La vida de Gabriela está en suspenso desde el 18 de septiembre de 2025. Ese día admitió una condena por atentado a dos agentes de los Mossos d'Esquadra. Un delito que, pese a que figure en papel timbrado, esta vecina de Badalona (Barcelona) originaria de Argentina mantiene que no cometió. La consecuencia más relevante es que, hasta que no logre cancelar sus antecedentes penales dentro de dos años, Gabriela no podrá empezar su ansiado proceso de regularización en España. “El abogado de oficio que me atendió no me lo advirtió”, denuncia esta mujer. 

La situación de esta madre de cuatro hijas, quien se mudó a España junto a su familia por la “inseguridad” que vivía en su país de origen, ha cambiado por completo desde su encontronazo con los agentes de los Mossos d'Esquadra y su paso por el sistema judicial. A las dificultades para labrarse un futuro fuera de su casa, se le añade el shock por el episodio ocurrido y el vértigo de reclamar una revisión de la actuación de los uniformados y del abogado de oficio que la asistió. “Cada vez que salgo a la calle y veo a un agente, me pongo nerviosa”, cuenta la mujer.

Al no tener los papeles en regla, el trabajo informal era (y es) la única fuente de ingresos de Gabriela. Como todos los días, el 17 de septiembre del año pasado cuidaba en su casa del barrio de la Salut de Badalona al bebé de su cuñado. El hombre acudía a recoger a su hijo, pero las cosas no fueron como siempre. Tras llamar al interfono, Gabriela oyó que el hombre gritaba desde el vestíbulo: dos agentes de los Mossos d'Esquadra lo estaban inmovilizando.

Las razones por las que el hombre fue identificado figuran en el atestado del caso: los mossos consideraron que el cuñado de Gabriela “intentó no mantener contacto visual” con los agentes y “picó de forma insistente en el timbre” al ver el coche patrulla. Razón suficiente, a criterio policial, para bajar del coche y proceder a identificar al hombre, pese a que no estaba cometiendo delito alguno. Estaba llamando a un timbre.

La tesis de Gabriela y del centro Iridia, que representa ahora a la mujer, es que se trata de una actuación policial “racista” originada en una identificación por perfil étnico, una práctica que los distintos cuerpos policiales siguen realizando pese a las críticas de las entidades de derechos humanos. “La identificación por perfil racial es la mayor puerta de entrada al maltrato institucional”, advierte la directora de Iridia, Anaïs Franquesa. La entidad ha presentado su décimo informe sobre violencia institucional.

El cuñado de Gabriela, prosigue el atestado policial, “intentó cerrar la puerta” a los agentes, que lo inmovilizaron ya en el vestíbulo del edificio. El relato policial se mantiene en la sentencia del caso, donde se ha fijado que el hombre quiso “entrar apresuradamente en el edificio y mantener una actitud esquiva” hacia los agentes. “¿Cómo no iba a llamar al timbre, si iba a recoger a su hijo a mi casa?”, se pregunta Gabriela.

La mujer bajó de su piso, dejando al bebé en su sillita, alarmada por los gritos de su cuñado. “Lo tenían agarrado del cuello, era horrible”, rememora Gabriela. “Les pedí que por favor lo dejaran, pero me pusieron contra la pared. Yo solo repetía que había un bebé solo arriba”, agrega la mujer, que reconoce que la situación la desbordó. “Ellos dicen que les agredí, pero yo les grité y me defendí cuando me quisieron agarrar”, explica.

Gabriela y su cuñado terminaron detenidos. Ambos pasaron la noche en comisaría y pasaron a disposición judicial al día siguiente. “Ni siquiera pude hablar con mi marido y explicarle la situación”, denuncia la mujer. Los documentos del caso muestran que un mosso estuvo durante unas horas con el bebé en la casa hasta que llegó la cuñada de la mujer.

“Yo estaba con ropa liviana porque todavía hacía calor, y era la única mujer detenida. Mientras esperaba en el juzgado los otros detenidos hombres no fueron agradables, menos mal que estaba mi cuñado”, recuerda la mujer sobre las peores horas de su vida. “Estaba claramente en shock”, agrega.

Cuando su abogado de oficio la atendió, según relata la mujer, sus primeras palabras fueron: “La has liado”. Luego le indicó que había dos opciones: un acuerdo en un juicio rápido ese mismo día o un juicio más adelante, en el que se exponía a una multa más elevada, de hasta 6.000 euros. 

“Yo no sé ni lo que son unas diligencias urgentes, el letrado no me dijo que el acuerdo ya no se podía recurrir ni los efectos que tenía sobre mi residencia en España”, denuncia la mujer. Aceptar la condena implicaba que la mujer aceptaba la tesis policial del caso y no podía formalizar una denuncia por el trato policial recibido.

Este diario ha contactado con el abogado de oficio que atendió a Gabriela. El letrado niega presión alguna a la mujer para que aceptara el acuerdo, si bien admite que no abordó con Gabriela las consecuencias en su situación administrativa de una condena penal, ya que no es experto en extranjería. “Tampoco me lo preguntó”, agrega.

“Al saber que mi familia me estaba esperando fuera del juzgado me quedé todavía más descolocada, la presión emocional era tremenda y nadie me escuchó”, recuerda la mujer. “Puse la ficha y confié, porque además yo 6.000 euros ni los tengo ni los tendré, pero no me explicó la gravedad que iba a tener aceptar los cargos”, apostilla Gabriela.

En la sentencia de conformidad constan como hechos probados que la mujer “se abalanzó sobre el agente, le propinó diversos golpes y le escupió en la cara”. El atestado del caso recoge que los hechos quedaron grabados en una cámara corporal de uno de los uniformados, si bien a día de hoy la actual defensa de Gabriela no dispone de ese vídeo de nueve minutos pese a haberlo solicitado al juzgado.

Para Sònia Olivella, coordinadora de litigio estratégico de Iridia, el caso de Gabriela “es paradigmático de las consecuencias del racismo institucional que impacta en las vecinas más vulnerables”. “Ha habido una falta de escucha a Gabriela que conduce a una desconfianza en las instituciones y los cuerpos de seguridad porque confirma una vez más que la palabra de una víctima no vale lo mismo que la de los agentes”, reflexiona la psicóloga del centro, Paula Rossi.

La actual defensa de la mujer ha presentado un incidente extraordinario de nulidad contra la sentencia de conformidad, así como una queja a la comisión de deontología del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) por la actuación del letrado de oficio. La mujer es consciente de la dificultad de dar marcha atrás a la rueda de la Justicia cuando se ha activado. “Ya lo único que puedo hacer es alzar la voz por mis hijas”, concluye Gabriela.

Lo cierto es que no hay mucha diferencia entre el comportamiento del diputado de Vox José María Sánchez cuando el martes se subió al estrado de la Cámara Baja para encararse desafiante con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y lo que se escucha en las filas del PP sobre quienes sueñan con salir de pobres, les llueva la suerte y dejen atrás la clandestinidad. 

Al fin y al cabo todo es violencia institucional. Todo emana del trumpismo, todo vulnera derechos, todo perpetúa la impunidad y todo parece ya normalizarse en esta España nuestra: desde que un parlamentario traspase todas las líneas rojas y amague con la agresión al vicepresidente del Parlamento hasta que se presente como delincuentes a quienes viven entre nosotros, trabajan en el mercado negro y contribuyen al crecimiento económico.

Que esto lo haga la ultraderecha se daba por descontado, que lo haga un partido que se considera de Estado, un líder que prometió hacer política para adultos o un aspirante a presidir el Gobierno de España es inhabilitante. ¿Quo vadis, Feijóo? ¿Qué fue de aquella promesa para buscar soluciones a una inclusión social correcta y legal de quienes viven y trabajan en España, pero no tienen papeles? Entre aquel compromiso del líder de la oposición en abril de 2024 y su brutal ofensiva de hoy contra la regularización de inmigrantes hay un largo trecho que el PP ha recorrido solo por un motivo: la pérdida de apoyo electoral en favor de Vox. 

Que Feijóo haga de la mentira y la manipulación sus señas de identidad no es nuevo, pero que asegure solemne que el proceso de regularización permitirá obtener el permiso de residencia a “inmigrantes que han abusado de una mujer” es, además de una absoluta irresponsabilidad, un salto cualitativo en su escalada hacia la indigencia institucional. Carecer de antecedentes penales es y seguirá siendo un requisito imprescindible para cualquier normativa en materia de extranjería, pero a Feijóo le da igual porque con su “todo no” a lo que haga Sánchez se ha convertido en un aspirante sin proyecto político alternativo al que solo le mueve echar a Sánchez. En esa deriva se entiende su “no” a la regularización de extranjeros, la criminalización del inmigrante, la miopía en política exterior o la asunción de los más feroces postulados del trumpismo en política migratoria. 

El líder de la oposición está a un telediario de sostener que España “proporciona santuario y protección a delincuentes peligrosos” o que los extranjeros “están envenenando la sangre de nuestro país”, como afirmó Trump en alusión a los EEUU. 

Nada como el dato, la información y la estadística para desmontar falacias y evitar que una mentira repetida mil veces sea asumida sin más en la conversación pública. En nuestra mano está consumir información de manera crítica y responsable y distinguir entre verdad y propaganda, ya que la evidencia empírica demuestra que la inmigración, cuando se integra en el mercado de trabajo, contribuye positivamente al empleo, al crecimiento de la economía y a la sostenibilidad fiscal. En España, lo acreditan así las anteriores regularizaciones hechas por Gobiernos de distinto signo político, pero también las estimaciones de la Comisión Europea, del Banco de España, del Banco Central Europeo y hasta de la patronal. 

Conviene, primero, por tanto, desmontar algunos mantras de las derechas. Por ejemplo, el que sostiene que el Gobierno ha perdido el control de la inmigración. Dato: las llegadas irregulares suponen solo un 5% del total de extranjeros que entran en España. Dato: el 95% de las personas llegan por vías regulares y sobre todo seguras. Dato: los flujos migratorios irregulares se han reducido un 32% a escala nacional y un 59% en Canarias respecto al año pasado. Dato: las personas extranjeras suponen el 10% del aporte a la Seguridad Social y solo el 1% del gasto. 

La insistente asociación entre inmigración y delincuencia desde el PP y Vox no se sustenta con los datos del Ministerio del Interior, que muestran la tasa de criminalidad más baja de la historia, a pesar de que han aumentado casi en 2,5 millones las personas de origen extranjero desde 2018. El que delinque es el delincuente, no el inmigrante y las prestaciones económicas, como el IMV, siempre han estado, y así seguirá siendo, vinculadas a la búsqueda activa de empleo. Otro dato: el 83% de las personas que lo cobran ya son españoles, ya que se exige una residencia legal, efectiva e ininterrumpida durante más de un año. 

Desde una perspectiva demográfica y fiscal, el Ageing Report de la Comisión Europea ha subrayado que, en economías caracterizadas por un rápido envejecimiento poblacional, la inmigración en edad de trabajar contribuye a mitigar la reducción de la población activa, a sostener el crecimiento potencial y a aliviar las presiones a medio plazo sobre los sistemas de pensiones y protección social. En la misma línea, el último Informe País de la OCDE destaca que la integración laboral efectiva de la población migrante es un elemento clave para reforzar el empleo agregado, aumentar los ingresos públicos y mejorar la sostenibilidad del Estado del bienestar.

La regularización de 2005, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que sacó de la clandestinidad a 600.000 inmigrantes, se tradujo en mayores cotizaciones a la Seguridad Social y en un aumento de la recaudación fiscal. Aquella experiencia acreditó, de hecho, un salto sin precedentes en la afiliación de trabajadores extranjeros, que aumentó en 616.655 personas en un solo año, multiplicando por cuatro el crecimiento de ejercicios anteriores. Lejos de acreditar ningún tipo de efecto llamada como denuncian los profetas del Apocalipsis, generó más de 4.400 euros anuales por persona regularizada a través del IRPF y cotizaciones.

Hoy, como entonces, lo que se pretende es que los extranjeros que trabajan en la economía sumergida -y que eufemísticamente en la Administración llaman empleo informal- aumenten la afiliación a la Seguridad Social. Dato: desde 2023 más de 100.000 nuevas afiliaciones corresponden a personas que han accedido a alguna figura de regularización.

La evidencia de regularizaciones anteriores demuestra, además de mejoras en el empleo y los salarios de los trabajadores más cualificados, que este instrumento permite cubrir vacantes que el mercado no logra ocupar, mayoritariamente en el sector de los servicios, pero también en la construcción y el sector primario. Dato: el 45,6% de las empresas españolas declara la escasez de mano de obra como un factor que limita su actividad, un porcentaje que lleva años en aumento y que en hostelería, agricultura o construcción supera el 56%, según datos del Ministerio de Seguridad Social. Y estas son precisamente las áreas donde se concentra el empleo de la mayoría de las personas que se beneficiarán de la regularización. Dato: el 17% de los titulares de arraigo en activo trabaja en hostelería, el 13% en construcción y otro 13% en comercio.

La regularización aumenta también la recaudación fiscal y refuerza el sistema de pensiones. Algo que no es baladí en España, con una tasa de fecundidad de 1,1 hijos por mujer y una proyección de que el 30% de la población supere los 65 años en 2050. Estimaciones recientes de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia apuntan a que, de aquí a 2075, un escenario de baja migración (un 30% menos de los flujos actuales) pondría en riesgo servicios esenciales: el número de médicos especialistas podría caer un 28%, una de cada cuatro aulas de educación obligatoria podría cerrar por falta de demanda, y la oferta de cuidados de larga duración a personas mayores dependientes podría reducirse casi un 30%.

Y para desmontar toda cantinela sobre el colapso de los servicios públicos que alientan tanto Feijóo como Abascal basta con recordar que los potenciales beneficiarios de la regularización ya viven en España y ya utilizan de forma habitual la sanidad, la educación o los servicios sociales. La diferencia es que a partir de ahora contribuirán de manera plena a su financiación. ¿O acaso ignoran que los datos del padrón son la fuente para los cálculos de la demanda de plazas en colegios públicos y de camas hospitalarias, así como para el reparto de recursos del sistema de financiación autonómica? ¿O que el censo recoge a todos los residentes con independencia de su situación administrativa? Más claro: los migrantes que se acojan a la regularización ya están contabilizados en los cálculos actuales para la financiación de los servicios públicos. 

¿Qué será lo siguiente, entonces? ¿Decir que los extranjeros que vienen de Marruecos se comen nuestras mascotas? Tiempo al tiempo.

La familia de Mohamadou Diawara, el joven con problemas de salud mental que murió el pasado 24 de julio tiroteado por un policía local de Montornès del Vallès (Barcelona) tras entrar en comisaría con un cuchillo, todavía no ha podido enterrar su cuerpo más de seis meses después. La razón: la paralización de la causa judicial que investiga su muerte.

