La retirada de la invitación a Ariana Harwicz —escritora argentina de origen judío y residencia en Francia—, de unas jornadas que se celebran en la Universidad de Granada estos días, es el ejemplo perfecto para seguir explicando cómo reacciona la cultura, con sus estructuras, ideologías, posicionamiento y capacidad no solo de decir sino de hacer, ante la tragedia más sangrienta de nuestros días, el genocidio sobre el pueblo palestino.

Harwicz lleva tiempo haciendo activismo —textos públicos y cartas privadas— contra lo que ella considera boicot u “hostilidad chic” por parte de los intelectuales hacia Israel, como explicó en este artículo de 2025. Ese mismo verano, publicó un mensaje en X que es quizá lo más citado de ella: “Les angustia terriblemente que no haya genocidio. Lo desean, desean que haya genocidio para confirmar su odio a Israel”. Once días después, la Comisión Internacional de Investigación de la ONU reafirmó que la masacre de Gaza es un genocidio.

Y siguiendo esta línea de opinión, denunciando lo que ella llama cultura del acoso y listas negras en festivales, ha transitado la autora este último año, desde que se estrenó en Cannes la adaptación de su célebre Matate amor (Lengua de Trapo), con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson. Una novela, por cierto, que me gustó mucho, así como Perder el juicio (Anagrama), que leí recientemente. Son obras que no hablan de este tema que parece obsesionar tanto a Harwicz (la pobreza intelectual, la cultura de la cancelación, la imposibilidad de la disidencia, según ella) sino de los sentimientos llevados al extremo, a la violencia incluso. Tiene, en cambio, un ensayo dedicado a la moralidad publicado por Gatopardo, El ruido de una época, que no he leído y que no sé si habla explícitamente de Israel, pero por las citas aparecidas parece que defiende una escritura que ofenda.

La conferencia de esta autora en el festival Cultura Ahl llevaba por título “Oponerse al mundo”. El evento había organizado un buen cartel, la verdad, con nombres como Lina Meruane, Gabriela Cabezón Cámara, Ángelo Néstore, Gabriela Wiener, Juan Villoro, Silvia Federici, Sabina Urraca, Sita Segato, Remedios Zafra o John Banville. Pero este último ya no estará, pues ha cancelado su participación —el único que lo ha hecho— tras la expulsión de Harwicz. Banville también ha defendido al Estado de Israel en su guerra en Gaza.

Fue una carta de la Red Universitaria por Palestina de Granada dirigida a la organización lo que motivó la decisión de retirar la invitación a la escritora argentina, aunque la razón que le dio fue no poder garantizar su seguridad. Según una portavoz de aquel colectivo estudiantil, las organizadoras les respondieron que no estaban al tanto de las opiniones de Harwicz. Tomaron una decisión que fue rápidamente contestada por la Universidad de Granada, que no la compartió: “Una universidad pública debe ser un espacio abierto al pensamiento crítico, al contraste de ideas y a la expresión de posiciones plurales, también cuando estas resultan discrepantes o controvertidas”.

En ese punto, ya estaban las cartas sobre la mesa para establecer el debate, más o menos con las mismas preguntas de siempre: ¿qué decide uno poner por encima de sus actos, sus propios principios o la libertad de expresión de las ideas que no comparte?

La respuesta requiere ser meditada, pero la resolución a ese conflicto ético suele tener que ver con la inspección del lugar desde el que se habla. No es lo mismo invitar a un sionista a comer a casa que hacerlo a un programa de debate en la televisión pública, por ejemplo.

En el siguiente capítulo de esta historia llegan los manifiestos y los posicionamientos: hay que elegir bando.

Federici, Urraca, Wiener, Meruane, Segato, Néstore, María Fernanda Ampuero y Brenda Navarro escribieron un comunicado con su posición común: entendían la “provocadora exploración de la complejidad humana” de la obra de Harwicz, pero “eso no está en cuestión”, señalaban. “Lo que sí está en cuestión es si tiene algún valor y es éticamente correcto compartir un espacio público” con la persona que “niega el genocidio”, “injuria” a los que se oponen “al proyecto de aniquilación de todo ese pueblo” y “avala el exterminio”. Como decíamos antes, lo central es el lugar desde el que se habla.

“Criticamos posicionamientos públicos, no identidades”, decían estas autoras, citando a la Red Universitaria por Palestina. Ariana Harwicz no lo ve así: “No me desprogramaron por mis ideas, eso es el eufemismo actual y es falso. Me desprograman por judía para convertirme en paria”, dijo la autora en una entrevista en El País.

Lo que Harwicz llama persecución y “extorsión ideológica” es para las autoras citadas poner un límite a la libertad de expresión cuando se convierte en negacionismo, ya que negar el genocidio —como negar el Holocausto— lo legitima y le concede a esa persona complicidad con esas ideas.

Como suele ocurrir, tras este manifiesto llegó un contramanifiesto. Promovido por el jefe de Cultura del diario ABC, Jesús Calero, y por la escritora y periodista argentina Cecilia Szperling, una carta con 350 firmas, entre ellas Fernando Savater, Andrés Trapiello, Piedad Bonnett, Cayetana Álvarez de Toledo, María Negroni, Santiago Roncagliolo, Fernando Iwasaki, Karina Sainz Borgo o Anna Caballé en defensa de Ariana Harwicz.

“Ningún escritor debería ser excluido de un encuentro cultural por sus posiciones públicas”, dice la carta. “La discrepancia política, por profunda que sea, no justifica la tergiversación, la descalificación personal ni la estigmatización”, añade y exige que “nadie sea apartado de la vida cultural por sostener ideas propias”.

Dos cosas sobre esto último: ¿no son propias todas las ideas? En realidad parece un eufemismo para “ideas hirientes” o “ideas ofensivas”. Y ¿está apartada Ariana Harwicz de la vida cultural al ser desinvitada a unas jornadas? Más bien parece que aquí asoman de nuevo los defensores de la “cultura de la cancelación” que nadie ha conseguido probar todavía, ni siquiera en los casos más extremos de personas acusadas de crímenes graves.

Tras aquella carta de 350 firmas, este viernes ha llegado otra de más de 500 escritores “en respaldo al posicionamiento público contra el negacionismo del genocidio palestino en espacios literarios”. Aquí encontramos que nombres como Cristina Rivera Garza, Marta Sanz, Lucrecia Martel, Rodrigo Sorogoyen, Alejandro Zambra, Camila Sosa, Rita Indiana, Fernanda Trías, Alana S. Portero, Mónica Ojeda, Dahlia de la Cerda, Andrea Abreu, Sandra Gamarra o Lydia Cacho respaldan la posición de las autoras participantes en las jornadas que aplaudieron la decisión de no invitar a Harwicz: “No vamos a dejar solas a las personas que se posicionan contra el genocidio del pueblo palestino”, dicen. Y recalcan: “Organizar un boicot pacífico no es censurar. La discusión es si nuestras instituciones culturales tienen la obligación de proporcionar escenarios, recursos, prestigio y legitimidad a cualquier posición política imaginable. Creemos que no: criticar no es censurar, protestar no es censurar”.

Cada semana estamos viendo cómo la cultura, ese artefacto que sirve para pensarnos como civilización, ha decidido marcar límites. Antes había “posiciones públicas” y “discrepancias políticas” pero, para cada vez un número más grande de pensadores y artistas, lo que hay es un reguero de más de 73.000 cadáveres de palestinos.

La cultura, como la democracia, es una colisión de derechos que hay que manejar día a día, escenario a escenario. Y, dentro de se marco, lo que de verdad nos definiría como sociedad profunda y madura con una cultura crítica y robusta no sería expulsar, sino que sería poder discutir sobre las ideas que nos parezcan incómodas, contrarias, e incluso hirientes y ofensivas, siempre que no estén ahí para alimentar la cultura del odio. Si es que eso es posible.

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Oscar Fernández, ha anunciado este jueves en la Asamblea de Extremadura una “revisión profunda” de todos los programas y partidas presupuestarias del Consejo de la Juventud. El objetivo manifestado por el Ejecutivo autonómico es eliminar las actividades que se solapen con las competencias del Instituto de la Juventud para atajar lo que ha calificado como “gasto superfluo” y aplicar una política de “racionalización” administrativa.

Fernández ha hecho este anuncio durante la sesión de control al Gobierno al responder a sendas preguntas de Unidas por Extremadura y del PSOE sobre la circular remitida a los 17 Espacios para la Creación Joven (ECJ) de la región para retirar cartelería y simbología vinculada a la igualdad y al colectivo LGTBI. El vicepresidente ha defendido la medida para “unificar la imagen” de estas instalaciones y ha asegurado que la Junta seguirá ejecutando el programa electoral con el que concurrió a las elecciones.

La posición de la Junta ha desencadenado un enérgico rechazo en la oposición. El diputado de Unidas por Extremadura David Araújo ha reprochado al Gobierno autonómico que utilice la “neutralidad” para ejercer un control sobre la libertad de expresión y quitar la voz a los jóvenes. Por su parte, el parlamentario socialista Aitor Vaquerizo ha advertido de que el PSOE responderá si se intenta el cierre del Consejo de la Juventud, recordando el intento bajo la presidencia de José Antonio Monago, y ha acusado a María Guardiola de introducir “el Caballo de Troya del odio” en el Ejecutivo.

En su turno de réplica, Oscar Fernández ha rechazado las acusaciones defendiendo que su Gobierno respeta la libertad de opinión y argumentando que la juventud ha dado la espalda a las políticas socialistas. Asimismo, el vicepresidente ha insistido en que los centros de creación joven y el Instituto de la Juventud deben ser espacios abiertos a la totalidad de los usuarios y no solo a determinados colectivos.

“Señores, voy a serles franco, estoy hasta los cojones de todos nosotros”, es la mítica frase de Estanislao Figueras, presidente breve de la Primera República; que tire la primera piedra quien no se haya identificado con ella alguna vez, quien no haya considerado proferirla. Una atiende esta semana al estado de las batallitas y guerras que se dan en el mundo de la cultura y no le queda otra que identificarse con ese espíritu. Esta semana hemos tenido dos polémicas paralelas, con discusiones muy sonadas y réplicas y contrarréplicas, valientes columnistas, teclado en mano, corriendo a defender cualquiera de sus causas: la primera, con el boicot organizado por sus propios participantes a la participación como principal patrocinador de Allianz en el Festival de las Ideas, con motivo de las inversiones de la aseguradora alemana en bonos de guerra del Estado de Israel; la segunda, con la participación o finalmente no participación de la escritora argentina Ariana Harwicz en otro festival, que tendrá lugar en la Universidad de Granada.

Se han mezclado churras con merinas todo el rato. Por desgranar cada una de ellas en orden, y separar especies animales: me pongo en el lugar de los participantes del Festival de las Ideas, en el cual yo misma he participado en ediciones anteriores, y entiendo perfectamente su postura y el pudor, la negativa a recibir un caché (tampoco es que estemos aquí hablando de cifras desorbitantes) manchado o vinculado a la sangre de ciudadanos gazatíes exterminados por un régimen asesino como el de Netanyahu. Un artículo magnífico de Belén Gopegui sobre Carmen Martín Gaite, publicado ya hace muchos años, hablaba de la fuerza de los noes frente a la exaltación en muchas ocasiones de los síes: “La historia de los que dicen que no. Ésta es, aunque no lo parezca, la historia más pública que existe; el no es hoy lo más público que tenemos, tal vez por ser lo único que no se cuenta”. El no a esa participación no es exactamente un no tan privado, porque ha sido un manifiesto y porque ha sido una declaración pública; eso no le resta valor, pero lo central es no convertirlo en una medalla. Da mucho pudor ver cómo en ocasiones la exhibición de integridad moral es una coartada para el narcisismo.

Conste que entiendo los matices. Entiendo que, si rascas lo suficiente en cualquier aspecto del capitalismo financiero, no hay riqueza inocente (esto es Chirbes), no hay dinero (no en España, no fuera) que no se erija sobre cadáveres y violencia, connivencia o silencios. Si nos escoramos al lado completo de lo intachable, quizá la única opción que quede sea, en el fondo, no hacer nada, o no hacer nada bajo el signo del espectáculo; también es esa una opción incompatible con la vida, que exige trabajar para vivir y, en el caso de agentes culturales, poner la cara, también la moral, el discurso, el oficio. Entiendo la importancia de la circulación de ideas, el debate, etcétera. Pero oigo lo que se dice sobre ese boicot desde el otro lado y me desaparecen los matices y reparos. Me parece un delirio terrible afirmar, a partir del boicot a quién financia algo, a quién pone el dinero, a la pregunta por el origen del dinero que aceptas, que el mundo de la cultura se habría llenado de censores, de estalinistas, casi, y que el Festival de las Ideas se estaría vaciando de ideas, pues exigiría la suscripción a una idea única, a una sola. Una cosa es debatir con quienes piensan radicalmente diferente y otra distinta es tener reparos ante quién financia qué cosas.

