Nova Esquerra Nacional, la candidatura rival de Oriol Junqueras en el Congreso que Esquerra celebrará a finales de noviembre, se presenta a sí misma como la plataforma renovadora, pero también como la que tiene el favor de muchos de los grandes nombres del partido. Este jueves, la candidatura que pretende aupar a Xavier Godàs a la presidencia de ERC y a Alba Camps a la secretaría general ha reunido en Barcelona a una docena de militantes históricos y que han sido referentes de ERC en diferentes etapas, como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, la exconsellera Dolors Bassa, el exconseller Joan Puigcercós o el exsecretario general del partido Joan Ridao.

“Damos apoyo a la candidatura de Nova Esquerra Nacional porque creemos que ahora hace falta una renovación de liderazgos, retomar el pulso político del partido y, tras el congreso, cohesionarlo”, ha asegurado Puigcercós, que ha ejercido de portavoz del grupo.

El exdirigente, que ha recordado que tiene el carnet de ERC desde hace 37 años, ha cargado contra los liderazgos “unipersonales y mesiánicos” que, a su juicio, se producen “cuando no hay programa ni estrategia”. Una alusión velada a Oriol Junqueras, que ha contrapuesto al proyecto que representan Godàs y Camps, que a su juicio garantizan una dirección “republicana” del partido.

Junto a Puigcercós y los ya citados se han reunido otros representantes de la vieja guardia de Esquerra como Marta Cid, Josep Huguet, Manel Balcells, Joan Manel Tresserras, Meritxell Serret, Pau Ricomà, Marina Llansana, Francesc Codina, Agustí Cerdà o Anna Simó. “Todos los que estamos aquí hemos tenido responsabilidades de gobierno o en el partido y hemos dado apoyo al tándem Junqueras-Rovira”, ha afirmado Puigcercós.

Sin embargo, la vieja guardia considera que ese ciclo ya ha acabado y que Junqueras debería dar un paso al lado. “Pedimos una reflexión a Oriol Junqueras en las semanas que quedan antes del congreso para garantizar un relevo tranquilo en el partido”, ha reclamado Puigcercós. El objetivo, ha asegurado, es que tras el cónclave la formación salga “más cohesionada, no menos”. “Pedimos a todo el mundo que piense en el partido”, ha insistido.

Una reclamación que Godàs ha aprovechado para mostrar su compromiso de lealtad a ERC pase lo que pase el 30 de noviembre. “Nosotros salimos a ganar el congreso, pero creemos que nadie sobra, todo el mundo ha de mantenerse aquí”, ha dicho el candidato a liderar Esquerra. “Todo el mundo que ha sido importante debe seguir siéndolo”, ha añadido, porque “el partido debe poder recomponer sus activos”.

La candidatura de Nova Esquerra Nacional es la mejor posicionada para rivalizar con Militancia Decidim, la plataforma con la que Junqueras pretende volver a reconquistar la dirección del partido. Godàs y Camps están apadrinados por la dirección saliente que encabeza Marta Rovira y en las últimas semanas han recibido también el apoyo de la mayor parte del Govern de Pere Aragonès.

Mismo resultado –aunque atenuado– tras el primer juicio relacionado con el procés obligado a repetirse por falta de imparcialidad de los jueces. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a cuatro meses de inhabilitación y 1.200 euros de multa a los exmiembros independentistas de la Mesa del Parlament de Carme Forcadell por un delito de desobediencia por haber tramitado las leyes independentistas de 2017.

Se trata de la segunda sentencia sobre el mismo caso. El Tribunal Supremo obligó a repetir el primer juicio los exvicepresidentes y exsecretarios del Parlament Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó (PDECat), que habían sido condenados a 20 meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros, al apreciar falta de imparcialidad en dos de los magistrados del alto tribunal catalán.

Conformado el nuevo tribunal y celebrado el nuevo juicio, el castigo penal es parecido, pero menor. La pena de inhabilitación para ocupar cargos públicos pasa de 20 a cuatro meses, y la multa se rebaja de forma sutancial de 30.000 a 1.200 euros. El tribunal sigue acogiendo casi en su totalidad las tesis de la Fiscalía, pero rebaja sustancialmente la pena.

No dudan los magistrados que las leyes independentistas que tramitaron los expolíticos, ahora retirados de la primera línea, “eran objetivamente contrarias a la Constitución”. Un extremo, recalcan los togados, que “no era difícil constatar teniendo en cuenta sentencias previas del Tribunal Constitucional y los requerimientos reiterados enviados a la Mesa”.

Descarta el tribunal que la tramitación de las leyes soberanistas fuera un mero acto político, toda vez que los acusados estaban advertidos reiteradamente por el Constitucional de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que avanzara hacia la independencia de Catalunya. En consecuencia, los jueces rechazan la atenuante de que los acusados actuaron cumpliendo con un deber parlamentario y amparados bajo la libertad de expresión y participación política.

Por contra, sí aceptan los magistrados la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas debido al largo tiempo transcurrido desde 2017, año en que se abrieron las pesquisas, por lo que rebaja de 20 a cuatro los meses de inhabilitación y también la multa de 30.000 a 1.200 euros.

“Las decisiones de los acusados miembros de la Mesa del Parlament acordando someter al Pleno las propuestas de resolución pese a encaminarse a la derogación por la vía de hecho de la Constitución, y pese a ser plenamente conocedores de las advertencias reiteradas del Constitucional, no pueden ser reputadas como meros actos políticos a los efectos de quedar fuera del ámbito del delito de desobediencia”, concluyen los jueces.

Mismas acusaciones, mismos acusados, mismos testigos, y casi los mismos argumentos. En el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) había este martes una sensación de ‘déjà vu’ en el segundo juicio por el proceso soberanista a los miembros independentistas de la Mesa del Parlament que encabezó Carme Forcadell. La única diferencia ha sido el tribunal, que el Tribunal Supremo obligó a cambiar tras apreciar por primera vez falta de imparcialidad en dos magistrados que juzgaron una causa del procés.

La repetición del juicio contra los miembros soberanistas de la Mesa en la etapa de Forcadell obedece a la resolución del Supremo que el pasado mes de noviembre anuló la condena por la falta de imparcialidad de los magistrados Jesús María Barrientos, presidente del TSJC, y Carlos Ramos.

El Alto Tribunal concluyó que ambos habían manifestado en autos previos al juicio una posición explícita sobre cuestiones clave de la causa, por lo que obligó a repetir la vista oral con un tribunal diferente, que a partir de este martes conforman los magistrados Fernando Lacaba, Francisco Segura y María Jesús Manzano.

En el banquillo se han vuelto a sentar los exdiputados neoconvergentes Lluís Corominas, Ramona Barrufet y Lluís Guinó y la republicana Anna Simó, todos ellos miembros de la Mesa de Forcadell bajo la candidatura de Junts pel sí. Los exdiputados han alegado que han cumplido “con creces” la pena de inhabilitación que se les impuso en 2020 por las leyes del procés y que el Supremo anuló, informa EFE.

El TSJC condenó a los cuatro diputados a una pena de 20 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional al permitir la tramitación de las leyes del referéndum del 1-O y de transitoriedad jurídica, que el Parlament aprobó en las tensas sesiones de los días 6 y 7 de septiembre de 2017.

El juicio ha comenzado con las mismas cuestiones previas que ya se plantearon en el que se celebró en 2020: las defensas han vuelto a insistir en que los diputados de estaban amparados por el principio de inviolabilidad parlamentaria, sin que la Mesa pudiera cercenar el debate político propuesto por los grupos.

Judit Gené, abogada de Corominas, Barrufet y Guinó, ha introducido un nuevo elemento en el debate al defender que sus clientes, ya apartados de la primera línea política, han cumplido ya sobradamente con la condena de inhabilitación que se les impuso en 2020 y que les impedía presentarse a cualquier convocatoria electoral.

“Los efectos de la nulidad del anterior juicio oral han causado un grave perjuicio a mis clientes”, ha denunciado la letrada, que cree que debe aplicarse a los acusados la atenuante de dilaciones indebidas porque el Supremo tardó más de un año en resolver que debía repetirse la vista oral.

Gené ha argumentado que, una vez fueron condenados a 20 meses de inhabilitación, la ley electoral impedía a los diputados concurrir a comicios “de ningún ámbito”, con lo que la pena por desobediencia está más que saldada.

La letrada recordado que la pena de inhabilitación que el Supremo impuso a la exconsellera Meritxell Borràs, a la que ella misma defendió en el juicio del procés, quedó extinguida en junio del 2021, cuando el alto tribunal aún no se había pronunciado sobre el caso de la Mesa.

Frente a los argumentos de la defensa, el teniente fiscal de Catalunya Pedro Ariche ha razonado que no han sido las acusaciones quienes han propiciado la repetición del juicio, sino las defensas al presentar sus recursos contra la condena dictada en 2020.

Además, Ariche ha recalcado que si el Supremo ha tardado dos años en resolver los recursos contra la condena de la Mesa del Parlament, “no es porque haya archivado la causa en una estantería”, sino por las demoras provocadas por los incidentes de recusación presentados por las defensas.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha recompuesto el tribunal encargado de juzgar de nuevo a los cuatro miembros independentistas de la Mesa del Parlament que presidió Carme Forcadell después de que el Tribunal Supremo anulara el primer juicio por falta de imparcialidad de dos magistrados.  

En una decisión inédita en todas las causas del procés, el Supremo ordenó repetir el juicio al concluir que el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y el magistrado Carlos Ramos, no gozaban de la imparcialidad necesaria para juzgar a los exdiputados porque ya se habían pronunciado sobre aspectos clave de la sentencia al resolver recursos durante la instrucción del caso.  

Según informan fuentes judiciales a elDiario.es, el magistrado Fernando Lacaba, de la Sala Civil y Penal del TSJC, presidirá el juicio y será el ponente de la nueva sentencia. El tribunal lo completarán los magistrados de la Sala de Apelaciones María Jesús Manzano y Francisco Segura.  

Conformado el nuevo tribunal, la repetición de la vista para los exdiputados de ERC Anna Simó y los exparlamentarios de Junts Lluís Maria Corominas, Ramona Barrufet y Lluís Guinó se ha fijado para los días 14, 15 y 16 de marzo de 2023, si bien las fechas no son definitivas si alguna de las partes alega que ya tiene señalamientos previstos esos días.  

La Fiscalía volverá a pedir la condena por desobediencia de los acusados, lo que les comportaría como máximo una multa y una inhabilitación pese a que su actuación fue la misma que la castigada con 10 años de cárcel para Forcadell: tramitar las resoluciones que permitieron el debate de las leyes soberanistas en el Parlament pese a los avisos del Constitucional.

Ha pasado ya un lustro desde ese domingo en que los colegios catalanes se despertaron rodeados de manifestantes con paraguas. Cinco años desde esa mañana en la que el miedo, la ilusión y la incertidumbre se convirtieron en rabia y desconcierto por las cargas de la policía nacional y de la guardia civil contra los manifestantes. Para algunos ha pasado rápido y para otros más lento, pero la Catalunya de 2022 ha cambiado mucho respecto a la de 2017. 

