Sarah Wynn-Williams, abogada y antigua jefa de política pública global de Facebook, se subió este domingo al escenario del Hay Festival, el encuentro literario anual en un pueblo de Gales. Se sentó entre Tim Wu, catedrático de la Universidad de Columbia, y la periodista Carole Cadwalladr. Wynn-Williams permaneció en silencio todo el evento para evitar una sanción de Meta, la propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp.

Era una de las charlas más esperadas del festival, y se presentaba como una conversación con Wynn-Williams y Wu, que acaba de publicar The Age of Extraction, un ensayo sobre cómo las grandes plataformas se han convertido en un factor de inestabilidad y desigualdad. Hace dos décadas, Wu acuñó el término neutralidad de la red como un principio por el que los proveedores de Internet deben tratar el tráfico de datos sin discriminar ni priorizar contenidos para garantizar una red abierta donde los operadores no favorezcan sus propios servicios o no cobren extra a otros. Cadwalladr es la reportera que en 2018 reveló en el Observer el escándalo de Cambridge Analytica, una consultora que utilizó datos personales de millones de usuarios de Facebook sin consentimiento para la campaña de Donald Trump en 2016.

Wynn-Williams es la autora de Los irresponsables, una crónica de sus siete años en Facebook (ahora la empresa se llama Meta) que denuncia el desdén de líderes egocéntricos y superficiales ante el impacto negativo de la red en la política y la salud, la complicidad con regímenes autoritarios y un ambiente de supuestos abusos laborales y sexuales que llegaba hasta la cúpula, incluida Sheryl Sandberg, la exdirectora ejecutiva. El retrato de Mark Zuckerberg es el de un líder caprichoso, deseoso de atención de los políticos y de la adulación constante de sus empleados. El título original en inglés, Careless People (gente descuidada) viene de una cita de El gran Gatsby, la novela de Scott Fitzgerald: “Eran gente descuidada. Tom y Daisy destrozaban cosas y criaturas y luego se refugiaban en su dinero o en su inmensa despreocupación, o lo que quiera que los mantuviera juntos, y dejaban que otras personas limpiaran el desastre que habían causado”.

Meta dice que el libro de Wynn-Wlliams contiene información “falsa y difamatoria”, aunque no entra en detalles.

El evento en el Hay Festival prometía ser una “conversación abierta y sincera” sobre “los entresijos de la influencia sin precedentes de las redes sociales, las fuerzas ocultas que moldean nuestra vida online y las preguntas urgentes sobre la democracia, la privacidad y la rendición de cuentas en la era digital”. En cambio, la exempleada de Facebook no pudo pronunciar palabra.

Silencio

Wynn-Williams está acostumbrada al silencio sobre su libro, que se publicó en marzo de 2025 en inglés. Entonces Meta acudió al sistema de arbitraje que en Estados Unidos se ocupa de disputas comerciales y argumentó que su antigua trabajadora no debería poder hablar sobre el libro por el contrato que firmó para recibir una indemnización por despido en 2017.

Unas horas después de que el libro llegara a las librerías en Estados Unidos, Meta logró una orden legal para impedir que Wynn-Williams lo promocionara. La decisión del árbitro no afectaba a la editorial ni a la publicación de libro, que ha vendido más de 150.000 ejemplares y que la editorial Península editó el pasado julio en español. Pero Wynn-Williams no podía “amplificar” de ninguna manera el contenido de su libro que podría ser considerado una forma de “comentarios críticos o dañinos” para su antigua empresa. 

La autora no dio entonces las habituales entrevistas para la promoción de su libro y no apareció durante casi un año en eventos públicos para hablar de su libro. En marzo de este año, Wynn-Williams, que es diplomática neozelandesa y ahora vive en el Reino Unido, se atrevió a participar en algunas charlas públicas para hablar sobre tecnología, democracia y la inteligencia artificial, su campo de especialización ahora, pero sin mencionar a Meta o lo que cuenta su libro. 

En uno de los pocos eventos que hizo a principios de marzo, en una pequeña sala de la librería Blackwell’s en Oxford, sin streaming ni apenas cobertura (por la pobre infraestructura local), Wynn-Williams permaneció en silencio, con aire impasible, mientras la moderadora leía pasajes de Los irresponsables. Incluso esos párrafos fueron elegidos con cuidado para evitar las partes más polémicas o críticas con Facebook. 

Pero eventos como el de Oxford molestaron a Meta, que volvió a pedir la intervención de urgencia del árbitro para impedir que Wynn-Williams participara en foros públicos donde se mencionara o se vendiera su libro. Después de los renovados esfuerzos de Meta, la abogada de Wynn-Williams le aconsejó que no dijera nada de nada en el evento ya previsto en Gales. El festival, en lugar de cancelar la charla o quitar a la autora del panel, optó por escenificar el silencio por mandato legal. 

La directora de programación del festival, Helen Bagnell, anunció al público que, siguiendo el consejo legal, la autora no podía hablar, pero acompañaba a los ponentes en el escenario, y así los espectadores estaban presenciando “un acto importante de solidaridad con los silenciados”. 

Wu, el catedrático de Derecho de la Universidad de Columbia, criticó lo que estaba pasando: “Esto es un ejemplo vivo de censura. Tenemos que llamarlo por su nombre. Esta es la era de la censura privada. Es una imposición de poder”, dijo. “Demuestra que algunos de los peores abusos de nuestro tiempo no se limitan a reyes, emperadores o gobiernos, sino que los comete un tipo de empresas que han asumido la soberanía y buscan imponer su poder del mismo modo que lo hacen los Estados despóticos”.

“Parpadea dos veces”

La autora se sentó en silencio y no se atrevió ni a mover la cabeza en forma de asentimiento o negación. “Esto podría ser una primera vez para el Hay, tenemos a un autor en una situación de secuestro”, dijo Cadwalladr, la periodista. “Parpadea una vez si nos oyes, Sarah; dos veces si Zuckerberg es un imbécil”. 

La autora apenas se movía. Ya tiene práctica en no parpadear ni hacer gestos cuando hay referencias a Meta o a su libro. Al final del evento, el público le dedicó una ovación de aplausos tan intensa que la hizo llorar. 

El camino tomado por Meta puede sentar precedente para la libertad de expresión especialmente en Silicon Valley, donde son habituales los contratos como el de Wynn-Williams para evitar críticas de sus prácticas. 

La empresa ha descrito el libro como “una mezcla de denuncias anticuadas y ya contadas” sobre la compañía y “acusaciones falsas” sobre sus ejecutivos, y asegura que la despidió por sus “pobres resultados” y que sus denuncias de acoso estaban infundadas. Pero la empresa ha optado por denunciarla no por contenido del libro, sino por el contrato que firmó al marcharse y que le prohíbe decir una palabra despectiva sobre su antiguo empleador o cualquier persona que trabaje allí. Hay un proceso judicial en curso sobre la legitimidad de esta práctica y si ese contrato sigue vigente para siempre. Entretanto, Meta sigue intentando que la abogada y su libro tengan la menor difusión posible. 

Durante el evento en el Hay Festival, Cadwalladr leyó la carta de la abogada de Wynn-Williams que detallaba las últimas quejas ante el tribunal de Meta. En marzo, justo cuando la autora habló en Oxford y se publicó la edición de bolsillo en inglés, Meta acudió al árbitro designado en su caso en Estados Unidos para pedir una sanción económica contra Wynn-Williams por supuestamente violar la orden preventiva por su contrato.

Según la explicación ofrecida en la carta de la abogada, Meta sostiene que la autora viola la orden “cada vez que aparece en público en un lugar donde debería saber que su libro está en venta y su presencia podría llamar la atención sobre él”, por ejemplo, en una librería. Meta identificaba la participación en el Hay Festival de manera preventiva “como una conducta que debe ser sancionada de manera formal”.

El abogado encargado del arbitraje rechazó levantar la orden temporal que pesa sobre la autora desde hace más de un año y advirtió que no debe hablar en ningún evento “donde su presencia probablemente animaría a las ventas” de su libro.

Una ministra del Gobierno británico aseguró durante un debate sobre derechos laborales en la Cámara de los Comunes que cada infracción le puede costar a la autora 50.000 dólares (más de 43.000 euros). Por precaución, el festival de Gales retiró el libro de la venta. 

Meta aseguró este lunes en un comunicado compartido con elDiario.es y otros medios que “se trata de una resolución del árbitro, no de una decisión de Meta para silenciar a nadie”. “Tenemos derecho a pedir que los términos de esa resolución se cumplan”, dice la empresa, que insiste en la resolución de arbitraje provisional que Wynn-Williams aceptó y que “prohíbe explícitamente la promoción de su libro”. También destaca que el texto es público.

La amenaza de la IA

En los eventos que molestaron a Meta en marzo, la autora se concentraba en un discurso general y más relacionado con el momento actual, en particular la inteligencia artificial y los centros de datos que está intentando atraer el Reino Unido. 

La autora se preguntaba sobre el entusiasmo del primer ministro británico, Keir Starmer, para atraer estos centros como supuesto generador de puestos de trabajo.

“¿Alguna vez ha estado en un centro de datos? No hay nadie allí. Me pregunto si en su cabeza es como un almacén de Amazon y piensa en gigantescos almacenes llenos de gente trabajando”, explicaba Wynn-Williams en la librería de Oxford. “Después de haber pasado mucho tiempo en condiciones gélidas, intentando negociar todo tipo de cosas relacionadas con centros de datos, lo que más te sorprende de estos lugares es su silencio. Son tan silenciosos y están tan vacíos... Y la falta de empleos es tan evidente que me pregunto: ¿es ingenuidad? En mis días más sombríos, pienso en que el ex primer ministro [Rishi Sunak] ahora es asesor de Anthropic y de Microsoft, y que un exministro de Hacienda [George Osborne] ahora trabaja en OpenAI... Si no es ingenuidad, ¿será complicidad?”

Uno de sus principales mensajes en 2026 es que la experiencia de las redes sociales y cómo han alterado nuestro mundo debería servir ahora de lección para la regulación de las empresas de inteligencia artificial. “Muchos de los problemas que surgieron con las redes sociales y la dificultad de regularlas y equilibrarlas con la libertad de expresión y con empresas que son transnacionales o que tienen un alcance global y no necesariamente están sujetas a las leyes locales vienen del hecho que políticos no provenían de ese entorno y, por lo tanto, tardaron en comprender las implicaciones”, dijo la abogada y diplomática. “Y eso parece ser doblemente cierto para la IA”.

En el coloquio después de la conversación en Oxford, Sarah Wynn-Williams explicó a elDiario.es que la mayor amenaza que representa la IA ahora se encuentra en sus usos militares: “La idea de abdicar de la toma de decisiones humanas en torno a armas autónomas letales es enorme, y cambia fundamentalmente la geopolítica”, dijo. Entonces, animó a los ciudadanos a implicarse más porque los problemas que plantea la IA “son existenciales de una manera en la que las redes sociales no lo eran”.

¿Tiene Facebook?

A la pregunta de este periódico de si todavía utiliza redes sociales, Wynn-Williams contestó con otro interrogante: “¿Hay alguien en esta sala porque vio algo en mis redes sociales esta noche?” No, la escritora no comparte nada en redes. Pero también dijo que, más allá del hecho de que ella las haya abandonado, es muy cautelosa al denostarlas y puso el ejemplo a progenitores que se organizan en grupos de redes sociales para hacer campañas para limitar el uso de las redes o de móviles para los menores. 

Lo que la anima es la reacción que no veía antes contra el mal uso de la tecnología porque hay muchas personas “que están pensando seriamente en su propio uso de estas tecnologías”, por ejemplo con la reacción contra X de Elon Musk. Se trata, según ella, de decisiones personales y también de regulación: “Necesitamos que las cosas sucedan en todos los niveles de la sociedad”, dijo.

La presión ciudadana a los representantes públicos a veces comienza con conversaciones entre amigos y compañeros sobre el uso personal de la tecnología. “Todos estos procesos son complicados. Así que no sabes cuál es la última pequeña grieta en el parabrisas que hace que todo se venga abajo”, dijo. “Pero cuanto más hagas, cuanto más hables de ello, más probable es que el cambio ocurra rápido”.

El humorista y presentador de televisión estadounidense Jimmy Kimmel no deja de ver reconocido su trabajo mediático. En esta ocasión, ha sido premiado junto a programas informativos de alto nivel o grandes documentalistas en uno de los premios más prestigiosos de la televisión: el Premio Peabody, algo así como el Pulitzer de la tele. Y él mismo lo reconoce: “Me he sentido muy idiota muchas veces en mi vida pero nunca me he sentido más idiota que ahora en este escenario con este grupo de personas”.

