Viktor Kalinin, de San Petersburgo, cumplió 14 años a finales de abril. Tres meses después, el 30 de julio, se convertía en la persona más joven en ser incluida en la lista de terroristas y extremistas de Rusia. Su delito fue haber prendido fuego a una caja del sistema de señalización ferroviaria. Según declaró en presencia de los agentes de los servicios secretos, un desconocido le conminó a hacerlo bajo amenaza de abrirle un procedimiento penal si se negaba. Ahora bien, la policía, en lugar de considerarlo una atenuante o encausarlo por vandalismo, ha optado por imputarle un acto terrorista.

Ese mismo día, Pável Dúrov, fundador de Telegram, también era incluido en este registro, acusado de colaborar con el terrorismo al permitir el reclutamiento de jóvenes para cometer acciones de sabotaje y atentados a través de su plataforma. La realidad, sin embargo, es que la maniobra era el último episodio de la presión contra su empresa por resistirse a cooperar con el FSB, el antiguo KGB.

Estos dos ejemplos demuestran hasta qué punto el Kremlin está desvirtuando la legislación contra el terrorismo para reprimir las expresiones de disidencia, una tendencia que se ha acentuado desde la invasión de Ucrania. Según los expertos, esta categoría permite estigmatizar a los culpables, imponerles penas más severas e intimidar a la sociedad.

Más de 22.000 terroristas

Rusia tiene publicada una lista con más de 22.000 personas etiquetadas como terroristas y extremistas. De ellas, unas 5.000 han sido añadidas a lo largo del último año. Eso significa que cada día, de media, 13 individuos se incorporan a esta base de datos como sospechosos de tener relación con actividades radicales, un 47% más que un año atrás. Como Kalinin, 493 menores de 18 años son considerados terroristas o extremistas y, de ellos, cerca de un centenar no supera los 16.

OVD-Info, una entidad de referencia en el seguimiento de la represión en Rusia (designada recientemente como extremista), calcula que al menos un 12% de los integrantes de la lista figuran en ella por motivos políticos, aunque apunta que la proporción de los que han sido indexados después del inicio de la guerra puede oscilar entre el 15% y el 20%.

En cuanto a las condenas por casos vinculados con el terrorismo, durante la primera mitad de 2026, un estudio de los activistas de Pervi Otdel y Parubets Analytics señala que se han impuesto más de 1.200, un 58% más que en el mismo periodo de 2025.

Según la organización de derechos humanos Memorial (también calificada de extremista pese a haber recibido el Premio Nobel de la Paz en 2022), como mínimo un 35% de estas sentencias tienen una motivación política. Pervi Otdel indica, no obstante, que esta es una estimación “conservadora” porque los tribunales suelen ocultar información sobre los casos. De hecho, denuncia que “la censura se está intensificando” y que casi dos tercios de los expedientes están clasificados.

“No hay ninguna duda de que 2026 será el año con el número más masivo de condenas por casos de terrorismo de toda la historia del código penal moderno”, concluyen los abogados de esta entidad.

Serguéi Davidis, responsable del proyecto de apoyo a los presos políticos de Memorial, afirma a elDiario.es que el uso por parte de las autoridades rusas de los artículos sobre extremismo y, especialmente, sobre terrorismo es “cada vez más amplio” y que constituye una parte “creciente” de las represiones políticas.

No hay ninguna duda de que 2026 será el año con el número más masivo de condenas por casos de terrorismo de toda la historia del código penal moderno

ONG de Derechos Humanos Memorial

Una tipología delictiva que ha crecido mucho a raíz del conflicto en Ucrania son los sabotajes. Estas actuaciones suelen tener como objetivo dañar objetos o instalaciones del Estado, y pueden responder a acciones de protesta voluntarias o a chantajes. Se trata, como en el caso de Kalinin, de incendios de instalaciones de la red ferroviaria, pero también de centros de reclutamiento, edificios de la administración pública o empresas vinculadas al complejo militar-industrial.

Normalmente, son intentos fallidos, pero incluso así sus autores resultan acusados de terrorismo. Davidis lamenta que sería “jurídicamente más adecuado” procesarlos por destrucción de la propiedad porque este tipo de acciones no encajan dentro de la definición de terrorismo. En cambio, reciben penas “desproporcionadamente largas” por delitos que “prácticamente no han causado ningún daño”.

De todos modos, no es necesario que alguien recurra a la violencia para que se le aplique la legislación antiterrorista. Un 29% de las condenas desde enero de 2026 han sido por justificación, propaganda o llamamientos al terrorismo.

Pervi Otdel asegura que este delito lo utilizan las fuerzas de seguridad para “presionar” a periodistas, activistas y blogueros. Por ejemplo, Yevguenia Berkovich y Svetlana Petriychuk fueron encarceladas por escribir y dirigir una obra de teatro que se consideró que justificaba el terrorismo; el sociólogo Borís Kagarlitski acabó entre rejas por un vídeo en el que analizaba la explosión del puente de Crimea; y la periodista Svetlana Prokópieva también entró en prisión por explicar en la radio las causas de un atentado contra un cuartel del FSB.

Cualquier crítica al poder puede calificarse de extremismo si existe voluntad de hacerlo, y cuanto más tiempo pasa, más ampliamente se interpreta este concepto

Serguéi Davidis — Responsable del proyecto de apoyo a los presos políticos de la ONG Memorial

Según Davidis, a fin de cuentas, “cualquier crítica al poder puede calificarse de extremismo, si existe voluntad de hacerlo, y cuanto más tiempo pasa, más ampliamente se interpreta este concepto”. De esta manera, expresar rechazo a la policía, a los funcionarios o a los diputados de Rusia Unida —el partido de Putin— puede equivaler a extremismo y, ahora cada vez más, a terrorismo.

Se trata de una tendencia que, desde su punto de vista, llega a extremos “cómicos”. Se refiere al caso de Alekséi Petrov, que en 2020 comentó una noticia en Facebook sobre la nueva vacuna rusa contra el covid sugiriendo que se la inyectaran a Vladímir Putin —no mencionó su nombre— “aunque fuera para que el virus se lo llevara”.

En enero de 2025, casi cuatro años y medio después de la publicación, el FSB lo acusó de un “llamamiento público a actividades terroristas usando Internet”. Lleva más de un año y medio en prisión preventiva y se enfrenta a hasta siete años de prisión. “Es una situación absolutamente habitual”, argumenta el activista de Memorial.

Opositores, yihadistas y prisioneros de guerra

El Kremlin también tiene un registro con más de 850 entidades y organizaciones extremistas o terroristas. Entre las terroristas figuran la Fundación Anticorrupción de Alekséi Navalni (él, pese a estar muerto, y su viuda, Yulia, también están etiquetados personalmente como terroristas) o el Comité Antibélico de Rusia, en el que participan opositores como el antiguo oligarca Mijaíl Jodorkovski, el político Vladímir Kara-Murzá o el excampeón del mundo de ajedrez Gari Kaspárov.

Estas asociaciones comparten designación con grupos yihadistas como Al Qaeda o el Estado Islámico, además de organizaciones supremacistas blancas violentas. Por el contrario, en 2025 se eliminó de la lista a los talibanes, y Rusia se convirtió en el primer país del mundo en reconocer su Gobierno en Afganistán. Quien sí continúa incluido en la base de datos es Jabhat Fateh al-Sham, el antiguo Frente al-Nusra, la organización liderada por Ahmed al-Sharaa, actual presidente de Siria, con quien Putin intenta mantener buenas relaciones. Él, sin embargo, nunca recibió la calificación de terrorista.

Un hombre lleva un año y medio en prisión provisional por bromear con Putin y la vacuna de la COVID

En cuanto a las agrupaciones extremistas, se incluyen la empresa Meta y todas sus plataformas, el “movimiento LGTBI público internacional”, el “movimiento satanista internacional” o el colectivo punk de protesta Pussy Riot.

El principal propósito de meter en el mismo saco a estas entidades y a grupos terroristas violentos es cortarles los medios de subsistencia en Rusia, condenarlos a la muerte civil y señalarlos como peligrosos ante cualquiera que quiera relacionarse con ellos.

Así se explican los cientos de casos de personas detenidas y encarceladas por hacer donaciones a la fundación de Navalni. Solo en los últimos días, un vecino alemán de San Petersburgo fue arrestado por haberles enviado 900 rublos (unos nueve euros) y en la misma ciudad una joven ha ingresado en prisión preventiva por haberles hecho llegar 2.100 rublos (unos 21 euros).

Los servicios secretos también persiguen a todo aquel que hace comentarios positivos o que financia unidades del ejército ucraniano, ya sea el batallón Azov, o unidades rusas como la Legión Libertad de Rusia o el Cuerpo de Voluntarios Rusos, que combaten junto a Ucrania. Todas ellas están incluidas en el listado del Kremlin de organizaciones terroristas.

Según Memorial, al menos un 40% de los condenados durante la primera mitad de 2026 por cargos de terrorismo son ciudadanos ucranianos. Esto incluye tanto a prisioneros de guerra como a civiles de los territorios ocupados, a quienes los investigadores rusos acusaron de colaborar o dar apoyo a Kiev.

Davidis considera “escandaloso” que se utilice “masivamente” la legislación antiterrorista contra personas “simplemente por el hecho de servir en las fuerzas armadas de su país y participar en la defensa ante una agresión”.

Estigma e intimidación

Precisamente, él mismo figura desde 2024 en la lista de terroristas y extremistas, bajo la categoría de terrorista, después de reconocer, como responsable de Memorial, que los prisioneros de guerra de Azov eran presos políticos al estar entre rejas únicamente por pertenecer a esta unidad.

En su caso, recibió una condena en ausencia a seis años de prisión porque se encuentra en la Unión Europea. La única limitación que sufre, más allá de no volver a poner los pies en Rusia, es que debe tener precaución de no viajar a ningún país que tenga tratados de extradición con Moscú.

El activista sostiene que el principal objetivo de esta deformación de las leyes contra el terrorismo es el “estigma”. Si una persona es perseguida por criticar la guerra, al ejército o a Putin, señala, todo el mundo entiende cuáles son los cargos, pero cuando se añaden estas otras etiquetas “la cuestión se vuelve mucho más difícil de descifrar y eso produce una impresión mucho más aterradora en la sociedad”.

“El sentido de las represiones no es sobre todo aislar, castigar o impedir la actividad de personas concretas, sino enviar un mensaje a la sociedad mediante su ejemplo”, explica, “aunque no hayan hecho nada o hayan sido elegidas arbitrariamente”. “Se trata de enviar a la sociedad el mensaje correcto de qué comportamiento considera correcto el Estado y cuál incorrecto, y hacer que las personas tengan miedo de ser castigadas”, añade.

Otro motivo detrás del auge de los cargos por terrorismo, según el activista de Memorial, es que implican tiempos de condena más largos. Por eso cree que las sentencias por extremismo están disminuyendo, en comparación. Además, los encarcelados por terrorismo cumplen las penas “en peores condiciones” y “son sometidos a castigos más severos”.

Davidis, sin embargo, alerta de que no hace falta acabar en una colonia penal para sufrir las consecuencias de la vinculación con el terrorismo. “Las personas incluidas en esta lista sufren fuertes restricciones de sus derechos civiles, incluso cuando están en libertad”, apunta. También advierte de que el cumplimiento de la condena no supone la exclusión del registro y, por tanto, provoca que el estigma y la intimidación persistan.

Desde su perspectiva, estas prácticas de la justicia rusa “han vaciado completamente de contenido” el concepto de terrorismo. El Estado ruso, destaca, “ha acabado perjudicándose a sí mismo” porque estas acusaciones “se toman cada vez menos en serio” por la cantidad de personas a las que se aplican.

La consecuencia de “el absurdo” de los casos, concluye Davidis, es el descrédito a ojos no solo de la Interpol o de las autoridades de otros países, sino incluso de los propios ciudadanos rusos.

La sección número 1 del Tribunal de Instancia de Ferrol ha decidido archivar la causa contra el activista propalestino Bruno Lopes Teixeiro, investigado por un supuesto delito de odio derivado de sus críticas al Estado de Israel en las redes sociales. Denunciado de oficio por la Guardia Civil, la resolución judicial dicta el sobreseimiento libre del militante del colectivo internacionalista Mar de Lumes y concluye que sus mensajes contenían posiciones antisionistas y no antisemitas y que constituyen una crítica política a Israel, a sus gobernantes y a las acciones de estos en el contexto del conflicto palestino israelí, según difundió este lunes la entidad de la que forma parte Lopes Teixeiro.

“Parece aconsejable explicar que el 'antisemitismo' y el 'antisionismo' son cosas totalmente distintas”, argumenta el magistrado, “basta acudir al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua para comprobar la diferencia. Así, se define antisemita como persona que muestra hostilidad o perjuicios hacia los judíos, su cultura o su influencia, y antisionista como contrario al movimiento político centrado en sus orígenes en la formación de un Estado de Israel [...] la denuncia del Ministerio Fiscal y el atestado que la motivó no dejan dudas de que contienen un discurso antisionista, no antisemita [...] nos encontramos ante posicionamientos políticos legítimos, sin componente religiosa o relativa a cualquier grupo de personas de los que pretende proteger el delito de odio”.