La pugna entre los dos principales partidos independentistas, Junts y ERC, ya no es soterrada sino que se sigue públicamente a diario como una telenovela. Incluso las dos principales entidades civiles que vertebraron el procés, ANC y Òmnium, mantienen diferencias de calado y cada vez están más alejadas. Nadie habla ya de los CDR y la CUP ha pasado a ser un socio prescindible en las votaciones en el Parlament. 

La celebración del quinto aniversario del 1 de octubre ha estado marcada por todos estos cambios que ha vivido la vida política y civil catalana. En una jornada crispada, los mensajes sobre la falta de unidad, las críticas a la lucha partidista y la desconfianza entre todos los distintos actores del independentismo han sido la tónica de la efeméride, celebrada en casi todas las ciudades de Catalunya aunque no de manera masiva.

Ha habido intentos por mostrar cierta imagen de unidad aunque sin demasiado éxito. El president del Govern, Pere Aragonès, ha dejado de lado cualquier reproche a Junts en su discurso oficial y ha apelado a la unidad entre los distintos actores del movimiento. El mensaje, sin embargo, se ha emitido en sustitución de un acto unitario programado en el Palau de la Generalitat que se canceló por la hostilidad entre Junts y ERC. 

Aragonès tampoco ha acudido al acto que las entidades habían convocado en el centro de Barcelona el sábado por la tarde y que aspiraba a unir a todos los implicados en la organización del referéndum. Esa concentración, celebrada en el Arc de Triomf, ha sido de largo la más masiva de las que se han convocado y ha reunido en el centro de Barcelona a 11.000 personas, según la Guàrdia Urbana. 

Tampoco en el Arc de Triomf ha habido unidad. La primera en dirigirse a los manifestantes, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (ERC), ha sido recibida con silbidos por una parte relevante de los concentrados. De poco le ha servido no tener ningún cargo oficial o haber pasado tres años en la cárcel por facilitar la tramitación de las leyes que permitieron el 1-O: cuando ha empezado a hablar, algunos le han llegado a llamar “botiflera” [traidora].

A pesar de los silbidos, Forcadell ha pedido a los partidos que dejen de “pelearse” y que olviden de una vez los “reproches”. “Trabajemos conjuntamente para un nuevo embate”, ha pedido la expresidenta de la cámara catalana. “Ya veo que muchos estáis enfadados, decepcionados y desilusionados y lo entiendo”, ha concluido Forcadell ante el ruido ensordecedor de los silbidos. “Lo comprendo y lo comparto porque yo también me siento igual”.

No han faltado en la concentración gritos pidiendo la dimisión del Govern y de Pere Aragonès, tanto en Arc de Triomf como en un acto previo de la ANC celebrado en la plaça Sant Jaume. “Ja n’hi ha prou [ya basta]”, coreaban los concentrados a viva voz.  

Si bien la crítica a las formaciones políticas ha sido generalizada, los representantes de ERC han recibido la mayoría de silbidos aunque no han sido los únicos. El president de Òmnium, Xavier Antich, también ha sido abucheado durante su discurso. 

Antich también ha cargado duramente contra “la batalla partidista, los enfrentamientos y las disputas estériles” de los dos partidos del Govern. “El poder que acumulamos [el 1-O] hoy está erosionado y malmetido”, ha espetado Antich, que ha pedido abrir un “nuevo ciclo político”.

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha arremetido contra las formaciones políticas y ha amenazado de nuevo con una lista cívica al margen de los partidos. “Que se pongan las pilas y preparen un nuevo embate hacia la independencia”, ha dicho con vehemencia. “Si no lo hacen ellos ya lo haremos nosotros”.

Puigdemont carga contra Aragonès

La estrella del acto ha sido sin duda el expresident Carles Puigdemont, que ha comparecido mediante videoconferencia ante una masa entregada. El expresident ha sido durísimo con Aragonès y su estrategia. Sin nombrarlo explícitamente, su intervención ha estado plagada de recados para el actual president del Govern. 

Puigdemont ha definido el 1 de octubre como un “referéndum legal y vinculante” y ha cargado contra la propuesta del acuerdo de claridad que ha sugerido Aragonès. “El referéndum ya se hizo, es válido y no hay que volverlo a hacer”, ha espetado. “Votar ya hemos votado, no lo podemos decir más claro”.

El expresident ha criticado la “narrativa interesada que pretende aguar el movimiento” y contra la mesa de diálogo entre ERC y el Gobierno central. “A ver si entendemos que en la única mesa a la que debemos estar encadenados es a la mesa de diálogo entre nosotros”, ha afirmado. “El Estado ahora tiene nuevas porras para evitar la independencia, menos evidentes pero con el mismo propósito”.

Puigdemont también ha justificado las críticas del independentismo al Govern al señalar que los votos que permiten gobernar Catalunya a día de hoy vienen del “desbordamiento democrático” del 1 de octubre de 2017. “Es normal que empecemos a pedir a quien tiene la responsabilidad que se ponga al servicio de lo que decidimos entre todos hace cinco años”, ha apuntado. “Ya toca”.

El expresident incluso ha ofrecido el Consell per la República para encabezar el movimiento independentista. “Lo propongo por si alguien se despista y una vez ha cogido nuestros votos ya no lo vemos nunca más”, ha disparado el expresident en una referencia velada al actual líder de la Generalitat.

El Tribunal Supremo ha decidido rechazar todos los recursos interpuestos contra los indultos de los líderes independentistas condenados por el procés catalán. Los jueces han estimado las alegaciones de la Abogacía del Estado y entienden que ningún recurrente estaba legitimado para cuestionar la medida de gracia: ni representantes de PP, Vox y Ciudadanos ni tampoco una asociación ni finalmente Convivencia Cívica Catalana.

En un comunicado, el Supremo explica que la sala de lo contencioso ha estudiado hoy estas alegaciones de la Abogacía del Estado y ha decidido, por mayoría, darle la razón y entender que ninguno de los recurrentes tenía habilitación legal para recurrir los indultos. “La Sala ha decidido por mayoría estimar las referidas alegaciones previas en relación con la falta de legitimación activa en todos y cada uno de los recursos interpuestos”, explica el comunicado. Los autos completos, con los argumentos de los magistrados, se conocerán en los próximos días pero la decisión de esta sección de lo contencioso no ha sido unánime.

El Gobierno concedió indultos a los presos del procés condenados a penas de prisión el pasado mes de junio. El Tribunal Supremo impuso condenas de inhabilitación a tres de los políticos encausados por un delito de desobediencia y para el resto condenas de hasta 13 años de cárcel, en el caso de Oriol Junqueras, por sedición y malversación de caudales públicos. Recientemente el Tribunal Constitucional ha avalado la mayoría de las condenas de los líderes independentistas.

Varios partidos de la oposición así como distintas asociaciones decidieron recurrir los indultos por la vía contencioso-administrativa, una vez cerrada la vía penal contra el ejecutivo. El líder del PP, Pablo Casado, justificó el recurso de su partido en un “atropello democrático” a “millones de españoles”. Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, habló de “atropello al Estado de Derecho” y Santiago Abascal, acusó al ejecutivo central de dar “una puñalada por la espalda a los españoles y al Rey”.

Los dos primeros partidos recurrieron a través de diputados: Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa, José María Espejo-Saavedra, Alejandro Fernández, Santiago Rodríguez, Andrea Levy, Juan Bautista y Lorena Roldán. Recurrió también el exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo así como Convivencia Cívica Catalana y la asociación Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén. Ninguno estaba legitimado para interponer este recurso, según acaba de zanjar la sala tercera por mayoría de sus miembros aunque los argumentos del alto tribunal se conocerán en los próximos días.

En un tuit, la diputada de Vox Macarena Olona ha anunciado que la formación ultraderechista recurrirá esta decisión ante el Tribunal Constitucional. El partido de Santiago Abascal ejerció la acusación popular en el juicio contra los líderes independentistas, aunque no fueron considerados perjudicados o víctimas en la sentencia, y entienden que esa posición les permite poder cuestionar los indultos y que la sala entre a estudiar el fondo del asunto.

Los antecedentes

El Tribunal Supremo ya contaba con antecedentes sobre la legitimación de los partidos políticos y sus representantes para recurrir indultos sin ser parte del proceso judicial. En 2012, por ejemplo, la sala rechazó el recurso de Joan Coscubiela y Laia Ortiz (Iniciativa per Catalunya Verds) contra el indulto concedido al banquero Alfredo Sáenz. Los argumentos de este auto, que tuvo como ponente al hoy presidente del Supremo Carlos Lesmes, eran claros: “Su legitimación no puede fundarse en el simple hecho del cargo público que desempeñan, pues su campo de actuación propio es la representación política, pero no el de la genérica defensa de la legalidad ante los tribunales”, dijo entonces el Supremo.

Ya entonces los jueces advirtieron contra los peligros de permitir que los políticos recurrieran indultos sin formar parte del proceso judicial. “Produciría como inmediata consecuencia la apertura de la legitimación para recurrir a un innumerable número de personas y grupos que transformaría la legitimación en acción pública, lo que indudablemente no puede admitirse en los términos de la Ley para el presente caso”, zanjó la sala. Recientemente la misma sala rechazó por el mismo motivo los recursos de Partido Popular y Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

En ese caso Vox y PP también recibieron una respuesta contundente del Supremo. Los jueces reprocharon a ambos partidos que intentaran ejercer una “acción popular de carácter político” inexistente en la Ley. En esa sentencia ya dejaron claro que su decisión sobre su falta de legitimación era previsible por su “abrumadora” jurisprudencia con varias decenas de casos resueltos en sentido similar en los últimos años.

En la semana en que se han cumplido diez años del final del terrorismo de ETA, miles de personas se han concentrado este sábado en Donostia en defensa de los derechos de los presos tras una convocatoria de la plataforma Sare en la que se podía leer una pancarta que reclamaba el fin de la “excepcionalidad” y que tenía por lema 'Ibilian, etxerako bidean' ('Andando, de camino a casa' en euskera). Se han escuchado abundantes cánticos de “Etxera!”, que se puede traducir como una reivindicación del acercamiento pero también de la excarcelación. Además de la izquierda abertzale, PNV y Podemos -aunque con cargos de segundo rango- y el conjunto de los sindicatos han respaldado la convocatoria, a la que han asistido como invitados expresos independentistas catalanes como Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva, Dolos Bassa o Josep Rull que han sido ovacionados

Si en 2011 eran del orden de 700 los reclusos, ahora son unos 200. De ellos, alrededor de 70 cumplen su condena en las cárceles de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra después de un cambio en la política penitenciaria con el Gobierno de Pedro Sánchez que ha supuesto que no queden ya reclusos en España más al sur de Madrid. El EPPK es el colectivo oficial de presos y en el pasado ha expulsado e incluso considerado traidores a aquellos miembros de ETA que renegaban de la organización e iniciaban procesos de reinserción como la denominada 'vía Nanclares'. Esta semana, algunos de ellos han criticado en una carta a la izquierda abertzale por no asumir sus responsabilidades por haber dado cobertura política a la violencia.