En un Festival de las Ideas del pasado acudió a dar una charla, como cabeza de cartel, Michel Houellebecq. El señor Houellebecq es un escritor francés, famosísimo, y también un tipo en mil cosas bastante repulsivo: es misógino, sus novelas vehiculan ideas profundamente reaccionarias, y un xenófobo en muchas cosas de primer grado. Su escritura me parece tan reaccionaria como extraordinaria. Por consecuencia, gocé mucho de que viniera a la ciudad, hasta de que me firmara un libro, aquel breve hombre repulsivo; jamás habría pedido un boicot a Houellebecq por sus ideas. Y aquí volvemos a la otra pata de la semana, en el mundo de la cultura y sus culturas, en una batalla cultural muy cansina: la polémica con Ariana Harwicz.

Lo que pasó, según lo cuenta ella: “Las organizadoras dijeron cuánto admiran mis libros, que son todo menos propaganda. Me desprogramaron a último momento. Cedieron a la presión de militantes. Cedieron al terror. Yo quería ir igual aunque hicieran una manifestación, dijeron que sería peligroso. Será un Festival sin disidencia. Qué pena por los estudiantes”. Todo viene porque, en tribunas y en textos como su ensayo El ruido de una época (dedicado por entero a estas batallitas paraculturales), Harwicz ha sido una intensísima crítica de cualquier movimiento político propalestino, de la cultura woke, ha defendido la actuación de Israel en Gaza, ha abogado por retirar premios a artistas que pronunciaran eslóganes como “Desde el río hasta el mar”, etcétera.

En fin: motivos extraliterarios, paraliterarios; motivos políticos, sociales, que tienen más que ver con la Harwicz ciudadana que con la Harwicz literata. Con la primera discrepo mucho en sus planteamientos; la segunda, en muchas novelas, como su Trilogía de la pasión, me parece una autora admirable, cuyo discurso sobre la literatura, cuando habla de la literatura, hasta me gusta, me seduce. Luego dice cosas que me parecen injustificables, y esa Harwicz me chirría, pero eso no implica que no vaya a seguir leyéndola, escuchándola, dando réplica.

Se ha montado, pues, la narrativa de que hay una inquisición propalestina en la cultura, una inquisición woke, totalitaria, que ha cancelado a Harwicz del festival en la Universidad de Granada “por ser judía”. Sumando una emoción que me genera rechazo, adicional al narcisismo que identificaba antes: nada hay más narcisista, hoy en día, que el culto que tenemos por aquellos a quienes erigimos como víctimas y mártires. La derecha de 2026 es tan adicta a victimizarse como lo es el muñeco de paja que han construido de la izquierda. Una concesión argumentativa: el antisemitismo existe, el antisemitismo en España existe, tenemos una larga tradición, y una contrarréplica que he leído tiene su parte de sentido; John Banville sigue en ese cartel, cuando ha sostenido tanto las acciones del Estado de Israel como Harwicz; lo que los diferencia es que Banville no es judío. Si el criterio es el posicionamiento respecto a la situación en Gaza, no hay justificación a que se haya centrado sólo en Harwicz… más allá de que Harwicz, su labor novelística aparte, ejerce en redes como polemista, agitadora, y por eso también encadena muchas más polémicas, su postura pincha. Escoger específicamente a una autora judía para centrar toda la crítica en ella y no en los que sin ser judíos también sostienen su postura es indefendible.

Qué habría hecho yo, aunque no importa: me gusta pensar que habría firmado la carta de boicot si hubiera sido participante este año (porque no tengo un problema con sentarme a debatir con quien discrepo, pero sí me preocupa saber quién paga), me gusta pensar que habría defendido programar a Ariana Harwicz y que allí se la discutiera, me gusta pensar que habría opinado lo que hubiera querido y discrepado vocalmente en lo demás. Como cuando participé en el Festival de las Ideas hace unos años y lo hice frente a alguien absolutamente contrario a la ley trans. Ni siquiera comparto el criterio de que los festivales literarios o culturales deban prescindir de autores o artistas por sus opiniones políticas. Me parece que nos quedaría un mundo cultural más soso, más aburrido, y que no querer enfrentar las posturas propias con otras, muy alejadas, es un síntoma de cobardía, como lo he defendido siempre incluso en los casos que me tocaban directamente, por ejemplo, en lo relacionado con los derechos de las personas trans.

Pero se están mezclando derechos que existen separados y que parecen fundirse en amalgamas de banderines ideológicos. La libertad de expresión es un derecho. La libertad de réplica es un derecho. La libertad para escoger no participar en un festival e incluso presionarlo por considerar que el festival se había organizado hasta entonces con dinero manchado de sangre es otro derecho: elegir los sitios en los que una está y en los que no está. La libertad de un festival para escoger a sus ponentes y a quién programa es un derecho; como toda programación, también lo es criticarla. Se pueden ejercer todos a la vez, y sale más barato que el escándalo. Lo que estamos haciendo, en cambio, es recalentar un relato precongelado, sacado de las profundidades de 2019 o 2020; nada más cansino y agotador, y casi más triste, que ese ejercicio.

El ministro israelí de Cultura, Miki Zohar, dijo este domingo que trabajará para intentará revocar la nacionalidad a los directores del documental 'Naza', que recibió ayer el Premio Especial del Jurado del Festival de Venecia por mostrar la supuesta estrategia de Israel para destruir la Franja de Gaza.

“Como ministro de Cultura, actuaré de inmediato para revocar la ciudadanía israelí de estos creadores viles por traición al país”, dijo Zohar en un mensaje en X sobre los realizadores del filme, Yuval Abraham y Rachel Szor.

Zohar acusó a los cineastas de tener un “ardiente odio autodestructivo” y de estar “dispuestos a dañar a su patria para recibir aplausos de los antisemitas del mundo”, lo que, según él, “constituye una traición al país”.

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, dijo también en X que Abraham y Szor “son una vergüenza y una deshonra para todo el pueblo de Israel”.

“Desaparezcan. Estoy seguro de que sus amigos, nuestros enemigos de Hamás en Gaza, los recibirán con los brazos abiertos”, les dijo Ben Gvir a los cineastas

La cinta, de 80 minutos, pone sobre la mesa la supuesta estrategia que hay detrás de la matanza masiva y calculada de civiles palestinos en Gaza por parte de Israel.

Su estreno en Venecia, el jueves, recibió un aplauso apabullante por parte del público.

Abraham y Szor formaron parte del equipo de la oscarizada 'No Other Land' (2024). Su nuevo proyecto entró con aplausos en la carrera por el León de Oro después de que el certamen lo aceptara 'in extremis' una semana antes de su inicio.

El 'Naza' del título es el término con el que los mandos y los servicios de inteligencia israelíes denominan a las 'víctimas colaterales' de los bombardeos que han arrasado Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel cometidos por Hamás y otros grupos islamistas palestinos, en los que murieron 1.200 personas y otras 250 fueron secuestradas y llevadas a la franja.

La cifra de víctimas en dicho enclave se eleva a su vez a más de 73.000, según las autoridades locales, controladas por Hamás.

El Ejército israelí (FDI) contradijo el viernes al documental, al asegurar en un comunicado que sus decisiones para bombardear Gaza siempre las toma personal humano y no la inteligencia artificial (IA), como detalla el filme a partir de testimonios de oficiales de inteligencia y soldados de Israel.

Un informe con membrete del Ministerio del Interior bajo el título “Tertulianos” ha desatado la última polémica política y también periodística. Se trata de un listado con 280 nombres de personas que suelen participar en las tertulias de radio y televisión, en donde se resume en pocas líneas su currículum, y al final, se describen sus supuestas inclinaciones políticas. Hay políticos, ex políticos, politólogos, y otras personas expertas de todo tipo, pero sobre todo, hay periodistas.

Esta clasificación ideológica desde el Gabinete de Comunicación del Ministerio del Interior a los profesionales de la información ha preocupado a algunos en el sector. Otros le quitan hierro y atribuyen este listado a una torpeza de quien lo haya elaborado. Hoy escuchamos las sensaciones de algunas de las personas que figuran en ese informe, empezando por las periodistas Raquel Ejerique y Neus Tomás, de elDiario.es, además de Antonio Maestre, Afra Blanco, sindicalista, o la jurista Elisa de la Nuez.

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Asociaciones de escritoras de Galicia, Euskadi y Catalunya se solidarizan con Suso de Toro, denunciado por un lobby sionista y a quién investiga la Audiencia Provincial de Madrid por un supuesto delito de odio. El autor gallego había escrito mensajes en sus redes sociales en los que denunciaba el carácter genocida del Estado de Israel por sus acciones contra los palestinos. La Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG) acaba de recibir el respaldo de sus homólogas vasca -la Euskal Idazleen Elkartea- y catalana -la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana- a su apoyo a De Toro (Santiago de Compostela, 1956).

La organización proisraelí Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) presentó la denuncia por tres tuits publicados en febrero y marzo de 2024. Uno de ellos, después retirado por el propio escritor, decía: “Al final los sionistas con su crueldad sin frenos convencen de que, después de todo los nazis no eran tan malos. Tantas películas de Auschwitz y resulta que Gaza es peor. Que empiecen Spielberg y Polansky a hacer la película. La harán? Ah, no, que no conviene a Israel”. De Toro se retractó y aseguró entonces que estaba “mal redactado” y que su propósito era “denunciar el genocidio palestino, no justificar el de los judíos europeos evidentemente”.

Los otros dos eran críticas directas a Israel. “Israel es un Estado genocida... y una población adoctrinada en el racismo y el odio más” y “Rusia no tendrá un sistema político muy democrático, a diferencia de ese estado donde pueden escoger entre Biden o Trump. Pero Israel, esa 'democracia' que nos dice, es un estado genocida. 'Boicot a Eurovisión'”. De Toro, uno de los autores gallegos más populares y vendedores, no ha recibido, por el momento, ninguna notificación judicial, afirma la AELG.

Las asociaciones de escritores, agrupadas en la Federación Galeusca, entiende que la demanda de Acom es un ataque a la libertad de expresión que “ataca la democracia y busca la autocensura de las personas creadoras sensibilizadas con la causa palestina”. “La defensa de los derechos humanos es una responsabilidad y una obligación ética de todo escritor o escritora”, había manifestado el poeta Cesáreo Sánchez Iglesias, presidente de la asociación gallega. Para las tres entidades, Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino, además de crímenes de guerra y de lesa humanidad, tal y como, recuerdan, los calificó la Comisión Internacional Independiente de Investigación da ONU.

El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha quedado retratado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha censurado, con elegancia, pero con contundencia, la interpretación contraria al derecho de reunión y a la libertad de expresión que impuso el juez al condenar a los manifestantes de ‘Aturem el Parlament’.

Han pasado 15 años de los hechos. El movimiento 15-M rodeó la Cámara catalana para protestar contra los recortes que Artur Mas aprobó de la mano del PP. Fue una jornada caótica y una muestra de la conflictividad social que provocan las políticas de austeridad (algo a tener en cuenta para próximas crisis económicas y sus consecuencias penales contra los manifestantes).

En el recorrido judicial del caso hay dos togados a recordar. El primero es Marchena, seguramente el juez más famoso del país. El segundo es menos conocido para el público, pero es uno de los mejores penalistas de España: Ramón Sáez, hoy en el Tribunal Constitucional tras pasar buena parte de su carrera en la Audiencia Nacional, donde se juzgó la causa ‘Aturem el Parlament’.

Sáez absolvió a los acusados al considerar que debía primar su derecho de reunión. Marchena, en cambio, los condenó a tres años de cárcel. Las dos sentencias de las que fueron ponentes sendos togados ejemplifican dos visiones opuestas del ejercicio de la magistratura.

La de Sáez fue una resolución profundamente garantista, propia de jueces que aspiran a que el respeto a los derechos fundamentales de los acusados presida el proceso y que las penas sean el último recurso, y que saben que el castigo no soluciona los problemas sociales. La de Marchena, en cambio, resultó punitivista y fue un aviso a manifestantes del poder del Estado: el que proteste, puede acabar en la cárcel.