La denuncia del denominado Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña señaló en su escrito algunas publicaciones en Internet durante 2024. “Ni un día sin desear la destrucción del Estado sionista. Una nueva matanza más, un nuevo episodio del genocidio más permitido por la comunidad internacional” o “Vamos a ser claros 'Del río al mar' solo tiene un significado y sí claro que es la desaparición del Estado nazi-sionista de Israel. ¿Y?” fueron dos de los ocho mensajes recopilados por la Benemérita. El propio Lopes Teixeiro consideró en su día que la acusación policial intentaba confundir antisionismo y antisemitismo y banalizaba este último término para “evitar cualquier tipo de crítica al ente sionista”. La demanda de los agentes asumía así las posiciones del gobierno israelí de ultraderecha.

El juzgado ferrolano, sin embargo, lo ve de otra manera. Mar de Lumes, en un comunicado remitido a los medios, explica que la resolución entiende que las posiciones manifestadas por Lopes Teixiero no incitan al odio, ni a la hostilidad ni a la violencia contra las personas judías ni contra ninguno de los colectivos protegidos por el artículo 510 del Código Penal. Los hechos, añade, no son delito y además están amparados por los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la libertad ideológica. El auto judicial, señala la sección 1ª del tribunal ferrolano, “realiza constantes juicios de valor e interpretaciones subjetivas” fuera de lugar.

Es la segunda vez que el juzgado de Ferrol archiva la causa. La primera fue recurrida por la Fiscalía y revocada por la Audiencia Provincial para practicar nuevas diligencias. El juez la archiva ahora de nuevo. Contra esta nueva decisión cabe recurso, pero el colectivo Mar de Lumes espera que no se presente dado “el contenido claro y fundamentado” de la resolución judicial, del archivo de la causa en dos ocasiones y que en esta última vez la Fiscalía ni siquiera se presentó a la declaración de Lopes Teixeiro.

El humorista Héctor de Miguel ha sido puesto en libertad tras haber estado detenido en Salamanca desde el pasado miércoles, tal y como han confirmado desde la Subdelegación del Gobierno, y haber pasado la noche en el calabozo.

La Cadena Ser ha adelantado que la detención ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid por un presunto delito de desobediencia y resistencia a la Justicia por incumplir la condena por “intromisión ilegítima en el honor” de Alfonso Rojo.

En este sentido, De Miguel, condenado por la Audiencia de Madrid a pagar 41.800 euros a Rojo, ya abonó esta cuantía, pero no cumplió correctamente con la lectura del encabezamiento y el fallo de la sentencia en su programa y en sus perfiles de redes sociales, lo que dio inicio a una investigación por desobediencia, ya que fue imposible contactar con él en varias ocasiones, y tras ello fue detenido según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.Tras negarse a declarar ante el juez de Salamanca, ha sido puesto en libertad.

De Miguel, conocido como Quequé, se enfrenta desde el pasado 16 de marzo a la apertura de juicio oral como supuesto autor de un delito de coacciones cometido contra la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

La Fiscalía reclama dos años de prisión por un delito de coacciones (acoso) y el abono de una indemnización de 6.000 euros por perjuicio y daño moral, y considera responsable civil a la entidad Cadena SER.

En mayo de 2025 la Audiencia Provincial de Madrid archivó un caso contra él al no ver un delito de odio en las declaraciones que hizo en su programa radiofónico sobre dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a sacerdotes pederastas.

A primera hora de la tarde, el propio De Miguel ha bromeado con su situación, mediante un vídeo que ha publicado en su perfil oficial de X. En la grabación se ve al propio Quequé en una cafetería viendo en un televisor la noticia de su detención. “Qué hijo de puta, a ver si va p'alante de una vez”, dice girándose a cámara.

La mayoría del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes las enmiendas a la totalidad de PP y Vox contra la proposición de ley de PSOE y Sumar para reformar el Código Penal y eliminar del mismo delitos que restringen la libertad de expresión, como las injurias a la Corona, la ofensa a los sentimientos religiosos o los ultrajes a los símbolos nacionales. De esta forma, el texto logra avanzar en su tramitación parlamentaria y ahora será abordada en comisión antes de someterse a su votación definitiva en pleno.

La norma que este martes ha sido defendido en el Congreso por el dirigente de IU Enrique Santiago, comenzó a tramitarse en 2023, pero llevaba desde entonces congelada en la Cámara Baja porque los socialistas no la consideraban una prioridad. Fue a mediados de junio cuando, en medio de la tormenta judicial que afecta al Ejecutivo, las dos fuerzas que sustentan el Gobierno la reactivaron en el Congreso.

La proposición de ley contempla acabar con cinco delitos recogidos en el Código Penal. Además de las ya mencionadas injurias a la Corona, ultrajes a los símbolos nacionales y ofensa a los sentimientos religiosos, PSOE y Sumar también están de acuerdo en despenalizar las calumnias e injurias a las altas instituciones del Estado y en eliminar el tipo que pena las injurias contra las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

Ambos partidos pactaron en cambio renunciar a la eliminación del delito de enaltecimiento de terrorismo para evitar recelos de otros grupos, pese a que Sumar sí quería derogar ese artículo del Código Penal y sustituirlo por un agravante que permitiría castigar con más dureza los delitos que incluyan vejaciones a víctimas.

La reforma penal lleva años planteándose sin llegar a concretarse, a pesar de que a priori existe —como existía la pasada legislatura, cuando la propuso Unidas Podemos— mayoría parlamentaria para aprobarla. De hecho, en julio de 2024 Sumar y el PSOE ya anunciaron un pacto para suprimir los citados delitos de opinión y lo unieron a otro acuerdo para modificar la ley orgánica que rige el derecho al honor, con el fin de incluir una “reparación pública” ante procesos judiciales prolongados en el tiempo. Ese acuerdo nunca llegó a ponerse en práctica.

Para reactivar la tramitación de la proposición de ley, PSOE y Sumar dejaron de ampliar los plazos de presentación de enmiendas, lo cual permitió que dicho periodo se cierre y se pasara al debate de totalidad de este martes. Ahora los grupos parlamentarios comenzarán a discutir el redactado final de la reforma, que aún necesitaría recibir luz verde del Congreso en otras dos ocasiones antes de pasar al Senado para finalizar su tramitación.

El pasado 28 de abril, la Justicia Federal brasileña condenó a dos años de prisión en régimen abierto al presidente nacional del Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), José Maria de Almeida, conocido como Zé Maria, por delito de racismo. La decisión ha abierto un intenso debate sobre los límites entre la libertad de expresión, la solidaridad con Palestina y la legislación antirracista.

Zé Maria es una figura destacada de la izquierda brasileña. Metalúrgico del cinturón industrial del ABC paulista, participó en las históricas huelgas contra la dictadura militar junto a Luiz Inácio 'Lula' da Silva, fue uno de los fundadores del Partido dos Trabalhadores (PT) en 1980 y posteriormente impulsó el PSTU. Candidato presidencial en cuatro ocasiones, sigue siendo una referencia para sectores sindicales y de la izquierda socialista brasileña.

Las declaraciones que motivaron la condena

La sentencia, dictada por el juez Massimo Palazzolo, de la 4ª Vara Criminal Federal de São Paulo, se refiere a un discurso pronunciado durante una manifestación en apoyo del pueblo palestino celebrada el 22 de octubre de 2023, pocas semanas después del inicio de la actual guerra genocida en Gaza.

La protesta tuvo lugar en la Avenida Paulista y fue retransmitida a través de las redes sociales del PSTU. Durante su intervención, Zé Maria afirmó: “Todo acto de fuerza, todo acto de violencia del pueblo palestino contra el sionismo es legítimo y tenemos que apoyarlo en Palestina y en todo el mundo”. A continuación añadió: “Tenemos que poner, de una vez por todas, un punto final al Estado sionista de Israel para que pueda florecer un Estado palestino, laico y democrático, del río Jordán al mar”.

Tras la manifestación, la Confederación Israelí de Brasil (Conib) y la Federación Israelí del Estado de São Paulo (Fisesp) presentaron denuncias ante el Ministerio Público Federal, quien aceptó la demanda y condenó al dirigente político en primera instancia.

En 2023, la Conib denunció al periodista judío y antisionista Breno Altman por sus declaraciones sobre Palestina, y la Justicia acabó archivando el caso al considerar que sus opiniones estaban amparadas por la libertad de expresión. En abril de 2025, la historiadora Arlene Clemesha, profesora de la Universidad de São Paulo y una de las principales especialistas brasileñas en la cuestión palestina, denunció ser el blanco de una campaña pública de intimidación y difamación tras criticar la definición de antisemitismo de la IHRA y denunciar la ofensiva israelí en Gaza.

Las implicaciones de la condena

Varias organizaciones sindicales rechazan la interpretación del tribunal en el caso de Zé Maria por considerar que equipara una posición política con un delito de racismo y restringe el derecho a la solidaridad internacional. La Fenajufe (principal sindicato para los trabajadores del Poder Judicial) calificó la condena como un “precedente preocupante” que criminaliza la solidaridad entre los pueblos y advierte que confundir la crítica al sionismo con un ataque a un grupo étnico limita el ejercicio de la libertad de expresión y la acción colectiva.

En un discurso del 1 de mayo, Zé Maria declaró: “Esta condena no tiene base histórica, política o legal. Se basa en los argumentos que el movimiento sionista utiliza para intentar defender lo indefendible —el genocidio del pueblo palestino— y para intentar silenciar las críticas al Estado racista, colonialista y sionista de Israel”. En un artículo publicado en el diario Folha de S. Paulo, añadió: “El antisemitismo es racismo, que repudio con todas mis fuerzas. Los sionistas constituyen un movimiento político —el sionismo— cuya ideología racista y colonialista es la base del Estado de Israel”.

Al redefinir la crítica a un Estado como un ataque a un grupo étnico o religioso, la sentencia se aproxima a la interpretación promovida por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). Esta definición ha sido cuestionada por académicos, organizaciones de derechos humanos y sectores de la propia comunidad judía, que advierten de que su utilización para equiparar antisionismo y antisemitismo puede convertirse en un mecanismo para restringir determinadas críticas al Estado de Israel.

Una tendencia regional

Para el Instituto Brasil-Palestina, diversas organizaciones sindicales y los sectores movilizados en solidaridad con Palestina, la condena contra Zé Maria no constituye un hecho aislado, sino una pieza más de una estrategia de lawfare contra el movimiento de apoyo al pueblo palestino a escala continental. La sentencia se produce mientras el Parlamento brasileño debate el Proyecto de Ley 1424/2026, impulsado por la diputada Tabata Amaral (PSB-SP), que pretende incorporar la definición de la IHRA al ordenamiento jurídico brasileño y equiparar el antisionismo al crimen de racismo.

La primera Administración Trump consolidó la definición de la IHRA como un instrumento de la política exterior estadounidense para reforzar el respaldo político y diplomático a Israel bajo la bandera de la lucha contra el antisemitismo. Tras el ascenso del movimiento de solidaridad con Palestina a finales de 2023, el Departamento de Estado intensificó su promoción internacional.

El 3 de marzo de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos estaba “promoviendo la definición de la IHRA como piedra angular de las Directrices Globales para Combatir el Antisemitismo impulsadas por Estados Unidos” y anunció que Washington alentaría a gobiernos y organismos internacionales a adoptarla. Esta orientación adquirió un significado más contundente con la implementación de la Estrategia de Seguridad Nacional por la Administración Trump en diciembre de 2025, que plantea la restauración de la primacía estadounidense en el hemisferio occidental y el fortalecimiento de sus alianzas estratégicas globales, entre ellas la de Israel.

En América Latina, Argentina fue el primer país en adoptar formalmente la definición de la IHRA en 2020. Posteriormente, Uruguay, Guatemala, Colombia, Panamá y Costa Rica incorporaron o respaldaron oficialmente esa definición, consolidando una tendencia regional impulsada por gobiernos aliados de Washington, organizaciones sionistas y organismos internacionales.

Argentina se ha convertido en uno de los principales escenarios de esta disputa. El dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Alejandro Bodart, fue condenado en febrero de 2025 por publicaciones en redes sociales que calificaban a Israel de “racista y genocida”, aunque posteriormente fue absuelto en septiembre del mismo año mediante apelación.

Más avanzado se encuentra el caso de la diputada Vanina Biasi (Partido Obrero-FIT-U), procesada en abril de ese año por comparar las acciones de Israel en Gaza con el nazismo y por denunciar el carácter genocida del sionismo. En agosto de 2025, la Cámara Federal confirmó por unanimidad el procesamiento y el embargo de sus bienes, dejando abierta la posibilidad de un juicio oral.

Brasil había seguido hasta ahora un camino diferente. El Gobierno de Lula rechazó en 2025 la incorporación federal de la definición de la IHRA e incluso retiró al país de su condición de observador en la organización, aunque doce estados brasileños continúan aplicándola a nivel local. Sin embargo, la condena a Zé Maria y el avance de nuevas iniciativas legislativas son interpretados por sus críticos como señales de un cambio de orientación del Gobierno de Lula bajo crecientes presiones diplomáticas, mediáticas y políticas procedentes de Estados Unidos.

Reacción sindical y política

La sentencia provocó una respuesta inmediata de amplios sectores del movimiento sindical brasileño. Nueve centrales sindicales, entre ellas CUT, Força Sindical y CSP-Conlutas, difundieron un comunicado conjunto en el que calificaron el fallo como un ataque a la libertad de expresión y a la solidaridad internacional con Palestina, e iniciaron, junto con los partidos de izquierda, una campaña amplia y unitaria para defender el pleno derecho a la libertad de expresión, incluyendo las críticas al Estado de Israel.

