Amenazas, obras eternas y problemas sin fin: acusaciones de acoso inmobiliario en la calle que está en el corazón de los encierros de San Fermín

Los inquilinos del portal número 18 de la calle Mercaderes en Pamplona barajan denunciar a la empresa dueña del bloque, propiedad de Fernando Vidaurre, por acoso inmobiliario tras casi 11 meses de presiones. El periplo comenzó a finales de abril de 2025, cuando les anunciaron la venta de los pisos y la necesidad de que los desalojasen, a pesar de que todos ellos tenían contratos en vigor. Desde entonces, los vecinos alegan haber vivido obras innecesarias, desactivación del ascensor, amenazas y en ocasiones no se les han garantizado las condiciones mínimas de habitabilidad. Además, según ha podido conocer elDiario.es/Navarra, no es el primer caso en el que el dueño de Vidaurre Group, constructora de numerosas obras a grandes instituciones (como el Centro Bioma de la UNAV, que cuenta con un presupuesto de 45 millones de euros; o el proyecto Iberia Loreto 1, encargado por el Ayuntamiento de Madrid por 12 millones) genera descontentos entre los vecinos del Casco Viejo de Pamplona.

Los vecinos que aún resisten en el bloque del número 18 de la calle Mercaderes, una de las más icónicas de Pamplona por ser escenario de los encierros, recuerdan bien el día que comenzó todo: 28 de abril de 2025, día del apagón nacional. El empleado y portavoz de Fernando Vidaurre, propietario de la empresa VDR (Vidaurre Group), dueña del edificio, les convocó a una reunión en su sede, ubicada en la calle San Agustín, para decirles que “iban a vender el edificio y tenían que marcharse”, según han relatado los inquilinos. “Intentaron engañarnos para que firmásemos nuestra salida, pero no firmamos y avisamos a todos los vecinos que no lo hicieran”, recuerdan algunos de ellos.

Según han explicado los propios moradores, algunos de los inquilinos llevan viviendo desde 2021 y “la última persona entró en abril de 2025”, el mismo mes de la notificación. Además, algunos tienen “contratos de siete años” de vigencia por “ser la propietaria una persona jurídica”, explican.

Dos meses antes, en febrero del pasado año, se hacía pública la noticia en un periódico local de que el edificio había conseguido, a través de un recurso presentado al Ayuntamiento de Pamplona, once licencias turísticas (correspondientes a las once viviendas que componen el inmueble). Según el Sindicato Socialista de la Vivienda, vinculado a GKS, antes de la compra del edificio por parte del Grupo Vidaurre en 2019, las viviendas fueron apartamentos turísticos gestionados por el Hotel Avenida desde 2012. Con el cambio de dueño, el edificio se siguió explotando turísticamente hasta la pandemia, momento en el que se reconvirtió para el alojamiento de viviendas convencionales.

“Los vecinos [del edificio] conocíamos el sindicato porque lleva tiempo activo en Iruñea”, señalan los inquilinos, que se pusieron en contacto con la organización para resolver las dudas sobre sus situaciones. “Ha supuesto una seguridad a la hora de conocer nuestros derechos como inquilinos” y así poder seguir adelante, afirman. Según la Ley de Arrendamientos Urbanos, el propietario no puede echar a los inquilinos únicamente porque quiera vender la vivienda, ya que la venta no extingue bajo ningún concepto el contrato de alquiler, sino que el comprador quedaría sujeto al contrato vigente y sus plazos establecidos. Además, si el propietario desea alcanzar un acuerdo para que los inquilinos abandonen la vivienda antes, este solo es posible si los inquilinos aceptan voluntariamente, ya que no existe obligación legal de que lo hagan. Por tanto, si quieren permanecer en la vivienda hasta la finalización del contrato, tienen derecho a hacerlo. En el caso de que el propietario quiera vender el inmueble vacío, deberá esperar a que finalice el contrato o negociar una salida anticipada con los inquilinos, sin poder imponerla unilateralmente conforme a lo previsto en la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos.