Kimmel, que destacó algunos de los 34 trabajos audiovisuales premiados junto a él con temas tan variados como difíciles de tratar como los “horrores” del ICE, los abusos en las prisiones de Estados Unidos, las protestas contra la Guerra de Vietnam o “un profesor que se enfrentó a Putin”, negó estar a la altura de todos ellos.

“He llamado a nuestro presidente Fattyshack [apelativo que se utiliza para definir lugares informales de venta de comidas especialmente grasientas]... Y Blob el constructor. Y Lie-ger Woods [una referencia a Tiger Woods y a la palabra mentiroso]. Hipócrita Hambriento Hambriento [Hungry Hungry Hypocrit, referencia al juego infantil Tragabolas, que en inglés se llama Hungry Hungry Hippo]. Nuestro padre sobón [Our Fondling Father, una referencia a los Padres Fundadores de la nación estadounidense]. Mar-a-Lardo [lard/lardo es grasa de cerdo en inglés]. Nelson Tandela [juego de palabras con el nombre del expresidente sudafricano Nelson Mandela y la palabra anglosajona 'tan', bronceado]. Y Nostra-Idiota (NostraDumbass). Y, de alguna forma, hemos obtenido un Peabody por ello”.

Los premios, organizados por la Escuela Henry W. Grady de Periodismo y Comunicación de Masas de la Universidad de Georgia, son considerados los galardones más antiguos otorgados a los medios audiovisuales. Entre los galardonados a lo largo de las últimas décadas —se entregaron por primera vez en 1941— destacan grandes personalidades de la información en televisión como Walter Cronkite, Judy Woodruff, Christiane Amanpour, Charlayne Hunter-Gault, Gerardo Reyes, que participó en la investigación sobre Julio Iglesias, o los periodistas de AP Mstyslav Chernov, Evgeniy Maloletka y Vasilisa Stepanenko, que cubrieron la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Y Kimmel lo resumió en: “Si no lo sabíais aún al leer las noticias... este país realmente se ha ido a la mierda”. Aunque después se puso serio, y afirmó que bromear sobre el presidente en EEUU “no debería hacerte ganar un premio”. “Tenemos el derecho, garantizado por la Constitución, de criticar y satirizar a nuestros líderes. Este es un derecho que di por garantizado, durante los primeros 57 años de mi vida, hasta el pasado septiembre, cuando la FCC entregó una sorpresa desagradable”.

A mediados del mes de septiembre de 2025, el programa del presentador estadounidense estuvo en “suspensión indefinida” por un comentario de humor sobre el supuesto asesino del activista ultraconservador Charlie Kirk tras una petición de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) a su cadena, la ABC, y que una semana después describió como un ejemplo más del ataque constante de la Casa Blanca a los medios de comunicación y las voces críticas, con amenazas y chantajes incluidos y tildó de “antiamericano”.

Jimmy Kimmel ha asegurado que lo que vivió después le sorprendió aún más: “He visto cómo millones de personas, incluso algunas del otro lado, objetaron, alzaron la voz, marcharon, ¡cancelaron sus suscripciones a Star Wars! Porque se negaron a permitir que nuestras libertades sean demolidas como el Ala Este de la Casa Blanca”. Y añadió que “enviaron un mensaje” afirmando que les importa, que están al lado “cuando la comedia, el periodismo, la disidencia, son censuradas y reguladas y criminalizadas”.

Para terminar su breve discurso de agradecimiento, el presentador de televisión quiso agradecer a sus compañeros de trabajo así como al jurado y no dejó pasar el momento para agradecer al presidente Donald Trump, “nuestro Comandante-en-Caco (Commander-in-Thief), Abra-estafa Lincoln (Abrahascam Lincoln), Julio César Naranja (Orange Julius Caesar), Codicioso McGolfy (Greedy McGolfy), Tonty McManoseo (Dopey McGropey) y Calabaza McPornochepa (Pumpkin McPornhumper). Gracias por inspirarnos para luchar por nuestra libertad de expresión”.

La Justicia insiste en mantener abierta la persecución penal contra Mongolia por la portada de la revista de 2022 que se mofaba del belén. La Audiencia de Barcelona ha dado por segunda vez la razón al colectivo ultraderechista HazteOir y ha obligado a la jueza de Mataró a reabrir la causa contra los editores de la publicación.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona estima el recurso de HazteOir contra el archivo de la causa que ordenó la jueza de Mataró el año pasado al constatar que era la cuarta querella de colectivos ultras contra la revista por la misma portada, una circunstancia que la magistrada tildó de “situación peculiar”.

El tribunal, formado por los magistrados José Carlos Iglesias, María Carmen Hita y Begoña Sos, se agarra a un tecnicismo para reabrir el caso y consideran que no es válido el argumento empleado por la jueza para cerrarlo. Los mismos jueces ya habían ordenado reabrir el caso tras su primer archivo en 2025 al valorar que la portada del belén podía “ofender” católicos.

Tras tomar declaración a los editores de Mongolia por orden de la Audiencia de Barcelona, la instructora concluyó que la sátira del belén ya era una cosa juzgada debido a las tres querellas anteriores de otros colectivos ultras por la misma portada que ya fueron desestimadas. En consecuencia, no se podía investigar de nuevo algo que ya se había considerado que no era delictivo.

Por el contrario, este argumento de la cosa juzgada “debe decaer”, según la Audiencia de Barcelona. A criterio del tribunal, la inadmisión de plano de la querella de HazteOir acordada por la jueza de Mataró resulta “incompatible” con la cosa juzgada, que debe decidirse tras haberse practicado una instrucción “suficiente” de la causa.

No obstante, el propio tribunal admite que la jueza también incluyó en su resolución de archivo otros argumentos además de la cosa juzgada. La magistrada concluyó que la mofa del belén no hacía “escarnio” ni tenía un “ánimo deliberado” de ofender, y además estaba amparada por la libertad de expresión.

Los jueces ordenan a la instructora de Mataró que se pronuncie, antes de decidir si archiva por tercera vez la investigación, sobre las diligencias propuestas por los ultras en su recurso, entre las que se encuentran una prueba “pericial semiótica” sobre la portada, una valoración de la misma y de las “métricas de difusión” de la revista.

El caso de Mongolia expone el uso interesado de la Justicia por parte de asociaciones ultras, que emplean delitos decimonónicos como la ofensa a los sentimientos religiosos (un tipo penal que numerosos juristas consideran desfasado y contrario a la libertad de expresión) para perseguir opiniones contrarias a la suya.

Antes de la querella de HazteOir, la revista ya había recibido querellas por la misma portada de la Comunión Tradicionalista Carlista (redactada por el mismo abogado que la de HazteOir), el sindicato Manos Limpias y los ultracatólicos Abogados Cristianos, todas ellas archivadas.

Para los editores de la revista, la ofensiva ultra suponía un caso de “acoso jurídico” porque, aunque los casos se hayan archivado, la revista ha tenido que destinar fondos a abogados y procuradores.

El Juzgado de Instrucción de Villaviciosa (Asturias) ha acordado abrir diligencias previas por un posible delito contra los sentimientos religiosos tras la denuncia presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos contra los responsables de la denominada 'Santina Queer', exhibida durante la manifestación del 8 de marzo en Asturias.

Según la resolución judicial, existen indicios de un posible delito de escarnio religioso, por lo que se investigarán los hechos ocurridos en Villaviciosa durante la citada jornada, en la que un grupo vinculado a Asamblea Moza d'Asturies desfiló con una imagen que imitaba a la Virgen de Covadonga, modificada con símbolos trans, banderas arcoíris y otros elementos considerados ofensivos para los algunos católicos.

En su denuncia, Abogados Cristianos sostiene que la figura reproducía deliberadamente la estética de una procesión de Semana Santa mediante una falsa Virgen de Covadonga adornada con gafas de sol, simbología trans y banderas arcoíris, mientras se coreaban consignas contra la Iglesia y el Arzobispo de Oviedo. La organización considera que los hechos constituyen “una burla organizada y consciente” contra uno de los principales símbolos religiosos de Asturias.

La magistrada ha acordado la práctica de diversas diligencias de investigación, entre ellas la identificación de los responsables de la organización, la citación como investigados de sus representantes y la toma de declaración a testigos.

Desde Abogados Cristianos recuerdan que la entidad ha obtenido resoluciones judiciales en casos similares relacionados con actos que consideran ofensivos contra símbolos cristianos, como la condena a las organizadoras de la denominada procesión del 'Chumino Rebelde' en Málaga.

La presidenta de la organización, Polonia Castellanos, ha señalado que llevan demasiado tiempo “viendo cómo algunos colectivos utilizan el cristianismo como objetivo de sus provocaciones ideológicas” y ha añadido que “nunca se atreverían a hacer algo parecido con otras religiones”.

Asimismo, Castellanos ha defendido que “la Virgen de Covadonga no es un símbolo político ni una excusa para hacer propaganda”, sino “un símbolo sagrado para millones de españoles que merece el mismo respeto que cualquier otra confesión religiosa”.

La sección sindical de Comisiones Obreras en Prisa Radio, la empresa del Grupo Prisa que engloba a la Cadena SER, y mayoritaria en el comité de empresa se ha pronunciado por primera vez desde la salida de Ángels Barceló de la cadena de radio tras tomar la decisión de no renovar su contrato por “motivos profesionales” después de 21 años en la emisora, según desveló su compañero y también presentador de la cadena Carles Francino este lunes.

En un comunicado titulado 'En defensa de la profesionalidad de los trabajadores de Cadena SER y en agradecimiento a Àngels Barceló', la representación sindical de CCOO ha querido expresar su “reconocimiento y agradecimiento” a la todavía presentadora del programa Hoy x Hoy, líder de audiencia de la radio en la franja de las mañanas por “su trayectoria, su compromiso constante con la marca y por su contribución decisiva al liderazgo informativo” de la cadena durante años.

Desde el sindicato agradecen su “apoyo y adhesión inquebrantable” a la plantilla en momentos de “reivindicaciones sociales y laborales importantes para todos los trabajadores y trabajadoras” de la casa. “A Angels, le deseamos la mejor de las suertes, en su vida y en sus proyectos futuros que, sin duda, estarán a la altura de su profesionalidad”, añaden.

Los representantes de los trabajadores de la Cadena SER quieren así mismo manifestar su “absoluto rechazo” a las acusaciones que han sido vertidas en los últimos días en algunos medios y en redes sociales “en las que se pone en duda la labor y profesionalidad de la plantilla” o se vincula la situación “a supuestos giros ideológicos o a injerencias” que, afirman, “a día de hoy” no les consta “se hayan producido”.

“La Cadena SER, como cualquier medio, cuenta con una línea editorial definida, pero esta nunca se sitúa por encima del principio que vertebra nuestro trabajo: el rigor informativo y el compromiso con la verdad”, aseguran desde el sindicato Comisiones Obreras, que defiende que los profesionales de la cadena radiofónica ejercen su responsabilidad con “criterios periodísticos firmes basados en el contraste de fuentes, la verificación de los hechos y el respeto estricto a la deontología”. Y agregan que “ese rigor y la lealtad hacia los ciudadanos es lo que nos ha consolidado como referente informativo durante décadas”.  

La sección sindical afirma que no va a permitir que se cuestione el trabajo de los profesionales de la SER que trabajan cada día “incansablemente” para ofrecer una información “fiable, contextualizada y contrastada”. Y recuerda que tras cada programa e informativo hay equipos de periodistas, técnicos, productores, realizadores o documentalistas “íntegros e implicados” y con el objetivo claro de “contar lo que ocurre con precisión, responsabilidad y vocación de servicio público”.  

El comunicado sindical termina con un “mensaje directo” a la audiencia de la cadena, en el que defienden el firme compromiso de los profesionales con el periodismo de calidad y la independencia.

Una jueza de Valladolid ha dado la razón a Abogados Cristianos y ha condenado a El Jueves por vulnerar el derecho al honor de la presidenta de la asociación ultracatólica, Polonia Castellanos, en relación con las viñetas que la publicación dedicó a la líder de la entidad para nombrarla “Gilipollas del año 2024”, una de las secciones de la revista satírica.

La sentencia, que la revista recurrirá ante la Audiencia de Valladolid, considera que la publicación satírica es una intromisión ilegítima en el derecho al honor de Abogados Cristianos y de su presidenta. El fallo impone a El Jueves una indemnización de 2.000 euros para la entidad y otros 4.000 para su presidenta.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, concluye que, de todo el reportaje, el texto de la última viñeta vulnera el honor de la entidad y de su presidenta. La frase condenada rezaba, a modo de conclusión: “Así que sí, gilipollas, pero no gilipollas de tontos, sino gilipollas de malvados, de mezquinos, de personas egoístas que solo buscan enfangar el bien común”.