“Si hoy buscan silenciar a Zé María, mañana intentarán silenciar a maestros, estudiantes y trabajadores que se levanten contra las injusticias”, señaló el Sindicato de Profesionales de la Educación de Río de Janeiro. La campaña por Zé Maria y por la anulación de la condena busca, sobre todo, alertar y revertir lo que sus impulsores consideran una creciente judicialización de la solidaridad con Palestina, así como el avance, bajo la presión de la Administración Trump y sus aliados regionales, de iniciativas destinadas a criminalizar el antisionismo y restringir la actividad del movimiento de solidaridad con Palestina en Brasil y América Latina.

La escritora canadiense Margaret Atwood ha advertido este lunes sobre el aumento de la censura en países como Estados Unidos, considerado “un faro de libertad” durante la Guerra Fría, y ha asegurado que nunca en la era moderna se habían prohibido tantos libros como ahora en las bibliotecas y escuelas. Así lo ha manifestado la autora de novelas como 'El cuento de la criada' en su discurso tras ser investida doctora 'honoris causa' por la Universidad de Granada (UGR), un acto en el que ha criticado que algunos partidos políticos reivindiquen la libertad de expresión cuando se encuentran en la oposición, pero, una vez alcanzado el poder, promuevan restricciones y ejerzan presión sobre los medios de comunicación.

Atwood ha afirmado que los profesores de humanidades están “sitiados” en las universidades norteamericanas, donde sus materias están siendo tachadas como “no esenciales” en una época caracterizada por el rápido cambio tecnológico y la innovación científica.

La escritora, que ha defendido el papel de las humanidades, ha subrayado que es precisamente esta área del conocimiento la que enseña a las personas a pensar, a crear y a comprender a los demás, especialmente “a quienes son diferentes a uno mismo”.

Según ha sostenido, es fundamental que los individuos conserven la capacidad de cuestionar sus propias certezas: “Una sociedad que ya no puede pensar con claridad y que ya no puede cuestionar sus propias suposiciones se dirige hacia el precipicio”, ha aseverado en su discurso en el Hospital Real de Granada.

La también autora de 'Los testamentos' ha recordado que el régimen retratado por George Orwell en su novela '1984' persigue consolidar su poder eliminando del lenguaje cualquier palabra que permita a la gente pensar y tener una opinión crítica.

En esa línea se ha preguntado si la inteligencia artificial desempeñará un papel similar a esa “policía del pensamiento” de Orwell: “¿Será capaz la IA de lograrlo? Averigüémoslo”, ha expresado.

Atwood ha enmarcado esta situación de las humanidades y el pensamiento en un contexto internacional que ha definido como una “tormenta perfecta” de crisis simultáneas, como la económica, las guerras de Ucrania, Gaza e Irán, y la degradación del medioambiente.

En este sentido ha compartido su preocupación por la extinción de especies, el deterioro de los ecosistemas y la destrucción de hábitats animales, vegetales y humanos: “Necesitamos oxígeno para respirar, y si destruimos la vida de los océanos, se acabará”, ha subrayado.

A estos desafíos ha añadido las dificultades económicas, como el aumento de los precios y la pérdida de empleos, además del endeudamiento público y el riesgo de hambrunas, factores que, como ha recordado, precedieron históricamente a episodios de gran inestabilidad como la Revolución Francesa.

Pese a este escenario, Atwood ha considerado que España se encuentra en una posición “relativamente favorable” y ha destacado que cuenta con una rica historia y una notable diversidad cultural, por lo que no ha considerado probable que se convierta en una dictadura totalitaria en un futuro próximo.

Además, ha planteado incluso la posibilidad de que, si el contexto internacional se vuelve “más sombrío”, España se podría convertir en un “santuario para la preservación de la alfabetización y el saber”: “No es algo descabellado”, ha expresado. Por su parte, el rector de la UGR, Pedro Mercado, ha destacado los valores de Margaret Atwood y su defensa de los derechos humanos.

Así, ha señalado que su nombramiento como doctora 'honoris causa' representa la convergencia entre una trayectoria “excepcional” y una institución que desde 1531 se ha comprometido con el conocimiento, la libertad y su responsabilidad con la sociedad.

Balti Picornell, expresident del Parlament, ha comparegut aquest dimarts als jutjats de Palma per declarar en el marc de la querella interposada pel diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos, per un presumpte delicte d'injúries. La causa es va iniciar arran d'una publicació a la xarxa social X –abans Twitter– en què Picornell va difondre una imatge en la qual apareixia al costat d'una pintada on es podia llegir “J. Campos puto nazi”.

La defensa de l'expresident de la Cambra autonòmica ha presentat un recurs d'apel·lació contra la interlocutòria dictada el 13 de març de 2026, mitjançant la qual el jutjat va acordar incoar diligències prèvies i obrir una investigació per aquests fets. Aquest recurs s'ha presentat davant l'Audiència Provincial de les Illes Balears després que el jutjat admetés la querella “per un presumpte delicte d'injúries greus a l'autoritat”. L'advocat de Picornell, Josep Rosell Fossas, sosté davant elDiario.es que la querella no té “la mínima consistència juridicopenal exigible”, ja que no descriu fets concrets amb rellevància penal, sinó expressions valoratives emmarcades en un context de crítica política i confrontació ideològica.

En el seu recurs, la defensa subratlla que ni tan sols es desprèn de la querella que Picornell sigui l'autor de la pintada, sinó únicament que s'hauria fotografiat al costat d'un mur on apareixia la frase indicada. Rosell recorda que el dret penal “ha d'intervenir de manera excepcional en matèria d'honor, especialment quan les expressions es produeixen en l'àmbit del debat polític”, la ironia o la provocació pròpia de l'espai públic. En aquest sentit, invoca l'article 20 de la Constitució espanyola i adverteix que admetre a tràmit una querella d'aquest tipus sense una ponderació adequada entre el dret a l'honor i la llibertat d'expressió “pot generar un efecte dissuasiu incompatible amb una societat democràtica”.

El recurs també critica la manca de motivació de la interlocutòria impugnada, que considera insuficient i generadora d'indefensió, en “no justificar per què els fets descrits superarien el llindar de gravetat exigible per apreciar un delicte d'injúries”. El lletrat insisteix que només seria possible una investigació penal “si existissin indicis raonables” de criminalitat, una circumstància que, a parer seu, no es dona en aquest cas. Segons la seva opinió, s'està produint una utilització expansiva del dret penal “per perseguir expressions emeses a l'espai públic i dirigides a representants polítics en un context de debat ideològic”.

Llibertat d'expressió

La defensa de Picornell també sosté que el procediment exemplifica la necessitat d'extremar el control judicial en aquest tipus de casos, precisament per evitar que la via penal s'utilitzi com a mecanisme de restricció de la llibertat d'expressió en el debat polític. Rosell emmarca, a més, la seva argumentació en la doctrina constitucional sobre llibertat d'expressió, segons la qual les manifestacions realitzades en contextos de confrontació política gaudeixen d'un nivell reforçat de protecció.

De fet, el lletrat entén aquesta llibertat d'expressió en un sentit ampli. Recorda que Jorge Campos ha participat en actes de campanya, amb Vox, en llocs que són símbols de l'exaltació franquista, com els celebrats a Sa Feixina. El monòlit de Sa Feixina va ser erigit pel franquisme el 1947 per glorificar els “herois” del Creuer Baleares, enfonsat el març de 1938 i responsable del bombardeig dut a terme un any abans contra la població civil que fugia de Màlaga cap a Almeria en plena ofensiva feixista –episodi històricament conegut com ‘la Desbandá’–. Convertit en un dels símbols més controvertits de Palma, aquest vestigi de l'arquitectura feixista ha estat, durant dècades, objecte de diversos intents de ressignificació, campanyes a favor del seu enderrocament i diferents batalles judicials.

“Crec que estem dins de la llibertat d'expressió”, valora Rosell, i afegeix que hi ha d'haver llibertat d'expressió “fins i tot en aquells casos en què una persona va a actes al Valle de los Caídos” i es burla, segons la seva opinió, dels represaliats i afusellats pel règim de Franco. “Va ser un aliat dels nazis fins que els alemanys van perdre la guerra; llavors, es va cercar uns altres aliats”, analitza. Aquesta argumentació reforça, al seu judici, la petició d'inadmissió del procediment.

En la mateixa línia, Picornell va valorar que el procediment és un intent de l'extrema dreta de restringir la crítica política. “El que no podem permetre és que personatges com aquest intentin retallar la nostra llibertat d'expressió, intentin mantenir-nos callats i que no puguem expressar el que una persona reaccionària diu a les xarxes socials”. “Hem de tenir un dret fonamental a la llibertat d'expressió i cal plantar-los cara”, ha insistit.

L'advocat de Campos refuta els arguments de Rosell i afirma que “la querella és prou clara”. “La llibertat d'expressió no empara les lesions a la dignitat ni a l'honor”, assegura. Afegeix que les publicacions —de Balti Picornell— “es fan fora de qualsevol context de discussió” política i que són “gratuïtes i sense debat ni crítica prèvia”. Segons el seu parer, Picornell “sabia perfectament el contingut de la querella perquè la va publicar a X abans de declarar”.

Picornell va ser president del Parlament balear entre 2017 i 2019, durant la primera legislatura del Govern de la socialista Francina Armengol, que va arribar a la presidència després d'assolir un acord amb tot l'espectre progressista –Unides Podem, Més per Mallorca i Més per Menorca–.

La trajectòria de Campos està marcada per un discurs agressiu contra la immigració, les identitats LGTBI+, les polítiques a favor de la llengua catalana i la memòria democràtica. Recentment, va comparar la gran manifestació celebrada a favor del català amb l'Alemanya nazi, utilitzant per fer-ho la imatge d'una desfilada de torxes celebrada només uns mesos després que Adolf Hitler arribés al poder. Campos també va assenyalar en un altre missatge a les xarxes socials catalanistes i independentistes en el context de la Diada de Mallorca. “Aquest dia sabem que, a Palma, els separatistes pancatalanistes són tots al mateix lloc. Aquestes oportunitats s'haurien d'aprofitar”, va escriure al seu compte d'X. “Contra la seva malaltia, la nostra immensa il·lusió de fer un país millor que el que ells representen”, va afegir.

Balti Picornell, expresidente del Parlament, ha comparecido este martes en los juzgados de Palma para declarar en el marco de la querella interpuesta por el diputado de Vox en el Congreso, Jorge Campos, por un presunto delito de injurias. La causa se inició a raíz de una publicación en la red social X –antes Twitter– en la que Picornell difundió una imagen en la que aparecía junto a una pintada en la que se leía “J. Campos puto nazi”.

La defensa del ex presidente de la Cámara autonómica ha presentado un recurso de apelación contra el auto dictado el 13 de marzo de 2026, por el que el juzgado acordó incoar diligencias previas y abrir una investigación por estos hechos. Este recurso se ha presentado ante la Audiencia Provincial de Balears después de que el juzgado admitiera la querella “por un presunto delito de injurias graves a la autoridad”. El abogado de Picornell, Josep Rosell Fossas, sostiene a elDiario.es que la querella carece de “la mínima consistencia jurídico-penal exigible”, al no describir hechos concretos con relevancia penal, sino expresiones valorativas enmarcadas en un contexto de crítica política y confrontación ideológica.

En su recurso, la defensa subraya que ni siquiera se desprende de la querella que Picornell sea el autor de la pintada, sino únicamente que se habría fotografiado junto a un muro en el que aparecía la frase indicada. Rosell recuerda que el derecho penal “debe intervenir de forma excepcional en materia de honor, especialmente cuando las expresiones se producen en el ámbito del debate político”, la ironía o la provocación propias del espacio público. En este sentido, invoca el artículo 20 de la Constitución Española y advierte de que admitir a trámite una querella de este tipo sin una ponderación adecuada entre el derecho al honor y la libertad de expresión “puede generar un efecto disuasorio incompatible con una sociedad democrática”.

El recurso también critica la falta de motivación del auto impugnado, que considera insuficiente y generador de indefensión, al “no justificar por qué los hechos descritos superarían el umbral de gravedad exigible para apreciar un delito de injurias”. El letrado insiste en que solo cabría investigación penal “si existieran indicios razonables” de criminalidad, algo que, a su juicio, no concurre en este caso. En su opinión, se está produciendo una utilización expansiva del derecho penal “para perseguir expresiones emitidas en el espacio público y dirigidas a representantes políticos en un contexto de debate ideológico”.

Libertad de expresión

La defensa de Picornell también sostiene que el procedimiento ejemplifica la necesidad de extremar el control judicial en este tipo de casos, precisamente para evitar que la vía penal se utilice como mecanismo de restricción de la libertad de expresión en el debate político. Rosell enmarca además su argumentación en la doctrina constitucional sobre libertad de expresión, según la cual las manifestaciones realizadas en contextos de confrontación política gozan de un nivel reforzado de protección.