“Nos encontramos de nuevo en la calle y una vez más tenemos que pedir al Gobierno de España que cumpla con la ley ordinaria”, ha enfatizado la portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, aunque también estaba presente uno de los grandes protagonistas de la semana, el líder de la coalición, Arnaldo Otegi, quien este lunes leyó una declaración sobre el reconocimiento de las víctimas de ETA y, horas después, vinculó los apoyos al Gobierno central por la necesidad de buscar soluciones al colectivo de presos. Asimismo, han acudido el líder de Sortu, Arkaitz Rodríguez, el parlamentario Julen Arzuaga o los diputados Mertxe Aizpurua y Jon Iñarritu. La parlamentaria del PNV Irune Berasaluze ha destacado la reciente transferencia de Prisiones. Con ella han acudido el presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Xabier Ezeizabarrena, y otros cargos públicos como Kerman Orbegozo o Iñaki Agirre. La portavoz municipal, Aitzole Araneta, ha representado a Podemos.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha aprovechado su asistencia a la manifestación para calificar de “valiente y sincera” esa declaración sobre la violencia y ha puesto en valor que Euskadi “siga en este momento un camino por el que siempre ha apostado” Catalunya, “que es el camino del diálogo, de la negociación y el acuerdo” para resolver “el conflicto con el Estado”. “Es un placer volver al País Vasco después de cuatro años de ausencia forzosa”, ha añadido en alusión al tiempo que ha estado en prisión a raíz del 'procès' de 2017, informa Europa Press. “Estamos aquí por dos razones. La primera, devolver las toneladas de apoyo que hemos recibido durante nuestra cautividad por parte de la sociedad vasca y por parte de Sare [...]. La segunda, no tiene sentido que, después de diez años de la desaparición de la acción de ETA, el Estado español continúe con esta situación de un derecho excepcional”, ha expresado el exconsejero catalán Josep Rull, que también fue encarcelado al formar parte del Govern de Carles Puigdemont cuando se aplicó el 155.

Una representación de la asociación de víctimas Covite ha desplegado dos pancartas en el recorrido de la marcha, una en euskera y otra en castellano. En concreto, las han colocado sobre el túnel del Antiguo. En la primera estaba tachada la palabra “gudari” y era sustituida por “asesinos” y en la segunda lo que estaba tachado era “presos políticos” y ponía en su lugar “asesinos presos”. También han lanzado pasquines con nombres de asesinados por ETA. Algunos de los presentes se han girado y han abucheado a Covite. Estas personas les han llamado “fascistas” y “terroristas”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, y el conjunto de los miembros del Govern han recibido este lunes a los presos que acaban de ser indultados por el Gobierno. Los nueve líderes independentistas han vuelto al Palau de la Generalitat donde han celebrado un breve acto de bienvenida que se ha repetido después en el Parlament. La expresidenta de la Cámara, Carme Forcadell, ha ejercido de portavoz de los presos y ha mostrado su agradecimiento a los ciudadanos que se han solidarizado con ellos.

“Estos días somos felices, pero la alegría no es completa porque no estamos todos, hay personas exiliadas que no pueden volver y muchas personas han sido represaliadas”, ha afirmado Forcadell, para a continuación mostrar el compromiso del grupo de presos para trabajar, ahora en la calle, para “conseguir el fin de la represión”. La expresidenta ha querido también dar un sentido político a su excarcelación, que ha insistido en considerar un “paso más” en el camino hacia la independencia. “Sin las victorias electorales, la movilización y las victorias judicales en Europa, ahora no estaríamos aquí”, ha dicho. “Vivámoslo como un paso más hacia el fin de la represión, la autodeterminación y la república justa y feminista”.

En su turno de palabra Aragonès se ha dirigido a los nueve presos, ante los que se ha comprometido a “perseverar hasta que la represión cese del todo y se respete la voluntad popular de la ciudadanía”. El jefe del Govern ha puesto el acento sobre “todas las ofensivas del poder judicial” pero ha hecho mención especial a la que sigue “el Tribunal de Cuentas contra el independentismo”, en la víspera de que el organismo administrativo traslade a los más de cuarenta encausados a cuánto ascienden las multas en total.

A los encausados, a los que previamente había recibido a puerta cerrada en su despacho, les ha dicho: “Entrasteis a prisión convencidos de haber sido víctimas de una injusticia y salís con la tranquilidad de quién no tiene que pedir perdón por nada”. En esa línea, el president ha asegurado que luchará por la amnistía para que “se reconozca que no cometisteis ningún delito”. Aragonès ha asegurado además que cuenta con los nueve presos indultados “para la lucha contra la represión y por la democracia”. Un compromiso que debe servir, ha dicho, “no solo para que salga la gente de la cárcel, sino para que no entre nadie más”.

“Hoy nada se acaba”, ha advertido Aragonès, que también ha apuntado que, junto con la amnistía, “la vía democrática para resolver el conflicto entre Catalunya y el Estado español pasa inevitablemente por la democracia”. “Que nadie se equivoque”, ha dicho, “seguimos tozudamente decididos a hacer posible la independencia y la república catalana”.

También el vicepresident Jordi Puigneró ha tomado la palabra en el acto de este lunes, con un discurso en el que ha asegurado que no van a dar las gracias por los indultos a un “Estado que pensó que encerrándoos podría limitar lo que sois y lo que pensáis”. “Las únicas gracias, al pueblo de Catalunya por manteneros de pie y sin desfallecer”, ha dicho.

Para el vicepresident, el 1-O “no fue un error ni un delito”, por lo que se ha preguntado si el Estado está dispuesto a “renunciar a la represión” para evitar la autodeterminación. “La concordia es incompatible con la represión. La concordia es aceptar que votar es la vía para solucionar los conflictos”, ha asegurado.

La callada por respuesta. Así han decido contestar al Tribunal Supremo los presos del procés de ERC y de Junts per Catalunya. El exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, así como los exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull y el exlíder de la ANC y actual secretario general de Junts, Jordi Sànchez, han anunciado que no responderán a la petición que el tribunal del procés ha realizado a los condenados sobre su indulto.

Los presos de ERC y Junts toman así una posición distinta de la del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que este miércoles sí contestó al Supremo para indicar que su prioridad era la amnistía y no el indulto. Cuixart replicó al Supremo el mismo día que la Sala presidida por el magistrado Manuel Marchena requirió a las defensas de los doce condenados por el procés para que se posicionen sobre el indulto solicitado a su favor por parte de sindicatos como la UGT o particulares como el letrado Francesc Jufresa.

En un comunicado, ERC ha explicado que los cuatro condenados por sedición no darán respuesta al alto tribunal porque “la ley no lo prevé y porque no es de obligado cumplimiento”. Los cuatro independentistas han acusado al Supremo de pedirles opinión sobre el indulto antes de emitir su informe “por cuestiones meramente políticas”, ya que es un trámite que no se encuentra previsto en la ley. “La solución al conflicto político entre Catalunya y España debe ser colectiva y pasa por la amnistía”, han agregado.

Según han informado fuentes de la defensa Sànchez, Rull y Turull, la decisión de renunciar a responder al Supremo la han tomado en una reunión mantenida en la tarde de este jueves en la cárcel de Lledoners con su abogado, Jordi Pina, y responde al hecho de que no se sienten interpelados por el Alto Tribunal.

La contestación era una cuestión más simbólica que material. Respondan o no al Supremo, los trámites para la decisión final respecto al indulto no se alteran: la ley del indulto no obliga a que el tribunal tenga que consultar al condenado sobre si acepta la medida de gracia, y si el Gobierno terminara concediéndoselo los presos tampoco podrían negarse a salir de prisión. Antes de la decisión final del Ejecutivo el tribunal del procés tendrá que emitir un informe preceptivo, pero no vinculante, sobre la medida de gracia.

El plazo que el Supremo ha dado a las defensas llega después de que el Tribunal Constitucional avalara por primera vez las condenas por sedición, si bien dos de sus magistrados discreparon y criticaron por “desproporcionadas” las altas penas de cárcel. En su voto particular, el magistrado Juan Antonio Xiol y la magistrado María Luisa Balaguer consideraron que el propio Supremo podía haber propuesto al Gobierno en su sentencia un indulto parcial y atemperar así las penas, habida cuenta de la “indeterminación” de la sedición en el Código Penal, la casi inexistente jurisprudencia contemporánea respecto a este delito y la afectación del delito sobre derechos fundamentales.

La tramitación de los indultos por parte del Gobierno empezó el pasado mes de septiembre, cuando el Ministerio de Justicia envió al Tribunal Supremo la petición realizada por el letrado Francesc Jufresa. Tal y como marca la ley del indulto, el tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, pidió a los centros penitenciarios en los que cumplen condena los presos y a la Fiscalía que informaran al respecto, trámite que cumplieron a finales de noviembre y principios de diciembre respectivamente. Mientras las cárceles expresaron el progreso favorable de los presos del procés ante el indulto, el Ministerio Público lo rechazó de plano, con la misma dureza que ha mostrado a lo largo de toda la causa.

No fue hasta el pasado 26 de enero cuando la Sala de lo Penal del Alto Tribunal solicitó su informe sobre a la Abogacía del Estado, perjudicada por el delito de malversación al que fueron condenados el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellera Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull. Antes de emitir su dictamen la Abogacía pidió al Supremo que reclamara un informe al Tribunal de Cuentas para certificar algo conocido públicamente desde el año pasado, esto es, que los presos depositaron una fianza de 4,1 millones de euros para afrontar su eventual condena ante ese órgano por los gastos del 1-O.

El Tribunal de Cuentas confirmó al Supremo el pasado 16 de marzo que la fianza estaba depositada. La Abogacía del Estado, que depende del Gobierno, emitió el 30 de marzo su informe, en el que rechazó pronunciarse a favor o en contra del indulto alegando que de hacerlo se estaría “anticipando” a una decisión que corresponde al Gobierno. Completados los informes de las acusaciones, corresponde ahora al tribunal presidido por Manuel Marchena emitir su dictamen una vez se cierre el nuevo trámite con las defensas. Cuando el Supremo envíe al Gobierno su dictamen, el Ministerio de Justicia deberá elevar al Consejo de Ministros una propuesta sobre el indulto sobre los condenados, que llevan ya más de tres años en prisión.

Los nueve presos del procés han optado por no recurrir ante el Tribunal Supremo la anulación del tercer grado ordenada por los jueces de vigilancia penitenciaria de Catalunya, lo que implica mantenerse en un régimen de prisión ordinario. Para poder volver a salir de la cárcel para trabajar y pasar el fin de semana los presos tendrán que esperar a la nueva clasificación que por ley los profesionales penitenciarios deben realizar cada seis meses y que está prevista para el próximo mes de julio. A día de hoy los presos, al volver al segundo grado, solo pueden salir los 36 días de permiso que, por ley, tienen al año al haber cumplido todos ya un cuarto de la pena.

