Ya hay nueva terna de magistrados para el juicio de las filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) en la Audiencia Provincial de Álava. Tras la recusación del primer tribunal, compuesto por Jesús Poncela, Elena Cabero y Ana Jesús Zulueta, han sido designados Beatriz Eva Román Gobernado, Sara Mallen y Álvaro Silván. Ahora tocará retomar el calendario y celebrar la vista preliminar previa a la celebración del juicio, en el que finalmente solamente se sentarán en el banquillo dos de la veintena de personas que fueron investigadas, los de la prueba de Cirugía Plástica.

Los primeros jueces, sin que ni las acusaciones ni los acusados lo solicitaron, presentaron su renuncia por un conflicto de intereses que se dio por acreditado. Zulueta fue una de las cuatro juezas instructoras del sumario, iniciado hace ahora ocho años. Y Poncela y Cabero enmendaron la decisión de la última de ellas, Blanca Ester Díaz Pulido, de archivar todo el procedimiento sin ninguna consecuencia. Entrando al fondo del asunto, ya que ordenaron juzgar al menos los hechos de Cirugía Plástica, en los que la opositora imputada, Thais Salas, obtuvo una nota alta en la parte del examen hecha por un allegado que era parte del tribunal calificador, el doctor Alfredo Martínez Flórez.

¿Y quiénes son los nuevos magistrado? Román Gobernado es colega de la terna anterior en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Álava, a la que accedió hace unos pocos meses, y será la presidenta de la sala. Antes, fue instructora y, en los últimos años, ha liderado decenas de investigaciones, desde el fallido coche eléctrico Hiriko hasta algunas de las disputas internas en el partido EA, pasando por unas denuncias de sobrecostes en la compra de camiones por parte del equipo de exalcalde del PP, Javier Maroto. También ha sido juez de lo penal en Vitoria, con la vista contra los denunciados por intimidar a mujeres que iban a abortar a una clínica privada de Vitoria como su última gran referencia.

Con ella estará el juez Álvaro Silván, que ahora mismo ejerce en la juridicción civil del Tribunal de Instancia de Vitoria. Silván ha sido instructor hasta hace pocas fechas con dos casos muy significativos. Fue él el que ha liderado la investigación del crimen del joven Kerman Villate en la discoteca Mítika de Vitoria en 2025, aunque finalmente su criterio de que aquello pudo ser un asesinato o al menos un homicidio alevoso ha sido modificado y no podrá haber un juicio en esos términos. También estuvo en el centro de la controversia porque tuvo durante meses parada la causa por denuncias de violencia sexual en un campamento de Euskal Udalekuak en Bernedo. En abril de 2025 recibió los primeros informes y nada se hizo hasta después del verano, cuando las quejas trascendieron. En esas colonias estival hubo más denuncias y la Fiscalía lamentó la falta de diligencia judicial. Completa la terna Sara Mallen, del juzgado de menores de Vitoria.

El último precedente de un caso similar se dio en 2013, antes del juicio de una de las derivadas del 'caso De Miguel' de corrupción de excargos del PNV alavés. Se trataba de una pieza separada por un supuesto caso de espionaje de uno de los imputados, Aitor Tellería, con dos agentes de la unidad de Información de la Ertzaintza. Unos meses antes, el fiscal Josu Izaguirre solicitó la recusación de la terna inicialmente designada, de nuevo Jesús Poncela pero entonces con Jesús Medrano y Jaime Tapia. Como también habían resuelto recursos sobre la instrucción, se entendía que estaban contaminados. Finalmente, se conformó un tribuna con Íñigo Madaria, Íñigo Elizburu y Edmundo Rodríguez. Este tribunal absolvió de todos los cargos a los tres imputados, aunque Tellería acabaría condenado un lustro después en la trama principal.

El 1 de junio de 2018, hace ahora ocho años, estalló en Euskadi un caso que aún no ha sido resuelto en los tribunales, las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza. Opacado por la moción de censura contra Mariano Rajoy y la llegada de Pedro Sánchez al poder, que se produjo ese mismo día, ese día empezaron a brotar indicios de que aspirantes cercanos a los miembros de los diferentes tribunales -cada especialidad médica tiene su propio examen- tenían notas muy elevadas en pruebas de cierta complejidad. Ha sido una investigación sobre exámenes en la que consideró inoportuno revisar los exámenes y en la que no se ha accedido a ni una sola comunicación entre las partes. Y ha terminado en todo archivado salvo lo relativo a la categoría de Cirugía Plástica, donde a la buena nota de la opositora se unía una relación familiar con el vocal autor de una parte de las preguntas. Pero, tras el intento fallido de esta primavera, sigue sin haber fecha para el juicio.

El transitar judicial de este expediente ha sido verdaderamente tortuoso. Todo empezó con una preinvestigación de la Fiscalía en la que Carmen Adán no contó con todas las pruebas de que disponía el Servicio Vasco de Salud, ya que no se le entregaron las grabaciones de una investigación interna que se había ordenado a raíz del revuelo surgido. Ese proceso concluyó que no había pruebas de la existencia de filtraciones, pero quienes acudieron a comparecer como testigos sí exhibían sus dudas sobre el proceso y aludían a un problema estructural, como publicó después este periódico.

Durante estos años, hasta cuatro instructoras han dirigido la causa, residenciada en la plaza segunda de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vitoria, donde está la sede central de Osakidetza. Yolanda Varona fue la primera, una sustituta de la titular del juzgado en 2018, Ana Jesús Zulueta, por aquel entonces en otras funciones. Después llegaron Cristina Rodríguez Ruiz y Blanca Ester Díaz Pulido.

Ha sido una causa trufada de parones, prórrogas y denegaciones de pruebas. Se han revisado muy pocos exámenes aunque, cuando se vieron unos pocos de la prueba de Anestesia, se vio un patrón de respuesta muy similar entre los presuntos beneficiarios de las filtraciones, preguntas respondidas en el mismo orden, redacción similar y hasta fallos comunes dados por buenos.

Además de la Fiscalía, los sindicatos LAB y ESK han ejercido de acusación estos años. Y pidieron revisar todas las pruebas. “En relación a la aportación de los originales de los exámenes, no resulta necesario ni útil traer a este procedimiento un volumen de documentación que no será examinada por el tribunal por el escaso interés que tiene para la causa, así como por la innecesariedad de leer una sucesión interminable de preguntas médicas cuyo contenido y respuesta es totalmente ajeno a la función jurisdiccional y que no es objeto del presente procedimiento, ya que no se está enjuiciando una incorrecta valoración de los exámenes, sino una posible filtración”, llegó a argumentar como respuesta la juez Rodríguez Ruiz.

El 'caso De Miguel', la gran trama de corrupción investigada en Euskadi y que ha acabado con cuatro excargos del PNV en la cárcel y con otros condenados, ha solido aparecer como el gran espejo de una causa judicial compleja que se eternizó en los tribunales. Sin embargo, antes de que se cumplieran ocho años de las detenciones que dieron inicio al proceso, todos los imputados ya estaban en el banquillo. De marzo de 2010 a enero de 2018.

En detalle, el plazo inicial de investigación finalizó en el verano del 2021, a los tres años de los hechos, pero se acordó una prórroga de seis meses. En enero de 2022, 'in extremis', las acusaciones lograron seis meses más para que el asunto no muriera. Pero en ese período no se movió ni un papel y, terminado ese medio año, se acordó el final definitivo de la instrucción. Esto fue refrendado por otra instancia, la Audiencia de Álava, en abril de 2023. Desde entonces estaba pendiente que la magistrada Díaz Pulido hiciera público su auto de conclusiones. Esto llegó en diciembre de 2024 con un archivo total de la causa en la docena de categorías médicas bajo investigación.

Sin embargo, en septiembre de 2025, la Audiencia Provincial enmendó a la instructora y forzó a que, al menos en una categoría, sí hubiese juicio. ¿Por qué? Aquí, la examinanda logró 48 aciertos de las 50 preguntas realizadas por su allegado, el doctor Alfredo Martínez Flórez, pero bajó a 24 de 50 en la segunda mitad, ya con otra autoría. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”. Fue tal el revuelo ya en ese momento que la dirección de Osakidetza intervino y la opositora, Thais Salas, terminó renunciando.

La Fiscalía ha solicitado dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor por “filtrar las preguntas” del examen. Y pide para ella un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, así como la imposibilidad de que obtenga ayudas públicas durante ocho años. Estimaba “probable”, al presentar su escrito de calificación, que se pudiera alcanzar una conformidad si ambos admitían los hechos, con lo que las penas quedarían moduladas, pero ahora las defensas de los imputados descartan de plano esa opción, según han trasladado a este periódico en varias ocasiones.

Hay otras dos acusaciones, los sindicatos LAB y ESK. Piden penas más severas. En el caso de LAB, por ejemplo, demanda tres años de prisión para cada uno de los dos imputados. Solamente aceptaría un acuerdo en caso de que los acusados entrasen a explicar que las filtraciones han sido históricamente una dinámica “estructural” dentro de Osakidetza. ESK, por su parte, pide dos años de cárcel para ambos.

El caso se llevó por delante al entonces consejero de Salud, Jon Darpón, del PNV. Fue en 2019. También a la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, o al responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, entre otros cargos. El exconsejero es ahora alto directivo de la compañía privada Keralty, la antigua Sanitas internacional. La exdirectora general, cuando fue citada como testigo en la instrucción, contó con ayuda de agentes de la Ertzaintza, incluido un comisario, para evitar a la prensa, lo que motivó una nueva investigación.

Estaba prevista para esta primavera la vista previa del juicio, la última antesala antes de la audiencia pública. Pero se suspendió a última hora por otro imprevisto. Los tres miembros del tribunal presentaron un incidente de abstención al sentirse 'contaminados'. Esta misma semana se ha aceptado una recusación que ninguna de las otras partes había considerado necesaria. Se remarca que la juez Zulueta fue parte de la investigación y que no debería serlo ahora de la resolución del caso y, respecto de los jueces Elena Cabero y Jesús Poncela, se ha entendido que ya habían entrado al fondo del asunto al enmendar el cierre total decretado por la última instructora y ordenar un juicio contra dos de los imputados.

Desde el palacio de justicia no se concreta cuál es ahora el calendario y cuándo habrá una nueva terna para celebrar el juicio. Procesos mucho más cortos han visto cómo las penas eran rebajadas por las conocidas como “dilaciones indebidas”. “Antes del verano seguro que no”, vaticina un letrado conocedor del sumario al ser preguntado por una posible nueva fecha para retomar el asunto.

“Este proceso está repleto de sobresaltos, de cambios de magistrada, ... Estamos ante el escándalo sobre el escándalo”, opina el sindicato LAB. Y abundan: “Que el asunto de las filtraciones de exámenes en Osakidetza termine acotado judicialmente en una única categoría es un escándalo quizás más preocupante que las propias filtraciones. Es una consecuencia de realizar una investigación muy débil”. Este sindicato sostiene que existía una “red clientelar de adjudicación de plazas” y que se debería haber investigado más a fondo tanto los propios exámenes como la gestión de la dirección política. Lamentan el portazo a algunas de sus propuestas en ese sentido.