De hecho, el letrado enmarca esta libertad de expresión en un sentido amplio. Recuerda que Jorge Campos ha participado en actos de campaña, con Vox, en lugares que son símbolos de la exaltación franquista, como aquellos celebrados en Sa Feixina. El monolito de Sa Feixina fue erigido por el franquismo en 1947 para glorificar a los “héroes” del Crucero Baleares, hundido en marzo de 1938 y responsable del bombardeo llevado a cabo un año antes contra la población civil que huía de Málaga a Almería en plena ofensiva fascista –episodio históricamente conocido como 'la Desbandá'–. Convertido en uno de los símbolos más controvertidos de Palma, este vestigio de la arquitectura fascista ha sido, durante décadas, foco de varios intentos de resignificación, campañas en pro de su demolición y distintas batallas judiciales.

“Creo que estamos dentro de la libertad de expresión”, valora Rosell y añade que debe de haber libertad de expresión “incluso en aquellos casos en que una persona va a actos en el Valle de los Caídos” y se burla, según su opinión, de los represaliados y fusilados por el régimen de Franco. “Fue un aliado de los nazis hasta que los alemanes perdieron la guerra, entonces, se buscó a otros”, analiza. Esta argumentación refuerza a su juicio la petición de inadmisión del procedimiento.

En la misma línea, Picornell valoró que el procedimiento es un intento de la extrema derecha de restringir la crítica política. “Lo que no podemos permitir es que personajes como este intenten recortar nuestra libertad de expresión, intenten mantenernos callados y que no podamos expresar lo que una persona reaccionaria dice en redes sociales”. “Tenemos que tener un derecho fundamental a la libertad de expresión y hay que hacerles frente”, ha incidido.

Por su parte, el abogado de Campos refuta los argumentos de Rosell y afirma que “la querella es bastante clara”. “La libertad de expresión no ampara las lesiones a la dignidad ni al honor”, asegura. Añade que las publicaciones –de Balti Picornell– “se hacen fuera de todo contexto de discusión” política y que son “gratuitas y sin debate ni crítica previa”. A su juicio, Picornell “sabía perfectamente el contenido de la querella porque lo publicó en X antes de declarar”.

Picornell fue presidente del Parlament balear entre 2017 y 2019, durante la primera legislatura del Govern de la socialista Francina Armengol, quien llegó a la presidencia tras alcanzar un acuerdo con todo el espectro progresista –Unidas Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca–.

La trayectoria de Campos está marcada por un discurso agresivo contra la inmigración, las identidades LGTBI+, las políticas en favor de la lengua catalana y la memoria democrática. Recientemente comparó la gran manifestación celebrada en favor del catalán con la Alemania nazi, utilizando para ello la imagen de un desfile de antorchas celebrado apenas unos meses después de que Adolf Hitler ascendiera al poder. Campos también señaló en otro mensaje en redes sociales a catalanistas e independentistas en el contexto de la Diada de Mallorca. “Este día sabemos que, en Palma de Mallorca, los separatistas pancatalanistas están todos en el mismo sitio. Estas oportunidades habría que aprovecharlas”, escribió en su cuenta de X. “Contra su enfermedad, nuestra inmensa ilusión de hacer un país mejor que el que ellos representan”, añadió.

Un tribunal de apelación le ha dado la razón al Gobierno británico y asegura que la prohibición del grupo pro-palestino Palestine Action es correcta en contra de lo que dictó en febrero el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales. Es probable que el caso llegue ahora al Tribunal Supremo.

Este febrero, la justicia británica había apoyado a la co-fundadora de Palestine Action y había declarado ilegal la clasificación del grupo como “terrorista” del Ministerio del Interior. La inclusión de Palestine Action en la lista de organizaciones terroristas es lo que ha llevado a la detención masiva de manifestantes en el último año durante protestas en apoyo al grupo.

En julio del año pasado, el Gobierno británico incluyó a este grupo en su elenco de organizaciones terroristas después de varios actos de boicot, en un caso con violencia, en una fábrica israelí y en una base de la fuerza área del Reino Unido.

Desde entonces, cientos de personas han sido detenidas por llevar chapas o carteles que utilizaban el nombre de Palestine Action. La mayoría han sido puestas en libertad sin cargos, pero se estima que al menos 3.000 personas han sido detenidas.

Según el tribunal de apelación, el Gobierno británico mostró “una posición equilibrada” en su prohibición del grupo. “Palestine Action promueve la violencia de manera excesiva, hasta el punto de que constituye terrorismo... Esto no son las sufragistas”, dijo en su sentencia la jueza que presidía el tribunal de apelación, Sue Carr.

La decisión de febrero

El Alto Tribunal del Reino Unido declaró en febrero que “la naturaleza y la escala de las actividades de Palestine Action” no llegan al umbral requerido para la clasificación más severa del Estado.

La jueza que presidía la corte, Victoria Sharp, dijo en su sentencia que Palestine Action es “una organización que promueve su causa política a través de la delincuencia” y que sus acciones van dirigidas a “intimidar” y no son coherentes con “los valores democráticos”, pero consideró entonces que la prohibición del grupo es “desproporcionada”.

Sus miembros pueden ser –y ya lo están siendo– procesados de manera individual por sus acciones.

En mayo, cuatro activistas del grupo fueron condenados por el asalto de una fábrica de la empresa israelí de defensa Elbit, cerca de Bristol, en agosto de 2024, la destrucción de ordenadores y otros equipos, y el ataque a una vigilante con un martillo. La mujer se ha recuperado, pero tiene secuelas en la espalda.

Las protestas

Entretanto, la policía metropolitana de Londres, insegura sobre cómo actuar, había suspendido en algunos casos los arrestos masivos en las protestas de personas que apoyaban al grupo. A la vez, los agentes han seguido actuando en escenarios concretos, por ejemplo. delante de los tribunales. Ahora podrían volver los polémicos arrestos, que han cuestionado una vez más las protecciones a la libertad de expresión en el Reino Unido.

El Gobierno del laborista Keir Starmer asegura estar cumpliendo con la legislación aprobada en 2000 que define el terrorismo en sentido amplio, incluyendo daños graves contra edificios, infraestructura u otra propiedad con fines políticos, y no sólo la amenaza o el daño para las personas. En el texto se incluye como terrorismo cualquier actividad “diseñada para influir en el Gobierno o intimidar al público” para “avanzar una causa política, religiosa o ideológica” y que podría traducirse en “violencia grave contra una persona” o “daño grave contra una propiedad”.

Se espera que Palestine Action recurra la decisión del tribunal de apelación y el caso llegue al Tribunal Supremo en los próximos meses.

L'expresident del Parlament balear Balti Picornell ha comparegut aquest dijous als jutjats de Palma arran de la querella interposada pel diputat de Vox al Congrés Jorge Campos per haver-se referit presumptament a ell com a “puto nazi”. L'encausat no ha arribat a declarar, ja que no li havia estat notificada formalment la querella, i ha estat citat novament per al pròxim dimarts a les 13.00 hores.

Segons ha explicat la seva defensa a les portes del jutjat, Picornell havia estat convocat únicament mitjançant una telefonada i un missatge SMS. Davant aquesta situació, el jutge ha acordat lliurar-li ara la documentació i assenyalar una nova data perquè declari en qualitat d'investigat. El seu advocat, Josep Rosell, del col·lectiu Acció Cassandra, ha anunciat a més que recorrerà l'admissió a tràmit de la querella en considerar que els fets denunciats estan emparats pel dret fonamental a la llibertat d'expressió.

“No podem tolerar que, encara que finalment s'arxivàs, s'investigui una persona per uns fets que, encara que fossin certs, no serien constitutius de delicte”, ha expressat el lletrat.

El mateix Picornell ha emmarcat el procediment en un intent de l'extrema dreta de restringir la crítica política: “El que no podem permetre és que personatges com aquest intentin retallar la nostra llibertat d'expressió, intentin tenir-nos callats i que no puguem expressar el que una persona reaccionària diu a les xarxes socials”. “Hem de tenir garantit un dret fonamental com és la llibertat d'expressió i els hem de fer front”, ha incidit.

En aquesta línia, el seu advocat ha assenyalat que els estàndards de protecció de la llibertat d'expressió són especialment amplis quan afecten responsables polítics. En aquest sentit, ha defensat que expressions com la que ha motivat la querella s'han d'analitzar en el context de la trajectòria pública del denunciant. “Parlam d'un polític que s'ha significat per homenatges al Valle de los Caídos, per posicionar-se contra represaliats del franquisme o per afirmar que el 18 de juliol és el dia més important d'Espanya”, ha argumentat.

La defensa preveu presentar directament un recurs davant l'Audiència Provincial de les Balears després que el jutjat admetés la querella per un presumpte delicte d'injúries greus a l'autoritat. Previsiblement, el recurs no arribarà a resoldre's abans de la nova compareixença prevista per a la setmana vinent. “Veurem què entén el tribunal i fins on arriben els estàndards de la llibertat d'expressió espanyola”.

A les portes dels jutjats de Via Alemanya, una quinzena de persones s'han concentrat per mostrar el seu suport a l'expresident de la cambra autonòmica. Després d'abandonar l'edifici judicial, Picornell ha estat rebut amb aplaudiments per part dels assistents.

La causa té el seu origen en una querella presentada per Campos després que Picornell difongués reiteradament a les seves xarxes socials una fotografia en què apareix posant al costat d'un grafit amb el missatge “J. Campos puto nazi”. La setmana passada, el diputat de Vox va ratificar la denúncia davant el jutjat instructor i va avançar que no descarta ampliar-la a altres persones que també hagin compartit o utilitzat la citada imatge.

Picornell va presidir el Parlament entre 2017 i 2019, durant el segon mandat de la socialista Francina Armengol. Durant la seva etapa al capdavant de la cambra autonòmica va intentar projectar una imatge austera i institucional, marcada per la proximitat als moviments socials i per gestos simbòlics contra els privilegis associats al càrrec. Entre aquests, va renunciar a utilitzar el cotxe oficial i va defensar una presidència més pròxima a la ciutadania i menys vinculada a la solemnitat tradicional de les institucions.

El discurs ultra de Jorge Campos

Es dona la circumstància que, el maig de 2024, el mateix diputat de Vox va comparar la gran manifestació celebrada dies abans en favor del català, utilitzant per fer-ho la imatge d'una desfilada de torxes celebrada pocs mesos després que Adolf Hitler arribàs al poder.

Campos també va assenyalar en una altra publicació catalanistes i independentistes en el context de la Diada de Mallorca. “Aquest dia sabem que, a Palma de Mallorca, els separatistes pancatalanistes estan tots al mateix lloc. Aquestes oportunitats s'haurien d'aprofitar”, va escriure al seu compte de X. “Contra la seva malaltia, la nostra immensa il·lusió de fer un país millor que el que ells representen”, va afegir.

Cal assenyalar que la trajectòria de Jorge Campos està marcada per un discurs bel·ligerant contra la immigració, les identitats LGTBI+, les polítiques en favor de la llengua catalana i la memòria democràtica. El setembre de 2022, la llavors presidenta del Govern, Francina Armengol, li va retreure que en una intervenció al Parlament balear vinculàs la “taxa de criminalitat de les Balears” amb l'“augment constant d'immigrants il·legals”. “No tot s'hi val en política. En política no val la mentida com a norma en les seves intervencions, no val el racisme ni val la xenofòbia que vostè aplica”, li va etzibar la dirigent socialista.

El passat mes d'octubre, Campos Campos va instar el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, a “acollir MENAS al seu palau” -reproduint la terminologia amb què l'extrema dreta al·ludeix de manera despectiva als menors migrants no acompanyats- després que el prelat fes una crida a la ciutadania i als responsables polítics per frenar els discursos d'odi contra les persones migrants: “Anomenar-los delinqüents és una calúmnia, una acusació molt greu contra gent que ha hagut d'abandonar casa seva”, va afirmar el bisbe.

El diputat ultra també va convertir el debat educatiu en un camp de batalla ideològic, acusant l'anterior Executiu d'esquerres d'“adoctrinar” els alumnes i prometent “treure de les escoles” aquells que, segons ell, “ataquen la nació”. Segons el seu parer, aquests docents havien de ser expulsats “per higiene democràtica”.

En un altre missatge a X, Campos, lluny de condemnar la bandera LGTBI en un institut de Muro (Mallorca), va lamentar els fets en considerar que l'ensenya “embruta la paret” i que “s'haurien pogut ocasionar danys materials o personals”. “Què hi pinta aquesta tela multicolor, que representa una ideologia discriminatòria, a la paret d'un institut? Els centres educatius no han de ser murals on es pengin pancartes, banderes o símbols amb càrrega ideològica o política, com aquesta bandera multicolor. Únicament han de comptar amb les banderes oficials”, va manifestar.

El expresidente del Parlament balear Balti Picornell ha comparecido este jueves en los juzgados de Palma a raíz de la querella interpuesta por el diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos por supuestamente referirse a él como “puto nazi”. El encausado no ha llegado a declarar dado que no le había sido notificada formalmente la querella y ha sido citado nuevamente para el próximo martes a las 13.00 horas.

Según ha explicado su defensa a las puertas del juzgado, Picornell había sido convocado únicamente mediante una llamada telefónica y un mensaje SMS. Ante esta situación, el juez ha acordado entregarle ahora la documentación y señalar una nueva fecha para su declaración en calidad de investigado. Su abogado, Josep Rosell, del colectivo Acció Cassandra, ha anunciado además que recurrirá la admisión a trámite de la querella al considerar que los hechos denunciados están amparados por el derecho fundamental a la libertad de expresión.

“No podemos tolerar que, aunque finalmente se archivara, se investigue a una persona por unos hechos que aunque fueran ciertos no serían constitutivos de delito”, ha expresado el letrado.