Fuentes de las defensas de los presos argumentan que carecía de sentido recurrir ante el Supremo visto el antecedente del Alto Tribunal sobre el tercer grado: no solo porque el Supremo tumbó la semilibertad, sino porque la Sala presidida por Manuel Marchena tardó cuatro meses en resolver los recursos de la Fiscalía contra la decisión de los jueces penitenciarios, que entonces sí avalaron en primera instancia el tercer grado.

Esta vez, además, la resolución del recurso se conocería a las puertas de la nueva clasificación de los presos del mes de julio, lo que según explica una de las defensas sería dar una oportunidad al Supremo para “intentar condicionar” las propuestas de las juntas de tratamiento de los centros donde cumplen condena por sedición los exconsellers Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Dolors Bassa, Josep Rull y Raül Romeva; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; y el exlíder de la ANC y actual secretario general de Junts, Jordi Sànchez.

Hasta ahora los presos han sido clasificados en tres ocasiones. La primera, en enero de 2020, cuando fueron clasificados en segundo grado y semanas después se les permitió salir de prisión para trabajar en base al artículo 100.2 del reglamento. La segunda, en julio del mismo año, cuando ya obtuvieron el tercer grado. Pero el Supremo tumbó en diciembre tanto el 100.2 como la semilibertad, dejando en la práctica el indulto como la única vía para flexibilizar la prisión de los líderes independentistas. La tercera clasificación, también en tercer grado, del pasado mes de enero no será revisada por el Alto Tribunal porque los presos no la han recurrido.

La decisión del Supremo del pasado mes de diciembre de anular tanto el tercer grado como las salidas laborales de los presos sigue marcando su futuro en prisión: los jueces penitenciarios que en verano sí avalaron el tercer grado concedido por la Generalitat lo han tumbado ahora debido a los argumentos expuestos por el Alto Tribunal. Según el Supremo, los presos no han pasado suficiente tiempo en prisión para merecer la semilibertad (tampoco indicó el tribunal cuántos años deben añadirse a los tres que ya llevan entre rejas) ni han realizado un tratamiento penitenciario específico sobre la sedición, algo que tanto la Generalitat como los jueces penitenciarios veían contrario a su libertad ideológica.

Todo ello acompañado de una dura crítica, solo comparable a la realizada por la Fiscalía, hacia los responsables penitenciarios catalanes que decidieron clasificar a los presos en tercer grado, a los que el Supremo acusó de realizar una “reinterpretación” y de “vaciar de contenido” la sentencia del procés. No era el primer encontronazo entre el Alto Tribunal y los responsables penitenciarios catalanes que deciden sobre los condenados por sedición. En el primer estado de alarma, desde el Supremo se llegó a advertir a los funcionarios de medidas penales si permitían a los presos pasar el confinamiento en casa.

Pese a la contundencia del Supremo, la Generalitat volvió a clasificar en enero de este año a los presos en tercer grado. Pero a diferencia de la primera clasificación en tercer grado, propuesta seis meses antes por unanimidad cuando el Supremo no se había pronunciado, en esa ocasión tan solo las propuestas de Cuixart, Sànchez y Bassa recibieron el aval de todos los miembros de las Juntas, mientras que la semilibertad del resto de presos fue aprobada solo por mayoría.

El secretario de Medidas Penales y Reinserción de la conselleria de Justicia de la Generalitat, Amand Calderó, defendió en enero que los seis meses más que los presos habían cumplido en prisión y el hecho de que todos ellos cumplieran en febrero una cuarta parte de la pena eran “nuevas circunstancias” que deberían facilitar que, ahora sí, el Supremo no volviera a considerar “prematura” la semilibertad. Pero el eco del primer fallo del Supremo sobre el tercer grado hizo que la decisión de la Generalitat no pasara ni el filtro inicial de los jueces penitenciarios catalanes.

Con estos mimbres las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners, Wad-Ras y Puig de les Basses, integradas por psicólogos, juristas y educadores, deberán realizar la nueva propuesta de clasificación de los presos. Otra opción sería que, en este ínterin de tres meses hasta la nueva clasificación, las juntas de tratamiento debatan una nueva aplicación del 100.2, vetada igualmente por el Supremo. Sea cual sea su decisión, ahora o en julio, ya saben que la Fiscalía la recurrirá para impedir cualquier tipo de flexibilización del régimen carcelario de los presos del procés.

Era un 23 de septiembre cuando el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció el inicio de la tramitación de los indultos a los presos del procés. Medio año después, la medida de gracia a los nueve condenados por sedición y malversación sigue encallada y no ha llegado siquiera a la mesa del Consejo de Ministros, que es donde se tomará la decisión definitiva sobre su concesión. La ley del indulto, que data de 1870, no establece en cuánto tiempo se debe sustentar, si bien los distintos informes que se requieren antes de tomar la decisión definitiva hacen que el plazo se alargue normalmente un mínimo de cuatro meses. En el caso de los presos independentistas, Campo consideró “razonable” que sus indultos se resolvieran durante el primer semestre de este año.

Los casos de indultos relevantes tras la restauración de la democracia en España muestran que, en algunos casos, su concesión fue muy rápida, aunque en otros se demoró hasta un año o incluso más. Entre los primeros destaca el indulto parcial que recibieron al exministro del Interior José Barrionuevo y el exsecretario de Estado Rafael Vera, condenados a diez años de cárcel por el secuestro de los GAL a Segundo Marey. El Gobierno de José María Aznar remitió en noviembre de 1998 al Supremo –tribunal que juzgó tanto el caso Marey como el procés– la petición de indulto que registraron en julio varios concejales socialistas de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Un mes después el Alto Tribunal se mostró a favor del indulto parcial y el 23 de diciembre del mismo año el Gobierno concedía la medida de gracia, que redujo en dos tercios su condena y aceleró su excarcelación.

Otro indulto exprés fue el concedido por “razones de equidad” y de salud al general Alfonso Armada, condenado por el golpe de estado del 23-F, tras su quinta petición en septiembre de 1988. En noviembre del mismo año la Sala de lo Militar del Supremo se mostró a favor del indulto porque tras su estancia en prisión Armada manifestó “de forma reiterada su lealtad a la Corona y al ordenamiento constitucional”. El Gobierno de Felipe González resolvió favorablemente el indulto el 23 de diciembre de 1988.

Tardó más el indulto de otra causa juzgada en el Alto Tribunal, la que condenó a 15 años de inhabilitación por prevaricación en el caso Sogecable al entonces magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño. El Ministerio de Justicia empezó a tramitar en marzo del año 2000 el indulto solicitado por la defensa del exjuez, y ocho meses después, el Gobierno de Aznar otorgó el perdón a Gómez de Liaño en contra del informe del Tribunal Supremo, a diferencia de los casos anteriores.

Capítulo aparte merece el indulto al exdiputado socialista Carlos Navarro y a los exresponsables de Filesa Luis Oliveró y Alberto Flores, condenados por la financiación irregular del PSOE. Los condenados lo pidieron inmediatamente después de la sentencia, en noviembre de 1997, pero la tardanza del Gobierno de Aznar en su tramitación provocó un conflicto entre el Ejecutivo y el Supremo. El Alto Tribunal llegó a amenazar con llevar a la Fiscalía los más de cinco meses que tardó el Ministerio de Justicia en remitirle los antecedentes penales de Navarro, trámite imprescindible para emitir su informe sobre el indulto. Finalmente el Supremo se mostró a favor del indulto parcial y el Gobierno se lo concedió a finales del año 2000.

Las medidas de gracia a Gómez de Liaño y los condenados por Filesa formaron parte del llamado 'indulto del milenio': el 1 de diciembre del año 2000 el Gobierno de Aznar decretó 1.328 indultos de golpe bajo el argumento de que lo había pedido el Papa Juan Pablo II con motivo del año jubilar.

Uno de los indultos más sonados de los últimos años fue el que el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero concedió, en noviembre de 2011 y estando en funciones, al consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz, a quien se le perdonó la condena de tres meses de arresto e inhabilitación para ejercer como banquero por un delito de acusación falsa y denuncia falsa. Saénz había pedido el indulto siete meses antes. El Tribunal Supremo concluyó que el Ejecutivo Zapatero incurrió en una “clara extralimitación” al cancelar los antecedentes penales de Sáenz.

En casos recientes de corrupción política, el Gobierno de Mariano Rajoy también concedió el indulto en febrero de 2012 al exdirigente de Unió Democràtica, Josep Maria Servitje, y al empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña, condenados por el caso Treball, en contra del criterio de la Audiencia de Barcelona. El Ejecutivo tardó once meses en aplicar la medida de gracia desde que la sección 10a de la Audiencia de Barcelona había remitido su informe en contra del indulto alertando de “la especial gravedad de los hechos por afectar al erario público”.

Otro indulto polémico fue el concedido también en noviembre de 2012 a los cuatro mossos d'esquadra condenados por torturar a un ciudadano al que detuvieron por error, detuvieron por error, golpearon por todo el cuerpo, amenazaron y llegaron a meter una pistola en la boca. Fue el segundo indulto para los policías, que en 2012 ya habían recibido un indulto parcial solicitado dos años antes. Esta medida de gracia provocó un enfrentamiento entre el Gobierno de Rajoy y la sección 9a de la Audiencia de Barcelona, que obligó a los policías a entrar en prisión.

Los presos del procés, pendientes del Supremo

Tras el anuncio del ministro Campo en vísperas de la Mercè, patrona de Barcelona, formalmente el Ministerio de Justicia envió el pasado 28 de septiembre al Tribunal Supremo la petición de indulto a los presos del procés realizada por el letrado Francesc Jufresa. Tal y como marca la ley del indulto, el tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, pidió a los centros penitenciarios en los que cumplen condena los presos y a la Fiscalía que informaran al respecto, trámite que cumplieron a finales de noviembre y principios de diciembre respectivamente. Mientras las cárceles expresaron el progreso favorable de los presos del procés ante el indulto, el Ministerio Público lo rechazó de plano, con la misma dureza que ha mostrado a lo largo de toda la causa.

No fue hasta el pasado 26 de enero cuando la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, presidida por el magistrado Manuel Marchena, solicitó su informe sobre a la Abogacía del Estado, perjudicada por el delito de malversación al que fueron condenados el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellera Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull. Antes de emitir su dictamen la Abogacía pidió al Supremo que reclamara un informe al Tribunal de Cuentas para certificar algo conocido públicamente desde el año pasado, esto es, que los presos depositaron una fianza de 4,1 millones de euros para afrontar su eventual condena ante ese órgano por los gastos del 1-O.

El Tribunal de Cuentas confirmó al Supremo el pasado 16 de marzo que la fianza estaba depositada. La Abogacía del Estado, que depende del Gobierno, emitió el pasado martes su informe, en el que rechazó pronunciarse a favor o en contra del indulto alegando que de hacerlo se estaría “anticipando” a una decisión que corresponde al Gobierno. Completados los informes de las acusaciones, corresponde ahora al tribunal presidido por Manuel Marchena emitir su dictamen.