El lenguaje de ambas sentencias da cuenta de esas dos maneras de entender y ejercer el tercer poder.

Sáez basó la absolución en que la libertad de expresión y el derecho de reunión y manifestación están “íntimamente vinculados como cauces de la democracia participativa” y gozan de “especial protección”. Una de sus argumentaciones es larga, pero merece leerse en su totalidad:

“Cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica, como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta sobre el pluralismo, valor esencial, y que promueve la libre igualdad de personas y grupos para que los derechos sean reales y efectivos, como enuncia la Constitución en su título preliminar”.

En consecuencia, la sentencia de la que Sáez fue ponente absolvió a los 19 acusados que gritaron o se encararon con los diputados, y condenó tan solo al activista que pintó con spray la chaqueta de la diputada Montserrat Tura, extremo violento que sí rebasó los límites del derecho de reunión.

Solo uno de los tres jueces del tribunal de la Audiencia Nacional discrepó de las tesis de Sáez y abogó por una condena a parte de los acusados (aunque, al mismo tiempo, propuso su indulto). El nombre también sonará: Fernando Grande-Marlaska, hoy ministro del Interior.

Al llegar al Supremo, el caso dio un giro. La sentencia condenatoria por un delito contra las instituciones del Estado a ocho acusados de la que fue ponente Marchena censuró con contundencia el “patente error” en el que, a su juicio, había incurrido Sáez al no priorizar el derecho constitucional de participación política –la asistencia de los diputados al Parlament– sobre el derecho a la protesta de los manifestantes.

Señaló Marchena en su sentencia que los manifestantes de ‘Aturem el Parlament’ crearon una “atmósfera intimidatoria” y un “clima hostil” que contribuyó a su “propósito colectivo” de impedir la labor de la Cámara.

El TEDH concluye que, en realidad, el que estaba equivocado era Marchena y que Sáez tenía razón.

Los jueces europeos censuran en especial la argumentación de Marchena de que los insultos y gritos y la presencia física en la manifestación eran suficientes como para fundamentar una condena por un delito contra las instituciones del Estado, aunque los acusados no ejercieran actos de violencia concreta contra los diputados.

En la sentencia del TEDH se oyen los ecos del voto particular del magistrado Perfecto Andrés, el padre del garantismo penal en España, y único miembro del tribunal que discrepó de Marchena: “El objeto de esta causa tiene connotaciones políticas tan intensas, que difícilmente podría darse una aproximación de derecho que no comporte o traduzca también una previa toma de posición del intérprete en ese otro plano”.

El TEDH destaca que el Supremo consideró que los manifestantes “contribuyeron a crear un ambiente intimidatorio, pero no les atribuyó ninguna acción violenta concreta”. Este fue el principal error de Marchena.

“Una persona no deja de gozar del derecho a la libertad de reunión pacífica a consecuencia de actos de violencia esporádicos u otros actos punibles cometidos por terceros durante la manifestación”, recuerda el tribunal con sede en Estrasburgo.

La mala labor del Supremo no terminó aquí, según el TEDH, pues su fallo contra ‘Aturem el Parlament’ desalentó el derecho a la protesta de toda la población al castigar con penas “severas” de cárcel el ejercicio de derechos fundamentales.

Es el denominado chilling effect (efecto desaliento), un clásico de las condenas de Estrasburgo a España. El TEDH impone muy pocos reveses a los tribunales españoles, pero son casi siempre tropiezos con la misma piedra: la restricción desproporcionada de los derechos de reunión o la libertad de expresión. Ya sea por quemar fotos del rey o acudir a una manifestación.

El TEDH lo tenía fácil para quitarse de encima el caso 'Aturem el Parlament' sin dar un tirón de orejas a España: los activistas no llegaron a entrar en prisión y las penas de tres años de cárcel que les impuso el Supremo están prescritas. Además, en los últimos tiempos los jueces europeos restringen sus condenas y confían más en los tribunales nacionales.

Asimismo, Estrasburgo ha ahorrado una humillación total al Supremo al no entrar a valorar el hecho de que el Alto Tribunal revocó la absolución de los activistas sin un nuevo juicio, algo que ya había motivado condenas a España como en el caso Atutxa.

La sentencia del TEDH debe presidir desde ahora todas las interpretaciones de los tribunales españoles sobre la protesta social.

Aunque sectores independentistas, en un nuevo ejercicio de voluntarismo, confían en que el fallo de ‘Aturem el Parlament’ sea la antesala de otra condena del TEDH a España en el caso del procés, la realidad es que son causas distintas. Y no solo porque algunos presos del procés como el actual secretario general de Junts, Jordi Turull, quisieran meter en la cárcel a los activistas del 15-M. Igual que Marchena.

‘Aturem el Parlament’ fue el grito de rabia de miles de ciudadanos contra los recortes, mientras que las manifestaciones del procés se concertaron desde el poder político (aunque su reproche penal pueda ser igualmente desproporcionado tan solo en el caso de los exlíderes de Òmnium y la ANC; no en el de los exconsellers). La victoria de este jueves es la del derecho a la protesta de los de abajo.

Un juzgado de Bilbao ha abierto un juicio oral contra la humorista Ane Lindane denunciada por la Fundación Española de Abogados Cristianos por “subirse al altar mayor de una iglesia, simular que se masturbaba con un crucifijo y difundir los vídeos en sus redes sociales” durante el festival Euskal Herria Zuzenean (EHZ) celebrado en junio del año pasado en Iparralde, en la localidad francesa de Arbérats-Sillègue (en euskera Arberatze-Zilhekoa). Los denunciantes le atribuyen un delito de escarnio y solicita una multa penal de ocho meses.

Abogados Cristianos acusa a Lindane de incurrir en un delito de escarnio (artículo 525 del Código Penal) aunque la misma fundación ultra reconoce que no se trata de un delito recogido en el Código Penal francés, donde ocurrieron los hechos. “Aunque los actos realizados tuvieron lugar en una iglesia situada en Francia, la difusión del vídeo y de los comentarios que lo acompañaban tuvo plena consumación en España, lo que ya ha sido respaldado durante el procedimiento por la Audiencia Provincial de Bizkaia”, han asegurado Abogados Cristianos en un comunicado difundido este martes.

Según apuntan los denunciantes, “la iglesia mantenía su condición de lugar sagrado ya que no había sido desacralizada por la autoridad eclesiástica”, algo que confirma la propia Lindane que confesó que se trató de una actuación humorística improvisada debido al escenario en el que se encontraba. “Me ofrecieron hacer un monólogo en euskera en el festival y me hacía ilusión porque nunca he actuado en Iparralde. Cuando llegué me dijeron que iba a actuar en una iglesia. Era una iglesia convencional, no desacralizada que el propio párroco les dejó porque está casi en desuso. Me flipó porque era muy bonita, di una vuelta por la sacristía y vi que había mucha ropa de curas, crucifijos y decidí improvisar”, reconoció la humorista a este periódico cuando se produjo la denuncia.

De esta manera, Lindane improvisó su entrada e inicio de su actuación tomando un crucifico y escenificando una masturbación. “Fue algo que no estaba planeado, siempre entro de forma rompedora y lo hice sin pensar. No pensaba que tendría esta repercusión. En mis monólogos hago ese tipo de cosas, aunque es cierto que nunca lo había hecho en una iglesia de verdad. Hablo de euskera, de feminismo, de política y también denuncio abusos sexuales en la Iglesia católica. Fue un honor hacer reír con esos temas dentro de una iglesia católica”, confesó la cómica, que realizó la actuación frente a 200 personas.

Por su parte, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha denunciado que “utilizar un crucifijo para realizar actos obscenos sobre el altar de una iglesia es una humillación intolerable para millones de cristianos”, y ha reclamado a la Justicia que “actúen con firmeza frente a quienes atacan deliberadamente aquello que es sagrado”. “No estamos ante una crítica ni ante una opinión, sino ante una actuación deliberadamente ofensiva que posteriormente se difundió para multiplicar su alcance. La libertad de expresión no puede convertirse en una carta blanca para atacar y ridiculizar deliberadamente nuestra fe”, ha asegurado.

Tras su declaración en los juzgados de Bilbao el pasado en diciembre de 2025, Lindane defendió que la denuncia contra ella “no es una cuestión de sentimientos religiosos”. “Esto es un ataque fascista a la libertad de expresión y a la libertad de creación artística. Este no es un ataque contra mí como individuo, ni como artista, no como humorista. Esto es un ataque contra todos. Contra todos los artistas, contra los escritores, contra cualquier persona que se exprese libremente. Abogados Cristianos es el brazo jurídico de la secta integrista católica y fascista El Yunque y como fascistas y católicos que son, son unos liberticidas. Su objetivo es atacar las libertades de todos y todas”, lamentó tras asegurar que juegan al “desgaste” para que “la gente se calle”.

Por el momento se desconoce la fecha del juicio oral, pero Lindane confiesa estar tranquila por el procedimiento y ha aprovechado que los denunciantes han hecho pública la apertura del juicio oral durante la Aste Nagusia de Bilbao para invitarlos a la fiesta. “Si venís aquí y os pegáis un par de gaupasas se os quita la tontería. El kalimotxo corre de mi cuenta. Abogados Cristianos, nos veremos en tribunales”, ha bromeado la humorista.

Viktor Kalinin, de San Petersburgo, cumplió 14 años a finales de abril. Tres meses después, el 30 de julio, se convertía en la persona más joven en ser incluida en la lista de terroristas y extremistas de Rusia. Su delito fue haber prendido fuego a una caja del sistema de señalización ferroviaria. Según declaró en presencia de los agentes de los servicios secretos, un desconocido le conminó a hacerlo bajo amenaza de abrirle un procedimiento penal si se negaba. Ahora bien, la policía, en lugar de considerarlo una atenuante o encausarlo por vandalismo, ha optado por imputarle un acto terrorista.

Ese mismo día, Pável Dúrov, fundador de Telegram, también era incluido en este registro, acusado de colaborar con el terrorismo al permitir el reclutamiento de jóvenes para cometer acciones de sabotaje y atentados a través de su plataforma. La realidad, sin embargo, es que la maniobra era el último episodio de la presión contra su empresa por resistirse a cooperar con el FSB, el antiguo KGB.

Estos dos ejemplos demuestran hasta qué punto el Kremlin está desvirtuando la legislación contra el terrorismo para reprimir las expresiones de disidencia, una tendencia que se ha acentuado desde la invasión de Ucrania. Según los expertos, esta categoría permite estigmatizar a los culpables, imponerles penas más severas e intimidar a la sociedad.

Más de 22.000 terroristas

Rusia tiene publicada una lista con más de 22.000 personas etiquetadas como terroristas y extremistas. De ellas, unas 5.000 han sido añadidas a lo largo del último año. Eso significa que cada día, de media, 13 individuos se incorporan a esta base de datos como sospechosos de tener relación con actividades radicales, un 47% más que un año atrás. Como Kalinin, 493 menores de 18 años son considerados terroristas o extremistas y, de ellos, cerca de un centenar no supera los 16.

OVD-Info, una entidad de referencia en el seguimiento de la represión en Rusia (designada recientemente como extremista), calcula que al menos un 12% de los integrantes de la lista figuran en ella por motivos políticos, aunque apunta que la proporción de los que han sido indexados después del inicio de la guerra puede oscilar entre el 15% y el 20%.

En cuanto a las condenas por casos vinculados con el terrorismo, durante la primera mitad de 2026, un estudio de los activistas de Pervi Otdel y Parubets Analytics señala que se han impuesto más de 1.200, un 58% más que en el mismo periodo de 2025.

Según la organización de derechos humanos Memorial (también calificada de extremista pese a haber recibido el Premio Nobel de la Paz en 2022), como mínimo un 35% de estas sentencias tienen una motivación política. Pervi Otdel indica, no obstante, que esta es una estimación “conservadora” porque los tribunales suelen ocultar información sobre los casos. De hecho, denuncia que “la censura se está intensificando” y que casi dos tercios de los expedientes están clasificados.

“No hay ninguna duda de que 2026 será el año con el número más masivo de condenas por casos de terrorismo de toda la historia del código penal moderno”, concluyen los abogados de esta entidad.

Serguéi Davidis, responsable del proyecto de apoyo a los presos políticos de Memorial, afirma a elDiario.es que el uso por parte de las autoridades rusas de los artículos sobre extremismo y, especialmente, sobre terrorismo es “cada vez más amplio” y que constituye una parte “creciente” de las represiones políticas.