El propio Picornell ha enmarcado el procedimiento en un intento de la extrema derecha de restringir la crítica política: “Lo que no podemos permitir es que personajes como este intenten recortar nuestra libertad de expresión, intenten tenernos callados y que no podamos expresar lo que una persona reaccionaria dice en redes sociales”. “Tenemos que tener un derecho fundamental a la libertad de expresión y hay que hacerles frente”, ha incidido.

En esta línea, su abogado ha señalado que los estándares de protección de la libertad de expresión son especialmente amplios cuando afectan a responsables políticos. En este sentido, ha defendido que expresiones como la que ha motivado la querella deben analizarse en el contexto de la trayectoria pública del denunciante. “Estamos hablando de un político que se ha significado por homenajes al Valle de los Caídos, por posicionarse contra represaliados del franquismo o por afirmar que el 18 de julio es el día más importante de España”, ha argumentado.

La defensa prevé presentar directamente un recurso ante la Audiencia Provincial de Balears después de que el juzgado admitiera la querella por un presunto delito de injurias graves a la autoridad. Previsiblemente, el recurso no llegará a resolverse antes de la nueva comparecencia prevista para la próxima semana. “Veremos qué entiende del tribunal y hasta dónde llegan los estándares de la libertad de expresión española”.

A las puertas de los Juzgados de Vía Alemanya, una quincena de personas se ha concentrado para mostrar su apoyo al expresidente de la Cámara autonómica. Tras abandonar el edificio judicial, Picornell ha sido recibido con aplausos por parte de los asistentes.

La causa tiene su origen en una querella presentada por Campos después de que Picornell difundiera reiteradamente en sus redes sociales una fotografía en la que posa junto a un grafiti con el mensaje “J. Campos puto nazi”. La semana pasada, el diputado de Vox ratificó la denuncia ante el juzgado instructor y avanzó que no descarta ampliarla a otras personas que también hayan compartido o utilizado la citada imagen.

Picornell presidió el Parlament entre 2017 y 2019, durante el segundo mandato de la socialista Francina Armengol. Durante su etapa al frente de la Cámara autonómica trató de proyectar una imagen austera e institucional, marcada por la cercanía a los movimientos sociales y por gestos simbólicos contra los privilegios asociados al cargo. Entre ellos, renunció a utilizar el coche oficial y defendió una presidencia más próxima a la ciudadanía y menos ligada a la solemnidad tradicional de las instituciones.

El discurso ultra de Jorge Campos

Se da la circunstancia de que, en mayo de 2024, el propio diputado de Vox comparó la gran manifestación celebrada días antes en favor del catalán con la Alemania nazi, utilizando para ello la imagen de un desfile de antorchas celebrado apenas unos meses después de que Adolf Hitler ascendiera al poder.

Campos también señaló en otra publicación a catalanistas e independentistas en el contexto de la Diada de Mallorca. “Este día sabemos que, en Palma de Mallorca los separatistas pancatalanistas están todos en el mismo sitio. Estas oportunidades habría que aprovecharlas”, escribió en su cuenta de X. “Contra su enfermedad, nuestra inmensa ilusión de hacer un país mejor que el que ellos representan”, añadió. 

Cabe señalar que la trayectoria de Jorge Campos está marcada por un beligerante discurso contra la inmigración, las identidades LGTBI+, las políticas en favor la lengua catalana y la memoria democrática. En septiembre de 2022, la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol, le reprochó que en una intervención en el Parlament balear vinculase la “tasa de criminalidad de Balears” con el “aumento constante de inmigrantes ilegales”. “No todo vale todo en política. En política no vale la mentira como norma en sus intervenciones, no vale el racismo ni vale la xenofobia que usted aplica”, le espetó la dirigente socialista.

El pasado mes de octubre, Campos emplazó al obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, a “acoger MENAS en su palacio” -reproduciendo la terminología con la que la exprema derecha alude de forma despectiva a los menores migrantes no acompañados- después de que el prelado hiciese una llamada a la ciudadanía y a los responsables políticos para frenar los discursos de odio contra las personas migrantes: “Llamarles delincuentes es una calumnia, una acusación muy grave contra gente que ha tenido que marcharse de su casa”, profirió el obispo.

El diputado ultra también convirtió el debate educativo en campo de batalla ideológica, al acusar al anterior Ejecutivo de izquierdas de “adoctrinar” a los alumnos y prometer “sacar de las escuelas” a quienes, según él, “atacan a la nación”. A su juicio, estos docentes debían ser expulsados “por higiene democrática”.

En otro mensaje en X, Campos, lejos de condenar la quema de una bandera LGTBI en un instituto de Muro (Mallorca), lamentó los hechos al considerar que la enseña “ensucia la pared” y “podrían haberse ocasionado daños materiales o personales”. “¿Qué pinta esa tela multicolor, que representa una ideología discriminatoria, en la pared de un instituto? Los centros educativos no deben ser murales donde se cuelguen pancartas, banderas o símbolos con carga ideológica o política, como esa bandera multicolor. Únicamente deben contar con las banderas oficiales”, manifestó.

Vestidito con el uniforme blanco de Capitán General de la Armada, símbolo del blanqueamiento de la dictadura franquista a lo largo de estas casi cinco décadas de democracia y de la retórica que el régimen utilizó para presentarlo como timonel de España. Así aparece el dictador en la nueva e hiperrealista instalación Always Franco, de Eugenio Merino, casi idéntica a la presentada en 2012 en la feria ARCO, donde el militar aparecía en el interior de una nevera que simulaba ser de una marca de refrescos. En aquel momento, su creación le granjeó una denuncia por parte de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), a la cual ganó en los tribunales.

Un año después de celebrarse los 50 años de la muerte del dictador y el mismo año en que se conmemoran los 90 años del inicio de la Guerra Civil, Merino explica que esta obra habla de la persistencia del franquismo en la cultura y la política españolas. “Desde que presenté la pieza original, la extrema derecha solo ha crecido. La situación ha empeorado mucho. Y no solo en España. La ultraderecha coge fuerza a nivel internacional”, comenta.

La instalación, que se podrá ver en la galería ADN a partir del 13 de junio, pone sobre la mesa cómo los neofascismos en España han transformado el franquismo en una historia “basada en el negacionismo de lo que fueron las consecuencias de la dictadura”, completa el artista plástico. Además, el viernes 26 de junio Merino participará en el festival de elDiario.es FIC junto a Darío Adanti en el espectáculo Chistes contra Franco, un acto de memoria disidente.

Merino aporta un nuevo giro a la obra con su subtítulo: ‘Spanish Brand’, una traducción literal de Marca España. “La Marca España surgió apenas unos meses después de presentar la obra en 2012 para blanquear el presente político de España en aquel momento”, sostiene. Se refiere al caso Gürtel, trama de corrupción en la que se han visto implicados numerosos mandos del PP, y la inhabilitación del juez Baltasar Garzón, “quien comenzó el proceso de justicia y reparación a las víctimas del franquismo en España”, recuerda el mismo Merino.

Capitán del barco que era España

A diferencia del Always Franco de ARCO, en esta ocasión el dictador aparece con el uniforme blanco impoluto de Capitán General de la Armada. “Es un juego visual. Transformamos la imagen más militar de Franco en una visión más blanqueada, que es en lo que incide la pieza”, comenta.

Presentarlo de esta forma también aporta la posibilidad de trazar una metáfora ligada a la retórica del régimen, que siempre se valía del lenguaje náutico para su propaganda. “Era una manera de dirigir el pensamiento de la sociedad y de legitimar su figura como director y capitán del barco llamado España”, añade Merino en declaraciones a elDiario.es.

Si en 2012 su Always Franco sulfuró a la FNFF hasta tal punto de que llevaron la obra a los tribunales, el artista admite casi década y media después que no teme una posible denuncia por parte de esta organización en vías de extinción por la Ley de Memoria Democrática. “Yo no solo gané aquel juicio, sino la libertad de utilizar esa figura tal y como ya se había usado”, rememora. Y agrega: “Me parece sorprendente que haya que defender la libertad de expresar el rechazo a la dictadura y la figura del dictador”.

Merino señala que, en la actualidad, quizá serían otras asociaciones las que intentaran castigarle por su creatividad, y menciona a los ultraconservadores de Hazte Oír y Abogados Cristianos. “Ellos también forman parte del resurgimiento de la extrema derecha en el siglo XXI. Son la base que permite que la extrema derecha opere de una forma mucho más sólida que en 2012”, apunta.

Hacia la cultura del consumo

La cabeza hiperrealista de Franco se modeló en un primer momento un año antes de ser expuesta la obra al completo en ARCO. De ahí, Merino ha ido sacando diversos moldes a lo largo de estos años, como el utilizado en julio de 2025 en el festival Ex Abrupto de Molà (Barcelona), donde se jugó un partido de fútbol con la cabeza como pelota cerca de una antigua línea de trincheras republicanas de la Guerra Civil. Las manos también provienen de un molde de manos reales. El material utilizado es silicona de platino, a la que se le añade pelo humano. Una sastra se encarga de realizar todos los elementos militares, como el uniforme y la gorra.

La nevera es de producción industrial y una empresa de rotulación se encarga de colocar los vinilos que reproducen los colores y las formas de la conocida marca de refrescos. Con ello, el artista añade un nuevo nivel de significación a la obra.

“Con ese vinilo nos acercamos a la cultura del consumo, cuando durante la dictadura se introdujo esa ‘American way of life’ dentro de una España completamente precaria. De ahí viene este modelo de turismo y consumo que todavía hoy mantenemos”, desarrolla el creador, quien retoma la idea de la Marca España. Tal y como abunda, “cuando Rajoy inventa este lema, lo hace en referencia al Spain is different de Fraga en los años 60, lo que no deja de ser un nuevo blanqueamiento de la dictadura durante la democracia”.

Franco como mercancía

Halim Badawi, investigador, crítico y comisario de arte, ha participado en el proyecto que ahora recupera Merino. Según ha escrito este experto colombiano, en Always Franco se “desplaza el cadáver político del dictador desde el mausoleo monumental hacia la lógica de la mercancía, revelando cómo las figuras autoritarias no siempre desaparecen con su muerte biológica”.

El régimen confirió a su tumba y mausoleo unos aires de grandeza que casi tardaron medio siglo en desaparecer, al menos en parte. El valle de Cuelgamuros luce ahora sin su cuerpo bajo la gran cruz, guía del nacionalcatolicismo imperante durante el régimen. En la instalación de Merino, el cuerpo de Franco sigue expuesto “bajo el brillo industrial de la refrigeración comercial de Coca-Cola, una marca trasnacional asociada con la expansión simbólica del capitalismo global y con su capacidad para infiltrar los imaginarios cotidianos más íntimos”, según Badawi.

El franquismo aparece así “como un horizonte de sentido que continúa infiltrándose en los imaginarios, las arquitecturas, las nostalgias familiares, ciertas formas de autoridad o en los silencios institucionales de la democracia española”, tal y como valora el crítico de arte. El mismo Badawi finaliza: “Franco deja de pertenecer exclusivamente al campo de la historia para ingresar en el flujo de las mercancías, las marcas, el entretenimiento y la banalización propia de una sociedad de redes sociales, clickbait, conspiraciones y contenidos basura”.

Memes a favor del odio

La catedrática de Historia y fundadora de la Cátedra de Memoria Histórica Siglo XX de la Universidad Complutense de Madrid Matilde Eiroa San Francisco ha reflexionado sobre la instalación que presenta Merino. Esta experta defiende que Franco se convirtió en un producto viral en 2019 cuando se produjo su exhumación, coyuntura en que los memes y el humor adquirieron gran protagonismo.

La también integrante del Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica opina que, “en la actualidad, la presencia de las figuras de Franco y Hitler como ”ídolos“ en las redes sociales está relacionada con la propagación del discurso del odio y la desinformación promovida desde la extrema derecha”. Según ha escrito en un texto realizado por la presentación de Always Franco, esta presencia de los dictadores en las redes se utiliza “para la difusión de ideas neofascistas y la captación de jóvenes”.

Sarah Wynn-Williams, abogada y antigua jefa de política pública global de Facebook, se subió este domingo al escenario del Hay Festival, el encuentro literario anual en un pueblo de Gales. Se sentó entre Tim Wu, catedrático de la Universidad de Columbia, y la periodista Carole Cadwalladr. Wynn-Williams permaneció en silencio todo el evento para evitar una sanción de Meta, la propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp.

Era una de las charlas más esperadas del festival, y se presentaba como una conversación con Wynn-Williams y Wu, que acaba de publicar The Age of Extraction, un ensayo sobre cómo las grandes plataformas se han convertido en un factor de inestabilidad y desigualdad. Hace dos décadas, Wu acuñó el término neutralidad de la red como un principio por el que los proveedores de Internet deben tratar el tráfico de datos sin discriminar ni priorizar contenidos para garantizar una red abierta donde los operadores no favorezcan sus propios servicios o no cobren extra a otros. Cadwalladr es la reportera que en 2018 reveló en el Observer el escándalo de Cambridge Analytica, una consultora que utilizó datos personales de millones de usuarios de Facebook sin consentimiento para la campaña de Donald Trump en 2016.

