El juez del Constitucional que respalda no vender la píldora poscoital: del Opus, ex diputado del PP y antiabortista
Andrés Ollero, magistrado del Tribunal Constitucional desde julio de 2012, miembro del Opus Dei y diputado del Partido Popular por Granada en Madrid durante 17 años (1986-2003), ha sido el magistrado ponente en la sentencia que avala la decisión de un farmacéutico de Sevilla que no vendió la píldora poscoital por “objeción de conciencia” y que fue sancionado por la Junta de Andalucía con 3.000 euros.
Ollero, que fue presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, de la de Educación y de la de Justicia, es un juez de marcado carácter conservador y religioso que ha dado muestras claras de su posicionamiento antiabortista en más de una ocasión. “Si hay un ser humano, dejar a su madre en paz supone autorizar un acto de guerra contra su hijo, permitiéndole que se desembarace de él. Si no hay un ser humano o, al menos, no es digno de protección penal, alguien debería molestarse en exhibir argumentos”, dijo ya en 1987 en un artículo publicado en El País. “Los no nacidos no han ganado para sustos”, ha afirmado.
“Cinco lustros después, la situación es de aborto libre, al convertirse España en un paraíso del turismo abortista y el lugar donde más crece el número de abortos en la Unión Europea”, señalaba en Diario Médico en enero de 2012, meses antes de heredar el recurso ante la Ley de Plazos para la interrupción del embarazo ya en el Constitucional. De hecho, avaló hace año y medio dicho recurso del PP contra la Ley del Aborto de Zapatero de 2010. Es más, su nombramiento como magistrado del Tribunal Constitucional en 2012 después de haber sido parlamentario durante tanto tiempo e, incluso haber votado contra el Proyecto de Ley Orgánica sobre interrupción voluntaria del embarazo en 1995, fue muy cuestionado en su momento.
De hecho, no sólo la Junta de Andalucía ha mostrado su desacuerdo y su intención de recurrir, sino que otros portavoces políticos, como es el caso de José Luis Centella, portavoz de Izquierda Plural en el Congreso, han calificado de “decisión ideológica” la sentencia y ha dicho que “estamos acostumbrados a que el TC actúe de parte”. Su partido entiende que la referida decisión es “ideológica y alejada de lo que debe ser una norma jurídica”, según ha dicho en rueda de prensa en Sevilla.
“Sombra ideológica”
La Administración Andaluza ha afirmado que coincide con la posición expresada por la magistrada Adela Asua Batarrita en su voto particular: “En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y con pleno respeto a la opinión de la mayoría del Pleno, expreso mi discrepancia con la fundamentación jurídica de la Sentencia y, en consecuencia, con el fallo. Debo manifestar, como expresé en el debate en el Pleno, mi preocupación y consternación por la aprobación de este Sentencia cuya factura técnica se separa de la exigencia de motivación congruente conforme a las reglas básicas del método jurídicoconstitucional”.
“En lugar de afrontar la problemática a examen desde la perspectiva estrictamente jurídica propia de la jurisdicción constitucional -continúa-, parece responder a un posicionamiento previo que no logra ocultar la sombra ideológica que le guía”.