No hay ninguna duda de que 2026 será el año con el número más masivo de condenas por casos de terrorismo de toda la historia del código penal moderno

ONG de Derechos Humanos Memorial

Una tipología delictiva que ha crecido mucho a raíz del conflicto en Ucrania son los sabotajes. Estas actuaciones suelen tener como objetivo dañar objetos o instalaciones del Estado, y pueden responder a acciones de protesta voluntarias o a chantajes. Se trata, como en el caso de Kalinin, de incendios de instalaciones de la red ferroviaria, pero también de centros de reclutamiento, edificios de la administración pública o empresas vinculadas al complejo militar-industrial.

Normalmente, son intentos fallidos, pero incluso así sus autores resultan acusados de terrorismo. Davidis lamenta que sería “jurídicamente más adecuado” procesarlos por destrucción de la propiedad porque este tipo de acciones no encajan dentro de la definición de terrorismo. En cambio, reciben penas “desproporcionadamente largas” por delitos que “prácticamente no han causado ningún daño”.

De todos modos, no es necesario que alguien recurra a la violencia para que se le aplique la legislación antiterrorista. Un 29% de las condenas desde enero de 2026 han sido por justificación, propaganda o llamamientos al terrorismo.

Pervi Otdel asegura que este delito lo utilizan las fuerzas de seguridad para “presionar” a periodistas, activistas y blogueros. Por ejemplo, Yevguenia Berkovich y Svetlana Petriychuk fueron encarceladas por escribir y dirigir una obra de teatro que se consideró que justificaba el terrorismo; el sociólogo Borís Kagarlitski acabó entre rejas por un vídeo en el que analizaba la explosión del puente de Crimea; y la periodista Svetlana Prokópieva también entró en prisión por explicar en la radio las causas de un atentado contra un cuartel del FSB.

Cualquier crítica al poder puede calificarse de extremismo si existe voluntad de hacerlo, y cuanto más tiempo pasa, más ampliamente se interpreta este concepto

Serguéi Davidis — Responsable del proyecto de apoyo a los presos políticos de la ONG Memorial

Según Davidis, a fin de cuentas, “cualquier crítica al poder puede calificarse de extremismo, si existe voluntad de hacerlo, y cuanto más tiempo pasa, más ampliamente se interpreta este concepto”. De esta manera, expresar rechazo a la policía, a los funcionarios o a los diputados de Rusia Unida —el partido de Putin— puede equivaler a extremismo y, ahora cada vez más, a terrorismo.

Se trata de una tendencia que, desde su punto de vista, llega a extremos “cómicos”. Se refiere al caso de Alekséi Petrov, que en 2020 comentó una noticia en Facebook sobre la nueva vacuna rusa contra el covid sugiriendo que se la inyectaran a Vladímir Putin —no mencionó su nombre— “aunque fuera para que el virus se lo llevara”.

En enero de 2025, casi cuatro años y medio después de la publicación, el FSB lo acusó de un “llamamiento público a actividades terroristas usando Internet”. Lleva más de un año y medio en prisión preventiva y se enfrenta a hasta siete años de prisión. “Es una situación absolutamente habitual”, argumenta el activista de Memorial.

Opositores, yihadistas y prisioneros de guerra

El Kremlin también tiene un registro con más de 850 entidades y organizaciones extremistas o terroristas. Entre las terroristas figuran la Fundación Anticorrupción de Alekséi Navalni (él, pese a estar muerto, y su viuda, Yulia, también están etiquetados personalmente como terroristas) o el Comité Antibélico de Rusia, en el que participan opositores como el antiguo oligarca Mijaíl Jodorkovski, el político Vladímir Kara-Murzá o el excampeón del mundo de ajedrez Gari Kaspárov.

Estas asociaciones comparten designación con grupos yihadistas como Al Qaeda o el Estado Islámico, además de organizaciones supremacistas blancas violentas. Por el contrario, en 2025 se eliminó de la lista a los talibanes, y Rusia se convirtió en el primer país del mundo en reconocer su Gobierno en Afganistán. Quien sí continúa incluido en la base de datos es Jabhat Fateh al-Sham, el antiguo Frente al-Nusra, la organización liderada por Ahmed al-Sharaa, actual presidente de Siria, con quien Putin intenta mantener buenas relaciones. Él, sin embargo, nunca recibió la calificación de terrorista.

Un hombre lleva un año y medio en prisión provisional por bromear con Putin y la vacuna de la COVID

En cuanto a las agrupaciones extremistas, se incluyen la empresa Meta y todas sus plataformas, el “movimiento LGTBI público internacional”, el “movimiento satanista internacional” o el colectivo punk de protesta Pussy Riot.

El principal propósito de meter en el mismo saco a estas entidades y a grupos terroristas violentos es cortarles los medios de subsistencia en Rusia, condenarlos a la muerte civil y señalarlos como peligrosos ante cualquiera que quiera relacionarse con ellos.

Así se explican los cientos de casos de personas detenidas y encarceladas por hacer donaciones a la fundación de Navalni. Solo en los últimos días, un vecino alemán de San Petersburgo fue arrestado por haberles enviado 900 rublos (unos nueve euros) y en la misma ciudad una joven ha ingresado en prisión preventiva por haberles hecho llegar 2.100 rublos (unos 21 euros).

Los servicios secretos también persiguen a todo aquel que hace comentarios positivos o que financia unidades del ejército ucraniano, ya sea el batallón Azov, o unidades rusas como la Legión Libertad de Rusia o el Cuerpo de Voluntarios Rusos, que combaten junto a Ucrania. Todas ellas están incluidas en el listado del Kremlin de organizaciones terroristas.

Según Memorial, al menos un 40% de los condenados durante la primera mitad de 2026 por cargos de terrorismo son ciudadanos ucranianos. Esto incluye tanto a prisioneros de guerra como a civiles de los territorios ocupados, a quienes los investigadores rusos acusaron de colaborar o dar apoyo a Kiev.

Davidis considera “escandaloso” que se utilice “masivamente” la legislación antiterrorista contra personas “simplemente por el hecho de servir en las fuerzas armadas de su país y participar en la defensa ante una agresión”.

Estigma e intimidación

Precisamente, él mismo figura desde 2024 en la lista de terroristas y extremistas, bajo la categoría de terrorista, después de reconocer, como responsable de Memorial, que los prisioneros de guerra de Azov eran presos políticos al estar entre rejas únicamente por pertenecer a esta unidad.

En su caso, recibió una condena en ausencia a seis años de prisión porque se encuentra en la Unión Europea. La única limitación que sufre, más allá de no volver a poner los pies en Rusia, es que debe tener precaución de no viajar a ningún país que tenga tratados de extradición con Moscú.

El activista sostiene que el principal objetivo de esta deformación de las leyes contra el terrorismo es el “estigma”. Si una persona es perseguida por criticar la guerra, al ejército o a Putin, señala, todo el mundo entiende cuáles son los cargos, pero cuando se añaden estas otras etiquetas “la cuestión se vuelve mucho más difícil de descifrar y eso produce una impresión mucho más aterradora en la sociedad”.

“El sentido de las represiones no es sobre todo aislar, castigar o impedir la actividad de personas concretas, sino enviar un mensaje a la sociedad mediante su ejemplo”, explica, “aunque no hayan hecho nada o hayan sido elegidas arbitrariamente”. “Se trata de enviar a la sociedad el mensaje correcto de qué comportamiento considera correcto el Estado y cuál incorrecto, y hacer que las personas tengan miedo de ser castigadas”, añade.

Otro motivo detrás del auge de los cargos por terrorismo, según el activista de Memorial, es que implican tiempos de condena más largos. Por eso cree que las sentencias por extremismo están disminuyendo, en comparación. Además, los encarcelados por terrorismo cumplen las penas “en peores condiciones” y “son sometidos a castigos más severos”.

Davidis, sin embargo, alerta de que no hace falta acabar en una colonia penal para sufrir las consecuencias de la vinculación con el terrorismo. “Las personas incluidas en esta lista sufren fuertes restricciones de sus derechos civiles, incluso cuando están en libertad”, apunta. También advierte de que el cumplimiento de la condena no supone la exclusión del registro y, por tanto, provoca que el estigma y la intimidación persistan.

Desde su perspectiva, estas prácticas de la justicia rusa “han vaciado completamente de contenido” el concepto de terrorismo. El Estado ruso, destaca, “ha acabado perjudicándose a sí mismo” porque estas acusaciones “se toman cada vez menos en serio” por la cantidad de personas a las que se aplican.

La consecuencia de “el absurdo” de los casos, concluye Davidis, es el descrédito a ojos no solo de la Interpol o de las autoridades de otros países, sino incluso de los propios ciudadanos rusos.

La sección número 1 del Tribunal de Instancia de Ferrol ha decidido archivar la causa contra el activista propalestino Bruno Lopes Teixeiro, investigado por un supuesto delito de odio derivado de sus críticas al Estado de Israel en las redes sociales. Denunciado de oficio por la Guardia Civil, la resolución judicial dicta el sobreseimiento libre del militante del colectivo internacionalista Mar de Lumes y concluye que sus mensajes contenían posiciones antisionistas y no antisemitas y que constituyen una crítica política a Israel, a sus gobernantes y a las acciones de estos en el contexto del conflicto palestino israelí, según difundió este lunes la entidad de la que forma parte Lopes Teixeiro.

“Parece aconsejable explicar que el 'antisemitismo' y el 'antisionismo' son cosas totalmente distintas”, argumenta el magistrado, “basta acudir al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua para comprobar la diferencia. Así, se define antisemita como persona que muestra hostilidad o perjuicios hacia los judíos, su cultura o su influencia, y antisionista como contrario al movimiento político centrado en sus orígenes en la formación de un Estado de Israel [...] la denuncia del Ministerio Fiscal y el atestado que la motivó no dejan dudas de que contienen un discurso antisionista, no antisemita [...] nos encontramos ante posicionamientos políticos legítimos, sin componente religiosa o relativa a cualquier grupo de personas de los que pretende proteger el delito de odio”.

La denuncia del denominado Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña señaló en su escrito algunas publicaciones en Internet durante 2024. “Ni un día sin desear la destrucción del Estado sionista. Una nueva matanza más, un nuevo episodio del genocidio más permitido por la comunidad internacional” o “Vamos a ser claros 'Del río al mar' solo tiene un significado y sí claro que es la desaparición del Estado nazi-sionista de Israel. ¿Y?” fueron dos de los ocho mensajes recopilados por la Benemérita. El propio Lopes Teixeiro consideró en su día que la acusación policial intentaba confundir antisionismo y antisemitismo y banalizaba este último término para “evitar cualquier tipo de crítica al ente sionista”. La demanda de los agentes asumía así las posiciones del gobierno israelí de ultraderecha.

El juzgado ferrolano, sin embargo, lo ve de otra manera. Mar de Lumes, en un comunicado remitido a los medios, explica que la resolución entiende que las posiciones manifestadas por Lopes Teixiero no incitan al odio, ni a la hostilidad ni a la violencia contra las personas judías ni contra ninguno de los colectivos protegidos por el artículo 510 del Código Penal. Los hechos, añade, no son delito y además están amparados por los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la libertad ideológica. El auto judicial, señala la sección 1ª del tribunal ferrolano, “realiza constantes juicios de valor e interpretaciones subjetivas” fuera de lugar.

Es la segunda vez que el juzgado de Ferrol archiva la causa. La primera fue recurrida por la Fiscalía y revocada por la Audiencia Provincial para practicar nuevas diligencias. El juez la archiva ahora de nuevo. Contra esta nueva decisión cabe recurso, pero el colectivo Mar de Lumes espera que no se presente dado “el contenido claro y fundamentado” de la resolución judicial, del archivo de la causa en dos ocasiones y que en esta última vez la Fiscalía ni siquiera se presentó a la declaración de Lopes Teixeiro.

El humorista Héctor de Miguel ha sido puesto en libertad tras haber estado detenido en Salamanca desde el pasado miércoles, tal y como han confirmado desde la Subdelegación del Gobierno, y haber pasado la noche en el calabozo.

La Cadena Ser ha adelantado que la detención ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid por un presunto delito de desobediencia y resistencia a la Justicia por incumplir la condena por “intromisión ilegítima en el honor” de Alfonso Rojo.

