Unidas por Santander, la confluencia electoral que aglutina a Izquierda Unida, Podemos, Santander Sí Puede y Equo, presentará este sábado, 18 de mayo, el estreno en la capital cántabra del documental '¿Quién ha hipotecado mi Ayuntamiento? La historia de un municipio que podía haber sido el tuyo'.

Se trata de una cinta de la formación municipalista 'Ganemos Jerez', centrada en el caso de la propia localidad, dirigida por el economista y periodista Yago Álvarez (El Salto y El Salmón a Contracorriente). La edición y producción audiovisual del documental ha sido llevada a cabo por el realizador y fotógrafo Miguel Rey.

Yago Álvarez recala así en Santander con su gira, por toda España, para presentar el documental, el sábado a las 19.30 horas en La Moraduca, sede de Podemos ubicada en la calle Isaac Peral, 40, de la ciudad.

El documental, de 90 minutos, analiza las claves de la “decadencia” de muchas instituciones que necesitarán “del custodio, la intervención y la supervisión de la ciudadanía para salir adelante”.

“Nadie, hasta ahora, ha contado las causas con profundidad y transparencia”, afirma Álvarez, tras este trabajo fruto del bagaje aportado como activista en la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda.

Álvarez es coordinador y promotor de la Red Municipalista contra las Deudas Ilegítimas y los Recortes y autor del libro 'Descifra tu deuda. Guía de auditoría ciudadana municipal'. Por su experiencia en la materia ha dado decenas de charlas y talleres sobre deuda y auditorías ciudadanas.

Tras la proyección, habrá una mesa redonda presidida por Yago Álvarez, que contará con la participación de Miguel Saro, candidato a la Alcaldía por Unidas por Santander; Antonio Mantecón, número 3 de la confluencia, y Susana Ruiz, promotora del estreno en Santander y presentadora del debate.

La confluencia de izquierdas en Santander ya tiene candidato para las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán el próximo 26 de mayo. El concejal y portavoz de IU en la capital cántabra, Miguel Saro, se ha impuesto en las primarias y será el cabeza de cartel de 'Unidas por Santander', el nombre bajo el que se han integrado Podemos, Santander Sí Puede y Equo, además de IU.

A Saro le seguirá Lidia Alegría (Podemos) que, pese a que ha tenido un papel mucho menos activo en la vida política municipal, ha logrado colocarse como número dos. El concejal y líder de Santander Sí Puede, Antonio Mantecón, se presenta como el 'gran perdedor' del proceso interno y cerrará el podio de la candidatura. Completan las cinco primeras posiciones Ainara Bezanilla y Sergio Tamayo, ambos del equipo de Saro.

En las primarias han participado un total de 254 personas y desde el grupo promotor de las mismas han querido destacar “tanto la participación como la limpieza del proceso, con una campaña interna amable y sin sobresaltos”.

El resultado de las votaciones es complejo, ya que cada elector podía seleccionar hasta un máximo de diez personas entre las propuestas por cada partido, obteniendo cada una de ellas una fracción de voto en función del puesto para el que habían sido designadas. Además, para equilibrar el resultado, las formaciones acordaron introducir una serie de factores de corrección por género y por partido.

El resultado final por puntos ha sido: Miguel Saro (101), Lidia Alegría (87), Antonio Mantecón (68), Ainara Bezanilla (44), Sergio Tamayo (43), Victoria Camacho (36), Gema Martínez (34), Susana Ruiz (34), Carlos Santiago (30) y Mónica de la Parte (29).

Además, el líder de IU ha vencido con claridad en cuanto al número de personas que han expresado su deseo de que sea el número uno, logrando 91 votos frente a los 74 de Lidia Alegría y los 51 de Antonio Mantecón.

En un comunicado conjunto, todas las formaciones se han felicitado por los resultados y señalan que “ahora toca trabajar para que Unidas por Santander sea quien cambie el gobierno municipal después de 40 años de mayorías de derechas en nuestro Ayuntamiento”.

“Esta confluencia ha nacido con la voluntad firme de traer más democracia, más transparencia y más políticas sociales a la ciudad. Y lo haremos tal y como hemos prometido: juntas”, concluye la nota de prensa.

Miguel Saro (Santander, 1975) es abogado y en 2015 logró que IU volviera a tener representación en el Consistorio santanderino, donde recogió su acta como concejal que ya estuvo a punto de conseguir cuatro años antes, en los comicios de 2011. Aficionado a la bicicleta y la montaña, durante esta legislatura ha compaginado su profesión con la de portavoz de la oposición.l

Antonio Mantecón (Santander, 1971), representante de Santander Sí Puede y candidato en la confluencia de izquierdas que concurrirá en las próximas elecciones municipales bajo la marca Unidas por Santander, lleva una legislatura como concejal en el Ayuntamiento de la ciudad, aunque tres de esos cuatro años ha tenido que ejercer como edil no adscrito como consecuencia de una expulsión ilegal del grupo municipal del que era portavoz. Así lo ha reflejado una sentencia dictada recientemente por la Audiencia Provincial de Cantabria, que reconoce también muchas de sus reivindicaciones y que él califica de “victoria moral, política y ética”.

Acusa directamente de esa decisión irregular al equipo de Gobierno del PP, liderado en aquel momento por Íñigo de la Serna, que a su juicio tenía como objetivo “desactivar” su labor de oposición. Y es que en todo este tiempo ha tenido que trabajar en unas condiciones muy precarias. Tras su calificación como no adscrito fue señalado como “tránsfuga” por el Partido Popular, perdió todos los recursos económicos que le correspondían como portavoz de un grupo político, sus auxiliares fueron despedidos, se quedó sin despacho o cualquier otro lugar de reunión dentro de las instalaciones municipales, e incluso ha tenido que pagar de su bolsillo el material de oficina. Su único espacio en el Consistorio pasó a ser un buzón con su nombre instalado en un cuarto interior junto a los baños y la máquina de café, en el que posa para la foto que ilustra esta entrevista. “Se ha desarrollado una campaña de difamación a lo largo de toda la legislatura que trataba de deslegitimarnos, tanto políticamente como personalmente, frente a la opinión pública”, dice. Ahora pide una reparación inmediata.

¿Qué valoración hace de la sentencia que anula su expulsión del grupo municipal en el Ayuntamiento de Santander y que reconoce las reivindicaciones que viene reclamando en el Consistorio desde hace casi tres años? la sentencia que anula su expulsión del grupo municipal en el Ayuntamiento de Santander

La sentencia ha supuesto una gran alegría para nosotros, evidentemente. Es cierto que llega un poquito tarde, pero constituye un premio al trabajo, al esfuerzo y al tesón que hemos demostrado desde Santander Sí Puede durante tres años, que es el tiempo que hace que se nos privó de nuestro grupo municipal por defender nuestros derechos y por defender nuestra honestidad frente a lo que consideramos que era un golpe antidemocrático que se había pergeñado en el Ayuntamiento en connivencia entre el equipo de Gobierno del PP con esta organización política, o más bien, esa empresa que se dedica a obtener beneficios económicos de los diferentes grupos municipales que posee.

Es cierto que a partir de ahora queda muy poco tiempo de legislatura, es cierto que ya quizás, desde el punto de vista de la reparación de derechos y la obtención de recursos no tiene mucho sentido, pero sin duda se trata de una victoria moral, política y ética. A nosotros nos repara y nos da la razón en todo lo que habíamos defendido. Despeja todas las dudas que se habían generado sobre nosotros.