Wynn-Williams es la autora de Los irresponsables, una crónica de sus siete años en Facebook (ahora la empresa se llama Meta) que denuncia el desdén de líderes egocéntricos y superficiales ante el impacto negativo de la red en la política y la salud, la complicidad con regímenes autoritarios y un ambiente de supuestos abusos laborales y sexuales que llegaba hasta la cúpula, incluida Sheryl Sandberg, la exdirectora ejecutiva. El retrato de Mark Zuckerberg es el de un líder caprichoso, deseoso de atención de los políticos y de la adulación constante de sus empleados. El título original en inglés, Careless People (gente descuidada) viene de una cita de El gran Gatsby, la novela de Scott Fitzgerald: “Eran gente descuidada. Tom y Daisy destrozaban cosas y criaturas y luego se refugiaban en su dinero o en su inmensa despreocupación, o lo que quiera que los mantuviera juntos, y dejaban que otras personas limpiaran el desastre que habían causado”.

Meta dice que el libro de Wynn-Wlliams contiene información “falsa y difamatoria”, aunque no entra en detalles.

El evento en el Hay Festival prometía ser una “conversación abierta y sincera” sobre “los entresijos de la influencia sin precedentes de las redes sociales, las fuerzas ocultas que moldean nuestra vida online y las preguntas urgentes sobre la democracia, la privacidad y la rendición de cuentas en la era digital”. En cambio, la exempleada de Facebook no pudo pronunciar palabra.

Silencio

Wynn-Williams está acostumbrada al silencio sobre su libro, que se publicó en marzo de 2025 en inglés. Entonces Meta acudió al sistema de arbitraje que en Estados Unidos se ocupa de disputas comerciales y argumentó que su antigua trabajadora no debería poder hablar sobre el libro por el contrato que firmó para recibir una indemnización por despido en 2017.

Unas horas después de que el libro llegara a las librerías en Estados Unidos, Meta logró una orden legal para impedir que Wynn-Williams lo promocionara. La decisión del árbitro no afectaba a la editorial ni a la publicación de libro, que ha vendido más de 150.000 ejemplares y que la editorial Península editó el pasado julio en español. Pero Wynn-Williams no podía “amplificar” de ninguna manera el contenido de su libro que podría ser considerado una forma de “comentarios críticos o dañinos” para su antigua empresa. 

La autora no dio entonces las habituales entrevistas para la promoción de su libro y no apareció durante casi un año en eventos públicos para hablar de su libro. En marzo de este año, Wynn-Williams, que es diplomática neozelandesa y ahora vive en el Reino Unido, se atrevió a participar en algunas charlas públicas para hablar sobre tecnología, democracia y la inteligencia artificial, su campo de especialización ahora, pero sin mencionar a Meta o lo que cuenta su libro. 

En uno de los pocos eventos que hizo a principios de marzo, en una pequeña sala de la librería Blackwell’s en Oxford, sin streaming ni apenas cobertura (por la pobre infraestructura local), Wynn-Williams permaneció en silencio, con aire impasible, mientras la moderadora leía pasajes de Los irresponsables. Incluso esos párrafos fueron elegidos con cuidado para evitar las partes más polémicas o críticas con Facebook. 

Pero eventos como el de Oxford molestaron a Meta, que volvió a pedir la intervención de urgencia del árbitro para impedir que Wynn-Williams participara en foros públicos donde se mencionara o se vendiera su libro. Después de los renovados esfuerzos de Meta, la abogada de Wynn-Williams le aconsejó que no dijera nada de nada en el evento ya previsto en Gales. El festival, en lugar de cancelar la charla o quitar a la autora del panel, optó por escenificar el silencio por mandato legal. 

La directora de programación del festival, Helen Bagnell, anunció al público que, siguiendo el consejo legal, la autora no podía hablar, pero acompañaba a los ponentes en el escenario, y así los espectadores estaban presenciando “un acto importante de solidaridad con los silenciados”. 

Wu, el catedrático de Derecho de la Universidad de Columbia, criticó lo que estaba pasando: “Esto es un ejemplo vivo de censura. Tenemos que llamarlo por su nombre. Esta es la era de la censura privada. Es una imposición de poder”, dijo. “Demuestra que algunos de los peores abusos de nuestro tiempo no se limitan a reyes, emperadores o gobiernos, sino que los comete un tipo de empresas que han asumido la soberanía y buscan imponer su poder del mismo modo que lo hacen los Estados despóticos”.

“Parpadea dos veces”

La autora se sentó en silencio y no se atrevió ni a mover la cabeza en forma de asentimiento o negación. “Esto podría ser una primera vez para el Hay, tenemos a un autor en una situación de secuestro”, dijo Cadwalladr, la periodista. “Parpadea una vez si nos oyes, Sarah; dos veces si Zuckerberg es un imbécil”. 

La autora apenas se movía. Ya tiene práctica en no parpadear ni hacer gestos cuando hay referencias a Meta o a su libro. Al final del evento, el público le dedicó una ovación de aplausos tan intensa que la hizo llorar. 

El camino tomado por Meta puede sentar precedente para la libertad de expresión especialmente en Silicon Valley, donde son habituales los contratos como el de Wynn-Williams para evitar críticas de sus prácticas. 

La empresa ha descrito el libro como “una mezcla de denuncias anticuadas y ya contadas” sobre la compañía y “acusaciones falsas” sobre sus ejecutivos, y asegura que la despidió por sus “pobres resultados” y que sus denuncias de acoso estaban infundadas. Pero la empresa ha optado por denunciarla no por contenido del libro, sino por el contrato que firmó al marcharse y que le prohíbe decir una palabra despectiva sobre su antiguo empleador o cualquier persona que trabaje allí. Hay un proceso judicial en curso sobre la legitimidad de esta práctica y si ese contrato sigue vigente para siempre. Entretanto, Meta sigue intentando que la abogada y su libro tengan la menor difusión posible. 

Durante el evento en el Hay Festival, Cadwalladr leyó la carta de la abogada de Wynn-Williams que detallaba las últimas quejas ante el tribunal de Meta. En marzo, justo cuando la autora habló en Oxford y se publicó la edición de bolsillo en inglés, Meta acudió al árbitro designado en su caso en Estados Unidos para pedir una sanción económica contra Wynn-Williams por supuestamente violar la orden preventiva por su contrato.

Según la explicación ofrecida en la carta de la abogada, Meta sostiene que la autora viola la orden “cada vez que aparece en público en un lugar donde debería saber que su libro está en venta y su presencia podría llamar la atención sobre él”, por ejemplo, en una librería. Meta identificaba la participación en el Hay Festival de manera preventiva “como una conducta que debe ser sancionada de manera formal”.

El abogado encargado del arbitraje rechazó levantar la orden temporal que pesa sobre la autora desde hace más de un año y advirtió que no debe hablar en ningún evento “donde su presencia probablemente animaría a las ventas” de su libro.

Una ministra del Gobierno británico aseguró durante un debate sobre derechos laborales en la Cámara de los Comunes que cada infracción le puede costar a la autora 50.000 dólares (más de 43.000 euros). Por precaución, el festival de Gales retiró el libro de la venta. 

Meta aseguró este lunes en un comunicado compartido con elDiario.es y otros medios que “se trata de una resolución del árbitro, no de una decisión de Meta para silenciar a nadie”. “Tenemos derecho a pedir que los términos de esa resolución se cumplan”, dice la empresa, que insiste en la resolución de arbitraje provisional que Wynn-Williams aceptó y que “prohíbe explícitamente la promoción de su libro”. También destaca que el texto es público.

La amenaza de la IA

En los eventos que molestaron a Meta en marzo, la autora se concentraba en un discurso general y más relacionado con el momento actual, en particular la inteligencia artificial y los centros de datos que está intentando atraer el Reino Unido. 

La autora se preguntaba sobre el entusiasmo del primer ministro británico, Keir Starmer, para atraer estos centros como supuesto generador de puestos de trabajo.

“¿Alguna vez ha estado en un centro de datos? No hay nadie allí. Me pregunto si en su cabeza es como un almacén de Amazon y piensa en gigantescos almacenes llenos de gente trabajando”, explicaba Wynn-Williams en la librería de Oxford. “Después de haber pasado mucho tiempo en condiciones gélidas, intentando negociar todo tipo de cosas relacionadas con centros de datos, lo que más te sorprende de estos lugares es su silencio. Son tan silenciosos y están tan vacíos... Y la falta de empleos es tan evidente que me pregunto: ¿es ingenuidad? En mis días más sombríos, pienso en que el ex primer ministro [Rishi Sunak] ahora es asesor de Anthropic y de Microsoft, y que un exministro de Hacienda [George Osborne] ahora trabaja en OpenAI... Si no es ingenuidad, ¿será complicidad?”

Uno de sus principales mensajes en 2026 es que la experiencia de las redes sociales y cómo han alterado nuestro mundo debería servir ahora de lección para la regulación de las empresas de inteligencia artificial. “Muchos de los problemas que surgieron con las redes sociales y la dificultad de regularlas y equilibrarlas con la libertad de expresión y con empresas que son transnacionales o que tienen un alcance global y no necesariamente están sujetas a las leyes locales vienen del hecho que políticos no provenían de ese entorno y, por lo tanto, tardaron en comprender las implicaciones”, dijo la abogada y diplomática. “Y eso parece ser doblemente cierto para la IA”.

En el coloquio después de la conversación en Oxford, Sarah Wynn-Williams explicó a elDiario.es que la mayor amenaza que representa la IA ahora se encuentra en sus usos militares: “La idea de abdicar de la toma de decisiones humanas en torno a armas autónomas letales es enorme, y cambia fundamentalmente la geopolítica”, dijo. Entonces, animó a los ciudadanos a implicarse más porque los problemas que plantea la IA “son existenciales de una manera en la que las redes sociales no lo eran”.

¿Tiene Facebook?

A la pregunta de este periódico de si todavía utiliza redes sociales, Wynn-Williams contestó con otro interrogante: “¿Hay alguien en esta sala porque vio algo en mis redes sociales esta noche?” No, la escritora no comparte nada en redes. Pero también dijo que, más allá del hecho de que ella las haya abandonado, es muy cautelosa al denostarlas y puso el ejemplo a progenitores que se organizan en grupos de redes sociales para hacer campañas para limitar el uso de las redes o de móviles para los menores. 

Lo que la anima es la reacción que no veía antes contra el mal uso de la tecnología porque hay muchas personas “que están pensando seriamente en su propio uso de estas tecnologías”, por ejemplo con la reacción contra X de Elon Musk. Se trata, según ella, de decisiones personales y también de regulación: “Necesitamos que las cosas sucedan en todos los niveles de la sociedad”, dijo.

La presión ciudadana a los representantes públicos a veces comienza con conversaciones entre amigos y compañeros sobre el uso personal de la tecnología. “Todos estos procesos son complicados. Así que no sabes cuál es la última pequeña grieta en el parabrisas que hace que todo se venga abajo”, dijo. “Pero cuanto más hagas, cuanto más hables de ello, más probable es que el cambio ocurra rápido”.

El humorista y presentador de televisión estadounidense Jimmy Kimmel no deja de ver reconocido su trabajo mediático. En esta ocasión, ha sido premiado junto a programas informativos de alto nivel o grandes documentalistas en uno de los premios más prestigiosos de la televisión: el Premio Peabody, algo así como el Pulitzer de la tele. Y él mismo lo reconoce: “Me he sentido muy idiota muchas veces en mi vida pero nunca me he sentido más idiota que ahora en este escenario con este grupo de personas”.

Kimmel, que destacó algunos de los 34 trabajos audiovisuales premiados junto a él con temas tan variados como difíciles de tratar como los “horrores” del ICE, los abusos en las prisiones de Estados Unidos, las protestas contra la Guerra de Vietnam o “un profesor que se enfrentó a Putin”, negó estar a la altura de todos ellos.

“He llamado a nuestro presidente Fattyshack [apelativo que se utiliza para definir lugares informales de venta de comidas especialmente grasientas]... Y Blob el constructor. Y Lie-ger Woods [una referencia a Tiger Woods y a la palabra mentiroso]. Hipócrita Hambriento Hambriento [Hungry Hungry Hypocrit, referencia al juego infantil Tragabolas, que en inglés se llama Hungry Hungry Hippo]. Nuestro padre sobón [Our Fondling Father, una referencia a los Padres Fundadores de la nación estadounidense]. Mar-a-Lardo [lard/lardo es grasa de cerdo en inglés]. Nelson Tandela [juego de palabras con el nombre del expresidente sudafricano Nelson Mandela y la palabra anglosajona 'tan', bronceado]. Y Nostra-Idiota (NostraDumbass). Y, de alguna forma, hemos obtenido un Peabody por ello”.

Los premios, organizados por la Escuela Henry W. Grady de Periodismo y Comunicación de Masas de la Universidad de Georgia, son considerados los galardones más antiguos otorgados a los medios audiovisuales. Entre los galardonados a lo largo de las últimas décadas —se entregaron por primera vez en 1941— destacan grandes personalidades de la información en televisión como Walter Cronkite, Judy Woodruff, Christiane Amanpour, Charlayne Hunter-Gault, Gerardo Reyes, que participó en la investigación sobre Julio Iglesias, o los periodistas de AP Mstyslav Chernov, Evgeniy Maloletka y Vasilisa Stepanenko, que cubrieron la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Y Kimmel lo resumió en: “Si no lo sabíais aún al leer las noticias... este país realmente se ha ido a la mierda”. Aunque después se puso serio, y afirmó que bromear sobre el presidente en EEUU “no debería hacerte ganar un premio”. “Tenemos el derecho, garantizado por la Constitución, de criticar y satirizar a nuestros líderes. Este es un derecho que di por garantizado, durante los primeros 57 años de mi vida, hasta el pasado septiembre, cuando la FCC entregó una sorpresa desagradable”.