Así lo pone de manifiesto la documentación que ha podido consultar elDiario.es. Los escritos que el abogado de la familia, Eduardo Cáliz, registra ante el juzgado de instrucción 4 de Granollers (Barcelona) desde el pasado octubre no se han proveído, según ha denunciado el letrado en reiteradas ocasiones. Tampoco había recibido respuesta en la tarde de este martes.

“La paralización del procedimiento judicial, sin ningún motivo ni justificación, incrementa el dolor y el malestar de la familia”, denuncia Cáliz, que se pregunta si el trato recibido a los familiares del fallecido por parte del sistema judicial sería el mismo “si la víctima hubiera sido una persona no racializada”.

Ante la falta de respuesta del juzgado, la familia ha interpuesto un escrito de queja ante el Consejo General Poder Judicial (CGPJ) para denunciar la inacción judicial. Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), desde noviembre un nuevo juez está al frente del juzgado.

“Tal y como se están desarrollando tanto la investigación judicial como la policial, no se puede afirmar que el esclarecimiento de esta muerte constituya una prioridad real para las autoridades”, apostilla el abogado.

La defensa ha solicitado al CGPJ “un impulso procesal ante la paralización injustificada del procedimiento”. Antes ya lo había hecho ante el juzgado de instrucción 4 de Granollers, sin recibir respuesta.

Tras realizar la reconstrucción del tiroteo en la comisaría y practicar declaraciones de testigos en octubre, la causa ha entrado en una parálisis. La defensa ha denunciado que hasta cuatro peticiones realizadas desde el 14 de octubre no han sido ni siquiera tramitadas.

La primera solicitud era una ampliación de la autopsia del joven fallecido el 24 de abril para determinar de forma definitiva la causa de la muerte y si la lesión que tenía Mohamadou en la cara al morir era compatible con un golpe de porra recibido por uno de los agentes en comisaría.

El 20 de octubre, la familia pidió otras diligencias de investigación y que el Ayuntamiento de Montornès del Vallès compareciera como responsable civil en la causa. Ante la falta de respuesta, el 2 de diciembre el abogado, nuevamente, requirió nuevos datos de la autopsia.

Al no recibir respuesta, el letrado de la familia ha registrado un nuevo escrito este lunes en el que solicita, de nuevo, al juzgado un “impulso procesal” a la causa “teniendo en cuenta la gravedad de la misma y que los padres no pueden enterrar a su hijo fallecido”.

A la espera de una respuesta judicial, el tiroteo en un recinto cerrado como una comisaría a una persona con un trastorno volvió a reabrir el debate sobre la reacción policial ante personas con problemas graves de salud mental. La familia del fallecido, además, ve racismo en la actuación policial y se pregunta si los agentes hubieran disparado en caso de ser un joven blanco.

La versión policial de lo sucedido fue monolítica: Mohamadou entró cuchillo en mano, accedió, tras un golpe, a la parte privada de la comisaría y blandió el metal ante el agente que estaba en la recepción. Menos de medio minuto después, entraron otros dos agentes que estaban en el coche patrulla. Uno de ellos ya entró con la pistola desenfundada.

Las cámaras de seguridad de la comisaría avalan la primera parte de la versión policial. Se observa que Mohamadou entra en el recinto con un cuchillo de unos 20 centímetros y, a los treinta segundos, a los dos agentes que patrullaban tras aparcar el coche frente a la comisaría.

Sin embargo, no hay vídeo del momento clave porque la cámara no funcionaba desde hacía meses. En un estrecho pasillo, según relataron los agentes, Mohamadou se giró e intentó atacar con el cuchillo a una de las policías que acaba de entrar e intentaba reducirlo con el bastón policial. La respuesta de su compañero fue disparar. Mohamadou falleció y el tercer agente resultó herido de bala, aunque se ha podido recuperar. Todo ocurrió en menos de un minuto.

Los Mossos d'Esquadra concluyeron en pocas semanas que la actuación policial “se produjo en el marco del cumplimiento del deber y en el ejercicio legítimo de su oficio, protegiendo la vida de un individuo y actuando en legítima defensa”.

Los disparos, remarcó la policía catalana, fueron “un medio necesario y proporcional para evitar daños irreparables”. La familia todavía no ha podido enterrar el cuerpo casi siete meses después.

Rebaja sustancial de las condenas a los mossos d'esquadra que agredieron a un joven durante el toque de queda en la pandemia, lo detuvieron de forma ilegal y falsearon un atestado para encubrirse. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha reducido de siete a cuatro años de cárcel las penas más altas para dos de los agentes y ha absuelto a un tercero, que había sido condenado a tres años de prisión.

En su sentencia, la sección de apelaciones de la Sala Civil y Penal del TSJC mantiene los hechos probados de la Audiencia de Barcelona sobre una de las actuaciones policiales recientes más desproporcionadas, pero aminora ostensiblemente su reproche penal.

La Audiencia de Barcelona condenó a dos de los agentes a siete años de cárcel (tres por un delito de detención ilegal, otros tres por falsedad documental por el atestado falso y uno por un delito contra la integridad moral); a un tercero, a tres años de cárcel por falsedad documental; y a un cuarto, a un año de cárcel por un delito contra la integridad moral.

Con su rebaja generalizada de penas, el TSJC impone cuatro años de cárcel a los dos agentes condenados a penas más graves; absuelve al tercero y mantiene la pena de un año de cárcel al cuarto. La razón estriba en que donde la Audiencia de Barcelona vio un delito de detención en su modalidad más grave, merecedor de tres años de cárcel, el TSJC lo califica tan solo como leve y lo pasa a castigar con una multa.

Según el TSJC, pese a ser detenido ilegalmente, el joven “fue conducido de forma inmediata a dependencias policiales”, lo que implica que la pena pase de tres años de cárcel a la mínima, una multa de 540 euros. La Sala considera está cantidad “proporcional a la vista de que nos encontramos ante agentes de los Mossos d'Esquadra”.

Por el contrario, la Audiencia de Barcelona había descartado la “brevedad” de la detención para imponer los tres años de cárcel, ya que el joven estuvo toda la noche en comisaría de forma ilegal hasta que fue conducido a la autoridad judicial al mediodía siguiente.

El TSJC, pese a dar la razón a las defensas en cuanto al delito de detención ilegal, mantiene la indemnización de 14.466 euros a la víctima por las lesiones y daños morales que le ocasionaron. También el resto de pronunciamientos de la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que consideró “innecesaria, excesiva y desproporcionada”, la actuación policial.

Al igual que la sentencia de la Audiencia de Barcelona, afea a los agentes que recurrieran a la fuerza para reducir al joven. “La violencia con la que fue tratado, cuando no era necesaria, lesionó su derecho a la integridad moral”, remarcan los togados, que concluyen que la víctima “fue objeto de abuso policial”.

“Nos encontramos pues ante unos hechos de extrema gravedad en que un ciudadano inocente es falsamente inculpado y tiene suerte de que una vecina graba lo ocurrido”, asevera la sentencia, que descarta anular las imágenes grabadas en vídeo de la agresión por una vecina, tal y como pretendían las defensas. “Si se nos permite, son unas imágenes que hablan por sí solas”, apostilla la Sala.

La víctima no había cometido ningún delito cuando fue detenido, sino que, al contrario, había sido víctima de un bofetón y había sido tirado al suelo por parte del cabo que lideraba el operativo policial en el barrio del Raval de Barcelona durante el toque de queda impuesto por la COVID-19 en 2020. La sentencia del TSJC es recurrible ante el Supremo.

La abogada del centro Irídia, Laura Medina, que ejerce la acusación popular, ha celebrado que el TSJC “mantenga que, para justificar la detención, se consignó un relato no ajustado a la verdad en la minuta policial, así como la afectación a la integridad física y moral del denunciante”, si bien ha lamentado que se haya rebajado la pena por el delito de detención ilegal.

Una concejala del PP de un municipio valenciano de 128 habitantes cogió este domingo su coche, recorrió los 50 kilómetros que la separaban de Teruel, entró a un mitin del PSOE y, cuando el presidente del Gobierno y líder socialista iba a tomar la palabra, lanzó un grito que se ha hecho común en la vida de Pedro Sánchez: “¡Hijo de puta!”. La deshumanización del jefe del Ejecutivo ha calado en buena parte de la sociedad. Pero la oposición ha normalizado tanto el insulto que, lejos de condenarlo inmediatamente, intenta sacar rédito de ello.

La primera reacción del PP al incidente de Teruel no fue la de condenar los hechos protagonizados por una persona con una relevancia política muy limitada. La primera reacción del primer partido de España en número de votos fue la de justificar a Belén Navarro y sostener que su acción es asimilable a la de la mayoría social

“Ha expresado de manera espontánea su opinión política sobre la actuación del actual presidente del Gobierno”, apuntaron el domingo a elDiario.es fuentes del PP valenciano. “Es cierto que las formas pueden ser discutibles y siempre es deseable un debate público respetuoso”, concedieron, para concluir: “Pero no puede obviarse el fondo de la cuestión: hay un malestar social real y creciente que no puede despacharse con gestos de sorpresa o victimismo”.

Para el PP valenciano la reacción del presidente cuando recibe un insulto a gritos en uno de sus mítines es, por tanto, “victimismo”. Es decir, “considerarse víctima o hacerse pasar por tal” cuando no corresponde.

La dirección nacional del partido mantuvo el silencio sobre el incidente durante horas. La primera reacción desde el equipo del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, llegó a las dos de la tarde del lunes en forma de mensaje de whatsapp para, lejos de lamentar el incidente, intentar asimilar al PSOE con su propio comportamiento. Lo hicieron a partir de una noticia del digital esdiario.com titulada “La madre de una diputada del PSOE amenaza al alcalde de Algemesí: 'tus familiares deberían estar muertos” y publicada en el verano de 2025.

De “me gusta la fruta” a “galgo de Paiporta”

El PP y sus dirigentes optaron por el silencio ante el insulto espetado al presidente del Gobierno por una de sus concejalas. Ella misma pidió perdón y dijo que gritó unas “palabras espontáneas”, pese a la premeditación de acudir como público a un mitin de un partido rival.

Feijóo no pudo escaparse de los periodistas en el Congreso. Después de comparecer ante la comisión de investigación de la dana, fue preguntado expresamente si “condena” los insultos. Su respuesta: “Por supuesto”. Y ya.

Y es que unos minutos antes, el propio Feijóo había ridiculizado a Sánchez por haber “salido corriendo” de Paiporta, según sus propias palabras, durante una visita a uno de los municipios más afectados por la dana de 2024. “Después de una agresión”, como le recordó el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna, quien le interrogaba en ese momento.

Las palabras de Feijóo sobre Paiporta no son nuevas. De hecho, en el PP suelen referirse en público a Sánchez como “el galgo de Paiporta”, normalmente entre risas y aplausos del público asistente. En el mismo sentido, a la ministra Diana Morant se refieren como “caniche de Gandia” o a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, como “ratonera de Valencia”.

Es parte de la estrategia de deshumanización del rival que el PP puso en marcha contra el Gobierno. En un primer momento, el principal objetivo de la derecha y sus terminales mediáticas fue Podemos, con Pablo Iglesias e Irene Montero como dianas favoritas de todo tipo de insultos. A Iglesias, por ejemplo, le acusaron de ser hijo “de un terrorista”, mientras a Montero la ridiculizaron por haber trabajado en una gran superficie durante su época de estudiante. Pero el ejemplo más palmario y agresivo fue el acoso directo, continuo y durante un largo año que ambos dirigentes sufrieron en su propia casa, donde vivían tres niños de muy corta edad. Y ante la pasividad policial y judicial. Pero también política. Fueron muchos en el PP los que no solo callaron, sino que justificaron lo ocurrido solo porque la diana era Pablo Iglesias.

Tras la salida del fundador de Podemos de la primera línea y la marcha de Montero a Europa el foco se fue centrando en el líder socialista. Casi todo el fuego desde las elecciones de 2023 se ha centrado en Pedro Sánchez y sus ministros. Al PP también le costó condenar los ataques a las sedes del PSOE que se dieron el año pasado y en octubre tumbaron una moción al respecto en el Senado.

Fieles al principio de transposición de la propaganda, en el PP niegan la mayor y dicen ser ellos las víctimas. La portavoz del PP, Ester Muñoz, dijo sentirse “deshumanizada” por no asumir el genocidio de Gaza como una realidad mientras ridiculizó lo ocurrido con Sánchez en Paiporta.

El punto de inflexión fueron esas elecciones de 2023, que Feijóo ganó por poco. Tan poco, que no logró los apoyos para gobernar. Sánchez sí. Y la derecha no se lo perdona. Aquella fue la campaña del “que te vote Txapote” enarbolado por Isabel Díaz Ayuso y que Feijóo acabó copiando. “Sánchez hijo de puta”, “Sánchez, cabrón” o “traidor” se convirtieron en habituales en actos oficiales como el desfile del 12 de octubre.

El tono ha sido ascendente. Durante la investidura de Sánchez, el entonces candidato del PSOE se refirió desde la tribuna de oradores del Congreso al hermano de Ayuso, sin citarlo expresamente. La presidenta de Madrid, presente en la tribuna de invitados, espetó un cristalino “hijo de puta” que, después, su equipo de escribas comandado por Miguel Ángel Rodríguez transmutó en “me gusta la fruta”.

El PP de Madrid ha hecho merchandising de ese “me gusta la fruta”. Ayuso llegó a repartir cestos de fruta como premio durante una cena de navidad a la que estaba invitado un Feijóo que todavía no había culminado la metamorfosis, física y psicológica, que ha experimentado desde su aterrizaje en la política nacional.

Aquel insulto de Ayuso se ha convertido en un meme que se repite de forma inopinada y en cualquier contexto. Fiestas populares, conciertos o eventos de 'youtubers' huidos a Andorra para no pagar impuestos son interrumpidos en algún momento por un “Pedro Sánchez, hijo de puta” al que no se añade componente político alguno.

Es puro odio, y el PP no solo no lo condena, sino que lo azuza. Ocurrió después de que LaLiga denunciara esos cánticos en dos partidos de Primera. “Cuando alguien grita Pedro Sánchez, ya hay tres palabras que resuenan en todas nuestras cabezas”, respondió el portavoz del PP de Ayuso, Carlos Díaz-Pache.

El PP de Aragón usó la misma justificación después de que el Pregón de las fiestas de Huesca fuera interrumpido con los mismos gritos, y azuzados por las autoridades autonómicas. “Es el hit del verano”, replicaron ufanos.

Este domingo, ante el “hijo de puta” que le profirió la concejala del PP, Sánchez se limitó a replicar: “Quien insulta son aquellos que no tienen argumentos”.

