libertad de expresión”.

La Audiencia asegura que no son “manifestaciones vertidas en un ámbito privado” sino que es “la actuación de quien, habiendo sido comisario de policía y basándose en las investigaciones que realizó como tal, afirma en una emisora de radio que él ya sabía”. E indican que la expresión amaño, en su acepción de traza o artificio para ejecutar o conseguir algo, especialmente cuando no es justo o merecido, “tiene incuestionable incidencia en su derecho al honor”.

La sentencia sobre este presunto arreglo nunca probado concluye que “la ausencia total de indicios de veracidad de la información y de base fáctica suficiente de la opinión, lleva implícita la vulneración del derecho al honor de los demandantes”. Y la Audiencia considera afectados por las palabras sobre el “amaño de partidos” tanto a Florentino Pérez como al Real Madrid porque “la expresa referencia y mención de ambos demandantes en pregunta y respuesta es suficiente para constatar la atribución conjunta de la actuación a ambos demandantes”.

Por todo ello, considera que José Manuel Villarejo debe abonar 10.000 euros a Florentino Pérez y una cantidad idéntica al Real Madrid por su vulneración del derecho al honor, cantidad sensiblemente inferior a la que solicitaban los demandantes en la primera demanda y que ascendía a 100.000 euros. En un comunicado oficial lanzado justo después de la entrevista del año 2023, el Real Madrid ya había advertido que el presidente del club había presentado “la correspondiente acción judicial contra el ex comisario Villarejo por las falsas acusaciones realizadas en la emisora catalana RAC1”.

El fallo judicial, que fue emitido el pasado mes de diciembre y es todavía recurrible, condena también a Villarejo a publicar la sentencia en cinco ediciones digitales e impresas de dos periódicos deportivos y tres de tirada nacional, si bien la Audiencia Provincial reduce el tamaño de la publicación al encabezamiento y el fallo, en lugar del texto completo. Esta es la única apelación del ex comisario que ha admitido sobre el fallo inicial del juzgado 98 de Madrid.

Una de las primeras ofensivas contra las libertades de Vladímir Putin en cuanto llegó a la presidencia de Rusia en 2000 fue contra un programa satírico de guiñoles. La televisión NTV canceló Kukly –el equivalente en España a Las noticias del guiñol– después de meses de presiones y amenazas penales por el retrato crítico de Putin. Una de las bromas del programa en 2000 fue imaginar que Putin se atornillaba al poder y todavía era presidente... en el año 2020.

En comparación con la represión violenta desde entonces en Rusia, la cancelación del programa es ahora una nota a pie de página, pero se recuerda como una de las primeras señales de hacia dónde quería ir el nuevo presidente. El humor, sobre todo el ingenioso que tiene éxito, se ve a menudo como una amenaza más difícil de gestionar que la oposición política tradicional en los regímenes autoritarios, como bien recuerdan a menudo también los ucranianos, con una larga tradición en la comedia mezclada con la crítica política. 

El humor importa más de lo que podría parecer a primera vista. Y por eso es relevante la polémica estos días de nuevo con el programa de Stephen Colbert, el presentador del programa nocturno de entretenimiento de la CBS y maestro de la sátira política desde hace más de dos décadas. La cadena anunció el verano pasado que ésta sería la última temporada del programa por una decisión “económica”, pero sus motivos han sido cuestionados por sus intereses ante la Administración Trump. 

La empresa propietaria del canal, Paramount, aceptó pagar a Trump una compensación millonaria para que el presidente retirara una querella por la emisión de una entrevista en 60 Minutes en campaña con Kamala Harris que el entonces candidato republicano no quiso aceptar. El Gobierno de Trump aprobó unos días después la fusión de Paramount con Skydance, una empresa propiedad de David Ellison, el hijo de Larry Ellison, uno de los hombres más ricos del mundo y fiel seguidor de Trump. 

El último programa de Colbert está previsto para el próximo 21 de mayo, si es que llega después del enfrentamiento abierto con su cadena por no emitir una entrevista con el candidato a las primarias demócratas en Texas para un escaño del Senado, James Talarico. La entrevista se emitió con gran éxito de audiencia sólo en YouTube. Según los abogados de CBS, podría infringir en la televisión tradicional la regla de dar oportunidades a todos los competidores políticos en una carrera –en este caso otros demócratas– que se aplica para los programas de noticias aunque nunca se ha aplicado para las entrevistas y mucho menos los late show de entretenimiento. El jefe del regulador de comunicaciones de la Administración Trump dijo que se estaba “pensando” extender la aplicación de la norma, y eso valió a los abogados de CBS.

Lo que hay detrás del enfrentamiento de Colbert con su cadena va más allá de este episodio en muchos sentidos. Uno de los factores es el entrevistado: Talarico es un demócrata joven y progresista que habla abiertamente del cristianismo –una fe que comparte con Colbert, católico practicante– y de cómo los republicanos como Trump y sus seguidores instrumentalizan la religión. El sueño de los demócratas de ganar en Texas lleva décadas sin cumplirse, pero un perfil como el de Talarico tiene más opciones que otros. Y las elecciones legislativas del próximo noviembre son una cita que puede apuntalar o limitar de manera crucial el poder del presidente.

Además, la batalla de Colbert es ya uno de los símbolos de la claudicación de grandes empresas de medios para complacer a Trump, en muchos casos sin que ni siquiera se lo pida o tome medidas legales, más allá de amenazas de futuro incierto. 

Las dimisiones del programa mítico de reportajes 60 Minutes o los intentos de Ellison de quedarse con la CNN son movimientos con más sustancia, pero el canario en la mina en la televisión ha sido Colbert. Se empieza por los guiñoles… y quién sabe dónde se acaba. 

Los ultracatólicos Abogados Cristianos lo han vuelto a hacer. Un artista y tres miembros del colectivo cultural Konvent, han tenido que declarar como investigados este miércoles por un delito de escarnio a los sentimientos religiosos por la performance de una procesión que hicieron en Tortosa (Tarragona) en honor a Santa Baldana, un embutido típico de la zona.

El caso de la performance de Tortosa vuelve a poner sobre la mesa el uso interesado de la Justicia por parte de asociaciones ultras, que emplean delitos decimonónicos como la ofensa a los sentimientos religiosos (un tipo penal que numerosos juristas consideran desfasado y contrario a la libertad de expresión) para perseguir opiniones contrarias a la suya.