Según la magistrada María Vanesa Díez, este texto supone “un insulto, absolutamente desproporcionado”. La frase final de la publicación, a criterio de la jueza, “sobrepasa el ámbito de la libertad de expresión constitucionalmente amparado” y está “desvinculada de la idea crítica que se transmitía al llamar 'gilipollas'”.

Llamar “gilipollas” en esa última viñeta, apostilla la magistrada, “no está justificada por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión o de crítica de la publicación”. La revista, insiste la jueza, “no goza de un derecho a insultar, incluso aunque el destinatario del insulto ostente un cargo relevante”.

El resto de contenido de las viñetas, en cambio, no atentan contra el honor de la entidad. Primero, expone la jueza, porque “no son vejatorias” frases como las atribuidas a Castellanos en otras viñetas: “Miradme, soy la más cristiana de todos”; “todo lo que me molesta debe ser incluido en el Código Penal”; o “que alguien me haga caso, por favor”.

Estas viñetas tan solo son “el reflejo de opiniones expresadas en un contexto de sátira, humor y crítica de la revista El Jueves y no tienen en sí mismas un contenido ofensivo”, argumenta la sentencia.

No hace referencia la sentencia a que, además del contenido satírico de todas las páginas de la revista, la sección es un recopilatorio anual del 'gilipollas de la semana', que realiza en cada número de El Jueves el humorista gráfico Pedro Vera.

El caso es un nuevo ejemplo de la judicialización, por parte de la entidad ultra, de comportamientos o expresiones artísticas contrarias a su ideario. En esta ocasión, Abogados Cristianos acudió a la vía civil, y no a la penal, donde sus anteriores querellas habían acabado en archivo. Según advierten varios expertos, este tipo de acciones legales solo buscan disuadir las críticas, ya que, en la vía penal, la primacía de la libertad de expresión las aboca al fracaso.

El artículo demandado es una sección satírica de la revista de enero de 2025 dedicada a los 'Gilipollas' del año anterior. Los protagonistas eran Castellanos y la entidad que preside. En cuatro páginas, El Jueves, con su estilo burlesco y satírico, se mofaba de Castellanos y de varias de sus actuaciones judiciales de los últimos años, como la querella contra la revista Mongolia por una sátira de un belén.

La “calificación directa” de Castellanos como “gilipollas del año”, se produjo no en un espacio satírico, según Abogados Cristianos, sino “en un contexto de menosprecio personal” que, a juicio de la entidad ultra, muestra “una clara intención de ofender y humillar”.

La expresión “gilipollas del año”, sostenía Abogados Cristianos, “carece de interés informativo y no puede ampararse en la libertad de expresión”. “Los juicios de valor (como calificar a Polonia Castellanos Flórez y la Fundación como egoístas, 'gilipollas', estafadores o afirmar que tiene un ego desmedido) utilizan un lenguaje claramente insultante e innecesario”, resaltaba la entidad.

Mi catedral, el nuevo disco de Triángulo de Amor Bizarro, es una cápsula de emociones que se expanden una vez lo escuchas. Hay crítica sobre las jerarquías establecidas y cómo ejercen el poder quienes lo ostentan. Hay letras que inoculan ganas de salir a las calles a protestar y a la vez hacer autocrítica para mejorar –o al menos no entorpecer– el día a día de quienes nos rodean. También hay sensación de refugio, abrazo y empujes a la diversión, a valorar lo que sí está. El álbum reivindica los logros generacionales sin eludir las decadencias; y propone reflexiones incómodas o menos complacientes en torno a cuestiones como si deberíamos matar a los reyes o CEO de las grandes compañías.

“La idea de banda se está perdiendo porque la industria discográfica está potenciando más a los artistas solistas”, valoran a su vez, tras publicar un álbum que tiene por bandera precisamente lo contrario. Un canto a lo colaborativo, al poder de lo colectivo y su pertinencia dentro del universo que siguen conquistando con sus composiciones: “No es un disco enfadado, pero sí de sobrevivir en una época que claramente es jodida”.

Lo político lleva atravesando su música desde sus inicios y se mantiene en Mi catedral, ¿cómo eligen de qué quieren hablar en sus canciones?

Rodrigo Caamaño Díaz: Las canciones son siempre emocionales, nos atraviesan. No decidimos de qué queremos hablar. No decimos: “Vamos a hacer una canción política”, pero a la vez queremos ser muy permeables. Nuestras canciones hablan del mundo y del momento en el que vivimos. Con Trump, el genocidio palestino, el problema de la vivienda, con los magnates tecnológicos al borde del delirio. Y al final hacemos canciones románticas pero que obviamente invadidas por todo eso. Siempre fue nuestra base que nuestro entorno es lo que nos produce sensaciones y las sensaciones las escribimos en canciones.

Una de las canciones más contundentes del disco es Odio a mi generación, ¿de dónde nace querer poner ahí el foco?

Isa Cea: No es tanto un odio a la generación en sí, sino a lo establecido, porque ya la palabra generación es una clasificación de cosas en la que nosotros siempre estuvimos desclasificados a muchos niveles. Hay algo muy necesario de gritar y de hacer autocrítica.

RG: Está bien que ninguna generación acepte lo que te viene dado. Somos una generación que era pleno aznarismo, una época supermachista, en pleno pelotazo económico y después la crisis. Nuestra forma de encontrar nuestro sitio en el mundo fue esa pulsión post-adolescente de querer que lo que hagas no pase de largo. Y esa ansia es muy buena porque te permite encontrar tu lugar en el mundo y una forma de hacerlo es ese cierto punto de rebeldía.

En la canción Matar al Rey plantean si estaría bien hacerlo, también con un CEO. ¿A qué conclusión han llegado cuando se hicieron esta misma pregunta?

IC: Es una pregunta recurrente. ¿Por qué a María Antonieta le cortarían la cabeza? Podría pasar ahora.

RG: Estamos viviendo una especie de feudalismo en el que la gente ultrapoderosa tiene más poder que nunca en la historia. Ahora las compañías tecnológicas tienen más poder que los emperadores romanos, porque de estos te podías esconder. Están siendo muy perjudiciales para el mundo. No hablo de matarles porque es una canción, pero sí es una crítica al sistema que nos quieren intentar instaurar, que devalúa la democracia, al propio pueblo y que sea el pueblo sea dueño de su destino. Es un momento muy peligroso y es importante tomar conciencia y hablar de ello.

IC: Lo estamos viendo, pero también estamos siendo guiados. Hay una lucha de información y de ideas, y una normalización de que cualquiera puede decir cualquier burrada. Hace falta reflexionar sobre por qué estás ahí y por qué a veces no tienes otra opción. Nosotros mismos tenemos redes sociales porque si no, no existiríamos, pero las odio con toda mi alma. Me quita mucho tiempo y ojalá explotaran todas, pero tengo que estar ahí.

RG: Nuestra intención al empezar el disco era poner a la banda en el centro. Las bandas somos metáforas de la idea de la disolución del ego, que me gusta mucho, porque estamos haciendo algo que ninguno de nosotros podríamos hacer por separado. Los instrumentos y los arreglos los planteamos siempre así. La idea de banda se está perdiendo porque la industria discográfica está potenciando más a los artistas solistas. Me encantan los solistas, pero nos apetecía recuperar lo que era la banda clásica contracultural. Poder hablar de todo, pero desde un punto de vista visceral y emocionante. Son temas que salen porque están ahí y todo el mundo los está viendo. Tenemos muchos discos enfadados, pero no creo que este lo sea; sí sobre sobrevivir en una época que claramente es jodida.

La industria musical no se escapa a esta manera de estar siendo guiados que comentaban, ¿cómo se llevan con la imposición de tener que estar publicando todo el rato o contentar al algoritmo de Spotify?

RD: Lo de las estadísticas de Spotify es absurdo. No creo que tarden mucho en quitarlo porque cuando venga la IA se va a descontrolar por completo y creo que eso nos va a beneficiar, porque le vuelve a dar un poco el misterio a la música. Es inevitable que lo primero que mires son los números que aparecen ahí condiciona completamente lo que escuchas.

IC: Condiciona lo que escuchas y hacia donde va la música, porque muchos programadores y programadoras de salas también ven primero los números. Lo escuché de gente alternativa y es un error, porque una banda que no escuchó nadie no quiere decir que no vaya a ser buena o que no vaya a desarrollarse por un lado más interesante que otras que salen con una estrategia de marketing brutal, desde donde es mucho más fácil dirigir el arte, y entonces el arte acaba siendo otra cosa.

RD: Se dice por ahí que incluso hay sitios que programan sin escuchar el grupo, solo con los números.

IC: Y por eso también cada vez suena más parecida la música. Pones la radio y dices, ¿dónde está la diferencia? Está todo que si te sales, no suenas. Bienvenido al mundo alternativo. No hay posibilidades en la industria.

La idea de banda se está perdiendo porque la industria está potenciando más a artistas solistas

Triángulo de Amor Bizarro — Banda

Hace dos semanas tocaron en las Fiestas de San Isidro, donde hubo quejas sobre el volumen de los conciertos. ¿Cómo les afectó? ¿Se les informa sobre los estándares de sonido que va a haber o se lo encontraron por sorpresa?

RD: Es un agobio y estrés considerable, porque normalmente te encuentras con estas cosas con el concierto anunciado. Que haya limitadores en las plazas suele ser normal por normativa de ruido, pero aquí era absurdo porque había un limitador de 89 decibelios, que son una escala logarítmica. Esto quiere decir que 90 DB es el doble que 89. Y claro, tú llegas y no puedes hacer tu trabajo; y el público se encuentra con una problemática que no entiende y piensa que es culpa tuya. Nosotros no cancelamos conciertos casi nunca. Supongo que a alguien a quien no le importaba se le ocurrió sin consultar a ningún técnico. Muchas veces pasa eso, que sea un cargo político y no escuche a alguien que sepa un poco del tema.

Apuntaban que hay situaciones en las que el punto de mira se pone sobre los artistas, como ocurrió el año pasado con la cancelación de actuaciones en festivales participados por el fondo de inversión con intereses en Israel KKR. ¿Cómo lo vivieron?

IC: La música siempre estuvo muy en el foco de las cosas chungas. Siempre hay algo que decirle al músico, a la música, a los festivales. Como músicos no vamos a tener un análisis tan exhaustivo ni de los decibelios que hay ni de quién patrocina. Vamos a tocar. Pero muchas veces me pregunto si en muchos trabajos saben realmente quién está detrás o cómo lo hacen. Hay cosas que se te escapan y nosotros siempre, evidentemente con el discurso marcado que tenemos, vamos a tener coherencia en lo que hacemos.

RD: Cuando disponemos de la información total, siempre escogemos. A veces se sitúa como un eslabón débil. Es más fácil atacar a la música que a un deporte famoso. También es en cierta parte porque la música es más incómoda. No todos los artistas, pero sí que hay cierta incomodidad del poder a determinado tipo de música. También hubo en Madrid por las protestas contra los desahucios que hubo ese mismo día, a las que nos sumamos. Protestas que deberían entrar en la libertad de expresión.

Eso de que los artistas no pueden decir nada, mira no. Cualquier persona puede decir lo que le dé la gana, y más si tiene un micrófono, ¿quién es nadie para decirte tú a tocar y cállate, que solo pueden hablar los políticos? A los políticos los escogemos el pueblo, y si el pueblo no se ve representado por determinados políticos, puede hablar.

Nuestra forma definitiva de hacerlo son las canciones, porque en todas nos posicionamos. Eso de que los artistas tenemos que estar en un determinado punto es del artista medio de la época del franquismo que era la España de pandereta. Creo que claro que nos podemos posicionar y los políticos tendrían que tener un poco más de lomo y respetar las declaraciones.

Este año molestaron a un medio católico que les acusó de “amplificar consignas violentas y de estética satánica” por un concierto que dieron en una iglesia de Bilbao, donde gritaron “puto Vox”. Les respondieron con un comunicado, ¿cómo gestaron su respuesta?

IC: Fue una maravilla (ríe).

RM: A mí me fascina que lo que molestase fuese decir “puto Vox” en vez de muchas otras cosas que podría haber en las letras. Era por algo que tampoco era eclesiástico.

RD: El líder de ese partido está diciendo burradas todos los días y hay cosas mucho más agresivas. Y que además, con todo el respeto, fue un concierto que nos encantó hacer. No hubo ninguna polémica hasta que de repente salieron de una catacumba unos de una web. Lo que no me gustó del artículo es que aparecía nuestra cara en una foto recortada de la sesión, que le faltaba la diana. Era como buscar un poco un linchamiento y por eso decidimos hacer un comunicado.