En este sentido, De Miguel, condenado por la Audiencia de Madrid a pagar 41.800 euros a Rojo, ya abonó esta cuantía, pero no cumplió correctamente con la lectura del encabezamiento y el fallo de la sentencia en su programa y en sus perfiles de redes sociales, lo que dio inicio a una investigación por desobediencia, ya que fue imposible contactar con él en varias ocasiones, y tras ello fue detenido según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.Tras negarse a declarar ante el juez de Salamanca, ha sido puesto en libertad.

De Miguel, conocido como Quequé, se enfrenta desde el pasado 16 de marzo a la apertura de juicio oral como supuesto autor de un delito de coacciones cometido contra la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

La Fiscalía reclama dos años de prisión por un delito de coacciones (acoso) y el abono de una indemnización de 6.000 euros por perjuicio y daño moral, y considera responsable civil a la entidad Cadena SER.

En mayo de 2025 la Audiencia Provincial de Madrid archivó un caso contra él al no ver un delito de odio en las declaraciones que hizo en su programa radiofónico sobre dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a sacerdotes pederastas.

A primera hora de la tarde, el propio De Miguel ha bromeado con su situación, mediante un vídeo que ha publicado en su perfil oficial de X. En la grabación se ve al propio Quequé en una cafetería viendo en un televisor la noticia de su detención. “Qué hijo de puta, a ver si va p'alante de una vez”, dice girándose a cámara.

La mayoría del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes las enmiendas a la totalidad de PP y Vox contra la proposición de ley de PSOE y Sumar para reformar el Código Penal y eliminar del mismo delitos que restringen la libertad de expresión, como las injurias a la Corona, la ofensa a los sentimientos religiosos o los ultrajes a los símbolos nacionales. De esta forma, el texto logra avanzar en su tramitación parlamentaria y ahora será abordada en comisión antes de someterse a su votación definitiva en pleno.

La norma que este martes ha sido defendido en el Congreso por el dirigente de IU Enrique Santiago, comenzó a tramitarse en 2023, pero llevaba desde entonces congelada en la Cámara Baja porque los socialistas no la consideraban una prioridad. Fue a mediados de junio cuando, en medio de la tormenta judicial que afecta al Ejecutivo, las dos fuerzas que sustentan el Gobierno la reactivaron en el Congreso.

La proposición de ley contempla acabar con cinco delitos recogidos en el Código Penal. Además de las ya mencionadas injurias a la Corona, ultrajes a los símbolos nacionales y ofensa a los sentimientos religiosos, PSOE y Sumar también están de acuerdo en despenalizar las calumnias e injurias a las altas instituciones del Estado y en eliminar el tipo que pena las injurias contra las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

Ambos partidos pactaron en cambio renunciar a la eliminación del delito de enaltecimiento de terrorismo para evitar recelos de otros grupos, pese a que Sumar sí quería derogar ese artículo del Código Penal y sustituirlo por un agravante que permitiría castigar con más dureza los delitos que incluyan vejaciones a víctimas.

La reforma penal lleva años planteándose sin llegar a concretarse, a pesar de que a priori existe —como existía la pasada legislatura, cuando la propuso Unidas Podemos— mayoría parlamentaria para aprobarla. De hecho, en julio de 2024 Sumar y el PSOE ya anunciaron un pacto para suprimir los citados delitos de opinión y lo unieron a otro acuerdo para modificar la ley orgánica que rige el derecho al honor, con el fin de incluir una “reparación pública” ante procesos judiciales prolongados en el tiempo. Ese acuerdo nunca llegó a ponerse en práctica.

Para reactivar la tramitación de la proposición de ley, PSOE y Sumar dejaron de ampliar los plazos de presentación de enmiendas, lo cual permitió que dicho periodo se cierre y se pasara al debate de totalidad de este martes. Ahora los grupos parlamentarios comenzarán a discutir el redactado final de la reforma, que aún necesitaría recibir luz verde del Congreso en otras dos ocasiones antes de pasar al Senado para finalizar su tramitación.

El pasado 28 de abril, la Justicia Federal brasileña condenó a dos años de prisión en régimen abierto al presidente nacional del Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), José Maria de Almeida, conocido como Zé Maria, por delito de racismo. La decisión ha abierto un intenso debate sobre los límites entre la libertad de expresión, la solidaridad con Palestina y la legislación antirracista.

Zé Maria es una figura destacada de la izquierda brasileña. Metalúrgico del cinturón industrial del ABC paulista, participó en las históricas huelgas contra la dictadura militar junto a Luiz Inácio 'Lula' da Silva, fue uno de los fundadores del Partido dos Trabalhadores (PT) en 1980 y posteriormente impulsó el PSTU. Candidato presidencial en cuatro ocasiones, sigue siendo una referencia para sectores sindicales y de la izquierda socialista brasileña.

Las declaraciones que motivaron la condena

La sentencia, dictada por el juez Massimo Palazzolo, de la 4ª Vara Criminal Federal de São Paulo, se refiere a un discurso pronunciado durante una manifestación en apoyo del pueblo palestino celebrada el 22 de octubre de 2023, pocas semanas después del inicio de la actual guerra genocida en Gaza.

La protesta tuvo lugar en la Avenida Paulista y fue retransmitida a través de las redes sociales del PSTU. Durante su intervención, Zé Maria afirmó: “Todo acto de fuerza, todo acto de violencia del pueblo palestino contra el sionismo es legítimo y tenemos que apoyarlo en Palestina y en todo el mundo”. A continuación añadió: “Tenemos que poner, de una vez por todas, un punto final al Estado sionista de Israel para que pueda florecer un Estado palestino, laico y democrático, del río Jordán al mar”.

Tras la manifestación, la Confederación Israelí de Brasil (Conib) y la Federación Israelí del Estado de São Paulo (Fisesp) presentaron denuncias ante el Ministerio Público Federal, quien aceptó la demanda y condenó al dirigente político en primera instancia.

En 2023, la Conib denunció al periodista judío y antisionista Breno Altman por sus declaraciones sobre Palestina, y la Justicia acabó archivando el caso al considerar que sus opiniones estaban amparadas por la libertad de expresión. En abril de 2025, la historiadora Arlene Clemesha, profesora de la Universidad de São Paulo y una de las principales especialistas brasileñas en la cuestión palestina, denunció ser el blanco de una campaña pública de intimidación y difamación tras criticar la definición de antisemitismo de la IHRA y denunciar la ofensiva israelí en Gaza.

Las implicaciones de la condena

Varias organizaciones sindicales rechazan la interpretación del tribunal en el caso de Zé Maria por considerar que equipara una posición política con un delito de racismo y restringe el derecho a la solidaridad internacional. La Fenajufe (principal sindicato para los trabajadores del Poder Judicial) calificó la condena como un “precedente preocupante” que criminaliza la solidaridad entre los pueblos y advierte que confundir la crítica al sionismo con un ataque a un grupo étnico limita el ejercicio de la libertad de expresión y la acción colectiva.

En un discurso del 1 de mayo, Zé Maria declaró: “Esta condena no tiene base histórica, política o legal. Se basa en los argumentos que el movimiento sionista utiliza para intentar defender lo indefendible —el genocidio del pueblo palestino— y para intentar silenciar las críticas al Estado racista, colonialista y sionista de Israel”. En un artículo publicado en el diario Folha de S. Paulo, añadió: “El antisemitismo es racismo, que repudio con todas mis fuerzas. Los sionistas constituyen un movimiento político —el sionismo— cuya ideología racista y colonialista es la base del Estado de Israel”.

Al redefinir la crítica a un Estado como un ataque a un grupo étnico o religioso, la sentencia se aproxima a la interpretación promovida por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). Esta definición ha sido cuestionada por académicos, organizaciones de derechos humanos y sectores de la propia comunidad judía, que advierten de que su utilización para equiparar antisionismo y antisemitismo puede convertirse en un mecanismo para restringir determinadas críticas al Estado de Israel.

Una tendencia regional

Para el Instituto Brasil-Palestina, diversas organizaciones sindicales y los sectores movilizados en solidaridad con Palestina, la condena contra Zé Maria no constituye un hecho aislado, sino una pieza más de una estrategia de lawfare contra el movimiento de apoyo al pueblo palestino a escala continental. La sentencia se produce mientras el Parlamento brasileño debate el Proyecto de Ley 1424/2026, impulsado por la diputada Tabata Amaral (PSB-SP), que pretende incorporar la definición de la IHRA al ordenamiento jurídico brasileño y equiparar el antisionismo al crimen de racismo.

La primera Administración Trump consolidó la definición de la IHRA como un instrumento de la política exterior estadounidense para reforzar el respaldo político y diplomático a Israel bajo la bandera de la lucha contra el antisemitismo. Tras el ascenso del movimiento de solidaridad con Palestina a finales de 2023, el Departamento de Estado intensificó su promoción internacional.

El 3 de marzo de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos estaba “promoviendo la definición de la IHRA como piedra angular de las Directrices Globales para Combatir el Antisemitismo impulsadas por Estados Unidos” y anunció que Washington alentaría a gobiernos y organismos internacionales a adoptarla. Esta orientación adquirió un significado más contundente con la implementación de la Estrategia de Seguridad Nacional por la Administración Trump en diciembre de 2025, que plantea la restauración de la primacía estadounidense en el hemisferio occidental y el fortalecimiento de sus alianzas estratégicas globales, entre ellas la de Israel.

En América Latina, Argentina fue el primer país en adoptar formalmente la definición de la IHRA en 2020. Posteriormente, Uruguay, Guatemala, Colombia, Panamá y Costa Rica incorporaron o respaldaron oficialmente esa definición, consolidando una tendencia regional impulsada por gobiernos aliados de Washington, organizaciones sionistas y organismos internacionales.

Argentina se ha convertido en uno de los principales escenarios de esta disputa. El dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Alejandro Bodart, fue condenado en febrero de 2025 por publicaciones en redes sociales que calificaban a Israel de “racista y genocida”, aunque posteriormente fue absuelto en septiembre del mismo año mediante apelación.

Más avanzado se encuentra el caso de la diputada Vanina Biasi (Partido Obrero-FIT-U), procesada en abril de ese año por comparar las acciones de Israel en Gaza con el nazismo y por denunciar el carácter genocida del sionismo. En agosto de 2025, la Cámara Federal confirmó por unanimidad el procesamiento y el embargo de sus bienes, dejando abierta la posibilidad de un juicio oral.

Brasil había seguido hasta ahora un camino diferente. El Gobierno de Lula rechazó en 2025 la incorporación federal de la definición de la IHRA e incluso retiró al país de su condición de observador en la organización, aunque doce estados brasileños continúan aplicándola a nivel local. Sin embargo, la condena a Zé Maria y el avance de nuevas iniciativas legislativas son interpretados por sus críticos como señales de un cambio de orientación del Gobierno de Lula bajo crecientes presiones diplomáticas, mediáticas y políticas procedentes de Estados Unidos.

Reacción sindical y política

La sentencia provocó una respuesta inmediata de amplios sectores del movimiento sindical brasileño. Nueve centrales sindicales, entre ellas CUT, Força Sindical y CSP-Conlutas, difundieron un comunicado conjunto en el que calificaron el fallo como un ataque a la libertad de expresión y a la solidaridad internacional con Palestina, e iniciaron, junto con los partidos de izquierda, una campaña amplia y unitaria para defender el pleno derecho a la libertad de expresión, incluyendo las críticas al Estado de Israel.

“Si hoy buscan silenciar a Zé María, mañana intentarán silenciar a maestros, estudiantes y trabajadores que se levanten contra las injusticias”, señaló el Sindicato de Profesionales de la Educación de Río de Janeiro. La campaña por Zé Maria y por la anulación de la condena busca, sobre todo, alertar y revertir lo que sus impulsores consideran una creciente judicialización de la solidaridad con Palestina, así como el avance, bajo la presión de la Administración Trump y sus aliados regionales, de iniciativas destinadas a criminalizar el antisionismo y restringir la actividad del movimiento de solidaridad con Palestina en Brasil y América Latina.

La escritora canadiense Margaret Atwood ha advertido este lunes sobre el aumento de la censura en países como Estados Unidos, considerado “un faro de libertad” durante la Guerra Fría, y ha asegurado que nunca en la era moderna se habían prohibido tantos libros como ahora en las bibliotecas y escuelas. Así lo ha manifestado la autora de novelas como 'El cuento de la criada' en su discurso tras ser investida doctora 'honoris causa' por la Universidad de Granada (UGR), un acto en el que ha criticado que algunos partidos políticos reivindiquen la libertad de expresión cuando se encuentran en la oposición, pero, una vez alcanzado el poder, promuevan restricciones y ejerzan presión sobre los medios de comunicación.