Según han informado fuentes jurídicas, el artista Josep Pinyol y los otros tres investigados han explicado el motivo artístico y contexto de la obra: durante el VII Foro de Cultura y Ruralidades celebrado en Tortosa en 2024, ocho costaleros portaban el paso (una estructura con patas de cerdo y morcillas), precedido por una banda de música y seguido por unas 300 personas en romería para conmemorar la Santa Baldana y llevar a los asistentes de un punto a otro del evento.

También han desmentido que con su creación artística buscaran burlarse u ofender a los sentimientos religiosos. “La Santa Baldana nos acompaña con el mismo espíritu de paz y abundancia con el que vino, pese a que algunos les dé miedo”, ha manifestado a las puertas del juzgado Pinyol, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Por su lado, el abogado del artista, Eric Sanz de Bremond, ha confiado en que el juzgado archive el caso una vez practicadas todas las declaraciones: “Es un claro ejercicio de libertad de expresión y artística sin burla”.

Al margen de la actividad judicial de Abogados Cristianos y otras entidades ultras, el Gobierno se comprometió a derogar el delito contra los sentimientos religiosos a lo largo de 2025. Se trata de una reivindicación histórica de la izquierda y una promesa del Ejecutivo de coalición desde hace ocho años. A día de hoy, el delito sigue en el Código Penal.

Los investigados han recibido el apoyo de Amnistía Internacional. En un comunicado, la entidad ha lamentado que la perfomance haya tenido que afrontar una causa penal, y ha reclamado una reforma “urgente” de los artículos del Código Penal “que atentan contra la libertad de expresión y que contravienen los estándares internacionales de derechos humanos”.

La justicia británica ha dado la razón este viernes a la cofundadora del grupo Palestine Action y ha declarado ilegal la clasificación de la organización propalestina como “terrorista” del Ministerio del Interior. La inclusión de Palestine Action en la lista de organizaciones terroristas es lo que ha llevado a la detención masiva de manifestantes desde julio durante protestas en apoyo al grupo.

El grupo fue incluido en el elenco después de una protesta en una base militar, pero el Alto Tribunal del Reino Unido ha declarado que “la naturaleza y la escala de las actividades de Palestine Action” no llegan al umbral requerido para la clasificación más severa del Estado. La jueza que preside la corte, Victoria Sharp, dice en su sentencia que Palestine Action es “una organización que promueve su causa política a través de la delincuencia” y que sus acciones van dirigidas a “intimidar” y no son coherentes con “los valores democráticos”, pero considera que la prohibición del grupo es “desproporcionada”. Sus miembros pueden ser –y ya lo están siendo– procesados de manera individual por sus acciones.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha anunciado que va a apelar la decisión porque, según su comunicado, quiere “proteger” la “seguridad nacional”. Mientras la justicia valora la apelación, las restricciones para el grupo y sus defensores siguen en vigor, pero la policía de Londres ya ha anunciado este viernes que, para respetar la decisión judicial y esperar a que se resuelva del todo el proceso, se centrará en “recoger pruebas” en lugar de arrestar a los manifestantes en protestas por el apoyo a Palestine Action.

“Este es el enfoque más proporcionado que podemos tomar”, dijo la policía metropolitana en un comunicado. “Este enfoque está relacionado sólo con la expresión de apoyo a Palestine Action. Seguiremos interviniendo y haciendo arrestos donde veamos a gente que pase de protestar de manera legal a intimidar, dañar la propiedad, utilizar violencia, provocar odio racial o cometer otros delitos”. Queda la incertidumbre de qué pasará con las cientos de personas procesadas por sus manifestaciones de apoyo al grupo en los últimos meses.

Libertad de expresión

Activistas de apoyo al grupo o al derecho de protesta en general celebraron la decisión judicial.

“Este es una victoria enorme para las libertades fundamentales aquí en el Reino Unido y para la lucha por la libertad del pueblo palestino al revocar una decisión que siempre será recordada como uno de los ataques más extremos a la libertad de expresión en la historia británica reciente”, dijo Huda Ammori, la cofundadora del grupo y quien denunció la decisión del Gobierno británico ante los tribunales el año pasado. El Alto Tribunal aceptó examinar su apelación por constituir una “interferencia muy significativa” en la libertad de expresión y de protesta.

La decisión es “una afirmación esencia del derecho de protesta”, según Tom Southerden, director de derechos humanos de Amnistía Internacional en el Reino Unido. “La decisión del Alto Tribunal manda un mensaje claro: el Gobierno no puede simplemente utilizar poderes amplios contra el terrorismo para silenciar a críticos o suprimir el disenso”.

Palestine Action ha organizado protestas, en algunos casos con episodios violentos, desde 2020, pero su entrada en una base militar del Ejército británico en junio del año pasado provocó la decisión extraordinaria del Ministerio del Interior. Al menos dos personas entraron en la base de Briz Norton, en el condado de Oxford y que es la mayor base aérea del país. Se dirigieron en patinete eléctrico a dos aviones de la fuerza británica, rociaron los motores y la pista con pintura roja, y dañaron los equipos con palancas.

En julio de 2025, el Gobierno británico decidió, con el consentimiento del Parlamento, meter a Palestine Action en la lista de organizaciones terroristas por este episodio por el que cinco personas fueron detenidas. Este enero, estos activistas se declararon “no culpables” ante las acusaciones de daños y entrada forzada en un recinto que afecta a la seguridad nacional; el juicio sobre estos hechos está previsto para enero del año que viene. Pero, más allá de este juicio, que Palestine Action esté en el elenco de casi un centenar de organizaciones que incluye a Al Qaeda, Estado Islámico, grupos neonazis, supremacistas y campañas xenófobas, tiene como consecuencia que cualquier muestra de apoyo material o simbólico a este grupo pueda ser considerado una ofensa penal castigada hasta con 14 años de cárcel.

Más de 2.700 personas han sido arrestadas desde de la decisión de julio en protestas propalestinas y pro-Palestine Action, en particular en Londres. En un solo día en septiembre, más de 800 personas fueron detenidas por llevar carteles o banderas con mensajes de respaldo al grupo. La mayoría han sido liberadas sin cargos en el momento, pero el caso es clave en el debate sobre los límites a la libertad de expresión y de protesta en el Reino Unido frente a la ley antiterrorista invocada para los arrestos.

“Si algún familiar considera pasarse y darles un par de aplausos como se merecen, aquí tienen las fechas y sitios”. Esto escribía hace una semana el neonazi Alberto Pugilato en sus redes sociales, acompañando el texto con las fechas de la gira del show ‘Hora Treintaypico’. Al mensaje le seguían bastantes amenazas contra Quequé y su equipo —“Se asesina poco en España”, “Se les ajusticiará en el portal”—. El cómico comunicaba un parón necesario para su salud mental, tras sus programas sobre el trágico accidente ferroviario de Adamuz y las amenazas recibidas. También cancelaron la gira por seguridad.