Las nuevas reuniones que mantuvieron los vecinos y el propietario en mayo para negociar una posible salida, no fueron fructíferas. El dinero que les ofrecieron “no era justo”, explica uno de los vecinos. “Durante ese tiempo, estuvimos buscando viviendas, pero no encontramos ningún otro lugar con unas condiciones parecidas. O eran muy caras, o están lejos, o no son de larga estancia”, dicen. Ante la negativa de abandonar las viviendas —que en ese momento eran cinco puertas de las once que tiene el edificio—, porque “estaban bien” en sus casas y no querían mudarse con “peores condiciones simplemente porque al dueño le viniese bien”, el empleado de Vidaurre Group les advirtió: “Estáis bien hasta que no lo estéis, porque en el edificio las cosas empiezan a fallar. No es presionar, es lo que va a pasar”. En otra ocasión, los vecinos recuerdan que Fernando Vidaurre les advirtió que “tenía sus armas” si no pactaban con él.

Según los afectados, Vidaurre y su representante se negaron a que el sindicato mediase en las “negociaciones”, además de vetar la entrada de la organización a las reuniones mantenidas durante el año pasado. Respecto a las instituciones oficiales, algunas de las vecinas explican que acudieron a la Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona y se sintieron “totalmente infantilizadas y humilladas”. “También hemos llamado por teléfono [a otros organismos] y no nos han aclarado nada”.

Durante el verano, a una de las casas se le averió el agua caliente. Sin embargo, los propietarios se negaron a arreglarla durante meses, corriendo finalmente la reparación a cargo de los vecinos, que todavía no han recibido reembolso de los gastos. Según relatan los inquilinos, “hay un gran cambio de actitud y atención” desde que los propietarios comenzaron la campaña y ahora. Antes, “la comunicación era fluida” y las respuestas ágiles. Pero, desde el comienzo de la situación, la propiedad “usa el desgaste” e ignora a los vecinos, a pesar de que está obligada a mantener la habitabilidad de la vivienda. Lo mismo pasó en otro piso con la calefacción, averiada a finales de verano. “Nos trajeron radiadores enchufables, pero seguía haciendo frío”, declaran las inquilinas, que durante la ola de frío de diciembre (cuando las temperaturas rozaron los 3 grados bajo cero) el domicilio no superaba los 15 grados, según declaran. También tenían miedo de pedir la reparación por si no la finalizaban. “Es calefacción radiante y hay que levantar todo el suelo. Como quieren que nos vayamos, lo mismo nos dejan sin suelo y no lo reparan”.

En septiembre de 2025, los vecinos conocieron a Fernando Vidaurre en una reunión para intentar llegar a un acuerdo y exponerle sus condiciones. Sin embargo, el propietario no aceptó y, además, les avisó de que se realizarían obras de reparación de unas humedades ubicadas en el portal. Poco después, ya en el mes de octubre, bajaron los plomos del ascensor y comenzaron a picar el techo y las paredes del portal. Según cuentan los vecinos, en seis meses los obreros han aparecido en el lugar menos de media docena de veces. Ante las preguntas de los vecinos sobre la duración de las obras y, sobre todo, la gestión de los residuos —como los cascotes y fragmentos de pared, que quedaban esparcidos por el suelo e imposibilitaban deambular por el portal—, la respuesta por parte de Vidaurre Group fue nula. Les dijeron que “la empresa estaba buscando la humedad” y que no dependía de ellos, pues “los obreros no pertenecían a la empresa”. Sin embargo, los vehículos que manejaba el personal de la “reparación” pertenecían a la compañía de Fernando Vidaurre.

En la memoria de obras, presentada por el propietario al Ayuntamiento y a la que ha tenido acceso elDiario.es/Navarra, se describe que “en las zonas comunes del edificio se han detectado humedades que con el tiempo han ido a más”, provenientes de “los locales contiguos (medianeros)” del edificio. Sin embargo, en la página siguiente de este mismo informe, donde se detalla la obra, se describe que la intervención es un “tratamiento de humedades por capilaridad”. De la misma manera, en los bloques colindantes —correspondientes al número 4 de la calle Calderería y a Mercaderes 16— no se han realizado obras relacionadas con humedades, según el registro de licencias del Consistorio. Tampoco han tenido este tipo de problemas en el local de hostelería que ocupa el bajo de Mercaderes 18, según ha explicado el encargado, que corrobora la versión de los vecinos de que “el portal se encontraba en perfecto estado”. También, respecto a esta intervención, hay registrada en el Ayuntamiento una incidencia relacionada con una mala gestión de los residuos por hallarse esparcidos por todo el habitáculo que compone el portal y la salida.