¿Cuáles son los mayores perjuicios que ha sufrido en su faceta de concejal a la hora de ejercer su labor de oposición como consecuencia de aquella decisión irregular de expulsarlo del grupo municipal y convertirlo en edil no adscrito?

Hay unos perjuicios evidentes que se han manifestado en las dificultades que hemos tenido para hacer política. Es cierto que, en un primer momento, dijimos que eso no nos iba a afectar porque la política la hacíamos en la calle, porque era ahí donde nosotros operábamos principalmente, pero la realidad ha sido que en el ámbito institucional, a la hora de confrontar con otras opciones políticas, o en nuestra labor de fiscalización de la labor de Gobierno del Partido Popular, es cierto que esos recursos, y no hablo solo de recursos económicos, sino del hecho de disponer de unos auxiliares que se encarguen de tareas administrativas dentro del Ayuntamiento, o el hecho de tener un lugar en el que recibir a la gente que va a preguntarnos o a transmitirnos un problema dentro del Consistorio, o de disponer incluso de material de oficina… es importante. No solamente no hemos percibido recursos económicos, sino que debido a no tener nada de todas esas cosas, yo mismo he tenido que poner dinero de mi bolsillo hasta para las cosas más insignificantes. Todo eso supone una carga importante.

Aun así, creo que nosotros nos hemos sobrepuesto a eso y hemos hecho una labor muy meritoria como oposición. Durante mucho tiempo creo que hemos sido referentes dentro de esa oposición y creo que, además, hemos cambiado la forma de hacer política en el Ayuntamiento. Tenemos la sensación de que, de alguna manera, hemos servido de ejemplo a aquellos que realizaban una oposición más silenciosa. Hemos demostrado que, a pesar de todas estas dificultades, podíamos presentar una alternativa al poder hegemónico desde hace 40 años en esta ciudad.

¿Y cómo lo ha vivido a nivel personal?

Bueno, luego están los problemas que se han generado en el plano personal, tanto para mí como para mis compañeros de Santander Sí Puede. Estas son las cosas que quizás la ciudadanía menos se imagina. Aquí ha habido una privación de derechos. En Santander se produjo un golpe antidemocrático ejecutado desde el Ayuntamiento contra una oposición legítima mintiendo conscientemente sobre el procedimiento que se llevaba a cabo. Se ha desarrollado una campaña de difamación a lo largo de toda la legislatura que trataba de deslegitimarnos, tanto políticamente como personalmente, en todos los órdenes, frente a la opinión pública.

Mi entorno más cercano lo ha vivido de una manera importante, mis compañeros se han visto afectados, pero además hay familia o amigos que sufren por la situación que se da y que es bastante difícil de llevar a veces. El objetivo final de estas campañas de difamación perfectamente orquestadas es precisamente ese, que tú te agotes, que tires la toalla y que lo que podía ser una opción política que ha presentado una dura batalla como oposición dejase de serlo.

¿Se lo llegó a plantear? ¿Pasó por su cabeza dejarlo?

Personalmente no es que llegara a pensármelo, es que nunca merece la pena el esfuerzo y el sacrificio que un cargo como el que yo llevo a cabo a nivel personal. Es decir, no hay ningún beneficio personal más allá de la satisfacción de saber que estás haciendo lo correcto. Es verdad que, a veces, sobreponerte a este tipo de circunstancias supone un refuerzo y ese ha sido muchas veces mi caso. En muchas ocasiones, ante este cúmulo de adversidades, nos hemos reforzado en nuestras posiciones. Si tan agresivos son contra nosotros será que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, será que hacemos algo que defiende los intereses de la ciudadanía contra los intereses de esa minoría privilegiada que el Partido Popular defiende, y será por tanto que nos estamos constituyendo en una amenaza real contra una forma de gobierno que creemos que está en declive y que estamos generando esa expectativa de cambio. Esta idea, esta perspectiva, esta coyuntura que nos hacía ver las cosas desde esta perspectiva nos ha hecho permanecer firmes, pero la ciudadanía tiene que tener claro que la mayoría de las veces esto no da satisfacciones.

Se le ha llamado tránsfuga en repetidas ocasiones a lo largo de la legislatura e incluso llevó a los tribunales al exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, por lanzar insinuaciones y acusaciones contra su actividad política. ¿Cree que esta sentencia va a acallar esas afirmaciones que se han vertido insistentemente desde el Partido Popular? ¿Espera una rectificación?llevó a los tribunales al exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna

Yo no espero del Partido Popular nada que tenga que ver con unos principios éticos. Por lo tanto, no espero ni disculpas ni rectificaciones. Supongo que tendrán el sentido común y la inteligencia suficiente para no volver a llamarme tránsfuga cuando hay una sentencia que realmente lo aclara todo. En realidad, la anterior sentencia, aunque no nos daba la razón, ya dejaba claro que yo no era un tránsfuga. Lo dejaba claro al señalar que yo no pertenecía a Ganemos, aunque también decía esa sentencia, y ahora se ha rectificado desde la Audiencia de Cantabria, que esa expulsión, que era irregular, no me había perjudicado políticamente. Pero en aquel momento ya estaba claro y han seguido llamándome tránsfuga durante todos estos meses en el pleno.

De la misma manera que otra de las acusaciones que habían hecho era aquel supuesto intento de llevarme dinero a una cuenta... Siempre he defendido que aquella cuenta que habíamos presentado se había hecho con el conocimiento en su totalidad del interventor municipal del Ayuntamiento, y en el propio juicio el interventor dijo que no había habido ninguna irregularidad en lo que habíamos hecho. Y aun así han seguido diciéndolo. Son dos cosas que quedaron claras en aquel juicio y que desmontaban sus acusaciones, y esas acusaciones se han seguido repitiendo, como las acusaciones de que yo no representaba a nadie. Ahí están los votos, ahí está el apoyo de la gente, ahí está la confluencia, ahí está el respaldo que tengo de una organización política que, a su vez, tiene el respaldo de una parte de la ciudadanía de Santander que debe ser tenida en cuenta. Esto lo ha negado siempre el Partido Popular y nos han insultado a raíz de esa negación de nuestra legitimidad, porque la única legitimidad que el Partido Popular entiende es la que supuestamente a ellos les da una mayoría que no tienen y que, a su vez, es menor con el paso del tiempo. No espero ninguna rectificación de ellos, pero sí se la vamos a exigir, por supuesto.

Hay un plazo de 20 días para recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo. ¿Cuenta con que ese recurso se presente y se retrase que sea firme?

No sé lo que van a hacer, pero creemos que, aunque presenten recurso, la sentencia es bastante clara y difícilmente se va a revertir. El recurso tiene que ser ante el Tribunal Supremo, lo que retrasaría los plazos. Es una situación que estamos valorando, porque solo hace tres días que conocemos el fallo, pero aunque se presente ese recurso cabe la posibilidad de que exijamos la restitución de los derechos que nos arrebataron ilegítimamente hace tres años, aunque sea de manera cautelar. Son cuestiones legales que hay que valorar a partir de ahora.

A falta de tres meses para que se celebren unas nuevas elecciones municipales, ¿va a pedir que se restituya su situación en el Ayuntamiento al momento previo a la expulsión?