Desde ESK, ven igualmente “decepcionante” la situación actual del proceso jurídico de lo que llaman “opes dopadas”. Sostienen que el proceso “se ha dilatado de manera innecesaria”, que ha sido “largo y tortuoso”, lleno de “decisiones cuanto menos cuestionables” y que “para rizar el rizo” ahora se conocido la abstención de los magistrados del tribunal. Coincide con LAB en que han sido las acusaciones las que han dado impulso a la investigación. Con todo, ESK extrae una conclusión positiva de estos años porque “el objetivo era acabar con un sistema clientelar” y el “cambio de modelo” en Osakidetza para las últimas convocatorias, que dificulta estas filtraciones, según exponen, es “fruto del trabajo de denuncia sistemático” iniciado en 2018. Añaden que el actual consejero, Alberto Martínez, era miembro del tribunal de una de las categorías de las que brotaron las primeras denuncias, Anestesia.

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Álava Jesús Poncela, Elena Cabero y Ana Jesús Zulueta han quedado definitivamente apartados del tribunal que iba a juzgar el caso de las presuntas filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas de 2018 del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Los tres presentaron hace unas semanas su deseo de renunciar, los dos primeros por haber emitido ya resoluciones resolviendo recursos que entraban al fondo del asunto -básicamente la que obligó a reabrir una causa ya cerrada y a celebrar un juicio porque hay indicios de delito- y la tercera por haber sido una de las cuatro instructoras del expediente en la fase de investigación.

En una resolución firmada el pasado 20 de mayo pero conocida ahora y que viene firmada por los jueces Iñigo Madaria, Mercedes Guerrero y Beatriz Eva Román Gobernado, se explica que “examinadas las razones expuestas por los abstenidos para apartarse del conocimiento del asunto” se entiende que “resultan justificadas y necesarias” con el fin de “disipar cualquier recelo sobre la independencia y neutralidad del órgano encargado de la decisión del asunto”.

Se constata que Zulueta “efectivamente intervino en la instrucción”, lo que “impide el enjuiciamiento”. “Se vulneraría el derecho al juez imparcial”, se apunta. Y, sobre Poncela y Cabero, se entiende que la resolución que adoptaron para revocar el cierre prematuro de la causa y elevar a juicio al menos una pequeña parte del sumario, lo relativo al examen de Cirugía Plástica parte de un “estudio detallado y anticipado” de los indicios y un posicionamiento de su “calificación jurídica”.

“En definitiva, el conocimiento previo del proceso, vistas las circunstancias concurrentes, ha determinado un prejuicio susceptible de comprometer su neutralidad que sólo puede remediarse con su abstención”, entienden los colegas de Poncela, Cabero y Zulueta que han revisado el asunto. Sin embargo, ninguna de las acusaciones, ni la Fiscalía ni los sindicatos ESK y LAB, ni tampoco las defensas de las dos personas imputadas, una opositora de Cirugía Plástica y un vocal del tribunal de ese examen con quien tenía lazos familiares, habían considerado necesaria esta cautela.

La consecuencia evidente es que un proceso que lleva ocho años deambulando por los tribunales y que se iba a reactivar esta primavera con al menos la vista previa para el juicio queda de nuevo bloqueado a la espera de que se designe una nueva terna de magistrados. Los exámenes de Osakidetza bajo investigación se celebraron en mayo de 2018. Un mes después, elDiario.es/Euskadi y la Cadena Ser informaron de las primeras denuncias de la existencia de filtraciones. Abarcaban a decenas de categorías y se repetía un patrón común: notas altas y rayanas a la perfección en el caso de aspirantes cercanos a los autores de las preguntas. Una tortuosa instrucción, con cambios constantes de magistradas, ha desembocado en un juicio con todo archivado salvo las incidencias de Cirugía Plástica a pesar de indicios y testimonios en muchas más pruebas como Anestesia, Angiología o Cardiología.

Son dos las personas que se sentarán en el banquillo, la opositora Thais Salas y el doctor Alfredo Martínez Flórez, miembro del tribunal evaluador y pariente en aquel momento de la aspirante. La examinanda logró 48 aciertos de las 50 preguntas realizadas por su allegado, pero bajó a 24 de 50 en la segunda mitad, ya con otra autoría. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”.

La Fiscalía ha solicitado dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor Martínez Flórez por “filtrar las preguntas” del examen. El ministerio público pide para ella un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, así como la imposibilidad de que obtenga ayudas públicas durante ocho años. LAB y ESK, sindicatos personados como acusación, plantean condenas más elevadas. En un primer momento se barruntó la posibilidad de que los imputados llegaran a un acuerdo para admitir los hechos a cambio de una rebaja sustancial de la condena efectiva pero fuentes de su entorno lo descartan de plano. Su estrategia pasa por defender su inocencia total hasta el final.

Jaime Roca, el asesino de Maialen Mazón, una joven de 32 años y embarazada de mellizos que fue hallada sin vida en un apartahotel de Vitoria en 2023, ha sido condenado a 27 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía, dos delitos de aborto y un delito de abandono de menor, ya que dejó a la hija común de dos años sola durante 18 horas junto al cadáver de la madre. La magistrada Elena Cabero, tras el veredicto de culpabilidad del jurado que juzgó estos hechos en la Audiencia de Álava, ha dictado sentencia de acuerdo ese fallo. El jurado declaró probada la existencia de alevosía en la actuación del hombre y reconoció la agravante de parentesco, pero rechazó la existencia del ensañamiento, así como la agravante de género, las eximentes completa e incompleta que pedía la defensa por alteración psíquica o trastorno mental transitorio y la atenuante por consumo de alcohol.

Tras ese veredicto, la magistrada ha condenado al varón como autor de un delito de asesinato con alevosía en concurso con dos delitos de aborto con la agravante de parentesco y le ha impuesto un apena de 25 años de prisión. Además, también le ha impuesto dos años de cárcel como autor de un delito de abandono de menor y se le ha privado de la patria potestad de su hija. La magistrada ha fijado otras penas de libertad vigilada y de aproximación y comunicación con su hija y el padre de la víctima y ha establecido que indemnice a la primera con 400.000 euros y al segundo con 200.000 euros por los daños morales causados.

Según los hechos declarados probados, la pareja comenzó una discusión en una habitación de un apartahotel en Vitoria y en un momento dado Roca cogió un cuchillo y le asestó varias puñaladas a Mazón. También se concluye que dado el arma empleada como la zona corporal donde se produjo el ataque el acusado tuvo intención de matar a su pareja. “Claramente, el ataque se produjo a una zona vital y con una fuerza suficiente para fracturar una costilla y para producir la muerte”, se recoge en la sentencia en la que se recuerda que el acusado le propinó otras doce cuchilladas más superficiales.

La sentencia recoge que la agresión fue sorpresiva, sin posibilidad de defensa. “Existió alevosía sorpresiva y desvalimiento en el ataque porque, tal y como ha quedado probado, la víctima estaba sentada en una butaca en un estado de somnolencia y confusión por la ingesta de alcohol y medicación, no esperaba la agresión y no se pudo defender en ningún momento”, asevera. Sin embargo, el jurado desestimó el ensañamiento psíquico, que la víctima sufrió de forma innecesaria porque el acusado la mató delante de su hija, al no considerar probado que el hombre atacara a su mujer en presencia directa de la menor. Ha existido, según la prueba practicada, “una duda razonable” de que la niña presenciara los hechos, se recuerda en la sentencia.

El jurado tampoco estimó acreditada la concurrencia de la agravante de género como defendían las acusaciones y al respecto en la sentencia se recoge que de la prueba practicada en la vista oral no se puede desprender que el motivo que llevó al hombre a matar a su pareja “esté relacionado con una necesidad de control y dominio sobre ella” por haber iniciado esta una relación con otro varón. Ha existido “una duda razonable” en el jurado para dar por acreditadas las premisas fundamentales planteadas por las acusaciones para aplicar esta agravante de género, recuerda la magistrada en la sentencia que no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Sobre este respecto, la familia de la víctima ha considerado que es “una sorpresa muy desagradable” que el jurado no haya determinado que se cometió violencia de género en el asesinato. “Yo estaba convencida de que habíamos explicado suficientemente por qué había una relación de violencia en el tiempo entre ellos y por qué la culminación de ese machismo, de ese control, fue el asesinato”, explicó la abogada de la familia tras conocer el veredicto. A su juicio, esto refleja una falta de concienciación todavía en la sociedad. “Es una razón por la que nos tenemos que seguir esforzando día a día para explicar lo que es la violencia de género, la violencia machista”, manifestó.

El caso que cambió el protocolo de la Ertzaintza

Los hechos ocurrieron el 27 de mayo de 2023, cuando Jaime Roca asestó 13 cuchilladas a la que era su pareja en un apartahotel de la capital alavesa. Según informó el Departamento de Seguridad tras el suceso, la pareja se alojó en enero con un nombre falso en el apartahotel, algo que llamó la atención del propietario y, al llamar a la Ertzaintza para comunicárselo, se percataron de que había un expediente de violencia de género abierto por la Policía Nacional y una orden de alejamiento interpuesta por un juzgado de Torremolinos que estaba siendo quebrantada.

Debido a estas informaciones, el por aquel entonces vicelehendakari y consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, realizó una comparecencia de urgencia en la que explicó que “la Ertzaintza en ese momento entrevistó a la mujer y esta confirmó que había un expediente de violencia de género, pero que no se sentía agredida ni en peligro, por lo que quería mantener la relación y que la orden de alejamiento desapareciese”.

Después de aquello, según confirmó Erkoreka, “no se tiene más contacto” con la pareja, que “desaparece del escenario vitoriano” hasta el 18 de mayo, donde se le vuelve a entrevistar a la mujer, no obstante, Erkoreka confesó “no tener constancia” de si se realizaron entrevistas al presunto asesino, ya que “la fuente primordial de información en este caso fue la víctima” y, al ser preguntado que por qué no fue detenido por haber quebrantado al menos en dos ocasiones la orden de alejamiento, respondió que no tenía ese dato. “En mayo la víctima vuelve a asentir que el quebrantamiento de la orden de alejamiento es consensuado y que su pareja no generaba miedo en ella”, detalló Erkoreka, sobre la segunda entrevista que le realiza la Ertzaintza a la mujer cuando esta regresa a Vitoria.

La mujer, que se encontraba registrada en el hotel otra vez con un nombre falso, quedó para comer con su familia el día del suceso, pero al no aparecer, sus familiares acudieron al apartahotel y hallaron el cuerpo sin vida y, junto a él, la menor hija de ambos. Según las investigaciones realizadas por la Ertzaintza a partir del visionado de imágenes del apartahotel, Erkoreka confirmó que el culpable del asesinato “podría ser él [haciendo referencia a la pareja] por una serie de movimientos que se detectan, aunque no con claridad”. A partir de ahí las indagaciones realizadas en las horas siguientes del suceso llevaron a concluir que el presunto asesino habría abandonado Euskadi esa misma tarde, pudiendo ser interceptado y detenido por la Guardia Civil cuando viajaba en un taxi por la AP-68 a la altura de la provincia de Zaragoza. Desde entonces permanece en prisión.

La actuación de la Ertzaintza suscitó grandes críticas y un cambio en el protocolo a raíz de este caso. Erkoreka llegó a manifestar que “no es fácil proteger a una víctima que no se percibe en peligro” otras Fuerzas de Seguridad del Estado dejaron claro que quebrantar una orden de alejamiento dictada por un juzgado es delito, por mucho que la víctima a la que se busca proteger consienta o facilite el acercamiento del agresor. Además, la mujer figuraba como víctima de “riesgo extremo” en el sistema estatal de seguimiento de casos de violencia de género, VioGen, pero la Ertzaintza rebajó su calificación a “riesgo bajo”. Al parecer, los archivos de la Policía Nacional del sistema VioGen y los de la Ertzaintza del sistema EVA no estaban conectados. También falló la propia valoración que efectuó la Ertzaintza sobre el caso. 