A mediados del mes de septiembre de 2025, el programa del presentador estadounidense estuvo en “suspensión indefinida” por un comentario de humor sobre el supuesto asesino del activista ultraconservador Charlie Kirk tras una petición de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) a su cadena, la ABC, y que una semana después describió como un ejemplo más del ataque constante de la Casa Blanca a los medios de comunicación y las voces críticas, con amenazas y chantajes incluidos y tildó de “antiamericano”.

Jimmy Kimmel ha asegurado que lo que vivió después le sorprendió aún más: “He visto cómo millones de personas, incluso algunas del otro lado, objetaron, alzaron la voz, marcharon, ¡cancelaron sus suscripciones a Star Wars! Porque se negaron a permitir que nuestras libertades sean demolidas como el Ala Este de la Casa Blanca”. Y añadió que “enviaron un mensaje” afirmando que les importa, que están al lado “cuando la comedia, el periodismo, la disidencia, son censuradas y reguladas y criminalizadas”.

Para terminar su breve discurso de agradecimiento, el presentador de televisión quiso agradecer a sus compañeros de trabajo así como al jurado y no dejó pasar el momento para agradecer al presidente Donald Trump, “nuestro Comandante-en-Caco (Commander-in-Thief), Abra-estafa Lincoln (Abrahascam Lincoln), Julio César Naranja (Orange Julius Caesar), Codicioso McGolfy (Greedy McGolfy), Tonty McManoseo (Dopey McGropey) y Calabaza McPornochepa (Pumpkin McPornhumper). Gracias por inspirarnos para luchar por nuestra libertad de expresión”.

La Justicia insiste en mantener abierta la persecución penal contra Mongolia por la portada de la revista de 2022 que se mofaba del belén. La Audiencia de Barcelona ha dado por segunda vez la razón al colectivo ultraderechista HazteOir y ha obligado a la jueza de Mataró a reabrir la causa contra los editores de la publicación.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona estima el recurso de HazteOir contra el archivo de la causa que ordenó la jueza de Mataró el año pasado al constatar que era la cuarta querella de colectivos ultras contra la revista por la misma portada, una circunstancia que la magistrada tildó de “situación peculiar”.

El tribunal, formado por los magistrados José Carlos Iglesias, María Carmen Hita y Begoña Sos, se agarra a un tecnicismo para reabrir el caso y consideran que no es válido el argumento empleado por la jueza para cerrarlo. Los mismos jueces ya habían ordenado reabrir el caso tras su primer archivo en 2025 al valorar que la portada del belén podía “ofender” católicos.

Tras tomar declaración a los editores de Mongolia por orden de la Audiencia de Barcelona, la instructora concluyó que la sátira del belén ya era una cosa juzgada debido a las tres querellas anteriores de otros colectivos ultras por la misma portada que ya fueron desestimadas. En consecuencia, no se podía investigar de nuevo algo que ya se había considerado que no era delictivo.

Por el contrario, este argumento de la cosa juzgada “debe decaer”, según la Audiencia de Barcelona. A criterio del tribunal, la inadmisión de plano de la querella de HazteOir acordada por la jueza de Mataró resulta “incompatible” con la cosa juzgada, que debe decidirse tras haberse practicado una instrucción “suficiente” de la causa.

No obstante, el propio tribunal admite que la jueza también incluyó en su resolución de archivo otros argumentos además de la cosa juzgada. La magistrada concluyó que la mofa del belén no hacía “escarnio” ni tenía un “ánimo deliberado” de ofender, y además estaba amparada por la libertad de expresión.

Los jueces ordenan a la instructora de Mataró que se pronuncie, antes de decidir si archiva por tercera vez la investigación, sobre las diligencias propuestas por los ultras en su recurso, entre las que se encuentran una prueba “pericial semiótica” sobre la portada, una valoración de la misma y de las “métricas de difusión” de la revista.

El caso de Mongolia expone el uso interesado de la Justicia por parte de asociaciones ultras, que emplean delitos decimonónicos como la ofensa a los sentimientos religiosos (un tipo penal que numerosos juristas consideran desfasado y contrario a la libertad de expresión) para perseguir opiniones contrarias a la suya.

Antes de la querella de HazteOir, la revista ya había recibido querellas por la misma portada de la Comunión Tradicionalista Carlista (redactada por el mismo abogado que la de HazteOir), el sindicato Manos Limpias y los ultracatólicos Abogados Cristianos, todas ellas archivadas.

Para los editores de la revista, la ofensiva ultra suponía un caso de “acoso jurídico” porque, aunque los casos se hayan archivado, la revista ha tenido que destinar fondos a abogados y procuradores.

El Juzgado de Instrucción de Villaviciosa (Asturias) ha acordado abrir diligencias previas por un posible delito contra los sentimientos religiosos tras la denuncia presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos contra los responsables de la denominada 'Santina Queer', exhibida durante la manifestación del 8 de marzo en Asturias.

Según la resolución judicial, existen indicios de un posible delito de escarnio religioso, por lo que se investigarán los hechos ocurridos en Villaviciosa durante la citada jornada, en la que un grupo vinculado a Asamblea Moza d'Asturies desfiló con una imagen que imitaba a la Virgen de Covadonga, modificada con símbolos trans, banderas arcoíris y otros elementos considerados ofensivos para los algunos católicos.

En su denuncia, Abogados Cristianos sostiene que la figura reproducía deliberadamente la estética de una procesión de Semana Santa mediante una falsa Virgen de Covadonga adornada con gafas de sol, simbología trans y banderas arcoíris, mientras se coreaban consignas contra la Iglesia y el Arzobispo de Oviedo. La organización considera que los hechos constituyen “una burla organizada y consciente” contra uno de los principales símbolos religiosos de Asturias.

La magistrada ha acordado la práctica de diversas diligencias de investigación, entre ellas la identificación de los responsables de la organización, la citación como investigados de sus representantes y la toma de declaración a testigos.

Desde Abogados Cristianos recuerdan que la entidad ha obtenido resoluciones judiciales en casos similares relacionados con actos que consideran ofensivos contra símbolos cristianos, como la condena a las organizadoras de la denominada procesión del 'Chumino Rebelde' en Málaga.

La presidenta de la organización, Polonia Castellanos, ha señalado que llevan demasiado tiempo “viendo cómo algunos colectivos utilizan el cristianismo como objetivo de sus provocaciones ideológicas” y ha añadido que “nunca se atreverían a hacer algo parecido con otras religiones”.

Asimismo, Castellanos ha defendido que “la Virgen de Covadonga no es un símbolo político ni una excusa para hacer propaganda”, sino “un símbolo sagrado para millones de españoles que merece el mismo respeto que cualquier otra confesión religiosa”.

La sección sindical de Comisiones Obreras en Prisa Radio, la empresa del Grupo Prisa que engloba a la Cadena SER, y mayoritaria en el comité de empresa se ha pronunciado por primera vez desde la salida de Ángels Barceló de la cadena de radio tras tomar la decisión de no renovar su contrato por “motivos profesionales” después de 21 años en la emisora, según desveló su compañero y también presentador de la cadena Carles Francino este lunes.

En un comunicado titulado 'En defensa de la profesionalidad de los trabajadores de Cadena SER y en agradecimiento a Àngels Barceló', la representación sindical de CCOO ha querido expresar su “reconocimiento y agradecimiento” a la todavía presentadora del programa Hoy x Hoy, líder de audiencia de la radio en la franja de las mañanas por “su trayectoria, su compromiso constante con la marca y por su contribución decisiva al liderazgo informativo” de la cadena durante años.

Desde el sindicato agradecen su “apoyo y adhesión inquebrantable” a la plantilla en momentos de “reivindicaciones sociales y laborales importantes para todos los trabajadores y trabajadoras” de la casa. “A Angels, le deseamos la mejor de las suertes, en su vida y en sus proyectos futuros que, sin duda, estarán a la altura de su profesionalidad”, añaden.

Los representantes de los trabajadores de la Cadena SER quieren así mismo manifestar su “absoluto rechazo” a las acusaciones que han sido vertidas en los últimos días en algunos medios y en redes sociales “en las que se pone en duda la labor y profesionalidad de la plantilla” o se vincula la situación “a supuestos giros ideológicos o a injerencias” que, afirman, “a día de hoy” no les consta “se hayan producido”.

“La Cadena SER, como cualquier medio, cuenta con una línea editorial definida, pero esta nunca se sitúa por encima del principio que vertebra nuestro trabajo: el rigor informativo y el compromiso con la verdad”, aseguran desde el sindicato Comisiones Obreras, que defiende que los profesionales de la cadena radiofónica ejercen su responsabilidad con “criterios periodísticos firmes basados en el contraste de fuentes, la verificación de los hechos y el respeto estricto a la deontología”. Y agregan que “ese rigor y la lealtad hacia los ciudadanos es lo que nos ha consolidado como referente informativo durante décadas”.  

La sección sindical afirma que no va a permitir que se cuestione el trabajo de los profesionales de la SER que trabajan cada día “incansablemente” para ofrecer una información “fiable, contextualizada y contrastada”. Y recuerda que tras cada programa e informativo hay equipos de periodistas, técnicos, productores, realizadores o documentalistas “íntegros e implicados” y con el objetivo claro de “contar lo que ocurre con precisión, responsabilidad y vocación de servicio público”.  

El comunicado sindical termina con un “mensaje directo” a la audiencia de la cadena, en el que defienden el firme compromiso de los profesionales con el periodismo de calidad y la independencia.

Una jueza de Valladolid ha dado la razón a Abogados Cristianos y ha condenado a El Jueves por vulnerar el derecho al honor de la presidenta de la asociación ultracatólica, Polonia Castellanos, en relación con las viñetas que la publicación dedicó a la líder de la entidad para nombrarla “Gilipollas del año 2024”, una de las secciones de la revista satírica.

La sentencia, que la revista recurrirá ante la Audiencia de Valladolid, considera que la publicación satírica es una intromisión ilegítima en el derecho al honor de Abogados Cristianos y de su presidenta. El fallo impone a El Jueves una indemnización de 2.000 euros para la entidad y otros 4.000 para su presidenta.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, concluye que, de todo el reportaje, el texto de la última viñeta vulnera el honor de la entidad y de su presidenta. La frase condenada rezaba, a modo de conclusión: “Así que sí, gilipollas, pero no gilipollas de tontos, sino gilipollas de malvados, de mezquinos, de personas egoístas que solo buscan enfangar el bien común”.

Según la magistrada María Vanesa Díez, este texto supone “un insulto, absolutamente desproporcionado”. La frase final de la publicación, a criterio de la jueza, “sobrepasa el ámbito de la libertad de expresión constitucionalmente amparado” y está “desvinculada de la idea crítica que se transmitía al llamar 'gilipollas'”.

Llamar “gilipollas” en esa última viñeta, apostilla la magistrada, “no está justificada por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión o de crítica de la publicación”. La revista, insiste la jueza, “no goza de un derecho a insultar, incluso aunque el destinatario del insulto ostente un cargo relevante”.

El resto de contenido de las viñetas, en cambio, no atentan contra el honor de la entidad. Primero, expone la jueza, porque “no son vejatorias” frases como las atribuidas a Castellanos en otras viñetas: “Miradme, soy la más cristiana de todos”; “todo lo que me molesta debe ser incluido en el Código Penal”; o “que alguien me haga caso, por favor”.

Estas viñetas tan solo son “el reflejo de opiniones expresadas en un contexto de sátira, humor y crítica de la revista El Jueves y no tienen en sí mismas un contenido ofensivo”, argumenta la sentencia.

No hace referencia la sentencia a que, además del contenido satírico de todas las páginas de la revista, la sección es un recopilatorio anual del 'gilipollas de la semana', que realiza en cada número de El Jueves el humorista gráfico Pedro Vera.

El caso es un nuevo ejemplo de la judicialización, por parte de la entidad ultra, de comportamientos o expresiones artísticas contrarias a su ideario. En esta ocasión, Abogados Cristianos acudió a la vía civil, y no a la penal, donde sus anteriores querellas habían acabado en archivo. Según advierten varios expertos, este tipo de acciones legales solo buscan disuadir las críticas, ya que, en la vía penal, la primacía de la libertad de expresión las aboca al fracaso.

El artículo demandado es una sección satírica de la revista de enero de 2025 dedicada a los 'Gilipollas' del año anterior. Los protagonistas eran Castellanos y la entidad que preside. En cuatro páginas, El Jueves, con su estilo burlesco y satírico, se mofaba de Castellanos y de varias de sus actuaciones judiciales de los últimos años, como la querella contra la revista Mongolia por una sátira de un belén.

La “calificación directa” de Castellanos como “gilipollas del año”, se produjo no en un espacio satírico, según Abogados Cristianos, sino “en un contexto de menosprecio personal” que, a juicio de la entidad ultra, muestra “una clara intención de ofender y humillar”.

La expresión “gilipollas del año”, sostenía Abogados Cristianos, “carece de interés informativo y no puede ampararse en la libertad de expresión”. “Los juicios de valor (como calificar a Polonia Castellanos Flórez y la Fundación como egoístas, 'gilipollas', estafadores o afirmar que tiene un ego desmedido) utilizan un lenguaje claramente insultante e innecesario”, resaltaba la entidad.