Vídeo entrevista completa

Vídeo: Álex Corral

Los agitadores ultraderechistas Vito Quiles y Bertrand Ndongo ya tienen prohibida su entrada en el Congreso, aunque aún de manera cautelar. Este miércoles, la Mesa de la Cámara dio luz verde a las primeras sanciones contra ambos activistas por los reiterados altercados que han provocado y decidió retirarles provisionalmente la acreditación de prensa. Fuentes del Congreso explican que, en las próximas semanas, se empezarán a resolver de manera definitiva algunas de las más de una decena de denuncias que acumulan ambos activistas, lo que previsiblemente conllevará la imposición de más sanciones. Si se demuestra que ha existido acumulación de faltas graves, como las fuentes consultadas prevén que ocurrirá, estas sanciones podrían derivar en la expulsión permanente de ambos de la Cámara Baja.

La Mesa ha tomado esta decisión con el apoyo de la mayoría que reúnen PSOE y Sumar, mientras el PP —que se ha mostrado cercano en los últimos tiempos a Quiles y que incluso le invitó a su cierre de campaña en Aragón en febrero— ha decidido levantarse del órgano para no votar. La suspensión aprobada este miércoles es provisional y debe ir renovándose, pero como ambas formaciones progresistas tienen mayoría asegurada en el órgano de gobierno del Congreso, podrán ir extendiendo la sanción hasta que empiecen a llegar las resoluciones definitivas. Fuentes de la Cámara Baja aseguran que la suspensión cautelar se adopta “ante la reiteración de altercados y notable deterioro de la convivencia” en las últimas semanas, y “a la espera de la resolución definitiva de los numerosos expedientes que [Quiles y Ndongo] tienen abiertos por altercados de distinta índole y que están en tramitación”.

“La Mesa se ve obligada a tomar esta medida cautelar por el notable deterioro de la situación en las salas de prensa y otras dependencias de la institución, que imposibilita el normal funcionamiento de la Cámara y sus miembros en su relación con los medios de comunicación, pilar esencial de la democracia”, argumentan las fuentes de la Mesa consultadas. ⁠La suspensión provisional se ampara en el artículo 56.2 de la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, que dispone que “antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas”.

Los altercados que se produjeron la semana pasada han sido el detonante que ha llevado a que este miércoles se adoptara la suspensión cautelar de Ndongo y Quiles. Fuentes de la Mesa denuncian que, tan solo en esta última reunión, el órgano “ha tenido que tramitar cuatro informes emitidos por el Consejo Consultivo de Comunicación, formado por funcionarios, políticos y periodistas” contra los dos agitadores ultraderechistas “por episodios de intolerable nivel de violencia verbal, e incluso de ataques físicos a diputadas de esta Cámara”. En concreto, esa mención a la violencia verbal y física se refiere a los insultos proferidos por Ndongo el martes de la semana pasada contra la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, a quien llamó “idiota” y, posteriormente, acosó en las inmediaciones de la Cámara Baja, llegando a impedirle durante unos momentos acceder a un taxi.

Las fuentes parlamentarias consultadas concretan que, en menos de diez meses que lleva vigente la reforma del reglamento del Congreso que permite sancionar los altercados provocados por pseudoperiodistas, Quiles cuenta con ocho expedientes abiertos, dos de ellos con una propuesta de sanción ya emitida. Ndongo, por su parte, tiene tres procedimientos pendientes, uno de ellos con propuesta de sanción y en fase de alegaciones finales por parte del afectado antes de que la Mesa resuelva definitivamente.

La Audiencia de Barcelona ha absuelto al humorista Jair Domínguez, al que Vox reclamaba dos años de cárcel. Los jueces concluyen que la intervención radiofónica del cómico en la que llamó a dar “un puñetazo” al fascismo no es un delito de odio, como sostenía el partido de extrema derecha, sino que se enmarca en la libertad de expresión.

El caso de Domínguez es un ejemplo del efecto desaliento a la libertad de expresión que comporta trasladar a la vía penal (aunque el caso termine en absolución) los desacuerdos con las opiniones hirientes o que molestan, en lo que se ha convertido en una estrategia habitual de partidos y entidades de extrema derecha.

La Fiscalía pedía absolver al humorista al considerar sus palabras enmarcadas en la libertad de expresión. Vox era la única acusación del caso y reclamaba para el cómico dos años de cárcel por un delito de odio, pese a que es un tipo penal pensado para protegera a minorías tradicionalmente discriminadas y no al fascismo.

El caso se remonta al año 2021. Domínguez fue denunciado por Vox por su discurso en el espacio de un minuto que tenía en 'El Matí de Catalunya Ràdio' antes de las 8:00h., en el que daba una opinión sobre la actualidad en clave de sátira y astracanada. Dos días después de las elecciones catalanas, el humorista se mostró “horrorizado” por los pueblos en los que más se había votado a Vox.

“Al final resulta que la Catalunya poligonera es neonazi, quien lo iba a decir. [...] Al fascismo, a los nazis se les combate con un puñetazo en la boca. No hay medias tintas. Vuestros abuelos fusilados, enterrados en cunetas y en el campo de concentración de Argelers no os dijeron que al fascismo se le combate en las urnas. Todo el mundo puede votar, hasta los que no están bien de la cabeza, y nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos”, aseveró Domínguez.

En su sentencia, la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona concluye que las palabras de Domínguez no tienen “relevancia penal” y que con ellas no llamó a la violencia. “De ninguna manera sus expresiones tienen intención de incitar al odio”, concluyen los magistrados, que destacan que la intervención del cómico no generó ningún “riesgo real” de violencia.

Remarca el tribunal el contexto postelectoral en el que el humorista las pronunció y que no puede hacerse una “interpretación literal propia de un acto violento”, sino que las palabras de Domínguez hay que interpretarlas “en un sentido metafórico, con el que viene a decir que al no haber podido ser combatido el fascismo en las urnas, tendría que hacerse suprimiéndoles el uso de la palabra”.

En suma, para el tribunal hay que enmarcar la intervención del humorista “dentro de la notable ampliación de los límites a la libertad de expresión” consagrada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), y que Vox obvió en el procedimiento. “Una opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político, es un valor fundamental y requisito de funcionamiento del Estado democrático”, apostillan los jueces.

Pablo Rodríguez, vecino de Granada y socio del bar Loop -un céntrico establecimiento hostelero-, permanece hospitalizado y pendiente de ser operado después de sufrir en la madrugada del sábado una agresión en el centro de la capital granadina que la Policía Nacional ya investiga. Su entorno sostiene que el ataque estuvo motivado por la camiseta antifascista que llevaba puesta.

Los hechos, avanzados en Ideal, ocurrieron en la zona entre calle Pavaneras y el inicio del Realejo, después de que Rodríguez terminara su jornada de trabajo en el establecimiento hostelero del que es socio. Según relata su pareja, la activista feminista Alejandra Chenoll, ambos salieron del local junto a varias amistades poco después del cierre, alrededor de las tres de la madrugada.

“Yo iba unos metros más atrás hablando con una amiga y de repente escuchamos un golpe”, explica Chenoll en conversación con este periódico. Cuando llegó hasta el lugar donde estaba Pablo, lo encontró inconsciente en el suelo y “en un charco de sangre”.

Dos jóvenes que se acercaron a auxiliarles les explicaron que habían visto salir corriendo a un grupo de unas seis personas. Horas después, ya en el hospital y tras recuperar parcialmente la conciencia, Rodríguez pudo relatar lo sucedido. Según su testimonio, varios jóvenes comenzaron a increparle por la camiseta que llevaba puesta, con el mensaje “Antifascist Bitches”, antes de rodearlo y golpearlo. “Le dijeron si estaba orgulloso de la camiseta”, relata Chenoll. “Le pegaron un único puñetazo, le rompieron el pómulo y lo noquearon”.

Operado tras fracturarse el pómulo

La víctima sufrió una fractura de pómulo y permanece ingresada para recuperarse de la intervención quirúrgica a la que se ha sometido. Su pareja insiste además en desmontar algunas versiones iniciales que apuntaban a una pelea nocturna. “No fue una pelea. Fue una agresión”, sostiene. “No iban borrachos ni hubo una discusión previa. Lo rodearon y le pegaron”.

Chenoll asegura que el golpe dejó inconsciente de inmediato a Rodríguez, que cayó al suelo y se golpeó también la cabeza. “Yo cuando lo vi pensaba que estaba muerto”, afirma. “Creo que se largaron porque pensaron que estaba muerto. Si no, la paliza podría haber sido mayor”.

La Subdelegación del Gobierno ha confirmado a este periódico que la Policía Nacional mantiene abierta una investigación sobre lo ocurrido. La familia prevé además presentar denuncia formal en las próximas horas y solicitar la revisión de las cámaras de seguridad de la zona.

Además, el caso ha provocado ya reacciones de colectivos sociales y organizaciones de Granada, que han mostrado públicamente su apoyo a la víctima y han convocado una concentración de rechazo a la agresión. Chenoll entiende que sucedido tiene lugar en un contexto de creciente actividad ultra en la ciudad y asegura que durante esa misma mañana aparecieron pintadas con simbología nazi en distintos puntos de Granada y firmados por Curva Sur, una formación ultra vinculada al Granada Club de Fútbol y con miembros de la excisión de Hogar Social Granada, una organización fascista con implantación por toda España.

“Es importante que se sepa que no fue dentro del bar y que no fue una pelea cualquiera”, insiste. “Fue porque iba solo con una camiseta. Nos puede pasar a cualquiera”. Mientras Pablo se recupera de su agresión, la investigación policial tratará de esclarecer los hechos y dar con los presuntos agresores.

Cuando Jodie Ginsberg, directora ejecutiva del Comité para la Protección de los Periodistas, trata con colegas sobre los riesgos de los reporteros por el mundo, las conversaciones suelen ser sobre cascos y chalecos antibalas de la talla adecuada, ventanas reforzadas en las redacciones para resistir a ladrillos, piedras y balas; abogados que se atrevan a desafiar las amenazas y terapias psicológicas para exiliados o supervivientes de un ataque. Ginsberg no habla estos días sólo de Gaza, Ucrania o Líbano. También de Estados Unidos, Hong Kong, Turquía, Brasil o Guatemala.

Las amenazas físicas y virtuales se multiplican también en los países donde no hay un conflicto bélico, incluso en las supuestas democracias, mientras las guerras se expanden, y los retos aumentan para ONG como el CPJ (por sus siglas en inglés), independiente (no acepta fondos de ningún gobierno) y con sede en Nueva York, que documenta abusos contra la prensa por todo el mundo desde 1981. Entre los pocos motivos de celebración este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, la directora del CPJ señala la resistencia y la labor de periodistas y medios independientes en Hungría en 16 años del Gobierno autoritario de Viktor Orbán. 

Esta es nuestra conversación, editada por extensión y claridad, hace unos días durante el festival de periodismo de Perugia.

¿El caso de Hungría podría ofrecer lecciones en materia de libertad de prensa y el impacto a largo plazo del trabajo de los periodistas pese a las restricciones?

Hungría puede darnos esperanza. Es llamativo que en Hungría, a pesar de la concentración de los medios y de la persecución a los periodistas, los periodistas independientes siguieron —o intentaron seguir— con su trabajo. Y eso nos muestra, junto con el hecho de que la gente seguía interesada en recibir y acceder a esa información, que incluso cuando hay un Gobierno que intenta controlar el relato, es fundamental seguir financiando y apoyando, en la medida de lo posible, a esos periodistas independientes, incluso cuando el Ejecutivo utiliza todo tipo de mecanismos para silenciarlos. Y sí creo que el flujo continuo de información veraz —información que expone la corrupción del Gobierno, los intentos de silenciar a los medios y de reprimir a la sociedad civil— jugó un papel al dejar en evidencia al Gobierno de Orbán y, en última instancia, contribuir a su caída.

Hungría muestra que cuando un Gobierno intenta controlar el relato es fundamental apoyar a los periodistas independientes... El flujo continuo de información veraz jugó un papel en la caída de Orbán

La mayoría de la actividad del CPJ viene de zonas donde no hay un conflicto bélico y donde hay cada vez más riesgos para los periodistas. ¿Cuál es la principal amenaza ahora y cómo ha cambiado en esta década? 

Al inicio de la década, ya estábamos viendo una tendencia de aumento de ataques contra periodistas en zonas sin conflicto, o al menos donde no había un conflicto formal. Evidentemente, en los últimos dos años y medio eso ha cambiado de forma radical debido a Gaza. Ahora, este es el momento más peligroso del mundo para ser periodista: tenemos el mayor número de periodistas asesinados en la historia del CPJ, principalmente por la guerra en Gaza y los ataques de Israel contra periodistas, y también porque estamos viendo un aumento de conflictos en todo el mundo. Vivimos un periodo muy inestable, con más conflictos globales que en ningún momento desde la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, eso implica más periodistas muertos en contextos de guerra. 

Sin embargo, sigue habiendo una tendencia en la que vemos a periodistas acosados, amenazados legalmente, amenazados físicamente y encarcelados en cada vez más lugares, incluidas supuestas democracias. 