¿Hubo bromas que ofendieron en los programas? Sí. ¿Alguna de mal gusto? Esto es completamente subjetivo, a mí hubo una en concreto que me lo pareció. Pero lo cierto es que la ofensa no puede usarse como instrumento para regular la comedia, especialmente nunca bajo el pretexto de amenazas directas contra la integridad física de nadie. No existen directrices universales contra las ofensas; lo que para una persona es un comentario intolerable en la calle o en el trabajo, en un contexto humorístico puede funcionar como una sátira válida. Vamos, la ofensa no es un objeto estable que pueda colocarse bajo una campana de cristal y definirse de una vez y para siempre. Construir un sistema normativo sobre algo tan variable como el humor es conceptualmente defectuoso porque los absolutos morales no encajan con una forma artística que vive del matiz y, sobre todo, del contexto. El contexto lo es todo aquí. 

Pero que una broma de un humorista te ofenda —algo perfectamente legítimo y normal— no tiene por qué ser necesariamente un delito; amenazar por esa ofensa desde luego lo es. La consecuencia de todo esto es un clima en el que no se discute un chiste o un discurso, o se tacha a alguien de mal cómico o periodista, o de hijo de puta si así te lo parece, directamente se intenta silenciar a la persona que se expresa con amenazas de agresiones. Y eso ya no tiene que ver con sensibilidades subjetivas, sino con algo bastante más peligroso. 

La cómica Laura Márquez describió a la perfección esta desproporción en el programa de la Cadena SER ‘Ni tan bien’: “A mí no me gusta tu ideología, porque está basada en el odio al diferente, hago un vídeo, y amenazas con darme una paliza... ”No tenéis respeto“, te dicen. ¿Y tú sí? ¿Qué te crees que tienes la potestad de darme una hostia? (...) Estamos normalizando que la gente deje de trabajar porque recibe amenazas (...). Cuando yo te ataco con un chiste y tú con una hostia, ya sabemos quién sale perdiendo”. 

Hay amenazas que pueden descodificarse como abusos inofensivos, gente triste y aburrida que se siente empoderada o moralmente satisfecha por escribirle cuatro barbaridades a alguien desde su sofá, pero cuando las amenazas vienen de personas reconocidas por sus agresiones, algunas virales, todo deja de tener el tufillo de troll penoso para convertirse en algo mucho más grave. Si el precio de hablar es la amenaza y el precio de no ofender es el silencio lo que está en crisis no es solo la comedia o el periodismo. 

Un repaso rápido a los debates que han marcado la agenda pública española esta semana sirve sobradamente para demostrar la tesis de esta columna: vivimos ahogados en una exuberancia irracional de miseria, es tan exuberante e irracional que no hay mercado capaz de absorberla sin colapsar. Decía mi añorado Alfredo Pérez Rubalcaba que en España se entierra muy bien, y tiene razón. Pero aún se odia infinitamente mejor.

A un escritor, David Uclés, los defensores de la libertad le han llamado de todo y le han reprochado precisamente que la ejerza y decida no ir a unas jornadas donde se preguntaban, por errata, si la guerra civil la perdimos todos. Unos más que otros. Pero dejando a un lado esta obviedad, a ver si el chaval no va a poder ir a donde le dé la gana, cuando le dé la gana y por las razones que le dé la gana. Creo que no ha quedado ni un solo articulista/premio Nobel frustrado o editor/premio Pulitzer también frustrado que no haya salido a ajustarle las cuentas acuchillándole por turnos en un campeonato mundial de mediocridades.

Lo de las amenazas por grupos de ultraizquierda para suspender unas jornadas tan de quedar bien ya se lo dejo a ustedes; que parece sacado del guion de “Miedo a salir de noche”, aquel clásico de Eloy de la Iglesia sobre la inseguridad ciudadana convertida en fetiche onanista por los nostálgicos del franquismo. Lo de los amigos de mis fascistas son mis antifascistas no me digan que no parece un estribillo de las inmortales Objetivo Birmania.

A un humorista, Héctor de Miguel, le han celebrado con grandes sornas y risotadas la decisión de retirarse para no aguantar más aquellos que ya se quejaban en los ochenta por la cultura de la cancelación y ya entonces tenían poco o nada que decir. Ustedes son jóvenes, pero yo sí me acuerdo. Ya en los ochenta decían que había mucha más libertad con Franco y que podías decir lo que te diera la gana; no como ahora. 

La razón ha sido la parodia de alguna de las entrevistas que hemos visto ejecutar estos días a raíz del trágico accidente de Adamuz. Si quieren mi opinión, se quedó corto. Hay dos tipos de víctimas en España: las que dicen lo que a mí me gusta y me conviene y aquellas que no me gusta lo que dicen y no me conviene. Ahora hay que añadir otra nueva taxonomía: aquellas que dan clics y aquellas que no tantos.

Aunque nada rompe el indicador de la miseria como las cosas que ya hemos oído y leído sobre las más de quinientas mil personas que dicen pueden beneficiarse por la regularización extraordinaria vía Real Decreto de enero del 2026. Vienen, por este orden, a robarnos, violarnos, sustituirnos, matarnos y finalmente votar por el gobierno rojosatánico como toque maestro final del malvado plan diseñado por el taimado Pedro Sánchez. Un ejército de invasores que ya están aquí y que llama a efectos a los ejércitos de invasores que acechan en nuestras fronteras esperando la señal del inquiokupa de La Moncloa. Es cosa sabida que el patriotismo y la hipérbole suelen caminar siempre de la mano.

Cuando el alma inmortal de España está en juego andarse con argumentos sobre si recogen las cosechas o cuidan a nuestros parientes es tan inútil como pedirle a Santiago Abascal que se enfunde una camisa de su talla. Esta no es una batalla sobre racionalidad económica. Es una lucha por el alma de la sociedad que queremos ser. Que griten mucho no quiere decir que sean más.

Estados Unidos ocupa las primeras páginas mundiales por tener escuadrones paramilitares enmascarados recorriendo sus calles y asesinando a sangre fría a ciudadanos. España es noticia porque en medio planeta se preguntan por qué ellos no se atreven a regularizar la realidad si España lo ha hecho. Elijan ustedes.

