El Tribunal Constitucional viene de vivir una de sus épocas más convulsas en sus más de 40 años de historia. La crisis por la renovación parcial del organismo fracturó por la mitad un pleno que tendrá una mayoría progresista, al menos, durante más de un lustro y que tiene por delante decisiones que cruzan sus caminos con los de la política. La ley trans, la reforma del solo sí es sí, las modificaciones del Consejo del Poder Judicial o el derribo de Valdecañas son algunos de los puntos marcados en rojo en el calendario de un pleno profundamente dividido.

El mandato del anterior presidente, Pedro González-Trevijano, terminó en enero de este año con uno de los momentos más tensos en un historial ya de por sí plagado de episodios relevantes y polémicos: el sector conservador y entonces mayoritario del Constitucional, de forma inédita, paralizó una ley en el Parlamento a petición del Partido Popular. Una reforma que, además, afectaba directamente al propio tribunal y a varios de sus integrantes al intentar desatascar la renovación de una parte del Constitucional.

Este curso arranca con un pleno diferente, con mayoría progresista e igualmente dividido en asuntos de calado público, como por ejemplo la admisión a trámite de recursos como el de Carles Puigdemont contra su procesamiento o el del PSOE solicitando la revisión de 30.000 votos en Madrid. La diferencia de criterio entre progresistas y conservadores es evidente aunque, por el momento, no ha tenido las consecuencias que hace unos meses llevaron al tribunal de garantías a interferir en tiempo real con la actividad del Congreso y el Senado.

El calendario del Constitucional para los próximos meses recoge algunos de los recursos e hitos políticos de mayor importancia de la última legislatura. Vox, después del batacazo de las últimas elecciones generales, se ha quedado sin el activo político que suponía presentar recursos al peso contra todo tipo de normas e iniciativas, pero las cuatro decenas de impugnaciones presentadas en la última legislatura siguen pendientes de sentencia junto con las presentadas por el Partido Popular.

Entre ellas está la votación de la reforma laboral, aspectos del ingreso mínimo vital, la ley rider sobre el abuso de los autónomos en las plataformas de reparto y la ley Rhodes de protección a la infancia, la reforma de la ley del aborto, la ley trans, la ley Zerolo, la tramitación del decreto de fondos europeos, la ley de memoria democrática, el impuesto a las grandes fortunas o la ley de vivienda. Con ellas la reforma del solo sí es sí, tanto el texto legal en sí mismo como casos concretos como el de la Arandina.

Otras reformas también estarán en la hoja de ruta del Constitucional que el nuevo presidente, Cándido Conde-Pumpido, decidió acelerar después de varios mandatos con asuntos como el aborto cogiendo polvo en los cajones de la calle Domenico Scarlatti de Madrid. Las múltiples reformas que han modificado la capacidad del caducado Consejo del Poder Judicial para hacer nombramientos, la reforma de los delitos de sedición y malversación y casos concretos como los ERE de Andalucía, la condena de Alberto Rodríguez o los múltiples recursos sobre la causa del procés independentista.

Guerra de recusaciones

La llegada de una mayoría y presidencia progresistas al Constitucional por primera vez en una década se ha traducido en una instantánea desacreditación por parte de la derecha de la figura de Cándido Conde-Pumpido, exmagistrado del Tribunal Supremo y fiscal general del Estado durante las dos legislaturas del PSOE y José Luis Rodríguez Zapatero. El Constitucional, dijo Elías Bendodo (PP) tras su última renovación, es ahora una institución “debilitada por los efectos del sanchismo”.

El cuestionamiento se extiende a las dos últimas incorporaciones al sector progresista del pleno: Juan Carlos Campo y Laura Díez. El primero, magistrado y ministro de Justicia en el ejecutivo de Pedro Sánchez hasta 2021. La segunda, catedrática y alto cargo de Moncloa hasta 2022. Los dos han sido objeto de diversas recusaciones, la última por parte del PP para que no intervengan en el debate sobre la revisión de 30.000 votos claves para el PSOE y una posible investidura de Pedro Sánchez.

Ellos mismos ya se han apartado de varias deliberaciones. Entre otras, de los recursos sobre la votación de la reforma laboral, la ley del solo sí es sí o la norma que regula la presencia del 25% de castellano en las aulas catalanas. La presencia de Cándido Conde-Pumpido en los plenos sobre asuntos relacionados con el procés independentista está comprometida por haberse apartado él mismo en el pasado de estos asuntos. No estará, por ejemplo, en los debates sobre el último recurso de Puigdemont rechazado por una sala de mayoría conservadora.

En el último año, el pleno ha dejado claro que las que no prosperarán serán las recusaciones planteadas contra los conservadores Enrique Arnaldo y Concepción Espejel por haber sido propuestos por el Partido Popular.

Las primeras deliberaciones

El primer pleno del curso está previsto para la semana que viene. Un pleno en el que el Constitucional estudiará, por ejemplo, si el último recurso de Carles Puigdemont debe ser admitido a trámite tal y como pide la Fiscalía. También dictarán sentencia definitiva sobre el caso de Teresa Rodríguez y su expulsión del grupo parlamentario de Adelante Andalucía en 2020 en la asamblea andaluza y rechazarán, previsiblemente, el recurso del PP contra la ley de eutanasia después de que el presentado por Vox corriera esa suerte hace unos meses.

También empezará a analizar otro recurso del PP, este contra la ley catalana de vivienda de 2022 y su regulación de los alquileres sociales, y el que Vox presentó contra el real decreto que en 2021 impuso medidas urgentes para reducir la temporalidad en el sector público.

Está previsto que los asuntos de mayor relevancia pública se vayan acumulando con mayor frecuencia en el orden del día que en mandatos anteriores, con casos que han llegado a estar una década esperando a ser deliberados. En los seis primeros meses de presidencia de Conde-Pumpido, según las cuentas del propio Constitucional, se dictaron 85 sentencias y quedaron resueltos los cinco recursos más antiguos del registro: la ley del aborto de 2010, la designación del Consejo de RTVE de 2018, los derechos de radiodifusión de los partidos de fútbol, la validez de las fórmulas de juramento o promesa de la Constitución en el Congreso y uno sobre las comisiones de investigación en la Junta General del Principado de Asturias.

La decisión de la Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional de inadmitir el recurso de amparo de Carles Puigdemont contra la orden de detención del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena será anulada con toda probabilidad después del verano, pero resulta un paso significativo en la batalla que la derecha judicial libra contra el poder legítimo del Estado desde hace años. Una lawfare en la que el Partido Judicial –valga la expresión–se ha atribuido el papel de enemigo del independentismo, al observar quizá que el partido político que estaría llamado a hacerlo (el Partido Popular, ahora aliado con Vox) no tiene armas o carácter suficiente. El momento elegido para contestar las posibles alianzas de los partidos políticos elegidos libremente por los ciudadanos el pasado 23J resulta por ello sumamente significativo en esta lawfare que dura años. 

Los sucesos ocurridos en Cataluña en septiembre y octubre de 2017, cuya gravedad política nadie pone en duda, ya que se trató de una iniciativa manifiestamente inconstitucional, fueron contestados por el Partido Judicial de inmediato, imputando a los líderes independentistas un delito de rebelión a cuya verificación le faltaba nada más y nada menos que una violencia subversiva detonante de la independencia, elemento esencial de ese delito. Ese dato fue pasado deliberadamente por alto por el Juez Llarena en su función de instructor/inquisidor, con el aplauso del Tribunal –erigido entonces en auténtica comisión ejecutiva del Partido Judicial–, porque permitía el encarcelamiento de esos líderes, algo que no habría sido posible con otra imputación. Pieza clave de ese relato era la función de fuerza armada “sospechosa” atribuida a los Mossos d’Esquadra dirigidos por Trapero, cuyo papel pacificador en aquellas jornadas fue percibido como complicidad frente al mucho más agresivo y violento de las Fuerzas de Seguridad del Estado enviadas a Cataluña al grito popular de “¡a por ellos!”, repudiable exclamación sobre la que nadie ha pedido perdón. Los Mossos fueron considerados por Llarena como la “fuerza armada” de la que disponían los independentistas para luchar contra el Ejército español. Del delirio se había pasado a la infamia. 

Aquel encarcelamiento representó una utilización política espuria y antidemocrática del Derecho penal, útil para los intereses del Partido Judicial. La propia Sentencia del Tribunal Supremo de 2019 tuvo que negar que hubiera existido rebelión –contra la vehemente postura de la Fiscalía y y de la acusación de Vox– y echó mano de una figura arrumbada en el baúl de los delitos manifiestamente derogables: la sedición, sin uso apenas, pero tan ambigua y con tal elevadas penas que se consideró útil para encarcelar “por A o por B” a los líderes independentistas, representantes de la “anti España”, pese a tratarse de una Sentencia manipuladora y jurídicamente inconsistente. 

Cuando la Audiencia Nacional juzgó a Trapero como jefe de los Mossos, acusado de ser cooperador de la sedición independentista, la magistrada Concepción Espejel formaba parte de la Sala junto a Ramón Sáez (ponente) y Francisco Vieira. El Tribunal consideró que no había elemento incriminatorio alguno, resultado de la prueba, que revelase un acuerdo entre los acusados para constituirse en instrumento del proceso independentista y poner el aparato policial dependiente de la Generalitat a su servicio. Resultado: absolución. Nuevo relato del Partido Judicial que cayó derrotado por falta de consistencia jurídica, aunque sí lograse desviar la atención sobre la pésima actuación policial en Cataluña, algo que sus responsables políticos –Zoido y Rajoy– ni siquiera se atrevieron a defender en las sesiones del juicio. Pero la magistrada Espejel tenía que salir en defensa de esa versión derrotada y apoyar las tesis del Partido Judicial redactando un voto particular de ¡500 páginas! contra la absolución. Aquella derrota debió de sentar muy mal y es ahora, como magistrada del Tribunal Constitucional integrante de la Sala de Vacaciones, cuando se cobra su pírrica victoria en esta interminable lawfare en un momento políticamente inestable porque están labrándose las alianzas tras el 23J. Demostrando con ello que se quiere intervenir para evitar que la “anti España” forme parte del apoyo a la coalición gobernante, por mucho que los millones de votantes de izquierda representamos el poder legítimo del Estado español, cuyos parámetros democráticos establece la Constitución y no un grupo de magistrados conservadores, defensores de la “gente de bien” y de esa eterna facción de nuestro país que considera al Estado como su propia finca de caza de “antiespañoles”. 

Conviene ser conscientes de esta realidad ahora que comienza a hablarse de una posible amnistía que sirva para situar al Derecho penal extramuros de la concertación política, eliminando las causas abiertas contra manifestantes y policías por aquellos sucesos reactivos a la Sentencia del Procés. De amnistía no habla la Constitución y nadie debería poner en su boca lo que no dice. Diferentes artículos de especialistas ya han demostrado que una amnistía es posible si existe voluntad democrática para ello, por mucho que lo nieguen los sedicentes demiurgos del Derecho penal, que lo están utilizando a su antojo –y con frecuencia sin ningún rigor– para intervenir políticamente en España.

A nadie se le oculta que no hay asunto de más transcendencia en el inmediato futuro que la investidura de un presidente del Gobierno por el Congreso de los Diputados. Una vez puesto en marcha el proceso contemplado en el artículo 99 de la Constitución tras la constitución de las Cortes Generales el próximo día 17, se tendrá que despejar, en primer lugar, la incógnita de quién será el candidato propuesto por el Rey y, en segundo lugar, si dicho candidato alcanza la mayoría absoluta en primera votación o la mayoría simple en la segunda. De no conseguirlo, empezaría a correr el plazo de dos meses para que el Rey pudiera hacer una nueva propuesta, que tendría que ser confirmada por el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta en primera o mayoría simple en segunda votación. De no producirse la aprobación, las Cortes Generales quedarían disueltas y se celebrarían nuevas elecciones.

Por la información que se va recibiendo (Esther Palomera entre muchos otros), parece que el PP pretende que el Rey designe a Alberto Núñez Feijóo como candidato, con la finalidad de que, tras la investidura fallida, que se da por supuesto, quede acotado el tiempo del que dispondría Pedro Sánchez para conseguir la mayoría necesaria para ser investido. Antes de que empiece la legislatura propiamente dicha el PP se está apuntando a la misma estrategia de la legislatura recién concluida, que, como el lector recuerda con seguridad, se centró en intentar evitar la investidura y, una vez que no pudo conseguirlo, en intentar la disolución anticipada del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones. 

En 2023 el PP está actuando exactamente igual que en 2019, mejor dicho, que entre 2019 y 2023. El Gobierno presidido por Pedro Sánchez es un Gobierno ilegítimo, que no debería haberse constituido y contra el que cabe todo para que deje de serlo lo más rápidamente posible. Aquí no ha cambiado nada. 

No ha cambiado nada en lo que el PP pretende, pero sí ha cambiado el que, a diferencia de la legislatura anterior, en esta legislatura sí son necesarios los escaños de Junts para la investidura de Pedro Sánchez. Para la formación de Gobierno es necesario contar con Carles Puigdemont. La integración del nacionalismo dirigido por Carles Puigdemont en la “mayoría de investidura” resulta indispensable. Dicha indispensabilidad es el punto de mayor fragilidad para que la “mayoría de investidura” se alcance. No cabía ninguna duda de que ese iba a ser el “punto de concentración” de los ataques para evitar un Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Hacer ruido en torno a ese “punto de concentración” era el objetivo a perseguir.

Todo esto se sabía. Lo que no sabíamos es que a esta estrategia de “hacer ruido”, de “armar jaleo”, se iba a sumar el Tribunal Constitucional (TC). Con la composición actual del TC, no era de esperar que dicho órgano pudiera participar en la orquestación de un 'pandemónium' para dificultar la investidura. 