Están los ejemplos de Guatemala, con la persecución de José Rubén Zamora, o de Hong Kong, que operaba bajo un sistema que supuestamente protegía la libertad de prensa y expresión y donde hemos visto la persecución de medios como Apple Daily y de personas como Jimmy Lai. Y eso ocurre cada vez más. 

Lo vemos también en el discurso de líderes como Donald Trump, que llama a los periodistas “enemigos del pueblo”, o de Rodrigo Duterte en Filipinas, que los llamó “prostitutas de la prensa”. Eso tiene un efecto en cómo el público percibe a los periodistas y en su seguridad. 

Así que, por un lado, seguimos viendo periodistas asesinados en conflictos, especialmente en Gaza, y al mismo tiempo vemos cada vez más ataques verbales, acoso online, amenazas legales y encarcelamientos. Eso hace que los periodistas sean más vulnerables que nunca.

¿Su trabajo se ha vuelto más difícil por la falta de implicación de Estados Unidos? En algunas regiones del mundo, ejercía presión en favor de la libertad de prensa.

Se ha vuelto más complicado. Además, como muchas ONG, hemos tenido que pensar cómo la Administración actual podría actuar contra organizaciones sin ánimo de lucro. Al inicio de la Administración Trump había mucho temor de que se intentara atacar a ciertas ONG que trabajaban en ámbitos considerados inaceptables. Y, como sabemos cómo funcionan los regímenes autoritarios, conocemos el patrón: empieza con campañas de desprestigio contra periodistas y medios, luego ataques online, después acoso legal. Así que las organizaciones como la nuestra tienen que prepararse para todo eso. 

Pero el trabajo sigue siendo el mismo: tenemos que denunciar las violaciones de la libertad de prensa tanto en Estados Unidos como en cualquier otro lugar. No nos contenemos. No dejamos de hablar, aunque somos muy conscientes de que puede haber consecuencias.

¿En qué medida ha notado diferencia entre los años de Biden, cuando usted llegó al CPJ, y los de Trump?

Hemos visto muchas más acciones legales, por ejemplo, por parte de la Administración. Uno de los grandes cambios es el número de demandas del propio presidente contra medios de comunicación o la exclusión de Associated Press del grupo de prensa de la Casa Blanca. Han crecido las amenazas. 

Además, la inestabilidad dentro de Estados Unidos también genera riesgos para los periodistas. Por ejemplo, durante protestas contra políticas migratorias en Minnesota, vimos periodistas gaseados, tirados al suelo, detenidos… a un ritmo distinto al de antes. 

Por primera vez, lanzamos un fondo de respuesta rápida en Estados Unidos para ayudar directamente a periodistas que necesiten apoyo en materia de seguridad. También emitimos nuestro primer aviso de viaje para Estados Unidos, porque había temor de que periodistas fueran retenidos en frontera o se les negara la entrada por su trabajo. Y en algunos casos eso ha ocurrido. Es algo nuevo: nunca habíamos visto ese nivel de inseguridad dentro del país.

¿Cómo equilibran estas amenazas nuevas en Estados Unidos con las habituales en otras regiones?

Somos muy conscientes de que no podemos centrarnos solo en Estados Unidos. Intentamos analizar todos los países por igual: evaluamos necesidades, documentamos amenazas y tratamos de cubrir vacíos donde nadie más actúa. En Estados Unidos, ya hay muchas organizaciones trabajando, así que no necesitamos duplicar esfuerzos. Es un equilibrio constante. Pero incluso así, la demanda es mayor que nunca: hay casi el doble de periodistas encarcelados que hace diez años, cifras récord de periodistas asesinados, más necesidad de apoyo psicológico y en el exilio. No es solo cuestión de equilibrio: tenemos que crecer para responder a esa demanda.

Por primera vez, lanzamos un fondo de respuesta rápida en Estados Unidos para ayudar directamente a periodistas que necesiten apoyo en materia de seguridad. También emitimos nuestro primer aviso de viaje para Estados Unidos, porque había temor de que periodistas fueran retenidos en frontera o se les negara la entrada por su trabajo. Es algo nuevo: nunca habíamos visto ese nivel de inseguridad dentro del país

¿Cuáles son las regiones a las que se les hace menos caso?

Sudán está poco cubierto, sin duda. Hemos dado ayuda a los periodistas que hemos podido, sobre todo a los que han podido salir. Es un ejemplo claro de atrocidades que no reciben la atención internacional que sí vemos en otros lugares.

Sobre sus denuncias de los ataques a la prensa en Gaza, ¿han conseguido tratar con el Gobierno israelí?

No lo hemos conseguido. Llevamos años pidiendo responsabilidades por la muerte de periodistas, no solo desde el 7 de octubre, sino desde antes, y no ha habido avances reales por parte de Israel. Seguimos intentándolo, centrados en documentar lo ocurrido y presentar pruebas. En los últimos meses, también hemos investigado cuestiones como la tortura de periodistas en prisión y seguiremos impulsando ese trabajo.

¿Y el veto que impide a los periodistas entrar en Gaza?

Sí, presionamos de forma constante, mediante campañas públicas y apoyo a iniciativas legales. Pero no ha habido avances. Y es importante decir que la falta de acceso de medios internacionales a Gaza no tiene precedentes recientes.

La falta de acceso de medios internacionales a Gaza no tiene precedentes recientes

En cuanto a conseguir más apoyo del público, ¿qué formas de recuperar la confianza le parecen más efectivas?

Me entusiasma el crecimiento de los medios comunitarios locales. La gente confía más en quien conoce. Muchas personas se sienten desconectadas de los medios nacionales e internacionales. Los medios locales tienen un vínculo más cercano con sus comunidades. Apoyarlos puede ayudar a reconstruir la confianza en el periodismo, porque la gente necesita información para vivir de forma segura y libre. Reforzar ese vínculo local puede ser clave.

Pero incluso cubrir un pleno municipal puede ser peligroso ahora…

Cubrir reuniones de consejos educativos —si piensas en Estados Unidos, donde hay tantas polémicas sobre libros prohibidos— puede ser complicado. Y sé de periodistas que han recibido amenazas graves simplemente por hacer una crítica negativa del álbum de música de alguien o de su actuación en una obra de teatro.

Todo eso forma parte de un problema más amplio relacionado con cómo nos comportamos en las redes sociales. Pero también es cierto que la gente necesita información y le gusta estar informada; quiere saber qué está ocurriendo en sus comunidades locales. Una manera de ayudar a mantener a las personas más seguras y menos polarizadas es precisamente esa: que la gente entienda que compartimos espacios y que vivimos experiencias similares.

Los medios locales tienen un vínculo más cercano con sus comunidades. Apoyarlos puede ayudar a reconstruir la confianza en el periodismo, porque la gente necesita información para vivir de forma segura y libre. Reforzar ese vínculo local puede ser clave

¿Han notado un aumento de las amenazas con el uso de la inteligencia artificial?

Aún no vemos un impacto directo en la seguridad de periodistas, pero es inevitable que ocurra, especialmente con los deepfakes y la manipulación de contenido visual.

¿Qué le da esperanza?

Que siempre necesitaremos información y hechos compartidos para convivir. Cambiará la forma de transmitirlos, pero la necesidad seguirá ahí. Y, aunque ahora parece un momento oscuro, estamos aprendiendo a responder a nuevas formas de censura.

¿Algún ejemplo concreto?

El año pasado, premiamos a la periodista tunecina Sonia Dahmani, que estaba encarcelada ese día y no pudo asistir. Una semana después fue liberada. Aunque sigue afrontando dificultades, demuestra que es posible lograr justicia y libertad.

La irrupción de un hombre armado en el hotel donde se celebraba la cena de la asociación de corresponsales de la Casa Blanca suspendió de manera dramática este año la velada. El presidente Donald Trump aseguró después que la cita se cambiará a otro día. La cuestión que quedó olvidada por la violencia que toca a diario la vida pública en Estados Unidos es por qué se celebra esta cena.

Mucho antes de la llegada de Trump al poder, el New York Times decidió que se retiraba del show anual que implica pagar miles de dólares por una mesa, llenarla de famosos y reírle los chistes al presidente de Estados Unidos. El Times se retiró en 2007 de esta y otras cenas de gala de este tipo. El director entonces, Dean Baquet, explicó: “Creo que tenemos que empezar a mandar al público la señal de que los periodistas y las personas sobre las que informan tienen una relación cortés pero antagónica. No deberíamos hacer nada que vaya en contra de eso”. 

Ahora el Times acredita a periodistas para cubrir la cena, pero no paga por las mesas ni participa en el festín. Susan Wessling, la actual jefa de estándares, explicaba esta semana que la decisión de Baquet fue la correcta para asegurar la independencia y la credibilidad que podrían verse minadas si los reporteros “parecen amigos de las personas sobre cuyas palabras y acciones tienen que informar”.  

La velada nació para homenajear a la libertad de prensa y a los periodistas, pero fue degenerando en una reunión de la élite donde se mezclaban periodistas, políticos, actores y presentadores del mundo del espectáculo. Hasta ahora, y tal vez con buen criterio, Trump había rechazado acudir como presidente o como candidato. La última vez fue como invitado en 2015, antes de lanzar su primera campaña presidencial.

Desde hace años la cena es problemática en un país que se toma en serio los estándares de separación entre los periodistas y los políticos. Pero una cena presidida por Trump bajo un letrero que ensalza la Primera Enmienda, la que protege la libertad de expresión y prensa, es un chiste de mal gusto al que los periodistas no se deberían prestar.

Se trata del presidente que describe como “enemigos del pueblo” a los periodistas utilizando el término de las purgas estalinistas, que señala e insulta a periodistas –sobre todo mujeres– de manera ininterrumpida desde hace una década, que persigue a los cómicos, restringe la labor de los reporteros en la Casa Blanca y los denuncia ante los tribunales si no se pliegan a sus deseos caprichosos. Es el líder de una Administración que persigue a estudiantes en los campus o los visitantes por expresar su opinión. “El creciente control sobre la prensa es algo que no habíamos visto antes”, me decía hace unos meses el abogado del New York Times, David McCraw, en una entrevista.

La charada de la cena de corresponsales siempre fue debatible si bien relativamente inofensiva. Con este presidente, es un insulto a la inteligencia. 

Nacho Hernández arrancó su exposición La Voz Humana en el Palacio de Pimentel de la Diputación de Valladolid a mediados de marzo con normalidad. Se trataba de una exposición muy trabajada que reinterpretaba “de forma muy libre” la obra teatral homónima de Jean Cocteau que escribió en 1930. Para ello, recurrió, entre otros aspectos, a la iconografía religiosa, algo que han criticado Vox y Abogados Cristianos, que han intentado que la Diputación, que dirige el Partido Popular, censure y retire dos de las piezas que componen la muestra, que se mantendrá hasta el 4 de mayo.

El artista denuncia el acoso que está sufriendo a través de redes sociales después de los reproches de Vox y la fundación de abogados ultra, especialmente en Instagram. “Estoy recibiendo una gran cantidad de mensajes homófobos y de mensajes de odio... y mensajes bastante groseros. Estamos en el 2026 y creo que la sociedad tiene que avanzar hacia adelante. Mientras haya ese tipo de desprecio, homofobia y odio hacia todo lo que es diferente, yo creo que la sociedad no va a avanzar”, reflexiona. Nacho Hernández asegura que cada vez que abre su cuenta de Instagram tiene que bloquear gente y eliminar mensajes de odio desde el viernes 3 de abril.

“Esto me está violentando muchísimo. Es muy violento cuando alguien te está criticando pero no sabe muy bien o tiene mucho desconocimiento de lo que está criticando”, lamenta Hernández, aunque reconoce que también está recibiendo aliento por otros usuarios. En conversación con elDiario.es, el pintor vallisoletano agradece el apoyo de la Asociación de Artistas Visuales de Castilla y León y de la Diputación de Valladolid, institución con la que ajustó las piezas que formarían parte de la exposición de manera “precavida” y con la que ha tenido una relación “muy estrecha y muy bonita”.

Hernández se considera cristiano, aunque alejado de la Iglesia Católica, y reivindica el uso de iconografía religiosa en el arte. También ensalza que mientras los artistas continúen utilizando la iconografía religiosa “el mito de Cristo seguirá vivo”. “No hay nada malo en trabajar con elementos cristianos”, reclama. También recuerda que este uso no es nuevo y que se utiliza también en otros ámbitos culturales como la música, la escultura o la pintura. “Yo siempre recurro mucho a la iconografía porque yo soy cristiano, y creo que esta gente está muy equivocada porque cuando un artista trabaja con la iconografía cristiana, en cierta medida es porque hay un vínculo, hay una creencia hacia lo que está trabajando; si no, no lo haría. Considero que nada de mis imágenes es irreverente, absolutamente nada”, reivindica.