Al apostar políticamente por una amnistía de imposible encaje legal y viabilidad parlamentaria, los presos no han hecho caballo de la lentitud con su indulto. Solo uno de los abogados de la causa, el letrado Xavier Melero, alzó la voz hace unas semanas en los micrófonos de RAC-1: “La parsimonia es tan anómala y notable que hace pensar en algo intencional, no por parte del Gobierno”.

El informe del Supremo es perceptivo y no vinculante para el Gobierno, y tampoco existen plazos para su emisión. En paralelo, el Alto Tribunal también tendrá que decidir si confirma la revocación del tercer grado a los presos del procés acordada por un juez de vigilancia penitenciaria de Catalunya. El precedente no es un buen augurio para los soberanistas: en su primera decisión sobre la semilibertad, el Supremo cerró la puerta a cualquier flexbilización de la prisión de los líderes del procés al margen del indulto.

Una vez el Supremo envíe al Gobierno su dictamen, el Ministerio de Justicia deberá elevar al Consejo de Ministros una propuesta sobre el indulto. Pero ya nadie se atreve a poner un plazo para ello, más con las elecciones en Madrid del próximo 4 de mayo, si bien el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, desvinculó el estudio de la medida de gracia de los comicios regionales. “Los indultos no tienen calendario, se están tramitando”, agregó el pasado lunes en una entrevista en La Vanguardia. Y mientras todos los presos ya han cumplido más de una cuarta parte de la pena, esto es, más de tres años entre rejas.

Alterando el célebre dicho, el nacionalismo catalán parece empeñado en hacer posible que nada cambie para que todo siga igual. Algo lógico, por otra parte, si tenemos en cuenta que el nacionalismo –se disfrace como se disfrace- no puede hacer otra cosa que nacionalismo. Y dos fuerzas nacionalistas –Junts per Catalunya y Esquerra-, en liza por el poder, están condenadas a competir por ser más nacionalistas que su más directo rival. Lo cual impide a los contendientes abandonar su dogma fundamental: la necesidad perentoria de una confrontación con el Estado español para sacar adelante una Cataluña independiente.

De ahí que, al final, por mucho que se detesten, a Esquerra y Junts per Catalunya no les quede otro remedio que hacer caso a María Dolores Pradera y mantenerse amarraditos los dos a las sillas de un Gobierno en el que están incómodos; y cuya principal preocupación parece ser la de dotar a sus cuerpos de seguridad de abundantes provisiones de tiritas para impedir que quienes tiran adoquines a los Mossos salgan lastimados. Ya se sabe: hay que contentar a la CUP, que es el extraño forúnculo de izquierdas que seguirá teniendo el ¿nuevo? Gobierno autonómico. Supongo que, cuando se constituya, sus integrantes no se podrán decir aquello de “¡cuánto tiempo sin vernos!”. Aunque, bien mirado, podría tener su sentido, teniendo en cuenta que, hasta el presente, los coaligados no se podían ni ver. 

Por suerte, tienen ahora enfrente a Illa, ese español que se hace pasar por catalán y ha tenido, además, el descaro de ganarles las elecciones, y eso les permite odiar a alguien “de fuera” de común acuerdo, a riesgo, en caso contrario, de cargarse el gran consenso nacional que Cataluña necesita. De modo que, si antes no queríamos nacionalismo (o no tanto, al menos), ahora tendremos la taza y medio con la que el nacionalismo responde en cuanto tiene ocasión. Más o menos, éste sería el resumen de lo que puede dar de sí el nuevo Gobierno de Cataluña.

Que, lógicamente, volverá a ser como el anterior: el que tenía paralizado al país con sus disensiones internas, que completaban las que ya mantenían con la Cataluña que no se ajustaba a sus esquemas ideológicos. Parece, así, diluirse el espejismo que hacía de Esquerra la única posibilidad de una etapa más volcada en la resolución de los problemas reales de la sociedad catalana, que en el mantenimiento de las esencias nacionales; y más favorable a un entendimiento entre fuerzas progresistas y de izquierda. Y es que no se puede ser nacionalista y de izquierdas al mismo tiempo. Y como ocurre con todo nacionalismo, cuando se pone la “defensa de la nación” por delante, desaparece “la ciudadanía” y sus problemas más urgentes; y lo que sale al final es un acuerdo, no con la izquierda (PSC, primer partido, además, de Cataluña), sino con la derecha catalana de siempre, que, diga lo que diga, no es otra que la heredera del partido de Pujol.

O sea, que siguen con lo del “procés” y con eso de que “lo volverán a hacer”, aunque no se sabe muy bien qué. De momento, lo que se sabe es que los objetivos centrales de los viejos coaligados seguirán siendo, como ya he dicho, los de enfrentarse al Estado, que constituye su única razón de ser. Han escogido para ello a sus próximas víctimas, que pueden engrosar la ya larga lista de políticos dignos de ser amnistiados. Para empezar, a Laura-Imputada Borrás ya la han hecho presidenta del Parlamento de Cataluña, para, según dijo en su primera alocución a la Cámara, continuar la tarea de Carmen Forcadell.

Aunque el envolvente épico en la trayectoria de una y otra presidenta no va a ser exactamente el mismo. Forcadell fue víctima de su propia incontinencia ideológica, y no de otra cosa; en tanto que Borrás estaba imputada bastante antes de las elecciones por un delito de corrupción, que reviste mucha menos grandeza, se mire como se mire. Son diferencias que denotan la progresiva devaluación de un “procés” al que se le ven ya las arrugas de su propio envejecimiento. Hace unos años, los “nacionales” de Cataluña iban a por la república independiente. Ahora reclaman la amnistía para quienes la promovieron de manera ilegal. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Pedir el indulto para sus presos? Tampoco sería de extrañar. Pero, eso sí, poniendo como música de fondo el himno de “Els Segadors”, que siempre viste mucho.

Nuevo intento de la Fiscalía para que los presos del procés vuelvan a un régimen carcelario estricto. El Ministerio Público ha recurrido ante el Tribunal Supremo la negativa de los jueces penitenciarios catalanes de suspender de forma cautelar la semilibertad de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa. El recurso sobre los siete presos de Lledoners todavía se está estudiando. Hasta ahora, aunque se presentaran en días diferentes, los recursos de la Fiscalía han afectado a los nueve condenados por sedición.

La pasada semana tanto el juez encargado de Bassa y Forcadell como el magistrado responsable de los siete presos hombres rechazaron la solicitud de la Fiscalía para suspender el tercer grado mientras estudiaban el recurso del Ministerio Público contra la semilibertad.  Los fiscales piden ahora al Supremo suspender ya el tercer grado mientras los jueces los resuelven, lo que implicaría que los líderes independentistas dejaran de salir entre semana para trabajar y pasar el fin de semana en casa.

Pese a que la literalidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el tercer grado se suspende al recurrir ante la segunda instancia –el Tribunal Supremo, en el caso de los presos del procés– la Fiscalía reclamaba extender la suspensión de la semilibertad al recurso en primera instancia ante el juzgado de vigilancia penitenciaria. Pero los dos magistrados lo rechazaron al entender que debía prevalecer el derecho fundamental a la libertad de los presos. Recordaron además que el recurso no deja en suspenso el tercer grado cuando se presenta en primera instancia ante los juzgados de vigilancia penitenciaria, sino que lo hace cuando se recurre en segunda instancia, es decir, ante el Supremo.

En cambio según la Fiscalía los argumentos del juez para no suspender el tercer grado de Bassa y Forcadell “son erróneos”, por lo que sus resoluciones “no se ajustan a derecho”. A criterio de los fiscales, no se trata de una medida cautelar, como la define el juez en su resolución, sino que la suspensión del tercer grado mientras se resuelve si está bien concedido por la administración penitenicaria busca “evitar, cuanto antes”, que presos condenados a penas graves queden excarcelados, ante “el evidente riesgo de fuga”. “Carecería de toda lógica que dicho efecto suspensivo se pospusiera al recurso de apelación propiamente dicho”, apostilla el fiscal.

Para el fiscal tampoco puede invocarse, como apunta el juez en sus autos sobre Bassa y Forcadell, a que no da lugar la suspensión en este momento procesal ya que podría afectar al principio de legalidad y a restringir de forma indebida derechos fundamentales, puesto que, defiende el Ministerio Público, “la suspensión una vez interpuesto recurso de alzada no está expresamente regulada”. El ordenamiento jurídico, abunda el fiscal, “es único, pleno, coherente y carente de antinomias”, de manera que las “lagunas que puedan existir en el ordenamiento deben ser colmadas mediante una labor interpretativa y analógica”.

Así pues, el Supremo revisará ahora la medida cautelar de la suspensión del tercer grado mientras los jueces de vigilancia penitenciaria de Catalunya deciden sobre si avalan o no el fondo del tercer grado. La resolución definitiva de los magistrados también se podrá recurrir ante el Supremo. La Sala presidida por Manuel Marchena tendrá la última palabra en todo.

Al margen del recorrido de la semilibertad, el Supremo ha acordado este lunes solicitar un informe al Tribunal de Cuentas sobre las causas por responsabilidad contable que, en relación a los exconseller condenados por malversación, estén en tramitación con motivo de los gastos del referéndum ilegal del 1-O. La petición fue solicitada por la Abogacía del Estado para emitir su informe sobre el indulto de los líderes independentistas.

El juez de vigilancia penitenciaria ha rechazado suspender el tercer grado de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa, tal y como le había pedido la Fiscalía. Es la segunda vez que el magistrado del juzgado de vigilancia penitenciaria 1 de Catalunya discrepa de la Fiscalía y opta por mantener de forma cautelar la semilibertad antes de decidir sobre el fondo del recurso del Ministerio Público. La decisión permitirá a ambas dirigentes seguir saliendo de prisión entre semana para trabajar y pasar el fin de semana en casa. La Justicia tiene pendiente resolver la petición de suspensión del tercer grado respecto a los siete presos hombres de Lledoners.

Al igual que en su primer recurso del pasado mes de julio, la Fiscalía pedía que la semilibertad se suspendiera de forma automática, es decir, sin que los jueces entraran en el fondo del recurso. Pese a que la literalidad de la ley establece que el tercer grado se suspende al presentar recurso ante la segunda instancia –el Supremo, en el caso de los presos del procés– la Fiscalía reclamaba extender la suspensión de la semilibertad al recurso en primera instancia ante el juzgado de vigilancia penitenciaria.

En cambio el titular del juzgado de vigilancia penitenciaria 1, el juez Jesús Ignacio Moncada, rechaza la interpretación “extensiva” de la Fiscalía y zanja que el recurso no deja en suspenso el tercer grado cuando se presenta en primera instancia. De hecho, el magistrado remarca que la suspensión cautelar del tercer grado reclamada por los fiscales “puede afectar al principio de legalidad” ya que es una decisión que “no está expresamente regulada” y “puede afectar a una restricción de derechos al poder dar lugar al reingreso penitenciario inmediato”.