Y en realidad, no ha sido el TC, sino la Sala de Vacaciones del TC, compuesta en esta ocasión por Concepción Espejel (presidenta), César Losada y Laura Díez, la que ha decidido, en mi opinión, de manera fraudulenta, pero ha decidido sin encomendarse a dios ni al diablo, “armar jaleo” en torno a Carles Puigdemont. Ha decidido rechazar de plano el recurso de amparo que había interpuesto Carles Puigdemont contra la decisión del Juez Pablo Llarena de solicitar su extradición para ser juzgado en España por malversación. Como explica la magistrada Laura Díez en su voto particular, esta manera de proceder carece de justificación. No se trata de un asunto para ser resuelto por la “Sala de vacaciones”, sino de un asunto que debería ser atribuido de acuerdo con las normas de reparto a la Sala correspondiente una vez pasado el periodo vacacional. 

Pienso que el Presidente del TC podría convocar un Pleno para revisar la decisión tomada por la Sala de vacaciones, ya que la doctrina que se contiene en esta decisión respecto de la propia competencia de la Sala para hacer lo que ha hecho debería ser rectificada, de tal manera que no pueda ser utilizada en el futuro como precedente.

La decisión de la Sala de vacaciones no afecta prácticamente a la situación en que Carles Puigdemont se encuentra. Aunque es verdad que ahora mismo Carles Puigdemont tiene levantada la inmunidad como parlamentario europeo, ya que así lo decidió el Parlamento Europeo, decisión que ha sido confirmada por el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), no lo es menos que la sentencia del TGUE no es firme y está recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). No parece razonable pensar que ningún juez europeo, concretamente belga en este caso, vaya a hacer efectiva la orden de detención y entrega del juez instructor español, hasta que el TJUE no haya dictado su sentencia. 

Dado que en 2024 hay elecciones europeas, si Puigdemont resulta elegido, su situación jurídica habrá cambiado por completo, ya que el principio de discontinuidad es también de aplicación en el Derecho Parlamentario Europeo. Ni el Parlamento de esta legislatura será el de la próxima, ni el parlamentario Puigdemont tampoco. Tendría que iniciarse de nuevo el procedimiento para el levantamiento de la inmunidad y esperar a ver qué ocurre.

La decisión de la Sala de Vacaciones únicamente es relevante como indicador de la desfachatez de unos magistrados del Tribunal Constitucional.

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El Tribunal Constitucional tomó este miércoles una decisión inédita: rechazar de plano un recurso de amparo de dirigentes del procés —la práctica seguida hasta ahora era admitirlos para analizar con detalle su contenido— y hacerlo al margen del pleno. Detrás de este movimiento está el minoritario sector conservador, que aprovechó su mayoría provisional durante el momento estival para inadmitir una petición de amparo del expresident Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín contra la última orden de detención dictada en su contra. Todo ello, en un momento político complejo, cuando el PSOE negocia con Junts una posible investidura de Pedro Sánchez. 

La decisión se tomó en la llamada Sala de Vacaciones —que asume los asuntos urgentes durante el mes de agosto— gracias a los votos de dos de sus tres magistrados: los conservadores Concepción Espejel, que ejerce como presidenta de esta Sala y a la que Puigdemont intentó recusar por su cercanía al PP, y César Tolosa. La progresista Laura Díez, que votó en contra, presentó un voto particular en el que critica la “premura” de esta decisión y cuestiona que el tribunal se aparte del criterio seguido en casos similares.

Hasta ahora, los recursos relacionados por el procés habían sido sistemáticamente admitidos y analizados después por el pleno, donde se sientan sus 12 miembros, y no por una Sala como la de Vacaciones, conformada solo por tres magistrados. Horas después de conocerse esta decisión, la Fiscalía del Constitucional anunció que la impugnará, lo que forzará un debate en el pleno.

Se trata, en todo caso, del último capítulo de una serie de movimientos que la derecha política y judicial ha protagonizado de manera más o menos reciente para entorpecer la acción del Gobierno de coalición. El pasado otoño, la mayoría conservadora en el Constitucional —con Espejel entre sus miembros— también tomó una decisión insólita al paralizar la tramitación de la reforma legislativa que iba a forzar renovación de los magistrados con el mandato caducado y la instauración de una mayoría progresista.

En este caso, la maniobra se produce en plenas negociaciones entre el PSOE y Junts y en un momento en el que los socialistas han tratado de tender puentes con la formación independentista dado que el partido de Puigdemont tiene la llave para una hipotética investidura de Sánchez. 

Tras conocerse la decisión, la respuesta de Junts no se hizo esperar. “Hace muchos años que el trabajo del TC es decorar jurídicamente la estrategia de Estado contra el independentismo. Y esa estrategia no cierra por vacaciones”, tuiteó Jordi Turull, uno de dirigentes condenados e indultados por el referéndum independentista del 1-O y actual secretario general de Junts. “Agosto. Por la puerta de atrás”, escribió, por su parte, Gemma Geis, líder del partido en Girona y vicealcaldesa en esa misma ciudad. 

Fuentes del Constitucional calificaban este miércoles de “sorprendente” el hecho de que la decisión sobre este recurso se haya tomado en el mes de agosto y al margen del sistema ordinario de reparto y resolución de los asuntos. Esto es, elevándolo al pleno donde el sector progresista sí tiene mayoría por primera vez en una década. 

De hecho, la decisión cuenta con un contundente voto particular discrepante de la única magistrada que votó en contra, la progresista Laura Díez. La magistrada disiente de la mayoría al considerar que la Sala de Vacaciones no debió resolver sobre ese recurso al no considerar urgente la decisión sobre la suspensión de las medidas cautelarísimas solicitadas y al entender que, en su caso, el recurso de amparo debió ser admitido. 

En su recurso, Puigdemont y Comín alegaron la vulneración de varios derechos fundamentales al entender que están protegidos por la inmunidad parlamentaria por su condición de eurodiputados. Frente a ello, el auto afirma que la Sección de Vacaciones sí es “competente” para resolver este recurso precisamente porque éste solicitaba la suspensión cautelar de una resolución judicial que acordaba la privación de libertad a través de una orden nacional de detención. 

Espejel, una magistrada cercana al PP

Una de las magistradas que firma la resolución es Concepción Espejel, que además ejerce como presidenta de esta Sala de Vacaciones. Es considerada una jueza cercana al Partido Popular hasta tal punto que tuvo que apartarse de varios procesos relacionados con la trama corrupta Gürtel. La Audiencia Nacional tomó esa decisión a finales de 2015 cuando iba a conformar el tribunal que iba a juzgar la pieza del caso bautizada como 'Época I' junto con Enrique López, que fue consejero de Justicia en el gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso. 

También fue posteriormente apartada del tribunal que juzgó la 'caja B' del PP. Años antes, en 2014, la entonces secretaria general de los conservadores, María Dolores de Cospedal, había pronunciado la frase que dejaba clara su afinidad con la magistrada: la también exministra se refirió a ella como “querida Concha” cuando le impuso la Cruz de San Raimundo de Peñafort. Espejel llegó al Constitucional en octubre de 2021 cuando el Gobierno de coalición acordó con el PP renovar a los cuatro magistrados que seguían en la prórroga desde noviembre de 2019. 

El otro magistrado conservador de la Sala de Vacaciones es César Tolosa. Fue nombrado miembro del Constitucional en diciembre de 2022 tras ser propuesto por el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tolosa recaló en el tribunal de garantías desde la sala tercera del Supremo, que presidía desde septiembre 2020, después del polémico mandato de Luis María Díez-Picazo. Tolosa fue nombrado con 18 votos del total de 21 del pleno, muy por delante de la candidata progresista, Pilar Teso. Era magistrado del Supremo desde 2014 después de presidir el Tribunal Superior de Cantabria durante una década.

Laura Díez, por su parte, es catedrática de Derecho Constitucional por la Universidad de Barcelona desde enero de 2020, centro en el que ejerció como docente y también ocupó altos cargos. Fuera de la universidad fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia entre 2020 y 2022, primero con Carmen Calvo y después con Félix Bolaños. Previamente, entre 2002 y 2004, fue asesora en la Generalitat para la reforma del Estatuto de Cataluña. 

El precedente de la inhabilitación de Torra en plena investidura

Este último movimiento de la derecha judicial evoca lo ocurrido tras la repetición electoral de 2019, cuando Sánchez estaba a punto de ser investido. Entonces, la Junta Electoral Central decidió en una ajustada votación —por un solo voto— destituir de su cargo como diputado en el Parlament a Quim Torra, lo que implicó su cese como president. El órgano encargado de velar por la limpieza de los procesos electorales tomó esta decisión sin esperar a que el Supremo se pronunciara sobre su condena a año y medio de inhabilitación por delito de desobediencia, que entonces todavía no era firme, y a apenas unos días del debate de investidura en el que los socialistas se jugaban seguir en la Moncloa. 

En el entonces Gobierno en funciones esta decisión se interpretó como un intento desestabilizador de cara a ese debate, que se produjo sólo cuatro días después del pronunciamiento de la Junta Electoral Central. No obstante, en esa ocasión los votos de Junts no eran necesarios para la elección de Sánchez, como sí ocurre ahora. Finalmente, el candidato socialista fue elegido con el respaldo de su partido, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y BNG y la abstención de ERC y Bildu. El partido de Puigdemont votó en contra. 

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El Tribunal Constitucional ha inadmitido de plano el recurso de amparo presentado por el expresident catalán Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín contra la orden de detención que dictó el Tribunal Supremo en su contra por los delitos de desobediencia y malversación. La decisión se ha tomado sin esperar al pleno en la llamada Sala de Vacaciones —que asume los asuntos urgentes durante el mes de agosto— gracias a los votos de dos magistrados conservadores: Concepción Espejel, que ejerce como presidenta y a la que Puigdemont intentó recusar por su cercanía con el PP, y César Tolosa. La progresista Laura Díez, que votó en contra, ha presentado un voto particular discrepante en el que critica la “premura” de esta decisión y recuerda que la práctica seguida hasta ahora en relación a los recursos del procés era admitir las peticiones de amparo para analizar con detalle su contenido en el pleno. 

El movimiento del sector conservador se produce en un momento político complejo, cuando el PSOE se encuentra negociando una posible investidura de Pedro Sánchez que requiere el voto favorable de al menos algunos parlamentarios de Junts, la formación de Puigdemont. Fuentes del tribunal califican de “sorprendente” el hecho de que la decisión sobre este recurso se haya tomado en el mes de agosto y al margen del sistema ordinario de reparto y resolución de los asuntos. Esto es, sin elevarla al pleno donde el sector progresista sí tiene mayoría por primera vez en una década. 

Con esta resolución, el tribunal de garantías avala la actuación de la sala de apelación del Supremo, que confirmó las conclusiones del instructor, Pablo Llarena, sobre cómo había que acomodar el procedimiento a la última reforma del Código Penal. Esa reforma eliminó el delito de sedición por el que habían sido condenados los líderes del procés que no huyeron de España y modificó los de malversación y desórdenes públicos. La decisión del juez fue mantener la acusación de malversación contra Puigdemont y Comín e incluir la desobediencia. Y acordó, además, la busca y captura de ambos en caso de que volvieran a España. 

Los dos alegaron ante el Constitucional la vulneración de varios derechos fundamentales al entender que están protegidos por la inmunidad parlamentaria por su condición de eurodiputados. El auto afirma que la Sección de Vacaciones sí es “competente” para resolver este recurso precisamente porque éste solicitaba la suspensión cautelar de una resolución judicial que acordaba la privación de libertad, a través de la citada orden nacional de detención. 

Es una tesis que la progresista Laura Díez rebate ampliamente en su voto particular, en el que defiende que no hay “ninguna circunstancia de especial urgencia en relación con la eventual concesión o denegación de medidas cautelares que justifique la actuación” de la Sala de Vacaciones. Y añade que no comparte la “premura” de decidir sobre un asunto que “bien pudiera haberse tramitado tras la pausa estival siguiendo el sistema ordinario de reparto y resolución de los asuntos en el Tribunal Constitucional”.

Díez arguye, para ello, dos razones. En primer lugar, que Puigdemont y Comín no se encuentran en territorio español, que es el “único lugar donde pueden ejecutarse las órdenes decretadas”. En segundo, que no puede llegar a producirse una vulneración efectiva de derechos que deban protegerse, puesto que ambos desarrollan sus funciones representativas —como eurodiputados— fuera de España. La magistrada recuerda, además, que ninguno de los dos está “privado de libertad”. 

En su recurso de amparo, Puigdemont y Comín defendieron que la decisión de Llarena menoscaba la “garantía de inmunidad” que tienen reconocida como miembros del Parlamento Europeo y con ella se vulneran varios derechos fundamentales. A este respecto, el auto de inadmisión afirma que las vulneraciones invocadas “carecen de sustento constitucional” porque “omiten” las decisiones tanto del Parlamento Europeo como de la justicia europea que les han retirado esa inmunidad.

El pasado 5 de julio el Tribunal General de la UE (TGUE) avaló la decisión del Parlamento Europeo de quitar la protección de la que gozan Puigdemont, Comín y la también exconsellera Clara Ponsatí a petición del Tribunal Supremo. Aunque la sentencia no es firme y ya está recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el auto de inadmisión del Constitucional afirma que “no resulta admisible” sostener la vulneración del derecho fundamental en una “futura e hipotética decisión” de ese tribunal.

Es una visión que tampoco comparte la magistrada progresista. A su juicio, la opinión mayoritaria no ha valorado “adecuadamente” el hecho de que la sentencia del Tribunal General de la UE (TGUE) que retiró a ambos la inmunidad no es “definitiva”. “En mi opinión, esta decisión que descarta de plano la inmunidad no es la propia de un trámite de admisión pues, dada la falta de firmeza de la resolución del Tribunal General, en este trámite se debería reconocer la existencia de una posibilidad de vulneración del derecho que justifica la admisión del recurso”, dice la magistrada. 

Díez recuerda, además, que la inmunidad es una cuestión jurídica sobre la que el Constitucional no ha dictaminado todavía y que se trata del primer caso de inadmisión de un recurso de amparo relativo a un asunto vinculado al procés, puesto que la práctica constante ha sido siempre su admisión y avocación a pleno para su posterior resolución.

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El Tribunal Constitucional ha decidido que no apartará de sus deliberaciones a Enrique Arnaldo y a Concepción Espejel. En un auto, el pleno entiende por unanimidad que sus opiniones pasadas sobre el procés o sus distintas vinculaciones con el Partido Popular no son suficientes para dejarles fuera de las decisiones sobre las condenas a los líderes separatistas catalanes. Un escrito de 15 páginas que, en la práctica, aleja la posibilidad de que en el futuro prospere cualquier tipo de alegación de este tipo en torno a estos y otros magistrados.