Ante la duda de que las obras encargadas por Fernando Vidaurre tuvieran como único fin amedrentarles, los vecinos encargaron a un perito un análisis técnico. Las conclusiones, tras varias páginas que explican el arduo análisis que se hizo in situ y de los restos, fueron muy rotundas, concluyendo que “nada” indicaba “la necesidad de acometerlas”. Además, en las conclusiones del informe también se refieren a la desactivación del ascensor, reflejando que “se desconoce la causa por la que no está en funcionamiento, ya que no se han observado afecciones en su entorno”; y añaden que las obras “se están realizando de forma intermitente”, pudiendo “dar lugar a incidentes” por “el tránsito de personas permanente [al ser un portal de acceso a viviendas]”.

Junto con el Sindicato Socialista de la Vivienda, los inquilinos convocaron el 3 de noviembre de 2025 una rueda de prensa frente al portal para “denunciar la situación” que vivían particularmente de “acoso inmobiliario”, pero “más allá de su situación particular”, exponer la problemática del “negocio turístico” en el Casco Viejo de Pamplona. Ese mismo día, según los inquilinos, Fernando Vidaurre supo de la convocatoria antes de celebrarse, pues poco antes de la llegada de los medios limpiaron los escombros y cascotes para meterlos en bolsas, que agolparon en el portal. Una vez terminada, Vidaurre llamó a una de las vecinas, que había actuado como portavoz, “gritando y de muy mala manera” para decirle que “lo que decía era mentira”, relata la joven. Además, la vecina declara que el arrendatario le avisó de que iba a llamar al director de un periódico local (que había cubierto la convocatoria) para que borrase la noticia y, por lo visto, así ocurrió. Poco después del inicio de la campaña, Fernando Vidaurre también se personó delante de la farmacia donde trabaja uno de los inquilinos —que había secundado la protesta— y, según cuenta él mismo, “lo amenazó”, diciendo que le iba a empapelar el escaparate del negocio y que “estaba investigando” a él y a su familia. Otra vecina también alega que Vidaurre llamó a su trabajo preguntando por ella. “Lo hacen para que sepas que te han fichado”, hipotetiza.

Una de las vecinas recuerda que “tuvo mucha ansiedad durante esos días” porque “se ha vendido una historia que no es del todo cierta”. “Hemos sentido muchas veces frustración”. Sin embargo, alega que, a pesar de la incomodidad de la situación, seguían sin encontrar una alternativa viable y se quedaron “simplemente por dignidad y convicción”. “No puede ser que porque quieran hacer negocio nos tengamos que ir de nuestras casas”.

Menos de dos semanas después, el 14 de noviembre, se celebró una asamblea en el Casco Viejo pamplonés “para hablar del tema”, tanto de la situación que vivían los vecinos, como otros casos similares en el barrio. “Acudió mucha gente y hablaron de su situación”, muchas de ellas similares, relatan los asistentes. “Sentimos mucho cariño”, declaran. Un mes después, se convocó una movilización en el Casco Viejo, junto con los vecinos del bloque número 18 de la calle Mercaderes, para denunciar “el negocio inmobiliario” y sus “consecuencias negativas”.

No fue hasta principios de febrero, cuando los obreros comenzaron a recoger el equipo de obra (como los puntales o plásticos) y a reconstruir la pared y el techo del portal. Cabe decir que la fecha coincidía con el vencimiento de la licencia de obra por “humedades”. También “empezaron a hacer obras en los pisos vacíos [en total 6] y activaban el ascensor [que llevaba apagado desde el inicio de las obras por las supuestas humedades] mientras trabajaban”, aunque después lo volvían a apagar, declara una vecina. Por esas fechas, el 11 de febrero de este año, aparecía una pancarta en el segundo piso del inmueble donde anunciaban la venta de los pisos. Un anuncio que el Sindicato Socialista de la Vivienda interpretaba como una victoria. En una rueda de prensa, la organización afirmaba que, “gracias a la presión y la lucha de los vecinos y del Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria”, Vidaurre renunciaba a “construir pisos turísticos”. Sin embargo, en las diversas veces que se ha llamado al número que se expone en el cartel —también desde distintos números de teléfono y tramos horarios— siempre ha saltado un contestador automático.

