El Constitucional también rechaza el cierre del Congreso al principio de la pandemia

El Tribunal Constitucional ha decidido anular la suspensión de la actividad del Congreso decretada en las primeras semanas del estado de alarma en 2020. Según adelanta El País y ha confirmado elDiario.es, los jueces han decidido apoyar el recurso de Vox con seis votos a favor y cuatro en contra. Tal y como reveló elDiario.es, el partido ultraderechista recurrió la medida después de pedir por carta a la presidenta de la cámara baja, Meritxell Batet, que anulase la agenda del Congreso.

Los jueces, tal y como explica el Constitucional en un comunicado, entienden que se ha vulnerado el derecho fundamental de participación política de los diputados por ese cierre que duró varias semanas. Declara la nulidad de los acuerdos de la Mesa del Congreso del 19 de marzo acordando suspender tanto plazos reglamentarios de iniciativas como el posterior del 21 de abril que desestimó la reclamación de Vox.

El comunicado añade que, según el Constitucional, la declaración del estado de alarma “no puede en ningún caso interrumpir el funcionamiento de ninguno de los poderes constitucionales del Estado y, de modo particular, el Congreso de los Diputados”. La decisión de la Mesa del Congreso, por tanto, “hizo cesar temporalmente la tramitación de iniciativas parlamentarias” del resto de diputados.

La sentencia, como ha sucedido en casos anteriores, no ha sido unánime y contará con los votos particulares de varios magistrados: Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer, Juan Antonio Xiol y el presidente Juan José González Rivas.

Se trata de una nueva victoria judicial de Vox a la ahora de recurrir medidas del Gobierno relacionadas con la lucha contra la primera y devastadora ola de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. El pasado mes de julio el mismo pleno aceptó un recurso de la formación ultraderechista y declaró inconstitucionales medidas como el confinamiento estricto al entender que se habían tomado bajo el paraguas de un insuficiente estado de alarma. Una sentencia que no fue unánime y que estimó que el ejecutivo tendría que haber optado por el estado de excepción.

En ese caso Vox también recurrió una medida que previamente había apoyado con sus votos en el Congreso. Los jueces del tribunal de garantías todavía tienen más asuntos relacionados con la pandemia por resolver, también planteadas a través de recursos de Vox, como la prórroga del estado de alarma.

Los magistrados del tribunal de garantías tenían pensado votar este fallo en el pleno de septiembre pero un cambio de criterio del ponente, Antonio Narváez, obligó a retrasar la decisión. Pasó de proponer una sentencia desestimatoria a poner encima de la mesa una estimación del recurso de Vox, consiguiendo hoy el apoyo de seis compañeros. Uno de los magistrados no ha participado en el pleno por enfermedad.

Batet defiende la duración “limitada” de la agenda del Congreso

En un comunicado, la presidencia del Congreso, que corresponde a Meritxel Batet, ha recordado que el acuerdo ahora impugnado por el Constitucional tuvo lugar una semana después de haberse producido la suspensión de una sesión plenaria del Congreso a petición de Vox, que había comunicado su decisión de cumplir una cuarentena por el positivo en COVID-19 de uno de sus miembros, y unos días después de que otros órganos constitucionales, entre ellos el propio Tribunal Constitucional, tomaran decisiones similares. 

Batet asegura, además, que la suspensión de los plazos aplicables a la presentación de enmiendas a las iniciativas legislativas y al cómputo de los relativos a las iniciativas de control escrito tuvo “una duración limitada en el tiempo” —de dieciocho días hábiles— y que se realizó “con el propósito de hacer posible la continuidad de la actividad parlamentaria y el cumplimiento de las instrucciones de las autoridades sanitarias en una situación de pandemia”. 

En este sentido, recuerda que se suspendió un único pleno y que el Congreso “siguió reuniéndose” en dos ocasiones en marzo con sendas comparecencias del presidente del Gobierno, en cuatro sesiones plenarias en cada uno de los meses de abril y mayo, en nueve sesiones en junio y en seis en el mes de julio; mientras que las diferentes comisiones se reunieron hasta en ochenta ocasiones en ese período de sesiones. También afirma que se tramitaron todas las iniciativas parlamentarias y se mantuvo el control parlamentario “que nunca fue suspendido, respondiéndose en ese período de dieciocho días hábiles a más de mil preguntas de los diputados”. 

La secretaria general del grupo parlamentario de Vox, Macarena Olona, ha exigido este martes la dimisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tras conocerse la sentencia del Constitucional. “Es absolutamente incierto de que el secuestro del Congreso haya sido incitado por Vox”, ha sentenciado, mientras a la vez calificaba de “hito judicial” la nueva sentencia del recurso presentado por el partido de extrema derecha.