Viendo la sentencia, creemos que su ejecución es clara. Al anular la expulsión del partido, que fue el motivo de mi expulsión del grupo municipal, creemos que están obligados a restituirme en las mismas condiciones en las que estaba. Eso pasa por devolverme al grupo municipal en la condición de portavoz. La sentencia hace referencia al reglamento interno que teníamos y que la otra concejal firmó, aceptando por tanto las condiciones que ahí se reflejaban Yo era portavoz y se establecían todos los procedimientos en cuanto a la toma de decisiones, por lo que intentaremos llevarlos a cabo en cuanto la sentencia sea firme. No es solamente devolverme al grupo municipal, sino hacerlo en las mismas condiciones en las que estaba. Todo lo que ha ocurrido posteriormente a mi expulsión del partido, y por tanto del grupo, debería quedar anulado al quedar anulada la causa que lo origina.

Distintos concejales y portavoces municipales de diferentes partidos políticos de la oposición lo han felicitado públicamente y han considerado que se hacía justicia con esta sentencia. ¿Por parte del PP ha habido alguna comunicación al respecto o algún movimiento del equipo de Gobierno para buscar una solución con la misma agilidad que se tuvo para concretar su expulsión del grupo?

[Ríe] Yo de quien esperaba la enhorabuena era de Íñigo de la Serna, que fue quien, al fin y al cabo, provocó la situación, pero todavía no se ha producido esa comunicación. No sé si la estará valorando… o no. [Ríe]. Es cierto que los portavoces de los grupos de oposición, Pedro Casares, José María Fuentes-Pila y Miguel Saro, han manifestado su enhorabuena por esta sentencia porque todo el mundo veía que se estaba cometiendo una auténtica injusticia y, además, así lo han defendido en varias ocasiones en el pleno. Todos tenemos muy claro que en la política, independientemente de las diferentes opciones que podamos defender e independientemente de que a veces el debate se vuelta tan arisco, existen líneas rojas que no se pueden traspasar. Sin embargo, el Partido Popular está demasiado acostumbrado a traspasar esas líneas rojas en esta ciudad. En acciones tan visibles como esta, y en otras difícilmente confesables públicamente pero que, por desgracia, se dan. Hacen que el PP actúe a veces más como una especie de mafia que como un partido político que representa cierta legitimidad. Creo que es producto de su poco talante democrático y de la creencia de que gobiernan una institución en esta ciudad que les pertenece por un derecho legítimo o divino que no alcanzo a saber cuál es o dónde se inspira, pero que se plasma en eso.

Tenemos constancia de que cada vez que tienen una oportunidad de agredir o de debilitar a un grupo político de la oposición de una manera ilegítima, incluso a veces entrando en un ámbito privado de determinados cargos públicos, no dudan lo más mínimo en hacerlo. Eso es imperdonable y es lo que a nosotros nos ha hecho que no hablemos, no negociemos, que hayamos decidido hace tiempo que no merece la pena dialogar con quien entiende la política de esta manera. Sin embargo, con otros grupos con los que tenemos diferencias políticas importantes, en este marco de respeto mutuo, sí hemos llegado a acuerdos y hemos podido tener una relación fluida. Esto con las personas que forman actualmente el Partido Popular en Santander es absolutamente imposible. Digamos que esto es lo más visible, pero yo he tenido que soportar muchos insultos y muchas agresiones verbales en el pleno, al tiempo que he tenido que aguantar que luego intenten colgarme esa imagen a mí, cuando lo que yo digo o dejo de decir es público y notorio y se ve en los vídeos. Pero sí, hay un juego sucio soterrado que es totalmente inadmisible en política y creemos que en mayo será la ocasión de poner fin a todo esto y que se convierta en algo del pasado.

¿Y con su excompañera de partido es reconducible la situación si se restituye su posición dentro del grupo municipal?

Eso es totalmente imposible. Si me restituyen en la situación previa a la expulsión, veremos qué hacemos teniendo en cuenta los plazos que hay por delante. Pero una relación política con esta persona, o con Ganemos, es imposible porque han dado suficientes muestras de que no tienen ningún interés político, todo se reduce a un interés económico. Además, no han dudado en un momento concreto, porque era de conveniencia mutua, en aliarse con quien ejerce el poder de manera tan negativa para los intereses de la ciudadanía. Entonces, es absolutamente incompatible. Se nos coló una persona que no cumplía con los mínimos requisitos éticos, que nos mentía, y no vamos a contar con ella para nada.

¿Cree que esta decisión judicial le refuerza internamente de cara a la confluencia que se ha puesto en marcha entre las distintas opciones políticas de izquierdas?

Aunque nos ha costado, creo que habíamos conseguido que todo el mundo en el ámbito de la izquierda haya visto la realidad tal y como es. Es cierto que, al principio, había algunos compañeros que dudaban sobre quién podía tener la razón o la legitimidad, pero creo que ahora mismo ha habido un consenso absoluto. Yo he recibido muchísimos apoyos con el paso del tiempo de multitud de compañeros que han visto, no solo la injusticia que se cometía con nosotros, sino el tesón y la firmeza con los que nos estábamos defendiendo, así como la acción política que estábamos desarrollando. La calidad de las propuestas que hemos llevado al Ayuntamiento, aunque apenas se han tenido en cuenta por el equipo de Gobierno, quedan ahí. No nos queda duda de ese respaldo y no creo que tampoco nos vaya a reforzar internamente, no es el objetivo.

La confluencia se mueve por otras coordenadas, es un proyecto común en el que todos hemos puesto mucho esfuerzo. Se mueve más en el parte propositiva. Es cierto que va a haber unas primarias y que yo he dado un paso que considero legítimo y que me han pedido mis compañeros para intentar encabezar esa confluencia, pero luego el resultado que sea lo asumiremos con absoluta naturalidad y dentro de un evidente carácter democrático. No vamos a utilizar ni a instrumentalizar esto en ninguna medida. No le damos mayor importancia.

Pese a ese coste personal, ese desgaste que mencionaba antes, ha decidido dar el paso y repetir como candidato en las próximas elecciones municipales. ¿Por qué?

Me hace seguir adelante la expectativa de cambio y la capacidad de sacrificio. Yo soy consciente de que ese coste personal va a continuar de seguir adelante. Y sé que es un argumento muy manido el de la voluntad de servicio público o el hecho de que un cargo político diga que son los compañeros los que le empujan a seguir. Es cierto que es un argumento muy socorrido y, en un porcentaje muy grande de los casos, un argumento falso. [Risas] Pero no es mi caso. Se han producido esas dos circunstancias: las expectativas de cambio pueden ser un acicate para ese proyecto de confluencia y el hecho de que muchos compañeros me hayan animado a presentarme también.

Lo que sí tengo claro es que los cuatro años que vienen no pueden ser iguales que los cuatro años que he pasado. En eso también pesa el hecho de que vayamos en un proyecto más grande, donde se están estableciendo los mimbres para que se produzca una colaboración fructífera, para que el trabajo, la carga y la exposición estén bastante más repartidos, y creo que va a ser bastante más satisfactorio y en ningún caso tan tóxico como lo que hemos vivido en estos cuatro años. Si además de todo eso hay un cambio de gobierno, mejor que mejor. Es una experiencia que por otro lado apetece vivir. De todas formas, es algo que yo he dudado hasta el último momento, hasta el último día, y ha sido mi familia la que me ha ayudado a decidirme.