Por su parte, Fernando Vidaurre, preguntado por este periódico, ha alegado que todo forma parte de una “extorsión personal”. Según declara, la versión expuesta por los vecinos es “mentira” y ya “han conseguido lo que ellos querían”, pues ha renunciado a las licencias turísticas. Ha defendido la existencia de humedades en todo el edificio y ha anunciado que irá a por los vecinos “judicialmente” si dicen “una injuria más”. “Lo tengo todo preparado”, sostiene. Según cuenta, dispone de “toda la documentación” que avala sus declaraciones, pero ha rechazado facilitarla para contrastar la información, como fotos del “portal con humedades”, “el hueco del ascensor inundado” o “correos de la comunidad del edificio contiguo” quejándose por la humedad que causa el número 18 de Mercaderes. “Yo solo quiero irme de ahí. Desaparecer y que sean felices. No soy un especulador”, declara el empresario a este medio. “Voy a vender los pisos uno a uno a inversores. Los voy a vender como empresario, porque tengo derecho”.

Incidente con un trastero

En este mismo edificio, hubo en 2022 otro percance grave relacionado con el empresario. Vidaurre Group vació dos trasteros que no eran de su propiedad. “Rompieron nuestra cerradura y pusieron otra” sin dejar rastro de “todas nuestras cosas”, recuerda la propietaria. El empleado y representante del empresario, el mismo con el que los inquilinos han mantenido el contacto, explicó a la propietaria que “pensaban que los objetos eran de turistas”. Según cuenta ella, Fernando Vidaurre “nunca se puso en contacto” con la afectada “ni para pedir perdón, ni para hacer ninguna propuesta”.

La dueña de los pequeños inmuebles, vecina también de la calle Mercaderes, aunque no del portal 18, compró estos trasteros en 2013. En agosto de 2022 tras “meses sin ir por la pandemia y enfermedades”, tal y como relata la vecina, su hija “fue a coger la bici y no le entraba la cerradura”, aunque pensó que “la llave estaría mal”. Una vez comprobaron que se había cambiado bombín, preguntaron a Vidaurre Group qué había ocurrido muy extrañadas. “Tenían medios para saber que esos trasteros eran de mi propiedad” y no “hicieron nada por comunicarnos” cualquier cambio “en ningún momento”, reclama la propietaria

Después de un buen rato y avisar a la empresa de que iban a llamar a la Policía Municipal, la vecina recuerda que el representante de Vidaurre les dijo por llamada que habían vaciado el trastero “por un error”. “Nos dijeron que habían reformado el portal para justificarlo, pero no lo habían hecho”, apostilla la vecina. Según la Oficina de Rehabilitación Urbana del Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Pamplona, en 2021 solo se realizó una “reforma de pintura en la fachada” desde los balcones, no habiendo constancia de que se hubiera reformado el portal por aquellas fechas.

Además, la empresa de Vidaurre tardó casi dos semanas en darle las llaves. Mientras, la propietaria interpuso una denuncia en la Policía Nacional detallando todo lo que había en los dos trasteros. “Había cosas de todo tipo, muchas de ellas buenas, como la bici, muebles antiguos, mesas de marquetería, equipos de música, material de camping, de playa, maletas...”, todo con un incalculable “valor personal y sentimental”, incluido todos “los recuerdos de infancia de sus hijos”.

Al recibir las llaves, Vidaurre Group solo les dio dos copias, alegando que la otra estaba en paradero desconocido y “la tenían que localizar”, según cuenta la vecina. En el trastero “había un extintor, una mesa del bar de al lado y una fregona con su cubo”, recuerda. Abrir el trastero y que no quedase rastro de sus cosas fue un “shock total”, recuerda la afectada. Avisó a la empresa para informar sobre los objetos y, al volver al día siguiente, “no había nada”. “Habían vuelto a entrar sin permiso y la llave esa que estaba perdida, no lo estaba tanto”, explica la mujer, que procedió a cambiar las cerraduras para que “no hubiera copias por el mundo”.