El pleno del tribunal de garantías ha estudiado esta semana más de tres decenas de recusaciones presentadas por los líderes independentistas condenados por el procés así como por los antiguos presidentes de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y Joaquim Torra. Recusaciones que ponían encima de la mesa, por ejemplo, varias afirmaciones de Enrique Arnaldo en dos de sus libros, en varios artículos escritos en El Imparcial en 2015 y en 2016 o en el hecho de haber firmado un manifiesto titulado “Parar el golpe” junto con 500 personas unos días antes del 1 de octubre de 2017. Se le atribuía también, entre otras cosas, ser amigo del magistrado Manuel Marchena.

En el caso de Concepción Espejel, las recusaciones hablaban de una vinculación con el Partido Popular y con la Guardia Civil, de una “animadversión” a los líderes independentistas y, sobre todo, de haber firmado un voto particular en el que apostaba por condenar al major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, por la actuación de la policía autonómica durante el referéndum del 1-O. También habían pedido que el presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, quedase fuera de las deliberaciones de las recusaciones por su amistad con Arnaldo, con quien ha escrito gran cantidad de libros.

Todos estos argumentos, que también han resonado en el pleno y la comisión de nombramientos del Congreso de los Diputados en los últimos meses, han sido desestimados por el Tribunal Constitucional sin ningún tipo de fisura entre el sector progresista y el conservador. Los magistrados entienden que es normal que los miembros del tribunal de garantías hayan opinado sobre asuntos que ahora tienen que resolver. Incluso, reconoce, esas opiniones y ese criterio son los que les han llevado hasta allí.

El Constitucional es claro en este punto: “No es poco común ni puede extrañar que, antes de integrarse en el colegio de magistrados, sus miembros se hayan pronunciado voluntaria u obligadamente sobre materias jurídicas” acerca de las que luego tienen que dictar sentencia. Parafrasea en este punto al Constitucional de 2006 cuando rechazó por primera vez la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps en el estudio del Estatut catalán: “Lo que precisa la función jurisdiccional son Jueces con una mente abierta a los términos del debate”, dijo entonces y repite hoy el alto tribunal con una composición distinta.

El Constitucional explica a las claras cómo llegan los magistrados hasta la calle Domenico Scarlatti de Madrid: “Va en la propia naturaleza de las cosas que un magistrado del Tribunal Constitucional haya sido designado precisamente por sus ideas y opiniones expresadas a través de los instrumentos habituales de difusión jurídica, que conforman su trayectoria profesional y que, por lo tanto, delimitan los principios de mérito y capacidad que le habilitan para el ejercicio de sus funciones”, dice el auto. Por tanto sus opiniones anteriores, para el Constitucional, forman parte de la “pluralidad de la magistratura constitucional”, algo que, consideran, es una “seña de su propia identidad”. 

También dejan en el cajón de las suposiciones sin andamiaje suficiente las alegaciones sobre la cercanía de ambos candidatos al Partido Popular que les ha llevado hasta allí. Aludir a las posiciones ideológicas cercanas al PP, a sus vinculaciones con la Guardia Civil o a su pertenencia a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura son, para el Constitucional, “meras afirmaciones de imposible encaje en un motivo de recusación y huérfanas de todo sustento en hechos concretos”.

Tampoco ven inconveniente en que Concepción Espejel, recién llegada de ocupar la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, firmase un voto particular contra la absolución de Josep Lluís Trapero por el dispositivo policial del 1-O, caso que consideran relacionado con el suyo. El caso de Trapero y la cúpula de los Mossos, explica el Constitucional, fue “un proceso penal objetiva y subjetivamente distinto” al del procés sentenciado por el Supremo.

Procés, aborto, eutanasia...

La llegada de Enrique Arnaldo y Concepción Espejel ha sido de las más turbulentas en el plano político de la última década. El acuerdo entre PP y PSOE para renovar una tercera parte del organismo venía acompañado de voces discrepantes incluso desde los partidos del Gobierno de coalición. Este Constitucional, y al menos hasta junio, va a tener encima de la mesa asuntos de máximo calado público y político: la Ley del Aborto, la de Protección de la Infancia, la de eutanasia o la última reforma para que el Consejo del Poder Judicial no pueda nombrar magistrados estando en funciones.

El auto que hizo público ayer el pleno del Constitucional cierra la puerta a las especulaciones sobre una posible recusación constante de estos dos magistrados. Ni su ideología ni su supuesta cercanía al PP ni sus artículos, sentencias y votos particulares ponen su imparcialidad en tela de juicio. Es más, para el pleno es algo que enriquece el debate y el funcionamiento del organismo.

En el caso del recurso del PP contra la Ley del Aborto, cuya ponencia ha pasado de Andrés Ollero a Enrique Arnaldo, la posibilidad de una recusación ya era remota por la ausencia de partes implicadas dispuestas a plantearlo. Pero, además, con este auto en la mano las opiniones manifiestamente contrarias a la Ley de este magistrado y de Concepción Espejel no parecen un impedimento para que tengan voz y voto en el pleno cuando llegue a celebrarse.

Este espaldarazo a la imparcialidad de los magistrados a pesar de sus declaraciones públicas choca con lo defendido por algunos de ellos este mismo año y en esta misma causa. El conservador Antonio Narváez y el progresista Cándido Conde-Pumpido se apartaron de la resolución de los recursos de los presos del procés por sendas conferencias que ambos ofrecieron en 2017 pronunciándose sobre este asunto y mostrándose en contra de los pasos que ya entonces daban los políticos catalanes independentistas.

En el caso de Conde-Pumpido, su intervención en la Cámara Baja fue en noviembre de 2017, después de los episodios más relevantes del desafío soberanista de ese año. Una intervención en la que mostró su preocupación ante “la pretensión de subvertir el Estado social y democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia”.

Ese mismo mes, Antonio Narváez participó en una conferencia en Granada en la que aseguró que el referéndum ilegal del 1-O y los hechos posteriores constituyeron “un golpe de Estado encubierto mucho más grave” que el golpe de estado fallido de 1981. Los dos lo hicieron para defender la independencia del Constitucional. Narváez, por ejemplo, dejó por escrito que buscaba “explicitar la independencia e imparcialidad del tribunal al que se honra en pertenecer”. En estos dos casos, para cuando los dos magistrados del Constitucional hicieron estas declaraciones ya formaban parte del tribunal de garantías y la Fiscalía ya se había querellado contra el Govern de Carles Puigdemont por un delito de rebelión.

Fuentes del Tribunal Constitucional y del Ministerio Público ya avanzaban hace semanas a este periódico el criterio que ahora ha plasmado por escrito el pleno: que todos los magistrados que acceden al alto tribunal tiene un pasado, a veces incluso político, y que eso no les inhabilita para ejercer como magistrados. Ya entonces aseguraban estas fuentes que el hecho de haber opinado en público sobre determinados temas tampoco inhabilita a un magistrado a después tener que dictar sentencia sobre ello.

El Tribunal Constitucional ha decidido rechazar la petición de Oriol Junqueras de apartar de su caso a los dos nuevos magistrados propuestos por el Partido Popular: Concepción Espejel y Enrique Arnaldo. Tanto el líder de ERC como el resto de políticos independentistas habían alegado ante el pleno que su relación con el PP era demasiado intensa como para permitirles tomar decisiones sobre este asunto y el pleno, por unanimidad, ha decidido rechazar esos argumentos. El pleno explica que ha rechazado, en total, 33 incidentes de recusación.

Arnaldo y Espejel han sido recusados por los tres líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo cuyos recursos aún no habían sido resueltos: Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa. También ha presentado una recusación el expresident Carles Puigdemont, un documento en el que apunta a la “estrecha relación” de ambos con el Partido Popular. Solicita tanto Puigdemont como otros políticos de Junts que los dos magistrados sean apartados de las deliberaciones sobre el procés independentista catalán. Otro expresident, Quim Torra, también ha presentado su propia recusación.

Para el Constitucional, las razones esgrimidas por los independentistas para apartar a ambos magistrados son, explica en una nota, “huérfanas de todo sustento en hechos concretos”. El Constitucional, dice, descarta “que pueda fundarse una duda legítima de imparcialidad sea por la exteriorización jurisdiccional de un criterio jurídico al resolver un proceso o al discrepar de lo resuelto a través de la formulación de un voto particular, sea por las manifestaciones vertidas en publicaciones académicas o en artículos de opinión antes de haber adquirido la condición de magistrado”.

Haber opinado en el pasado sobre asuntos que tienen que resolver, dice el Constitucional, es algo normal. Todos los tribunales, afirma, “deben ser integrados por Jueces que no tengan la mente vacía sobre los asuntos jurídicos sometidos a su consideración”.

El pleno explica que si sacan a Arnaldo y Espejel de las deliberaciones se quedan sin el quorum necesario de ocho magistrados exigido para resolver. Es, dice el Constitucional, justifica que “no deba excluirse de la conformación del Pleno a ninguno de sus magistrados presentes (...) pues a la defensa de la jurisdicción del Tribunal todos sus magistrados están llamados, sin que quepa hacer distinciones entre los magistrados recusados y los abstenidos”.

La negativa a apartar a estos dos magistrados del bloque conservador llega después de que otros dos sí lo hicieran a lo largo del último año. Tanto Cándido Conde-Pumpido como Antonio Narváez decidieron no participar en estas deliberaciones después de ser recusados por prácticamente todas las defensas. En el caso del exfiscal general, los acusados ponían encima de la mesa una conferencia prestada en el Congreso en 2017. En el caso de Narváez, también fue recusado por una conferencia prestada ese año en Granada y se apartó antes de que el pleno resolviera el asunto.

Enrique Arnaldo y Concepción Espejel fueron los dos nuevos magistrados del Constitucional propuestos por el PP en un pacto en el que Juan Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán también accedieron al pleno a propuesta del PSOE. El nombramiento del primero generó especial polémica en el Congreso con varios diputados de los partidos del Gobierno de coalición rompiendo la disciplina de voto para no apoyar su nombramiento en el pleno de la cámara baja. Odón Elorza se opuso abiertamente a su candidatura.

Este jueves fueron Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa. Y este viernes ha sido el turno para Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig. El expresident de la Generalitat y los políticos de Junts han pedido al Tribunal Constitucional que dos de sus nuevos magistrados, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, se aparten de los recursos sobre la causa del procés por su “estrecha relación” con el PP.

En sendos escritos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa de los políticos de Junts, que ejerce el letrado Gonzalo Boye, enumera los motivos por los que, a su juicio, Arnaldo y Espejel carecen de la imparcialidad necesaria para formar parte de las deliberaciones del Constitucional sobre el procés.

Recuerda Puigdemont que Arnaldo y Espejel han sido propuestos como magistrados por el PP, un partido cuyo presidente, Pablo Casado, “ha manifestado un interés notorio” en el encarcelamiento de los políticos independentistas encausados. En estas circunstancias, abundan los escritos, “resulta imposible de sostener” que Arnaldo y Espejel “puedan tener apariencia alguna de imparcialidad”.

Con las recusaciones planteadas por los políticos independentistas, las dudas sobre la idoneidad de Arnaldo y Espejel, que llegó a ser apartada del juicio de Gürtel por su proximidad al PP en su etapa en la Audiencia Nacional, vuelven a primera plana pocos días después de que PP y PSOE cerraran el acuerdo para renovar el Constitucional. Los del procés son los primeros, pero pueden no ser los únicos procedimientos en los que las partes piden apartar a Arnaldo y Espejel por el mismo motivo: su cercanía al PP.

En el caso de Arnaldo, Puigdemont y los políticos de Junts agregan que firmó, en septiembre de 2017, un manifiesto llamado 'Parar el golpe', en el que se pedía que cayera “todo el peso de la ley” sobre el Govern por el referéndum del 1-O, lo que añade otro motivo de pérdida de imparcialidad.

También señala Puigdemont que Arnaldo consideró “enfermos del sectarismo” a quienes discreparan de la decisión de Fiscalía de interponer una querella por delito de rebelión contra los políticos catalanes en 2017. La defensa afirma que son “innumerables” las veces que Arnaldo ha puesto de manifiesto su “absoluta carencia de imparcialidad” sobre la causa.

Otro de los motivos de recusación aducidos por la defensa es que existe una relación de “amistad” entre el juez Arnaldo y el fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien interpuso las querellas por rebelión en 2017, así como con el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, el magistrado de la misma Sala Antonio del Moral, y el letrado de la Junta Electoral Central, Manuel Delgado-Iribarren.

Respecto a Espejel, el escrito apunta su anterior condición de presidenta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, cargo durante el cual tuvo una participación directa o indirecta con algunos pleitos de las causas que afectan a los recusantes. Menciona también la “estrecha vinculación” con el PP y su afiliación a la Asociación Profesional de la Magistratura, que a su juicio ha demostrado una “beligerancia desmedida” contra los políticos independentistas.

Es más, Puigdemont sitúa como motivo de recusación el voto particular que Espejel firmó en su etapa en la Audiencia Nacional favorable a la condena por sedición contra el major Josep Lluís Trapero, si bien no pide que se aparte el magistrado que fue ponente de su absolución, Ramón Sáez, también ascendido al Constitucional tras su reciente renovación.

El Constitucional ya había vivido un episodio similar de recusaciones de de dos magistrados que se habían pronunciado en actos públicos sobre el procés. Tras las recusaciones de los políticos independentistas, los magistrados Cándido Conde–Pumpido y Antonio Narváez se abstuvieron de las sentencias que avalaron la instrucción, el juicio y la condena del Supremo, con el voto particular de los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, que consideraron desproporcionadas las penas de cárcel.

El presidente de ERC y exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa han pedido recusar a dos de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo. El objetivo de los políticos de ERC es que ambos se abstengan de participar en la sentencia que el tribunal de garantías todavía tiene que emitir sobre su recurso de amparo contra la condena que les impuso el Tribunal Supremo.