Mi catedral, el nuevo disco de Triángulo de Amor Bizarro, es una cápsula de emociones que se expanden una vez lo escuchas. Hay crítica sobre las jerarquías establecidas y cómo ejercen el poder quienes lo ostentan. Hay letras que inoculan ganas de salir a las calles a protestar y a la vez hacer autocrítica para mejorar –o al menos no entorpecer– el día a día de quienes nos rodean. También hay sensación de refugio, abrazo y empujes a la diversión, a valorar lo que sí está. El álbum reivindica los logros generacionales sin eludir las decadencias; y propone reflexiones incómodas o menos complacientes en torno a cuestiones como si deberíamos matar a los reyes o CEO de las grandes compañías.

“La idea de banda se está perdiendo porque la industria discográfica está potenciando más a los artistas solistas”, valoran a su vez, tras publicar un álbum que tiene por bandera precisamente lo contrario. Un canto a lo colaborativo, al poder de lo colectivo y su pertinencia dentro del universo que siguen conquistando con sus composiciones: “No es un disco enfadado, pero sí de sobrevivir en una época que claramente es jodida”.

Lo político lleva atravesando su música desde sus inicios y se mantiene en Mi catedral, ¿cómo eligen de qué quieren hablar en sus canciones?

Rodrigo Caamaño Díaz: Las canciones son siempre emocionales, nos atraviesan. No decidimos de qué queremos hablar. No decimos: “Vamos a hacer una canción política”, pero a la vez queremos ser muy permeables. Nuestras canciones hablan del mundo y del momento en el que vivimos. Con Trump, el genocidio palestino, el problema de la vivienda, con los magnates tecnológicos al borde del delirio. Y al final hacemos canciones románticas pero que obviamente invadidas por todo eso. Siempre fue nuestra base que nuestro entorno es lo que nos produce sensaciones y las sensaciones las escribimos en canciones.

Una de las canciones más contundentes del disco es Odio a mi generación, ¿de dónde nace querer poner ahí el foco?

Isa Cea: No es tanto un odio a la generación en sí, sino a lo establecido, porque ya la palabra generación es una clasificación de cosas en la que nosotros siempre estuvimos desclasificados a muchos niveles. Hay algo muy necesario de gritar y de hacer autocrítica.

RG: Está bien que ninguna generación acepte lo que te viene dado. Somos una generación que era pleno aznarismo, una época supermachista, en pleno pelotazo económico y después la crisis. Nuestra forma de encontrar nuestro sitio en el mundo fue esa pulsión post-adolescente de querer que lo que hagas no pase de largo. Y esa ansia es muy buena porque te permite encontrar tu lugar en el mundo y una forma de hacerlo es ese cierto punto de rebeldía.

En la canción Matar al Rey plantean si estaría bien hacerlo, también con un CEO. ¿A qué conclusión han llegado cuando se hicieron esta misma pregunta?

IC: Es una pregunta recurrente. ¿Por qué a María Antonieta le cortarían la cabeza? Podría pasar ahora.

RG: Estamos viviendo una especie de feudalismo en el que la gente ultrapoderosa tiene más poder que nunca en la historia. Ahora las compañías tecnológicas tienen más poder que los emperadores romanos, porque de estos te podías esconder. Están siendo muy perjudiciales para el mundo. No hablo de matarles porque es una canción, pero sí es una crítica al sistema que nos quieren intentar instaurar, que devalúa la democracia, al propio pueblo y que sea el pueblo sea dueño de su destino. Es un momento muy peligroso y es importante tomar conciencia y hablar de ello.

IC: Lo estamos viendo, pero también estamos siendo guiados. Hay una lucha de información y de ideas, y una normalización de que cualquiera puede decir cualquier burrada. Hace falta reflexionar sobre por qué estás ahí y por qué a veces no tienes otra opción. Nosotros mismos tenemos redes sociales porque si no, no existiríamos, pero las odio con toda mi alma. Me quita mucho tiempo y ojalá explotaran todas, pero tengo que estar ahí.

RG: Nuestra intención al empezar el disco era poner a la banda en el centro. Las bandas somos metáforas de la idea de la disolución del ego, que me gusta mucho, porque estamos haciendo algo que ninguno de nosotros podríamos hacer por separado. Los instrumentos y los arreglos los planteamos siempre así. La idea de banda se está perdiendo porque la industria discográfica está potenciando más a los artistas solistas. Me encantan los solistas, pero nos apetecía recuperar lo que era la banda clásica contracultural. Poder hablar de todo, pero desde un punto de vista visceral y emocionante. Son temas que salen porque están ahí y todo el mundo los está viendo. Tenemos muchos discos enfadados, pero no creo que este lo sea; sí sobre sobrevivir en una época que claramente es jodida.

La industria musical no se escapa a esta manera de estar siendo guiados que comentaban, ¿cómo se llevan con la imposición de tener que estar publicando todo el rato o contentar al algoritmo de Spotify?

RD: Lo de las estadísticas de Spotify es absurdo. No creo que tarden mucho en quitarlo porque cuando venga la IA se va a descontrolar por completo y creo que eso nos va a beneficiar, porque le vuelve a dar un poco el misterio a la música. Es inevitable que lo primero que mires son los números que aparecen ahí condiciona completamente lo que escuchas.

IC: Condiciona lo que escuchas y hacia donde va la música, porque muchos programadores y programadoras de salas también ven primero los números. Lo escuché de gente alternativa y es un error, porque una banda que no escuchó nadie no quiere decir que no vaya a ser buena o que no vaya a desarrollarse por un lado más interesante que otras que salen con una estrategia de marketing brutal, desde donde es mucho más fácil dirigir el arte, y entonces el arte acaba siendo otra cosa.

RD: Se dice por ahí que incluso hay sitios que programan sin escuchar el grupo, solo con los números.

IC: Y por eso también cada vez suena más parecida la música. Pones la radio y dices, ¿dónde está la diferencia? Está todo que si te sales, no suenas. Bienvenido al mundo alternativo. No hay posibilidades en la industria.

La idea de banda se está perdiendo porque la industria está potenciando más a artistas solistas

Triángulo de Amor Bizarro — Banda

Hace dos semanas tocaron en las Fiestas de San Isidro, donde hubo quejas sobre el volumen de los conciertos. ¿Cómo les afectó? ¿Se les informa sobre los estándares de sonido que va a haber o se lo encontraron por sorpresa?

RD: Es un agobio y estrés considerable, porque normalmente te encuentras con estas cosas con el concierto anunciado. Que haya limitadores en las plazas suele ser normal por normativa de ruido, pero aquí era absurdo porque había un limitador de 89 decibelios, que son una escala logarítmica. Esto quiere decir que 90 DB es el doble que 89. Y claro, tú llegas y no puedes hacer tu trabajo; y el público se encuentra con una problemática que no entiende y piensa que es culpa tuya. Nosotros no cancelamos conciertos casi nunca. Supongo que a alguien a quien no le importaba se le ocurrió sin consultar a ningún técnico. Muchas veces pasa eso, que sea un cargo político y no escuche a alguien que sepa un poco del tema.

Apuntaban que hay situaciones en las que el punto de mira se pone sobre los artistas, como ocurrió el año pasado con la cancelación de actuaciones en festivales participados por el fondo de inversión con intereses en Israel KKR. ¿Cómo lo vivieron?

IC: La música siempre estuvo muy en el foco de las cosas chungas. Siempre hay algo que decirle al músico, a la música, a los festivales. Como músicos no vamos a tener un análisis tan exhaustivo ni de los decibelios que hay ni de quién patrocina. Vamos a tocar. Pero muchas veces me pregunto si en muchos trabajos saben realmente quién está detrás o cómo lo hacen. Hay cosas que se te escapan y nosotros siempre, evidentemente con el discurso marcado que tenemos, vamos a tener coherencia en lo que hacemos.

RD: Cuando disponemos de la información total, siempre escogemos. A veces se sitúa como un eslabón débil. Es más fácil atacar a la música que a un deporte famoso. También es en cierta parte porque la música es más incómoda. No todos los artistas, pero sí que hay cierta incomodidad del poder a determinado tipo de música. También hubo en Madrid por las protestas contra los desahucios que hubo ese mismo día, a las que nos sumamos. Protestas que deberían entrar en la libertad de expresión.

Eso de que los artistas no pueden decir nada, mira no. Cualquier persona puede decir lo que le dé la gana, y más si tiene un micrófono, ¿quién es nadie para decirte tú a tocar y cállate, que solo pueden hablar los políticos? A los políticos los escogemos el pueblo, y si el pueblo no se ve representado por determinados políticos, puede hablar.

Nuestra forma definitiva de hacerlo son las canciones, porque en todas nos posicionamos. Eso de que los artistas tenemos que estar en un determinado punto es del artista medio de la época del franquismo que era la España de pandereta. Creo que claro que nos podemos posicionar y los políticos tendrían que tener un poco más de lomo y respetar las declaraciones.

Este año molestaron a un medio católico que les acusó de “amplificar consignas violentas y de estética satánica” por un concierto que dieron en una iglesia de Bilbao, donde gritaron “puto Vox”. Les respondieron con un comunicado, ¿cómo gestaron su respuesta?

IC: Fue una maravilla (ríe).

RM: A mí me fascina que lo que molestase fuese decir “puto Vox” en vez de muchas otras cosas que podría haber en las letras. Era por algo que tampoco era eclesiástico.

RD: El líder de ese partido está diciendo burradas todos los días y hay cosas mucho más agresivas. Y que además, con todo el respeto, fue un concierto que nos encantó hacer. No hubo ninguna polémica hasta que de repente salieron de una catacumba unos de una web. Lo que no me gustó del artículo es que aparecía nuestra cara en una foto recortada de la sesión, que le faltaba la diana. Era como buscar un poco un linchamiento y por eso decidimos hacer un comunicado.

Vídeo entrevista completa

Vídeo: Álex Corral

Los agitadores ultraderechistas Vito Quiles y Bertrand Ndongo ya tienen prohibida su entrada en el Congreso, aunque aún de manera cautelar. Este miércoles, la Mesa de la Cámara dio luz verde a las primeras sanciones contra ambos activistas por los reiterados altercados que han provocado y decidió retirarles provisionalmente la acreditación de prensa. Fuentes del Congreso explican que, en las próximas semanas, se empezarán a resolver de manera definitiva algunas de las más de una decena de denuncias que acumulan ambos activistas, lo que previsiblemente conllevará la imposición de más sanciones. Si se demuestra que ha existido acumulación de faltas graves, como las fuentes consultadas prevén que ocurrirá, estas sanciones podrían derivar en la expulsión permanente de ambos de la Cámara Baja.

La Mesa ha tomado esta decisión con el apoyo de la mayoría que reúnen PSOE y Sumar, mientras el PP —que se ha mostrado cercano en los últimos tiempos a Quiles y que incluso le invitó a su cierre de campaña en Aragón en febrero— ha decidido levantarse del órgano para no votar. La suspensión aprobada este miércoles es provisional y debe ir renovándose, pero como ambas formaciones progresistas tienen mayoría asegurada en el órgano de gobierno del Congreso, podrán ir extendiendo la sanción hasta que empiecen a llegar las resoluciones definitivas. Fuentes de la Cámara Baja aseguran que la suspensión cautelar se adopta “ante la reiteración de altercados y notable deterioro de la convivencia” en las últimas semanas, y “a la espera de la resolución definitiva de los numerosos expedientes que [Quiles y Ndongo] tienen abiertos por altercados de distinta índole y que están en tramitación”.

“La Mesa se ve obligada a tomar esta medida cautelar por el notable deterioro de la situación en las salas de prensa y otras dependencias de la institución, que imposibilita el normal funcionamiento de la Cámara y sus miembros en su relación con los medios de comunicación, pilar esencial de la democracia”, argumentan las fuentes de la Mesa consultadas. ⁠La suspensión provisional se ampara en el artículo 56.2 de la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, que dispone que “antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas”.

Los altercados que se produjeron la semana pasada han sido el detonante que ha llevado a que este miércoles se adoptara la suspensión cautelar de Ndongo y Quiles. Fuentes de la Mesa denuncian que, tan solo en esta última reunión, el órgano “ha tenido que tramitar cuatro informes emitidos por el Consejo Consultivo de Comunicación, formado por funcionarios, políticos y periodistas” contra los dos agitadores ultraderechistas “por episodios de intolerable nivel de violencia verbal, e incluso de ataques físicos a diputadas de esta Cámara”. En concreto, esa mención a la violencia verbal y física se refiere a los insultos proferidos por Ndongo el martes de la semana pasada contra la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, a quien llamó “idiota” y, posteriormente, acosó en las inmediaciones de la Cámara Baja, llegando a impedirle durante unos momentos acceder a un taxi.

Las fuentes parlamentarias consultadas concretan que, en menos de diez meses que lleva vigente la reforma del reglamento del Congreso que permite sancionar los altercados provocados por pseudoperiodistas, Quiles cuenta con ocho expedientes abiertos, dos de ellos con una propuesta de sanción ya emitida. Ndongo, por su parte, tiene tres procedimientos pendientes, uno de ellos con propuesta de sanción y en fase de alegaciones finales por parte del afectado antes de que la Mesa resuelva definitivamente.