¿Cuál es el listón político que se pone esa confluencia? ¿Sería aceptable un buen resultado electoral que no permita por la aritmética municipal un cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Santander?

No manejamos otra posibilidad que no sea un resultado que se concrete en un cambio de gobierno en Santander. Creo que tenemos que ir a las elecciones pensando que sería un fracaso que no hubiese un cambio profundo en la ciudad. Es cierto que estamos en un escenario muy volátil, pero esas tienen que ser nuestras aspiraciones. Cuando presentamos la confluencia nos preguntaban si estaríamos dispuestos a votar a favor de la investidura de otro alcalde y yo dije que nuestro objetivo es que el alcalde fuese de la confluencia, y que por lo tanto había que preguntar a las otras fuerzas políticas si estaban dispuestas a apoyar a un alcalde de Unidas por Santander, el nombre con el que nos presentamos.

En que es necesario un cambio político creo que hay un consenso entre toda la oposición. Y luego, como será el reparto de poder en este ambiente tan cambiante está por ver. Nosotros tenemos que ir a las elecciones con todas las expectativas abiertas. El drama que tiene Santander, y por el que la derecha gana repetidamente desde hace 40 años, es porque hay una población, un número importante de santanderinos, que están desencantados, que no han sido capaces de reconocer entre las diferentes opciones el proyecto político que puede responder a sus intereses y atender a sus necesidades. Eso tiene mucho que ver con el contexto de polarización social que hay en Santander y que no se da probablemente en otros municipios. Estamos hablando de un 35% de abstención en las últimas elecciones municipales. Es sobre todo a esa gente a la que hay que ofrecerle una alternativa que colme sus expectativas.

La Fiscalía de Cantabria ha presentado su escrito de conclusiones en la causa que debe dirimir si hubo vulneración de los derechos fundamentales del concejal de Santander Antonio Mantecón tras ser expulsado de Ganemos y el Ministerio Fiscal se decanta finalmente por dar la razón a este partido instrumental que prestó su marca para concurrir a las elecciones municipales de 2015.

Así se puede deducir del documento al que ha tenido acceso eldiario.es y que en tan solo dos párrafos descarta la tesis de la acusación, no entra a valorar el fondo del asunto y se limita a solicitar la desestimación de la causa, al considerar que el edil conserva aún todos sus derechos políticos intactos pese a ser apartado del grupo municipal de Ganemos y ser relegado a concejal no adscrito.

El fiscal José Ignacio Tejido defiende en sus conclusiones que “Antonio Mantecón no fue nunca afiliado de Ganemos, por lo que nunca pudo ser expulsado de Ganemos”. A su juicio, la solicitud de que se declare vulnerado su derecho fundamental de libertad de asociación, reconocido en el artículo 22 de la Constitución, debe ser rechazada puesto que “la consecuencia del expediente fue la pérdida de la posibilidad de usar la marca Ganemos y eso no constituye la pretendida violación del derecho de asociación”.

Además, respecto a la petición de que se declare vulnerado el derecho fundamental de acceso a cargo público, también reflejado en el articulado constitucional, “se considera que tal vulneración no se ha producido”, según el fiscal. En este caso, Tejido subraya que en su escrito que Mantecón “conserva su condición de concejal en el Ayuntamiento de Santander para el que fue elegido y no se ha acreditado que por parte del demandado se haya impedido hacer uso, o se haya obstaculizado de alguna manera el ejercicio de tal cargo público”.

A la espera de sentencia

El escrito del Ministerio Fiscal llega tras la celebración de la vista oral, que no aclaró en ningún momento si este partido instrumental tenía potestad para expulsar a Mantecón o si la fórmula para declararlo edil no adscrito fue correcta. Además, la prolongada duración del juicio provocó que el caso ni siquiera quedara visto para sentencia el pasado 15 de febrero puesto que la jueza permitió, con carácter excepcional, y a petición del abogado de la acusación, que las partes presentaran sus conclusiones por escrito.

En una vista muy accidentada, con enfrentamientos constantes y llamadas al orden de la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander, se habló más de temas colaterales como las posibles causas que motivaron supuestamente la expulsión del actual concejal no adscrito que del fondo del asunto. Ahora sí, una vez recibidas las conclusiones de todas las partes implicadas, el caso queda visto para sentencia.

El juicio en el que se debe dirimir si hubo vulneración de los derechos fundamentales del concejal de Santander Antonio Mantecón tras ser expulsado de Ganemos, un partido instrumental en el que no militaba y que únicamente prestó la marca para concurrir a las elecciones municipales de 2015, ha dejado más preguntas que respuestas después de casi cinco horas de vista oral.

A pesar de los testimonios de los múltiples testigos llamados a declarar por ambas partes, la cuestión fundamental, si Ganemos siguió un procedimiento legal y garantista en la tramitación del expediente disciplinario en el que se decidió expulsar a Mantecón, ha pasado casi de puntillas a lo largo de todo el juicio, en el que no se ha aclarado si esta formación política tenía potestad para actuar así contra un cargo electo o si este hecho suponía su expulsión del grupo municipal, como interpretó el Consistorio y aplicó de forma inmediata.

Sin embargo, las declaraciones de algunos testigos, como la también edil Tatiana Yáñez, con quien Mantecón compartió candidatura, o el fundador de Ganemos, Julián de Fabián, que instruyó el proceso que provocó la demanda, han estado plagados de evasivas, respuestas contradictorias y acusaciones que no han podido sostener con pruebas, y que incluso han llegado a apuntar posibles delitos como amenazas, coacciones o daños que no se han denunciado ante la justicia hasta el momento.

En una vista muy accidentada, con enfrentamientos constantes entre las partes y llamadas al orden de la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander, se ha hablado más de temas colaterales como las posibles causas que motivaron supuestamente la expulsión del actual concejal no adscrito que del fondo del asunto, algo que ha quedado aún más evidencia después de que el Ministerio Fiscal rechazara interrogar al propio Mantecón, que no ha tenido oportunidad de explicar su versión de los hechos.

Lo que sí ha quedado claro tras la declaración de Julián de Fabián como máximo dirigente de Ganemos a nivel nacional o de Ángel Luis Conejo como representante legal del partido es que esta formación política no tiene afiliados ni militantes en Cantabria ni dispone de estructura ni organización interna y que su única vinculación con la candidatura que encabezó Mantecón fue a través de Santander Sí Puede, que no pudo formalizarse como partido antes de las elecciones y llegó a un acuerdo para utilizar la marca como paraguas legal con el que concurrir a los comicios.

A partir de ahí, las versiones son divergentes: mientras la parte demandada acusa a Mantecón de incumplir el Código Ético de Ganemos y asegura que todos los cargos electos estaban sometidos a la fiscalización de Julián de Fabián y su gente -una tesis que ha mantenido Tatiana Yáñez, por ejemplo-, Mantecón y sus compañeros Roberto Mazorra, Susana Ruiz o José Gabriel Lastra han defendido que no se pactó ninguna contraprestación por el uso de la marca Ganemos, que no existían esas “directrices éticas” y que la autonomía del grupo municipal era “absoluta”.

Transparencia y coordinación

En sus intervenciones, otros testigos como el teniente alcalde de Santander y portavoz municipal del PP, César Díaz; el concejal y líder del PSOE en la ciudad, Pedro Casares; el interventor municipal, Ignacio Gómez, o el secretario general del pleno, José María Menéndez, han confirmado que no les constaba “ninguna acción ilegal o irregular” por parte de Mantecón, uno de los argumentos de Ganemos para provocar su expulsión y limitar sus derechos políticos en el Ayuntamiento al dejarlo como edil no adscrito.