Tampoco cree el juez, en contra de lo mantenido por los fiscales, que el Tribunal Supremo hubiera reinterpretado la normativa penitenciaria para avalar la suspensión del tercer grado cuando el pasado mes de julio cambió el criterio y se arrogó la competencia para decidir sobre las salidas laborales de los presos basadas en el artículo 100.2 del reglamento, hasta entonces en manos de las Audiencias Provinciales.

A la espera de la decisión del juzgado de vigilancia penitenciaria 5, competente para los siete presos de Lledoners, se repite lo ocurrido el pasado mes de julio, cuando el juez también mantuvo el tercer grado de Bassa y Forcadell. Lo contrario hizo la magistrada responsable de los siete condenados por sedición de Lledoners, lo que supuso la paradoja de que Bassa y Forcadell pudieron pasar cuatro meses en semilibertad –hasta que el Supremo tumbó en diciembre el tercer grado a todos los presos del procés– mientras el resto de presos esperaba el fallo definitivo del Alto Tribunal en prisión estricta.

Un mes después de la decisión del Supremo, la Generalitat concedió por segunda vez el tercer grado a los líderes del procés, que desde el pasado 29 de enero pueden volver a salir de prisión a diario para trabajar y hacer voluntariado y pasar el fin de semana en casa. Pese a que el Tribunal Supremo tumbó en diciembre el tercer grado otorgado en verano, la Generalitat alegó que los presos ya habían pasado más tiempo en prisión y que todos ellos ya habían cumplido un cuarto de la pena a la que fueron condenados.

Para la Fiscalía no es suficiente. En sus recursos presentados un día después de las elecciones del 14F, los fiscales consideran que los presos del procés deben pasar más tiempo en prisión porque “siguen sin reconocer el delito” y, pese a que llevan casi tres años de cárcel, se encuentran en una “fase inicial de cumplimiento” de las pena de 9 a 13 años de prisión a los que fueron condenados. La Fiscalía infiere, a partir de las decisiones de la Generalitat sobre los presos y al hecho de que algunos de ellos ha manifestado su voluntad de “volverlo a hacer”, que la política penitenciaria de la administración catalana va dirigida “no tanto su rehabilitación, sino directamente al objetivo de alterar la decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento”. Ahora el juez debe resolver el fondo del recurso del fiscal contra el tercer grado. El Supremo seguirá teniendo la última palabra.

La Generalitat de Catalunya ha vuelto a clasificar a los presos del procés en tercer grado, equivalente a la semilibertad. La decisión de la secretaría de Medidas Penales y Reinserción de la conselleria de Justicia confirma la propuesta de clasificación que hace dos semanas hicieron las Juntas de Tratamiento de los tres centros penitenciarios catalanes donde cumplen condena por sedición los líderes soberanistas y se produce después de que el Tribunal Supremo revocara el primer tercer grado en diciembre entre duras críticas a los profesionales de las cárceles y a la Generalitat.

A partir de este mismo viernes, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Quim Forn podrán salir a trabajar o realizar labores de voluntariado entre semana, volver a prisión solo para dormir y pasar el fin de semana en casa. La decisión también les permitirá participar en actos de ERC y Junts en la campaña electoral para los comicios del 14 de febrero. Además, una vez cumplan un cuarto de la pena, con el tercer grado tendrán disponibles 48 días de permiso al año en tercer grado frente a los 36 actuales con el segundo grado.

Fuentes de la conselleria de Justicia han indicado que el servicio de clasificación todavía no ha decidido si también acepta la propuesta de tercer grado para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell pues la prisión de Wad-Ras de Barcelona, donde cumple condena, se encuentra confinada hasta el próximo 1 de febrero por un brote de coronavirus.

La ley penitenciaria establece que cada seis meses las cárceles deben clasificar a los internos. Hace un año, en su primera clasificación, los nueve presos por sedición permanecieron en segundo grado –el más habitual– aunque flexibilizado mediante la aplicación del artículo 100.2 del reglamento, que les permitió salir de la cárcel entre semana para trabajar o cuidar de familiares. En verano accedieron al tercer grado. Pero el Tribunal Supremo tumbó tanto el 100.2, arrogándose la competencia para decidirlo hasta entonces en manos de las Audiencias Provinciales, como el tercer grado que sí habían avalado los jueces penitenciarios. El Alto Tribunal volverá a tener la última palabra sobre la semilibertad. La conselleria de Justicia ha tardado 15 días en confirmar el tercer grado propuesto por las cárceles, al igual que el pasado verano.

Desde Justicia se defiende que todos los presos del procés han cumplido medio año más de pena desde su anterior clasificación en tercer grado, situándose todos alrededor de los tres años en prisión. Además, la conselleria fundamenta su decisión en que todos los presos han cumplido ya una cuarta parte de la pena o la cumplirán en los próximos días: Junqueras lo hará este sábado; Forcadell el próximo martes y Romeva, Turull y Bassa el 11 de febrero.

En suma, para el departamento ya ha pasado el “tiempo suficiente” para constatar una “evolución positiva” de los presos del procés, pues tanto en su anterior periodo en tercer grado como bajo el 100.2 los internos mantuvieron un régimen de vida “sin incidentes, con pleno compromiso con la tarea encomendada y con una valoración positiva, tanto para el proceso de reinserción sociolaboral como para el mantenimiento del vínculo familiar”.

Justicia ha querido recordar además que el tercer grado “no supone en ningún caso un vaciado de sentencia”, en clara respuesta a las críticas vertidas por el Tribunal Supremo.Los magistrados del Alto Tribunal consideraron que los presos debían pasar más tiempo en prisión estricta y cargaron con dureza contra la administración penitenciaria catalana, a quien acusaron de “vaciar de contenido” la sentencia del procés mediante el tercer grado por compartir supuestamente ideología independentista con los presos. Con su decisión, el Supremo cerró la puerta a cualquier vía para flexibilizar la prisión de los presos del procés al margen del indulto. El Gobierno estudia si conceder la medida de gracia, una decisión que en cualquier caso no se tomará hasta después de las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero.

El Supremo, además de reclamar más tiempo en prisión, consideró que los presos debían someterse a un programa de tratamiento específico sobre el delito de sedición que tanto los profesionales de las cárceles como los jueces de vigilancia penitenciaria de Catalunya ven contrario a la libertad ideológica de los internos. En este sentido, la conselleria destaca que todos los presos han participado en “actividades de razonamiento, juicio crítico y resolución de conflictos” mostrando “máxima colaboración tanto con el resto de internos como con los profesionales”. Asimismo, para otorgar la semilibertad se ha tenido en cuenta la ausencia de incumplimientos judiciales y de expedientes disciplinarios de todos los líderes soberanistas y que todos ello tienen un pronóstico de bajo riesgo de reincidencia y una red social y familiar “favorable para la rehabilitación”.

Los presos, entre la campaña y los recursos

A la espera de que también se confirme el tercer grado para Forcadell, los presos, además de salir entre semana para trabajar, podrán aprovechar el tiempo que estén fuera de prisión para participar en actos electorales de sus partidos, pues pese a estar inhabilitados para ocupar cargos públicos conservan su derecho a la participación política. De hecho salvo el presidente de Òmnium Cuixart, Jordi Cuixart, que no milita en ningún partido, está previsto que el resto de presos participen de un modo u otro en las campañas de ERC y JxCat. Serán actos en su mayoría telemáticos, sin asistencia de público.

De la rapidez de la Fiscalía y de los jueces dependerá el tiempo que los presos puedan mantener el tercer grado. El pasado verano pasaron dos semanas entre la concesión del tercer grado y el recurso de la Fiscalía, que salvo sorpresa volverá a pedir que la semilibertad quede en suspenso mientras los jueces penitenciarios deciden si la vuelven a avalar. Los jueces además tomaron decisiones opuestas: mientras la magistrada encargada de los siete presos de Lledoners acordó suspender el tercer grado de los presos, que duró dos semanas, el juez competente para las prisiones de Bassa y Forcadell se lo mantuvo durante más de cinco meses, hasta que el Supremo lo tumbó.

Ahora sin embargo, aunque la Fiscalía y los jueces impongan con celeridad una rápida vuelta a prisión de los líderes soberanistas, al cumplir todos ellos en los próximos días un cuarto de la pena podrán disfrutar de permisos, y por lo tanto pasar algunos días fuera de la cárcel en la que algunos permanecen desde hace más de tres años.

Las cárceles catalanas han vuelto a proponer clasificar a los presos del procés en tercer grado, equivalente a la semilibertad. La decisión de los centros penitenciarios catalanes, que la conselleria de Justicia deberá confirmar en menos de dos meses, se produce después de que el Tribunal Supremo revocara el primer tercer grado en diciembre entre duras críticas a los profesionales de las cárceles y a la Generalitat.

Cada seis meses las cárceles deben clasificar a todos los reclusos. El grado más habitual es el segundo, el ordinario. Hace un año, en su primera clasificación, los nueve presos por sedición permanecieron en segundo grado, aunque flexibilizado mediante la aplicación del artículo 100.2 del reglamento, que les permitió salir de la cárcel entre semana para trabajar o cuidar de familiares. En verano accedieron al tercer grado. Pero el Tribunal Supremo tumbó tanto el 100.2, arrogándose la competencia para decidirlo hasta entonces en manos de las Audiencias Provinciales, como el tercer grado que sí habían avalado los jueces penitenciarios.

Los magistrados del Alto Tribunal consideraron que los presos debían pasar más tiempo en prisión estricta y cargaron con dureza contra la administración penitenciaria catalana, a quien acusaron de “vaciar de contenido” la sentencia del procés mediante el tercer grado por compartir supuestamente ideología independentista con los presos. Con su decisión, el Supremo cerró la puerta a cualquier vía para flexibilizar la prisión de los presos del procés al margen del indulto. El Gobierno estudia si conceder la medida de gracia, una decisión que en cualquier caso no se tomará hasta después de las elecciones catalanas previstas –aunque con altas posibilidades de suspenderse– para el 14 de febrero.

En este contexto de enfrentamiento se ha emitido este jueves la propuesta de las Juntas de Tratamiento, integradas por psicólogos, juristas y educadores, de las cárceles de Lledoners, Wad Ras y Puig de les Basses respecto a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Carme Forcadell y Dolors Bassa. El secretario de Medidas Penales y Reinserción de la conselleria de Justicia de la Generalitat, Amand Calderó, ha sido el encargado de anunciar la propuesta de las cárceles y de enviar un mensaje al Supremo: “Poner el foco en el tratamiento penitenciario es una equivocación”.

A diferencia de la primera clasificación por unanimidad en tercer grado, en esta ocasión tan solo las propuestas de Cuixart, Sànchez y Bassa han recibido el aval de todos los miembros de las Juntas, mientras que la la propuesta de semilibertad para el resto de presos ha sido aprobada por mayoría. Calderó ha defendido que los seis meses más que los presos han cumplido en prisión y el hecho de que todos ellos cumplan una cuarta parte de la pena este mes de febrero –ya lo han hecho los 'Jordis', Rull y Forn– son “nuevas circunstancias” que deberían facilitar que, en esta ocasión, el Supremo no vuelva a considerar “prematura” la semilibertad.