Atwood ha afirmado que los profesores de humanidades están “sitiados” en las universidades norteamericanas, donde sus materias están siendo tachadas como “no esenciales” en una época caracterizada por el rápido cambio tecnológico y la innovación científica.

La escritora, que ha defendido el papel de las humanidades, ha subrayado que es precisamente esta área del conocimiento la que enseña a las personas a pensar, a crear y a comprender a los demás, especialmente “a quienes son diferentes a uno mismo”.

Según ha sostenido, es fundamental que los individuos conserven la capacidad de cuestionar sus propias certezas: “Una sociedad que ya no puede pensar con claridad y que ya no puede cuestionar sus propias suposiciones se dirige hacia el precipicio”, ha aseverado en su discurso en el Hospital Real de Granada.

La también autora de 'Los testamentos' ha recordado que el régimen retratado por George Orwell en su novela '1984' persigue consolidar su poder eliminando del lenguaje cualquier palabra que permita a la gente pensar y tener una opinión crítica.

En esa línea se ha preguntado si la inteligencia artificial desempeñará un papel similar a esa “policía del pensamiento” de Orwell: “¿Será capaz la IA de lograrlo? Averigüémoslo”, ha expresado.

Atwood ha enmarcado esta situación de las humanidades y el pensamiento en un contexto internacional que ha definido como una “tormenta perfecta” de crisis simultáneas, como la económica, las guerras de Ucrania, Gaza e Irán, y la degradación del medioambiente.

En este sentido ha compartido su preocupación por la extinción de especies, el deterioro de los ecosistemas y la destrucción de hábitats animales, vegetales y humanos: “Necesitamos oxígeno para respirar, y si destruimos la vida de los océanos, se acabará”, ha subrayado.

A estos desafíos ha añadido las dificultades económicas, como el aumento de los precios y la pérdida de empleos, además del endeudamiento público y el riesgo de hambrunas, factores que, como ha recordado, precedieron históricamente a episodios de gran inestabilidad como la Revolución Francesa.

Pese a este escenario, Atwood ha considerado que España se encuentra en una posición “relativamente favorable” y ha destacado que cuenta con una rica historia y una notable diversidad cultural, por lo que no ha considerado probable que se convierta en una dictadura totalitaria en un futuro próximo.

Además, ha planteado incluso la posibilidad de que, si el contexto internacional se vuelve “más sombrío”, España se podría convertir en un “santuario para la preservación de la alfabetización y el saber”: “No es algo descabellado”, ha expresado. Por su parte, el rector de la UGR, Pedro Mercado, ha destacado los valores de Margaret Atwood y su defensa de los derechos humanos.

Así, ha señalado que su nombramiento como doctora 'honoris causa' representa la convergencia entre una trayectoria “excepcional” y una institución que desde 1531 se ha comprometido con el conocimiento, la libertad y su responsabilidad con la sociedad.

Balti Picornell, expresident del Parlament, ha comparegut aquest dimarts als jutjats de Palma per declarar en el marc de la querella interposada pel diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos, per un presumpte delicte d'injúries. La causa es va iniciar arran d'una publicació a la xarxa social X –abans Twitter– en què Picornell va difondre una imatge en la qual apareixia al costat d'una pintada on es podia llegir “J. Campos puto nazi”.

La defensa de l'expresident de la Cambra autonòmica ha presentat un recurs d'apel·lació contra la interlocutòria dictada el 13 de març de 2026, mitjançant la qual el jutjat va acordar incoar diligències prèvies i obrir una investigació per aquests fets. Aquest recurs s'ha presentat davant l'Audiència Provincial de les Illes Balears després que el jutjat admetés la querella “per un presumpte delicte d'injúries greus a l'autoritat”. L'advocat de Picornell, Josep Rosell Fossas, sosté davant elDiario.es que la querella no té “la mínima consistència juridicopenal exigible”, ja que no descriu fets concrets amb rellevància penal, sinó expressions valoratives emmarcades en un context de crítica política i confrontació ideològica.

En el seu recurs, la defensa subratlla que ni tan sols es desprèn de la querella que Picornell sigui l'autor de la pintada, sinó únicament que s'hauria fotografiat al costat d'un mur on apareixia la frase indicada. Rosell recorda que el dret penal “ha d'intervenir de manera excepcional en matèria d'honor, especialment quan les expressions es produeixen en l'àmbit del debat polític”, la ironia o la provocació pròpia de l'espai públic. En aquest sentit, invoca l'article 20 de la Constitució espanyola i adverteix que admetre a tràmit una querella d'aquest tipus sense una ponderació adequada entre el dret a l'honor i la llibertat d'expressió “pot generar un efecte dissuasiu incompatible amb una societat democràtica”.

El recurs també critica la manca de motivació de la interlocutòria impugnada, que considera insuficient i generadora d'indefensió, en “no justificar per què els fets descrits superarien el llindar de gravetat exigible per apreciar un delicte d'injúries”. El lletrat insisteix que només seria possible una investigació penal “si existissin indicis raonables” de criminalitat, una circumstància que, a parer seu, no es dona en aquest cas. Segons la seva opinió, s'està produint una utilització expansiva del dret penal “per perseguir expressions emeses a l'espai públic i dirigides a representants polítics en un context de debat ideològic”.

Llibertat d'expressió

La defensa de Picornell també sosté que el procediment exemplifica la necessitat d'extremar el control judicial en aquest tipus de casos, precisament per evitar que la via penal s'utilitzi com a mecanisme de restricció de la llibertat d'expressió en el debat polític. Rosell emmarca, a més, la seva argumentació en la doctrina constitucional sobre llibertat d'expressió, segons la qual les manifestacions realitzades en contextos de confrontació política gaudeixen d'un nivell reforçat de protecció.

De fet, el lletrat entén aquesta llibertat d'expressió en un sentit ampli. Recorda que Jorge Campos ha participat en actes de campanya, amb Vox, en llocs que són símbols de l'exaltació franquista, com els celebrats a Sa Feixina. El monòlit de Sa Feixina va ser erigit pel franquisme el 1947 per glorificar els “herois” del Creuer Baleares, enfonsat el març de 1938 i responsable del bombardeig dut a terme un any abans contra la població civil que fugia de Màlaga cap a Almeria en plena ofensiva feixista –episodi històricament conegut com ‘la Desbandá’–. Convertit en un dels símbols més controvertits de Palma, aquest vestigi de l'arquitectura feixista ha estat, durant dècades, objecte de diversos intents de ressignificació, campanyes a favor del seu enderrocament i diferents batalles judicials.

“Crec que estem dins de la llibertat d'expressió”, valora Rosell, i afegeix que hi ha d'haver llibertat d'expressió “fins i tot en aquells casos en què una persona va a actes al Valle de los Caídos” i es burla, segons la seva opinió, dels represaliats i afusellats pel règim de Franco. “Va ser un aliat dels nazis fins que els alemanys van perdre la guerra; llavors, es va cercar uns altres aliats”, analitza. Aquesta argumentació reforça, al seu judici, la petició d'inadmissió del procediment.

En la mateixa línia, Picornell va valorar que el procediment és un intent de l'extrema dreta de restringir la crítica política. “El que no podem permetre és que personatges com aquest intentin retallar la nostra llibertat d'expressió, intentin mantenir-nos callats i que no puguem expressar el que una persona reaccionària diu a les xarxes socials”. “Hem de tenir un dret fonamental a la llibertat d'expressió i cal plantar-los cara”, ha insistit.

L'advocat de Campos refuta els arguments de Rosell i afirma que “la querella és prou clara”. “La llibertat d'expressió no empara les lesions a la dignitat ni a l'honor”, assegura. Afegeix que les publicacions —de Balti Picornell— “es fan fora de qualsevol context de discussió” política i que són “gratuïtes i sense debat ni crítica prèvia”. Segons el seu parer, Picornell “sabia perfectament el contingut de la querella perquè la va publicar a X abans de declarar”.

Picornell va ser president del Parlament balear entre 2017 i 2019, durant la primera legislatura del Govern de la socialista Francina Armengol, que va arribar a la presidència després d'assolir un acord amb tot l'espectre progressista –Unides Podem, Més per Mallorca i Més per Menorca–.

La trajectòria de Campos està marcada per un discurs agressiu contra la immigració, les identitats LGTBI+, les polítiques a favor de la llengua catalana i la memòria democràtica. Recentment, va comparar la gran manifestació celebrada a favor del català amb l'Alemanya nazi, utilitzant per fer-ho la imatge d'una desfilada de torxes celebrada només uns mesos després que Adolf Hitler arribés al poder. Campos també va assenyalar en un altre missatge a les xarxes socials catalanistes i independentistes en el context de la Diada de Mallorca. “Aquest dia sabem que, a Palma, els separatistes pancatalanistes són tots al mateix lloc. Aquestes oportunitats s'haurien d'aprofitar”, va escriure al seu compte d'X. “Contra la seva malaltia, la nostra immensa il·lusió de fer un país millor que el que ells representen”, va afegir.

Balti Picornell, expresidente del Parlament, ha comparecido este martes en los juzgados de Palma para declarar en el marco de la querella interpuesta por el diputado de Vox en el Congreso, Jorge Campos, por un presunto delito de injurias. La causa se inició a raíz de una publicación en la red social X –antes Twitter– en la que Picornell difundió una imagen en la que aparecía junto a una pintada en la que se leía “J. Campos puto nazi”.

La defensa del ex presidente de la Cámara autonómica ha presentado un recurso de apelación contra el auto dictado el 13 de marzo de 2026, por el que el juzgado acordó incoar diligencias previas y abrir una investigación por estos hechos. Este recurso se ha presentado ante la Audiencia Provincial de Balears después de que el juzgado admitiera la querella “por un presunto delito de injurias graves a la autoridad”. El abogado de Picornell, Josep Rosell Fossas, sostiene a elDiario.es que la querella carece de “la mínima consistencia jurídico-penal exigible”, al no describir hechos concretos con relevancia penal, sino expresiones valorativas enmarcadas en un contexto de crítica política y confrontación ideológica.

En su recurso, la defensa subraya que ni siquiera se desprende de la querella que Picornell sea el autor de la pintada, sino únicamente que se habría fotografiado junto a un muro en el que aparecía la frase indicada. Rosell recuerda que el derecho penal “debe intervenir de forma excepcional en materia de honor, especialmente cuando las expresiones se producen en el ámbito del debate político”, la ironía o la provocación propias del espacio público. En este sentido, invoca el artículo 20 de la Constitución Española y advierte de que admitir a trámite una querella de este tipo sin una ponderación adecuada entre el derecho al honor y la libertad de expresión “puede generar un efecto disuasorio incompatible con una sociedad democrática”.

El recurso también critica la falta de motivación del auto impugnado, que considera insuficiente y generador de indefensión, al “no justificar por qué los hechos descritos superarían el umbral de gravedad exigible para apreciar un delito de injurias”. El letrado insiste en que solo cabría investigación penal “si existieran indicios razonables” de criminalidad, algo que, a su juicio, no concurre en este caso. En su opinión, se está produciendo una utilización expansiva del derecho penal “para perseguir expresiones emitidas en el espacio público y dirigidas a representantes políticos en un contexto de debate ideológico”.

Libertad de expresión

La defensa de Picornell también sostiene que el procedimiento ejemplifica la necesidad de extremar el control judicial en este tipo de casos, precisamente para evitar que la vía penal se utilice como mecanismo de restricción de la libertad de expresión en el debate político. Rosell enmarca además su argumentación en la doctrina constitucional sobre libertad de expresión, según la cual las manifestaciones realizadas en contextos de confrontación política gozan de un nivel reforzado de protección.

De hecho, el letrado enmarca esta libertad de expresión en un sentido amplio. Recuerda que Jorge Campos ha participado en actos de campaña, con Vox, en lugares que son símbolos de la exaltación franquista, como aquellos celebrados en Sa Feixina. El monolito de Sa Feixina fue erigido por el franquismo en 1947 para glorificar a los “héroes” del Crucero Baleares, hundido en marzo de 1938 y responsable del bombardeo llevado a cabo un año antes contra la población civil que huía de Málaga a Almería en plena ofensiva fascista –episodio históricamente conocido como 'la Desbandá'–. Convertido en uno de los símbolos más controvertidos de Palma, este vestigio de la arquitectura fascista ha sido, durante décadas, foco de varios intentos de resignificación, campañas en pro de su demolición y distintas batallas judiciales.