De hecho, el interventor ha certificado que Mantecón fue “absolutamente transparente” e “informó en todo momento” en relación a la cuenta bancaria que se abrió para recibir las aportaciones que correspondían al grupo mixto cuando estaba integrado en él, una cuenta en la que nunca llegó a haber dinero ni a producirse ningún movimiento y que sin embargo ha sido objeto de la polémica porque tanto Fabián como Yáñez han utilizado para insinuar presuntos desvíos de fondos públicos y que han llegado a calificar como “una técnica análoga a la que se emplea en el blanqueo de capitales”.

“Ni Ganemos ni ninguna organización aceptaría que ningún cargo electo se monte su propio chiringuito y desvíe hacia allá la voluntad popular. En sí mismo es motivo más que suficiente para la expulsión”, ha reiterado Fabián sobre la creación de Santander Sí Puede, otra de las causas que alegan desde el partido instrumental para justificar su actuación, a pesar de que esta agrupación política ya existía a falta de registro en el Ministerio del Interior cuando se pactó con Ganemos concurrir a las elecciones.

También el fundador de Ganemos ha acusado a Mantecón de “montar pollos ante la prensa”, “manejar a su antojo las asambleas locales utilizando a sus familiares”, “manipular a la opinión pública con mentiras” o “actuar con gravísima deslealtad”, hechos que, en su opinión, “han quedado sobradamente probados” en el expediente que instruyó, que no incluía pruebas fehacientes de tales acciones como él mismo ha reconocido y ante el que el concejal sancionado presentó “abundantes alegaciones”.

El abogado de Mantecón ha tratado de demostrar cómo el expediente se tuvo paralizado durante meses, y que solo se tomó la decisión de expulsarlo del partido cuando se constituyó el grupo municipal Ganemos Santander Sí Puede, dejando a Yáñez como único miembro, con todas las atribuciones económicas y políticas, ejerciendo de portavoz y disponiendo de todos los recursos disponibles.

Finalmente, dada la duración de la sesión oral, el juicio ni siquiera ha quedado visto para sentencia puesto que la jueza ha permitido, con carácter excepcional, y a petición del abogado de Mantecón, que las partes presenten sus conclusiones por escrito.

Antonio Mantecón tendrá la oportunidad de demostrar esta semana ante la justicia que su expulsión del grupo municipal de Ganemos en el Ayuntamiento de Santander se basó en un “procedimiento irregular” y que su declaración como concejal no adscrito, que limitó sus derechos políticos en el Consistorio a lo largo de buena parte de la legislatura, fue una “decisión ilegal” del equipo de Gobierno del PP que lideraba entonces Íñigo de la Serna.

Será en el juicio que se celebrará este jueves 15 de febrero, a partir de las 9.30 horas, en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander, donde el líder y portavoz de la formación municipalista Santander Sí Puede tendrá ocasión de exponer su versión de los hechos, en una vista en la que están llamados a declarar también compañeros de partido y altos cargos del Ayuntamiento de la capital de Cantabria.

Y es que el periplo político de Mantecón se vio lastrado en la primavera de 2016, cuando el partido instrumental Ganemos -cuya marca fue utilizada para presentarse a las elecciones- anunció su expulsión y solicitó al equipo de Gobierno del PP que también lo apartara del grupo municipal que encabezaba hasta entonces, algo que los populares realizaron de inmediato “sin las mínimas garantías jurídicas”, según denunció el edil.

De hecho, el que fuera candidato de esta marca electoral en los últimos comicios municipales señaló la “connivencia” entre el responsable de Ganemos a nivel nacional, Juliá de Fabián, y el Partido Popular, para “apuntalar” la mayoría de Íñigo de la Serna como alcalde de la ciudad.

Para Mantecón, esta “trama organizada” y “ejecutada por la persona que gestiona un partido instrumental de dudosa procedencia” sirvió para cumplir “una estrategia trazada por el equipo de Gobierno del PP para intentar laminar a los nuevos grupos municipalistas” que surgieron en todo el país a la sombra de Podemos.

A su juicio, Íñigo de la Serna y el PP utilizaron a la otra edil del grupo, Tatiana Yáñez-Barnuevo, como un “peón útil” para expulsarlo porque se había convertido en “una oposición incómoda, molesta y combativa” y que “estaba logrando que por fin los intereses de los ciudadanos se viesen representados en el Ayuntamiento con un lenguaje directo e irreverente”.

La consecuencia más directa de la expulsión de Mantecón del grupo municipal fue que el edil perdió prácticamente todos sus derechos políticos en el Consistorio, junto con los recursos económicos y humanos que había contado hasta entonces para ejercer su labor de oposición y control, además de ser acusado reiteradamente de “tránsfuga” por parte del PP.

Además, Mantecón siempre ha defendido que su expulsión se debe única y exclusivamente a “una represalia” por no haber aceptado las “prácticas mafiosas y chantajistas” del propietario de la marca electoral de Ganemos a nivel nacional, al que más de una decena de concejales del partido en todo el país han acusado de poner en marcha “una red de extorsión para desviar fondos públicos”.

Vulneración de derechos

Ante esta situación, el concejal no adscrito y portavoz de Santander Sí Puede presentó en los juzgados de Cantabria una demanda con diversos documentos que, según su criterio, “prueban las actividades ilícitas” protagonizadas por los responsables de la marca Ganemos que promovieron su expulsión.

En la demanda por vulneración de derechos fundamentales presentada por Mantecón se expresaba “una cronología de las circunstancias que confluyeron en la expulsión del edil que no deja muy bien parado al Ayuntamiento, además de confirmar que la estrategia de Ganemos era única y exclusivamente poder acceder a los fondos públicos derivados de la conservación del grupo municipal”.

Asimismo, recogía que Ganemos “no aportó prueba alguna” sobre los hechos que presuntamente provocaron la expulsión de Antonio Mantecón, y señalaba muchos de ellos como “falsos”. También hacía hincapié en la “imposibilidad jurídica” de expulsar de un grupo municipal a un cargo público independiente, es decir, que no está afiliado al partido, hechos que deberá valorar ahora el juez asignado al caso.

El último informe emitido por el Tribunal de Cuentas, que censura la gestión económica del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santander bajo el mandato del actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha destapado una catarata de críticas de la oposición municipal, que culpa al exalcalde de la ciudad de ser el responsable de una administración “oscurantista y deficiente”, en la que los “sobrecostes injustificados” o las “irregularidades y tratos de favor” con fondos públicos son señalados de manera constante por el órgano fiscalizador.

Y es que el 'Informe sobre acuerdos contrarios a reparos de los interventores locales, anomalías en materias de ingresos y acuerdos por omisión del tramité de fiscalización previo' elaborado por el Tribunal de Cuentas que se hizo público este pasado lunes puso el dedo en la llaga que ya habían denunciado en otras ocasiones los grupos municipales, y ha servido como ariete para arremeter contra el ministro y su sucesora en el cargo, Gema Igual, que solo unas horas antes había intentado vender una visión triunfalista de su proyecto en el Debate sobre el Estado de la Ciudad.