Jaume Ripoll Vaquer (Palma, 1977), es productor cinematográfico, cofundador y máximo ejecutivo de Filmin. La plataforma, apoyada por las principales productoras del país, lleva casi 20 años en funcionamiento con un éxito fuera de lo común si se tiene en cuenta que compite con gigantes como Netflix, Disney o HBO Max, y además lo hace ofreciendo cine independiente, creativo y a veces incómodo.

Precisamente un documental disponible en la plataforma está haciendo pasar a Ripoll por uno de sus peores momentos profesionales. Se trata de Ícaro: la semana en llamas, que narra cómo vivieron diversos grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, llegados de diversos puntos del Estado, los disturbios tras la sentencia del procés en 2019. La cinta, que omite los puntos de vista y las experiencias de los Mossos d'Esquadra, que también se enfrentó a los disturbios, ha recibido numerosas críticas por su falta de pluralidad.

De hecho, hasta hace pocas semanas, Ícaro: la semana en llamas no había sido aceptada por ninguna plataforma. Pero sorpresivamente ha aparecido en Filmin, sin promoción ni ruido hasta que ha cosechado las alabanzas de la activista de extrema derecha Macarena Olona, una de las fundadoras del partido Vox, que la descubrió en el catálogo de la plataforma. O se la descubrieron.

“Ícaro: la semana en llamas forma parte de un lote de películas que contratamos recientemente y por solo unos meses, hasta el 31 de enero”, explica Ripoll en conversación telefónica con elDiario.es. Reconoce el ejecutivo que la empresa no supo “detectar” el título y su temática “en un lote tan grande”. “Se nos pasó a pesar de que solemos aplicar filtros rigurosos. De haberla detectado, habríamos hablado con el vendedor para descartarla del lote, porque pensamos que en Filmin no tiene cabida una cinta como esta”, apostilla.

Campaña contra Filmin

La publicación laudatoria de la política y abogada del Estado, actualmente fuera de Vox, generó una potente reacción en X por parte de numerosos usuarios, que iniciaron una campaña de cancelación de suscriptores de Filmin. Algunos usuarios llegaron incluso a apelar al llamado “caso Galinsoga” de los años 60 del siglo pasado, en referencia al director de La Vanguardia que dijo “los catalanes son una mierda” y recibió 20.000 cancelaciones de suscripciones al diario.

De nada sirvió el comunicado que la plataforma emitió hace dos días apelando a la “libertad artística” y pidiendo “no censurar las películas por su orientación ideológica”. Al día siguiente, la puerta de las oficinas de Filmin, en Barcelona, amaneció con la siguiente inscripción pintada: “Filmin colaborador con la represión española”.

A este respecto, Ripoll deja claro que tanto él como Filmin están ideológicamente muy alejados de los valores que intenta transmitir el documental. “De haber detectado el título a tiempo, al vendedor le hubiéramos sugerido que buscase otra plataforma más adecuada porque no la veíamos para Filmin”, asevera. Además, añade que desde el punto de vista de la calidad de realización no es una cinta destacable.

Ripoll deja claro que tanto él como Filmin están ideológicamente muy alejados de los valores que intenta transmitir el documental

Defiende, adicionalmente, que su catálogo tiene otras películas documentales incomodadas como Ciutat Morta, que cuestiona los métodos policiales en Barcelona durante los años más duros de la crisis económica. También Catalunya-Espanya, un filme documental dirigido por Isona Passola y favorable a la independencia catalana.

Y desvela que en ambas cintas Filmin sí se implicó en la promoción, pero asegura que, a diferencia de Ícaro: la semana en llamas, “tienen una calidad y un valor cinematográfico” que el propio Ripoll no ve en el documental dirigido por Elena G. Cedillo y Susana Alonso. El responsable de Filmin asegura que salvaría de Ícaro “algunas escenas iniciales” pero poca cosa más, y critica la banda sonora, “con clara intención política”.

Solo hasta el 31 de enero

Por todo ello considera Ripoll que “no es un documental con cabida en Filmin”, pero lamenta que firmaron un contrato que no pueden rescindir e insiste en que el 31 de enero desaparecerá del catálogo. “Si hubiéramos sabido que el documental podía generar el lío que se ha formado, por supuesto no lo hubiéramos incluido en la compra del lote”, confiesa Ripoll.

El productor, que recalca que la plataforma jamás se implicó en la promoción del mismo, reconoce que la campaña de cancelación en X ha dado lugar a “unas cuantas bajas”, sin querer precisar el número pero lamentando que “aunque sean pocas duelen, porque son bajas de personas que llevamos casi 20 años fidelizando”.

Si hubiéramos sabido que el documental podía generar el lío que se ha formado, por supuesto no lo hubiéramos incluido en la compra del lote

Ripoll se ratifica en lo escrito en su comunicado cuando dice que “Filmin no censura películas por su orientación ideológica”, y reitera su “compromiso con el cine y el documental como herramientas para entender, contrastar y debatir, siempre dentro del marco legal”. El jefe de Filmin ensalza la pluralidad de su amplísimo catálogo, con más de 11.000 títulos. “Si has estado trabajando a tus clientes durante años, buscando títulos que les enriquezcan, es muy doloroso que de un día para el otro cancelen esta historia en común de tantos años por solo un título inadecuado entre 11.000”, lamenta.

También reconoce que, como fenómeno paralelo, la polémica le ha venido bien a la cinta, que ha tenido más visualizaciones de las que de otro modo hubiera conseguido dada su calidad, pero matiza que “ni de lejos se acerca a los valores de las más vistas”. Finalmente, Ripoll recuerda que Filmin tiene a disposición de los usuarios un sistema de valoraciones que permite puntuar negativamente aquellas películas que no nos gustan, “y así prevenir a otros usuarios sin que sea necesario ir pidiendo que se cancelen las suscripciones”.

Filmin, a través de sus redes sociales, ha emitido un comunicado donde defiende la inclusión del documental Ícaro: la semana en llamas en su catálogo. La plataforma incluye desde la pasada semana en su oferta este documental que narra cómo vivieron diversos grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la policía española, llegados de diversos puntos del Estado, los disturbios tras la sentencia del Procés.

Dirigida por Elena G. Cedillo y Susana Alonso, la cinta incluye imágenes inéditas hasta ahora de los incidentes, grabadas por agentes de estas unidades y también por helicópteros policiales, además de imágenes grabadas por los medios de comunicación que siguieron las protestas, si bien no se citan especificamente. La película tampoco incluye testimonios de Mossos D'esquadra, que junto a la Policía Nacional participaron en el operativo.