Según ella, el “encargado de Vidaurre” le admitió en una reunión que “habían tirado todo” al contenedor de escombros “porque estaban de obras” y “pensaban que eran cosas de los turistas”. Aunque “un trabajador del bar de abajo dijo que había cosas que tiraron y otras que se las llevaron en furgonetas”, matiza la vecina. En la reunión que tuvo con el empleado de la empresa de Vidaurre, este le hizo una oferta de compra por los trasteros, aunque, según la dueña, la cifra fue “una desfachatez”. “Nos ofrecieron por los dos trasteros el precio que pagamos por solo uno [casi 10] años antes”.

Cuando la propietaria le avisó que acudiría a la vía penal —por recomendación de la Policía Nacional que la había atendido y su abogado— el empleado de Vidaurre Group le avisó de “con quién se estaba metiendo”. “Ha hecho el [estadio de Osasuna] Sadar”, le advirtió supuestamente este. Durante el juicio, Vidaurre argumentó que las vecinas “tenían que haber ido con más frecuencia”, explica la demandante, a lo que ella misma se pregunta: “¿pero qué obligación tenemos nosotros de ir al trastero cuando tú nos lo digas?”. Además, el empresario declaró que había sido él quien había cambiado la cerradura final de las puertas, a pesar de que la propietaria conservaba las facturas del cambio de bombín. Finalmente, la demanda no dio sus frutos por la vía penal y acudieron a la civil, donde se “conformaron con 6.000 euros”, aunque la dueña había tasado sus enseres por un valor muy superior. “Aceptamos el acuerdo por el temor a quedarnos con los 800 euros que ofrecían ellos, no se hizo justicia para nada”, lamenta. El asunto acabó en febrero de 2025, tres años después del incidente.

Los vecinos del edificio de Mercaderes 18 conocieron la historia de la propietaria del trastero y su hija porque ellas siguen utilizando el pequeño inmueble para guardar otras cosas. “Fui un día a por la bici, vi que estaba todo el portal sucio y pregunté a las vecinas, que me contaron lo que pasaba”, relata la hija de la propietaria. “Entonces les conté nuestra historia y establecimos contacto”. Además, en la asamblea el 14 de noviembre, también “hubo una vecina, que vivió en este edificio, que tuvo una experiencia horrorosa” con Vidaurre, relatan.

En esa reunión, la propietaria del trastero y su hija se sintieron reconfortadas. “A la mujer [que anteriormente vivió en el edificio] se le removía el estómago al saber que [supuestamente, Vidaurre] seguía haciendo lo mismo”. Ahora, afirman que “siguen dando su apoyo” a los vecinos de Mercaderes 18 por “la pesadilla” que vivieron ellas. “[Con nosotras, la empresa de Vidaurre] tuvo la misma actitud que ha tenido con estos chicos”, describe la vecina con pena.

Los inquilinos del edificio consideran que organizarse “ha sido un acierto” y ha ayudado mucho. “A la hora de tomar decisiones nos ha dado una posición de poder diferente”, apostilla una de las vecinas del bloque, que también ha dado valor al soporte moral que ha supuesto. “Cuando nos hemos sentido más vulnerables siempre nos ha reconfortado hablar y darnos fuerzas entre nosotros”, aunque antes no se conocieran “más allá de vernos en el ascensor”. Según aseguran los vecinos, la ayuda del Sindicato Socialista de la Vivienda les ha permitido matizar “todas las verdades a medias (o directamente mentiras) que nos han ido tratando de colar los propietarios”. Además, “está claro que solos no hubiéramos tenido medios para convocar una rueda de prensa y darle tanta visibilidad a la situación del Casco Viejo”, afirman. Aunque también es cierto que, conforme la situación seguía avanzando, ha habido ciertas discrepancias entre la organización y algunos vecinos. A pesar de ello, los inquilinos tienen una cosa clara: “[Vidaurre] nos ha hecho sentir que no podíamos hacer nada, pero luego hemos visto que, realmente, se podía hacer mucho”.