“Es una manera de contemporaneizar la iconografía”

El pintor, nacido en León y residente en Barcelona, rechaza que se pretenda ofender a nadie con su exposición. “Es más, creo que es una manera de contemporaneizar la iconografía religiosa. Lo que pasa es que hay un sector de la sociedad que es muy conservador y cuando se trabaja con conceptos que no son los clásicos, se llevan las manos a la cabeza. Pero no hay nada ofensivo en esas dos crucifixiones que están expuestas”, defiende.

“Yo siempre trato la imagen de Cristo con muchísimo respeto. La iconografía me atrae y la respeto. Y me escandaliza que se me tache de lo contrario”, continúa Hernández, que cree que, en general, el arte puede servir también a la Iglesia para atraer más feligreses. “La Iglesia debería ser más hábil y contemporánea. A través del arte se llega a nuevas personas con ideas muy distintas. El arte es el que ha hecho que la imagen de Cristo tenga mucho poder”, sostiene.

En general, Hernández suele trabajar a partir de textos teatrales o de obras que pueden ser adaptadas en fotografía y en pintura. En el caso de La Voz Humana, el artista quería hablar de la pérdida de un ser querido —no necesariamente un amante como en el caso de la obra de Cocteau— que ha servido como “sustento, muleta y apoyo” durante toda la vida. La crítica de Vox y de Abogados Cristianos incluía, concretamente, a dos crucifixiones que, según ellos, atacaban a los sentimientos religiosos. “Supongo que les habrá escandalizado que ese chico —crucificado— lleve tacones, aunque esta haya sido una prenda que históricamente empezaron usándola los hombres en la corte del rey Sol. Y que los tonos de colores sean rosas. Claro, que todo tiene un sentido: en el texto de Cocteau, el vestido de la mujer es rosa, y por eso jugué mucho con esos tonos”, explica.

En general, Hernández suele trabajar a partir de textos teatrales o de obras que pueden ser adaptadas en fotografía y en pintura. En el caso de La Voz Humana, el artista quería hablar de la pérdida de un ser querido —no necesariamente un amante como en el caso de la obra de Cocteau— que ha servido como “sustento, muleta y apoyo” durante toda la vida.

“Supongo que les habrá escandalizado que ese chico —crucificado— lleve tacones, aunque esta haya sido una prenda que históricamente empezaron usándola los hombres en la corte del rey Sol. Y que los tonos de colores sean rosas. Claro, que todo tiene un sentido: en el texto de Cocteau, el vestido de la mujer es rosa, y por eso jugué mucho con esos tonos”, explica. El artista recuerda que, además, la crucifixión era una pena de muerte y que no era algo exclusivo de Cristo. A través de estas piezas, Hernández quiere hablar de cómo cada uno 'carga su propia cruz' y convive con sus frustraciones, todo ello inspirado también en el pintor Edgar Guanipa y la obra Esperando a Godot, de Samuel Beckett.

Nacho Hernández carga contra aquellos que “distorsionan la realidad para conseguir votos, atrapar la atención y tener publicidad” porque “descontextualizan” la exposición. El pintor lamenta que “un sector de la sociedad” pretenda decidir “qué es arte y qué no”, “cómo se tiene que expresar y cómo no”. “Existe la libertad de expresión, y si algo no te gusta, puedes hacer una crítica correcta y educada, no insultando o faltando al respeto. Lo que no puedes hacer es clausurar o censura algunas imágenes”, protesta.

El periodista José Precedo, adjunto a la dirección de elDiario.es, ha sido reconocido con el Premio Xornalistas de Liberdade de Prensa, que concede el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. El galardón lo conceden por votación los periodistas colegiados y en esta edición, la número 22, ha destacado la trayectoria de Precedo por, en palabras de su decana Belén Regueira, “defender la dignidad y credibilidad del periodismo que respeta los procedimientos y la deontología”.

Precedo (Oroso, Galicia, 1976) inició su carrera como reportero televisivo en Tele5. Enseguida saltó a la Cadena Ser, donde formó parte del equipo premiado con un Ondas por su cobertura de la catástrofe ambiental del Prestige y su desastrosa gestión política. Entre 2006 y 2012 integró la redacción gallega de El País. En las páginas de este periódico reveló numerosos escándalos de corrupción, entre otros el que condujo a la dimisión del entonces alcalde de Santiago de Compostela por el PP, Gerardo Conde Roa, imputado por no pagar 300.000 euros de IVA tras vender unas viviendas. El caso dio lugar a su único libro, Conde Roa, caso perdido (2.0 Editora, 2012).

“José Precedo comenzó su carrera profesional en Galicia. Esa formación inicial vinculada al ecosistema mediático gallego resultó clave para entender su trayectoria posterior”, señala la propuesta de candidatura al Premio Liberdade de Expresión, “que mantiene, de forma constante, una miraada crítica sobre el ejercicio del poder y una exigencia elevada en términos de verificación, contextualización e independencia”.

Desde 2015, Precedo trabaja en elDiario.es. Según la propuesta, fue este el medio “en que desarrolló algunas de las investigaciones más relevantes sobre el funcionamiento del poder institucional y sus límites democráticos”. Sus piezas sobre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso fueron “las que alcanzaron mayor impacto público” y lo condujeron a declarar como testigo en el juicio contra el Fiscal General del Estado. Precedo defendió entonces los pilares del método periodístico y su importancia en las democracias liberales: “El derecho a la confidencialidad de las fuentes, la legitimidad del trabajo informativo y la necesidad de preservar la independencia del oficio frente a los intentos de instrumentalización judicial”.

El Colexio de Xornalistas falló la vigésimo segunda edición de su premio en Pontevedra. En la rueda de prensa participó el alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores. En ediciones ha distinguido al Sindicato de Periodistas Palestinos, al colectivo Defende a Galega contra la manipulación informativa en los medios públicos gallegos, a Wikileaks o a profesionales como Xosé Hermida, Julia Otero, Rosa María Calaf o Manuel Rico.

Enredo procesal previo al juicio que afronta el próximo martes el humorista Jair Domínguez, por una intervención radiofónica contra la extrema derecha. La Audiencia de Barcelona ha ordenado la detención del cómico para entregarle formalmente la citación para la vista oral que se celebra el próximo martes después de que todos los intentos para lograrlo hayan sido infructuosos.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la Audiencia de Barcelona ha ordenado la localización de Domínguez por parte de las fuerzas de seguridad después de constatar que el acusado se encuentra “en ignorado paradero” y que no ha sido posible entregarle la citación para la vista.

La resolución destaca que la oficina judicial y los Mossos d'Esquadra han realizado “diversos avisos telefónicos” al propio Domínguez y a su abogado, sin obtener respuesta. Tampoco se ha localizado al humorista en el domicilio que designó durante la fase de instrucción del caso.

De llegar a producirse, la eventual detención se limitaría tan solo a que los agentes llevasen a Domínguez de su domicilio al juzgado de guardia más próximo a su municipio para entregarle la citación para la vista del próximo martes. Esto es, los jueces no ordenan que Domínguez tenga que comparecer detenido al juicio, sino tan solo entregarle la comunicación oficial del mismo tras no lograrlo por las vías habituales.

En una entrevista a RAC-1 tras decir en X que se encontraba en su casa de Banyoles (Girona), Domínguez no ha mencionado los intentos fallidos para localizarle expresados por el tribunal y ha criticado el lenguaje del auto, pues, a su juicio, “está redactado como si estuviésemos en el siglo XIX”. Además, ha querido dejar claro que comparecerá en la vista del martes: “Iré porque soy una persona ordenada”.

Más allá de la polémica generada previa al juicio, lo que se verá en la sala de vistas el próximo martes es un ejemplo de manual del efecto desaliento a la libertad de expresión que comporta trasladar a la vía penal los desacuerdos con las opiniones hirientes o que molestan, en lo que se ha convertido en una estrategia habitual de partidos y entidades de extrema derecha.

El caso se remonta al año 2021. Domínguez fue denunciado por Vox por su discurso en el espacio de un minuto que tenía en 'El Matí de Catalunya Ràdio' antes de las 8:00h., en el que daba una opinión sobre la actualidad en clave de sátira y astracanada. Dos días después de las elecciones catalanas, el humorista se mostró “horrorizado” por los pueblos en los que más se había votado a Vox.

“Al final resulta que la Catalunya poligonera es neonazi, quien lo iba a decir. [...] Al fascismo, a los nazis se les combate con un puñetazo en la boca. No hay medias tintas. Vuestros abuelos fusilados, enterrados en cunetas y en el campo de concentración de Argelers no os dijeron que al fascismo se le combate en las urnas. Todo el mundo puede votar, hasta los que no están bien de la cabeza, y nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos”, aseveró Domínguez.

Hasta en dos ocasiones la jueza instructora archivó el caso, al constatar que no había delito en las palabras de Domínguez. Pero la Audiencia de Barcelona revocó ambos archivos al considerar que el discurso del humorista en la radio era una llamada real a la violencia. La Fiscalía no acusa al humorista, que se sienta en el banquillo para hacer frente a la acusación de Vox, que pide dos años de cárcel para él.

Las seis sindicalistas condenadas a una pena individual de tres años y medio de prisión por el Tribunal Supremo (TS) y conocidas como 'Las seis de la Suiza' han sido indultadas nueve meses después de su ingreso en prisión.

La noticia ha sido adelantada por Infolibre y confirmada por elDiario.es a través de fuentes del Gobierno.

El Consejo de Ministros, que tendrá lugar mañana, martes, aprobará esta medida de gracia que ha sido reclamada por colectivos sociales, sindicales y políticos desde que se hizo firme la condena de cárcel; un respaldo público que fuentes cercanas a las seis sindicalistas han agradecido en su nombre.

Para sus vidas personales es una alegría, aseguran fuentes familiares que agradecen los apoyos sociales, políticas, sindicales y de miles de personas que se sumaron espontáneamente a las numerosas movilizaciones que se realizaron desde que se tuvo conocimiento de la condena y posterior ingreso en prisión de las seis sindicalistas que ha sido muy importante para ellas

Un 'chute' de energía

La noticia de su indulto ha sido un 'chute' de energía. Personalmente, están “muy contentas” por ellas y sus familias, aunque han reconocido que, como colectivo, entienden que a estas alturas ninguna persona debería cumplir una condena de cárcel por ejercer sindicalismo.

“Para sus vidas personales es una alegría”, aseguran a este diario fuentes familiares que aseguran que los apoyos sociales, políticos, sindicales y de miles de personas que se sumaron espontáneamente a las numerosas movilizaciones que se realizaron desde que se tuvo conocimiento de su condena y posterior ingreso en prisión ha sido muy importante para ellas.

En tercer grado

Las sindicalistas esperan con impaciencia que mañana, martes, el Consejo de Ministros ratifique el indulto que les permitirá salir en libertad y no tener que regresar, como ahora, a dormir al CIS de la cárcel asturiana.

O.P. R., R.B.C.C., B.G.P., J.C.C., M.C.B.T. y H.A.G.P. están actualmente cumpliendo el tercer grado en el Centro Penitenciario de Asturias tras haber tenido que ingresar el pasado mes de julio en prisión para cumplir su condena, accediendo a continuación al régimen de semilibertad.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se había reunido en Asturias con las condenadas y ya les había anunciado que llevaría este tema para su deliberación ya que “hacer sindicalismo no es delito”.

Solidaridad con una compañera

Las seis sindicalistas ahora indultadas habían participado en actos en protesta delante de una pastelería denominada ‘La Suiza’, situada en la Avenida de Shultz, en Gijón/Xixón, en solidaridad con una compañera que había sido despedida. Siete años después de iniciadas las movilizaciones, las sindicalistas, una vez que ya esté firmado el indulto, habrán saldado toda su deuda con la justicia.

Los hechos por los que han sido condenadas se remontan a los años 2016-2017. En junio de 2016, una trabajadora embarazada de la pastelería La Suiza solicitó la baja por riesgo de aborto tras un altercado entre su pareja y el empresario.

La denuncia

La empleada denunció haber sido víctima de acoso laboral y sexual, mientras el dueño del negocio presentó una denuncia contra su pareja por amenazas y daños en el local.

Posteriormente, la empleada pidió en 2017 el asesoramiento jurídico de la CNT tras denunciar sus malas condiciones laborales aduciendo que en su trabajo le encargaban tareas que ponían en riesgo su embarazo. Al mismo tiempo relató que era víctima también de un presunto caso de acoso sexual.

El equipo de acción sindical se puso en contacto con la empresa para pactar la salida de la trabajadora, pero el empresario se negó a mantener cualquier tipo de reunión, por lo que el sindicato convocó varias concentraciones ante sus instalaciones en las que participaron las seis personas condenadas para mostrar su repulsa por la actitud del propietario hacia la empleada.