Otro motivo que respalda la semilibertad, ha destacado Calderó, es que los equipos penitenciarios han tenido más tiempo para observar la “conveniencia” del tercer grado en los presos del procés. En ese sentido, Calderó ha recordado que las decisiones sobre clasificación “pasan por las manos de treinta profesionales diferentes”, que valoran la conducta de los reclusos, su adaptación al centro, las condiciones del entorno, la ausencia de antecedentes, la parte de condena cumplida, el riesgo de reincidencia y el alcance de los objetivos marcados en la primera clasificación. “Las Juntas hacen su trabajo en base a propuestas técnicas de forma absolutamente independiente y rigurosa”, ha sentenciado.

El tercer grado propuesto por las juntas, que obliga solo a acudir a la prisión a dormir de lunes a jueves, no será efectivo hasta que lo ratifique el departamento de Justicia, que dispone de un plazo máximo de dos meses para hacerlo, un calendario que Calderó ha desvinculado de la agenda electoral. Una vez entre en vigor, la Fiscalía tendrá oportunidad de recurrir la clasificación de los presos del procés primero ante los juzgados de vigilancia penitenciaria y, en última instancia, ante el Tribunal Supremo, así como pedir su suspensión mientras no haya una decisión judicial firme.

Calderó ha insistido además en que “nadie tiene dudas razonables” de que, si dependiera del Govern, ninguno de los presos soberanistas habría entrado en prisión, por lo que sería “injusto y malintencionado” cargar contra los profesionales penitenciarios, en referencia a las críticas vertidas por el Supremo contra la administración de prisiones de la Generalitat. Y sobre la crítica del Supremo sobre que los presos no realizaran un tratamiento penitenciario específico sobre la sedición –que los jueces de vigilancia veían contrario a su libertad ideológica–, Calderó lo ha descartado recordar que no hay un programa específico por cada delito y que los líderes soberanistas ya han seguido un tratamiento “individualizado” y “adecuado” con objetivos concretos.

Los casi tres años que los presos del procés llevan en prisión no son suficientes para el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal ha impuesto este viernes un retorno de los internos a una vida carcelaria dura, sin salidas laborales ni para cuidar de familiares fuera de prisión, y no ha fijado siquiera una fecha aproximada para su flexibilización. La decisión de los magistrados encabezados por Manuel Marchena deja como únicas alternativas viables para templar la situación de los presos el indulto que estudia el Gobierno o bien la reforma del delito de sedición, un trámite más largo al involucrar el Congreso. La amnistía que reclaman los independentistas no tiene visos de prosperar por falta de apoyo político en la Cámara.

Aunque la decisión del Supremo era la esperada, entre las defensas de los dirigentes independentistas ha sorprendido que el tribunal dedique más párrafos a reiterar que los presos no fueron condenados por ser independentistas y criticar a las cárceles catalanas que en exponer los motivos para revocar el tercer grado. La cuestión clave se condensa en apenas un folio, en el que el Supremo deja clara su postura. La semilibertad es “prematura” porque, según el tribunal, debe pasar “un periodo de tiempo mayor” para valorar “la evolución del interno y del tratamiento penitenciario”. Y no menos importante: el Supremo recuerda que no solo hay que tener en cuenta el objetivo de la reinserción social a la hora de conceder el tercer grado, sino que también se deben valorar “los efectos de prevención general y especial” que conlleva la estancia en prisión sin salidas para trabajar, más en condenas largas, de entre nueve y trece años de cárcel, como las impuestas a los presos del procés.

La duración de las penas se impone como la barrera infranqueable para el tercer grado, a juicio del Supremo. Lo contrario habían valorado los jueces de vigilancia penitenciaria de Catalunya que autorizaron la semilibertad de los presos concedida por la Generalitat en base a los informes de los juristas y psicólogos de las cárceles. La “gravedad delictiva” y el tiempo de cumplimiento de las penas “no constituyen obstáculos insalvables” al tercer grado, expuso el juez que avaló la semilibertad de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa. Jueces y profesionales penitenciarios consideraron que el bajo riesgo de reincidencia, el buen comportamiento en la cárcel, el reconocimiento de los hechos y autocrítica de los presos y la necesidad de retomar su vida laboral y familiar pesaban más que la larga duración de las penas, y en consecuencia dieron su visto bueno al tercer grado.

El Supremo invierte la importancia de los criterios valorados por los jueces y técnicos penitenciarios, otorga un peso preponderante a las largas condenas, y, en línea con la Fiscalía, deja sin efecto la semilibertad. Además, los magistrados cargan contra las cárceles catalanas por, a su juicio, “no hacer mención alguna a las razones que justifican” la semilibertad. El Alto Tribunal no da pistas sobre cuánto tiempo más deberán pasar en prisión los líderes del procés para poder flexibilizar su régimen penitenciario y veta el tercer grado tanto para los presos que han cumplido una cuarta parte de la pena –Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Josep Rull y Joaquim Forn– como para el resto.

A diferencia de autos anteriores, el Supremo no se ha pronunciado este viernes indirectamente sobre la reforma de la sedición. Tampoco sobre el indulto. El Alto Tribunal ya ha recibido el dictamen favorable al indulto de las cárceles catalanas, y tiene pendiente, al igual que la Fiscalía, emitir su posición, que no es vinculante, sobre la medida de gracia. Este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha rechazado poner plazos para resolver los indultos –en ningún caso llegarían antes de febrero– y ha afirmado que la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez llegará “cuando toque”. La vicepresidenta ha vinculado la petición de Unidas Podemos para liberar a los líderes soberanistas antes de las elecciones catalanas del 14 de febrero con las “posiciones políticas” de los 'comuns' en la precampaña catalana.

Ni tercer grado ni salidas para trabajar

Además de tumbar el tercer grado e impedir que los presos salgan a diario de prisión para trabajar y solo regresen a dormir entre semana, el Supremo también veta la vía alternativa que ensayaron los servicios penitenciarios catalanes para flexibilizar la estancia entre rejas de los líderes independentistas: clasificar a los presos en segundo grado –el común– pero permitirles salidas laborales y para cuidar de familiares mediante la aplicación del artículo 100.2 del reglamento. Cabe recordar que el Supremo se arrogó la competencia para decidir sobre el 100.2 que hasta el caso del procés en Catalunya dirimían en última instancia las Audiencias Provinciales.

No importa el trabajo –profesor, abogado, dirigir su propia empresa– que realizaran fuera de la cárcel los presos del procés o que ya estuvieran jubilados, como Carme Forcadell. Para el Supremo “no existe relación alguna” entre el trabajo de los presos y la sedición y la malversación a la que fueron condenados, por lo que los empleos no pueden servir para justificar la concesión del 100.2. El tribunal no concreta qué tipo de trabajo tendrían que llevar a cabo los presos relacionado con la sedición. Tan solo insiste en que el tratamiento penitenciario de los presos “no puede ser ajeno a los delitos cometidos”, y que los presos deben participar en un programa con actividades que vayan “más allá de la toma de conciencia sobre los propios actos y sus consecuencias o del fomento del juicio crítico” y estén directamente relacionadas con la sedición.

La cuestión del tratamiento penitenciario ya había provocado el pasado mes de julio un encontronazo entre el Supremo y los jueces de vigilancia penitenciaria catalanes, que consideraban que un programa de este tipo vulneraría la libertad ideológica de los presos. En esta ocasión el Supremo va un paso más allá y, en una inédita censura a otro miembro de la carrera, insta a la magistrada encargada de los presos de Lledoners a “abandonar como línea argumental” la tesis de que un programa penitenciario sobre la sedición conculca los derechos fundamentales de los presos al comportar que abandonen los postulados independentistas

“Basta una lectura detenida del relato de hechos probados de la sentencia para apreciar que la condena nada tiene que ver con la persecución ideológica”, abunda el Supremo, que en varios tramos de sus resoluciones insiste en que los presos del procés no han sido juzgados ni condenados por su ideología “ni están en modo alguno obligados a cambiarla”. La condena se impuso, recalca al Alto Tribunal, “por haber desbordado el marco constitucional que impone el respeto a las resoluciones judiciales, por haber alentado en la ciudadanía el falso mensaje de que con su movilización haría posible impedir el cumplimiento de los actos jurisdiccionales que delimitan el espacio de convivencia democrática en nuestro sistema”.

Por contra, el Supremo orilla la cuestión en que más insistió la Fiscalía para reclamar la revocación del tercer grado. Insistía el Ministerio Público en que los presos soberanistas se arrepintieran porque “reconocer los hechos y aceptar las consecuencias no es reconocer el delito”. El Alto Tribunal no hace mención alguna al arrepentimiento reclamado por los fiscales ni tampoco censura a los jueces penitenciarios catalanes por haber recordado al Ministerio Público que no mostrar arrepentimiento o defender la propia inocencia es “un pensamiento y una decisión legítimas, ya que la normativa penitenciaria no impone la obligación al condenado de arrepentirse, ni que se declare culpable o que prescinda de su declaración de inocencia”.

Nueva clasificación de los presos en un mes

Tras los autos de este viernes, el balón vuelve a las cárceles catalanas, que en un mes deben volver a clasificar a los presos en segundo o tercer grado. La decisión vendrá condicionada ahora por los límites impuestos por el Tribunal, tanto respecto a las ofertas laborales de los presos para un 100.2 en segundo grado como a las razones para conceder el tercer grado. En una dura crítica a la administración penitenciaria catalana, el Supremo afea a los profesionales de las cárceles no haber justificado la progresión al tercer grado ni haber detallado “la evolución y la progresión del tratamiento” ni la “modificación de sectores o rasgos de la personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva” que motivaron la concesión de la semilibertad.

Tras advertir con acciones legales a los funcionarios si permitían pasar la pandemia en casa a los presos durante el confinamiento, el Supremo acusa ahora a la administración penitenciaria catalana de convertirse “una extravagante tercera instancia que se arroga la tarea de hacer más justa la decisión emanada de los jueces y tribunales” debido a que comparte ideología independentista de los presos del procés. “Los órganos de la administración penitenciaria –apostilla el Supremo en su último dardo a la Generalitat– no pueden vaciar la respuesta penal proclamada por un tribunal sometiendo su sentencia a una relectura que disfraza un tratamiento penitenciario privilegiado y, precisamente por ello, improcedente”.

El Tribunal Supremo ha revocado el tercer grado, equivalente a la semilibertad, que las prisiones catalanas, la conselleria de Justicia de la Generalitat y los jueces de vigilancia penitenciaria habían autorizado a los nueves presos del procés condenados por sedición. El Alto Tribunal, en línea con la Fiscalía, tilda de “prematura” la concesión del tercer grado y acusa a la administración penitenciaria catalana de realizar una “inadmisible reinterpretación” de la sentencia del procés para reducir la estancia en prisión de los líderes independentistas. Además de la semilibertad, el Supremo tumba las salidas laborales de los presos en aplicación del artículo 100.2 del reglamento.