Por ello, desde aquel caso la valoración que hace la Ertzaintza nunca baja de la consideración que trae de otras comunidades, al menos en un primer momento y ahora la Ertzaintza asume la orden de detener siempre a quien incumple la orden de alejamiento por mucho que la víctima consienta el acercamiento.

Un jurado popular ha declarado culpable a Jaime Roca de haber asesinado en 2023 a Maialen Mazón, que era su pareja y por entonces se encontraba embarazada de mellizos. El crimen tuvo lugar en Vitoria en el día de las elecciones municipales y forales de 2023. Tras el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Álava estas dos últimas semanas, el jurado ha emitido un veredicto de culpabilidad y ahora será la magistrada Elena Cabero la que dicte la sentencia. El veredicto se ha leído pasadas las 22:30 horas de este jueves, tras horas de deliberación del jurado.

El jurado, por ocho votos a favor por uno en contra, ha considerado a Roca culpable de asesinato. Además, ha sido considerado culpable de dos delitos de aborto por unanimidad y, también por unanimidad, de un delito de abandono de menor. Se ha considerado, además, que existe alevosía, aunque no ensañamiento. Las eximentes solicitadas por la defensa se han considerado no probadas, mientras que se han incluido las agravantes de género y de parentesco. Se ha descartado la atenuante de consumo de alcohol.

Contra el procesado se habían interpuesto al menos tres denuncias previas por violencia machista contra la víctima y existía una orden de alejamiento que había quebrantado. Las arrastraba de antes, con expedientes abiertos por la Policía Nacional y la orden de alejamiento dictada por un juzgado de Torremolinos, en la provincia de Málaga. Aun así, en mayo de 2023 le asestó trece cuchilladas en un apartahotel de Vitoria, delante de su hija de 3 años, a la que dejó junto al cuerpo sin vida de su madre, privada de agua y comida. A la niña la encontraron una vez transcurridas veinte horas de los hechos.

La pareja ya se había alojado junta antes, en enero de ese mismo año 2023, en un apartahotel de Vitoria con nombre falso. El propietario, que se percató de la argucia, avisó a la Ertzaintza, que comprobó que existía una orden de alejamiento que estaba siendo quebrantada. “La Ertzaintza en ese momento entrevista a la mujer y esta confirma que había un expediente de violencia de género, pero que no se sentía agredida ni en peligro, por lo que quería mantener la relación y que la orden de alejamiento desapareciese”, explicó en una comparecencia de urgencia, después del asesinato, el entonces vicelehendakari y consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka.

Durante el juicio, la agente de la Guardia Civil que atendió a la víctima y la trasladó desde Burriana (Castellón) a Vitoria, subrayó que la joven reunía todos los requisitos para ser catalogada como víctima de violencia de género en situación de riesgo “extremo”. Así la clasificó este cuerpo antes de que, al asumir su vigilancia ya en Euskadi, la Ertzaintza redujera el nivel a riesgo “bajo”.

En el mismo mes de mayo, unos días antes del asesinato, la Ertzaintza, según lo explicado entonces, volvió a tener conocimiento de nuevos quebrantamientos de la orden de alejamiento. La víctima, según alegó el consejero, transmitió que el quebrantamiento era “consensuado” y que su pareja “no generaba miedo en ella”. “Son relaciones en las que la víctima no percibe la necesidad de ser protegida, no es fácil proteger a una víctima que no se percibe en peligro. Una persona puede estar protegida, pero si no se siente en riesgo, puede quebrantar esa protección”, abundó Erkoreka entonces.

Durante el juicio, tanto la asociación Clara Campoamor como la abogada de la familia de la víctima han cargado contra la Policía autonómica por “revictimizarla”. “Aquí la Ertzaintza falló y, si bien es cierto que el único responsable [del crimen] es [Jaime Roca], me parece terrible que incluso ante la evidencia brutal de la muerte de Maialen [Mazón], todavía tengamos que discutir si era suficientemente buena víctima como para merecer protección”, se quejó la asociación, según recoge Europa Press. “Mientras sigamos exigiendo víctimas perfectas, seguiremos fallando y llegando tarde; y en violencia de género, cuando llegamos tarde, las mujeres mueren”, abundó. La letrada de la familia, por su parte, ha acusado a la Ertzaintza de exhibir “falta de profesionalidad” y de hacerla “responsable” a través de una “intervención errática” y de “imprecisiones” en sus labores policiales.

Las peticiones de las partes

La Fiscalía solicitaba 45 años de prisión para el acusado: veinticinco años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, con agravante de parentesco y motivos de género; ocho años de prisión por cada uno de los dos delitos de aborto con agravante de parentesco, por la muerte de los mellizos, y cuatro años de cárcel por delito de abandono de un menor. Además, solicitaba una indemnización de 500.000 euros a la hija de ambos y de 250.000 euros al padre de la víctima, así como la retirada de la patria potestad de la niña.

Las acusaciones también solicitaban 45 años de prisión al considerar que asestó las 13 cuchilladas a la mujer, lo hizo “con intención de matarla” y era “plenamente consciente de sus actos”. En el caso de la menor, las acusaciones aducían que presenta secuelas psicológicas que se traducen en dificultades de socialización, retraso en el lenguaje y afectación emocional “significativa”.

La defensa, por el contrario, reclamaba la libre absolución, amparándose en que cuando la acuchilló, el acusado sufría una “desconexión brusca de la realidad”, en un “episodio disociativo” o “automatismo zombi”. El juicio, celebrado con un jurado popular confomado por cinco mujeres y cuatro varones, ha contado con la declaración de más de cuatro decenas de testigos, además de técnicos, agentes y peritos. Ahora, emitido el veredicto de culpabilidad, será la magistrada Elena Cabero la que dicte la sentencia.

Los magistrados Ana Jesús Zulueta, Elena Cabero y Jesús Poncela han solicitado su abstención como miembros del tribunal del juicio de las presuntas filtaciones en los exámenes de la OPE médica de Osakidetza de 2018. Sin que las partes, los dos imputados o las dos centrales sindicales que ejercen la acusación, hayan pedido la recusación en ningún momento, según exponen fuentes judiciales, la Audiencia Provincial de Álava deberá determinar ahora si la terna está 'contaminada' y si, en su caso, es necesario buscar nuevos jueces. La consecuencia es que la vista preliminar que iba a ser esta semana ha quedado ya cancelada y, desde luego, el juicio como tal queda pospuesto 'sine die'.

En el caso de Zulueta, ha expuesto en un informe que fue instructora del caso durante unos años, de 2019 a 2021. Durante la procelosa investigación ha habido hasta cuatro magistradas al frente de la causa y una de ellas fue la actual integrante de la Audiencia Provincial. En el caso de Poncela y Cabero, indican que en 2025 emitieron un auto como órgano de segunda instancia en el que entraron al fondo del asunto hasta el punto de revocar el archivo de la causa y ver indicios de delito como para enviar a juicio a los dos imputados que, en efecto, irán al banquillo. Es “un supuesto claro de afectación de la imparcialidad objetiva”, explican fuentes oficiales conocedoras del escrito de los dos veteranos jueces de Vitoria, presentes en casi todos los asuntos de relevancia de la ciudad en los últimos lustros.

“El juzgado instructor deberá dictar auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, determinando como hechos punibles, con las modulaciones que estime pertinentes, aquellos que en el marco de las diligencias de investigación practicadas y de lo expuesto en la presente resolución y en relación al proceso selectivo para facultativos médicos en la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, sirvan de sustente a una calificación conforme a los delitos tipificados en los artículos 417.1 y 418 del Código Penal”, ordenaron el pasado año Cabero y Poncela en una resolución cofirmada con el juez Francisco García Romo.

Esa resolución es la que dio pie al juicio. Se confirmó el cierre de las actuaciones contra los otros 17 investigados y que dos se sentarían el banquillo por los indicios de irregularidades en un examen muy concreto de la OPE de 2018, la de Cirugía Plástica. Son la opositora Thais Salas y el doctor Alfredo Martínez Flórez, miembro del tribunal evaluador y pariente en aquel momento de la aspirante. La examinanda logró 48 aciertos de las 50 preguntas realizadas por su allegado, pero bajó a 24 de 50 en la segunda mitad, ya con otra autoría. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”.

Los informes de abstención “han sido trasladados al presidente de la Audiencia alavesa para que se lleve a cabo el procedimiento que permita, siguiendo un orden establecido por ley, completar la composición de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Álava con otros magistrados que son los que tendrán ahora que decidir si las razones de abstención de sus compañeros están justificadas o no”, indican desde el Palacio de Justicia. Cuando la pasada semana trascendió la suspensión de la vista preliminar, ya se adelantaba por parte de Poncela que era por un posible cambio en el tribunal, pero no dio más detalles. Nunca ha habido fecha concreta para el inicio del juicio y ahora, de nuevo, el calendario está en el aire.

La Audiencia Provincial de Álava ha condenado a Pepe Nereo a cuatro años y tres meses de prisión por el desfalco millonario del Deportivo Alavés. La sala, cuya ponente ha sido la magistrada Elena Cabero y compuesta también por los jueces Jesús Poncela y Francisco Javier García Romo, ha estimado acreditado que se produjeron delitos “continuados” de apropiación indebida y “societarios”.

El primero de los delitos acarrea una condena que supera los dos años, por lo que deberá ingresar en prisión sí o sí salvo que se aleguen motivos de salud. Nereo, quien fuera mano derecha de Dmitry Piterman al frente del club de fútbol de Vitoria, deberá abonar también una cantidad de más de 2,9 millones de euros, a los que se sumarán los intereses, en concepto de responsabilidad civil y que serán recuperados por la entidad deportiva. Es el equivalente al 5% del presupuesto actual del club, que bordeó la desaparición por estos hechos. La condena incluye otras accesorias como una simbólica multa de unos 2.000 euros. Este fallo no es firme. Cabe interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Pueden hacerlo tanto el condenado para insistir en su absolución como las acusaciones para lograr la pena que solicitaban de inicio. La Audiencia ha fijado un plazo de cinco días hábiles para este trámite.

La Fiscalía pedía para él siete años de cumplimiento íntegro, además del pago de una multa de 15.000 euros, mientras que los actuales gestores del club, que tras aquella gran crisis pasó a formar parte del grupo del Baskonia de Josean Querejeta, elevaban la petición a los nueve años y medio. El tribunal ha rebajado la pena por “dilaciones indebidas”. Es el enésimo caso de irregularidades en Euskadi que se ve condicionado por los retrasos en la Justicia. Así ha ocurrido también, al menos, en los casos de Alfredo de Miguel y el resto de exdirigentes y excargos del PNV condenados por corrupción o en los casos de Gipuzkoa relacionados con el saqueo del museo Balenciaga o con el fraude en la Hacienda foral (caso Bravo II), así como con el asunto de Margüello en Bizkaia. Además, ha absuelto a Nereo de los delitos relativos a falsedad contable.

El Deportivo Alavés, en un comunicado hecho público este viernes, ha mostrado su “satisfacción” por la sentencia. “Una resolución que el actual Consejo de Administración de la entidad albiazul ha perseguido con insistencia durante los últimos años y que finalmente hace justicia reconociendo la culpabilidad del encausado”, ha subrayado. El club recalca, asimismo, que no cejará en su empeño de que Piterman también sea juzgado y responda “por todo el daño causado al Deportivo Alavés durante sus años de gestión”.