“Frente a las lecciones de moral, la realidad de una gestión que hace aguas por todos lados”, ha enfatizado el portavoz del Grupo Municipal Regionalista, José María Fuentes-Pila, para quien es “paradójico” que por la mañana el PP ofreciera en el pleno municipal extraordinario un “discurso autocomplaciente, una ficción absoluta” y, pocas horas después, “llegase este baño de realidad”.

Según el texto firmado por el Tribunal de Cuentas, bajo el mandato de De la Serna “no se realizaron en el Ayuntamiento actuaciones de control financiero en los ejercicios 2014 y 2015, por lo que no se ejerció una de las modalidades de control interno previstas en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin que exista, por tanto, un control de eficacia o eficiencia”.

A juicio del órgano de control de las administraciones públicas, esto implica que “disponía de un sistema de control interno insuficiente, en el que no se podía comprobar si se cumplían los principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la actuación de la entidad”.

Además, tal y como ha recordado Fuentes-Pila, el Tribunal de Cuentas también añade que el Consistorio cántabro remitió “fuera de plazo” la información prevista en la Ley de Haciendas Locales correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015 y formalizó un contrato con un sobrecoste del 43% en una obra urbana que posteriormente “pasó por el pleno y aprobó con sus únicos votos un reconocimiento extrajudicial de crédito para regularizarlo”.

Para el líder del PRC en la ciudad, este “nuevo varapalo” a la gestión municipal viene a sumarse a las “cada vez más voces críticas” con el PP de Santander, al que en los últimos tiempos han llamado la atención también otros organismos, como el Consejo de la Transparencia.

“Vergüenza para Santander”

En este sentido, el líder de los socialistas en la ciudad, Pedro Casares, ha considerado “una vergüenza” para Santander que “cada poco cierto tiempo un organismo público nos saca los colores”. “Lo hace ahora el Tribunal de Cuentas con la planificación económica del Ayuntamiento, pero antes lo ha hecho el Tribunal Económico Administrativo con el 'catastrazo' o el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria con las plusvalías”, ha criticado.

Casares también ha señalado que el exalcalde de Santander “ha dejado una herencia envenenada a su sucesora puesta a dedo para continuar con una nefasta gestión que evidencia una borrachera de gasto público en obras innecesarias, una gestión deficiente de la inversión pública y desigualdad en el gasto social”.

“De la Serna es como un fantasma que sobrevuela el Ayuntamiento, anunciando inversiones a futuro sin contar para ello con partidas presupuestarias para llevarlo a cabo al no haber Presupuestos Generales del Estado para 2018”, ha incidido el edil en un comunicado de prensa.

“Desbordados por su incompetencia”

Más duro si cabe ha sido el portavoz del partido municipalista Santander Sí Puede, Antonio Mantecón, que ha defendido que cada informe del Tribunal de Cuentas “inhabilita” al PP para seguir al frente de la ciudad. “Los escándalos se suceden de semana en semana para un equipo de Gobierno y una alcaldesa completamente desacreditados y desbordados por su incompetencia”, ha subrayado el edil no adscrito.

Para Mantecón, la información hecha pública esta semana acerca de la no realización en el Ayuntamiento de actuaciones de control financiero en los ejercicios 2014 y 2015 y el envío fuera de plazo de la información prevista en la Ley de Haciendas Locales correspondiente a dichos ejercicios por parte del equipo que en aquel momento encabezaba De la Serna “es solamente un eslabón más en la cadena de despropósitos del PP en los últimos años”.

De hecho, el concejal santanderino ha recordado que “no es la primera vez que el Tribunal de Cuentas saca los colores al Ayuntamiento, sino que es norma habitual” dado que, en el pasado reciente, el órgano fiscalizador ya había señalado en reiteradas ocasiones al Consistorio “por su afición a la existencia de facturas olvidadas en los cajones por valor de varios millones de euros” o por “la proliferación de los sobrecostes injustificados en las adjudicaciones que realiza”.

Mantecón ha apuntado que también en anteriores informes “el Tribunal de Cuentas informaba de numerosas anomalías en el sistema de recaudación de tributos, precios públicos, multas y sanciones” y ha considerado que el hecho de que tantos años después se continúen con las mismas prácticas “no puede obedecer a situaciones puntuales no previstas, como pretende justificar el PP, sino a prácticas basadas en la opacidad, el oscurantismo y la cada vez más firme sospecha de irregularidades y tratos de favor en la gestión de los recursos públicos que pesa sobre este equipo de Gobierno”.

“Prácticas tramposas”

En la misma línea se ha pronunciado otro de los miembros de la oposición municipal, el concejal de Izquierda Unida en Santander, Miguel Saro, que ha insistido en que poco a poco, al ritmo que el Tribunal de Cuentas puede estudiar los ejercicios fiscales de cada administración, “van llegando a Santander los reparos y reproches sobre la gestión que el PP nos vende como óptima”.

“Este organismo no hace otra cosa que poner de manifiesto cómo el propio Ayuntamiento se hace trampas a sí mismo y a su propia norma de gasto, los presupuestos, al no establecer un criterio suficiente de control de eficacia y eficiencia sobre el cumplimiento los objetivos de gasto”, ha afirmado Saro.

Desde IU han reprochado al equipo de Gobierno del PP lo que califican como una “práctica tramposa” al comprobar que existen programas de gasto presupuestarios muy importantes para el bienestar vecinal donde el grado de ejecución del presupuesto es “muy pobre”, tal y como queda reflejado en distintos informes del propio interventor municipal.

Para Saro, esto demuestra el compromiso del PP con Santander “no es real” y la ha convertido en “una ciudad que gestiona a golpe de ocurrencias”. “Su plan real para Santander es gobernar cómodamente para sus amigos sin tener que dar cuentas mientras la ciudad se hunde en la decadencia”.

“Mentiras y autoengaños”

La encargada de responder a las críticas lanzadas desde prácticamente todo el arco político ha sido la concejala de Economía y Hacienda de Santander, Ana González Pescador, que ha opinado que “algunos grupos y ediles de la oposición municipal intentan encajar con mentiras y autoengaños el chapuzón de realidad y el balance de gestión” del equipo de Gobierno del PP.

De esta forma, ha rechazado lo que ha tachado de “manipulaciones y tergiversaciones” de los portavoces PRC, IU y del concejal no adscrito Antonio Mantecón en relación al informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión económica y el control financiero de los ayuntamientos españoles.

González Pescador ha defendido el “estricto control” ejercido en el Ayuntamiento de Santander sobre todos los gastos municipales que, a pesar de los reproches del Tribunal de Cuentas, ha considerado “ajustado siempre a la normativa vigente y apoyado en todos los casos en informes técnicos de los distintos servicios municipales”.

El concejal de Personal y Protección Ciudadana en el Ayuntamiento de Santander, Pedro Nalda, ha comparado este jueves las agresiones protagonizadas por un grupo de personas de ultraderecha en un acto de Pablo Iglesias contra periodistas y simpatizantes del partido morado con las concentraciones y movimientos antidesahucios.

El edil ha hecho esta comparación durante el trascurso de un debate plenario con motivo de una moción presentada por el portavoz de Santander Sí Puede, Antonio Mantecón, para pedir la dimisión o cese del Delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, por no haber presentado ante el Juzgado las identificaciones de los presuntos agresores en el mitin que el líder de Podemos dio el pasado mes de octubre en el Palacio de Festivales.