“Creo que estamos dentro de la libertad de expresión”, valora Rosell y añade que debe de haber libertad de expresión “incluso en aquellos casos en que una persona va a actos en el Valle de los Caídos” y se burla, según su opinión, de los represaliados y fusilados por el régimen de Franco. “Fue un aliado de los nazis hasta que los alemanes perdieron la guerra, entonces, se buscó a otros”, analiza. Esta argumentación refuerza a su juicio la petición de inadmisión del procedimiento.

En la misma línea, Picornell valoró que el procedimiento es un intento de la extrema derecha de restringir la crítica política. “Lo que no podemos permitir es que personajes como este intenten recortar nuestra libertad de expresión, intenten mantenernos callados y que no podamos expresar lo que una persona reaccionaria dice en redes sociales”. “Tenemos que tener un derecho fundamental a la libertad de expresión y hay que hacerles frente”, ha incidido.

Por su parte, el abogado de Campos refuta los argumentos de Rosell y afirma que “la querella es bastante clara”. “La libertad de expresión no ampara las lesiones a la dignidad ni al honor”, asegura. Añade que las publicaciones –de Balti Picornell– “se hacen fuera de todo contexto de discusión” política y que son “gratuitas y sin debate ni crítica previa”. A su juicio, Picornell “sabía perfectamente el contenido de la querella porque lo publicó en X antes de declarar”.

Picornell fue presidente del Parlament balear entre 2017 y 2019, durante la primera legislatura del Govern de la socialista Francina Armengol, quien llegó a la presidencia tras alcanzar un acuerdo con todo el espectro progresista –Unidas Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca–.

La trayectoria de Campos está marcada por un discurso agresivo contra la inmigración, las identidades LGTBI+, las políticas en favor de la lengua catalana y la memoria democrática. Recientemente comparó la gran manifestación celebrada en favor del catalán con la Alemania nazi, utilizando para ello la imagen de un desfile de antorchas celebrado apenas unos meses después de que Adolf Hitler ascendiera al poder. Campos también señaló en otro mensaje en redes sociales a catalanistas e independentistas en el contexto de la Diada de Mallorca. “Este día sabemos que, en Palma de Mallorca, los separatistas pancatalanistas están todos en el mismo sitio. Estas oportunidades habría que aprovecharlas”, escribió en su cuenta de X. “Contra su enfermedad, nuestra inmensa ilusión de hacer un país mejor que el que ellos representan”, añadió.

Un tribunal de apelación le ha dado la razón al Gobierno británico y asegura que la prohibición del grupo pro-palestino Palestine Action es correcta en contra de lo que dictó en febrero el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales. Es probable que el caso llegue ahora al Tribunal Supremo.

Este febrero, la justicia británica había apoyado a la co-fundadora de Palestine Action y había declarado ilegal la clasificación del grupo como “terrorista” del Ministerio del Interior. La inclusión de Palestine Action en la lista de organizaciones terroristas es lo que ha llevado a la detención masiva de manifestantes en el último año durante protestas en apoyo al grupo.

En julio del año pasado, el Gobierno británico incluyó a este grupo en su elenco de organizaciones terroristas después de varios actos de boicot, en un caso con violencia, en una fábrica israelí y en una base de la fuerza área del Reino Unido.

Desde entonces, cientos de personas han sido detenidas por llevar chapas o carteles que utilizaban el nombre de Palestine Action. La mayoría han sido puestas en libertad sin cargos, pero se estima que al menos 3.000 personas han sido detenidas.

Según el tribunal de apelación, el Gobierno británico mostró “una posición equilibrada” en su prohibición del grupo. “Palestine Action promueve la violencia de manera excesiva, hasta el punto de que constituye terrorismo... Esto no son las sufragistas”, dijo en su sentencia la jueza que presidía el tribunal de apelación, Sue Carr.

La decisión de febrero

El Alto Tribunal del Reino Unido declaró en febrero que “la naturaleza y la escala de las actividades de Palestine Action” no llegan al umbral requerido para la clasificación más severa del Estado.

La jueza que presidía la corte, Victoria Sharp, dijo en su sentencia que Palestine Action es “una organización que promueve su causa política a través de la delincuencia” y que sus acciones van dirigidas a “intimidar” y no son coherentes con “los valores democráticos”, pero consideró entonces que la prohibición del grupo es “desproporcionada”.

Sus miembros pueden ser –y ya lo están siendo– procesados de manera individual por sus acciones.

En mayo, cuatro activistas del grupo fueron condenados por el asalto de una fábrica de la empresa israelí de defensa Elbit, cerca de Bristol, en agosto de 2024, la destrucción de ordenadores y otros equipos, y el ataque a una vigilante con un martillo. La mujer se ha recuperado, pero tiene secuelas en la espalda.

Las protestas

Entretanto, la policía metropolitana de Londres, insegura sobre cómo actuar, había suspendido en algunos casos los arrestos masivos en las protestas de personas que apoyaban al grupo. A la vez, los agentes han seguido actuando en escenarios concretos, por ejemplo. delante de los tribunales. Ahora podrían volver los polémicos arrestos, que han cuestionado una vez más las protecciones a la libertad de expresión en el Reino Unido.

El Gobierno del laborista Keir Starmer asegura estar cumpliendo con la legislación aprobada en 2000 que define el terrorismo en sentido amplio, incluyendo daños graves contra edificios, infraestructura u otra propiedad con fines políticos, y no sólo la amenaza o el daño para las personas. En el texto se incluye como terrorismo cualquier actividad “diseñada para influir en el Gobierno o intimidar al público” para “avanzar una causa política, religiosa o ideológica” y que podría traducirse en “violencia grave contra una persona” o “daño grave contra una propiedad”.

Se espera que Palestine Action recurra la decisión del tribunal de apelación y el caso llegue al Tribunal Supremo en los próximos meses.

L'expresident del Parlament balear Balti Picornell ha comparegut aquest dijous als jutjats de Palma arran de la querella interposada pel diputat de Vox al Congrés Jorge Campos per haver-se referit presumptament a ell com a “puto nazi”. L'encausat no ha arribat a declarar, ja que no li havia estat notificada formalment la querella, i ha estat citat novament per al pròxim dimarts a les 13.00 hores.

Segons ha explicat la seva defensa a les portes del jutjat, Picornell havia estat convocat únicament mitjançant una telefonada i un missatge SMS. Davant aquesta situació, el jutge ha acordat lliurar-li ara la documentació i assenyalar una nova data perquè declari en qualitat d'investigat. El seu advocat, Josep Rosell, del col·lectiu Acció Cassandra, ha anunciat a més que recorrerà l'admissió a tràmit de la querella en considerar que els fets denunciats estan emparats pel dret fonamental a la llibertat d'expressió.

“No podem tolerar que, encara que finalment s'arxivàs, s'investigui una persona per uns fets que, encara que fossin certs, no serien constitutius de delicte”, ha expressat el lletrat.

El mateix Picornell ha emmarcat el procediment en un intent de l'extrema dreta de restringir la crítica política: “El que no podem permetre és que personatges com aquest intentin retallar la nostra llibertat d'expressió, intentin tenir-nos callats i que no puguem expressar el que una persona reaccionària diu a les xarxes socials”. “Hem de tenir garantit un dret fonamental com és la llibertat d'expressió i els hem de fer front”, ha incidit.

En aquesta línia, el seu advocat ha assenyalat que els estàndards de protecció de la llibertat d'expressió són especialment amplis quan afecten responsables polítics. En aquest sentit, ha defensat que expressions com la que ha motivat la querella s'han d'analitzar en el context de la trajectòria pública del denunciant. “Parlam d'un polític que s'ha significat per homenatges al Valle de los Caídos, per posicionar-se contra represaliats del franquisme o per afirmar que el 18 de juliol és el dia més important d'Espanya”, ha argumentat.

La defensa preveu presentar directament un recurs davant l'Audiència Provincial de les Balears després que el jutjat admetés la querella per un presumpte delicte d'injúries greus a l'autoritat. Previsiblement, el recurs no arribarà a resoldre's abans de la nova compareixença prevista per a la setmana vinent. “Veurem què entén el tribunal i fins on arriben els estàndards de la llibertat d'expressió espanyola”.

A les portes dels jutjats de Via Alemanya, una quinzena de persones s'han concentrat per mostrar el seu suport a l'expresident de la cambra autonòmica. Després d'abandonar l'edifici judicial, Picornell ha estat rebut amb aplaudiments per part dels assistents.

La causa té el seu origen en una querella presentada per Campos després que Picornell difongués reiteradament a les seves xarxes socials una fotografia en què apareix posant al costat d'un grafit amb el missatge “J. Campos puto nazi”. La setmana passada, el diputat de Vox va ratificar la denúncia davant el jutjat instructor i va avançar que no descarta ampliar-la a altres persones que també hagin compartit o utilitzat la citada imatge.

Picornell va presidir el Parlament entre 2017 i 2019, durant el segon mandat de la socialista Francina Armengol. Durant la seva etapa al capdavant de la cambra autonòmica va intentar projectar una imatge austera i institucional, marcada per la proximitat als moviments socials i per gestos simbòlics contra els privilegis associats al càrrec. Entre aquests, va renunciar a utilitzar el cotxe oficial i va defensar una presidència més pròxima a la ciutadania i menys vinculada a la solemnitat tradicional de les institucions.

El discurs ultra de Jorge Campos

Es dona la circumstància que, el maig de 2024, el mateix diputat de Vox va comparar la gran manifestació celebrada dies abans en favor del català, utilitzant per fer-ho la imatge d'una desfilada de torxes celebrada pocs mesos després que Adolf Hitler arribàs al poder.

Campos també va assenyalar en una altra publicació catalanistes i independentistes en el context de la Diada de Mallorca. “Aquest dia sabem que, a Palma de Mallorca, els separatistes pancatalanistes estan tots al mateix lloc. Aquestes oportunitats s'haurien d'aprofitar”, va escriure al seu compte de X. “Contra la seva malaltia, la nostra immensa il·lusió de fer un país millor que el que ells representen”, va afegir.

Cal assenyalar que la trajectòria de Jorge Campos està marcada per un discurs bel·ligerant contra la immigració, les identitats LGTBI+, les polítiques en favor de la llengua catalana i la memòria democràtica. El setembre de 2022, la llavors presidenta del Govern, Francina Armengol, li va retreure que en una intervenció al Parlament balear vinculàs la “taxa de criminalitat de les Balears” amb l'“augment constant d'immigrants il·legals”. “No tot s'hi val en política. En política no val la mentida com a norma en les seves intervencions, no val el racisme ni val la xenofòbia que vostè aplica”, li va etzibar la dirigent socialista.

El passat mes d'octubre, Campos Campos va instar el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, a “acollir MENAS al seu palau” -reproduint la terminologia amb què l'extrema dreta al·ludeix de manera despectiva als menors migrants no acompanyats- després que el prelat fes una crida a la ciutadania i als responsables polítics per frenar els discursos d'odi contra les persones migrants: “Anomenar-los delinqüents és una calúmnia, una acusació molt greu contra gent que ha hagut d'abandonar casa seva”, va afirmar el bisbe.

El diputat ultra també va convertir el debat educatiu en un camp de batalla ideològic, acusant l'anterior Executiu d'esquerres d'“adoctrinar” els alumnes i prometent “treure de les escoles” aquells que, segons ell, “ataquen la nació”. Segons el seu parer, aquests docents havien de ser expulsats “per higiene democràtica”.

En un altre missatge a X, Campos, lluny de condemnar la bandera LGTBI en un institut de Muro (Mallorca), va lamentar els fets en considerar que l'ensenya “embruta la paret” i que “s'haurien pogut ocasionar danys materials o personals”. “Què hi pinta aquesta tela multicolor, que representa una ideologia discriminatòria, a la paret d'un institut? Els centres educatius no han de ser murals on es pengin pancartes, banderes o símbols amb càrrega ideològica o política, com aquesta bandera multicolor. Únicament han de comptar amb les banderes oficials”, va manifestar.

El expresidente del Parlament balear Balti Picornell ha comparecido este jueves en los juzgados de Palma a raíz de la querella interpuesta por el diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos por supuestamente referirse a él como “puto nazi”. El encausado no ha llegado a declarar dado que no le había sido notificada formalmente la querella y ha sido citado nuevamente para el próximo martes a las 13.00 horas.