792.000 euros en un hotel de cinco estrellas

Nereo, que fue juzgado en solitario por el desfalco del Alavés después de que Piterman lo dejase solo y no se presentase ante el tribunal, fue miembro del consejo de administración y mano derecha del presidente, con el que llegó procedente del Racing de Santander. Piterman, del que no se esperaba que compareciese, fue declarado en rebeldía y se emitió una orden de busca y captura contra él. Ahora reside aparentemente en California, pero no ha hecho ninguna aparición pública desde que concediese una entrevista a Movistar Plus para un documental emitido hace un par de años. Durante el juicio, diversos peritos constataron que durante la gestión de Piterman y Nereo se produjeron varias “irregularidades contables”. Se emitían facturas por duplicado e incluso por triplicado a diferentes empresas por la prestación del mismo servicio.

En su recuento de la gestión económica, un perito aludió a una miríada de empresas al parecer creadas 'ex profeso' para justificar pagos por conceptos genéricos y vagos como “asesoramiento deportivo, control de rendimiento de los jugadores y preparación física”. Una de ellas, por ejemplo, estaba participada al 99% por el propio Piterman y el 1% restante, por su esposa, Milanendra Vikramsingh. Había igualmente una empresa que tenía la sede social en una calle de Vitoria que ni siquiera figura en el callejero de la ciudad. El perito también elevó hasta los 792.000 euros los gastos que el Deportivo Alavés pagó al Gran Hotel Lakua, el único de cinco estrellas de la ciudad, cuando estaba gestionado por Piterman y Nereo. Habló de “cifra astronómica”, más incluso teniendo en cuenta la frágil situación coyuntura económica que atravesaba el club.

Durante el juicio, la estrategia de la defensa se basó en todo momento en rebajar la capacidad de acción y decisión que Nereo podía tener en un club en el que, según sus propias palabras, a Piterman se le podía decir que hacían falta Kleenex, pero que luego sería él el que decidía “si tenían que ser de papel o de plástico”. “Nunca he tenido negocios con él. Nunca jamás he tenido ninguna sociedad ni vínculo mercantil”, reiteró Nereo, para desligarse del que fuera su jefe. “Si traer celo era ser el brazo ejecutor de Piterman...”, ironizó también su abogado. Nereo también rescató durante la vista el comodín de ETA y llegó a presentar unos documentos que supuestamente probarían que tanto el expresidente como él estaban amenazados por la banda terrorista ETA, por entonces activa, al figurar en unos listados del 'comando Donosti'. En la investigación afloraron operaciones que pudieron llegar a generarle un quebranto de hasta 2,1 millones de euros al club de fútbol para la implementación de seguridad privada tanto a Piterman como a Nereo por la presunta amenaza de ETA.

El Deportivo Alavés, un club con uniforme albiazul, purga desde este lunes en los tribunales su pasado más negro. La Audiencia Provincial de Álava celebra durante toda esta semana el juicio definitivo contra Dmitry Piterman (Odesa, Ucrania, 1963) y su mano derecha, Pepe Nereo, por el desfalco del club en el trienio 2004/2007. La Fiscalía pide para ellos una pena de prisión de siete años de cumplimiento íntegro por apropiación indebida y tres delitos de falsedad contable, así como una multa de 15.000 euros y una indemnización al club en la cantidad que se determine aunque la estimación inicial de la fiscal, Cristina Vicente Briansó, habla de un “perjuicio económico grave” de 3,16 millones de euros. Los actuales gestores del equipo, integrado tras aquella gran crisis el grupo del Baskonia de Josean Querejeta, elevan a nueve años y medio las condenas de cárcel solicitadas. De la importancia del juicio da idea que será la primera vez que se abra la sala de prensa del Palacio de Justicia de Vitoria desde el macroproceso por corrupción del 'caso De Miguel', hace ya seis años.

Nadie espera que aparezca en Vitoria Piterman. Ahora, aparentemente, reside en California. Tiene doble nacionalidad, ucraniana y estadounidense. Su última aparición pública fue en un documental para Movistar Plus emitido hace un par de años. Su abogado, Tomás Franco Rodríguez, ha solicitado en los últimos días al tribunal, compuesto por los magistrados Elena Cabero, Jesús Poncela y Francisco Javier García Romo, un aplazamiento “argumentando razones médicos”, según fuentes oficiales. Pero la sala ha desestimado la petición, aunque podría volver a ser alegada en las cuestiones previas propias del arranque de todos los juicios. Antes se pidió sin éxito también la prescripción de los hechos. Eso lo resolverá la sentencia. En todo caso, se trata de un juicio que llega veinte años después de que Piterman adquiriera el 51% del Deportivo Alavés y once después de que la Fiscalía abriera esta pieza penal, aunque otros episodios de aquella etapa ya hayan pasado por los tribunales también.

Fuentes judiciales indican que la normativa procesal impide la celebración de juicios 'en ausencia' siempre que haya sobre la mesa un delito penado con más de dos años de cárcel, como sobradamente ocurre aquí con la apropiación indebida. Así las cosas, el tribunal debería determinar si enjuicia en solitario a Nereo, que era el vicepresidente del poderoso Piterman. Habría que cursar también una orden internacional de búsqueda y captura. En esta causa hubo una tercera investigada. Su pareja de entonces, Milanendra Vikramsigngh, era la secretaria del club y se la considera implicada en las irregularidades y benificiaria del saqueo. Hace años que no pudo ser localizada en el extranjero y se abrió una pieza separada para depurar sus responsabilidades. 'El Correo' ha publicado que ha sido localizada en California y que se han reabierto los intentos para juzgarla.

Piterman quiso convertirse en un magnate del fútbol en España. Inició sus aspiraciones con los modestos Tossa y Palamós de Girona hasta dar el salto al Racing de Santander con un 24% del accionariado, donde se hizo más conocido. Sin embargo, su gran plan fue hacerse con el 51% del Deportivo Alavés en 2004, un club entonces en lo más alto tras haber sido subcampeón de Europa en 2001 de la mano de Gonzalo Antón. En la parte administrativa, controló el equipo mediante la sociedad Jugovic S.A. y ubicando a personas de su confianza como Nereo al frente de las operaciones. Se trató de una época caracterizada por el intervencionismo total: el presidente decidía incluso hasta los detalles deportivos.

Las conclusiones de la Fiscalía, que aceptaría también una pena de cinco años y medio si el tribunal entiende que el delito fue de “administración desleal continuada” y no de “aprobación indebida”, sostienen que Piterman y Nereo “se apoderaron de fondos” del Deportivo Alavés en la cantidad de 3,16 millones de euros. En concreto, se describen una serie de operaciones irregulares para tenían que como nexo desviar dinero de la entidad a empresas controladas por los gestores. Por ejemplo, “en los meses comprendidos entre julio del año 2004 y junio del año 2007, sin justificación deportiva, los acusados se alojaron en el hotel Lakua, hotel de cinco estrellas sito en Vitoria, y alojaron a personal vinculado a ellos, abonando el importe de los gastos con fondos del Deportivo Alavés, por un total de 278.184,44 euros”. También sacaron 49.263,38 “por gastos de viajes y estancias personales” correspondientes a “billetes de avión en clase 'business' ida y vuelta Bilbao-Londres-San Francisco, Bilbao-París-San Francisco, Santander-Barcelona, Santander-Madrid, Santander-Palma de Mallorca, Bilbao-Paris y Tenerife-Bilbao”, al igual que “gastos de alojamiento en Suite Real Hotel Nixe Palace Palma de Mallorca”.

Más: “Los acusados, entre julio de 2004 y junio de 2007 se apoderaron de fondos del club por un total de 2.366.901,36 euros, para lo cual emitieron facturas desde empresas a ellos vinculadas, sin soporte contractual alguno que las justificase”. Solamente a Management Deportivo SCP “se giraron siete facturas por valor total de 1.010.000 euros”. Nereo, a través de sus empresas de seguridad, cobró otros 51.932,41 euros por “servicio de seguridad personal que se prestó en el domicilio de Piterman” a costa del club. Y “los acusados, movidos por la intención de obtener un enriquecimiento patrimonial ilícito, acordaron con la mercantil Selección de Publicidad SLU, cancelar una deuda por valor de 69.276,08 euros de la que era acreedor el Deportivo Alavés, a cambio de recibir material audiovisual en la instalación Apartahotel Palamós”, otro negocio de Piterman. Es decir, pagaba las mejoras -y los televisores- de ese establecimiento en Catalunya a costa del equipo.

A los cuatro meses de tomar el control del 51% del Deportivo Alavés, Piterman aperturó en el Banco Sabadell de Palamós una cuenta “opaca” ajena al control del club donde hubo varias transferencias de 150.000 euros salidas de las arcas de Mendizorroza. Y todavía se encontraron más cosas. “Los acusados, en perjuicio de los fondos sociales que administraban abonaron un total de 193.981,97 euros, mediante pagos por caja en base a facturas con fatos fiscales inexactos, de fecha posterior”. O “realizaron aportaciones de fondos del Club Deportivo Alavés, sin soporte documental, al club de futbol sala Atenea por valor total de 149.876,97 euros”. Piterman y sus colaboradores “no llevaron la contabilidad obligatoria ni presentaron, ni legalizaron los libros contables, pese a estar obligados a ello, en los ejercicios de 2004, 2005 y 2006”.

La falsa amenaza de ETA

La instructora de la investigación, Ana Jesús Zulueta, llegó a describir cómo Piterman simuló una falsa amenaza de ETA para inflar los gastos de seguridad y llevarse el dinero. Así lo explicó en 2021 la magistrada: “Con el objeto de apropiarse de cantidades de dinero pertenecientes a la sociedad Deportivo Alavés SAD, Piterman y Nereo decidieron 'implantar' seguridad privada a la familia con ocasión de la aparición de una presunta amenaza del grupo terrorista ETA. El pago de estos servicios se realizó a cargo de la sociedad Deportivo Alavés SAD. La facturación se realizó por diferentes empresas, en cuyos consejos de administración siempre figuraba Nereo. Eran Management Deportivo SCP, Consocisa SL, Elne 318 Servicios Integrales SL, Elne 318 Segur, Protec y Vigilancia SL, Servitas 24H SL, Silaichar SL y J.Gil”. “Facturaban al parecer -explica la instructora- repetidas veces por unos mismos servicios que, en todo caso, eran prestados por una de ellas”. El terrorismo de ETA se ha convertido en Euskadi en todo comodín para justificar operaciones económicas opacas, como se ha visto en casos como el de Víctor Bravo o el de De Miguel.

Si se cumple el guion previsto, el juicio tendrá cinco sesiones. La del miércoles será vespertina. El lunes, además de las cuestiones previas, declararían los acusados. Nereo, contactado por este periódico, no ha querido hacer comentarios. El martes y miércoles es el momento para los testigos. Y el juicio reunirá a personajes muy relevantes de la historia reciente del Deportivo Alavés. Comparecerá el actual presidente del club, Alfonso Fernández de Trocóniz. El club mantiene un perfil bajo con el asunto, aunque es evidente lo que piensa a tenor de su petición de cárcel, más alta que la del ministerio público.

También está citado el entrenador fetiche de Piterman en sus diferentes destinos, Chuchi Cos, así como otro preparador de aquella época, Mario Luna. O el delantero Rodolfo Bodipo. En la lista de comparecientes figura igualmente Alfredo Relaño, director de 'As' entre 1996 y 2019, u Óscar Ribot, periodista, exdirectivo del Real Madrid y ahora empresario del mundo del deporte. Finalmente, está convocado Alfonso Arriola, exdirector general del club. Arriola, militante del PNV, está condenado en firme por el Tribunal Supremo por corrupción. Era el director del parque tecnológico de Miñano cuando permitió que su colega de partido Alfredo de Miguel extorsionara a una empresaria para cobrarle una comisión de 100.000 euros, entre otras irregularidades. El jueves será el momento de los peritos de las partes y el viernes se pronunciarán las conclusiones.