Se acabó de editar en 2022, pero hasta ahora no se ha publicado en ninguna plataforma, y de hecho ha pasado fuera del radar de la opinión pública hasta hace pocos días, cuando gracias a un tuit laudatorio de la exfundadora de Vox Macarena Olona la polémica se ha disparado en la red social conocida como X.

En su publicación de Olona escribe: “Qué manera de llorar anoche viendo el documental. Lágrimas de orgullo, respeto y mucha impotencia. ”Operación Ícaro“, la historia de la semana que Barcelona ardió en llamas tras la sentencia del proces, contada por los agentes de la UIP desplegados. Debería ser obligatorio que se exhibiera en todos los colegios y Academias policiales de España. Podéis verlo en Filmin. Fuerza y honor”.

Las réplicas en X no se han hecho esperar, a las que Olona ha respondido llamando a muchos de sus adversarios “anormales con lazo amarillo”.

Comunicado de Filmin

Pero las protestas también han ido dirigidas hacia Filmin por incluir esta cinta en su oferta, a lo cual la plataforma ha respondido por boca de su fundador y máximo ejecutivo Jaume Ripoll con un comunicado tambien en X.

“En Filmin somos muy conscientes de que los hechos de octubre de 2019 siguen siendo una herida abierta para la sociedad catalana”, comienza el comunicado. “Por ello, entendemos el malestar y las críticas que ha suscitado el estreno de Ícaro: la semana en llamas. Somos una empresa con sede en Barcelona, fundada en 2007, y sabemos que este debate no es abstracto: atraviesa familias, círculos de amistades y entornos laborales”, prosigue.

La plataforma asegura seguidamente que Icaro: la semana en llamas es un documental de 2022 que aporta una mirada concreta, de parte, sobre aquellos días, centrada únicamente en el testimonio de agentes desplegados en Barcelona“. ”Como cualquier obra, tiene un punto de vista y no pretende abarcar toda la complejidad de lo que ocurrió“.

Y advierte que “programar una película en Filmin no equivale a suscribir su enfoque” además de dejar claro que no ha sido producida ni distribuida por Filmin; “es una incorporación por tiempo limitado que dejará el catálogo el 31 de enero”.

A continuación Ripoll recuerda que “Filmin no censura películas por su orientación ideológica; nuestro compromiso es con el cine y el documental como herramientas para entender, contrastar y debatir, siempre dentro del marco legal y creemos, además, que la pluralidad no se proclama: se demuestra con un catálogo tan diverso como el nuestro con más de 11.000 títulos”.

“Por eso”, apostilla, “en Filmin conviven obras muy vinculadas al debate político y cultural catalán (entre otras, «L'endemà», «Cataluña- Espanya», «Ciutat morta» o «Quatre d'onze, castell per l'independencia») con otros títulos con miradas diferentes sobre el Procés y su contexto”.

El comunicado termina diciendo: “Agradecemos sinceramente los mensajes que recibimos y los leemos con respeto, nos ayudan a pensar y a mejorar y si algo nos parece importante ahora mismo es recordar que el cine no debe servir para confirmar lo que ya pensamos, sino también para ayudarnos a mirar de frente aquello que nos incomoda, con espíritu crítico”.

Ataques a las oficinas de Filmin

Pero las explicaciones de Jaume Ripoll no han sido bienvenidas en X por parte de algunos usuarios, algunos de ellos con marcada relevacia política, que han promovido la cancelación masiva de suscripciones a la plataforma por parte de los abonados.

A lo largo de la tarde de ayer se sucedieron en X las contestaciones al comunicado, y esta mañana el propio Ripoll ha colgado una publicación en esta red denunciando un ataque a las oficinas de la empresa, con pintadas que se pueden ver en las imágenes adjuntadas. En ellas se puede leer: “Filmin colaborador con la represión española”. Tras los ataques, el dirigente de Filmin se ha declarado “bastante hecho polvo”.

Existe un cierto debate público recurrente acerca del alcance del derecho de los jueces a expresar y difundir libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, esto es, al ejercicio de la libre expresión que garantiza, como derecho fundamental, el artículo 20.1 de la Constitución.

Hay, sin duda, buenas razones de fondo para este debate. Y ello, no porque dicha libertad de expresión se ejerza en calidad de titulares de un poder del Estado, no, sino porque, incluso ejercida a título exclusivamente personal, puede, en ocasiones, afectar a la posición pública de quienes tienen jurisdicción y, particularmente, a la necesaria apariencia de imparcialidad – no a la propia imparcialidad, que no tiene por qué verse menoscabada, pero sí a su percepción social -. 

¿Qué hacer ante esto?. ¿Cómo garantizar el ejercicio de este derecho fundamental y hacerlo compatible con la posición del juez en cuanto poder del Estado?. ¿Cabe limitar este derecho y cuál sería, en su caso, el alcance de dicha limitación?. 

Ya existen, desde luego, en nuestro Derecho normas que regulan el estatuto del juez, tanto en la propia Constitución como en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ciertamente, existen previsiones para garantizar la imparcialidad y su apariencia: prohibición de pertenencia a partidos políticos o sindicatos; normas sobre abstención y recusación que determinan la limitación para juzgar determinados asuntos, cuando, incluso desde el plano estrictamente personal, se han difundido previamente ideas o expresiones, que pueden poner en entredicho dicha apariencia de imparcialidad. Sobran ejemplos bien conocidos a este respecto.

También existen otros mecanismos de control, como el disciplinario, si bien ha de subrayarse que la LOPJ limita la responsabilidad disciplinaria a las faltas cometidas por jueces y magistrados “en el ejercicio de sus cargos”, esto es, en la actividad judicial. Aunque también la Comisión disciplinaria del CGPJ ha sancionado conductas realizadas fuera del estricto ámbito judicial, pero referidas a él, en decisiones que el Tribunal Supremo ha confirmado al menos en el alcance de la potestad disciplinaria en este terreno. 

Muchos ordenamientos jurídicos regulan la cuestión, aunque, dada la dificultad de resolverla mediante normas, acuden a otras vías. En nuestro país, podemos en este sentido citar la Comisión de Ética Judicial, constituida en 2016, formada por seis miembros de la carrera judicial elegidos internamente, con la función de emitir dictámenes e informes orientativos sobre consultas planteadas por los jueces acerca de la interpretación de los Principios de Ética Judicial. Varios de estos Dictámenes han versado ya sobre la libertad de expresión, sus límites y la posible afectación a la imagen de independencia e imparcialidad. En esencia, la Comisión ha determinado que jueces y juezas gozan del derecho a la libre expresión del artículo 20 CE, pero que dicho derecho ha de ejercerse “de forma que no comprometa o perjudique la percepción que, en un Estado democrático y de Derecho, tiene la sociedad sobre la independencia judicial”, así como que debe ejercerse de modo “aún más moderado cuando se vierten opiniones sobre resoluciones de otros jueces, especialmente si se trata de asuntos en trámite y de elevado interés mediático”.