Antes de su renovación, el Tribunal Constitucional ya había resuelto los recursos de amparo sobre la sentencia del procés de nueve de los doce condenados por el Supremo. Restan pendientes de sentencia los casos de Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, todos ellos de ERC. La sentencia del Constitucional es indispensable para que puedan llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), como han hecho los otros condenados.

En sus escritos, los políticos de ERC argumentan que Arnaldo y Espejel tiene una “clara predisposición o prejuicio favorable a las tesis defendidas por las acusaciones” que, según los dirigentes independentistas, muestran “tanto sus declaraciones públicas como sus relaciones personales y de afinidad ideológica”, en referencia a su cercanía al PP.

Para los políticos de ERC ambos magistrados adolecen de “falta de imparcialidad” para revisar el caso del procés. Tampoco cuentan, a su juicio, con los requisitos de no tener “ningún interés particular” en el desarrollo del pleito, ni “prejuzgar” de forma previa su resultado a partir de posturas personales.

Cabe mencionar que los políticos de ERC no han recusado al también recién elegido magistrado del Constituconal Ramón Sáez, ponente de la sentencia que absolvió al major Trapero en la Audiencia Nacional, en la que Espejel firmó un duro voto particular partidario de la condena por sedición.

Tanto Carles Puigdemont como los condenados por el Supremo y luego indultados ya habían promovido la recusación de dos magistrados del Constitucional que se habían pronunciado en actos públicos sobre el procés con el objetivo de que, en caso de rechazarse, sirviera de argumento para una condena del TEDH a España. Finalmente los magistrados Cándido Conde–Pumpido y Antonio Narváez se abstuvieron de las sentencias que avalaron la instrucción, el juicio y la condena del Supremo, con el voto particular de los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, que consideraron desproporcionadas las penas de cárcel.

El Tribunal Constitucional tiene desde hace más de una década un asunto marcado en rojo en su agenda: el recurso del Partido Popular contra la Ley del Aborto. El documento ha salido del cajón después de que el magistrado ponente, Andrés Ollero, haya abandonado el tribunal de garantías y el borrador haya caído en manos del polémico Enrique Arnaldo, contrario a la norma. No es el único miembro del pleno que en el pasado se ha manifestado contra de la Ley: el nuevo presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, fue propuesto por el Partido Popular para participar en la subcomisión del Congreso sobre la norma hace más de una década, aunque no acudió por “problemas de agenda”; la jueza Concepción Espejel elaboró desde el CGPJ un informe contra la ley.

En el caso de Enrique Arnaldo, encargado de la ponencia sobre el recurso, dejó claro en marzo de 2009 lo que pensaba del entonces todavía proyecto legislativo y de la defensa que hacía la entonces ministra de Igualdad, Bibiana Aído. Decía en un artículo publicado en El Imparcial que “el estiramiento del ordenamiento jurídico a la carta es el final de la certeza, que es la clave o la razón última del Derecho. Saber a qué atenernos y no depender del ukase o de la ocurrencia del momento. Pero exigir conocimientos en los gobernantes es mucho pedir”.

Su opinión tenía que ver exclusivamente con el hecho de que las menores de edad pudieran abortar sin recabar antes el consentimiento de sus padres, así como con unas declaraciones de Aído unos días antes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Dijo entonces la ministra que “si las menores entre 16 y 18 años pueden decidir si se casan o tienen hijos, pueden hacerlo también sobre la interrupción voluntaria del embarazo”. La opinión de Arnaldo llegó pocos días después sin ir más allá sobre el contenido de la reforma, que no fue aprobada hasta un año después.

Arnaldo, cuya aparición en diversos sumarios de corrupción sin consecuencias penales ha convertido su nombramiento en el más polémico de la última renovación, no ha sido el único el pronunciarse sobre esta reforma en los últimos años o tener algún tipo de relación con ella. Concepción Espejel, expresidenta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2008 y 2013 a propuesta del PP y como tal tuvo que informar sobre la ley que promulgaba el Gobierno socialista. El CGPJ se partió por la mitad y no fue capaz de emitir una opinión: la mitad conservadora del pleno dio su apoyo al escrito firmado por Espejel y Claro José Fernández-Carnicero.

Un informe de 66 páginas planteado en la Comisión de Estudios del CGPJ en la que Concepción Espejel hacía una enmienda a la totalidad del anteproyecto. Críticas, por ejemplo, a los términos “ambiguos, que parecen destilar un cierto contenido más político o sociológico que jurídico” utilizados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre ellos la ideología y el enfoque de género. Criticaba también la falta de presencia de los hombres en la ley: “El remedio a esta desigualdad no puede venir de una ley sesgada, con un alto contenido ideológico y escasa densidad normativa, con desconocimiento o preterición de los derechos de parte de los afectados por sus disposiciones, como son los varones”. También criticaba la ausencia de referencias a la familia y a la objeción de conciencia de los médicos para no practicar abortos.

Según la opinión jurídica de Espejel en ese momento, el anteproyecto equiparaba el embarazo con una enfermedad y, además, no protegía en absoluto el derecho a la vida de los no nacidos frente al derecho de la mujer a interrumpir un embarazo. Dice ese escrito “que el concebido esté físicamente alojado en su cuerpo no lo convierte en su cuerpo” y que “la vida del concebido encierra así un valor intrínseco, sustantivizado e individualizado por tratarse no sólo de vida, sino de vida humana en fase de gestación”. Para Espejel, la “guía ineludible” para analizar todo este asunto es la sentencia del mismo Tribunal Constitucional de 1985 que retocó la ley de supuestos y otorgó, dice, una “protección reforzada” a la vida del no nacido.

Para la magistrada conservadora, interrumpir un embarazo en las primeras catorce semanas a petición de la mujer implica que “el Estado hace dejación de su deber, de su obligación, como dijera el Tribunal Constitucional y antes se ha expuesto, de proteger la vida prenatal”. Entre sus recomendaciones y apuntes está, incluso, que las mujeres que deciden abortar sean informadas puntualmente del estado de su embarazo: “Resulta aconsejable incluir dentro de los extremos que han de ser objeto de información, aquellos particulares relativos al desarrollo del proceso gestacional”.

Desde la aprobación de la ley y hasta la fecha los datos oficiales demuestran que los abortos en España han experimentado un descenso pronunciado. Los datos de 2020 dejaron 88.269 interrupciones voluntarias del embarazo frente a las 118.611 de 2011, aunque las gráficas experimentaron un leve ascenso entre 2017 y 2019.

Trevijano, propuesto por el PP

La documentación del Congreso de los Diputados recoge cómo el Partido Popular propuso en 2008 a Pedro González-Trevijano para formar parte de la subcomisión parlamentaria sobre la ley del aborto. González-Trevijano era entonces rector de la Universidad Rey Juan Carlos y, según recogió en ese momento Europa Press, no acudió finalmente por “problemas de agenda”. Su nombre no figura en el de los intervinientes en esa subcomisión cuyo funcionamiento fue duramente criticado posteriormente por Soraya Sáenz de Santamaría como portavoz del PP.

Pedro José González-Trevijano fue elegido presidente del Tribunal Constitucional hace unos días por consenso de los bloques conservador y progresista después de la salida de su predecesor, Juan José González Rivas. González-Trevijano fue propuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy para llegar al tribunal de garantías en 2013 y ahora tiene en sus manos la gestión del recurso del PP contra la ley de 2010 aunque su mandato, si se cumplen los plazos, no será muy largo: su tiempo en el tribunal expira en junio del año que viene.

No existen muchas referencias del magistrado que se puedan consultar sobre la normativa actual de interrupción del embarazo. Su currículum refleja que participó en dos mesas redondas en Madrid en octubre y noviembre de 2008, fechas en las que fue constituida la subcomisión del Congreso a la que fue propuesto por el PP. Sobre lo que sí se pronunció largo y tendido fue sobre la ley de supuestos de 1985, a la que quiere retornar el Partido Popular. Fue en 1992 cuando escribió “Curso de derecho constitucional Español” con Jorge de Esteban, en cuyo segundo volumen era muy crítico con la norma de 1985.

En ese libro, González-Trevijano y De Esteban entendían que “la intención del Constituyente” fue que el derecho a la vida amparase también al no nacido, aunque reconocía una “ambigüedad” que “no permite deducir de manera clara esa protección”. La Ley de 1985, a la que el PP asegura que quiere volver, tampoco era de su agrado en su vertiente penal: aseguraba que “se ha establecido una situación de absoluta desigualdad” entre las mujeres sin recursos y las que, por ejemplo, podían acudir a clínicas privadas. A González-Trevijano le parecía entonces que la ley de supuestos del Gobierno llevaba a un “panorama absurdo” por no incluir, por ejemplo, “la razón convincente de la situación socioeconómica de la mujer”.

A favor de la norma

Dos de los actuales magistrados del Tribunal Constitucional también se han pronunciado en el pasado a favor de la norma que ahora deben sentenciar. Inmaculada Montalbán, magistrada del Tribunal Superior de Andalucía propuesta por el PSOE, fue también vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2008 y 2013 y, como Espejel, también tuvo que informar sobre el anteproyecto. En su caso, sin embargo, su voto fue a favor de un informe que avalaba la constitucionalidad de la norma al entender que el sistema de plazos “no supone la desprotección penal del bien jurídico que constituye la vida del nasciturus”, pero sí pedía aumentar el papel de los padres en el caso de menores que quieran abortar.

El informe, que recibió el apoyo de la mitad del pleno, llamó a “atribuirle también el derecho a ser oídos por el facultativo” aunque exigió “evitar una puerta abierta a los abortos clandestinos de menores de edad”. Algo que, según el informe que votó Montalbán, se podía evitar retirando este papel de los padres “en circunstancias excepcionales” como “en caso de violencia doméstica acreditada, desarraigo familiar, agresiones o abusos sexuales, u otros demostrativos de graves incumplimientos de los deberes de la patria potestad”. 

También se ha pronunciado a favor de la norma en varias intervenciones públicas. En esta entrevista con el diario Ideal de Granada, aseguraba que la reforma que intentó hacer posteriormente el ministro Alberto Ruiz-Gallardón suponía “un retroceso de 30 años”. En febrero de 2012, en un encuentro digital con los lectores de Diario de Sevilla, Montalbán se refería a esta reforma y aseguraba que “una sociedad democrática madura, como la española, ha de dejar tiempo para que las leyes se implanten”. “En mi opinión, la actual ley da seguridad jurídica y evita abortos clandestinos, que provocan mucho sufrimiento a las mujeres”, añadía .

Algo similar sucede con Cándido Conde-Pumpido, nombrado a propuesta del PSOE en el Senado en 2017. Fue fiscal General del Estado entre 2004 y 2011 y por tanto también estaba al frente del Consejo Fiscal cuando tuvo que informar sobre la norma de 2010. La mayoría conservadora impulsó por un voto de diferencia un informe que apuntaba a la inconstitucionalidad de la norma. Los otros cinco miembros del Consejo, entre los que se encontraba Conde-Pumpido, emitieron un informe en minoría en el que avalaban la constitucionalidad, aunque pusieron numerosas pegas al texto.

Ese “informe alternativo”, según recoge el informe elaborado posteriormente por el Consejo de Estado, ponía una pega principal relacionada con el consentimiento prestado por menores de edad. Entiende ese informe suscrito por Conde-Pumpido que “se ha de añadir a la información previa que reciba la mujer una explícita y razonada invitación a informar a sus padres o tutores de la situación”.

El Tribunal Constitucional tiene cuatro nuevos miembros. Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Juan Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán han tomado posesión de sus sillones en el tribunal de garantías en una jornada en la que, entre otros, se ha despedido su presidente Juan José González Rivas. El saliente ha asegurado en su discurso que los magistrados del Constitucional deben “dar ejemplo” y ha omitido sobre la marcha alusiones que su discurso escrito tenía sobre “el desafío de la independencia de Cataluña” así como las alusiones a la “virtud y la decencia” de los magistrados.

González Rivas ha cedido la presidencia de forma provisional a Santiago Martínez-Vares hasta que Pedro González-Trevijano sea elegido nuevo presidente durante el medio año que le queda de mandato por consenso de los sectores progresista y conservador. A la ceremonia en el Constitucional han acudido, entre otras autoridades, las ministras de Justicia y Defensa, Pilar Llop y Margarita Robles, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

En su discurso, González Rivas ha ensalzado el trabajo desarrollado durante su mandato y ha asegurado que “los magistrados constitucionales deben dar ejemplo” y que los tribunales constitucionales “han de estar a la altura de unos estándares muy exigentes”. Ha omitido las alusiones que su discurso escrito recogían sobre que los magistrados “deben ser ejemplo de virtud y decencia”. Posteriormente ha añadido que “las legítimas aspiraciones profesionales y el prestigio personal del magistrado deben ponerse al servicio de la Justicia Constitucional”.

Palabras pronunciadas ante la plana mayor del Constitucional y ante los nuevos magistrados. Entre ellos, Enrique Arnaldo, cuya candidatura salió adelante en virtud del acuerdo entre PP y PSOE con los votos favorables de Unidas Podemos pero con una parte de sus diputados mostrando su disconformidad con el nombramiento. Odón Elorza, portavoz socialista en la comisión de nombramientos, llegó a calificar de “trágala” el nombramiento de Arnaldo para desbloquear la renovación del tribunal.

La alusión a la “virtud y decencia” no ha sido el único cambio que el presidente del Tribunal Constitucional ha hecho sobre su discurso escrito. Se ha referido a las sentencias relativas al procés y ha omitido también sobre la marcha la alusión que su discurso escrito hacía a que “tuvimos que responder al desafío de la independencia de Cataluña”. Sobre esto, ha señalado que en varias de sus sentencias quedaron claras “la supremacía de la Constitución y la unidad de la nación española”.

La declaración de idoneidad de candidatos a entrar en el Tribunal Constitucional suele ser un trámite formal en el Congreso. Lo habitual es que para cuando los futuros magistrados llegan a la Cámara Baja el acuerdo entre partidos haya sido cerrado. Los reproches, por norma general en estas sesiones, van dirigidos al sistema de elección por parte de partidos que no forman parte del acuerdo. La defensa que esta semana han tenido que hacer los polémicos candidatos propuestos por el Partido Popular, Concepción Espejel y sobre todo Enrique Arnaldo, es algo inédito, tanto como la aparición de un futuro magistrado del Constitucional en varios sumarios de corrupción. La polémica sobre la elección de los nombres del PP sigue abierta mientras el PSOE y el propio presidente, Pedro Sánchez, que tendrá que refrendarlos por sus votos, se felicitan por el acuerdo pero piden que cada partido se responsabilice de los nombres elegidos.