El documental de Movistar Plus

La última aparición pública de Piterman fue frente a la cámara y con las playas de la ciudad californiana de San Diego de fondo, con un paisaje bucólico sobre el que se entremezclan el perfil de un hombre con gafas de sol que lee citas de poetas como Shakespeare y Campoamor y las figuras de unos perros que chapotean en la orilla. La conversación se la ofreció a Movistar Plus en 2022. “Intenté hacer algo positivo en cada club, pero el mensaje no llegó y la mayoría de la gente no lo entendió. La sociedad no aceptó la figura Piterman”, recalcaba.

Sobre su paso por el Deportivo Alavés, aseguraba que llegó a Vitoria y asumió las riendas cuando el club tenía deudas que ascendían a los quince millones de euros. Quique de Lucas, que militó en el equipo desde 2004 hasta 2007, recordaba en ese mismo programa que durante las pretemporadas del equipo, que solían desarrollarse en California, los futbolistas se alimentaban de “hamburguesas, ‘nuggets’, pizzas, chocolate, cervezas”. Con esa dieta, el equipo perdió cinco partidos de preparación para la temporada 2005-06 y Piterman, que había relegado a Cos del puesto de entrenador al de dirección deportiva, lo volvió a colocar al frente del equipo a falta de apenas dos semanas para el primer encuentro oficial. “El fútbol es así”, remachaba en la entrevista.

Alberto Garmendia, que fue asistente del Alavés, recordaba en ese mismo documental una anécdota: según sus propias palabras, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, había confesado en alguna ocasión que sentía envidia de Piterman, porque tenía la pulsión de bajar al campo, ejercer de entrenador y decir lo que quisiera. “La gente piensa que había una autocracia y que Piterman era quien mandaba, pero no es cierto”, sostenía el ucraniano, que en todo momento se refería a sí mismo en la tercera persona.

Luego llegaron las protestas en el estadio de Mendizorroza, los enfrentamientos entre aficionados y jugadores, las ocasiones en las que miembros del cuerpo técnico tenían que enfilar el túnel de vestuarios escoltados por la Ertzaintza. “Tengo bloqueados muchos de esos recuerdos”, aseveraba Piterman, que veía esa ‘amnesia’ como un mecanismo de defensa. Los impagos abonaron la discordia entre Piterman y los jugadores, que también denunciaron duros insultos. “Eso no empezó conmigo. Yo quería defender a Chuchi, hubo enfrentamientos y salieron muchas cosas que no deberían haber salido”, se excusaba Piterman. “La situación fue de mala a muy mala”, sintetizaba. Aunque hay vídeos antiguos en los que recalca una y otra vez que no se arrepentía “absolutamente de nada”, en la entrevista aseguraba que ahora, si tuviese la oportunidad, extendería “una disculpa incondicional” por aquellos sucesos y aquella crispación entre él y otros miembros del club.

La situación siguió complicándose y el club entró en concurso de acreedores, de tal manera que los jugadores y el cuerpo técnico quedaron sin cobrar un 50% de lo que se les debía. El propio Piterman reconoce que Javier Tebas —ahora presidente de LaLiga pero por aquel entonces su abogado— desempeñó un papel clave a la hora de convencerlo de que tenía que dejar el club. “Javier Tebas fue también un representante del Alavés y fue una persona importante para decirme que tenía que salir”, decía el propio Piterman. “Había un interés por que pagase todo Piterman, pero no todo era deuda mía”, se quejaba. Según Cos, se fue “de la noche a la mañana”, no respondía siquiera a las llamadas de teléfono. “Lo primero de todo es pedir disculpas. Aunque mis intenciones no eran malas, todo el caos que trajo mi persona fue evitable”, apostillaba Piterman como colofón al documental, y añadía: “Me da un poco de tristeza no poder haberlo hecho mejor, pero la experiencia viene de muchas malas decisiones”.

El papel de Javier Tebas

Tebas también fue el abogado defensor de Piterman en otro juicio al que no asistió pero del que salió condenado. Una sentencia del 10 abril de 2007 firmada por el juez de Vitoria Roberto Ramos, luego conocido porque lideró la investigación del 'caso De Miguel', impuso una multa de 3.500 euros y una indemnización al futbolista Lluís Carreras por una “vejación injusta”. En concreto, quedó probado que el factótum del Deportivo Alavés profirió lo siguiente a Carreras en el vestuario y delante de buena parte de la plantilla de la época: “Cállate tu puta boca. Me cago en tu puta madre. Todos los catalanes son una mierda. Que mis hijos se follen a tus hijos. Me cago en tu padre muerto. Estás acabado”.

Carreras lo denunció en una sonada rueda de prensa y luego lo ratificó en sede judicial. Le apoyaron ante el juez Ramos los capitanes del equipo, Edu Alonso y Martín 'El Pulpo' Astudillo, así como De Lucas, que era una de las estrellas. Tebas admitió lo ocurrido en nombre de Piterman en busca de un trato penal más favorable, aunque aquella sentencia confirmaba la gravedad de lo que ocurría de puertas para dentro en Mendizorroza. Este episodio recuerda a otro de su etapa en Santander. Según recogió Efe en 2005, la Audiencia Provincial de Cantabria sancionó al expresidente del Racing a pagar 10.500 euros en multas y 24.000 euros en indemnizaciones “por insultar y amenazar a los dirigentes de la plataforma de aficionados que se oponía a su gestión del club”.

Piterman -con Nereo- salió mejor parado del proceso mercantil. Con una deuda de 25 millones de euros, el club entró en concurso de acreedores, la última bala para las empresas en quiebra. La Justicia puede calificar ese movimiento como “culpable” si entiende que los gestores actuaron de manera incorrecta. La Audiencia Provincial de Álava así lo hizo, pero el Tribunal Supremo, en 2015, anuló la indemnización de 6,8 millones que iba a recibir el club al estimar parcialmente un recurso de las defensas de los acusados.

Finalizada de modo abrupto la era megalómana de Piterman, que incluía un colorido Hummer, posados desnudo en 'Interviú' en instalaciones municipales y hasta un museo con su colección de Dalí en el campo de fútbol, la entidad fundada en 1921 bordeó la desaparición. El Deportivo Alavés contó con apoyo público y político para su rescate y acabó integrada en el grupo Baskonia, donde ahora continúa. Pasados los años regresó a Primera División e incluso alcanzó la final de la Copa del Rey en 2017, la segunda de su historia tras la de Dortmund en 2001.

En el 'caso De Miguel', la trama de corrupción surgida en 2005, investigada desde 2009, conocida en 2010, instruida desde 2015, juzgada en 2018, resuelta en primera instancia en 2019 y finiquitada por el Tribunal Supremo en 2023, los plazos son elefantiásicos. Tan es así que las 72 horas que la Audiencia Provincial de Álava concedió el pasado lunes, 30 de octubre, para que el último de los condenados con pena de cárcel ingresara efectivamente en prisión aún no sea han cumplido ocho días después.

Aitor Tellería, exdirigente del PNV, exconcejal en Vitoria y exjuntero en Álava pendiente de cumplir una pena de seis años por formar parte de una asociación ilícita para el cobro de comisiones y la manipulación de contratos públicos, continúa en libertad. De hecho, este lunes fuentes judiciales indicaban que ni siquiera había recibido la notificación personal de lo que los medios de comunicación publicaron una semana atrás. “Estará al caer”, era la reflexión precisa sobre este trámite.

Tellería, como el resto, vio refrendada su condena en enero de 2023. Pero hasta marzo no fue firme la pena, de exactamente seis años, un mes y quince días de cárcel de cumplimiento íntegro, en principio. El 30 de marzo, se comunicó que tenía “diez días” para ingresar en un centro penitenciario de su elección. Haciendo el recuento prudente, con días hábiles y no naturales y teniendo en cuenta todos los festivos, se llegó a publicar que tendría que empezar a cumplir la condena el 19 de abril.

Son cuatro los excargos del PNV de entre la docena de condenados que no han podido suspender la pena de prisión. El primero en entrar en Zaballa, a las afueras de Vitoria, fue Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud. Lo hizo en mayo, en la campaña de las elecciones municipales y forales. Después, en julio, coincidiendo con otro período electoral, en este caso el de las generales, accedieron al mismo centro penitenciario alavés Koldo Ochandiano y Alfredo de Miguel, ambos exdirigentes del Araba Buru Batzar y socios junto con Tellería en la empresa pantalla Kataia Consulting.

Si Ochandiano y De Miguel exprimieron todos los recursos posibles para retrasar el momento de ir a la cárcel, Tellería lo ha hecho aún más. Alegó problemas de salud. En un inicio se le admitieron pero, tras un recurso de la Fiscalía, finalmente se determinó que son compatibles con su estancia entre rejas. Así las cosas, el 29 de septiembre volvió a recibir la comunicación de que tenía “diez días” para cumplir. El reloj se volvió a parar por un último recurso de “súplica” apelando a razones “humanitarias” y así se llegó al 30 de octubre, siete meses después de la primera notificación. Pero no está claro ni siquiera que haya empezado esa cuenta atrás de 72 horas.

Asimismo, Tellería, como De Miguel y Ochandiano, tienen pendiente que el Gobierno de España analice sus peticiones de indultos políticos. Son parciales, aunque suficientes para lograr una suspensión de la pena de prisión. Aunque es una medida de gracia que compete al poder ejecutivo, la Audiencia Provincial de Álava ha estimado que no procede no ir cumpliendo la pena mientras se tramita. Y ha alegado dos motivos: la gravedad de la trama corrupta y la escasa prosperabilidad de las peticiones.

Aunque en el 'caso De Miguel' nunca hay ningún resquicio jurídico descartable después de casi catorce años, la Audiencia Provincial de Álava ha comunicado este lunes que rechaza los dos últimos recursos de súplica del exdirigente del PNV de Álava Aitor Tellería, el último de los cuatro condenados por corrupción con pena de cárcel de obligado cumplimiento pendiente de entrar en el centro penitenciario de Zaballa. No cabe ya recurso alguno, aunque sí está pendiente que el Gobierno de España resuelva las peticiones de indulto formuladas. De este modo, Tellería dispone de 72 horas para su ingreso 'voluntario' en prisión y, de lo contrario, se dictaría una orden de arresto.

Tellería había alargado mucho más que el resto su batalla para evitar la cárcel. Su gran baza eran unos problemas médicos que, en un inicio, le fueron aceptados aunque ulteriores exploraciones han determinado que son perfectamente compatibles con la estancia entre rejas. De hecho, todavía este último recurso apelaba a razones “humanitarias”. La sala, compuesta por los magistrados Elena Cabero, Ana Jesús Zulueta y Francisco Javier García Romo, ha despachado las argumentaciones de la defensa de Tellería, ejercida por Jesús Villegas, alegando que no hay elementos nuevos para revocar ahora lo que ya le fue denegado en ocasiones anteriores, la última en septiembre.

Tellería tiene pendiente una pena de más de seis años de cárcel. El también exconcejal en Vitoria, entre otros cargos, era socio en una empresa pantalla llamada Kataia Consulting de sus compañeros en el Araba Buru Batzar Alfredo de Miguel y Koldo Ochandiano. Pusieron la mercantil a nombre de sus respectivas esposas y la emplearon para recaudar comisiones ilegales y recibir contratos fraudulentos. En este segundo apartado, su principal benefactor fue el que fuera director de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles.