Miles de personas se han echado a la calle en Castilla y León este martes para alzar la voz contra la violencia machista, una lacra que se ha cobrado la vida de 66 mujeres en la Comunidad desde que hay registros, y que se enfrenta a un negacionismo creciente, recortes en protección y fallos del sistema que deja desamparadas a las víctimas.

En Valladolid, cientos de personas han teñido de violeta el centro de la ciudad en una manifestación convocada por la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, que forman 16 organizaciones, bajo el lema 'La violencia institucional también es violencia machista' y que ha salido desde la plaza de Fuente Dorada.

La portavoz de la Coordinadora, Yolanda Martín, ha condenado los asesinatos machistas que se producen en España y en el resto del mundo, en particular en Gaza donde “millares de mujeres, niños y niñas son asesinados”.

Y ha mostrado su preocupación por la violencia institucional porque ven que es desde donde menos se protege a las mujeres, “tanto en el parlamento con discursos de odio como en la judicatura, donde una mujer que va a denunciar se la revictimiza porque no se la cree”.

En esa misma manifestación, el Foro Feminista de Castilla y León ha recorrido por el centro de la capital vallisoletana bajo el lema 'La prostitución es violencia contra las mujeres', para denunciar que el negocio de la trata que esclaviza a miles de mujeres en España y que mercantiliza el cuerpo de las mujeres.

La marcha ha culminado en la plaza de la Universidad donde cinco mujeres han ofrecido sus testimonios y se han visto pancartas con los lemas 'El sistema falla a las mujeres', 'Ni una menos', también a mujeres enmascaradas en representación de las víctimas mortales y se ha recordado que “no se han muerto, las han asesinado”.

Una hora antes y también desde la plaza de Fuente Dorada, una manifestación convocada por la plataforma Libres y Combativas ha cruzado las calles del casco históricos vallisoletano en dirección a la plaza de Portugalete, para reivindicar un feminismo anticapitalista y el rechazo a la transfobia.

Medio millar de personas en León

León capital lanzó este martes un grito reivindicativo al conmemorar con una marcha por el centro de la ciudad el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cientos de personas participaron en la movilización, que partió de la glorieta de Guzmán y concluyó en la de San Marcelo, tras la pancarta que rezaba El silencio nos hace cómplices.

La Plataforma contra la Violencia Machista de León organizó la manifestación, en la que se pudieron distinguir banderas y logotipos de diferentes asociaciones, partidos políticos y sindicatos. “Ni una menos, vivas nos queremos”, “no están todas, faltan las asesinadas” o “no es no, lo demás es violación” fueron otras de las consignas coreadas por los más de 500 manifestantes que partieron de Guzmán, algunos con otras pequeñas pancartas con leyendas como “que la violencia cambie de bando” o “Las mujeres no estamos en venta”, entre otras. La entidad organizadora es impulsora de otros hitos en la reivindicación en este ámbito con los Lunes sin sol.

El acto institucional del 25N se ha celebrado esta mañana en el MUSAC, poniendo un especial énfasis este año en la violencia digital y en el negacionismo de la extrema derecha, y se ha reivindicado la educación como medio de prevención y la unidad institucional y política para proteger a las víctimas.

También se ha reivindicado la educación como un dique de contención en la manifestación convocada esta tarde por la Plataforma Contra la Violencia Machista de León, que ha partido de la plaza de Guzmán el Bueno y ha recorrido el centro de la ciudad hasta San Marcelo.

La secretaria de la Plataforma, Pilar González Fidalgo, ha alertado sobre el avance de la violencia digital y los discursos negacionistas: “Nos preocupa muchísimo la violencia que se ejerce sobre las chicas más jóvenes en redes sociales, que además no tienen todavía formada su personalidad”.

Y ha pedido que la educación actúe como freno ante “los influencers y youtubers que sirven de altavoz de esa nueva forma de ejercer violencia”, en una movilización que ha reclamado más medios de protección y ha concluido con un círculo simbólico en recuerdo de las víctimas con el lema “Nos queremos vivas, nos queremos libres”.

Unidad contra la violencia machista

Varios centenares de burgaleses se han movilizado esta tarde convocados por la Coordinadora Feminista de Burgos, en una manifestación bajo el lema 'Juntas y organizadas contra la violencia machista', que une a movimientos feministas, sociales y sindicatos, y que ha recorrido el centro de la ciudad hasta la plaza Mayor.

La manifestación ha contado con la presencia de la concejal de Servicios Sociales, Mila del Campo, y del secretario de Organización del PSOE, Daniel de la Rosa, que ante los medios ha defendido el compromiso “inequívoco” del Gobierno central en la lucha contra la violencia machista y ha recordado el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria.

Y en Aranda de Duero han sido 300 los asistentes a la concentración de la plaza del Trigo, en la que se ha leída un manifiesto a cargo de mujeres anónimas con el que se ha animado a alzar la voz ante cualquier situación de maltrato y se ha exigido que se ponga coto a las situaciones de violencia contra las mujeres.

Previamente, por la mañana, se ha celebrado a las puertas de la Casa Consistorial el acto institucional, donde se ha leído el nombre de las víctimas mortales, un manifiesto y se ha guardado un minuto de silencio que se ha roto con el grito: “no son muertes, son asesinatos”.

La violencia machista mata

Centenares de personas han recorrido esta tarde en manifestación el centro de Salamanca bajo el lema 'El machismo nos cuesta la vida' y convocadas por el Movimiento Feminista de Salamanca a una protesta con pancartas contra la violencia machista pero sin banderas.

La marcha ha partido a las 19:30 horas de la plaza de la Concordia y ha pasado por la calle María Auxiliadora y la calle Toro para culminar en la plaza Mayor, lugar de lectura de un manifiesto que denuncia que “las mujeres y disidencias siguen sufriendo violencia en sus casas, en las calles, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la política y en las instituciones”.

En Zamora, unas cuatrocientas personas se han dado cita en la Plaza Mayor en la concentración del 25N convocada por la Coordinadora Feminista, en la que se ha escuchado poesía, un comunicado reivindicativo y la 'Canción Sin Miedo' de Vivir Quintana como himno local del feminismo.

Se ha recordado a las víctimas de la violencia machista y previamente se ha desarrollado un concierto en el Teatro Ramos Carrión promovido como acto institucional por la Diputación de Zamora con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género.

En Ávila, un centenar de personas encabezadas por los representantes municipales de Por Ávila, PP y PSOE -no ha acudido Vox-, han recordado esta mañana a las víctimas con lápidas en las que figuraba el nombre de las mujeres, la fecha de su asesinato, el lugar y la edad que tenían cuando fallecieron.

Tras la lectura del manifiesto por parte de la teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Paloma del Nogal, se han ido leyendo, en primera persona, los nombre de cada víctima, con la participación de seis internas del centro penitenciario de 'Brieva', que han depositado una flor y una vela en cada lápida.

Hartazgo de insultos y violencia

Y en Palencia han sido 600 las personas que han participado en la manifestación convocada por la Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia, y que han recorrido la Calle Mayor mientras se leía el nombre y la historia de todas las mujeres asesinadas este año.

El manifiesto leído ha condenado los últimos casos de violencia de género conocidos en Palencia, especialmente el de una mujer trans que fue agredida la semana pasada, y se ha dado la voz a una portavoz de la asociación Chiguitos LGTBI: “Hoy quiero gritar, porque estoy harta de los insultos, de la violencia, de que nos maten”, ha dicho.

Sindicatos y partidos

El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, ha reiterado en Soria la necesidad de hacer una ley autonómica que permita “combatir con fuerza” la violencia machista y poner en marcha el Instituto Autonómico de la Mujer para abordar “con datos” la investigación y el análisis este problema social.

Antes de encabezar, junto con el equipo municipal y el Consejo de la Mujer, la manifestación contra la violencia machista en Soria, ha insistido en la importancia de visibilizar “la desigualdad de la mujer con respecto al hombre en cuanto a oportunidades”.

Y ha denunciado “el pasotismo y la pereza” del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, lo cual junto con la corriente de ultraderecha está provocando que “algo tan duro y real como la violencia machista no se combata con todo el poder desde la Administración”.

En Valladolid, la movilización ha contado con sindicatos como CCOO, asociaciones vecinales, colectivos sociales y partidos políticos, como Podemos, IU, Valladolid Toma la Palabra (VTLP) y PSOE, como la portavoz parlamentaria en las Cortes, Patricia Gómez, y la vicesecretaria general autonómica, Nuria Rubio.

En declaraciones a los periodistas, Gómez ha asegurado que “tan bárbaros y tan machistas son quienes niegan la violencia de género como los que pactan con ellas” y ha subrayado que la única forma de evitar que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), vuelva a “vender los derechos y libertades de las mujeres” es que salir a votar y decir a los gobernantes que “que basta ya de violencia machista”.

Tomàs toma un trago de Coca-Cola. “La noche que me dispararon también estaba bebiendo una”, recuerda este joven de 30 años. Hace seis años recibió el impacto de una bala de 'foam' de los Mossos d'Esquadra que casi le parte la tibia. Fue durante la semana de disturbios que siguieron a la sentencia del procés de 2019, pero a un kilómetro de los altercados: cerca de la Diagonal de Barcelona, donde no había ni barricadas ni cargas policiales.

El sargento de los Mossos que comandaba el operativo irá a juicio después de que, por primera vez, la Audiencia de Barcelona haya revocado la amnistía a un uniformado, tal y como había pedido el abogado de Tomàs, Brian Ventura, del centro Irídia.

Hasta ahora, la instancia superior que revisa las decisiones de los jueces de instrucción de Barcelona había avalado las amnistías al grueso de policías nacionales y guardias civiles de las cargas del 1-O de 2017 y a mossos d'esquadra procesados por sus actuaciones durante las barricadas tras el fallo del Tribunal Supremo.

La noche del 18 de octubre de 2019, los amigos de Tomàs sí habían estado, por la tarde, en la zona de los altercados. Pero él estaba en el trabajo, en el barrio de Gràcia, y se encontraron sobre las once de la noche. Pararon a comprar unas bebidas en un supermercado. “Había turistas y gente paseando, y de repente aparecieron unas furgonas de los Mossos bajando por Passeig de Gràcia y empezaron a acelerar y a frenar bruscamente. Crearon una situación de pánico”, explica Tomàs, que prefiere no dar su apellido.

Junto a un amigo, Tomàs empezó a correr hacia la Rambla Catalunya. Pero en seguida les frenaron el paso otras furgonetas policiales. Al girarse otra vez hacia Passeig de Gràcia, notó un impacto en la tibia. “El policía que me disparó estaba a un metro y medio de mí. Noté un golpe, pero no fue hasta al cabo de un rato que vi que me habían dado bien”, explica. Además, recibió otro impacto de 'foam' en la mochila.

Cojo y solo (sus amigos se habían dispersado por la intervención policial), Tomàs se dirigió a un pasaje cercano para tumbarse. “No podía correr más, me dolía un montón la pierna y estaba supernervioso”, narra. Fue entonces cuando, sin previo aviso, tres o cuatro agentes (Tomàs no lo recuerda con la máxima precisión, tal y como ocurre en sucesos traumáticos) se bajaron de una furgoneta.

“Empezaron a pegarme pero bien durante treinta segundos. Yo estaba en shock total, solo tenía instinto de supervivencia. Me hice una bola en el suelo, hasta que un jefe les gritó que pararan”, rememora Tomàs. Según denunció ante el juzgado y mantiene a día de hoy, el mismo agente, tras cogerle la mochila del suelo y lanzársela, le espetó: “Vete de aquí y no te vuelvas a manifestar”. “Me acuerdo perfectamente y lo recordaré toda la vida”, apostilla Tomàs.

La Justicia ha tardado mucho más en investigar la denuncia de Tomàs que el tiempo que ha necesitado este joven para recuperarse de las heridas físicas y psicológicas que le provocó esa noche. “Ahora ya lo puedo contar sin llorar, pero durante muchos meses no pude”, admite este educador social, que con el paso del tiempo se ha recuperado, aunque no olvidado: “La vez en la vida que me han hecho más daño ha sido la policía, que en teoría te tiene que proteger”.

Tomàs se ha encontrado con las trabas con las que habitualmente lidian las víctimas de excesos policiales: incapacidad para hallar al policía concreto que realizó los disparos, desconfianza en los jueces y fiscales que les reciben y una investigación en manos del mismo cuerpo policial (los Mossos d'Esquadra) del que forma parte el agente que le disparó. “Cuando fui a declarar por algunas preguntas del juez parecía más que yo era el investigado y no la víctima”, lamenta.

El juez archivó hasta por dos veces el caso, la última al aplicar, en marzo de 2025, la amnistía al único agente procesado, el sargento que comandaba el operativo. La petición salió de la Fiscalía. La Audiencia de Barcelona revocó este mes de octubre la decisión y ordenó que el mosso sí fuera a juicio.

Según los jueces que han revisado la instrucción del caso, está “indiciariamente acreditado” que los Mossos d'Esquadra emplearon el 'foam' contra Tomàs “sin que se diesen las condiciones que lo autorizaban”. Con todo, los únicos hechos de esa noche que irán a juicio son los disparos de 'foam', pero no la paliza que Tomàs también denunció.

Para los magistrados no procede la amnistía porque es necesario examinar en un juicio la “proporcionalidad de los medios policiales empleados”. Amnistiar el caso antes de la vista oral, añaden, podría contravenir la jurisprudencia europea que obliga a investigar los tratos degradantes de la policía a los ciudadanos.

Con su decisión, el sargento de los Mossos d'Esquadra que comandaba el operativo en el Passeig de Gràcia (ninguno de los escopeteros de 'foam' de la policía catalana ha admitido ser el autor del disparo que hirió a Tomàs en la tibia) se convierte en el primer agente al que un tribunal revoca una amnistía.

Será, junto a los policías nacionales acusados de vaciar el ojo a Roger Español en 2017, el único uniformado no incluido en la amnistía, al bordear su actuación los tratos degradantes que la norma impide amnistiar. El caso de Español afecta a la otra exclusión de la ley de amnistía: las lesiones graves, con pérdida de miembro principal del cuerpo.

Los magistrados fundamentan su decisión en que en el lugar donde Tomàs fue disparado no había altercados. “Debemos señalar que los hechos ocurren lejos de la Via Laietana [donde se produjeron los disturbios el 18 de octubre de 2019]”, advierte la instancia superior, que reprocha al juez instructor que no expresara en su auto por el que aplicó la amnistía “qué concreta protesta o altercado se estaba produciendo” en el lugar donde Tomàs fue herido.

El abogado Brian Ventura destaca que será el primer juicio a un mosso no amnistiado, pero critica la tardanza de la Justicia para sentarlo en el banquillo. “Las personas heridas en casos de violencia policial necesitan, tal y como recuerda la jurisprudencia europea, unas garantías reforzadas en la investigación de sus lesiones”, recuerda el abogado, que lo contrasta con lo vivido en el juzgado.