También se ha pronunciado a este respecto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos – TEDH -, en interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos – CEDH -. Y es este pronunciamiento el que quiero comentar ahora, por su relevancia y su interés.

Pues bien, el TEDH dictó Sentencia el 24 de febrero de 2024 en la que declaró, por cuatro votos contra tres, que Rumanía había violado el artículo 10 del CEDH, condenando al Estado a abonar al demandante una indemnización. El demandante era un juez, conocido por su participación activa en debates sobre la democracia, el Estado de Derecho y la justicia, y por haber sido miembro del Consejo Superior de la Magistratura, consejero del Ministro de Justicia, fundador de dos organizaciones no gubernamentales actuando en el ámbito de la democracia y la justicia y autor de números artículos jurídicos.

Este juez publicó en su página de Facebook dos mensajes mostrando su preocupación sobre la injerencia del poder político en diferentes instituciones del Estado con el fin de debilitar su independencia y controlarlas, así como que se había traspasado la línea roja en lo que afecta a la justicia, y que el Ejército estaba legitimado constitucionalmente para poder intervenir y preservar la democracia constitucional. Los mensajes en cuestión tuvieron una enorme difusión tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación y fueron objeto de muchos debates públicos.

El Consejo Superior de la Magistratura de Rumanía incoó procedimiento disciplinario contra el juez, finalizando con la sanción de reducción salarial de un 5% durante dos meses. El demandante impugnó dicha sanción, agotando todas las instancias judiciales internas, argumentando, en esencia, que había actuado en su condición de ciudadano en ejercicio de su derecho a la libre expresión. Finalmente, ante la desestimación de sus pretensiones en los Tribunales rumanos, acudió al TEDH, alegando que se había vulnerado el derecho a la libertad de expresión del art. 10 CEDH.

Dictada la dicha Sentencia de 24 de febrero de 2024, el asunto fue remitido a la llamada “Gran Sala” del TEDH que ha vuelto a examinar la cuestión, dictándose nueva Sentencia el pasado 15 de diciembre de 2025. En dicha Sentencia, por 10 votos frente a 7, se consideró que el juez rumano no se había extralimitado en el uso de su libertad de expresión y que Rumanía había vulnerado su derecho a la libre expresión del art. 10 CEDH. Los razonamientos fueron, en lo que interesa ahora, que el precepto indicado ampara la libertad de expresión de los jueces cuando se denuncia el mal funcionamiento del sistema judicial o bien la ineficacia de las normas sobre la justicia o se alerte sobre ataques a la independencia del Poder Judicial, al orden constitucional o a la democracia.

El TEDH parte de la idea de que los jueces tienen, por razón de su función, una posición privilegiada para poder opinar públicamente e informar a la sociedad sobre estas cuestiones. Entiende que el juez rumano estaba pretendiendo la defensa del orden constitucional y la independencia de las instituciones públicas frente a las que considera continuas intromisiones del poder político, por lo que era, sin duda, una cuestión de interés público. Sobre la apelación a que el Ejército pudiese intervenir para restaurar el orden constitucional, la mayoría del TEDH entiende que fue una referencia genérica y ambigua y no un llamamiento a alzarse en armas y dar un golpe de Estado. 

En definitiva, el TEDH concluye que los mensajes analizados no rompían el equilibrio razonable que debe existir, de un lado, entre el grado de compromiso del demandante con la sociedad para defender el orden constitucional y las instituciones y, de otro lado, su deber de preservar su independencia, su imparcialidad y la apariencia de ambas en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. 

Resulta de interés también conocer los argumentos de los miembros del TEDH que disintieron de la decisión mayoritaria. En lo sustancial, consideraron que la referencia a la posible intervención del Ejército para salvaguardar la democracia es incompatible con el deber de contención exigible a los jueces, pues podía interpretarse como una justificación de un posible golpe de Estado, así como que otras expresiones no eran prudentes.

Y bien, en mi opinión – libremente expresada, desde luego -, las referencias del juez rumano a las injerencias del poder ejecutivo en la justicia o a las dificultades de la función jurisdiccional son de indudable interés público, con independencia de su concreto contenido, esto es, se compartan o no, y están amparadas, por tanto, en el interés de la sociedad de conocer el punto de vista de personas con conocimiento de causa y por la libertad de expresión, cuyos límites no entiendo rebasados ni como ciudadano ni como juez. Libertad que, sin embargo, también en mi opinión, no ampara esa apelación a una posible intervención del Ejército para salvar la democracia constitucional en Rumanía, toda vez que, al margen de que fuera una expresión genérica – faltaba más -, sin duda estaba apelando al posible uso de la fuerza militar contra las instituciones democráticas del Estado, lo que, aunque no lo sé a ciencia cierta, seguramente estará contemplado como un muy grave delito en aquel país. 

A diario escuchamos y leemos también aquí muchas opiniones de jueces y juezas de diverso signo, sobre la organización de la justicia, sobre reformas legales, sobre el poder judicial… Algunas de ellas a título exclusivamente personal y otras invocando su condición judicial. En todos los casos yo defiendo la libertad de expresión, sobre todas las cosas, salvo límites que, para mí, están claros, pues son los límites comunes de este derecho fundamental.

Sobre todo, no defiendo la libre expresión para unas opiniones negándola para otras. Todas las opiniones son, en principio, legítimas – salvo que traspasen aquellos límites -, coincidamos más o menos con ellas. Y las de juezas y jueces, igualmente.

El 12 de marzo de este año en la marcha a favor de los jubilados todo fue gases lacrimógenos, palos y balas de goma. Un cartucho de gas lacrimógeno impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo. La violencia policial estaba amparada en el protocolo “antipiquetes” del Ministerio de Seguridad. Hasta ahora. Frente al reclamo de varias organizaciones, un juez argentino ha declarado nulo ese protocolo que dejó 1400 heridos en dos años de Gobierno de Javier Milei.

El juez federal Martín Cormick falló en contra de la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad que la entonces ministra Patricia Bullrich puso en marcha en diciembre de 2023. El protocolo establece que cualquier manifestación que interrumpa el tránsito constituye un delito en flagrancia, lo que habilita a las fuerzas policiales a intervenir.