La investigación se inició en 2009, los tres de Kataia Consulting y sus esposas fueron arrestados en 2010, en 2015 se acabó la investigación, en 2018 se celebró el juicio, en 2019 llegó la primera sentencia, en enero de 2023 el Tribunal Supremo dio a conocer la segunda y definitiva y en mayo ingresó en Zaballa Sánchez Robles, el primero de los condenados en cumplir la condena y el único de los cuatro principales implicados en no buscar un indulto político. Ochandiano y De Miguel llevan en prisión desde julio.

La Audiencia Provincial de Álava ha acordado imponer una nueva multa a dos de los condenados por corrupción en el 'caso De Miguel', Iñaki San Juan y Josu Azkarraga (Josu Montés antes de un reciente cambio de apellido), según explican fuentes judiciales. En concreto, ha requerido el pago de 6.940 euros adicionales a cada uno a cambio de la suspensión extraordinaria de su entrada en prisión. Ambos tenían penas superiores a dos años de cárcel, el límite habitual para acordar el no ingreso efectivo, pero lograron ese objetivo dado que ninguno de los varios delitos individuales que componen su sumatorio pasa de esos dos años. Sin embargo, como condición adicional en comparación con las que tienen otros con penas realmente inferiores a los dos años se ha adoptado la decisión de fijar una nueva multa que se suma al resto de responsabilidades económicas del caso.

San Juan fue concejal del PNV en Leioa y era amigo personal del cerebro de la trama, quien le da nombre, Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava. De la mano, crearon una mercantil llamada Errexal asociada a la empresa pantalla central del caso, Kataia Consulting. Ha quedado acreditado que Errexal fue empleada, por un lado, para recibir irregularmente contratos del área de Juventud del Gobierno vasco, dirigida por el también 'jeltzale' Xabier Sánchez Robles y, por otro, para el cobro de comisiones ilegales. Había también pagos en B en esa mercantil que fue contratada por el PNV para algunos actos electorales y en la que trabajaron personas próximas al partido. El condenado siempre dijo haber sido víctima de una supuesta conspiración. “Me imagino que uno se sienta en su redacción, abre el correo que diariamente le llega y se encuentra con escritos, documentos, chascarrillos... provenientes de los juzgados, especialistas en ultrajar el secreto sumarial, desproteger el derecho a la dignidad, a la intimidad o a la presunción de inocencia y no le queda más que cumplir con el deber profesional de gestionar toda ese material, a modo de novela-culebrón”, llegó a decir. La firmeza de la sentencia del 'caso De Miguel', en todo caso, tiene como principal consecuencia para San Juan la disolución de Errexal, que seguía existiendo con otro nombre (Perexila Projects) y que continuaba recibiendo contratos públicos, incluida Leioa.

Azkarraga (antes Montés) era una persona próxima a San Juan y fue el administrador nominal de otra mercantil similar a Errexal llamada Ortzi Muga que, igualmente, se benefició de contratos irregulares de Juventud. Su participación en la trama nunca fue tan relevante como la de San Juan, pero recibió una condena igualmente elevada. La sentencia comporta igualmente la liquidación de Ortzi Muga, pero llevaba ya años sin actividad alguna, al igual que Kataia Consulting. Dos fuentes judiciales indican que San Juan y Azkarraga han solicitado con éxito el abono fraccionado de esas cantidades que incluso podrían haber sido conmutadas por trabajos en beneficio de la comunidad. Antes ya habían afrontado otros conceptos como la responsabilidad civil por su lucro ilícito como beneficiarios de adjudicaciones de Juventud. Componen el tribunal que se encarga de esta fase final del 'caso De Miguel', iniciado en 2009, los magistrados Elena Cabero, Francisco Javier García Romo y Ana Jesús Zulueta.

El exdirigente del PNV de Álava Aitor Tellería, condenado a seis años, un mes y quince días de cárcel por ser partícipe de la red de corrupción del 'caso De Miguel', quiere exprimir hasta el final las posibilidades de eludir la entrada efectiva en prisión o, al menos, retrasarla al máximo. Después de que la Audiencia Provincial de Álava decretara que los problemas de salud que alegó no eran causa suficiente para no ejecutar la pena privativa de libertad y le diera diez días naturales para personarse en Zaballa, su defensa ha formulado un doble recurso a la desesperada que aún no se ha resuelto a horas de que se cumpla el plazo. Y, entre otras cuestiones, alega razones “humanitarias”.

Tellería estima, por un lado, que no se ha tenido en cuenta que se ha solicitado un indulto político al Gobierno de España para que le exima del cumplimiento de la pena más alta de todas las que componen la suma de delitos que cometió. En concreto, esa gracia “parcial” afectaría a los dos años y tres meses por haber formado parte de una “asociación ilícita” para el cobro de comisiones ilegales. Se alega que si se cancela la única pena que supera la barrera de dos años podría suspenderse el conjunto de la pena. Sin embargo, también sus excolegas en el Araba Buru Batzar y socios de la empresa pantalla Kataia Consulting Koldo Ochandiano y Alfredo de Miguel pidieron el indulto y están ya cumpliendo la pena en el centro penitenciario alavés mientras se tramita.

Por otro lado, ha presentado igualmente un escrito para paralizar la entrada en prisión por motivos “humanitarios”. En concreto, apela al artículo 80.4 del Código Penal, que permite suspensiones de condenas en cualquier momento para casos de dolencias muy graves e “incurables”. Los problemas de salud han sido la baza principal de Tellería en estos meses desde que se hizo firme su condena por corrupción política y enriquecimiento ilícito. A diferencia de Ochandiano, a quien desde el inicio le desestimaron esta argumentación, Tellería sí logró un primer informe forense favorable a suspender la entrada en la cárcel. Pero la Fiscalía recurrió, pidió más aclaraciones y se ha constatado ahora que sus dolencias -de las que nunca se ha informado en detalle- son compatibles con la estancia en un centro penitenciario y que, en todo caso, pueden ser atendidas allí mismo.

Los dos intentos 'sobre la bocina' de Tellería tienen la forma de recursos “de súplica”. Esto implica que son resueltos por el propio órgano que controla la ejecución de las penas, en este caso la Audiencia Provincial de Álava. Hasta ahora, la sala compuesta por los magistrados Elena Cabero, Francisco García Romo y Ana Jesús Zulueta ha desestimado todas las alegaciones presentadas tanto por Tellería como por los otros tres exdirigentes del PNV que también han tenido que ir a la cárcel, Xabier Sánchez Robles (encarcelado desde mayo) y Ochandiano y De Miguel (ambos desde julio en Zabala).

Sin embargo, estas maniobras de quien también fuera concejal en Vitoria y juntero en Álava, entre otros cargos, sí ha logrado posponer al menos hasta ahora la condena. La primera sentencia del 'caso De Miguel' fue de diciembre de 2019 y ya entonces se le evitó el cumplimiento a cambio de medidas cautelares. La sentencia final, del Tribunal Supremo, llegó en enero de 2023 pero no fue firme hasta marzo. Dentro de los implicados en esta trama, Tellería fue el primero que pudo haber pisado la cárcel ya que fue juzgado en 2013, junto a dos ertzainas, en una pieza separada en la que estuvo acusado de haber articulado una red de espionaje con los agentes, destinados en los servicios de Información. Quedó absuelto por falta de pruebas en aquella ocasión.

La Audiencia Provincial de Álava ha rechazado que el exdirigente del PNV de Álava Aitor Tellería, condenado a más de seis años de cárcel por corrupción en el marco del 'caso De Miguel', pueda evitar la entrada en prisión. Tellería había alegado problemas de salud y, de hecho, recibió un primer informe forense favorable a a sus intereses, pero la Fiscalía recurrió, pidió una segunda opinión y ahora la sala compuesta por los magistrados Elena Cabero, Francisco Javier García Romo y Ana Jesús Zulueta ha dado la razón a Josu Izaguirre y sostiene que sus dolencias pueden ser tratadas en el propio centro penitenciario.

Asimismo, como en otros casos, la petición pendiente de indulto no impide la ejecución de la pena, por lo que Tellería debería ingresar en un centro penitenciario, presumiblemente en el de Zaballa a las afueras de Vitoria, en un plazo máximo de diez días hábiles desde que se haga la notificación de los autos. Tellería es el último de los condenados en la mayor trama de corrupción conocida en Euskadi que tenía pendiente entrar en prisión, ya que sus excompañeros en el PNV de Álava Alfredo de Miguel y Koldo Ochandiano están encarcelados desde julio y Xabier Sánchez Robles, exalto cargo del Gobierno vasco por el mismo partido, entró en mayo.

Tellería fue el primero de los excargos del PNV de Álava que pudo ir a la cárcel, allá por 2013, y está siendo el último de los condenados en el marco del 'caso De Miguel' de corrupción en ver ejecutada la pena de prisión, en su caso de seis años, un mes y quince días. En aquella ocasión fue por un caso que quedó archivado por falta de pruebas. El exdirgente nacionalista, que también fue concejal en Vitoria, entre otros cargos, montó con De Miguel y Ochandiano una empresa pantalla llamada Kataia Consulting para cobrar comisiones ilegales. La firma estaba a nombre de las esposas de los tres, aunque la de Tellería, Araceli Bajo, ha sido la mejor parada y no recibió pena de prisión, siquiera simbólica.

La Audiencia Provincial de Álava ha entregado al Estado, a través del Tesoro Público, la cantidad de 186.488,89 euros, un dinero que devolvió el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, justo antes de entrar en la cárcel por corrupción el pasado mes de julio en concepto de “decomisos”. Estas cantidades resarcen el quebranto producido por las comisiones ilegales percibidas por el político en la promoción de un polígono en Zambrana, en el parque tecnológico de Miñano o en la reforma de su vivienda en Gorliz a costa de un constructor, cifrado en su día en unos 171.000 euros.

Sobre el 'caso De Miguel', que ha sido el mayor sumario de corrupción conocido en Euskadi y cuyas penas ya se están ejecutando desde que el Tribunal Supremo diera por firmes el grueso de penas impuestas por la Audiencia Provincial de Álava en 2019, en no pocas ocasiones se ha tratado de minimizar su efecto económico arguyendo que apenas suponía unos pocos miles de euros. Sin embargo, además de las cuantías ahora recogidas, las responsabilidades económicas son muchas más. También el Gobierno vasco recuperó unos 146.000 euros por el fraude en las contrataciones de la dirección de Juventud y, antes, en 2018, la familia Arruti abonó unos 130.000 euros por fraude fiscal también relacionado con Zambrana. Como dato de referencia, en el caso concreto de De Miguel se acercaba la suma de todos los conceptos a 700.000 euros. Se pueden ver aquí más detalles sobre las condenas.

Indican fuentes judiciales que “en cuanto al decomiso solidario por 17.070,59 euros al que estaba condenado De Miguel junto con los otros dos exdirigentes del PNV en Álava Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, queda pendiente de pago al Tesoro Público la cantidad de 1.895,70 euros ya que no ha sido consignada en el juzgado a fecha de este miércoles”. Ochandiano también está ya encarcelado desde julio pero no así Tellería, pendiente aún de que se analicen sus alegaciones sobre problemas de salud.

Por otro lado, la Audiencia Provincial de Álava -a través de una sala compuesta por los magistrados Elena Cabero, Ana Jesús Zulueta y Francisco Javier García Romo- ha ordenado ya la disolución de las mercantiles pantalla de la trama, en concreto, de Kataia Consulting, Ortzi Muga y Errexal. Kataia es un nombre que deriva de las iniciales de los nombres de De Miguel (Txitxo era su apodo), Ochandiano y Tellería, así como de sus respectivas esposas, que eran las testaferros del negocio opaco. Como Ortzi Muga, ya no existía desde años. Sin embargo, la medida sí golpea de lleno a Errexal, donde De Miguel tenía como socio el exedil de Leioa Iñaki San Juan, que ha evitado la cárcel a pesar de tener una condena próxima a los cinco años por ser una suma de delitos pequeños. San Juan había cambiado el nombre de la mercantil a Perexila Proyects (o Karabansarai) y seguí trabajando incluso con contratos públicos, también en su Leioa natal.