“Solo se han practicado diligencias para esclarecer los hechos porque nosotros lo hemos pedido y la Audiencia nos ha dado la razón”, indica el letrado, que lamenta la “falta de proactividad” de la Fiscalía. Ventura también constata la necesidad de crear un mecanismo independiente de control de actuaciones policiales, similar al que ya existe en Reino Unido, para “que no sea la policía la que investigue a la propia policía”. “Es muy difícil esclarecer qué mosso disparó si son sus compañeros los que hacen los informes que les pide el juez”, concluye Ventura.

Una detención “innecesaria y gratuita”, pero no ilegal. Así ha sentenciado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el caso del mosso d'esquadra que detuvo a un joven por una agresión que nunca ocurrió y que fue desmentido por un vídeo. El alto tribunal catalán ha confirmado la condena por lesiones leves a 500 euros de multa que la Audiencia de Barcelona impuso al agente, un castigo mínimo que deja fuera la inhabilitación para ejercer de policía reclamada por las acusaciones.

En su resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la sección de apelaciones de la Sala Civil y Penal del TSJC rechaza los recursos de la Fiscalía y la acusación particular del detenido, que pedían una condena por detención ilegal. El descarte de este delito salva al agente de su expulsión obligada del cuerpo de los Mossos d’Esquadra.

La sentencia, emitida a finales de julio, es recurrible ante el Tribunal Supremo, pero ni acusaciones ni defensa lo han hecho, según fuentes jurídicas. En consecuencia, previsiblemente será firme y el caso quedará en una multa de 500 euros y una indemnización del mosso al joven de 175 euros por las lesiones leves que sufrió.

El caso refleja la dificultad con la que se encuentran los detenidos en manifestaciones o protestas para contradecir la palabra de los uniformados. El joven, arrestado pese a no haber hecho nada durante un desahucio de un centro social en el barrio barcelonés del Fort Pienc en 2019, llegó a estar procesado por un delito de atentado a agente de la autoridad.

La aparición de un vídeo que desmintió por completo la agresión que el mosso imputaba al joven lo salvó del banquillo en el último momento, lo que muestra la importancia de las imágenes en este tipo de casos.

El resultado de la causa ha dejado un sabor agridulce en el abogado de la víctima, Eduardo Cáliz. “El periplo judicial empezó con un ciudadano acusado de delito de atentado contra agente de la autoridad, pero ha acabado con un policía condenado por lesiones leves”, destaca el letrado, que, al mismo tiempo, lamenta que la condena al agente “sea mucho más leve que lo que refleja la gravedad de los hechos que se observan en el vídeo”. “Cuando el acusado es un agente de policía, las garantías jurídicas y procesales se vuelven más frágiles”, agrega.

Las magistradas del TSJC avalan el razonamiento que llevó a absolver al agente del delito de detención ilegal. Tanto el tribunal de la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona como la instancia superior que revisa sus decisiones concluyen que, si bien la agresión que denunció el agente por parte del manifestante no existió, el uniformado sí pudo tener la “creencia errónea” de que el joven lo había golpeado.

Durante el juicio, el agente alegó que “percibió” que el joven le propinó un codazo en el casco, algo que no se observa en la grabación que encabeza esta información y que los magistrados de la Audiencia de Barcelona aseguraron haber visionado “de forma reiterada y minuciosa”. Los jueces también interpretaron el vídeo de forma favorable para el acusado y sostuvieron que el hecho de que el agente se tocara el casco cuando una joven le reprochó la detención era una muestra de que el manifestante “pudo llegar a tocar” su casco.

En el vídeo de los hechos no se aprecia acometimiento alguno, pero la Audiencia de Barcelona dio por bueno que el mosso pudo percibir un “posible roce” del joven que motivó su detención y el posterior atestado por delito de atentado contra los agentes de la autoridad. El TSJC respalda esta valoración de la prueba clave del caso y rechaza que suponga una “deducción irracional”, tal y como aducían la Fiscalía y el letrado Cáliz.

Tanto el TSJC como la Audiencia de Barcelona consideran que el mosso incurrió en el delito que castiga los arrestos ilegales cuando “media causa por delito” (en este caso, el atentado contra los agentes de la autoridad), pero como el uniformado no estaba acusado por este tipo penal, no pueden condenarle.

En cambio, la Fiscalía y la acusación particular acusaban al agente del tipo de detención ilegal “sin mediar causa por delito”, toda vez que el atentado a los agentes alegado por el mosso resultó inexistente, tal y como se constata en el vídeo.

Las magistradas del TSJC también rechazan el recurso de la defensa del agente, que ejerce el abogado José María Fuster-Fabra, y reclamaba su absolución al valorar que el agente redujo de forma contundente al manifestante en cumplimiento de sus funciones como policía.

La sentencia descarta el alegato defensivo y censura la actuación policial al descartar que tuviera “finalidades de interés público”. Los golpes y la contundente reducción (que terminó en lesiones leves) que el policía efectuó en la víctima “no eran necesarias para apartarle ni proceder a su detención”, destacan las magistradas, que la consideran más bien “una reacción violenta en respuesta a esa supuesta agresión”.

Un hombre pide seis años de cárcel y 12 de inhabilitación para dos agentes de los Mossos d’Esquadra a los que acusa de una agresión homófoba, al grito de “cállate, maricón”, cuando le detuvieron el 26 de diciembre de 2020 en Barcelona. Según el denunciante, los agentes iban de paisano en el momento de los hechos.

En su escrito de acusación, Gustavo, representado por el centro Iridia, acusa a los agentes de los delitos de lesiones y tortura. Además, solicita una indemnización de 17.327 euros, de la que debería responder Generalitat en caso de condena e impago por parte de los agentes, por las lesiones y secuelas sufridas, ya que tuvo que recibir tratamiento psicológico durante 14 meses.

Según expone el denunciante, los hechos ocurrieron el 26 de diciembre de 2020, hacia las 4:50 horas de la madrugada, cuando Gustavo salió de casa de un amigo y se dirigía a su domicilio, en el barrio del Raval de Barcelona.

En la calle Joaquim Costa, expone el denunciante, representado por la letrada Laura Medina, fue “abruptamente interceptado y retenido” por dos mossos que iban de paisano, con mascarilla, que no se identificaron como agentes.

Los mossos de paisano, continúa el escrito, le preguntaron de forma “muy agresiva” de dónde venía, le arrinconaron contra una pared y le quitaron el teléfono móvil, ante lo que creyó que estaba siendo víctima de un robo.

Ante esta situación, el hombre empezó a pedir auxilio al grito de “policía, policía”, momento en que los dos acusados le dijeron que eran mossos, si bien no se identificaron ni le explicaron el motivo de la detención, según su versión.

El hombre siguió gritando pidiendo auxilio, ante lo que los agentes, según el escrito, le agredieron, propinándole un puñetazo en la cara, que le hizo caer al suelo, donde le golpearon con su porra en la pierna izquierda.

Según la acusación, como que el hombre seguía pidiendo auxilio, los dos acusados, con ánimo de humillarle y discriminarlo por razón de su orientación sexual, le gritaron “cállate, maricón”.

Además, prosigue el escrito, le cogieron por el cuello, presionándole muy fuerte, generando una fuerte sensación de asfixia, mientras le seguían dando golpes en las piernas.

Poco después se acercó al lugar un coche patrulla de los Mossos, con dos agentes uniformados, que le trasladaron como detenido primero a un centro médico, para ser examinado, y posteriormente, hacia las seis de la mañana, a la comisaría de Les Corts de Barcelona, donde permaneció hasta que a las 14 horas quedó en libertad.

Según el escrito de acusación, antes de ser trasladado al centro médico, uno de los dos mossos a los que acusa se quedó con su teléfono móvil, donde vio cómo miraba su aplicación de Google Maps.

Como que en comisaría le dijeron que no tenían constancia de donde estaba su teléfono, el hombre hizo una reclamación oficial, por la que recibió respuesta un mes después, mediante una comunicación de la Dirección General de la Policía que le informó de que los agentes que practicaron la detención no llegaron a tener su móvil ni lo vieron.

No hay vuelta atrás: Daniel se marcha a Italia con su padre. El hijo menor de Juana Rivas ha vuelto con su progenitor, el italiano Francesco Arcuri, después de que la granadina haya cumplido este viernes con la orden judicial que le obligaba a entregar al niño de 11 años de edad. La devolución se ha producido a pesar de los intentos por evitarlo que han protagonizado no solo desde el gabinete jurídico de Juana Rivas, sino incluso su hijo mayor, Gabriel, que vive con ella en Granada desde 2022. El joven, que ya tiene 19 años, ha enviado varias cartas e interpuesto una denuncia contra su padre por acoso contra su hermano.

La entrega del menor se ha producido después de que el pasado martes se aplazase durante una jornada que resultó muy tensa para el niño y las familias. Estaba previsto que Daniel se marchase el pasado 22 de julio, pero el niño se negó tajantemente tanto en la puerta del Punto de Encuentro Familiar (PEF) como ya en el interior. En todo momento alegó sentir miedo hacia su padre y temer por su integridad física. Una circunstancia que provocó que la justicia aplazase la entrega a este viernes para fijarla con nuevos criterios que expusiesen menos al menor.

Cabe recordar que Daniel tuvo que caminar durante varios metros escoltado por una avalancha de medios de comunicación mientras su madre, Juana Rivas, se mostraba abatida, hasta el punto de que tuvo que recibir asistencia médica. En este caso, no se han repetido escenas similares porque el tribunal encargado de ejecutar la orden de devolución del menor ha establecido que las partes se encontrasen en el interior de la Audiencia de Granada para evitar que se produjesen hechos similares a los del pasado martes.

La entrega se ha producido finalmente en la sede judicial de La Caleta, en Granada, bajo estrictas medidas de privacidad impuestas por el Juzgado de Primera Instancia 3. En un auto dictado el pasado 23 de julio, la magistrada denunció la “sobreexposición innecesaria y altamente nociva” que sufrió el menor durante el intento fallido de entrega anterior, cuando fue rodeado por medios de comunicación y obligado a enfrentarse a una situación emocionalmente desbordante.

Para evitar que se repitieran escenas similares, el tribunal ordenó que Daniel accediera por el garaje oficial del edificio, acompañado exclusivamente por su madre y su abogado, sin público ni cámaras, y con la asistencia de personal técnico especializado. La resolución insistía en que el cumplimiento de la orden de entrega dictada por la justicia italiana era “inevitable” y que debía ejecutarse sin más sufrimiento, en cumplimiento del Reglamento europeo 1111/2019, que obliga a los Estados miembros a colaborar en la ejecución de resoluciones de otros países de la UE.

Además, la marcha de Daniel se produce en medio de una maraña jurídica y mediática que vuelve a situar el caso Juana Rivas en el centro de la actualidad. Al igual que sucediese hace 8 años cuando Rivas estuvo un mes en paradero desconocido para evitar entregar a sus dos hijos a su padre para que se marchasen también a Italia, la granadina ha intentado por todos los medios que su hijo menor no volviese al país transalpino alegando que corre peligro por los presuntos malos tratos a los que se ha visto sometido. Incluso el Ministerio de Justicia se ha pronunciado recordando que el asunto está judicializado y que corresponde a los tribunales dirimirlo.

Daniel, que cumplió 11 años el pasado mes de enero, llevaba desde la pasada Navidad conviviendo en Granada con su madre y su hermano mayor, merced a una medida cautelar adoptada por la justicia española tras escucharle denunciar episodios de violencia física y psicológica por parte de su padre, Francesco Arcuri. Aquellas palabras, pronunciadas por el niño por primera vez en suelo español, hicieron que se adoptase una cautelar que le mantenía en España, pero que decayó hace tan solo unos días cuando el Juzgado de Instrucción 3 acordó cumplir con el requerimiento de Italia que le obliga a Juana a devolver a su hijo a su progenitor.

Custodia en exclusiva para el padre

Esto sucede porque Francesco Arcuri mantiene la custodia en exclusiva del menor, ratificada el pasado mes de febrero, al entender la justicia italiana que no ha habido hasta la fecha motivos para que Daniel deje de estar al cuidado de su padre. Pese a las numerosas denuncias presentadas por Juana Rivas por presuntos malos tratos, ninguna ha prosperado, salvo la última en la que la Fiscalía de Cagliari sí aprecia indicios de delito. Algo que hace que Arcuri deba sentarse en el banquillo de los acusados por estos hechos el próximo mes de septiembre en Cagliari.

A ese extremo es al que se agarraba el gabinete jurídico de Juana Rivas y el Gobierno central para pedir que Daniel no se marchase a Italia. Entienden que si hay un juicio pendiente por malos tratos contra su padre, hay indicios de peligro para que el menor no esté bajo su custodia, al menos de momento. Sin embargo, la justicia española entiende que carece de competencias para contradecir a la justicia italiana porque se basa en el principio de confianza al tratarse de otro estado miembro de la Unión Europea.

En todo caso, Italia se ha basado en el falso síndrome de alienación parental (SAP), que no reconocen organismos internacionales y que en España está en desuso y previsto para su prohibición en la próxima ley de infancia, para otorgarle la custodia al padre, asegurando que Juana Rivas ha manipulado a sus hijos durante todo este tiempo. Según la justicia de Cagliari, la granadina ha hecho que sus hijos estén en contra de su progenitor y la consideran incapaz de estar al cargo de ellos, mientras que de Francesco sí determinan que está capacitado para hacerse cargo ahora de Daniel.

Además, en las últimas horas la Audiencia de Granada ha decidido abrir una investigación por una nueva presunta sustracción de menores por parte de Juana Rivas, fruto de una denuncia precisamente del gabinete jurídico de Arcuri. El tribunal va a indagar si se ha producido ese hecho al considerar que ha habido posibles presiones por parte de la granadina para que el menor no regrese a Italia, aunque es cierto que le amparaba la medida cautelar adoptada por la justicia española que hacía que Daniel se quedase en España hasta ahora, que vuelve a Cagliari en cumplimiento de la orden judicial que le obliga a ello.

Desde el entorno de Juana Rivas consideran inconcebible que Daniel haya sido entregado “a su padre, condenado por violencia de género en España y acusado por la Fiscalía italiana por maltratamento in famiglia”, causa por la que será juzgado el próximo 18 de septiembre con los dos hijos, Daniel y Gabriel, como testigos principales. “Nos parece increíble que un niño de 11 años llegue al tribunal de la mano de su padre acusado de maltratarlo”, sostienen sus abogados, que anuncian que la lucha judicial se traslada ahora a Italia.

Recuerdan que la custodia concedida a Francesco Arcuri está recurrida ante el Tribunal Supremo italiano, el mismo que ya revocó una decisión anterior del Tribunal de Cagliari, y que solicitarán medidas de protección para el menor. “Con el tiempo, Daniel podrá contar en primera persona todo el sufrimiento que le ha generado esta situación, como ya hizo su hermano cuando alcanzó la mayoría de edad”, afirman los letrados de Rivas.