En la moción, Santander Sí Puede denunciaba la “doble vara de medir” del Delegado del Gobierno a la hora de aplicar la Ley Mordaza, por ser “excesivamente celoso” cuando se trata de activistas sociales y, en cambio, “no se detenga ni se multe a miembros de la ultraderecha que amenazan, insultan y agreden”.

Mantecón hacía así alusión al archivo de la denuncia presentada por una operadora de cámara de televisión que fue zarandeada y recibió golpes mientras realizaba su trabajo debido a la “falta de autor conocido”. El concejal de la oposición ha acusado a Ruiz de no haber mandado al Juzgado estas identificaciones, sabiendo que “el nuevo ordenamiento contempla el archivo de causas si no hay autor conocido”.

Asimismo, ha recordado que Cantabria es la comunidad autónoma en la que mayor número de sanciones ha habido en virtud de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y ha incidido en la reprobación realizada por el Defensor del Pueblo por la multa, anulada por la justicia, al activista de la PAH de Santander Óscar Manteca.

En el turno de réplica, Nalda ha enumerado distintas concentraciones pacíficas, en su mayoría organizadas por la PAH, en las que ha participado el líder de Santander Sí Puede, comparándolas con las agresiones de ultraderecha sucedidas en el acto de Podemos y ha subrayado que tanto unos como otros no habían sido sancionados por ello.

El responsable de Protección Ciudadana, que ha mostrado fotografías personales de Mantecón en dichos actos, también ha citado, además de las movilizaciones antidesahucios, la plantada de árboles que se hizo en homenaje a Amparo Pérez, la anciana que falleció en la UCI el día en el que el Ayuntamiento de Santander comenzó a derribar la casa que ella misma había levantado décadas atrás con sus propias manos y que fue expropiada para construir un vial en plena zona de expansión urbanística de la ciudad.

“¿Le ha sancionado a usted la Delegación de Gobierno? No ¿Le han multado a usted por participar en la concentración no comunicados como el homenaje a Amparo en la que usted estuvo y publicó en su Facebook fotos?”, ha espetado Nalda, quien ha acusado a Mantecón de “mentir, faltar a la verdad, hacer demagogia y criticar sin fundamentos” al Delegado de Gobierno. Aunque el concejal del equipo de Gobierno ha evitado referirse a los actos de ultraderecha, ha condenado “toda violencia, venga de donde venga”.

La moción, que también reclamaba que se condenaran las agresiones, solo ha encontrado el respaldo de IU, Ganemos y el propio Mantecón y ha contado con el voto en contra de los concejales del PP y de los tránsfugas de Ciudadanos, David González y Cora Vielva, mientras que PSOE, que había formulado una transacción pidiendo la reprobación de Ruiz en lugar de su cese, y PRC se han abstenido.

Iniciativa de Podemos

Por su parte, Podemos ha pedido la comparecencia del Delegado del Gobierno ante la Comisión de Presidencia y Justicia por la “incapacidad de su administración para identificar a las personas responsables de las agresiones realizadas a la entrada del acto público” organizado por la formación.

En un comunicado, el diputado Alberto Bolado ha firmado que “tanto el Delegado del Gobierno como el jefe de la Policía me aseguraron en una reunión que todos los agresores habían sido identificados. Sin embargo, mintieron”, ha denunciado Bolado, que se ha mostrado poco confianzado en que Ruiz acuda al Parlamento a dar explicaciones, pero “al menos tendrá que retratarse y demostrar su gestión opaca y en apoyo de los que están contra la democracia”.

Las agresiones del 27-O

El pasado 27 de octubre un grupo de miembros de ultraderecha se concentraron en el exterior del Palacio de Festivales con el objetivo de revantar un acto público de Pablo Iglesias en Santander. Antes de que comenzara el evento se produjeron insultos, amenazas e incluso agresiones a simpatizantes del partido morado y periodistas, las cuales por el momento han quedado impunes.

El Juzgado de Instrucción ha archivado por “falta de autor conocido” la denuncia presentada por una operadora de cámara de televisión que fue zarandeada y recibió golpes mientras realizaba su trabajo, a pesar de los múltiples vídeos e imágenes que reflejan los hechos y que muestran los rostros de buena parte de la treintena de personas que se congregó ese día.

No obstante, aún queda abierto otro proceso judicial por una querella criminal presentada por el periodista Óscar Allende, director de El Faradio, que también sufrió la acción de los participantes en esa protesta. La Fiscalía ya se ha pronunciado y ha rechazado que existan “delitos de incitación al odio y de convocatoria ilegal de manifestaciones”, pese a que en el chat creado para organizar la protesta se instó a “llevar bates y abrir la cabeza” a Iglesias, así como a acudir al evento con banderas “del águila” o “de la falange”.

El jefe de la Oficina contra la Violencia de Género de la Policía Local de Santander, investigado por acosar de forma reiterada a una subordinada, mantiene su puesto y sigue desempeñando funciones como las de supervisar la unidad de vigilancia y protección de las víctimas a pesar de que tanto la Fiscalía de Cantabria como el Juzgado de Instrucción han detectado hasta cuatro presuntos delitos graves derivados de su actitud contra esta agente.

Tal y como se conoció esta misma semana, el Ministerio Público ha solicitado un año de cárcel por un presunto delito de acoso laboral para este responsable policial, con rango de sargento, al que acusan de actos de “humillación, denigración o aislamiento” hacia la querellante, que debía asumir órdenes y actuaciones que “solo eran adoptadas para ella”.

Tras el periodo de instrucción, la Audiencia de Cantabria ya había detectado indicios de delito en la actuación de este mando policial por incurrir en “trato degradante, lesiones, infidelidad de custodia de documentos y falso testimonio en causa judicial”, en un caso que está pendiente de que se señale fecha definitiva para celebrar el juicio.

Según denuncian responsables sindicales en el Ayuntamiento de Santander, el acusado “sigue trabajando en el mismo puesto”, a pesar de que se han pedido medidas cautelares de forma reiterada y por escrito. Además, denuncian la “connivencia” del PP y acusan a la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, de “mirar para otro lado” tras ser informada de este caso cuando tomó posesión de su cargo en sustitución del ahora ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Además, recuerdan que el Ayuntamiento es responsable subsidiario en un caso de acoso laboral como el que se está investigando, pudiendo tener consecuencias económicas para las arcas públicas, puesto que ante la situación que se estaba viviendo en el seno de la Policía Local tuvo que intervenir la sección de Prevención de Riesgos del Consistorio, que emitió informes que “se han ignorado”.

Medidas disciplinarias

Ante este escenario, la formación municipalista Santander Sí Puede, que encabeza el concejal no adscrito Antonio Mantecón, ha registrado esta pasada semana una moción que se debatirá en el próximo pleno de la Corporación en la que exige al equipo de Gobierno que tome medidas disciplinarias y suspenda cautelarmente de sus funciones al jefe de la Oficina contra la Violencia de Género de la Policía Local.

“Nosotros no vamos a ser quienes no salvaguardemos la presunción de inocencia de cualquiera, pero tampoco podemos mirar para otro lado en cuestiones como la que nos ocupa”, señala en el texto Mantecón, que insiste en que “las fuerzas de seguridad del Estado, así como cualquier otro estamento de nuestra administración, deben de dar ejemplo constante a la ciudadanía”.