Aitor Tellería fue el primero de los excargos del PNV de Álava que pudo ir a la cárcel, allá por 2013, y está siendo el último de los condenados en el marco del 'caso De Miguel' de corrupción en ver ejecutada la pena de prisión, en su caso de seis años, un mes y quince días. Con sus excompañeros de partido y exsocios en una asociación ilícita para cobrar comisiones Alfredo de Miguel y Koldo Ochandiano ya encarcelados desde julio, al igual que el exdirector de Juventud Xabier Sánchez Robles, que entró en mayo en el penal alavés de Zaballa, Tellería tiene pendiente de que se analice si los problemas de salud que ha alegado son suficientes para que se le suspenda el cumplimiento efectivo de la condena. Con agosto como mes habitualmente inhábil en los juzgados, su caso se demorará al menos hasta septiembre, según indican fuentes judiciales.

Entre los cuatro implicados en la trama que sí o sí tienen que entrar a la cárcel por el alcance de sus delitos, fueron dos los que alegaron motivos de salud, Ochandiano y Tellería. Para el primero, se estimó que sus patologías no eran incompatibles con la estancia en Zaballa y que, en su caso, podría recibir atención allí. Tellería sí logró un primer dictamen favorable a sus intereses aunque la Fiscalía requirió un análisis más exhaustivo y ahora es la Audiencia Provincial de Álava, en concreto los magistrados Elena Cabero, Francisco García Romo y Ana Jesús Zulueta, la que tiene la última palabra. Asimismo, Ochandiano y Tellería, al igual que De Miguel, esperan igualmente la resolución de los indultos políticos que han solicitado al Gobierno de España. Eso sí, la petición de la medida de gracia no comporta automáticamente evitar la cárcel mientras se resuelve, como ha acreditado el tribunal en variadas ocasiones en los casos de De Miguel y Ochandiano, que así lo habían solicitado.

El precedente del 'caso Tellería'

Tellería ya pudo evitar la cárcel hace una década. Cuando se inició la investigación del 'caso de Miguel', se llevaron a cabo registros en las viviendas y otros despachos de los primeros implicados, entre ellos De Miguel, Ochandiano y Tellería. El primero almacenaba en sus equipos informáticos información de variadas empresas en las que aparentemente no figuraba. El segundo guardaba un cuaderno con notas sobre movimientos económicos opacos y dinero negro. Y el tercero, entre otras cosas, tenía archivos informáticos que motivaron una pieza separada y una compleja investigación paralela a la del 'caso De Miguel'. La encabezaron el mismo instructor, Roberto Ramos, y el mismo fiscal, Josu Izaguirre.

¿Qué había en esos documentos? En lo que se conoció como 'caso Tellería' se llegó a celebrar un juicio en marzo de 2013 contra el expolítico, que ha sido concejal en Vitoria y juntero en Álava, entre otros cargos, porque la Fiscalía sostenía que esos archivos tenían apariencia policial por la forma en la que estaban escritos y por su contenido. En ellos se aludía, por ejemplo, a agentes y confidentes de los servicios de información de la Ertzaintza, entonces conocidos como UIA, y con Tellería acabaron en el banquillo dos ertzainas de ese grupo que, además, eran militantes del PNV. Desde esa misma unidad se acreditaron accesos indebidos a los atestados del inicio del 'caso De Miguel'.

Los jueces de la Audiencia Provincial de Álava Íñigo Madaria, Íñigo Elizburu y Edmundo Rodríguez consideraron en la sentencia “verosímil” que Tellería hubiese creado con policías afines un “entramado” para la “canalización de información” policial hacia el exterior pero se consideró que al no ser esos archivos ficheros policiales como tales y al no haber pruebas del perjuicio concreto causado por esa labor los tres imputados quedaron absueltos. La Fiscalía se quejó públicamente de que no tuvo medios para indagar bien dentro de la unidad más inexpugnable de cualquier Policía. “Es como intentar talar el Amazonas con una navajita de playa”, protestó en una de las vistas el fiscal Izaguirre.

Al menos dos de los encarcelados por la corrupción del 'caso De Miguel', el exdirigente del PNV de Álava Koldo Ochandiano y el exdirector de Juventud del Gobierno Xabier Sánchez Robles, han buscado ya una rebaja de la pena de cárcel que están cumpliendo desde julio y mayo, respectivamente. En concreto, según explican fuentes judiciales, quieren que se tenga en cuenta en el cómputo total algún tipo de compensación por las medidas cautelares que tuvieron desde que se conoció la sentencia de primera instancia (diciembre de 2019) hasta su efectiva entrada en la cárcel de Zaballa, a las afueras de Álava. Se trata de la retirada del pasaporte y de la posibilidad de salir de España, así como de la obligación de firmar en el juzgado dos veces al mes para evitar fugas.

En principio, se trata de una rebaja mínima, del entorno de un día por cada diez firmas y de un día por cada seis meses sin pasaporte, como mucho. Un cálculo aproximado muestra que se han podido producir del orden de 80 firmas, lo que implica ocho días menos en la cárcel, y siete semestres con libertad de movimientos limitada, lo que supondría otra semana de descuento. Eso sí, el efecto es casi imperceptible: Sánchez Robles tiene siete años, un mes y quince días de pena máxima y Ochandiano, seis años y nueve meses. Ahora bien, rebajaría también el simbólico paso de la mitad del cumplimiento, otro momento clave para la progresión de grado y la obtención de beneficios penitenciarios. En ambos casos, el final de su pena se sitúa en el entorno de la primavera de 2030.

Las fuentes consultadas recalcan que la libertad con cautelares es descontable, al igual que lo sería la prisión provisional o incluso las horas que pasaron detenidos en el calabozo en marzo de 2010, cuando la Ertzaintza les arrestó por orden del juez de Vitoria Roberto Ramos tras una denuncia del fiscal Josu Izaguirre. Se da la circunstancia de que las condenas ya son más bajas de lo que según el Código Penal tendrían que ser porque se les aplicó en primera instancia una reducción por “dilaciones indebidas”, esto es, por los retrasos acumulados en el sumario desde que se completó la investigación de Ramos (marzo de 2015) hasta que se inició el juicio (enero de 2018).

El tercer excargo encarcelado por esta trama, Alfredo de Miguel, que da nombre al caso y tiene la pena más alta, ya tiene fecha de liquidación para el 2 de julio de 2032. En su caso, es también algo inferior a los nueve años puros de cumplimiento máximo que tenía fijados por la sentencia firma del Tribunal Supremo, ya que entró el 6 de julio. Queda un cuarto implicado en el 'caso De Miguel' que aún no ha entrado en prisión. Se trata de Aitor Tellería, igualmente exdirigente del PNV alavés. Alegó problemas de salud para no ingresar en Zaballa y obtuvo un primer dictamen forense favorable, pero la Fiscalía pidió más aclaraciones y está pendiente de resolverse esta cuestión. Todo apunta a que agosto, siendo mes inhábil en la Administración de Justicia, no acarreará novedades en este sentido. Su pena pendiente es de seis años y mes y medio.

Asimismo, queda pendiente que sean resueltos los indultos políticos que solicitaron De Miguel, Ochandiano y Tellería al Gobierno de España, que es quien puede dictar una medida de gracia conforme a la decimonónica regulación de esta figura. La Audiencia Provincial de Álava, encargada del seguimiento de los condenas, ha plasmado en varias resoluciones que la búsqueda de este resquicio no impide el cumplimiento de la pena en tanto se resuelva e incluso ha subrayado que son peticiones de escasa prosperabilidad.

La Audiencia Provincial de Álava ha fijado ya la fecha de “liquidación” de la condena de cárcel por corrupción de Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV alavés que ingresó en el centro penitenciario de Zaballa, a las afueras de Vitoria, el pasado jueves después de más de trece años de investigación judicial del caso que lleva su apellido, el 'caso De Miguel'. Ese horizonte será el 2 de julio de 2032, según fuentes judiciales. Son exactamente 3.284 días. No obstante, es previsible que a partir de la segunda mitad de la pena se pueda flexibilizar el régimen cerrado actual y que se le puedan conceder permisos y progresiones de grado. Un ejemplo: la condena a Iñaki Urdangarin expira en la primavera de 2024 pero desde hace tiempo hace ya vida normal en Vitoria.

Aunque la condena firme del Tribunal Supremo por haber dirigido una trama de cobro de comisiones ilegales, blanqueo de capitales o manipulación de adjudicaciones públicas es superior a los doce años, era ya conocido que el máximo de cumplimiento efectivo rondaría los nueve años. En concreto, es el triple del más alto de cada uno de los delitos individuales que componen el sumatorio de penas. Se trata, específicamente, de los tres años impuestos por haber orquestado una “asociación ilícita” y que con tanto denuedo intentó neutralizar su defensa durante el juicio.

El tribunal aún no ha preparado las fechas de liquidación de los otros dos excargos del PNV encarcelados por el mismo sumario. Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno vasco, lleva preso desde mayo y Koldo Ochandiano, también dirigente del PNV alavés, entró el pasado miércoles. Ambos ocupan también una celda en Zaballa. Sánchez Robles y Ochandiano tienen una pena total similar, superior a los siete años, pero en el caso de Ochandiano son seis de cumplimiento máximo, sin que el exresponsable de Juventud pueda acogerse a un cálculo más favorable en aplicación del precepto penal conocido como “el triple de la mayor”. Está pendiente de ingresar en prisión Aitor Tellería, otro exmiembro de la dirección provincial peneuvista, aunque en su caso ha alegado problemas de salud y la Fiscalía ha pedido “aclaraciones” ante un informe forense que, en principio, le permitiría evitar la entrada efectiva.

Por otro lado, coincidiendo con su encarcelamiento, De Miguel devolvió también al juzgado 186.488,89 euros. En enero ya consignó otros alrededor de 145.000 euros de manera solidaria con otros cinco condenados de la trama. Por aquel entonces, uno de los argumentos del entorno del expolítico era que el caso se reducía a “apenas 20.000 euros”, por lo que eran exageradas las penas de prisión. Era la división entre seis de esa parte del dinero devuelto, que se correspondían exclusivamente con el fraude vinculado a Juventud y no al conjunto de delitos comprobados. Sin contar las costas, las responsabilidades económicas que aparecen en la condena de De Miguel (responsabilidad civil, multas y demás) suman 686.215,22 euros. A ello tendrá que sumar la minuta de su defensa, liderada por Gonzalo Susaeta de Cuatrecasas hasta la sentencia firme y en esta fase final en la que ha intentado evitar la cárcel por la penalista bilbaína Estefanía Rojo.