En sus autos respecto a los nueve presos el Supremo acaba en la misma conclusión: los presos del procés deben pasar más tiempo en prisión antes de que se les pueda conceder el tercer grado. No aclara el tribunal cuántos meses más serían precisos para que los presos pudieran disponer de la semilibertad, pues a juicio del Supremo antes se deberá valorar “la evolución del interno y del tratamiento penitenciario”. Los magistrados tampoco distinguen entre los presos que ya han cumplido un cuarto de la pena -Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Josep Rull y Joaquim Forn- y los que no.

Para el tribunal los informes de los profesionales penitenciarios que manifestaban que los presos, sin estar de acuerdo con las penas, reconocían los hechos por los que habían sido condenados y habían reflexionado de forma crítica sobre los efectos del procés son “relevantes” pero “insuficientes” para la progresión al tercer grado. Remarca el Supremo que es necesario que los presos participen en un tratamiento penitenciario que vaya “más allá de la toma de conciencia sobre los propios actos y sus consecuencias o del fomento del juico crítico”.

Vuelve a insistir el Supremo, como ya hizo el pasado mes de julio, que el tratamiento penitenciario debe buscar la reeducación y reinserción de los condenados, lo que debe traducirse en actividades relacionadas con los delitos de sedición y malversación. Se trata de un programa reclamado por la Fiscalía pero que tanto los jueces penitenciarios catalanes como las cárceles habían descartado aplicar porque vulneraría la libertad ideológica de los presos.

Todo lo contrario cree que el Supremo, que reitera que los presos del procés “no han sido condenados por perseguir la independencia” de Catalunya, y considera que la jueza de vigilancia penitenciaria “yerra” al concluir que la luz verde que el tribunal ha dado a los recursos de la Fiscalía “implicarían exigir a los internos que modificaran su ideología”. Para el Supremo la conclusión de que los presos puedan llegar a tener que “renegar de sus convicciones políticas” supone “aferrarse a una línea argumental equivocada que nada tiene que ver con el significado del cumplimiento de una pena privativa de libertad en una sociedad democrática”.

Y a este extremo es a lo que cree el Supremo que se ha agarrado la administración penitenciaria de la Generalitat. En una dura crítica a la administración penitenciaria dependiente de la Generalitat, el Supremo recuerda a las cárceles catalanas que no pueden “distanciarse de los principios y garantías que informan la ejecución de las penas de prisión” impuestas por los tribunales y que “su acatamiento de la legalidad no debe hacerse depender de su grado de identificación o desacuerdo con la argumentación jurídica sobre la que se fundamenta la condena”.

Insinúa además el Supremo que la administración penitenciaria de la Generalitat se ha convertido en “una extravagante tercera instancia que se arroga la tarea de hacer más justa la decisión emanada de los jueces y tribunales” debido a que comparte ideología independentista de los presos del procés. “Los órganos de la administración penitenciaria –apostilla el Supremo en su último dardo a la Generalitat– no pueden vaciar la respuesta penal proclamada por un tribunal sometiendo su sentencia a una relectura que disfraza un tratamiento penitenciario privilegiado y, precisamente por ello, improcedente”.

La decisión del Supremo, que como tribunal sentenciador tiene la última palabra sobre la clasificación penitenciaria de los presos del procés, confirma que los líderes independentistas vuelven a un segundo grado estricto dentro de prisión. Hasta que las cárceles catalanas no revisen su grado penitenciario el próximo mes de enero, los presos no podrán volver a disfrutar de salidas laborales o para cuidar de familiares. Solo los cuatro presos que ya han cumplido un cuarto de la pena podrán tener acceso a permisos.

En la práctica, los siete hombres presos en Lledoners ya habían vuelto al segundo grado desde el pasado mes de julio porque la jueza de vigilancia penitenciaria encargada de revisar su semilibertad la había suspendido cuando la Fiscalía la recurrió por primera vez. Lo contrario decidió el juez penitenciario que revisó el tercer grado de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa, quien ha permitido a ambas presas seguir con el tercer grado hasta que el Supremo se lo ha revocado este viernes. Las dos presas ya han reingresado en prisión este viernes por la noche.

Ambos jueces de vigilancia penitenciaria sí coincidieron en avalar el tercer grado a los presos, en contra del criterio de la Fiscalía. En el caso de Bassa y Forcadell, el juez consideró que la “gravedad delictiva” y el tiempo de cumplimiento de las penas de once y doce años de cárcel a las que fueron condenadas por sedición “no constituyen obstáculos insalvables” al tercer grado. Por su lado, la magistrada encargada de los siete presos de Lledoners llegó a afear a la Fiscalía que buscara un “castigo ejemplar” a los condenados por el procés al oponerse a cualquier flexibilización penitenciaria.

Las cárceles catalanas han remitido al Tribunal Supremo sus informes de evaluación penitenciaria de los nueve presos del procés condenados por sedición, que constatan una evolución favorable y adecuada a retomar la vida en libertad. Antes de la decisión definitiva del Gobierno, el Supremo y la Fiscalía también valorarán la concesión del indulto.

Los equipos técnicos de las prisiones de Lledoners, Puig de les Basses y Wad Ras, donde cumplen condena los líderes del procés, enviaron sus informes al Supremo entre los días 27 y 28 de octubre pasados, según han indicado fuentes de la conselleria de Justicia de la Generalitat.

Los informes, remitidos por los técnicos penitenciarios sin la supervisión de la Secretaría de Medidas Penales de la conselleria de Justicia de la Generalitat que comanda la republicana Ester Capella, habían sido solicitados por el Supremo, como es preceptivo, para conocer cuál es la evolución de los reclusos, en cuestiones clave para la concesión de cualquier indulto, como son el arrepentimiento o la capacidad de reinserción.

En los dictámenes, adelantados por El Confidencial, las cárceles destacan que los presos han “reflexionado” sobre los hechos por los que fueron condenados y “asumen sus consecuencias”. Se trata de argumentos que los equipos de las cárceles vienen exponiendo para conceder permisos, salidas laborales entre semana de la cárcel y, más recientemente, el tercer grado a los presos del procés.

En esos dictámenes, los técnicos han destacado repetidamente la buena conducta de los líderes independentistas, su bajo índice de reincidencia, las altas posibilidades de reinserción, la estabilidad de su entorno familiar y su autocrítica sobre su actuación en el procés. Sin embargo, la Fiscalía considera que la autocrítica y reflexión de los presos no se puede equiparar al arrepentimiento que el Ministerio Público ve necesario para conceder cualquier beneficio penitenciario así como el indulto.

En estos momentos, los nueve presos tienen avalada la semilibertad por el juzgado de vigilancia penitenciaria, aunque al exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull y los Jordis se les ha suspendido a la espera de que el Supremo resuelva los recursos de Fiscalía. El Supremo estudia este jueves los recursos y tiene previsto comunicar su decisión en los próximos días.

Respecto al indulto la última palabra la tiene el Gobierno, pero el Supremo, como tribunal sentenciador, evaluará los informes de las cárceles y, una vez disponga de los de la Fiscalía -todavía pendientes-, emitirá un dictamen sobre su posición ante el indulto. El informe de la Sala presidida por el magistrado Manuel Marchena no vincula la decisión que pueda adoptar el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que todavía tardará como mínimo medio año.

El juzgado de vigilancia penitenciaria ha acordado mantener el tercer grado de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa mientras el Tribunal Supremo resuelve el recurso presentado por la Fiscalía contra el régimen de semilibertad que les concedió la Generalitat.

En sendos autos, el titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 1 de Barcelona descarta suspender el tercer grado de Bassa y Forcadell, como pedía el ministerio público argumentando que así está previsto de forma automática cuando se presenta recurso de apelación contra la clasificación penitenciaria.

Se repite así el criterio distinto entre los juzgados de vigilancia penitenciaria encargados de los presos del procés sobre si los recursos de la Fiscalía tienen efectos suspensivos del tercer grado: ya en julio, en el primer recurso del Ministerio Público, la jueza del juzgado de vigilancia penitenciaria 5, encargada de los siete presos de Lledoners, suspendió la semilibertad de los exconsellers y los 'Jordis', mientras que el magistrado encargado de Bassa y Forcadell la mantuvo.

La distinta interpretación de los togados sobre una disposición adicional de la ley orgánica del poder judicial sobre la suspensión del tercer grado es la base de las decisiones distintas. En el caso de Bassa y Foradell, el juez entiende que no cabe aplicar la suspensión del tercer grado, tal y como había solicitado la Fiscalía, habida cuenta de que la decisión de la Generalitat de clasificarlas en tercer grado no ha sido revocada, ya que él mismo la avaló. En otras palabras, el juez entiende que la suspensión solo procede cuando en primera instancia se ha tumbado el tercer grado, lo que no ocurre en el caso de Forcadell y Bassa.

Por contra, la magistrada encargada de supervisar a los siete presos de Lledoners realizó otra interpretación de la ley y concluyó que cualquier recurso de la Fiscalía comportaba la suspensión del tercer grado. Esto ha provocado que desde el pasado mes de julio los siete presos de Lledoners permanezcan en prisión de forma estricta, en segundo grado ordinario, sin las salidas laborales y para dormir en casa de las que sí vienen disfrutando (y seguirán haciendo mientras el Supremo no resuelva) Forcadell y Bassa.

De los siete presos de Lledoners, además, solo Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn y Josep Rull pueden disfrutar de permisos para salir unas horas de la cárcel (un total de 36 días el año) ya que, a diferencia de Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull sí han cumplido una cuarta parte de la pena por sedición, el requisito legal para acceder a los permisos.

En el fondo del asunto, sin embargo, ambos togados fallaron en el mismo sentido y avalaron en primera instancia el tercer grado de los presos del procés concedido por la Generalitat, que les permite ir a prisión entre semana para dormir y trabajar fuera de la cárcel. Los recursos de la Fiscalía contra la semilibertad los resolverá, tal y como marca la ley penitenciaria, el tribunal sentenciador, que en el caso de los presos del procés es el Tribunal Supremo.

Amnistía Internacional reclama la libertad de los 'Jordis'

Amnistía Internacional (AI) ha vuelto a pedir este martes la “libertad inmediata e incondicional” de los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart coincidiendo con el tercer aniversario de su encarcelamiento. En un comunicado, AI denuncia que es “una situación de injusticia” que el expresidente de la ANC y el presidente de Òminum Cultural lleven “más de mil días entre rejas apartados de sus familias”.

Amnistía Internacional, que ha pedido varias veces que los dos líderes sociales independentistas sean liberados, considera que ambos ejercieron “sus derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión”.

“Hoy los tres poderes del Estado tienen la oportunidad de corregir los efectos de una condena injusta contraria a los derechos humanos”, defiende AI, que pide que la Fiscalía del Tribunal Constitucional impulse una “rápida resolución” del recurso de amparo interpuesto por Sánchez y Cuixart, instando a la anulación de la condena dictada por el Tribunal Supremo.