Entre los argumentos enumerados en la resolución judicial, el magistrado remarcó las garantías para la libre protesta que emanan de la Constitución. “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

En su escrito, Cormick cuestionó la definición del “impedimento al tránsito” enunciada en el manual represivo, ya que según éste cualquier acto que disminuya el tránsito de una arteria vehicular era considerada un delito susceptible de ser sancionado. En tanto, según el juez, la protesta social implica necesariamente cierto grado de afectación a la circulación.

“El protocolo es ilegal”

El fallo de Cormick llegó tras la presentación de un amparo colectivo impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otras organizaciones que vienen impugnando el marco represivo del Gobierno. Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, señala a elDiario.es que el juez entendió que el Ministerio de Seguridad se excedió en sus facultades y que el protocolo no es legal. “El Ministerio sacó una resolución ilegal por fuera de sus competencias para restringir al máximo posible el derecho a la protesta. Ha sido bajo una forma muy arbitraria, pasando por encima del Congreso y del Poder Judicial, y con un objetivo político claro de mostrar que se podía contener las protesta mediante el uso del protocolo y con un amedrentamiento muy claro a quienes estaban dispuestos a salir a protestar”.

El saldo del protocolo de Bullrich, la ahora senadora del partido gobernante La Libertad Avanza, alcanza a 1.400 manifestantes heridos desde que se implementó. Según datos registrados por el CELS, se contabilizaron en estos dos años exactamente 1.399 heridos: hubo 750 en 2024 y 649 este año.

Litvachky explica cuál es el panorama que se abre con el fallo. “La nulidad del protocolo es aplicable a todo el país porque es un caso colectivo, no individual. En los términos en los que el juez está diciendo que el protocolo es ilegal y que iría en contra de la Constitución también, entendemos que por más que el Ministerio apele, el protocolo va a quedar suspendido”.

El Gobierno apelará

El Gobierno de Milei ya anunció que apelará la decisión judicial. Así lo comunicó la ministra Alejandra Monteoliva, exmano derecha de Bullrich en el Ministerio de Seguridad y su sucesora. En un mensaje difundido en la red social X, Monteoliva sostuvo que “sin protocolo no hay orden, hay caos”, y afirmó que el fallo representa un avance de sectores que, según su visión, “no quieren paz ni orden en la Argentina”.

La sentencia se conoce una semana después de que fuera confirmado el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por el grave ataque que recibió el fotógrafo Pablo Grillo en marzo de este año. En un fallo unánime, un tribunal confirmó el procesamiento del gendarme por lesiones gravísimas y por abuso de armas reiterado en otras cinco oportunidades. El caso de Grillo, joven que aún se recupera tras varias cirugías, ha sido emblemático: expuso la violencia policial en las marchas de los jubilados de cada miércoles, cuando el protocolo antipiquetes se utilizó contra jubilados, periodistas y reporteros gráficos.

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha solicitado a la Justicia medidas cautelarísimas para obligar al festival de música Santas Pascuas que celebra su décima edición se celebra hasta el 5 de enero de 2025 en Pamplona a retirar su cartel oficial, que recrea la Última Cena sustituyendo la figura de Cristo por una imagen “burlesca” de la Virgen María, representada con gafas de sol.

La solicitud se enmarca dentro de un recurso contencioso-administrativo en el que la organización exige al Ayuntamiento de Pamplona que obligue a la organización del festival a devolver la subvención recibida. Alega que la convocatoria de la subvención excluye a los proyectos que “puedan resultar ofensivos para la ciudadanía”. Añade que el festival ha recibido desde 2021 un total 130.000 euros en subvenciones.

Según la denuncia, “el cartel utiliza una composición reconocible por cualquier creyente, imitando deliberadamente la disposición clásica de la Última Cena, pero alterada para generar un efecto burlesco”. La Fundación ha subrayado que “la imagen central, presentada como una falsa Virgen María, incorpora elementos frívolos absolutamente incompatibles con el respeto debido a las figuras sagradas de la fe católica. La imagen es una expresión grosera e insultante, totalmente innecesaria para realizar cualquier tipo de publicidad que ofende a los sentimientos religiosos más profundos de la población católica”. Por ello, Abogados Cristianos exige “la retirada inmediata de dicha imagen o sustitución por cualquier otra imagen sin connotaciones religiosas de ningún tipo”.

La presidenta de la Fundación, Polonia Castellanos, ha afirmado en una nota que “esto recuerda a lo ocurrido en la inauguración de los JJOO de París, otra burla pública hacia símbolos cristianos”. “No vamos a tolerar que se ridiculice la Última Cena ni a la Virgen María. No permitiremos que se utilicen imágenes sagradas en tono de burla para promocionar espectáculos financiados con dinero público”, ha indicado.

Desde Santas Pascuas defienden que los personajes representados son artistas y músicos que participan en el festival y que no se pretende la burla de símbolos religiosos. “El cartel objeto del requerimiento constituye una reinterpretación artística contemporánea de referentes culturales ampliamente reconocibles, realizada desde parámetros estéticos actuales y utilizando elementos propios de la escenografía musical y cultural contemporánea. Los personajes que aparecen representados son artistas y músicos navarros participantes en el propio festival, lo que refuerza el carácter contextual, artístico y no religioso de la composición. En ningún caso puede sostenerse razonablemente que la imagen tenga como finalidad la burla, el escarnio o la denigración de símbolos religiosos, ni que incorpore expresiones objetivamente ofensivas, vejatorias o insultantes hacia la religión católica o hacia quienes la profesan”, han informado.

En este sentido, han lamentado “sinceramente que el cartel haya podido resultar molesto u ofensivo para algunas personas”, pero la organización del festival recuerda que la percepción subjetiva no puede confundirse con una infracción legal ni justificar la limitación de derechos fundamentales protegidos constitucionalmente. Y por ello anuncia su intención de mantener el cartel en cuestión, pese a que desde hace días y coincidiendo con la demanda de Abogados Cristianos están “sufriendo desde hace días una campaña de ataque que incluye arrancar y vandalizar distintos elementos publicitarios del festival ubicados en la vía pública”.

Por último, la organización del festival reitera su “voluntad permanente de diálogo, desde el respeto mutuo y la convivencia de sensibilidades diversas”, y reafirma su “compromiso con una cultura crítica, plural y libre, entendida como espacio de encuentro, reflexión y creación compartida”.