Un ejemplo nos lleva de vuelta al 9 de julio de 2012. Ese día la comisión consultiva de nombramientos del Congreso se reunió para escuchar el currículum de los cuatro candidatos que hoy serán sustituidos con algo de retraso. Eran Encarnación Roca, Juan José González Rivas, Fernando Valdés y Andrés Ollero. Este último tenía la mayor vinculación que alguien puede tener con el partido político que le propone: había sido diputado del PP por Granada desde 1986 hasta 2003.

Ollero no tuvo que defender su independencia ese día. Rosa Díez (UPyD) se limitó a calificar de “farsa” el proceso. Ramón Jáuregui (PSOE) le preguntó por el abuso del decreto-ley por parte del Gobierno y sus consecuencias judiciales. Pedro Gómez de la Serna (PP) destacó, entre otras cosas, que había sido “uno de los políticos importantes que ha pasado por esta Cámara entre 1986 y 2003”. Ese día Fernando Valdés, propuesto por el PSOE y hoy a la espera de juicio, recibió elogios del portavoz conservador: “Lo ha sido prácticamente usted todo en el ámbito del Derecho del Trabajo”.

El pasado mes de octubre Ollero se sintió impelido a defender su independencia en un voto particular. Habló de su partido en estos términos: “Abandoné la militancia sin obligación legal, hace más de nueve años, para sentirme más libre en el ejercicio de las responsabilidades con las que el Congreso de los Diputados, del que fui miembro en cinco legislaturas, me había honrado; libertad que, a estas alturas, ha sido por muchos en no pocas ocasiones plenamente reconocida”.

Esta semana, casi una década después, el decorado era el mismo pero la escena era distinta. El pacto cerrado entre PP y PSOE y apoyado con más o menos entusiasmo por varios partidos excluía perfiles directamente ligados a ambas formaciones, algo que Pablo Casado ha llegado a definir como un proceso de “despolitización” del tribunal de garantías. Pero los reproches y las explicaciones de los nombramientos han sido más propias de una negociación fallida, como sucedió cuando el PP cargó abiertamente contra José Ricardo de Prada, uno de los magistrados que firmó la sentencia de la Gürtel, cuando en 2018 intentó acceder al Consejo General del Poder Judicial como jurista de reconocido prestigio.

En el actual contexto, además, el pasado de Enrique Arnaldo acaparó más focos todavía que la famosa recusación de Concepción Espejel, quien tuvo que apartarse de. caso Gürtel por su cercanía al PP.

Primero fue Edmundo Bal (Ciudadanos) el que, después de reproducir críticas muy similares a las que hizo Rosa Díez (UPyD) hace nueve años, cargó contra su currículum de sumarios. Odón Elorza (PSOE) lo hizo después aunque sin variar su voto favorable en base al pacto alcanzado con el Partido Popular al decir: “Su candidatura nos genera desconfianza”. Y Enrique Arnaldo dio explicaciones sobre varios de estos aspectos apelando tanto a la presunción de inocencia como a su independencia profesional, prometiendo ejercer como magistrado del Tribunal Constitucional sin favores debidos. Dijo: “Me siento plenamente independiente sin equipajes ni peajes que nunca aceptaría”.

Palma Arena, Lezo y FAES

Distintos medios de comunicación han ido revelando distintos aspectos del pasado de Arnaldo y su aparición en sumarios de corrupción como Palma Arena o Lezo sin ninguna consecuencia legal para él. En el caso de Palma Arena, la laberíntica causa de corrupción de Baleares centrada en el entonces presidente Jaume Matas, Arnaldo llegó a estar imputado aunque la causa se archivó contra él antes de llegar a juicio por prescripción de los hechos. Aseguró Arnaldo: “Mi paso por un juzgado se limitó a declarar en un proceso y fui exonerado”. Después pidió respeto a su presunción de inocencia.

Su imputación, tal y como explicó elDiario.es nada más conocerse el acuerdo, vino por su papel como sospechoso de ayudar al expresidente de Baleares Jaume Matas, del PP, a blanquear dinero simulando una contratación a su bufete. Medios como El Periódico de España han desgranado en los últimos días detalles del sumario, como por ejemplo que maniobró para colocar a Jaume Matas en la universidad con el entonces rector de la URJC y hoy magistrado Pedro González-Trevijano. También que una administradora de su despacho declaró ante el juez José Castro que pagaban comisiones al presidente balear.

Ante el Congreso Arnaldo se limitó a defender que nunca llegó a ser juzgado. Los diputados también le preguntaron por su presencia en charlas organizadas por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), ligada al Partido Popular, a lo que el candidato contestó: “Eran debates abiertos, plurales, con personas de distintas sensibilidades (...) la imparcialidad no se pierde por haber pronunciado conferencias en una fundación”. Sobre su actividad profesional y los contratos que recibió de numerosas administraciones controladas por el PP - aunque también por el PSOE, CiU, Coalición Canaria e Izquierda Unida - se limitó a asegurar a Elorza que tenía compatibilidad para hacerlo desde 2002.

Arnaldo zanjó su intervención asegurando que todo esto no compromete su independencia como futuro magistrado y tampoco supone una animadversión al PSOE y al actual Gobierno de coalición: “No tengo ningún tipo de beligerancia ni con este ni con ningún Gobierno”. Lo que quedó sin explicar fue su conversación con el expresidente madrileño Ignacio González en noviembre de 2016, en la que tal y como reveló La Sexta prometió a González estaba moviéndose “para que el nuevo que sustituya a esta señora [Consuelo Madrigal, exfiscal general del Estado] sea bueno”. Faltaba medio año para la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid pero ya entonces estaba en marcha la investigación -archivada hace un año- sobre su ático en Estepona.

Fuentes cercanas a Arnaldo afirman a este periódico que no realizó “ninguna gestión” para influir en la elección de un nuevo fiscal general y que en ese momento no tenía conocimiento de la investigación que estallaría meses después. Especifican estas fuentes que “si lo hubiera sabido, no lo hubiera dicho” y subrayan que él entonces era abogado en ejercicio. Remarcan que, en cualquier caso, nunca fue llamado a declarar por este asunto ni como testigo ni como imputado.

La “campaña de desprestigio”

Todo este debate sobre el pasado de Enrique Arnaldo se llevó por delante la previsible polémica que acompaña a la otra candidata propuesta por el Partido Popular: la presidenta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel. El portavoz socialista se limitó a constatar que “hay” dudas pero aseguró que le otorgaba “esta presunción de imparcialidad”. El de Junts per Catalunya repitió que ni ella ni Arnaldo le parecen candidatos adecuados. Y Espejel no necesitó más referencias al “querida Concha” para negar cualquier vínculo con el Partido Popular al que no pudo juzgar.

Denunció la magistrada una “campaña de desprestigio” derivada de su recusación en el caso Gürtel, cuando fue apartada de varios juicios por haber sido en el pasado vocal del Consejo General del Poder Judicial con los votos favorables del PP en el Senado. La sala rechazó expresamente que tuviera que ser recusada porque María Dolores de Cospedal se refiriese a ella como “querida Concha” en un acto público en 2014. Explicó Espejel en el Congreso: “Se me apartó pero no por esa circunstancia, que fue expresamente rechazada [por la Audiencia Nacional]”.

Recordó Espejel el verdadero motivo de su recusación: “Yo fui recusada exclusivamente en uno de los motivos, haber sido nombrada del CGPJ por el senado a propuesta del Partido Popular”. Lo cierto es que los cuatro candidatos que accederán próximamente al Constitucional pasaron previamente por el Consejo a propuesta de un partido: Arnaldo y Espejel lo hicieron por el PP, Juan Ramón Sáez por Izquierda Unida e Inmaculada Montalbán por el PSOE.

“Con sus limitaciones, con algunas trágalas, es posible que se vaya a conseguir”. La frase del diputado del PSOE por Gipuzkoa, Odón Elorza, fue escuchada este martes en la comisión de nombramientos del Congreso y se refiere a la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Más concretamente, de la mitad propuesta por el Partido Popular, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, considerados como cercanos a la formación que preside Pablo Casado. Este martes, sin embargo, la existencia del acuerdo entre el PP y el PSOE trajo de vuelta la imagen de consensos anteriores en los que incluso la militancia política y parlamentaria de los candidatos ha sido pasada por alto en aras de la renovación.

Elorza sacó a colación el “trágala” para ensalzar el acuerdo como una “solución de un problema que era un bloqueo tremendo de los órganos constitucionales”. Al final de la reunión fue la diputada del PP, Isabel Borrego, quien le reprochó esa expresión. “No entiendo la expresión que antes hemos escuchado, un trágala. ¿En el que se rompe la presunción de inocencia o en el que lo que se escribe en los medios se convierte en realidad?”, cuestionó. Y afirmó a continuación: “Si los candidatos que se han presentado no tuvieran la categoría adecuada no haríamos este acto”.

El “trágala” al que se referían Elorza y Borrego va y viene en todas las negociaciones de renovación de este tipo de organismos entre los dos partidos mayoritarios. Una negociación que hasta hace unos años se limitaba a incluir a los partidos minoritarios pero que con la actual aritmética parlamentaria se vuelve algo más compleja. Pero que siempre ha consistido, cuando se ha alcanzado el acuerdo, en pasar por alto algunas características de los candidatos que en otro contexto han sido consideradas como inhabilitantes.

En el caso de Enrique Arnaldo se zanjó este martes con un “su candidatura genera desconfianza a la hora de garantizar imparcialidad en el Tribunal Constitucional” por parte de Elorza y una batería de preguntas sobre si había compaginado de manera legal su actividad de abogado con su trabajo como letrado del Congreso de los Diputados. No lo dijo en su intervención pero muchos de esos trabajos para los que pidió la compatibilidad, tal y como explicó la Cadena SER, fueron facturados en buena parte a administraciones públicas dirigidas por el PP aunque también a algunas dirigidas por el PSOE, Coalición Canaria, CiU e Izquierda Unida.

Tampoco fue mucho más incisivo en el caso de Concepción Espejel. La presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fue apartada de varios juicios del caso Gürtel por haber sido propuesta en su momento como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el PP y votada, entre otros, por Luis Bárcenas cuando era senador por Cantabria. El PSOE no firmó su petición de recusación pero amenazó con hacerlo en 2015. Ayer el socialista Francisco Aranda habló de “dudas, diferencias” pero zanjó que le otorgaba una “presunción de imparcialidad en un ejercicio de respeto que merece el alto tribunal”. Unidas Podemos, representado por Txema Guijarro, se limitó a hacer alusión a la participación de Arnaldo en el juicio por el asesinato de varios jesuitas españoles en El Salvador en 1989 y no hizo comentarios sobre la idoneidad de Concepción Espejel.

Lezo y Palma Arena

El “trágala” de Enrique Arnaldo incluye apariciones sin consecuencias penales en los sumarios de Palma Arena y Lezo. La primera supuso una imputación por colaborar con Jaume Matas en el blanqueo de dinero y fue zanjada con un archivo por prescripción de los hechos. El propio Arnaldo abordó el asunto en el final de su intervención reclamando que se respetase su presunción de inocencia. “Nunca me imaginé que me iba a ver obligado a reivindicar en sede parlamentaria la presunción de inocencia (...). Mi paso por un juzgado se limitó a declarar en un proceso y fui exonerado cuando el juez dictó el auto de archivo”, afirmó. Y reclamó que cuando alguien es exonerado por el juez no se convierta “en un eterno sospechoso”.

Sobre lo que no se pronunció fue sobre su aparición, esta vez sin imputación de por medio, en los pinchazos telefónicos del caso Lezo. Hablaba entonces con el expresidente de la Comunidad de Madrid y supuesto líder de la trama, Ignacio González, y aseguraba estar moviéndose “para que el nuevo fiscal sea bueno”. Edmundo Bal mencionó este episodio de pasada y Arnaldo no hizo ninguna referencia específica. Tampoco se hizo mención a un aspecto revelado hace unos días por Radio Madrid: que forma parte del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid desde marzo del año pasado.

Algo similar sucedió con Concepción Espejel, que dedicó su intervención final a denunciar que los motivos de su recusación en el caso Gürtel han sido retorcidos hasta dibujar una cercanía con el Partido Popular que no es real. Un alto el fuego que refleja también la intervención de la representante del Partido Popular, Isabel Borrego. Sobre Juan Ramón Sáez, miembro del CGPJ en su momento a propuesta de IU, se limitó a decir que es un profesional “cualificado que puede realizar su función con independencia”. Sobre Inmaculada Montalbán, vocal del mismo Consejo a propuesta del PSOE en su momento, incluso dio por “seguro” que podrá ejercer con independencia en el tribunal de garantías.

El trágala de De Prada

Las críticas tamizadas que han escuchado este martes Espejel y Arnaldo recuerdan a las más graves que escuchó el juez José Ricardo de Prada cuando en 2018 fue candidato a vocal del CGPJ. Magistrado de la Audiencia Nacional, se le atribuyen las frases más duras de la sentencia del caso Gürtel sobre el PP y su 'caja B' que desembocaron en la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy de la Moncloa. Su nombre, incluido entonces en la terna de juristas, fue esgrimido por el PP durante más de dos años para dejar en dique seco la renovación del CGPJ.

Ese 16 de noviembre de 2018 fue Carlos Rojas, diputado 'popular' por Granada, quien explicó su “trágala”. “No comparto parte de su trayectoria (...) hay muchos juristas de reconocido prestigio con más prestigio que usted (...). Es bueno para la justicia española que deje de hacer lo que estaba haciendo; es decir, durante unos años dejará usted de dictar sentencias”, le dijo.

Ese día pocos candidatos a vocal y a sustitutos escucharon palabras tan duras. Simeó Miquel Roé, uno de los candidatos presentados por Unidas Podemos y miembro de una de las Sindicaturas Electorales montadas por el independentismo para avalar los resultados del referéndum ilegal de 2017, recibió críticas más suaves que las vertidas sobre De Prada.