“No empleamos violencia”

Eldiario.es Asturias compartió sus impresiones con tres de las personas condenadas en julio de 2024. En esa conversación, ellas advertían que se habían limitado a defender a una trabajadora que sufría un presunto caso de acoso, sin que en sus protestas emplearan la violencia, ni causaran daños.

Era especialmente relevante que esas concentraciones contaban con el respaldo de la autorización expresa que había concedido la Delegación del Gobierno en Asturias para su celebración.

Fuerza y entereza

En estas concentraciones participaban vecinas y vecinos, representantes sindicales y de partidos de izquierdas y paradójicamente en esa época ostentaba el cargo de delegado del Gobierno Gabino de Lorenzo, el que fuera alcalde de Oviedo por el Partido Popular (PP) entre 1991 y 2012.

En 2021, el juez de lo Penal 1 de Gijón, Lino Mayo, condenó a las seis sindicalistas O.P. R., R.B.C.C., B.G.P., J.C.C., M.C.B.T. y H.A.G. por su participación en las movilizaciones a una pena de tres años y medio de prisión por un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la administración de justicia.

El magistrado sostenía que los propietarios se vieron abocados al cierre del negocio por la campaña de hostigamiento que se llevó a cabo con estas acciones.

La causa ha seguido un largo periplo judicial. La sentencia condenatoria fue recurrida a varias instancias: del juzgado pasó a la Audiencia Provincial de Asturias y posteriormente al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), al Tibunal Supremo (TS) y al Tribunal Constitucional (TC). Pero los recursos fueron decayendo uno a uno.

La Audiencia y el Tribunal Supremo

En 2023, la defensa presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, alegando vulneración de derechos fundamentales.

En junio de 2024, el Supremo confirmó la condena. La sentencia del Supremo incidía en que las protestas fueron “coercitivas” y que provocaron el cierre del negocio. 

El tribunal considera que las acciones excedieron el ejercicio legítimo de la libertad sindical y la libertad de expresión. Las seis sindicalistas condenadas recibieron “con coherencia y dignidad” la sentencia que las ponía a un paso de la cárcel.

El recurso ante el Constitucional

La defensa presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que también fue desestimado. Con esta decisión, se agotaban las vías judiciales en España. La CNT anunció entonces que llevaría el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo.

Un total de 22 organizaciones sindicales de todo el Estado han presentado en el Ministerio de Justicia del Gobierno de España una petición de indulto a las seis condenadas, lo que no conlleva arrepentimiento.

La petición de indulto

Además, el Gobierno del Principado de Asturias aprobó también formalmente la solicitud de indulto, alegando razones humanitarias y personales. 

El Ayuntamiento de Gijón no debatió la petición de indulto por el veto de los partidos de derecha del consistorio: Foro, PP y Vox.

Sin embargo, el mayor apoyo llegaba procedente del propio Gobierno central. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se reunía con las condenadas en Oviedo y declaraba: “El sindicalismo es un derecho, no un delito. Nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales”.

Ese mismo mes, el juez Lino Rubio Mayo rechazaba la petición de suspensión de la condena, a pesar del respaldo de la Fiscalía. Argumentaba que no existía arrepentimiento por parte de las condenadas, ya que fue el sindicato CNT quien abonó la indemnización.

Ingreso en prisión

El 9 de julio, el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón decretaba el ingreso inmediato en prisión de las seis personas condenadas. Al día siguiente, las seis se presentan voluntariamente en el Centro Penitenciario de Asturias para cumplir la condena.

Su internamiento se producía en régimen abierto en un centro de inserción social anexo a la cárcel. En un comunicado, afirmaban: “Actuamos con coherencia y dignidad. Apoyamos a una trabajadora en situación de vulnerabilidad. Estábamos haciendo algo que es un derecho”.

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, reiteró su compromiso de intentar que el indulto llegue cuanto antes. Una declaración de intenciones que llegará mañana a su aprobación en el Consejo de Ministros y con él acabará “la pesadilla” de las seis sindicalistas condenadas.

Reacciones sociales y políticas

Sin embargo, a pesar de que el indulto no llegaba entonces, la respuesta social era inmediata. En Gijón, Madrid y otras ciudades, miles de personas se manifestaban bajo el lema “Hacer sindicalismo no es delito”. Más de 22 sindicatos —entre ellos CCOO, UGT, CGT, CSI, SUATEA y la propia CNT— han respaldado la petición de indulto.

También han secundado la petición de indulto partidos como Sumar, IU, Podemos, EH Bildu y el PSOE. El colectivo de apoyo Sofitu ha sido rotundo: “El Estado español tiene desde hoy a seis sindicalistas presas por ejercer derechos que tanto costó conseguir”.

El apoyo de Rodrigo Cuevas

El caso de Las seis de La Suiza ha generado una alianza sindical inédita y ha reabierto el debate sobre la criminalización de la protesta laboral. Entre tanto, las condenadas han recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El apoyo de personas con gran proyección por sus profesiones o su carisma ha sido constante y uno de los últimos que se ha sumado ha sido el polifacético artista asturiano, Rodrigo Cuevas.

El pasado jueves, durante su participación en el programa de televisión 'La Revuelta' que dirige David Broncano, Rodrigo Cuevas mostró a cámara uno de sus regalos: una camiseta donde reclamaba la puesta en libertad de 'Las seis de La Suiza'. Un testimonio gráfico que quedó recogido en esa imagen difundida por el programa de TVE a través de la red social X.

A partir de mañana, su deseo será ya una realidad con la aprobación del indulto.

El 8 de marzo es una fecha conmemorativa en la que las mujeres nos vemos constreñidas a condensar nuestras reivindicaciones y señalar las problemáticas que nos atraviesan en el fugaz espacio social y político de un día. Una de las problemáticas sociales que está mereciendo una insuficiente atención, es la de la restricción a la libertad de expresión de las mujeres.

Cada vez que aparece un relato público de denuncia sobre alguna forma de violencia, sea individual o colectivo, estén o no judicializados los hechos, se disparan los resortes del juicio social hacia las que alzan la voz y se agita interesadamente el pánico moral que rodea a la denominada “cultura de la cancelación”. Este constructo es sexista por definición, dado que no solo hunde sus raíces en el estereotipo de la mujer mala por defecto, que se dedicaría a dañar la imagen social del señor, de forma caprichosa e irresponsable o peor aún, por motivos espurios, para cosechar algún tipo de rédito. Este constructo, además, implica negar que las mujeres somos sujetos políticos con capacidad discursiva y de articulación. 

En realidad, las canceladas somos nosotras. Desde la época del #MeToo y sus oleadas posteriores, las mujeres venimos viviendo en silencio las represalias de alzar nuestra voz. Cuantas mujeres que han publicado relatos sobre discriminación o violencias en abierto, han recibido un burofax de advertencia de algún gran despacho que defiende la reputación del aludido o incluso del que se haya sentido aludido, que les exigen la inmediata eliminación de su publicación, bajo la amenaza de iniciar o bien un procedimiento penal por injurias o calumnias con publicidad o bien civil, de tutela al honor, en los que se anuncia que se solicitaran cuantiosas cifras en concepto de daño reputacional. 

Estos mecanismos de censura privada están teniendo el poder de silenciar a las mujeres, incluso cuando los hechos relatados son ciertos. Las mujeres saben que los tribunales empatizaran más con el honor de un señor que con la libertad de expresión e información de las mujeres. Y lo más relevante, ¿cuántas de ellas se pueden permitir dedicar la energía y los ingresos de años, en un procedimiento judicial que para obtener una decisión final, recorrerá diversas instancias durante años? ¿Y cuántas de ellas pueden asumir el riesgo de perder y enfrentar peticiones exorbitantes en concepto de daños y perjuicios? La expansiva mancha de aceite de la autocensura de las mujeres es una realidad democráticamente inasumible. En estas condiciones de asimetría, se puede sostener que las mujeres estamos teniendo la posibilidad de defender nuestra libertad de expresión?

Las pocas mujeres que deciden no doblegarse y defender a capa y espada la veracidad de su relato y la legitimidad de su acción de denuncia social, enfrentando este tipo de procedimientos judiciales por “difamación”, se ven abocadas a situaciones tremendamente desgastantes. Tienen que exponer y revivir la vivencia traumática que han relatado, pero estando ellas en la posición de investigadas o demandadas; tienen que recopilar pruebas, cuando a veces estas ya no son accesibles, o dependen de que quienes tengan información sobre los hechos, se avengan a dedicar su tiempo personal y a pasar por el mal trago de testificar en un juicio. 

También es compleja la situación de las mujeres que han actuado de “palomas mensajeras” o de altavoz de otras agraviadas más anónimas. Una vez amenazadas con la interposición de acciones legales, se ven en la tesitura de eliminar sus publicaciones de denuncia social, con la merma de su credibilidad personal, o de tenerse que defender probando la verdad, exponiendo a las agraviadas a salir a la luz y a declarar en un procedimiento judicial acerca de unos hechos, que por alguna razón ellas decidieron no denunciar ante la autoridad.   Desde el punto de vista jurídico y con acertado y consolidado criterio, los Tribunales exigen que para que la libertad de expresión e información prevalezca sobre el derecho al honor, los hechos denunciados de forma pública, tienen que ser ciertos. El problema reside en determinar cuál es el nivel de prueba sobre la veracidad de los hechos que es razonable y lícito exigir a las mujeres agraviadas. 

Aquí la perspectiva de género e interseccional deviene clave. Los procedimientos judiciales de tutela al honor deberían tener en cuenta la dificultad intrínseca de probar situaciones de discriminación y violencia; la capacidad contaminante de los estereotipos de género sobre la credibilidad de la mujer y la enorme influencia indirecta que el poderoso estatus social del demandante ejerce sobre muchos aspectos del procedimiento, entre ellos el de la aportación de prueba testifical.     

Las mujeres demandadas por “difamación” se ven en la compleja tesitura de demostrar situaciones que han podido suceder fuera de la mirada de terceros, que pueden haber sucedido décadas atrás, que en su momento aún no eran leías como una forma de violencia por la sociedad, o sobre las que sea difícil encontrar quienes quieran testificar, por diversos motivos, sea por el miedo a las consecuencias negativas que pueda activar el demandante o incluso para evitar la incomodidad de tener que asumir ante un juzgado que cuando sucedieron esos hechos, miraron hacia otro lado. 

Además de las dificultades probatorias, no resulta infrecuente que en los procedimientos de tutela al honor se ignore tanto la dimensión democrática de la libertad de expresión e información, como el interés general de que las mujeres podamos realizar denuncia pública. Cuanto más ineficiente es la respuesta de las administraciones a la hora de proteger e investigar las discriminaciones y violencias que enfrentan las mujeres, más margen se nos debería conceder a la hora de realizar denuncia social. 

Hacer público un relato social de denuncia, ni pretende ni puede desencadenar las consecuencias de una denuncia legal, porque su finalidad es la creación de consciencia, la interpelación y la transformación social para avanzar en derechos para todas. Hemos tenido que esperar hasta el 2022 para que los organismos internacionales recordaran a los estados que sin la protección incrementada de la libertad de expresión de las mujeres, no se logrará avanzar hacia la igualdad. 

Nos hallamos ante un momento histórico de progresiva comprensión por parte de la sociedad y del sistema judicial de que la denuncia pública de las discriminaciones y de las violencias que enfrentan las mujeres no es un conflicto entre privados, es una acción política que los valores democráticos llaman a proteger. Las mujeres que están peleando ese derecho, enfrentando incluso procedimientos judiciales, son nuestras insumisas del silencio. Estas mujeres merecen y necesitan todo el apoyo social, porque las resoluciones judiciales que se dicten en cada uno de sus procedimientos judiciales moldearán el derecho a la libertad de expresión e información de todas nosotras. Una libertad, que en el actual contexto de regresión de derechos, deviene aún más necesaria y valiosa que nunca.  

Los tres vocales progresistas de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder (CGPJ) han firmado un duro voto particular en el que cuestionan la decisión de la mayoría conservadora de no sancionar al juez Manuel Ruiz de Lara, reincidente en sus ofensas a Pedro Sánchez en sus redes sociales y al que el anterior CGPJ también rechazó sancionar tras llamar “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno. En esta ocasión, el órgano le había abierto expediente por referirse como “Barbigoña” a su mujer, Begoña Gómez, un calificativo que los vocales de la izquierda consideran un “exceso sexista” incompatible con la condición de juez. 