“Las circunstancias”. Con esta expresión, una jueza de Granada decidía el pasado martes aplazar hasta este viernes la entrega del hijo pequeño de Juana Rivas, Daniel, a su padre, Francesco Arcuri. Lo hacía después de horas de tensión, fuera y dentro del punto de encuentro que había sido fijado como lugar para hacer esa entrega. Allí, según varios informes que han trascendido, el menor se resistió fuertemente a marcharse con su padre, y expresó un estado grave de ansiedad y angustia. Esas eran las “circunstancias” a las que se refería la jueza, que añadió: “Es absolutamente descartable que se emplee en la entrega del menor ningún tipo de fuerza física o coacción”.

Sin embargo, salvo giro de última hora, este viernes Daniel tendrá que irse con su padre para cumplir, así, la decisión de un juzgado italiano que la justicia española ha ejecutado. Lo hará mientras el equipo jurídico de su madre trata de agotar todas las vías, y en medio de un cruce de acusaciones y denuncias: mientras que su hermano mayor, Gabriel, ha hecho varias peticiones de auxilio a diferentes instancias y ha interpuesto una querella por coacciones contra su padre y una psicóloga que estaba en el punto de encuentro; la Audiencia de Granada aceptaba este jueves parcialmente una denuncia de Francesco Arcuri contra Rivas en la que la acusa de haber retenido a su hijo estos últimos siete meses.

El último episodio de esta historia que dura ya ocho años comenzó en diciembre: el hijo menor de Juana Rivas, Daniel (el mayor, Gabriel, ya es mayor de edad y hace dos años, cuando pudo decidir, quiso vivir con su madre), volvía a Granada para pasar las vacaciones. Mientras, en Italia, la Fiscalía formalizaba un escrito de acusación contra Francesco Arcuri por maltrato físico y psicólogo habitual y por vejaciones contra sus hijos. En septiembre, las partes están citadas en Italia para continuar con este proceso.

Esa acusación formal sirvió para que el equipo jurídico de Rivas argumentara el peligro que Daniel corría en el caso de volver a Italia con su padre. In extremis, un juzgado granadino paralizó su marcha y escuchó, por primera vez, al niño: la magistrada determinó que su relato era “serio y convincente” en relación al “miedo, angustia y terror” que sentía “ante la idea de volver con su padre”. Durante este tiempo, los juzgados italianos han vuelto a decidir que la custodia debe tenerla en exclusiva Arcuri, a pesar del proceso penal abierto contra él porque consideran que no existe un riesgo grave para el niño. Esa era la decisión que trataba de ejecutarse este martes.

Escuchar al menor

Durante este tiempo, Juana Rivas y su entorno han acudido a distintas instancias para alertar del riesgo que corre el menor y para reclamar que su testimonio se escuche y se tenga en cuenta. Ese trabajo se ha intensificado en las últimas semanas con especial protagonismo de Gabriel, el hijo mayor, que ahora tiene 19 años. Gabriel ha escrito cartas, grabado vídeos y relatado de distintas maneras situaciones vividas por él y su hermano con su padre.

En su última carta, publicada este jueves y dirigida a “cualquier autoridad competente de España”, Gabriel pide ayuda para que su hermano no sea entregado “como hicieron conmigo hace ocho años”. “No se defendieron mis derechos, no me escucharon y me entregaron a él. A partir de ahí fueron 5 años de abuso y de maltrato, hasta que tuve el valor de defenderme a los 16”. También este jueves, el joven presentaba una querella contra su padre y una piscóloga presente en el punto de encuentro por coacciones a su hermano por la manera en que se dirigieron a él para convencerle de que se marchara con Arcuri.

Francesco Arcuri, por su parte, también ha seguido su estrategia: intentar mostrar a Rivas como una mujer desquiciada y manipuladora, y denunciarla, de nuevo, por sustracción de menores, por estos últimos siete meses, a pesar del entramado de decisiones, en Italia y España, que permitían al menor quedarse provisionalmente con su madre. Este jueves, la Audiencia de Granada admitía en parte su denuncia e investigará a Rivas por estos hechos.

El momento en que Arcuri ha presentado la denuncia es significativo: en noviembre de 2021, el Gobierno le concedió a la mujer el indulto parcial con la condición de no volver a delinquir sobre estos hechos durante los siguientes cuatro años. Ese plazo termina en unos meses.

Un caso que dura ocho años

El caso comenzó hace justo ahora ocho años. En julio de 2017, Juana Rivas desapareció durante un mes con sus hijos para evitar cumplir la orden de un juzgado italiano que había dictaminado que sus hijos tenían que volver con su padre. Unos meses antes, la mujer había abandonado con sus hijos el domicilio familiar en Italia y se había marchado a Granada. Una vez allí, denunció a Arcuri por violencia de género. Él, la denunció a ella por sustracción de menores.

En España, en 2018, un año después de desaparecer con sus hijos, Juana Rivas fue condenada por sustracción de menores cuando su denuncia por violencia de género ni siquiera había sido investigada ni enviada con la diligencia debida a la justicia italiana.

Esto quiere decir que durante los últimos ocho años, tanto Gabriel como Daniel han pasado la inmensa mayoría de su tiempo con su padre: ha sido con él, con Francesco Arcuri, con quien han convivido, mientras que durante los últimos años su madre ha tenido derecho de visitas fines de semana y permisos durante las vacaciones. Es en esos periodos -frente a la convivencia diaria con su padre- en los que, según la defensa y el entorno de Arcuri, Juana Rivas habría ejercido una manipulación de tal calibre que ha hecho que sus dos hijos, uno de ellos ya mayor de edad y que hace dos años decidió vivir con ella, rechacen a su progenitor y le acusen de malos tratos.

La manipulación juega un papel clave en todo este caso, desde sus inicios hasta este punto. En sus decisiones, la Fiscalía y los tribunales italianos han aplicado sistemáticamente el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), esto es, una teoría sin evidencia científica que, en España, el Poder Judicial rechaza.

En 2021, varios relatores de Naciones Unidas lanzaron un comunicado en el que alertaban de que el sistema judicial español no protege suficientemente a los menores de “padres abusivos” y señalaban que existe un “sesgo discriminatorio” que hace que el testimonio de las mujeres se perciba como menos creíble que el de los hombres, aun teniendo pruebas de haber sufrido maltrato. Advertían también de la aplicación del falso síndrome de alienación parental que “refleja la idea de que cuando un niño o niña teme o evita a su padre o madre, se debe a la influencia del otro progenitor, más que a las propias experiencias del niño”.

“Las investigaciones han demostrado que en varios países, entre ellos España, las madres han sido acusadas regularmente de recurrir a la alienación parental, acusando a los padres de sus hijos erróneamente de cometer abusos contra ellos en los litigios por la custodia”, proseguían. En 2023, la ONU volvió a interpelar a España por el uso de este falso síndrome contra madres que, después de denunciar violencia o abusos de los padres a sus hijos, terminaban sin la custodia e incluso condenadas.

Corría 2017 y era, como ahora, finales de julio. Juana Rivas desaparecía con sus dos hijos, entonces de 3 y 11 años, para evitar cumplir la resolución de un juzgado, que había decidido que debían volver con su padre, Francesco Arcuri, a Italia, de donde había huido. Sobre él pesaba una denuncia por violencia de género que Rivas había interpuesto al llegar a España, y también una condena previa por el mismo motivo. Nada de eso evitó la decisión del juzgado italiano de conceder la custodia a Arcuri.

La huida de Rivas duró un mes y marcó un punto de inflexión: tras reaparecer, los niños se marcharon con su padre, y ella comenzó un tortuoso camino judicial que terminó en condena por sustracción de menores, indulto parcial, y en el intento de demostrar, mediante partes médicos y denuncias, que los niños sufrían malos tratos por parte de su padre.

Acudir a la justicia no ha marcado una gran diferencia para Rivas y sus hijos, al menos hasta el momento. Finalmente, en diciembre de 2024, la Fiscalía italiana acusaba a Arcuri de maltrato físico y psicológico habitual a sus hijos. El hombre se sentará en el banquillo el próximo septiembre. Los hijos de Rivas, Gabriel y Daniel, que hoy ya tienen 19 y 11 años, respectivamente, han manifestado su deseo de permanecer con su madre y han relatado algunas de las situaciones vividas con su padre. Nada de eso ha hecho que la historia cambie sustancialmente, al menos de momento. Este julio, ocho años después de aquella huida, el Tribunal de Apelación de Cagliari insistía en que Daniel debía volver con su padre a Italia, aun contra su voluntad y así lo ha acatado la justicia española. Aunque este martes la jueza aplazaba la entrega hasta el viernes, la decisión de fondo no ha cambiado. El hijo mayor, Gabriel, permanece con su madre desde que hace dos años, a los 16, pudo decidir.

Dos jurisdicciones implicadas

El caso es complejo porque hay dos jurisdicciones implicadas, la italiana y la española, pero también porque la cascada de decisiones que se han ido produciendo parecían ajenas las unas de las otras: el procedimiento civil sobre la custodia de los hijos y la patria potestad ha estado desconectado de las denuncias, primero, y de la acusación formal y próximo juicio, ahora, contra Francesco Arcuri. En España, en 2018, un año después de desaparecer con sus hijos, Juana Rivas fue condenada por sustracción de menores cuando su denuncia por violencia de género ni siquiera había sido investigada ni enviada con la diligencia debida a la justicia italiana.

Por cierto, desde entonces, magistrados del Tribunal Supremo, abogadas, y la reciente fiscal de sala de violencia sobre la mujer, Teresa Peramato, han alertado de la necesidad de repensar y de aplicar el delito de sustracción de menores con perspectiva de género. Peramato pidió a los fiscales investigar si, en los casos de sustracción de menores por parte de la madre, las mujeres han actuado en un contexto de violencia machista y analizar la posibilidad de aplicar circunstancias eximentes. También recordaba la obligación de escuchar a los menores en este tipo de procedimientos.

Silencios y estereotipos

Sin embargo, la cascada de decisiones que ha llevado el caso Rivas a este punto ha ignorado sistemáticamente la palabra de los niños, su derecho a ser escuchados, y ha aplicado, con igual constancia, estereotipos de género: durante estos años, tanto en Italia como en España, los juzgados han dado por hecho que Juana Rivas era una mujer manipuladora y mentirosa, cuyas acciones estaban guiadas por intenciones oscuras. Esos prejuicios, insisten expertas, relatoras de la ONU y organismos internacionales, influyen en las decisiones de los tribunales e impiden que la justicia sea eficaz y proteja adecuadamente a mujeres, niños y niñas.

En su sentencia condenatoria por sustracción de menores, el juez Manuel Piñar se inmiscuía en la denuncia por violencia de género de Rivas al hacer afirmaciones como que la mujer “explotó el argumento del maltrato” con “la malcalculada creencia de que así obtendría ventajas a su favor”. Otras frases de esta sentencia, que ignoraban todo el conocimiento existente sobre cómo opera la violencia machista, fueron: “Pudo haber denunciado [la violencia de género] en su momento”, “No explicó ni se comprende que si fue maltratada en Italia entre 2012 y 2016, al nivel que ella dijo, de tortura y terror, no denunciara allí al momento” o que ella perjudica a sus hijos por su “incapacidad de salir de papel de víctima de violencia”.

En 2021, varios relatores de Naciones Unidas lanzaron un comunicado en el que alertaban de que el sistema judicial español no protege suficientemente a los menores de “padres abusivos” y señalaban que existe un “sesgo discriminatorio” que hace que el testimonio de las mujeres se perciba como menos creíble que el de los hombres, aun teniendo pruebas de haber sufrido maltrato. “Incluso en los casos en los que existen antecedentes de violencia doméstica o pruebas de maltrato, las decisiones judiciales a menudo favorecen a los padres varones, incluso en aquellos casos en los que existen motivos razonables para sospechar que abusan hacia los niños y sus madres”, decían.

Los expertos también advertían de la aplicación del falso síndrome de alienación parental que, aunque carece de apoyo científico, “refleja la idea de que cuando un niño o niña teme o evita a su padre o madre, se debe a la influencia del otro progenitor, más que a las propias experiencias del niño”. “Las investigaciones han demostrado que en varios países, entre ellos España, las madres han sido acusadas regularmente de recurrir a la alienación parental, acusando a los padres de sus hijos erróneamente de cometer abusos contra ellos en los litigios por la custodia”, proseguían. En 2023, la ONU volvió a interpelar a España por el uso de este falso síndrome contra madres que, después de denunciar violencia o abusos de los padres a sus hijos, terminaban sin la custodia e incluso condenadas.

Violencia institucional

En estos ocho años han pasado muchas cosas. El de Juana Rivas ha sido el más mediático, pero por el camino hemos conocido muchos otros casos en los que las mujeres se ven atrapadas en un callejón institucional sin salida, presas de procesos llenos de prejuicios, omisiones, indefensión, de la falta de investigación en profundidad de sus denuncias por violencia de género (en muchas ocasiones, las denuncias solo recogen episodios puntuales y las investigaciones no ahondan en el maltrato continuado) o de la falta de esa denuncia porque optaron por abandonar esa relación mediante el divorcio y evitar el trago -y todas las dificultades asociadas- de acudir a lo penal.

Hay un nombre que define este callejón sin salida, este peregrinaje por administraciones sin lograr amparo sino todo lo contrario; desprotección, revictimización: violencia machista institucional, un concepto cada vez más visible y respaldado y la ley catalana de violencia de género reconoce ya oficialmente.

Reconocer que el caso de Juana Rivas ha llegado a este punto como consecuencia de una suma de decisiones en las que han influido sesgos de género, prejuicios, adultocentrismo, y normas y técnicas jurídicas muchas veces ajenas a cómo opera la violencia de género es necesario para abordar no solo este procedimiento, sino todos los demás, presentes y futuros, que no tienen ni tendrán este eco mediático.

Mientras, un niño de once años se levantaba un 22 de julio sin saber si esa noche dormiría con su madre o con su padre. Lloraba y se resistía a las puertas de un punto de encuentro, hasta el punto de que la jueza paralizaba la entrega a su padre. Pero solo unos días. 'Denuncia, confía en la justicia' es un eslogan bonito y esperanzador que, eso sí, debería ir acompañado de la práctica.

Nuevo portazo a las denuncias de víctimas de policías infiltrados en movimientos sociales. Una jueza de Girona ha inadmitido la querella que presentaron cinco entidades y el activista Òscar Campos contra Maria I., la agente de la Policía Nacional que se insertó en colectivos sociales mediante un nombre falso y llegó a mantener una relación sentimental durante tres años con Campos. 