Según ha explicado su defensa a las puertas del juzgado, Picornell había sido convocado únicamente mediante una llamada telefónica y un mensaje SMS. Ante esta situación, el juez ha acordado entregarle ahora la documentación y señalar una nueva fecha para su declaración en calidad de investigado. Su abogado, Josep Rosell, del colectivo Acció Cassandra, ha anunciado además que recurrirá la admisión a trámite de la querella al considerar que los hechos denunciados están amparados por el derecho fundamental a la libertad de expresión.

“No podemos tolerar que, aunque finalmente se archivara, se investigue a una persona por unos hechos que aunque fueran ciertos no serían constitutivos de delito”, ha expresado el letrado.

El propio Picornell ha enmarcado el procedimiento en un intento de la extrema derecha de restringir la crítica política: “Lo que no podemos permitir es que personajes como este intenten recortar nuestra libertad de expresión, intenten tenernos callados y que no podamos expresar lo que una persona reaccionaria dice en redes sociales”. “Tenemos que tener un derecho fundamental a la libertad de expresión y hay que hacerles frente”, ha incidido.

En esta línea, su abogado ha señalado que los estándares de protección de la libertad de expresión son especialmente amplios cuando afectan a responsables políticos. En este sentido, ha defendido que expresiones como la que ha motivado la querella deben analizarse en el contexto de la trayectoria pública del denunciante. “Estamos hablando de un político que se ha significado por homenajes al Valle de los Caídos, por posicionarse contra represaliados del franquismo o por afirmar que el 18 de julio es el día más importante de España”, ha argumentado.

La defensa prevé presentar directamente un recurso ante la Audiencia Provincial de Balears después de que el juzgado admitiera la querella por un presunto delito de injurias graves a la autoridad. Previsiblemente, el recurso no llegará a resolverse antes de la nueva comparecencia prevista para la próxima semana. “Veremos qué entiende del tribunal y hasta dónde llegan los estándares de la libertad de expresión española”.

A las puertas de los Juzgados de Vía Alemanya, una quincena de personas se ha concentrado para mostrar su apoyo al expresidente de la Cámara autonómica. Tras abandonar el edificio judicial, Picornell ha sido recibido con aplausos por parte de los asistentes.

La causa tiene su origen en una querella presentada por Campos después de que Picornell difundiera reiteradamente en sus redes sociales una fotografía en la que posa junto a un grafiti con el mensaje “J. Campos puto nazi”. La semana pasada, el diputado de Vox ratificó la denuncia ante el juzgado instructor y avanzó que no descarta ampliarla a otras personas que también hayan compartido o utilizado la citada imagen.

Picornell presidió el Parlament entre 2017 y 2019, durante el segundo mandato de la socialista Francina Armengol. Durante su etapa al frente de la Cámara autonómica trató de proyectar una imagen austera e institucional, marcada por la cercanía a los movimientos sociales y por gestos simbólicos contra los privilegios asociados al cargo. Entre ellos, renunció a utilizar el coche oficial y defendió una presidencia más próxima a la ciudadanía y menos ligada a la solemnidad tradicional de las instituciones.

El discurso ultra de Jorge Campos

Se da la circunstancia de que, en mayo de 2024, el propio diputado de Vox comparó la gran manifestación celebrada días antes en favor del catalán con la Alemania nazi, utilizando para ello la imagen de un desfile de antorchas celebrado apenas unos meses después de que Adolf Hitler ascendiera al poder.

Campos también señaló en otra publicación a catalanistas e independentistas en el contexto de la Diada de Mallorca. “Este día sabemos que, en Palma de Mallorca los separatistas pancatalanistas están todos en el mismo sitio. Estas oportunidades habría que aprovecharlas”, escribió en su cuenta de X. “Contra su enfermedad, nuestra inmensa ilusión de hacer un país mejor que el que ellos representan”, añadió. 

Cabe señalar que la trayectoria de Jorge Campos está marcada por un beligerante discurso contra la inmigración, las identidades LGTBI+, las políticas en favor la lengua catalana y la memoria democrática. En septiembre de 2022, la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol, le reprochó que en una intervención en el Parlament balear vinculase la “tasa de criminalidad de Balears” con el “aumento constante de inmigrantes ilegales”. “No todo vale todo en política. En política no vale la mentira como norma en sus intervenciones, no vale el racismo ni vale la xenofobia que usted aplica”, le espetó la dirigente socialista.

El pasado mes de octubre, Campos emplazó al obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, a “acoger MENAS en su palacio” -reproduciendo la terminología con la que la exprema derecha alude de forma despectiva a los menores migrantes no acompañados- después de que el prelado hiciese una llamada a la ciudadanía y a los responsables políticos para frenar los discursos de odio contra las personas migrantes: “Llamarles delincuentes es una calumnia, una acusación muy grave contra gente que ha tenido que marcharse de su casa”, profirió el obispo.

El diputado ultra también convirtió el debate educativo en campo de batalla ideológica, al acusar al anterior Ejecutivo de izquierdas de “adoctrinar” a los alumnos y prometer “sacar de las escuelas” a quienes, según él, “atacan a la nación”. A su juicio, estos docentes debían ser expulsados “por higiene democrática”.

En otro mensaje en X, Campos, lejos de condenar la quema de una bandera LGTBI en un instituto de Muro (Mallorca), lamentó los hechos al considerar que la enseña “ensucia la pared” y “podrían haberse ocasionado daños materiales o personales”. “¿Qué pinta esa tela multicolor, que representa una ideología discriminatoria, en la pared de un instituto? Los centros educativos no deben ser murales donde se cuelguen pancartas, banderas o símbolos con carga ideológica o política, como esa bandera multicolor. Únicamente deben contar con las banderas oficiales”, manifestó.

Vestidito con el uniforme blanco de Capitán General de la Armada, símbolo del blanqueamiento de la dictadura franquista a lo largo de estas casi cinco décadas de democracia y de la retórica que el régimen utilizó para presentarlo como timonel de España. Así aparece el dictador en la nueva e hiperrealista instalación Always Franco, de Eugenio Merino, casi idéntica a la presentada en 2012 en la feria ARCO, donde el militar aparecía en el interior de una nevera que simulaba ser de una marca de refrescos. En aquel momento, su creación le granjeó una denuncia por parte de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), a la cual ganó en los tribunales.

Un año después de celebrarse los 50 años de la muerte del dictador y el mismo año en que se conmemoran los 90 años del inicio de la Guerra Civil, Merino explica que esta obra habla de la persistencia del franquismo en la cultura y la política españolas. “Desde que presenté la pieza original, la extrema derecha solo ha crecido. La situación ha empeorado mucho. Y no solo en España. La ultraderecha coge fuerza a nivel internacional”, comenta.

La instalación, que se podrá ver en la galería ADN a partir del 13 de junio, pone sobre la mesa cómo los neofascismos en España han transformado el franquismo en una historia “basada en el negacionismo de lo que fueron las consecuencias de la dictadura”, completa el artista plástico. Además, el viernes 26 de junio Merino participará en el festival de elDiario.es FIC junto a Darío Adanti en el espectáculo Chistes contra Franco, un acto de memoria disidente.

Merino aporta un nuevo giro a la obra con su subtítulo: ‘Spanish Brand’, una traducción literal de Marca España. “La Marca España surgió apenas unos meses después de presentar la obra en 2012 para blanquear el presente político de España en aquel momento”, sostiene. Se refiere al caso Gürtel, trama de corrupción en la que se han visto implicados numerosos mandos del PP, y la inhabilitación del juez Baltasar Garzón, “quien comenzó el proceso de justicia y reparación a las víctimas del franquismo en España”, recuerda el mismo Merino.

Capitán del barco que era España

A diferencia del Always Franco de ARCO, en esta ocasión el dictador aparece con el uniforme blanco impoluto de Capitán General de la Armada. “Es un juego visual. Transformamos la imagen más militar de Franco en una visión más blanqueada, que es en lo que incide la pieza”, comenta.

Presentarlo de esta forma también aporta la posibilidad de trazar una metáfora ligada a la retórica del régimen, que siempre se valía del lenguaje náutico para su propaganda. “Era una manera de dirigir el pensamiento de la sociedad y de legitimar su figura como director y capitán del barco llamado España”, añade Merino en declaraciones a elDiario.es.

Si en 2012 su Always Franco sulfuró a la FNFF hasta tal punto de que llevaron la obra a los tribunales, el artista admite casi década y media después que no teme una posible denuncia por parte de esta organización en vías de extinción por la Ley de Memoria Democrática. “Yo no solo gané aquel juicio, sino la libertad de utilizar esa figura tal y como ya se había usado”, rememora. Y agrega: “Me parece sorprendente que haya que defender la libertad de expresar el rechazo a la dictadura y la figura del dictador”.

Merino señala que, en la actualidad, quizá serían otras asociaciones las que intentaran castigarle por su creatividad, y menciona a los ultraconservadores de Hazte Oír y Abogados Cristianos. “Ellos también forman parte del resurgimiento de la extrema derecha en el siglo XXI. Son la base que permite que la extrema derecha opere de una forma mucho más sólida que en 2012”, apunta.

Hacia la cultura del consumo

La cabeza hiperrealista de Franco se modeló en un primer momento un año antes de ser expuesta la obra al completo en ARCO. De ahí, Merino ha ido sacando diversos moldes a lo largo de estos años, como el utilizado en julio de 2025 en el festival Ex Abrupto de Molà (Barcelona), donde se jugó un partido de fútbol con la cabeza como pelota cerca de una antigua línea de trincheras republicanas de la Guerra Civil. Las manos también provienen de un molde de manos reales. El material utilizado es silicona de platino, a la que se le añade pelo humano. Una sastra se encarga de realizar todos los elementos militares, como el uniforme y la gorra.

La nevera es de producción industrial y una empresa de rotulación se encarga de colocar los vinilos que reproducen los colores y las formas de la conocida marca de refrescos. Con ello, el artista añade un nuevo nivel de significación a la obra.

“Con ese vinilo nos acercamos a la cultura del consumo, cuando durante la dictadura se introdujo esa ‘American way of life’ dentro de una España completamente precaria. De ahí viene este modelo de turismo y consumo que todavía hoy mantenemos”, desarrolla el creador, quien retoma la idea de la Marca España. Tal y como abunda, “cuando Rajoy inventa este lema, lo hace en referencia al Spain is different de Fraga en los años 60, lo que no deja de ser un nuevo blanqueamiento de la dictadura durante la democracia”.

Franco como mercancía

Halim Badawi, investigador, crítico y comisario de arte, ha participado en el proyecto que ahora recupera Merino. Según ha escrito este experto colombiano, en Always Franco se “desplaza el cadáver político del dictador desde el mausoleo monumental hacia la lógica de la mercancía, revelando cómo las figuras autoritarias no siempre desaparecen con su muerte biológica”.

El régimen confirió a su tumba y mausoleo unos aires de grandeza que casi tardaron medio siglo en desaparecer, al menos en parte. El valle de Cuelgamuros luce ahora sin su cuerpo bajo la gran cruz, guía del nacionalcatolicismo imperante durante el régimen. En la instalación de Merino, el cuerpo de Franco sigue expuesto “bajo el brillo industrial de la refrigeración comercial de Coca-Cola, una marca trasnacional asociada con la expansión simbólica del capitalismo global y con su capacidad para infiltrar los imaginarios cotidianos más íntimos”, según Badawi.

El franquismo aparece así “como un horizonte de sentido que continúa infiltrándose en los imaginarios, las arquitecturas, las nostalgias familiares, ciertas formas de autoridad o en los silencios institucionales de la democracia española”, tal y como valora el crítico de arte. El mismo Badawi finaliza: “Franco deja de pertenecer exclusivamente al campo de la historia para ingresar en el flujo de las mercancías, las marcas, el entretenimiento y la banalización propia de una sociedad de redes sociales, clickbait, conspiraciones y contenidos basura”.

Memes a favor del odio

La catedrática de Historia y fundadora de la Cátedra de Memoria Histórica Siglo XX de la Universidad Complutense de Madrid Matilde Eiroa San Francisco ha reflexionado sobre la instalación que presenta Merino. Esta experta defiende que Franco se convirtió en un producto viral en 2019 cuando se produjo su exhumación, coyuntura en que los memes y el humor adquirieron gran protagonismo.

La también integrante del Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica opina que, “en la actualidad, la presencia de las figuras de Franco y Hitler como ”ídolos“ en las redes sociales está relacionada con la propagación del discurso del odio y la desinformación promovida desde la extrema derecha”. Según ha escrito en un texto realizado por la presentación de Always Franco, esta presencia de los dictadores en las redes se utiliza “para la difusión de ideas neofascistas y la captación de jóvenes”.