Los exdirigentes del PNV de Álava Alfredo de Miguel y Koldo Ochandiano, condenados a penas de prisión de doce y siete años por delitos de corrupción política, tienen 72 horas desde este martes para entrar en la cárcel de su elección o, de lo contrario, serán detenidos por la Policía. Es justamente el día en que empieza la campaña electoral para las generales. La Audiencia Provincial de Álava ha notificado este lunes nuevas providencias para que al fin se hagan efectivas las penas contempladas en el 'caso De Miguel', la mayor trama de corrupción conocida en Euskadi, y ambos han recogido “en mano” el mandamiento, según fuentes judiciales

“Visto el estado de las presentes actuaciones, y teniendo en cuenta el contenido de las últimas resoluciones dictadas relativas a la denegación de la suspensión de la pena de prisión, y a la denegación de la suspensión del ingreso en prisión por el artículo 4.4 del CP, habiéndose ya entregado en su día un mandamiento de ingreso en prisión voluntario por un plazo de diez días, procédase a entregar un nuevo mandamiento de ingreso en prisión al señor De Miguel para que en un plazo de 72 horas a contar desde la entrega de este segundo mandamiento proceda a ingresar en el centro penitenciario de su elección a fin de cumplir la pena de prisión impuesta en la presente causa, bajo apercibimiento de que en caso contrario se darán las órdenes oportunas a las F.C.S.E. [Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado] para su detención e ingreso en el centro penitenciario”, ha escrito el tribunal, compuesto por los magistrados Elena Cabero, Francisco García Romo y Ana Jesús Zulueta.

Esta resolución judicial pone fin, de algún modo, al rosario de recursos y alegaciones planteados por la defensa de De Miguel, particularmente, desde que enero se conociera la sentencia definitiva del Tribunal Supremo sobre una investigación iniciada a finales de 2009. El fallo se hizo firme en marzo pero la nueva letrada para esta fase, Estefanía Rojo, ha buscado todos los resquicios posibles para demorar el ingreso efectivo en un centro penitenciario. Eso sí, todavía está pendiente la petición de indulto realizada al Gobierno de España, que necesariamente será resuelta ya por el próximo Ejecutivo salido de las elecciones.

De la docena de condenados del 'caso De Miguel' ha habido personas sin pena de prisión y con otras sanciones económicas o de inhabilitación, imputados que han visto suspendida la entrada efectiva y solamente uno, Xabier Sánchez Robles, cumple ya condena en Zaballa, adonde acudió en mayo sin presentar ni una sola alegación. Hay otro caso, el del también exdirigente del PNV alavés Aitor Tellería, en el que se precisan más análisis médicos antes de que se concreto si se la da o no un ultimátum. De Miguel tiene una condena de doce años (nueve de cumplimiento máximo) y Ochandiano de siete.

La Audiencia Provincial de Álava, en varias resoluciones firmadas la pasada semana y que han sido notificadas este lunes, ha denegado el enésimo intento de evitar la cárcel de Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava condenado a más de doce años de prisión por una suma de delitos de corrupción (nueve de cumplimiento efectivo). Insiste también en que su búsqueda de un indulto político por parte del Gobierno de España -su última bala en la recámara- tiene poco recorrido. Le demanda que cumpla la pena “sin demora” en atención a la gravedad de los hechos que cometieron. Ha pasado ya medio año desde la sentencia definitiva del 'caso De Miguel' en el Tribunal Supremo, que llegó en enero, y cinco desde el juicio.

Asimismo, el tribunal ha estimado que los problemas de salud que alegó otro de los exdirigentes condenados, Koldo Ochandiano, no le impiden entrar a la cárcel, en su caso para el cumplimiento de una pena de siete años. Ha recibido dos denegaciones de sus intentos por evitar este trance. Para el tercero en discordia, Aitor Tellería, se ha acordado ampliar el informe médico con el quiso evitar el cumplimiento de la condena, tal y como demandó el fiscal del caso, Josu Izaguirre, y pese al intento del afectado de bloquear ese trámite ya que contaba con un dictamen favorable para sus intereses.

En el caso de De Miguel, los magistrados Elena Cabero, Ana Jesús Zulueta y Francisco García Romo estiman que “más allá de las alegaciones y aludirse a los graves perjuicios que se derivarían para la persona condenada de su ingreso en prisión no concurren motivos que autoricen a considerar que le puede ser otorgada la medida de gracia”. “Sopesando los hechos juzgados y las condenas que se le impusieron (máxime cuando se le ha considerado cabecilla de la asociación ilícita que se formó), con las alegaciones en relación a sus circunstancias sociales y personales, la gravedad y la extensión de los hechos realizados a varias instituciones públicas de esta comunidad autónoma hacen difícil la prosperabilidad del indulto solicitado y tal conclusión a la que llega la sala avala la decisión de denegarle la suspensión solicitada conforme al artículo 4.4 del CP, debiendo cumplir sin demora la pena privativa de libertad impuesta en este expediente”, avisa el tribunal. Ese “sin demora”, en principio, serían diez días hábiles desde la notificación, esto es, dos semanas reales.

Recuerda el tribunal que De Miguel “ha sido condenado en esta causa por hechos graves separados en ocho bloques que afectaban a diversos ámbitos del servicio público, habiendo abusado del importante cargo que tenía en el Parque Tecnológico de Alava para realizar dichos hechos, y abarcando actuaciones tales como contrataciones públicas indebidas, recalificaciones de terrenos, asignación de obras públicas previo pago de comisiones ilícitas y otras más, todo ello aprovechándose de su posición de poder dentro de una institución pública y así mismo de su posición dentro del partido político”, en este caso el PNV. Y añade: “Tales hechos han generado una sentimiento de alarma en la sociedad, y este factor debe ser tenido en cuenta a la hora de decidir sobre la suspensión solicitada que, recordemos, es excepcional”.

La Audiencia, incluso, desmonta la tesis de que el paso del tiempo hace ya injusta la condena. “En este caso, valorando todas las circunstancias en su conjunto, la gravedad, impacto social y extensión de los hechos a muchos sectores y a las más importantes instituciones públicas tienen más importancia que las circunstancias alegadas por el solicitante, como se ha dicho anteriormente. Si bien los hechos datan de 2010, también es cierto que la complejidad de la instrucción, de la celebración del plenario, y la pandemia que sobrevino, dilataron la resolución definitiva del Tribunal Supremo que se ha emitido en enero de 2023”, argumentan. Y también que no debería entrar en la cárcel por problemas de conciliación familiar. “Quedó acreditado que la esposa del solicitante trabaja y que los dos menores de edad estarían atendidos, máxime cuando a la esposa del señor De Miguel se le ha concedido la suspensión de la pena privativa de libertad a la que fue condenada”, remarca la sala. Ainhoa Bilbao, que era testaferro de su marido al igual que las parejas de Tellería y de Ochandiano, no tendrá que entrar en la cárcel por este asunto.

Sobre Ochandiano, el tribunal indica que no cabe que no entre en la cárcel por problemas médicos. “Las patologías orgánicas que presenta no pueden considerarse una enfermedad muy grave, y que puede ser realizado el seguimiento dentro del centro penitenciario, incluso gestionando las interconsultas que deban realizarse con los servicios médicos externo”, indican. Y apostilla: “Asimismo se emitió informe psiquiátrico por la alegada dolencia [mental] y en el que se reseña que tampoco es una enfermedad grave pudiendo realizarse el tratamiento oportuno en los servicios médicos del centro penitenciario”.

Finalmente, a Tellería se le recuerda que las partes -en este caso la Fiscalía- tienen derecho a “admitir, contradecir o proponer que sean ampliados” los dictámenes médicos. En su caso, logró un informe que constataba sus problemas de salud pero el ministerio público quiere saber si esas patologías son o no de gravedad suficiente para justificar que no se atienda una pena por delitos graves, en este caso de seis años. Así, en su caso se tendrá que ampliar el chequeo por parte del Instituto Vasco de Medicina Legal y, después, se tomará la decisión sobre su pena.

En este caso, medio año después de la sentencia y tres meses después desde que fuera firme, solamente uno de la quincena de condenados ha entrado en prisión. Lo hizo Xabier Sánchez Robles en mayo, en plena campaña electoral. El que fuera exdirector de Juventud tiene una pena de un máximo de siete años y no ha presentado ni una sola alegación tras recibir el veredicto final. Su esposa, la diputada del PNV Josune Gorospe, se ha caído ahora de las listas para las elecciones generales. El resto de implicados o no tenían pena de prisión o han logrado una suspensión.

Expertos del Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML) han entregado ya a la Audiencia Provincial de Álava sendos informes forenses sobre el estado de salud de los exdirigentes del PNV de Álava Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, que están buscando evitar el cumplimiento de su pena de prisión por la corrupción del 'caso De Miguel' por este motivo pero que también han pedido un indulto político al Gobierno. Fuentes de la defensa de Tellería han explicado a Efe que el dictamen forense desaconseja su ingreso en un centro penitenciario, mientras que el de Ochandiano es negativo para sus intereses. Sea como fuere, otras fuentes judiciales indican que la Fiscalía ha solicitado algunas aclaraciones a los expertos antes de emitir un informe sobre la cuestión, particularmente en el caso de Tellería.

En todo caso, la última palabra será del tribunal, compuesto por los magistrados Elena Cabero, Francisco García Romo y Ana Jesús Zulueta, que no tiene un plazo fijo para responder. Las fuentes consultadas indican que, habitualmente, las penas se suspenden por motivos de salud únicamente en caso de una enfermedad grave que no permita ser tratada en prisión o incluso con las salidas oportunas a un centro sanitario. Es un debate similar al que se está teniendo en el caso de los ERE de Andalucía, con exdirigentes socialistas implicados. El sentido de la resolución judicial no tiene por qué ser el mismo que el del informe pericial.

Tellería recibió una pena de seis años de prisión por ser integrante de la trama de corrupción encabezada por su colega de partido Alfredo de Miguel, que era el 'número dos' del PNV alavés. Ochandiano, de su lado, fue castigado a siete años. Los tres crearon una empresa pantalla llamada Kataia Consulting para cobrar comisiones ilegales y blanquear dinero. La pusieron a nombre de las esposas de los tres. Los problemas de salud de ambos ya estaban sobre la mesa cuando en enero llegó la sentencia definitiva del Tribunal Supremo y en marzo, cuando se hizo firme. De hecho, cuando Ochandiano fue despedido de su puesto en una sociedad pública del Gobierno vasco, el parque tecnológico de Miñano, ya llevaba tiempo sin acudir a trabajar.

En las últimas semanas, se está repitiendo la idea de que el propio De Miguel está alegando también problemas de salud y que está pendiente de una exploración forense. Es una información errónea, según recalcan fuentes judiciales y del entorno de los expolíticos condenados. De Miguel sí está agotando todos los recursos posibles para no entrar en la cárcel y también ha buscado la gracia del Gobierno de España, al que ha pedido un indulto parcial. En su caso, la pena es de doce años (nueve de cumplimiento máximo). Pero nunca ha esgrimido esta baza.

Así las cosas, meses después de que llegara la sentencia firme del 'caso De Miguel' solamente uno de los condenados está cumpliendo la pena. Se trata de Xabier Sánchez Robles, también del PNV y exdirector de Juventud del Gobierno vasco. Entró en Zaballa en plena campaña de las municipales y forales y no ha presentado una sola objeción en toda esta fase. Por el contrario, ya se ha decidido que todos los demás condenados, una decena, vean suspendida su pena por considerarse que son delitos de baja duración y que han cumplido otros requisitos en general como el abono de las responsabilidades económicas.

Hay dos casos excepcionales. Son el del exedil del PNV Iñaki San Juan y el del empresario Josu Azkarraga (antes Josu Montés). Ellos recibieron penas de más de dos años pero sin que ninguno de los delitos individuales pasara esa barrera, que es la que se considera comúnmente como la razonable para las suspensiones. Con informe negativo del fiscal del caso, Josu Izaguirre, lograron del tribunal que la suspensión solicitada, pero ahora el ministerio público ha interpuesto en recurso de súplica, según indican fuentes judiciales y de las defensas.