El rechazo a la querella se suma a otros casos similares a los que la Justicia ya ha dado carpetazo, como el del agente que se infiltró en colectivos anarquistas de Barcelona –ahora pendiente del Tribunal Constitucional– o el de Valencia. 

En el caso de Girona, un año y medio después de recibir la querella, la jueza la ha inadmitido al entender que la agente no se “extralimitó” en sus funciones ni forzó la relación con Campos, a pesar de que le escondió su condición profesional para mantener una relación sentimental con él y así acceder a movimientos sociales locales. En el auto, la magistrada considera que no se puede concluir que Maria I. “inició forzadamnte y en plano de desigualdad una relación sentimental con el querellado para obtener información de inteligencia”, ni que por lo tanto su actuación fuera “desproporcionada” con las tareas encomendadas.

La “clave” de la querella, prosigue en su argumentación, es discernir si la agente se extralimitó en ese objetivo al iniciar la relación con Campos. Y acto seguido concluye que no se puede apreciar esa “extralimitación”.

Los denunciantes han respondido a la inadmisión con una rueda de prensa este viernes en la que han anunciado un recurso a la Audiencia de Girona y se han declarado “absolutamente desamparados”. Así lo ha proclamado el abogado de las entidades sociales y de Campos, Benet Salellas, que ha lamentado que la jueza haya llegado a esas conclusiones sin ni siquiera haber iniciado diligencias. “Dice que no existen pruebas de que la funcionaria se extralimitara, pero ¿cómo puede saberlo si no ha pedido al Estado ningún expediente ni le ha tomado a ella declaración”, se ha preguntado. 

La denuncia acusaba a la agente Maria I. de delitos de torturas con graves daños psiquiátricos y de revelación de secretos. Esto último se debe a que la policía participó en reuniones de Campos –que por entonces era su pareja– con su abogado por el proceso judicial en el que estaba inmerso junto a otros activistas por cortar una vía del AVE. A este respecto, la magistrada ha alegado sencillamente que la asistencia de la policía infiltrada a ese encuentro fue “en el marco de la relación de confianza entre la pareja”, y ha descartado por lo tanto que que se vulnerara su derecho a la defensa. 

Sílvia Rispau, del Sindicat d’Habitatge de Salt i Girona (colectivo que Maria I. contribuyó a fundar), ha calificado de “indignante” y ha descrito como “inadmisible” que hayan sido los propios movimientos sociales, junto con el medio La Directa, quienes hayan destapado “uno por uno” los distintos policías infiltrados que han trascendido en España. “Hay quien denomina estas prácticas como cloacas del Estado, pero lo que demuestran es que el Estado español es una cloaca”, ha proclamado. 

Maria I. aterrizó en Girona desde Palma en 2020 permaneció inmersa en el activismo local durante más de tres años, hasta que se descubrió su condición de policía. Hasta entonces, participó en iniciativas como Tancada per Drets, en defensa de jóvenes migrantes extutelados, o en el Espai Antirracista y el Sindicato de Vivienda de Salt. Al mismo tiempo mantuvo la relación con Óscar Campos, con quien convivía y al que presentó incluso su familia.

La asociación feminista riojana Kirké: Feministas en Acción ha depositado esta mañana en el registro del Palacio de Justicia de Logroño una petición dirigida al Consejo General del Poder Judicial en la que se solicita una investigación sobre posibles casos de violencia institucional machista en el Juzgado de Violencia contra la Mujer. Con esta acción, que cuenta con el apoyo de 270 firmantes, de los cuales 22 son asociaciones, partidos políticos y sindicatos de La Rioja y del resto del territorio nacional, buscan que se inicie una investigación que esclarezca los hechos y sirva para depurar responsabilidades. 

En su escrito, la asociación considera “de extrema gravedad” que un juzgado especializado en violencia contra la mujer, atendiendo a lo descrito en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género sobre éstos, pueda estar tomando decisiones contrarias al espíritu de la citada normativa. Por ello, desde la asociación Kirké: Feministas en acción, con el apoyo de las personas abajo firmantes y “desde el más absoluto respeto a la independencia de los jueces y juezas en el ejercicio de su labor”, solicitan a este organismo que inicie cualquier trámite necesario para esclarecer la posible comisión de actos de violencia institucional machista.

Mientras en la sociedad española crece la preocupación anten casos mediáticos como los de Juana Rivas o Elisa Mouliá, la asociación Kirké: Feministas en Acción recuerda que nuestra comunidad no permanece al margen de esta realidad. De hecho, hace varios meses que comenzaron a denunciar la existencia de posibles casos.

El pasado mes de noviembre, Kirké denunció ante el Observatorio de Violencia Institucional Machista (OVIM) un posible caso de violencia institucional contra una mujer en el Juzgado de Violencia contra la Mujer de Logroño. En enero anunciaron que tenían conocimiento de más casos, sobre los que están recabando el mayor número posible de datos para notificarlos al OVIM, mientras están realizando acompañamientos a estas mujeres para respaldarlas a nivel emocional y jurídico.

Miembros de Kirké señalan que “es inadmisible que las víctimas de violencia machista tengan que enfrentarse a un sistema que permite este tipo de abusos hacia ellas, ya que no solo se estaría dañando a esta mujer, sino que además se estaría dejando en una situación de desprotección gravísima a otras mujeres que tienen miedo a denunciar porque temen enfrentarse a calvarios como los de nuestras compañeras”. Afirman que desde que iniciaron la campaña de recogida de firmas varias mujeres han contactado con la asociación narrando hechos similares. 

Según se recoge en la documentación aportada por la asociación, durante los últimos meses ha realizado acompañamientos a mujeres en “casos en los que las víctimas han quedado en situación de desprotección frente a sus exparejas, presuntos maltratadores, debido a decisiones tomadas por este órgano judicial”. Estas decisiones se deben, según apunta Kirké, a “negativas a aceptar pruebas e informes firmados por profesionales del ámbito sanitario y del trabajo social del sector público, testimonios directos de testigos y otros elementos que probarían, a juicio de quienes los han emitido, el maltrato continuado al que las víctimas se han visto sometidas.”. También se refieren a retrasos en los procedimientos judiciales que, dicen, “ha podido favorecer que el acusado haya podido quebrantar en varias ocasiones las órdenes de alejamiento e incomunicación dictadas por este órgano judicial, sin que ello, hasta el momento presente, les haya supuesto ninguna consecuencia”. 

Han señalado además otros datos de carácter público, que indican que se ha producido un incremento en el número de denuncias sobreseídas y en la denegación de órdenes de protección. En 2022 se registraron en La Rioja 893 denuncias por violencia de género y un año más tarde, en 2023, la cifra aumentó un 10%, hasta las 983 denuncias. De todas las medidas de protección solicitadas en ambos ejercicios, se adoptaron las mismas, 251 en cada año. Sin embargo, crecieron notablemente las órdenes de protección denegadas; mientras que en 2022 se denegaron 48, en 2023 fueron 76 las que se denegaron y once las que ni siquiera fueron inadmitidas. 

“Dos jóvenes son víctimas del abuso policial de seis agentes en un lugar solitario sin posibilidad de defensa alguna y son golpeados y humillados por el hecho de haberse saltado un control policial”. No es el inicio de un podcast, sino un fragmento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que ha ratificado la condena por, entre otros, un delito de torturas a media docena de funcionarios de los Mossos d'Esquadra.

En una sentencia de 120 páginas, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la sección de apelación de la Sala Civil y Penal del TSJC respalda al 100% el fallo de la Audiencia de Barcelona y rechaza todos los recursos de los condenados, a los que afea que pretendan “imponer su propia e interesada valoración probatoria” sobre lo ocurrido. 

Se trata de uno de los casos de torturas policiales más graves ocurridos en los últimos años en Catalunya, tanto por las lesiones físicas como por las secuelas psicológicas en las dos víctimas, una de ellas representada por la abogada Jennifer Lahoz. El TSJC destaca que la agresión se produjo con los jóvenes “detenidos, esposados y en el suelo”, sin que tuvieran “ninguna oportunidad de defensa eficaz frente a seis agentes armados”.

Los agentes condenados obtienen una pena atenuada por los más de tres años que la causa estuvo paralizada en un juzgado de Cerdanyola del Vallès (Barcelona). En 2023, tras la condena en primera instancia, la conselleria de Interior suspendió de empleo y sueldo a los agentes. Uno de los mossos condenados es M.F., que abandonó a petición propia el cuerpo en 2017, un año después de la agresión, para fundar una empresa de seguridad privada. Desde el 2021 está investigado por robo con fuerza, soborno y revelación de secretos.

Pese a que, al contrario que en otros casos de torturas policiales, nadie pudo grabar en vídeo la agresión al ocurrir en un lugar apartado, el tribunal da plena credibilidad a la declaración de las dos víctimas al verse corroborada por varios informes de médicos y peritos.

Los hechos ocurrieron en el año 2016. Los dos amigos, de 21 y 23 años en el momento de los hechos, se dieron a la fuga del control policial de alcoholemia la madrugada del 23 de abril de en Cerdanyola. Un coche patrulla y un furgón de la unidad de apoyo de los antidisturbios (ARRO) salieron tras ellos. Su huida terminó al chocar el coche con un muro en un camino de tierra.

Tras el siniestro, los agentes esposaron a los jóvenes, los mantuvieron en el suelo y les golpearon con puñetazos y patadas en la cara, la cabeza y el cuerpo, al tiempo que les insultaban y les humillaban con expresiones como “os podríamos matar y aquí no se enteraría nadie”. También cortaron uno de los cinturones del coche y los golpearon con él y arrancaron el altavoz pesado que llevaban en el maletero. Las víctimas requirieron de cuatro y seis meses respectivamente para estabilizar sus lesiones físicas. Ambos también sufrieron secuelas psicológicas de gravedad a causa de las torturas.

Nadie intentó parar la agresión, todos participaron y la presenciaron de forma imperturbable

Sentencia del TSJC

Los mossos d'esquadra impugnaron la sentencia inicial del caso al considerar que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y que la Audiencia de Barcelona les había condenado sin pruebas. El TSJC lo descarta por completo. En varios tramos de la sentencia, la sección de apelación elogia la resolución de la Audiencia de Barcelona que condenó a los agentes en primera instancia, de la que destaca el “detalle tan abundante” y “exhaustividad total” a la hora de valorar las pruebas del juicio.

Para que un recurso prospere, es necesario que se constate que el tribunal ha realizado una valoración irracional o insuficiente de pruebas. Y eso es algo que no ha ocurrido en este caso, tal y como se encarga de recordar el TSJC. Todo lo contrario, la Audiencia de Barcelona alcanzó su convicción de que los agentes habían torturado a los jóvenes de forma “plenamente creíble” y con “información plenamente fiable”, ahonda el tribunal. “La abundancia probatoria resulta incuestionable”, zanja la Sala.

Alegaban los mossos condenados que las dos víctimas y la sentencia les habían imputado la agresión sin concretar el papel de cada uno. Pero el TSJC recuerda que el relato de hechos probados sí identifica que primero llegaron al lugar dos agentes y después otros cuatro, y que todos ellos “participaron en la agresión de forma conjunta, unánime y deliberada”.

Aunque las víctimas no hayan podido “individualizar” quién les dio cada golpe, argumenta el TSJC, no existen dudas de que se trató de una “acción conjunta”. En el caso de que alguno de los agentes condenados no hubiera dado golpes ni patadas y solo hubiera mirado, también hubiera podido ser condenado, ya que no frenaron a los mossos agresores. “Nadie intentó parar la agresión, todos participaron y la presenciaron de forma imperturbable. Hubo varios golpes, hubo una tácita connivencia”, reza la sentencia.

“La gravedad del ataque a la integridad moral, física y psíquica de los jóvenes fluye con naturalidad de los propios hechos”, agrega la sentencia, que destaca la “rapidez” con la que los mossos perpetraron la agresión “antes de que llegaran terceros que pudieran ser testigos” de la misma.

“El lugar solitario, el número de agresores, el hecho de que las víctimas estuvieran boca abajo en el suelo y esposados no permite otra consideración”, concluye la sentencia de la que ha sido ponente la magistrada María Jesús Manzano en un tribunal del que también han formado parte la magistrada Roser Bach y el magistrado Manuel Álvarez.

Penas rebajadas por la tardanza del juicio

El TSJC ratifica la sentencia de la Audiencia de Barcelona en todos sus extremos. A M.F., sargento en el momento de la agresión, le impone una pena de 5 años y 45 días de cárcel por los delitos de torturas y lesiones con la agravante de alevosía y prevalimiento de cargo público. Los otros cinco agentes han sido condenados a cuatro años de cárcel. Sus penas se ven rebajadas al aplicarse la atenuante de dilaciones indebidas por los tres años que estuvo la causa paralizada sin enviarse a juicio.

Una vez sea firme la sentencia (los condenados recurrirán en casación ante el Tribunal Supremo, según informan fuentes de sus defensas), los mossos deberán dejar obligatoriamente el cuerpo ya que la sentencia contempla la inhabilitación absoluta para ejercer de policías. También deberán afrontar indemnizaciones que suman 90.152 euros por las lesiones y daños morales a las víctimas que, en caso de no pagarse, serán asumidas por la Generalitat.

A la última víctima mortal de violencia de género en La Rioja la asesinó, presuntamente, una expareja y después prendieron fuego a la sucursal bancaria de Logroño en la que dormía una noche del pasado octubre de 2024, donde también mataron a un hombre. Había interpuesto varias denuncias por violencia de género. Hacía algunas semanas había sido expulsada del albergue municipal. Ella misma había alertado unos días antes del riesgo en el que vivía. Sin embargo, esta mujer se sumó en enero, cuando se confirmó su identidad, a una larga lista de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, es la 1.293 desde que en 2003 comenzaron los registros

Este asesinato machista une dos problemas estructurales que padece la sociedad, la violencia de género y el sinhogarismo, y pone sobre la mesa la falta de recursos habitacionales específicos para mujeres en La Rioja, los requisitos excluyentes de los alojamientos para víctimas de violencia de género y la violencia a la que están sometidas las mujeres en situación de calle. “Las mujeres víctimas ni tienen acceso ni están seguras con los recursos que hay”, advierten desde la asociación El Llavero, que reivindica el derecho a la vivienda para todas las personas.

Requisitos que cierran la puerta a las mujeres sin hogar

Para las víctimas de violencia machista que no tienen hogar es prácticamente imposible que accedan a la Casa de Acogida del Gobierno de La Rioja, el recurso específico para víctimas de la comunidad autónoma. El último decreto que regula el acceso a estas plazas, de diciembre de 2022, recoge entre sus requisitos estar empadronada, no padecer trastornos graves de salud mental ni conductas derivadas del consumo de alcohol o sustancias estupefacientes. Unas condiciones que, llevadas a la práctica, cierran la puerta a las mujeres en situación de sinhogarismo.