El documento estadounidense sobre la Estrategia Nacional de Seguridad viene a confirmar lo que ya parecía evidente: Donald Trump quiere modificar el sistema tradicional de alianzas (menos Unión Europea y más Rusia, por ejemplo) y, de paso, seguir usando la presidencia para desarrollar los negocios de su familia y sus amigos. Vladimir Putin, líder de una gigantesca cleptocracia, resulta el socio ideal cuando se trata de ganar pasta.

En el breve librito recién publicado se incluyen también algunas opiniones que ya expresó hace meses el vicepresidente James David Vance: la Unión Europea, viene a decir, se irá al garete por falta de patriotismo, baja natalidad, exceso de inmigración, “censura de la libertad de expresión y supresión de la oposición política”. Resulta pintoresco que el firmante del documento, Donald Trump, caracterizado por intentar silenciar con presiones y pleitos cualquier medio o institución que le critique, diga estas cosas.

Aún así, cabe alguna reflexión. ¿Hay libertad de expresión en Europa y, por centrarnos en lo más próximo, en España? Al margen de ciertas ñoñerías oficiales, como las recomendaciones sobre qué términos usar al hablar del cáncer, y al margen de una engorrosa propensión a considerar que las emociones privadas han de tener peso en el debate público, la respuesta es “sí”. No hace falta extenderse para explicar lo obvio.

Otra cosa son determinadas reacciones pueriles ante lo que genéricamente denominamos “negacionismo” y abarca cada vez más ámbitos. Creo que la libertad ampara a quien se empeñe en negar que el planeta tiene forma de bola, que las vacunas son eficaces o que el nazismo hizo todo lo que pudo para exterminar a los judíos. Negar lo evidente, o lo empíricamente demostrable, es una forma como cualquier otra de perder el tiempo. Si esa señora que manda en Madrid se empeña en decir que vivimos en una dictadura comunista controlada por ETA, lo más sensato es sentir compasión hacia ella y hacia quienes la creen.

Esta semana, en Sevilla, un grupo de personas trató de boicotear la presentación de un libro en el que, según parece, se intenta demostrar que las denuncias falsas sobre violencia de género no son las 194 que, entre 2009 y 2016, se catalogaron oficialmente como tales, sino más. Es decir, que el porcentaje no sería el 0,01% establecido por la Fiscalía General del Estado, sino superior.

Por inclinación natural y por experiencia, considero higiénico dudar en principio de las cifras oficiales: todos los gobiernos mienten. Dado que en el libro, firmado por el periodista Juan Soto Ivars, no se niega la existencia real de la violencia machista, sino que se discute el volumen de ciertos efectos colaterales de la legislación vigente, no le encuentro inconveniente. Sí encuentro inconveniente cualquier intento de restringir la libertad de expresión.

El otro día, Ione Belarra publicó un mensaje que comenzaba así: “Ojalá la sociedad se pareciera más a una escuela infantil”. Yo creo lo contrario. Ojalá la sociedad se pareciera menos a una escuela infantil (a la que se acude por obligación y donde se canta lo que mandan maestras y maestros) y más a una organización voluntaria de adultos libres, discutidores y respetuosos, donde nada, nada, estuviera libre de crítica.

El Tribunal Supremo ha rechazado una querella que el Sindicato Unificado de Policía presentó contra Ione Belarra, secretaria general de Podemos, por denunciar “un serio problema de infiltración neofascista” en la Policía y la judicatura en plenos disturbios racistas en la localidad murciana de Torre Pacheco el pasado mes de julio. Los jueces entienden que las expresiones de la diputada “evidencian una falta de respeto y educación”, pero prevalece su libertad de expresión al estar en “un contexto político y social concreto”, en ese caso el auge del odio contra los migrantes tras la agresión a un anciano en la localidad.

Este sindicato, uno de los que tiene más representación y trayectoria dentro de la Policía Nacional, anunció su querella contra Belarra el pasado mes de julio por delitos de odio e injurias graves a las fuerzas de seguridad. Sus palabras, denunció entonces el SUP, “tienen una influencia social que puede derivar en la generación de sentimientos de hostilidad y rechazo hacia los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

La secretaria general de Podemos acudió a Torre Pacheco a la cabeza de una amplia delegación del partido para denunciar los disturbios racistas que se sucedían en la localidad después de que un anciano de 70 años fuera víctima de una agresión a manos de un grupo de jóvenes magrebíes, paliza que la extrema derecha instrumentalizó para fomentar el odio y las cacerías contra la población migrante. Belarra también criticó la actitud de las fuerzas de seguridad y la Justicia al entender que no actuaban con la contundencia suficiente: “Tenemos un serio problema de infiltración de la ideología neofascista, tanto en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como en la Justicia en España, que no funciona iguala en función del color de piel”, denunció.

El Supremo, con el juez Ángel Hurtado como ponente del auto y con el apoyo de la Fiscalía, ha decidido inadmitir la querella del SUP que pedía la imputación de Belarra. Sus expresiones, dice el tribunal, “se enmarcan el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de expresión, emitidas, además, en el contexto de un debate político, pues así lo exige el pluralismo político”. Una causa penal, añade la Sala que preside Andrés Martínez Arrieta, no puede ser un “factor de disuasión”.

Los jueces cargan con dureza contra Belarra por sus declaraciones sobre la Policía y su actuación en los disturbios racistas de Torre Pacheco: “Evidencian una falta de respeto y educación”, dice, y pueden ser consideradas “no sin razón, inconvenientes, desabridas o inoportunas” pero, lamenta, “no son extrañas en el debate político que reina en nuestros días”. La Fiscalía también solicitó en su informe que la querella fuera rechazada de plano y que el Supremo no llegara a imputar a Belarra, que “reúne la doble condición de Diputada de las Cortes Generales y Secretaria general del partido político Podemos”, lo que refuerza su libertad de expresión.

En la actualidad los tribunales catalanes mantienen en prisión provisional al supuesto líder del grupo ultra 'Deport Them Now' acusado de incendiar las redes sociales y promover los incidentes racistas.

El SUP no fue el único sindicato del ámbito policial que anunció acciones legales contra Belarra por sus declaraciones en Torre Pacheco. Jupol criticó que Belarra no acudiera esta semana a un acto de conciliación, anunciando que interpondrá una querella por las mismas declaraciones, condenada en ese aspecto al archivo tras este pronunciamiento del Supremo. Este segundo sindicato añade a sus acusaciones un mensaje que Belarra escribió en la red social X esos días denunciando “racismo institucional” en la Policía Nacional.