El crimen de De Prada había sido nada menos que condenar al PP como responsable a título lucrativo de la actividad de la trama Gürtel al financiar con dinero corrupto campañas electorales en Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. Aun así, en un principio el acuerdo entre PP y PSOE incluía que entrase en el órgano de gobierno de los jueces como jurista de reconocido prestigio. Su idoneidad, sin embargo, nunca llegó a someterse a votación. Manuel Marchena renunció a presidir el CGPJ después de la filtración de los mensajes en los que Ignacio Cosidó presumía de que con su nombramiento el PP iba a controlar “desde atrás” la Sala de lo Penal del Supremo. Entonces, los partidos retiraron a sus candidatos y arrancaba un bloqueo que sigue a día de hoy.

Un “trágala” con proyección

Salvo sorpresa, esta renovación parcial del Tribunal Constitucional llegará a buen puerto y habrá cuatro nuevos magistrados y magistradas en la sede de Domenico Scarlatti. Un primer movimiento en un juego de cartas que puede terminar con el Gobierno de coalición consiguiendo que tanto el Constitucional como el CGPJ tengan una mayoría progresista que ahora mismo, gracias al bloqueo del PP a renovar ambas instituciones, está lejos. Pero de las negociaciones entre Félix Bolaños (PSOE) y Teodoro García Egea (PP) dependen muchas cosas.

La primera es la posible renovación del CGPJ. A un mes de cumplirse el tercer aniversario del final del actual mandato, ambos partidos siguen sin desvelar si habrá consenso para relevar a Carlos Lesmes y sus 20 vocales aunque las posiciones parecen más cercanas que hace medio año. Una renovación del Consejo no sólo renovaría el pleno: también desbloquearía decenas de nombramientos en el Tribunal Supremo y otros tribunales territoriales que amenazan con colapsar el embudo casacional de la Justicia.

Un nuevo CGPJ renovado con un mayor peso del sector progresista abre otra puerta hacia la siguiente renovación del Tribunal Constitucional. En junio del año que viene vence el mandato de tres magistrados del bloque conservador —Pedro García-Trevijano, Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez— y otro más del bloque progresista, Juan Antonio Xiol. Pero su renovación no tendrá que pasar por el sinuoso camino de una negociación entre partidos: dos nombramientos dependen del CGPJ y otros dos del propio Gobierno.

El trámite con poco misterio que este martes han superado con éxito los cuatro candidatos, por tanto, puede tener efectos considerables más allá de una renovación que no cambia las aritméticas actuales del Tribunal Constitucional. Todo esto a la espera de saber cómo avanzan las negociaciones para superar un bloqueo en el CGPJ que ya ha empequeñecido el que también protagonizó el PP entre 2006 y 2008 para evitar perder la mayoría que le había facilitado el dominio parlamentario de José María Aznar en la renovación de 2001.

El Congreso de los Diputados ha dado su aval este martes a los cuatro candidatos pactados por PSOE y PP para ocupar un sillón en el Tribunal Constitucional en la próxima renovación. Una sesión de la comisión consultiva de nombramientos sin grandes choques en la que los candidatos propuestos por el PP, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, han defendido su imparcialidad y se han desvinculado de sus posibles lazos con la formación conservadora a preguntas de los socialistas. Los dos candidatos propuestos por el PSOE, Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Sáez, no han recibido críticas por parte de los grupos parlamentarios con Vox y Ciudadanos abandonando la comisión y denunciando un “teatrillo”.

Enrique Arnaldo, candidato del Partido Popular a ocupar un sillón en el Tribunal Constitucional, ha sido el primero en comparecer este martes en el Congreso de los Diputados entre críticas de casi todos los grupos parlamentarios contra su idoneidad. Arnaldo ha reconocido que fue imputado hace más de una década en el caso 'Palma Arena' pero ha recordado que el caso fue archivado, no ha hecho alusión a los pinchazos de la 'operación Lezo' en los que hablaba con Ignacio González y ha rechazado ser un candidato parcial a entrar en el tribunal de garantías. Ha asegurado que “no tengo amigos en política” y que “soy un profesional honrado y lo seré toda la vida”.

El de Enrique Arnaldo se ha convertido en el nombre más polémico de la lista de cuatro candidatos pactados por PP y PSOE para renovar una tercera parte del Tribunal Constitucional. Tal y como explicó elDiario.es el mismo día en que se conoció el acuerdo, el candidato del PP había salido en dos sumarios de causas de corrupción sin consecuencias penales para él. La primera fue cuando declaró como imputado en el caso 'Palma Arena' acusado de ayudar a Jaume Matas a blanquear dinero - caso archivado por prescripción - y la segunda cuando los investigadores de la 'operación Lezo' le grabaron hablando con el expresidente madrileño, Ignacio González, sobre un posible cambio en la Fiscalía General que favoreciese sus intereses.

Este martes Arnaldo sólo se ha referido a su imputación en Palma Arena recordando que fue exonerado. Ha recordado que “mi paso por un juzgado se limitó a declarar en un proceso y fui exonerado cuando el juez dictó el auto de archivo” y ha reclamado que cuando alguien es exonerado “no se puede convertir en un eterno sospechoso, soy un profesional honrado y lo seré toda la vida”. No ha hecho comentarios explícitos sobre esa conversación con Ignacio González.

El catedrático ha escuchado cómo varios representantes de grupos parlamentarios han cuestionado su idoneidad no sólo por estas dos apariciones en sumarios judiciales sino también por su participación en conferencias de la fundación FAES o la publicación de diversos artículos. Otros grupos, como el PSOE a través de Odón Elorza, han preguntado por su compatibilidad para compaginar su trabajo como letrado del Congreso con su despacho privado. Ha subrayado Arnaldo que “nunca he militado en ningún partido, nunca” recalcando que obtuvo esa compatibilidad en el año 2002 y ha defendido que “la imparcialidad no se pierde por haber pronunciado conferencias en una fundación”.

Espejel denuncia una campaña contra ella

Concepción Espejel, presidenta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, ha sido la segunda en tomar la palabra. Una comparecencia en la que ha defendido su imparcialidad, ha negado ser amiga de María Dolores de Cospedal y ha denunciado ser víctima de una “campaña de desprestigio” desde que fue apartada de varios juicios del caso Gürtel. Espejel, que ha comparecido inmediatamente después de Enrique Arnaldo, ha afirmado que “jamás he recibido ningún tipo de indicación”, tampoco en su etapa en el Consejo General del Poder Judicial. “He mantenido mi imparcialidad y la mantendré siempre”, ha dicho mientras negaba haber tenido afiliación o afinidad con el Partido Popular.

Después de intervenciones sin grandes críticas por parte de los grupos parlamentarios, Espejel se ha referido a su recusación en varios juicios del caso Gürtel por su supuesta cercanía con el Partido Popular. Ha recordado que “yo fui recusada” pero en un auto en el que “se desestiman algunas cuestiones que ahora se me achacan”. Los partidos y asociaciones que pidieron apartar a Espejel por su cercanía ideológica a la formación conservadora, ha asegurado que eso “fue expresamente rechazado por el pleno, se me apartó pero no por esa circunstancia”.

Asegura que la expresión “querida Concha” con la que María Dolores de Cospedal se refirió a ella al darle la cruz de San Raimundo de Peñafort ha sido manipulada y sacada de contexto. Ese día, ha recordado, la expresión fue acuñada por otro compareciente y Cospedal se limitó a repetirla. Esa expresión “no demuestra ningún tipo de amistad íntima que, además, no tengo” y ella fue apartada porque, en su momento, accedió al Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular y votada, entre otros, por Luis Bárcenas cuando era senador. Ha recordado también que la sala de lo penal que decidió su recusación vivió una votación muy dividida y que el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue uno de los que votó a favor de no apartar a Espejel del juicio. Ha zanjado que “es muy importante montar una campaña de desprestigio de un sector de los medios contra un magistrado”.

Sin críticas a Montalbán y a Sáez

Finalmente han tomado la palabra los dos candidatos propuestos por el PSOE: Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Sáez, magistrada y magistrado del Tribunal Superior de Andalucía y de la Audiencia Nacional, respectivamente. Ninguno de los dos ha visto cuestionada su imparcialidad por parte de los representantes de los grupos políticos con Txema Guijarro (Unidas Podemos) asegurando en el caso de Montalbán que “su aptitud técnica está sobradamente demostrada” y Odón Elorza (PSOE) afirmando que aporta “el perfil en este momento histórico para los procesos de igualdad y la lucha contra la violencia de género”. Montalbán fue vocal del CGPJ, como el resto de candidatos, y estuvo al frente del Observatorio contra la violencia de género.

Ha sido en esta intervención cuando Elorza se ha referido al acuerdo alcanzado entre PP y PSOE para renovar un tercio del Constitucional como un proceso que “con limitaciones y algunas trágalas es posible que se vaya a conseguir”. Expresión en referencia a los dos candidatos del PP y que no ha gustado a la portavoz popular Isabel Borrego: “No entiendo la expresión que antes hemos escuchado, ”un trágala“, en el que se rompe la presunción de inocencia o que lo que se escribe en los medios se convierte en realidad”. 

El último en declarar ha sido Juan Ramón Sáez, magistrado de la Audiencia Nacional, que también ha recibido elogios de todos los partidos y ha vaticinado que sólo ve razones para abstenerse en casos que haya sentenciado él mismo. Ha asegurado que “lo que tiene prohibido el juez no es tener una idea, todos tenemos ideas sobre el aborto, el estado, la forma de Gobierno...” pero añadiendo que el trabajo del juez es ser consciente de ese margen irreductible para intentar prevenirse frente a él“.

Ciudadanos y Vox abandonan la comisión

Este martes está previsto que comparezcan todos los candidatos a ocupar sillones en el Constitucional: Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Juan Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán. Tanto Edmundo Bal (Ciudadanos) como Iván Espinosa de los Monteros (Vox) han anunciado que ambas formaciones no participarán en el resto de comparecencias. Desde la formación naranja, Bal ha denunciado que “ya está todo el pescado vendido, ya sabemos quiénes van a ser los magistrados del Constitucional” antes de asegurar que “usted es nombrado por ser amigo de alguien del Partido Popular”.

Críticas al proceso de selección similares a las lanzadas por el portavoz de Vox, que ha atribuido la renovación de magistrados a un supuesto intento del Gobierno de frenar los fallos favorables a recursos del partido ultraderechista sobre el estado de alarma. “Nadie cree que comparezcan aquí por sus méritos profesionales. Están aquí porque recibieron una llamada de Ferraz o de Génova”, ha asegurado.

El acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional dibuja un cambio de escenario a corto plazo en un año en el que los magistrados tienen deliberaciones de máxima importancia por delante. La entrada y salida de dos magistrados progresistas y dos conservadores consolida los bloques en un organismo que ha sido incapaz de sentenciar por unanimidad asuntos como el primer confinamiento o las condenas de los presos del procés. El pacto de PSOE y PP deja en el aire el pleno de la semana que viene y, sobre todo, retrasa salvo sorpresa la sentencia sobre la Ley del Aborto, pendiente de resolución desde hace una década. La próxima renovación está prevista para junio del año que viene con cuatro candidatos propuestos no por las cámaras, sino por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial.

Sobre el papel las mayorías y los bloques tradicionales del pleno no se ven afectados ahora: salen dos magistrados progresistas y dos conservadores y entran otros cuatro en la misma proporción. Juan Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán sustituyen a Fernando Valdés y Encarnación Roca mientras que Concepción Espejel y Enrique Arnaldo hacen lo propio con los sillones que dejan el presidente Juan José González Rivas y Andrés Ollero. Se mantiene, por tanto, la existencia de siete magistrados considerados conservadores y cinco progresistas. Pero la realidad de las últimas votaciones en asuntos de relevancia pública invitan a hacer otros cálculos.

El sector progresista del Constitucional tenía una baja desde octubre de 2020. El magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, propuesto en 2012 por el PSOE, dejó su cargo después de ser detenido e imputado bajo la acusación de agredir a su esposa en su casa de Madrid. Eso provocó que el pleno contase sólo con once magistrados y un magistrado de menos del sector considerado progresista en casos como el primer estado de alarma o las condenas por sedición a los presos del procés catalán. De la misma manera finaliza su mandato la vicepresidenta Encarnación Roca, magistrada propuesta en su momento por el Parlament de Catalunya y que en las últimas votaciones se ha posicionado a favor de los recursos de Vox en casos como el confinamiento de la primera ola.

Dos cambios de calado que trastocan la aritmética reciente del sector progresista. Las dos nuevas incorporaciones a propuesta del Partido Popular también dibujan dos perfiles más cercanos al partido: dejan el pleno el presidente Juan José González Rivas y el catedrático y exdiputado del PP, Andrés Ollero, para dar entrada a Concepción Espejel y Enrique Arnaldo. Los dos magistrados salientes han firmado incluso votos particulares contra las sentencias que han tumbado el primer confinamiento a petición de Vox. Esto también provoca un corrimiento de tierras con la elección de un nuevo presidente y con Pedro José González-Trevijano como el mejor posicionado aunque su mandato expira a mediados del año que viene.

Todos estos movimientos dejan en el aire la composición del pleno que estudiará asuntos de gran relevancia en las próximas semanas. Juan José González Rivas tiene que decidir si mantiene o levanta la convocatoria de la semana que viene, donde los magistrados y magistradas van a estudiar casos como el recurso de Vox contra las medidas del segundo estado de alarma, el recurso también de la formación ultraderechista contra la conocida como 'Ley Celaá' o la composición de la Asamblea de Madrid. En los dos primeros casos, los ponentes apuestan por estimar las peticiones de Vox y, por ejemplo, declarar inconstitucional el toque de queda del segundo estado de alarma o también obligar al Gobierno a sufragar los colegios que segregan por sexo.

El pleno para sentenciar estos casos está previsto para el 26 de octubre, es decir, el mismo día en que se cierra el plazo para que los partidos presenten las candidaturas en el Congreso y el Senado. Si el presidente saliente decidiese suspender la cita y retrasar las deliberaciones hasta que se haga efectiva la renovación sólo cambiaría la aritmética de los sectores conservador y progresista: los ponentes de estos tres recursos no forman parte del grupo de magistrados en proceso de renovación. Lo que sí cambia es la distribución de ambos bloques en un año en que las votaciones han sido más ajustadas que nunca.