El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, rebate la tesis de la mayoría, que consideró que como Ruiz de Lara no se identificó como miembro del Poder Judicial en la cuenta X en la que publicó ese mensaje, ni hizo ostentación de su cargo, su actuación está amparada por el derecho fundamental a la libertad de expresión que rige para cualquier ciudadano. El archivo del expediente se llevó a cabo con el criterio favorable del fiscal, que afirmó que el comentario fue una “gracieta” que Ruiz de Lara emitió de forma absolutamente ajena a su condición de juez. 

En contraposición, los vocales Lucía Avilés, Ricardo Bodas y José María Fernández Seijo defienden que Ruiz de Lara tenía una activa presencia pública en medios y redes sociales, donde se presentaba explícitamente como magistrado e incluso opinaba sobre cuestiones relacionadas con la investigación que el juez Juan Carlos Peinado mantiene abierta desde hace casi dos años a Begoña Gómez. Estos vocales consideran que no es posible un “desdoblamiento de personalidad” cuando “el mismo nombre por el que el Ruiz de Lara se identifica en las redes se utiliza para publicitar declaraciones públicas y mensajes pretendidamente privados”. 

El voto particular rechaza el argumento de que el juez no invocó expresamente su cargo en su perfil de la red social X, en la que el juez se identifica con su nombre real y alude a que es autor de las novelas ‘Patria Judicial’ y ‘Patria Olvidada’. La tesis de estos vocales es que permitir a los miembros de la judicatura intervenir en el debate político bajo el paraguas de “simples ciudadanos” cuando su condición de juez es evidente no es admisible. “Permitirles hacer como ciudadanos lo que la Constitución y su estatuto jurídico les prohíbe hacer como jueces (...) es un fraude de ley”, dice el escrito. 

El voto particular hace especial hincapié en el uso del término “Barbigoña”, con el que el magistrado se refirió a la mujer de Sánchez. Consideran que vincular a una mujer investigada judicialmente con la muñeca Barbie es una forma de ridiculizarla y reducirla a un estereotipo sexista que, además, “durante décadas ha representado un modelo muy específico de feminidad”. “Este estereotipo implica que una mujer no puede ser seria, competente o inteligente, lo cual reproduce prejuicios sexistas del todo incompatibles con el deber de la judicatura de proyectar una imagen pública de neutralidad y respeto hacia la ciudadanía”, sostiene el escrito.

“El uso de la expresión ”Barbigoña“ por parte de un magistrado con gran proyección mediática cuestiona el decoro y respeto con el que debe expresarse un integrante de la carrera judicial en el debate público que afecta a una persona investigada penalmente”, figura en el voto particular, que añade que “desde una perspectiva constitucional y convencional, el uso de expresiones sexistas por parte de un juez no constituye un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, sino un exceso incompatible con los principios de igualdad, imparcialidad y respeto que deben presidir el ejercicio de la función jurisdiccional”.

“Resonancia” del mensaje

El acuerdo adoptado por la mayoría conservadora de la Comisión Disciplinaria afirmaba aunque el comentario puede considerarse “desacertado, fuera de lugar, o posiblemente éticamente reprochable”, tuvo una escasa “resonancia” dado que el juez solo tenía 320 seguidores, la cuenta era de acceso restringido y el mensaje fue retirado casi de inmediato. Los vocales progresistas argumentan, sin embargo, que en las redes sociales los mensajes pueden capturarse y descontextualizarse y alcanzar gran difusión, como ocurrió cuando ese mensaje fue publicado en los medios de comunicación. 

Además, apoyándose en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el voto particular advierte que los jueces “deben abstenerse de publicar cualquier cosa que pueda comprometer la confianza pública en su imparcialidad”.

Y también recuerda que la Comisión de Ética Judicial, el organismo al que pueden dirigirse los jueces cuando tienen dudas sobre si un determinado comportamiento puede comprometer su ética profesional, también ha determinado que los miembros de la carrera judicial deben valorar éticamente si su identificación en redes sociales afecta a la percepción que los ciudadanos tienen de su “independencia, imparcialidad e integridad”.

El Tribunal Supremo rechaza admitir a trámite la querella que el empresario y comisionista Víctor de Aldama presentó contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por un presunto delito de injurias. Aldama, imputado en varias causas, denunció que Montero lo llamó “delincuente” en el programa de Jordi Évole en laSexta y le reclamó una indemnización de 250.000 euros. 

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Sala de lo Penal considera que las expresiones de la vicepresidenta y ministra de Hacienda fueron “poco respetuosas” con el derecho a la presunción de inocencia del empresario, pero no suponen un delito. 

“El contenido de las expresiones que se deslizan en las entrevistas son poco respetuosas con el derecho fundamental a la presunción de inocencia, pero no por ello son delictivas”, dice la resolución de la que ha sido ponente el magistrado Julián Sánchez Melgar. El auto señala que “debería exigirse mucha más prudencia y contención en las manifestaciones públicas”. Sin embargo, subraya que el derecho penal está reservado para cuando existe “una patente transgresión del derecho al honor de las personas” que no se da en este caso. 

La resolución subraya que, según la propia doctrina de la Sala de lo Penal, la injuria precisa de dos elementos fundamentales: la existencia de actos o expresiones que tengan la suficiente potencia ofensiva para lesionar la dignidad de la persona y el propósito de ofender.

El auto considera que “existen expresiones o actos que pueden evidenciar por sí ese ánimo difamatorio, pero también es posible que esa intención quede diluida en otros casos en los que subyace una ”voluntad de defenderse, de criticar, de narrar o de bromear“ que sí puede estar amparada por la libertad de expresión. 

Viene esto al hilo de las siguientes palabras: “Digan fuera de este hemiciclo que yo conocía los hechos y que no actué y entonces nos veremos en otras instancias. Los hechos son de tal gravedad que no voy a permitir calumnias”. 

Son palabras del ministro Grande-Marlaska el pasado miércoles 18 de febrero en el Congreso de los Diputados. Palabras dirigidas a los representantes del Grupo Popular que, en la correspondiente sesión de control al Gobierno, le hicieron varias preguntas sobre la denuncia de agresión sexual del ya ex-Director Adjunto Operativo – DAO -, esto es, el segundo en el Cuerpo Nacional de Policía. Una denuncia que ya no es solamente eso, sino que es objeto de una querella ya admitida a trámite, interpuesta por la mujer, inspectora del Cuerpo, que acusa de gravísimos hechos a José Ángel González. 

La cuestión es que, cuando el ministro del Interior dijo eso de ¡dímelo en la calle si tienes lo que hay que tener! - en libre traducción mía -, estaba apelando a que quienes así lo interrogaban se desprendieran del manto protector – hoy podríamos decir, del “burka” - de la inviolabilidad que los protege en su condición de diputados/as.

Una inviolabilidad consagrada por el artículo 71.1 de la Constitución, que determina que “Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones”, lo que también tiene su reconocimiento en los Reglamentos del Congreso y del Senado. Una prerrogativa que se ha considerado imprescindible, dado que se relaciona directamente con la doble función de representación del pueblo español, como reza el artículo 66.1 del texto fundamental, y de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, tal como contempla su artículo 23.1.

Prerrogativa que también alcanza, por así contemplarlo los Estatutos de Autonomía, a los miembros de sus Asambleas Legislativas, igualmente en el ejercicio de sus funciones.

Inviolabilidad que es de carácter permanente, esto es, se extiende una vez finalizado el mandado del parlamentario, de manera que nunca se podrá exigir responsabilidad por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio pasado de sus funciones, si bien, claro está, tal inviolabilidad no protege en relación con las opiniones vertidas con anterioridad y con posterioridad al ejercicio del cargo.

Inviolabilidad que se considera esencia de la democracia representativa y, por ello, común a la mayoría de los sistemas parlamentarios. Si bien es cierto que en los Estados democráticos actuales esta prerrogativa está en debate y, en nuestro concreto caso, ha de ser puesta en relación crítica con el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución y, asimismo, con el derecho a la tutela judicial efectiva de su artículo 24, en evitación de espacios que impidan vulneración de derechos fundamentales de terceras personas y su persecución. 

Conviene recordar la finalidad de esta inviolabilidad de “preservación de un ámbito cualificado de libertad en la crítica y en la decisión sin el cual el ejercicio de las funciones parlamentarias podría resultar mediatizado y frustrado, por ello el proceso de libre formación de voluntad del órgano” y de “protección de la libre discusión y decisión parlamentarias (…), decayendo tal protección cuando los actos hayan sido realizados por su autor en calidad de ciudadano (de «político» incluso), fuera del ejercicio de competencias y funciones que le pudieran corresponder como parlamentario”, tal como lo afirmó el Tribunal Constitucional – TC - en su Sentencia 51/1985.

No han sido pocas las ocasiones en que el TC se ha pronunciado a este respecto, además de la antedicha. Incluyendo el análisis de ese ¡dímelo en la calle!, cuando, en su Sentencia 243/1988, se afirmó que “La inviolabilidad es un privilegio de naturaleza sustantiva que garantiza la irresponsabilidad jurídica de los parlamentarios por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, entendiendo por tales aquellas que realicen en actos parlamentarios y en el seno de cualquiera de las articulaciones de las Cortes Generales o, por excepción, en actos exteriores a la vida de las Cámaras que sean reproducción literal de un acto parlamentario”.

Esto es, la inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de estas funciones de representación no alcanza solamente lo que ocurre “dentro” o en el “espacio físico” de los edificios que albergan el Congreso y el Senado, sino que también abarca lo que ocurra “dentro” de esas funciones parlamentarias, aunque las opiniones controvertidas se produzcan “en la calle”, dado que tales funciones requieren, sin duda, el contacto con la ciudadanía y el público pronunciamiento sobre diversas cuestiones. 

Pero, para no quedarnos en la anécdota un tanto pobre e infantil que ha dado pie a esta columna, entiendo más relevante indagar algo más, no tanto sobre el “dónde” sino sobre el “qué”, en relación con la inviolabilidad. Esto es, cabría abrir un debate sobre si esta prerrogativa parlamentaria debiera tener algún límite, como lo tiene la libertad de expresión en algunos terrenos de especial dureza. Piénsese en posibles expresiones que podrían constituir, fuera de este ámbito, graves delitos de, por poner solamente dos ejemplos, justificación de genocidios u otros delitos asimilables o enaltecimiento y justificación del terrorismo. 

Un debate que, en realidad, ya existe en nuestro entorno sociopolítico, toda vez que hay textos constitucionales que reconocen una inviolabilidad parlamentaria relativa, dejando fuera de su ámbito de protección algunas expresiones como “las injurias calumniosas”, en el caso de la Ley Fundamental de Bonn de 1949 o no abarcando “la difamación calumniosa”, como hace la Constitución de Grecia de 1975. O como hacen sendas Leyes de Finlandia o Suecia, que permiten perseguir penalmente por opiniones vertidas en el ejercicio de funciones parlamentarias. Debate en el que el Parlamento Europeo se sitúa en el lado de la “inviolabilidad absoluta”, en la remisión que se hace al Protocolo de 1965, como lo hacen igualmente la Constitución española, como he dicho, y otras, como las de Francia, Italia o Portugal. 

No deja, por otra parte, de resultar cuando menos curioso, que esta inviolabilidad lo sea hacia “fuera” y no hacia “dentro”. Esto es, si bien no cabe perseguir a un representante por sus opiniones vertidas en el ejercicio de su función parlamentaria, sí cabe que las presidencias del Congreso y el Senado, de conformidad con sus respectivos Reglamentos, ejerzan su potestad disciplinaria y sancionadora en relación con tales opiniones o maneras de expresión. 

En cualquier caso, esta inviolabilidad debe siempre ir indisolublemente unida a la “responsabilidad”, algo que no parece fácil de exigir en la actualidad, pues no abunda. La ciudadanía representada por diputados/as y senadores/as merecemos un mayor respeto que el que se manifiesta cuando, “en el ejercicio de funciones parlamentarias” se utilizan expresiones y contenidos que podrían ser objeto de responsabilidad jurídica – civil y/o penal – para el resto de personas. No es de negar que la discrepancia política e ideológica y el debate parlamentario exigen que este se desenvuelva en libertad y, por tanto, con la seguridad de no persecución por opinión. Pero tampoco es de negar que no es de recibo tener que escuchar cada día opiniones que sobrepasan todos los límites dialécticos prevaliéndose de la “inviolabilidad” que protege a “sus Señorías”.

Debieran pensárselo mejor antes de hablar en sede parlamentaria, todos. Porque, lo que no podría ser dicho en la calle, so pena de incurrir en alguna responsabilidad jurídica, mejor sería callarlo o decirlo de otra manera. Así, lo que puede decirse dentro podría también decirse fuera. Y el discurso y el debate parlamentarios no estarían tan alejados de la ciudadanía, que debiera también poder decir en la calle lo que se dice en el Parlamento. Y hablaríamos el mismo lenguaje con la misma libertad para contribuir igualmente a la legítima crítica de las actuaciones políticas de quienes nos representan.