Hay otros recursos habitacionales, pero son más temporales. El Llavero aboga por la necesidad de adaptar los recursos a las necesidades especificas de estas mujeres, trabajando el trauma con acompañamiento por profesionales con formación especifica , flexibilidad y creatividad. Tal y como están diseñados, los recursos existentes actualmente en La Rioja, tampoco son los lugares idóneos para estas mujeres: “Necesitan una atención integral, con una normativa muy flexible. Estar en calle aboca al consumo, el trastorno mental se agudice y empieza una escalada... La atención no puede ser igual”.

El resto de opciones habitacionales de la capital de La Rioja, ya no específicas para víctimas, son el centro municipal de acogida y el Proyecto Alasca, que suman unas 70 plazas. Pero son albergues mixtos. Hay plazas para mujeres y las habitaciones están separadas, pero todos los espacios comunes son mixtos y entre el 80 y el 90% de los usuarios son hombres. Es decir, en Logroño no hay recursos específicos para mujeres y la realidad es que no quieren acceder a los que hay y buscan otras opciones.

Integrantes de El Llavero y profesionales de lo social, son claras y no es un problema de plazas, porque las hay. “La mayoría acaban con otros hombres con tal de tener un techo, como en una prostitución encubierta. Prefieren estar en una habitación con un maltratador que en un albergue, no lo sienten como un lugar seguro”, y es que “muchos de los hombres que hay alojados son agresores”, revelan estas profesionales.

Las mujeres prefieren estar en una habitación con un maltratador que en un albergue, son espacios hostiles, no lo sienten como un lugar seguro

Asociación El Llavero

Piden albergues para mujeres, pero también subrayan la importancia, como posibilidad o paso previo, de incorporar la perspectiva de género. El proyecto Luciérnagas de Madrid comenzó así, implementaron al gran albergue de San Isidro espacios seguros solo para mujeres a través de algo tan sencillo como biombos, generando grupos de ayuda y acompañamiento para mujeres. En Cataluña, por ejemplo, observaron como en el centro de día de un albergue las usuarias se iban durante la mañana y no participaban en las actividades. Tras preguntarles sobre sus necesidades, empezaron a incorporar sus demandas, como que hubiera productos de higiene femenina, el horario de duchas no coincidiera con el de los hombres o se incorporaran talleres emocionales, y la participación creció exponencialmente.

Desde Ayuntamiento de Logroño, la concejala de Políticas de Familia, Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, reconoce que las mujeres acceden en menor medida a los recursos, pero no cree necesario actualmente habilitar alojamientos exclusivos para ellas, “ya los hay del Gobierno de La Rioja”, dice en referencia a la Casa de Acogida de víctimas de violencia de género. “No se nos ha transmitido la necesidad de separar los espacios por género”. No obstante, asegura que en los albergues de Logroño ya se trabaja “con una sensibilidad especial hacia el mundo de la mujer”, por lo que está aumentando el número de usuarias, y el objetivo “es conseguir que sea su primera opción o que no la descarten”.

Unos circuitos de exclusión social muy cerrados en ciudades pequeñas

La víctima del último asesinato machista de Logroño sí había accedido al albergue, pero le habían expulsado con una sanción de un mes, “aunque la instrucción es no ser estrictos con los plazos”, dicen desde el Ayuntamiento. “Se dieron ciertas circunstancias que suponen aplicar las normas del centro”, ha confirmado la concejala de Servicios Sociales de Logroño, Patricia Sainz, prefiriendo no dar más detalles “por respeto a su familia”. En este tiempo, advirtió que necesitaba ayuda y pidió otro alojamiento y se le ofreció el Proyecto Alasca, un centro denominado de “baja exigencia” y también mixto, que llegó a utilizar aunque aquella madrugada del 18 de octubre, antes de que se cumpliera el mes de sanción, fue asesinada en la calle.

Según ha podido saber Rioja2, no tenía ninguna orden de protección en vigor a pesar de que sí había interpuesto denuncias por violencia de género, algo casi anecdótico para las mujeres en situación de exclusión social. Sin embargo, aunque haya orden de alejamiento son una utopía, “cuando el circuito es tan pequeño es muy difícil”, apuntan las miembros de El Llavero sobre la cercanía de los recursos en una ciudad pequeña como Logroño y, de hecho, otra de las reivindicaciones de El Llavero es el impulso de proyectos de Housing First en barrios alejados.

Para el El Llavero, “no se trata de buscar culpables, sino de visibilizar la necesidad y que la ciudadanía y administración conozca el sufrimiento de estas mujeres y a partir de ahí, aunar esfuerzos desde diferentes ámbitos como vivienda, servicios sociales, salud, cultura.. para hay dar generar alternativas a un tema muy complejo y estructural”. La asociación también llama a la ciudadanía a “no mirar para otro lado, no juzgar, empatizar y exigir medidas”.

Combatir el sinhogarismo y la situación de mujeres en calle que sufren agresiones no está en la agenda política

Asociación El Llavero

¿Cuál es la importancia de la vivienda para la recuperación de la violencia de género? Estas profesionales, que trabajan con muchas víctimas, responden concisas: “Estando en la calle tienen bastante con sobrevivir, no da tiempo a pensar en recuperarse. Están en modo supervivencia”. La vivienda es fundamental para la recuperación del trauma, coinciden las expertas, “es el único lugar seguro”: “Un albergue nunca va a dar lo que da una casa”. Y es que aluden a que “por muy flexibles que sean los recursos, no dejan de sentirse en continua valoración”. Por ello, reivindican medidas como el Housing First, “lo primero, la vivienda”: “Cuesta dinero, sí, pero es que el resto de dispositivos también. ”Países como Finlandia apuestan por desinstitucionalizar y dar una vivienda a personas en situación de calle y están consiguiendo erradicar el sinhogarismo“, ejemplifican. Además apuestan por la prevención, ”cuanto más tiempo se esté en calle, más difícil es salir del circuito de exclusión, es necesario apostar por programas de prevención, una ayuda inmediata y preventiva puede frenar situaciones de sinhogarismo“. 

Pero “combatir el sinhogarismo y la situación de mujeres en calle que sufren agresiones no está en la agenda política”, claman desde esta asociación. Tanto que en Logroño no hay ni un estudio con un diagnóstico de la situación del sinhogarismo más allá del que anualmente elabora Cáritas, según las personas que acuden a la entidad.

Las mujeres como esta víctima de violencia machista en La Rioja, que viven en la calle, están tremendamente invisibilizadas. El maltrato les ha destrozado la vida y han llegado a normalizar por completo la violencia. La mayoría no tienen red de apoyos y en La Rioja en sistema no está ejerciendo ese papel. “No es suficiente con que haya una plaza en un albergue, hace falta más para que situaciones como la de sufrió la última víctima mortal de la violencia machista en La Rioja no se repitan”.

Prima facie es una expresión latina que en Derecho significa 'a primera vista'. Porque no todo termina siendo lo que parece en un principio. La dramaturga, y antes abogada penalista, Suzie Miller (Melbourne, 1963) eligió ese título para una obra de teatro y una novela que ha terminado por dar la vuelta a medio mundo. Prima facie (Seix Barral) es la historia de una abogada penalista implacable que defiende el Derecho y la ley por encima de todo, también, por supuesto, cuando se trata de defender a agresores sexuales. Hasta que un día las tornas cambian y es ella la que denuncia. En un minuto, su vida se da la vuelta y todo lo que pensaba y creía, también. La obra, protagonizada en España por Vicky Luengo, arrasó en taquilla, como lo hizo antes en muchos otros países, y ha abierto los ojos de profesionales de la justicia, el periodismo o el arte.

Usted misma ha contado que su experiencia como estudiante de Derecho y como abogada penalista tiene mucha influencia en lo que ha escrito como autora y también en esta obra. Pero, ¿por qué eligió concretamente esta trama y estos personajes?, ¿por qué decidió que la protagonista fuera abogada y que la violación la cometiera, no solo un hombre conocido por ella, sino un amante, también abogado?

Quería mostrar, primero, cómo funciona el derecho y cómo todo el mundo cree “esto es la ley” o “han encontrado los hechos, esta es la verdad y ya”. Quería mostrar que eso no funciona así. Es muy importante que no se condene a nadie sin pruebas, esa máxima de que alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario, porque por eso somos una sociedad civilizada. Pero también la ley tiene sus defectos, aunque cuando eres abogada creo que incluso te enseñan a no verlos y a creerte que la ley es así y punto.

También quería escribir sobre violencia de género y agresiones sexuales, porque cuando estudiaba y ejercía vi muchos casos que quizá no se tomaban tan en serio. Al ejercer trabajé con muchas víctimas de violencia sexual y oí muchas historias, y todas se parecen mucho. La ley no acaba de entender cómo responden físicamente ante un ataque: se congelan, entran en shock psíquico y empiezan a pensar, incluso, que es su culpa, internalizando esos prejuicios que tenemos sobre mujeres y sexualidad. Quería contar todo eso explicando que puede suceder, además, con una persona en la que se confía, porque esto choca más.

¿Uno de esos prejuicios es precisamente que si las mujeres se quedan paradas o no se revuelven con contundencia es que la violación no es 'tan' violación?

Los hombres tienen claro lo que es un ataque sexual cuando le pasa a una niña de 16 años que va sola por la calle a las cuatro de la mañana, pero otros casos de violación no los tienen tan claros. Que sea alguien a quien conoces, que no hayas dicho que no, que no hayas luchado o que no pegues patadas no significa que estés consintiendo. No es menos violencia porque la mujer se congele. O incluso porque intente empatizar, hablar para ver si por ahí te escapas. Es una estrategia de supervivencia, porque muchas creen que van a morir y el cuerpo piensa en cómo sobrevivir, pero el tribunal quizá eso no lo ha tenido en cuenta. Hasta ahora no se ha podido demostrar que el cuerpo se cierra de tal manera e incluso antes esto se interpretaba al revés, como que ella no hizo nada y hasta lo estaba disfrutando. Yo quería mostrar esto, no quería solo hablar de ello, sino mostrarlo con la acción y que diera pie a un debate. No pensaba que iba a ser un debate mundial, pero mira dónde ha llegado.

¿Cree que la sociedad entiende peor el concepto de consentimiento cuando se trata de una agresión sexual entre personas que han tenido hasta ese momento una relación consentida, voluntaria e incluso deseada?

Lo que es interesante es que a las mujeres no nos confunde porque hay muchas que han tenido estas experiencias, o muy parecidas, cosas que no querían que pasaran y han terminado pasando. No creo que confunda tanto, lo que pasa es que se ha despertado este debate de la ultraderecha sobre la masculinidad y eso ha reactivado esos planteamientos que siempre han estado ahí. También es que hasta hace muy poco no se podía hablar de violación dentro del matrimonio, porque si tú te habías casado con un señor, eso significaba que consentías todo cuando él quisiera y como él quisiera. Y esto claro que influye en la manera en que pensamos sobre las relaciones y el consentimiento.

Aquí en España, una encuesta del CIS mostraba que el 20% de la población cree que obligar a tu pareja a tener sexo es inaceptable, pero que no debe ser castigado por la ley.

Es horrible, me indigna, al final el jurado, el tribunal, es gente normal y corriente. Y ahí llegas con tu mochila, con lo que te han contado, con ese “algo haría” o “¿por qué saliste?”. Los hombres tienen que tener conversaciones con sus hijos, decirles, incluso 'oye, quizá yo en el pasado hice tal y tal cosa mal, no quiero que la hagas tú'. La sociedad ha cambiado y muchos hombres están preparados para aceptarlo, a otros no les apetece confrontar ciertas cosas. En Nueva York conocí a un hombre que salía con una amiga mía. Él era canadiense y estaba teniendo muy en cuenta lo que estaba pasando en la sociedad. Nos contó que tenía miedo de pensar en el tipo de sexo que tuvo a sus 20 años porque no sabía si todas las mujeres habían consentido. Esa es la realidad de muchos hombres, pero hay que ceder y decir 'quizá he cometido errores, pero a partir de ahora no voy a seguir así“. Eso también ayuda a esa vergüenza que la víctima internaliza y que puede afectar mucho a su vida. Se sienten juzgadas por sus propias amigas, o su propia familia. No hablan, no cuentan. A veces, aun con buena voluntad, les preguntan: ”¿pero por qué fuiste a su casa?, ¿qué tenías en la cabeza?, ¿por qué bebiste?“. Pero, ¿qué delito es aceptar una invitación, una copa?

En la primera parte del libro y de la obra de teatro, la protagonista describe la justicia, el derecho como una disciplina infalible que ayuda a encontrar la verdad y que es neutral, una noción que está muy asentada en la sociedad. ¿Hay sesgos en esa apariencia neutral de la justicia?

La manera en que nos enseñan a los abogados es que la ley está por encima de todo y es la verdad absoluta y que hace el bien y que las pruebas siempre son objetivas. Solo se ve a través de un prisma. Cuando superas este lavado de cerebro descubres que no es así. La discapacidad, el género, la raza y la clase social son cosas que cambian la manera en que experimentas el derecho, las leyes. Si te apartas del prototipo hombre, blanco, heterosexual, que es desde donde se diseñan las leyes, y añades capas, te vas encontrando con obstáculos judiciales y legales. Y como esto no se ha reconocido durante cientos y cientos de años, y la ley ha seguido promulgándose desde el prisma del hombre blanco heterosexual, se han retrasado los cambios. No hace tanto que las mujeres no podían ejercer la abogacía, por no hablar de ser juezas.

¿Qué tipo de reacciones a su obra le han llegado desde la judicatura?

Jueces y juezas han contactado conmigo después de haber visto la obra. Uno me llamó al día siguiente. Me dijo 'mira, no me conoces, soy juez en Londres y yo escribo la recapitulación, lo que le dice el juez al jurado antes de que se reúna a deliberar. Y quisiera utilizar el monólogo final de la obra para dirigirme al jurado antes de que delibere“. Le dije 'sí, sí, por supuesto, utiliza el párrafo que quieras'. Y ahora lo utiliza todo el mundo en los tribunales en Reino Unido. Además, todos los jueces en Irlanda del Norte están obligados a ver la obra en vídeo antes de poder juzgar en un caso de violación. A veces es gracias a una novela o a una obra que ves que te planteas cómo puede ser que le esté pasando tal cosa a alguien. Es el poder del arte.

Justo la protagonista es una mujer que viene de una clase humilde, pero al principio del libro vemos que adopta todos los códigos y las formas que se esperan de ella en el derecho. ¿Hay que mimetizarse con el ambiente y adoptar estas normas escritas y no escritas para conseguir entrar en ese mundo del derecho y que te tomen en serio, especialmente si eres mujer y procedes de una clase social humilde?