Ley del Aborto y “querida Concha”

La renovación sí incidirá directamente en una de las deliberaciones más añejas en las más de cuatro décadas de existencia del tribunal: el recurso que el Partido Popular presentó en 2010 contra la Ley del Aborto del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, vigente en la actualidad. Salvo un acelerón drástico de su tramitación tras una década en el cajón, el caso será votado por el pleno renovado y eso implica un cambio en el ponente: el catedrático Andrés Ollero, magistrado desde 2012 y diputado del PP entre 1986 y 2003 abandona el tribunal de garantías sin haber presentado su ponencia al pleno.

Otra circunstancia que puede marcar el desarrollo de varias deliberaciones a lo largo de los próximos nueve años es la cercanía de Concepción Espejel, actual presidenta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, al Partido Popular. En 2015 y 2016 ya fue apartada de varios juicios de la trama Gürtel al considerar que, en su momento, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular y votada en el Senado por el propio Luis Bárcenas. Está por ver si estos mismos argumentos son desarrollados para apartar a Espejel de recursos y casos que afecten a la formación conservadora o de los recursos que presente.

En ese sentido los cuatro candidatos pactados entre el Gobierno y el PP han pasado por el órgano de gobierno de los jueces a propuesta de un partido político en la última década. Juan Ramón Sáez Valcárcel, compañero de Espejel en la Audiencia Nacional, fue vocal del CGPJ a propuesta de Izquierda Unida, Inmaculada Montalbán lo fue a propuesta del PSOE y Enrique Arnaldo a propuesta del Partido Popular.

Alejados de la unanimidad

La renovación de una tercera parte del Tribunal Constitucional llega en un momento en que el tribunal de garantías se ha ubicado en las antípodas de la unanimidad. Cada decisión sobre un asunto de relevancia política se ha convertido en una votación ganada, como mucho, con dos votos de diferencia y la cascada de votos particulares es incesante a un lado y otro del pleno. Especialmente enconadas han sido las deliberaciones sobre la pandemia y las medidas tomadas tanto por el Gobierno como por la Mesa del Congreso: cinco magistrados de ambos sectores han emitido hasta siete votos particulares dejando por escrito discrepancias profundas sobre la proporcionalidad de medidas como el confinamiento domiciliario del primer estado de alarma.

En ambos casos una mayoría conservadora, con la suma de Encarnación Roca, ha sacado adelante sentencias favorables a los argumentos de Vox. En el caso del confinamiento y el primer estado de alarma, la mayoría del pleno entendió que supuso la suspensión del derecho a la libre circulación de los españoles y que el paraguas legal del estado de alarma era insuficiente: para ellos hubiera sido necesario declarar el estado de excepción. En el caso de la suspensión de plazos de la Mesa del Congreso durante las primeras semanas de la primera ola, la mayoría del pleno entendió que la medida cercenó los derechos políticos de los diputados ultraderechistas y reprocharon al organismo que dirige Meritxell Batet que no buscase alternativas.

Dos sentencias que se encontraron con graves discrepancias de cinco magistrados repartidas en siete votos particulares. María Luisa Balaguer, Juan Antonio Xiol y Cándido Conde-Pumpido lo hicieron junto Juan José González Rivas y Andrés Ollero. En el caso del primer estado de alarma, los discrepantes entendieron que el derecho a la libre circulación había quedado limitado pero no suspendido, y además de manera plenamente justificada. En el segundo caso los discrepantes argumentaron también que los derechos de los diputados de Vox no se vieron cercenados por suspender los plazos de las iniciativas parlamentarias durante algunas semanas. Consideraron, incluso, que habían tenido multitud de alternativas para ejercer el control al Gobierno.

Está por ver cómo se desarrollan las deliberaciones sobre el segundo estado de alarma, nuevamente provocadas por un recurso de Vox. El partido de ultraderechista recurre varias medidas clave como el toque de queda nocturno, las limitaciones a la movilidad entre comunidades autónomas o las restricciones en los lugares de culto, entre otras. Medidas mucho menos severas y estrictas que el primer confinamiento que declararon inconstitucional y que, además, contaban con muchas más alternativas en la normativa que en el primer caso.

Más renovaciones a la vista

El Tribunal Constitucional no se renueva de golpe cuando acaba el mandato. Sus doce miembros tiene cada uno un mandato de nueve años y se renuevan de cuatro en cuatro cada tres años. Los cuatro magistrados que abandonarán próximamente el pleno entraron en 2012 y llevaban ya, por tanto, dos años de más en el Tribunal Constitucional: eso significa que los cuatro entrantes tendrán dos años menos de mandato. Los siguientes en la lista tienen previsto el final de su mandato en junio del año que viene: los conservadores Antonio Narváez, Santiago Martínez-Vares y Pedro José García-Trevijano además del progresista Juan Antonio Xiol. Eso también obligaría a cambiar la presidencia de nuevo.

Las negociaciones, por tanto, tendrán que retomarse en menos de un año. Los cuatro puestos recién acordados proceden del Congreso y el Senado, pero los cuatro siguientes se corresponden con los dos propuestos por el Consejo General del Poder Judicial y los dos que corresponden al Gobierno. Está por ver cómo queda entonces la composición del pleno: si para entonces el órgano de gobierno de los jueces ha sido renovado y si el ejecutivo de coalición propone candidatos que rompan la actual aritmética con una mayoría progresista.

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”

Artículo 14. Constitución Española

Aconsejó Quijote a Sancho: “No te ciegue la pasión propia en la causa ajena, que los yerros que en ella hicieres las más veces serán sin remedio, y si le tuvieren, será a costa de tu crédito”, antes de que este asumiera funciones de juzgador. Es una pena que tantos jueces ignoren este capítulo de El Quijote y, sobre todo, que ignoren la ética que se esconde tras él, que no es sino la ética básica de la justicia y de quien la imparte.

Vengo a contarles el caso, una vez más, de una injusticia palmaria cometida en la Audiencia Nacional. Y es un acto injusto porque la justicia debe tratar igual lo igual y porque debe hacerlo sin discriminación alguna por ninguna circunstancia personal. Ni siquiera vale que el justiciable te parezca un cabrón y un antiespañol. Dicen algunos que la tengo tomada con los jueces, pero más pareciera que los jueces la tienen tomada con la Justicia y que no dejan otro remedio que airear las tropelías por mor de que no pasen desapercibidas en el cedazo de la decencia.

Voy a limpiarles de broza leguleya la cuestión y traducirla al román paladino para que entiendan mejor lo que Concepción Espejel –“Querida Concha”– y tres magistrados más han perpetrado teniendo al parecer más en cuenta quién era el destinatario de su acción que la coherencia y la imparcialidad. Los magistrados Espejel, Gutiérrez y Sáez tenían que determinar si había prescrito o no la responsabilidad civil derivada de un delito. Tres magistrados, como se hace siempre. No obstante, la presidenta Doña Concha decide hacer uso de un invento promovido por Grande-Marlaska en su día y consistente en meter más magistrados, toda la sección, en un caso concreto. Una forma que ya de por sí puede alterar el juez predeterminado, pero ni en esto me voy a meter. Dicta una providencia en la que dice que “vista la naturaleza del asunto” se considera “conveniente” que lo vea la sección entera. La naturaleza del asunto es la misma que la de centenares de asuntos que se despachan de corrido, que no es otra que los criterios de prescripción pacíficamente aceptados por el tribunal. A menos que haya otra “naturaleza” que se nos escape.

Reunidos los cinco jueces y con ponencia de Ramón Sáez –ya les conté, el número 1 en el examen de los penalistas de la judicatura española– este propone la prescripción de la responsabilidad civil siguiendo “la práctica continuada de la Audiencia Nacional que ha negado que una simple averiguación patrimonial interrumpa el periodo de prescripción”, y en ese mismo sentido había informado la Fiscalía. Sé que parece prolijo pero quédense con que todas las secciones de la Audiencia Nacional tienen ese mismo criterio y que el informe fiscal lo apoya. Pues bien, no ha sido así en este caso. El ponente quedó en minoría, defendiendo lo que hace décadas aplica la AN y tuvo que hacer un voto particular. La mayoría ha cambiado de tercio y ha considerado que este justiciable, digo este porque a nadie más se le ha aplicado esta teoría, tiene que hacer frente a la responsabilidad civil de un delito sentenciado en 1996 y cuyo único requerimiento de pago, saldado con insolvencia, se realizó en 1998 de manera que los quince años de prescripción se habrían cumplido el 5 de agosto de 2012.

Así que ahora, y al menos solo para este caso, la mera instrucción de averiguación patrimonial por parte de la Fiscalía interrumpe el periodo de prescripción. Olvídense de todo el lío conceptual y quédense con qué Concha Espejel y Eduardo Gutiérrez consideran ahora –junto a los dos magistrados metidos de más– que es mera averiguación del fiscal sirve para que los plazos corran desde ese momento. Cosa ciertamente notable si tenemos en cuenta que tengo en mis manos un auto de hace 15 meses en el que ambos firmaron que consideran prescrita la responsabilidad civil de un colaborador de ETA en un plazo de quince años “por cuanto la averiguación patrimonial que se realizó y que culminó en un decreto de insolvencia, no puede considerarse interruptora del plazo”. O sea, justo lo contrario. Tengo varios autos así. Pero es que en estos días ha habido autos de otras secciones que consideran también que esa averiguación no interrumpe el plazo de prescripción.

¿Qué ha pasado entonces? Tengan en cuenta que les he hecho trampa porque no les he contado, y verán que es imprescindible para entenderlo, que el auto diferente, el distinto, el que se aparta de la doctrina de décadas de la sala es el que declara que no ha prescrito la responsabilidad civil del cabrón de Gonzalo Boye y que por tanto tiene que pagarla. ¿Ven como ahora todo cobra otro cariz?

A mí me parece fenomenal que Boye le parezca un cabrón a usted que me lee, al de al lado o a una masa social. Incluso me parece perfecto que le parezca un cabrón a muchos jueces, sobre todo desde que le puso una demanda personal a Llarena en Bélgica en la que puso en jaque que responda con su patrimonio personal. Eso es lógico que le parezca una tropelía a cualquier otro juez, por mor de que podría sufrirlo en sus carnes y yo lo entiendo. A mí no me importa qué valoración íntima hagan de una persona concreta siempre y cuando no retuerzan la ley ad hominem y esto es lo que no solo parece que ha pasado sino que es lo que piensan muchos, incluso dentro de la Audiencia Nacional.

Vale que Boye les parezca un cabrón y un tipo infame que cometió un delito y estuvo en la cárcel, pero no vale que al tratar sus asuntos no se tenga en consideración el artículo 14 de la Constitución Española, ese que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. Ahora saltará alguno ¡es que el cabrón de Boye no es español sino alemán! y yo les contestaría, entonces es preceptivo considerar el artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos que también es ley española y que dice lo mismo.

La historia es más clara ahora que he dejado de hacerles trampa. Boye pagó su pena y salió de prisión y hubo un momento en que su responsabilidad civil quedó prescrita, entre otras cosas porque la víctima nunca la reclamó. Curiosamente, en noviembre de 2018, alguien fue a buscar a esa víctima de 92 años para conseguir que, ahora sí, consintiera en efectuar la reclamación. Así las cosas todo quedaba listo para apretarle las tuercas –e intentar sabotear su actual negocio de abogado– y solo quedaba torcer toda la línea jurisprudencial aplicada por la Audiencia Nacional cuando llegara su caso y no antes. Todo muy lindo. Tres magistrados que quieren llegar al Supremo cuanto antes –dos a la Sala II y uno a la Sala V– y una magistrada en comisión de servicio, a la que Espejel y Lesmes deben “renovarle el contrato” cada seis meses, le han dado vuelta al criterio consolidado de la Audiencia Nacional y sin llevarlo a un pleno de la Sala de lo Penal. Todo en orden. La Justicia que se levanta la venda de los ojos cuando resulta conveniente para ver quién es quien se sienta ante ella.

No es esa la cuestión la valoración que se haga del justiciable. Hoy la venda se levanta para él y mañana puede ser por cualquier de nosotros. El criterio alterado, para lo que al menos parece un escarmiento, de aplicarse kantianamente en adelante convertiría en imposible la reinserción puesto que siempre planearía sobre cualquiera que hubiera cumplido su pena y que lograra convertirse en un ciudadano de provecho, el golpe de gracia inesperado y gratuito que pudiera destrozarlo. Eso es lo que se juega en esta partida. Eso y la insoportable tendencia de la AN a crear vuelcos doctrinales con nombre y apellidos. Todas con un objeto claro y olvidando que, en Justicia menos que en nada, el fin no justifica los medios.

Los tres magistrados de la Audiencia Nacional que fueron apartados de los juicios de Gürtel por su afinidad al Partido Popular ocupan ya relevantes puestos de la judicatura por decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El último en ser apartado de los procesos por corrupción que afectan al partido de Pablo Casado, Juan Pablo González, fue elegido este jueves presidente de la Audiencia Provincial de Madrid. Todos los vocales conservadores, incluido el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, han votado en bloque a González, mientras que los progresistas y el propuesto por el PNV han optado por otra candidata.

Mejor suerte aun que González corrieron en su momento Concepción Espejel y Enrique López, miembros del tribunal original de Gürtel junto al progresista José Ricardo de Prada. Los compañeros de estos magistrados en la Sala de lo Penal decidieron por mayoría que López y Espejel no cumplían con la apariencia de imparcialidad requerida y que no podían juzgar una causa en la que el Partido Popular era acusado como responsable civil y en el banquillo se sentaban una veintena de sus antiguos cargos. Los dos jueces habían dado muestras sobradas de proximidad al partido conservador, según plantearon las acusaciones populares y respaldó la Fiscalía Anticorrupción.

Pero aquella decisión no resultó a la postre negativa para sus carreras. El Poder Judicial que emanó de la mayoría absoluta del Partido Popular en la primera legislatura de Rajoy decidió, el 15 de mayo de 2017, que Espejel debía presidir la Sala de lo Penal. Es la misma Sala de lo Penal cuyos miembros habían decidido mayoritariamente apartarla de los juicios de Gürtel, incluido el de la financiación irregular del partido o caja B. Solo uno de los vocales conservadores, Vicente Guilarte, no apoyó su elección. Los otros 11 conservadores, con Lesmes a la cabeza, votaron en bloque a Espejel. Entre ellos estaba el actual ministro del Interior del Gobierno socialista, Fernando Grande-Marlaska.

Entre los argumentos para apartar a López y Espejel de cualquier juicio al PP estuvo el de haber sido elegidos miembros del CGPJ a propuesta de ese partido. Anticorrupción expuso que Luis Bárcenas, el extesorero del partido y procesado en distintas piezas de Gürtel, había votado en el Senado la elección de Espejel.

El caso de Enrique López es único por la insistencia del Partido Popular en encumbrarle. En junio de 2013, el PP por fin logró que se convirtiera en magistrado del Tribunal Constitucional junto a Pedro González-Trevijano, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos cuando obtuvieron sus másteres Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón. Un año después, la Policía Municipal detuvo a Enrique López por el centro de Madrid conduciendo su motó a las 7:30 de la mañana borracho y sin casco. López se vio obligado a dimitir.

Pero la vida, o más bien el control del PP del órgano de Gobierno de los jueces, dio a Enrique López una segunda oportunidad y le convirtió en magistrado de la recién creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional en la primavera de 2017.

Entre el incidente de circulación y el ascenso, Enrique López había vuelto a la Sala de lo Penal. Allí, junto a Espejel, se empeñó en que el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata fuera juzgado por unos chistes en Twitter de su etapa anterior a la política. El juez de instrucción, Santiago Pedraz, había archivado la causa en tres ocasiones al no apreciar delito, pero la insistencia de Manos Limpias y una supuesta asociación de víctimas del terrorismo financiada por el Ministerio del Interior encontró la comprensión jurídica de los dos jueces afines al PP.

La elección de López hizo extender la indignación en la carrera judicial. La Sala de Apelaciones es fruto de un antiguo reproche de Europa porque la Audiencia Nacional carecía de una segunda instancia que revisara sus sentencias. López y Eloy Velasco pasaban a integrar la más alta instancia del tribunal especial. Ninguno de los dos tenían experiencia en poner sentencias, según criticaban sus compañeros.

La elección de ambos correspondía a la comisión permanente del CGPJ, una versión reducida del pleno que, según la reforma legal de Alberto Ruiz-Gallardón, hacía que sus miembros fueran los únicos con una retribución mensual de 6.000 euros y dedicación exclusiva. Solo los progresistas Álvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda se opusieron al nombramiento de ambos.

El criterio que había impuesto el Gobierno de Rajoy para integrar la Sala de Apelaciones era tener la especialidad en derecho penal, algo aparentemente lógico. Lo que ocurre es que en España esa especialidad solo se le reconoce a aquellos que superaron una oposición menor hace veinte años, frente a otros que aprobaron una mucho más exigente y anónima en 2011, pero que fue anulada en parte por el Tribunal Supremo. De esta forma, solo doce jueces ostentan la única especialidad en penal reconocida, entre ellos Enrique López y Eloy Velasco.

Una vez convocada la plaza, solo restaba que ambos se presentaran para aplicar el criterio de selección y que fueran los elegidos. En el caso de Velasco, su ascenso implicaba que deja de instruir los casos de corrupción más graves que afectan al PP y cuya investigación está aún abierta: la pieza del caso Púnica que investiga su financiación irregular en Madrid y la Operación Lezo. A ese cambio en el Juzgado de Instrucción número 6, que finalmente se produjo, se refería en un pinchazo de Lezo el propio Ignacio González. El expresidente madrileño planteaba a Eduardo Zaplana la conveniencia de hacer regresar al titular de la plaza, en un destino privilegiado en Roma, y enviar a Velasco a “escarbar cebollinos”.

Un CGPJ al borde de la prórroga

La elección de Juan Pablo González debía ser la última que adoptara el actual Consejo, toda vez que su mandato de cinco años expira el próximo martes. La ruptura de la negociación para su renovación por parte del Partido Popular prolonga sine die el actual Poder Judicial, con Carlos Lesmes al frente. González había aspirado sin éxito a otros puestos durante el actual mandato del CGPJ, como la Sala de lo Penal del Supremo.

El partido de Casado decidió romper el acuerdo de reparto de las sillas alcanzado con los socialistas después de que Manuel Marchena renunciara a sustituir a Lesmes. A su vez, la decisión de Marchena estuvo motivada por la difusión de un mensaje de whatsapp por parte del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que salía al paso de las críticas internas por el reparto alcanzado y aseguraba que con el nuevo presidente su partido “controlaría” la Sala Segunda del Supremo “desde atrás”.

Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, ha emitido un comunicado en el que critica el nombramiento de González porque manda “un mensaje demoledor a la carrera judicial al ser preferidos aquellos candidatos por sus afinidades políticas o de amistad frente a quienes de modo ininterrumpido han ejercido durante años y en exclusiva la labor jurisdiccional”. “Este nombramiento supone un nuevo revés para la imagen de la Justicia por lo que pedimos nuevamente la dimisión de Carlos Lesmes, y la inmediata renovación del CGPJ”, concluye la asociación progresista.

En la misma reunión del pleno del CGPJ se ha elegido a Concepción Ureste nueva magistrada de la Sección Cuarta del Tribunal Supremo. En este caso, Ureste ha resultado elegida con los votos de los vocales progresistas, a los que se ha unido Lesmes y otro vocal conservador.

La composición del tribunal que juzgará la financiación irregular del PP vuelve a cambiar. La marcha voluntaria de Ángel Hurtado de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, encargada de enjuiciar todas las piezas de Gürtel, ha provocado la llegada de un sustituto, en este caso Fermín Echarri, que integrará, en consecuencia, el tribunal que juzgará la caja B del PP.

La presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, en la que refleja acuerdo del 11 de septiembre por el que “adscribe al magistrado de refuerzo D. Fermín Echarri Casi” a la Sección Segunda.

Espejel alega la aplicación de las “normas de designación de ponencias y formación de tribunales aprobadas por Acuerdo de la Sala de Gobierno datado a 20 de noviembre de 2017”.

Aquel polémico cambio en las normas de reparto hizo que se deshiciera la mayoría del tribunal de Gürtel que posibilitó la citación de Mariano Rajoy como testigo en el juicio, y que formaron el progresista José Ricardo de Prada y el conservador Julio de Diego, frente al criterio de Ángel Hurtado.

Tras el enfrentamiento entre Hurtado y los otros dos magistrados, el primero se vio obligado a ceder en la redacción de la sentencia. Una vez dictada, solicitó la salida de la Sección Segunda.

La primera modificación del tribunal fue motivada por la decisión de la mayoría de la Sala de lo Penal de apartar a la propia Espejel -todavía no era presidenta de la Sala- y a Enrique López de todos los juicios de Gürtel por su proximidad al PP. Tanto Fermín Echarri como Ángel Hurtado votaron en contra de que fueran apartados.

La Ley dice que las deliberaciones de un tribunal son secretas, pero el voto particular de la sentencia del caso Gürtel desvela quiénes son los autores de los pasajes que hacen referencia a la financiación irregular del Partido Popular, párrafos sobre los que se levantó la moción de censura del PSOE y que a la postre han supuesto el final del Gobierno de Mariano Rajoy. En ese voto discrepante, el magistrado Ángel Hurtado se opone a las referencias que sus dos compañeros del tribunal, Julio de Diego y José Ricardo de Prada, hacen de la caja B del PP en el apartado de hechos probados de la sentencia.

A estos tres magistrados correspondió juzgar el caso Gürtel, e iban a hacer lo propio con la pieza separada de la caja B, después de que fueran apartados del tribunal original Concepción Espejel y Enrique López por ser demasiado próximos al partido de Mariano Rajoy. El Consejo General del Poder Judicial, con mayoría de vocales propuestos por el PP, ha ascendido a los dos con posterioridad. A “querida Concha” (como se refirió María Dolores de Cospedal a Espejel públicamente en 2014) le encomendó presidir la Sala de lo Penal, la misma que había decidido que no podía juzgar un caso que afecta al PP. El ascenso de Espejel desató una serie de cambios, aparentemente reglamentarios, que derivaron en una nueva modificación del tribunal que iba a juzgar la caja B. 

Esos cambios implicaban que el magistrado Julio de Diego ya no se sentaría en el tribunal de la caja B. De talante conservador, este juez había acordado con el progresista José Ricardo de Prada que Mariano Rajoy y la plana mayor de Aznar declararan en el juicio de Gürtel, decisición adoptada con la oposición de Ángel Hurtado. La salida de De Diego, por tanto, alejaba la posibilidad de que Rajoy volviera a ser llamado a declarar en el juicio de la caja B, con más argumentos aún de cuando fue requerido para el de Gürtel.

Y cuando parecía que Julio de Diego y José Ricardo de Prada no iban a poder acordar nada más que aludiera a la caja B del PP, llegó la sentencia del caso Gürtel. La coincidencia entre ellos motivó que el juez Hurtado renunciara a ser el ponente de la misma por estar enfrentado al criterio de sus dos compañeros. Entre los motivos, su negativa a condenar al PP en concepto de responsable civil a título lucrativo y a la inclusión de referencias a su financiación irregular. De Prada y De Diego argumentan, por su parte, que son necesarias para dar “contexto”. Los tres están de acuerdo en condenar a Luis Bárcenas  por apropiación indebida de fondos pertenecientes a esa caja B.

De Prada y De Diego habían recurrido sin éxito los cambios en las normas de reparto que sacaron al segundo del tribunal de la caja B, pero la sentencia de Gürtel les ha permitido dejar por escrito afirmaciones como que parte de los fondos de Gürtel “sirvieron para directamente pagar gastos electorales o similares del Partido Popular, o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada ”Caja B“ del partido, consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde el año 1989”. También dan por probados los “sobresueldos” a sus dirigentes o consideran que los relevantes testigos del PP que hicieron llamar al juicio, con Mariano Rajoy a la cabeza, ofrecieron testimonios sin “credibilidad”.

Frente a ello, el juez Hurtado asegura en su voto particular que “no era necesario introducir los referidos pasajes porque, estando encartado el PP como partícipe a título lucrativo, hay que partir de su total ausencia de participación en los hechos delictivos y su desconocimiento de los mismos”. Argumenta que si a alguien se le juzga como responsable civil es porque no hay ninguna implicación penal en su actuación y, por tanto, “su responsabilidad no debe estar expuesta al mismo juicio de reproche que sirve de fundamento a la declaración de culpabilidad penal”.

La Audiencia Nacional tenía previsto celebrar el juicio de la caja B a lo largo de 2018, una vez se conociera la sentencia de Gürtel, pero la composición de su tribunal es a día de hoy una incógnita. Un tercer magistrado ha sido apartado y aún no tiene sustituto, mientras que José Ricardo de Prada, el único que resistió del juicio de Gürtel, se encuentra en excedencia en el Tribunal Penal Internacional de La Haya. 

Otra modificación anodina de la normativa interna de la Audiencia Nacional en 2015, aprobada un 24 de julio, hacía imposible que el progresista De Prada tuviera opciones de redactar las sentencias de Gürtel o la caja B. Fue Espejel, presidenta entonces de la Sección Segunda, quien propuso a la Sala de Gobierno que se impusiera un sistema de sustituciones en todas las secciones de tal forma que, si un magistrado se ausenta por vacaciones, licencias, enfermedad u “otras causas”, fuera sustituido por el que tuviera asignado el siguiente procedimiento numerado.

En esas “otras causas” cabía la de recusación, precisamente la que ya entonces amenazaba a Enrique López, a quien le correspondía redactar el fallo. La opción del sorteo quedaba descartada y Ángel Hurtado, otro conservador, se convertiría directamente en el redactor de las sentencias de Gürtel y caja B  gracias a la modificación propuesta por Espejel.

Tres jueces depurados por próximos al PP

Si bien la sentencia de Gürtel es su revés definitivo, las maniobras que han acechado a la investigación de Gürtel han sufrido otros previamente. Las nuevas normas de reparto consecuencia del ascenso de Espejel ubicaron en el tribunal de la caja B a otro de los magistrados considerados más próximos al PP en la Audiencia Nacional, Juan Pablo González. Pero como ocurriera con López y Espejel, éste también ha sido recusado y apartado. Sus compañeros, en una votación muy ajustada, se posicionaron mayoritariamente a favor del argumento de que el PP ha supuesto “un impulso decisivo” en su carrera de magistrado.

Otras decisiones tomadas desde el Gobierno y que parecía allanarían el camino del PP en la investigación de su financiación irregular también tuvieron consecuencias inesperadas. Ocurrió con la salida de Pablo Ruz del juzgado que investigaba al partido de Rajoy en dirección a Móstoles. Durante la instrucción, el juez tuvo tiempo  de dar por acreditada indiciariamente la financiación irregular del PP, pero cuando dictó aquel auto sabía ya de su salida inminente. Fue el magistrado que expulsó a la formación de la acusación que ejercía en Gürtel y caja B por actuar más bien como el abogado defensor de Bárcenas y su mujer.

El Ejecutivo decidió en diciembre de 2014 sacar a concurso 364 plazas que estaban ocupadas de forma interina. En el seno del Consejo General del Poder Judicial hubo un choque sobre la interpretación de la ley y la posibilidad de que Ruz pudiera seguir hasta febrero de 2016 en comisión de servicio. Se impuso la mayoría conservadora, que se negó también a que la decisión se elevara al pleno del CGPJ.

En el concurso abierto para ganar la plaza de Ruz, sin embargo, se impuso el magistrado de mayor antiguedad de cuantos se habían presentado, José de la Mata, un antiguo cargo del Ministerio de Justicia con el Gobierno del PSOE. El actual instructor de la caja B ha reabierto el caso con ímpetu e insiste en las posibilidades de llevar al juicio pruebas de que las donaciones de dinero negro sí eran finalistas, esto es, se correspondían con adjudicaciones concretas de obra pública, lo que permitiría sentar en el banquillo a los empresarios.