Yo pienso que sí. Ahora tenemos suerte de que hay muchas más mujeres en muchas profesiones y puedes ser más tú. Pero cuando yo estudiaba, sigues una plantilla, es como se supone que tiene que ser y como vas a evitar los problemas. La clase es efectivamente uno de esos pilares. Los jóvenes que están en Derecho han dedicado tiempo, dinero, esfuerzo para sacar esas notas y cuando ya llegan a la abogacía, a ejercer, son muy competitivos, muy ambiciosos y quieren seguir escalando. No se conformarán con el escalafón más bajo y según qué raza, género, clase, si eres gay, si eres mujer... es más difícil conseguir encajar. El derecho es una profesión muy patriarcal. Además, estás tan ocupado aplicando la ley y con tanto trabajo que no te cuestionas. Si tienes un poquito más de perspectiva y tiempo, si puedes volcar tu experiencia como mujer, igual impides que unas bragas sean una prueba admisible, como si por llevar esa lencería alguien consintiera.

La protagonista cuenta cómo hay compañeras y compañeros que se mantienen alejados, no toman partido cuando ella cuenta lo que le ha sucedido. Es algo que muchas mujeres que sufren agresiones sexuales o situaciones machistas también relatan. ¿Es ese no tomar partido una manera de, en realidad, tomar partido?

Pienso que a veces no se nos escucha. O te preguntan '¿pero cómo no hiciste nada?', '¿pero cómo que te quedaste paralizada?'. El primer relato de un ataque sexual suele ser a una amiga, a una hermana, a la madre. Hay que escuchar diciendo 'estoy aquí, cuéntame', 'no es culpa tuya'. Esas primeras frases pueden condicionarlo todo. Si la primera reacción es no querer saber o preguntar qué llevaba puesto o qué hora era o cuánto había bebido, eso cierra a la persona, no ayuda. Lo mejor que puedes hacer es escuchar primero. Hay muchas maneras de que alguien pueda acabar siendo vulnerable, y no hay que sentir vergüenza ni hacer sentir vergüenza. Esa vergüenza la tienes que poner sobre la persona que no ha respetado la humanidad de la otra.

Seguro que la respuesta a esta pregunta es larga, pero ¿qué dos o tres cosas tendrían que cambiar para que exista justicia en un sentido amplio?

La gente tiene que empezar a escuchar a las mujeres queriendo creerlas en lugar de ir a buscar las incoherencias. Luego, hay que educar a los niños y varones. Que entendamos que el coste de la violencia contra las mujeres degrada a toda la comunidad, hay que decidir que no se acepta y punto. Está muy bien que los hombres digan que son nuestros aliados, pero que lo sean activamente. Que hablen con los chicos jóvenes, que les hagan de tutor, de mentor, con su hijo, su hermano, su primo, que haya chavales que tengan hombres en quienes confían que les muestren la alternativa a convertirse en un Andrew Tate [un influencer británico misógino, acusado de agresión sexual].

Hola,

¿Cómo encaras el final de este año? Estamos en esas semanas de balance o, al menos, de echar la vista atrás y preguntarnos cómo ha pasado el tiempo tan rápido, o quizá tan lento, depende del año que te haya 'tocado'. El ritual de las campanadas es parte de ese fin de año y diría que la polémica asociada, también. Siempre suele haber una... y casi siempre tiene que ver con una mujer.

Esta vez le ha tocado a Lalachus. La humorista retransmitirá las campanadas en TVE junto a David Broncano, su compañero en 'La Revuelta'. Con el anuncio llegaron los comentarios llenos de gordofobia y misoginia. Los ataques se centraban en el cuerpo y el aspecto de la colaboradora del programa: el problema es que Lalachus es una mujer y es gorda, y la mezcla de esos factores nos muestra hasta qué punto es importante tener en cuenta la intersección de discriminaciones.

Es posible que te venga a la cabeza Cristina Pedroche. Cada año, ella y la atención a sus vestidos (y a su cuerpo) vuelven a abrir la misma conversación acerca de la sexualización de las mujeres. Ella también recibe ataques, aunque diferentes: en su caso se le acusa de 'vender' un falso empoderamiento, de cosificarse o bien empiezan las sospechas acerca de que es su aspecto el que le hace estar en esa posición televisiva.

Pensando en ambos casos -Lalachus y Pedroche- se me ocurren varias reflexiones. Una, que siempre parece haber algo mal con nosotras y que si no es una cosa será otra. Dos, que la sociedad 'exige' a las mujeres que llegan a determinados lugares que, de alguna manera, representen a todas las demás, a todo el género femenino. Lo que haga una importa para todas o define a todas o debe tener en cuenta a todas. Y, bueno, nos guste más o menos, debemos permitir que cada mujer se represente a sí misma y no sea tomada necesariamente como ejemplo de nada o representación de nadie.

Tres: la llegada de Lalachus a un espacio como el de las campanadas sí supone de alguna manera la ruptura de un modelo, el del señor-como-sea al lado de una mujer delgada, bella o, como mínimo, bastante normativa. El audiovisual es un medio donde la tiranía de la delgadez y el modelo dominante de belleza es especialmente cruel.

Creo que debemos tener cuidado, porque eso no significa que las mujeres que cumplan más o menos con esos cánones estén ahí por ese motivo, porque eso es caer en la argumentación machista. Están ahí porque hay muchísimas mujeres buenas en lo que hacen y las hay de todos tipos. Sí parece evidente que es más difícil estar en ciertos lugares si no cumples con el canon de la delgadez. Y desde luego es evidente la doble vara medir que se aplica a hombres y mujeres: Chicote, Ibai Llanos, Ramón García... su edad, su pelo, su talla, su 'outfit' no pareció importar tanto ni a la hora de elegirles ni de cuestionar su presencia en esos espacios.

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Mientras acababa esta newsletter han pasado dos cosas: una, que mi hijo se ha acurrucado a mi lado y me ha cotilleado lo que estaba haciendo y me ha señalado un fallo (gordo) en el texto. Así que hoy tengo un editor al que agradecer su contribución a este boletín. Y otra: que ha muerto la poeta estadounidense Nikki Giovanni, una voz muy importante de la poesía afroamericana.

cuando muera espero que cada trabajador en el consejo nacional

de seguridad

de la interpol del fbi de la cia de la fundación para el desarrollo

de las mujeres negras obtenga

un bono extra y quizás se tome el día

y quizás incluso se pregunte porqué no trabajaron tan arduamente por nosotras

como solían hacerlo

por ellos

aunque parece que siempre ha sido así

Un abrazo.

Ana

Los Mossos d'Esquadra han disparado un total de 212 veces sus 120 pistolas eléctricas desde el año 2018. El uso de las conocidas como pistolas Taser se ha saldado con 209 personas ilesas, una herida y una muerta, según los datos que ha entregado la Conselleria de Interior a preguntas del diputado de los Comuns en el Parlament Andrés García Berrio. También se electrocutó a un perro peligroso en 2023.

La policía catalana comenzó a utilizar pistolas eléctricas en junio de 2018. Desde entonces este tipo de armas se ha visto inmersa en la polémica debido a su potencial uso lesivo, comprobado en el caso del hombre que padecía una enfermedad psiquiátrica de Badalona fallecido en 2021 tras el disparo de una Taser. La causa se encuentra bajo investigación judicial tras señalar la Audiencia de Barcelona déficits en la auditoría interna de los Mossos.

Tras más de un lustro de funcionamiento, el balance realizado por la propia policía catalana también constata que la muerte de una persona disparada por Taser ha sido una excepción. La inmensa mayoría de impactos terminaron con las personas ilesas (el disparo produce erosiones leves, ya sea por el contacto de las sondas eléctricas con la piel o en la caída posterior a la parálisis motora). Solo en un caso hubo lesiones más graves.

Su uso ha sido frecuente, pero no generalizado, con poco más de tres disparos de media al mes. En 2019, el año que más disparos de Taser se registraron, hubo 40 usos; le sigue 2020 con 39; 2023 con 38; 2019 con 37 y 2021 con 34. En 2018 solo hubo cuatro disparos (se empezaron a usar en junio) y en lo que va de 2024 se han registrado 20. El uso de estas armas también se ha extendido entre 74 cuerpos de policía local en Catalunya, y el Ayuntamiento de Barcelona quiere adquirirlas para la Guàrdia Urbana.

Sin grabaciones en algunos casos

En su respuesta parlamentaria a los Comuns, la consellera de Interior, Núria Parlon, expone que la policía catalana está en proceso de incorporar 800 cámaras personales para grabar las actuaciones con las Taser, tal y como marcan los protocolos, para corregir el déficit de grabaciones detectado. Algunas baterías de las cámaras se habían “deteriorado”, lo que implicó que algunos disparos de pistolas eléctricas no se registraran.

“Con el paso del tiempo, el porcentaje de no grabaciones aumentó”, advierte Parlon, que no precisa el número de actuaciones que no se llegaron a grabar.

El departamento señala que los nuevos dispositivos de grabación “tienen mejor tecnología y más durada de batería”, y que las nuevas cámaras permitirán tener imágenes en vídeo de toda la actuación con la Taser desde que se desenfunda la pistola. “La grabación automática se activa ya no cuando se utiliza [la Taser], sino cuando se saca el seguro, se proyecten o no las sondas [eléctricas]”, destaca Parlon.

Los Comuns exigen cambios en los protocolos

El protocolo de uso de este tipo de armas no se ha reformado desde 2018. La normativa interna sigue contemplando supuestos de uso de las Taser que la Sindicatura de Greuges de Catalunya (equivalente al Defensor del Pueblo) o entidades como Amnistía Internacional (AI) reclamaron restringir.

Ante la imposibilidad del agente para saber a simple vista si la persona que recibe el disparo tiene una cardiopatía, problemas psiquiátricos (como terminó ocurriendo en el caso del muerto de Badalona) o ha consumido alcohol o drogas (supuestos que pueden comportar graves consecuencias cuando se recibe la descarga de 50.000 voltios de bajo amperaje), estas organizaciones solicitaron un uso mucho más limitado de las pistolas que la entonces conselleria de Interior, en manos de Junts, desoyó.

Además, la prohibición de los Mossos de usar los dispositivos eléctricos contra “infantes” se limita a menores de 12 años, tal y como lo entiende la ley catalana sobre los derechos de la infancia, mientras que el Parlament desaconsejó su uso hacia todos los menores de 18 años.

Para García Berrio ha llegado el momento de actualizar y revisar los protocolos redactados hace seis años e incluir todas las recomendaciones realizadas por la Sindicatura de Gregues, en especial para prohibir de forma explícita su uso hacia todos los menores.

El parlamentario de los Comuns también considera necesario que se evalúen los disparos de Taser ya realizados mediante una comisión de expertos que incluya no solo a profesionales de los Mossos d'Esquadra, sino también a representantes del L'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC). “A día de hoy la única auditoría la realizan los propios Mossos, y esto ha generado reproches de la Justicia”, recuerda García Berrio.

En su escrito de respuesta a las preguntas de García Berrio, la consellera Parlon explica que la policía catalana “participa en formaciones” organizadas por la empresa comercializadora de las pistolas, Taser, una circunstancia que el parlamentario de los Comuns considera “poco rigurosa” y falta de independencia. “Se tendría que garantizar una evaluación completa del uso de la fuerza”, reflexiona el diputado.

En estas formaciones, agrega la titular de Interior, a los agentes se les aplica “un mínimo de una descarga”, pero que “a muchos” uniformados se les realizan dos impactos eléctricos “para que conozcan el efecto de uso sobre otras personas”. “No se tiene conocimiento que ningún agente haya experimentado ningún problema de salud posterior a las descargas de las formaciones”, apostilla Parlon.

“Lamentablemente se produjo un desgraciado accidente, pero la responsabilidad en modo alguno es achacable a la actuación policial”. Así concluye la Audiencia de Barcelona la investigación abierta a dos agentes de los Mossos d'Esquadra imputados por disparar el proyectil de 'foam' que reventó el ojo a una joven durante las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel 2021. El caso queda definitivamente archivado en la vía penal.

En un auto, los magistrados concluyen que la lesión en el ojo de la joven se produjo por el impacto de un proyectil de 'foam' de la policía catalana, si bien descartan un “incumplimiento del protocolo” por parte de los agentes. Rechazan los magistrados que los antidisturbios rebasaran el Código Penal, no solo al negar que actuaran con ánimo de lesionar a la joven sino también porque concluyen que su intervención no fue imprudente.

Todo lo contrario. “No se ha objetivado -concluye la resolución- que la conducta de los agentes investigados haya llegado a infringir las más elementales normas de cuidado”. La única finalidad de los agentes, insisten los togados de la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona, fue “salvaguardarse”.

Según exponen los jueces, los escopeteros de la policía autonómica dispararon las balas de 'foam' autorizados por sus superiores y “con estricta observancia de los protocolos vigentes” en unas “circunstancias adversas”, en referencia a los disturbios que se estaban produciendo.

Los hechos se remontan al 16 de febrero de 2021. Los Mossos dispararon decenas de proyectiles de 'foam' para dispersar una manifestación en favor de Hasel que había derivado en altercados. Los distintos documentos recabados durante la instrucción del caso han constatado que los protocolos de los Mossos permiten disparar balas de 'foam' a una distancia en la que pueden provocar lesiones graves.

En su querella, la joven recalcó que en el momento de la lesión se encontraba junto a un grupo de viandantes y periodistas que grabaron los hechos, “lejos” del cordón formado por los antidisturbios, a unos 20 metros, y “alejada de la zona donde se podrían producir lanzamientos que causaran un riesgo a la línea policial”.

La resolución judicial pone en duda la versión de la joven. Sin llegar a culparla de las lesiones, como hizo el juez instructor Joaquín Aguirre, la Audiencia de Barcelona sí señala a la víctima por “efectuar dos lanzamientos” contra la línea policial. “Cabe la posibilidad”, agrega el auto, que disparo se produjera cuando la joven se agachaba “para aprovisionarse de botellas para lanzarlas al cordón policial”, de forma que el impacto del proyectil de 'foam' se produjera en el ojo cuando en realidad iba dirigido al abdomen.

“No se trata de buscar una valoración que justifique una conducta ilícita en la que hubieran incurrido los agentes para eximirlos, sino únicamente de buscar una hipótesis alternativa razonable para entender cómo pudo llegarse a producirse un hecho cierto, la lesión”, concluye el auto. Cerrada la vía penal, la joven ahora tiene la puerta abierta para reclamar una indemnización en vía administrativa a la Generalitat.

El centro Irídia, que ejercía la acusación del caso, ha destacado que el auto de la Audiencia corrobora que la lesión en el ojo de la joven fue causada por un proyectil de 'foam', lo que, a juicio de la entidad, “confirma la peligrosidad y la falta de precisión de estos proyectiles, que pueden causar lesiones irreversibles”.