“Las mujeres víctimas de violencia machista son un colectivo muy vulnerable y al que hay que tratar con una sensibilidad especial. Acompañarlas, protegerlas, asesorarlas, es cometido de todas como sociedad y más desde la posición de poder que da el representar a las instituciones del Estado, tanto en el ámbito policial, como en administrativo o el judicial. Y creemos que, reiterando la presunción de inocencia y el derecho a su legítima defensa, debemos tomar medidas para que esto sea así”, concluye la moción de Santander Sí Puede.

Antonio Mantecón (Santander, 1977) entró en política hace dos años y medio y en este tiempo puede decirse que no ha tenido tiempo para aburrirse. Ha sido uno de los concejales más combativos dentro y fuera del Ayuntamiento de Santader. Sus enfrentamientos verbales con los responsables del equipo de Gobierno han sido sonados en los plenos; ha denunciado por calumnias al entonces alcalde -hoy ministro de Fomento- y a su excompañera de formación; ha ido a la Fiscalía por el derrumbe del edificio de la calle del Sol y fue expulsado del grupo municipal de Ganemos por negarse a desviar dinero al propietario de la marca. 

“Creo que hemos hecho una oposición bastante reconocible”, afirma este ingeniero técnico industrial, que destaca que “Santander Sí Puede ha roto en varias ocasiones la agenda política que tenía el PP durante las últimas legislaturas en las que les resultaba bastante cómodo el día a día”. En este sentido, vaticina que el desgaste que han sufrido los populares les dejará fuera del poder tras las próximas elecciones. “Estamos en disposición de que haya un cambio político en Santander”, asegura tajante.  

Empiezo por lo más reciente. Si se confirma que el Ayuntamiento ha cometido irregularidades en la contratación de personas desempleadas a través de la Orden de Corporaciones Locales, ¿piensan reclamar que se depuren responsabilidades políticas?

Lo más probable es que lo hagamos. Venimos de una legislatura donde se están sucediendo los escándalos, los desatinos y los errores de todo tipo por parte del equipo de Gobierno, y esto, en un tema tan sensible como es el empleo, ya desborda un vaso que ya estaba a rebosar. Que se dé este tipo de contrataciones fraudulentas pagando de menos a trabajadores es una corrupción política y ética que no podemos tolerar.

Está siendo una legislatura muy movida. Ya han reclamado las dimisiones del concejal de Obras por la anulación del PGOU y el derrumbe de Sol; de la responsable de Cultura por el incendio en el MAS y hasta de la alcaldesa por mentir en su currículum. Anteriormente ya cesó la concejala de Empleo por el desfalco en una empresa pública. ¿Esto es parte del juego político? ¿Es la oposición muy exigente o cree que ha habido motivos suficientes para pedir todas estas dimisiones?

Para nada estamos siendo demasiado exigentes. Estamos hablando de décadas de poder del PP y de un equipo de Gobierno que no ha llegado esta legislatura. Su labor no empieza hace dos años y medio, sino que la mayoría ya llevan varios años en sus respectivos puestos, y lo que estamos viendo ahora es una acumulación de errores que en un momento determinado se precipitan en un hecho concreto de grandes dimensiones. De lo que estamos hablando es del fracaso de sus políticas. Lo hemos visto en el Plan General, en el Anillo Cultural, en las políticas sociales y de empleo, en la ejecución de los presupuestos, donde se incumple el 80% del capítulo de inversiones, en la opacidad de las sociedades municipales, etcétera.

Hemos pedido la dimisión de algunos concejales pero, por ejemplo, no se ha pedido la dimisión de otros que también están llevando una gestión lamentable, como puede ser el área de Medio Ambiente, donde hay constantes denuncias sobre las deficiencias del servicio de limpieza, por el que pagamos 17,5 millones de euros. O la situación en la que se encuentra la zona del litoral norte con la senda costera, que es un auténtico desastre. Tenemos una legislatura en la que el equipo de Gobierno va de error en error, de escándalo en escándalo, y creemos incluso que se podían haber pedido más dimisiones.

Con respecto a la concejala de Cultura, en el último Pleno se presentó una moción para reprobar su gestión del incendio en el MAS, pero durante la votación hubo varios concejales de la oposición que no estuvieron presentes. ¿Por qué?

El expediente está abierto y estábamos pendientes de varios documentos que habíamos pedido, como la respuesta de las empresas implicadas. Por lo tanto, entrar en un debate en profundidad sin tener toda la información, considerábamos que no era el momento adecuado para presentar esa propuesta. Ganemos la presentó sin hablar con nadie y todos estábamos de acuerdo con que la información era incompleta como para desarrollar un debate suficientemente amplio.

Pero sí se habían manifestado públicamente a favor de pedir su dimisión.  

Sí considerábamos que teníamos elementos suficientes para pedir el cese, pero una cosa es eso y otra celebrar un debate en el Pleno sobre el asunto en cuestión. Nos faltaba información y creíamos que ese no era el momento.

También está muy cuestionado el concejal de Movilidad por un proyecto muy concreto: el Metro-TUS. ¿Cuál es su opinión?

Nosotros ya matizamos una moción del PRC para pedir una paralización cautelar del proyecto, no definitiva, para que se redefiniera. No estamos en contra del Metro-TUS, pero sí consideramos que está mal ejecutado y no va a resolver en gran medida los problemas de movilidad que tiene Santander. Aunque sí creemos que tiene que haber una infraestructura de ese estilo.

Nos habría gustado que hubiera habido una mayor participación ciudadana y de los grupos de la oposición, como es la definición de las distintas líneas de transporte, la ubicación de los intercambiadores y sus características. Los datos que nos han dado respecto a los tiempos de ahorro entre los dos extremos de la línea principal no son lo suficientemente importantes para una inversión de esta magnitud.

Y otra de las cosas en la que hemos insistido es que las medidas de fomento del transporte público en una ciudad como Santander tienen que ser pensadas con una visión no introspectiva, sino hacia al exterior, en coordinación con los municipios colindantes. Hay mucha gente que se ha marchado de la ciudad, que vive en los municipios del entorno y que viene a trabajar. Entre otras cosas, lo que le falta al Metro-TUS es esa perspectiva.

En los últimos datos difundidos por el ICANE, Santander vuelve a perder población y se queda por debajo de los 172.000, igual que en los años 70. ¿Quién es el responsable y qué se puede hacer para revertir la situación?

El equipo de Gobierno tiene una gran responsabilidad. Ellos se defienden hablando de un contexto generalizado de pérdida de población con motivo de la crisis, pero si uno compara los datos de Santander con otras ciudades de otras comunidades de similar tamaño, comprobará que los datos de pérdida de población son mucho mayores.

Pero es que además es un problema que se viene dando desde el año 95. Hay una confluencia de dos factores fundamentales: la falta de empleo y el encarecimiento de la vivienda, e incluso hoy en día no se está trabajando de forma adecuada en ninguno de los dos temas. Que el plan municipal de empleo, que es el gran buque insignia, esté dotado con 140.000 euros al año nos parece una broma. Nosotros en la negociación de los presupuestos hemos propuesto dotarlo con 5 millones y todos los años se rechaza. No hay un compromiso del equipo de Gobierno con el empleo y eso se nota.

El PP alega que ha promovido decenas de promociones de VPO.  

Promocionan VPO como un eslogan político, pero en realidad las promociones de la Sociedad de Vivienda y Suelo en una ciudad donde hay 10.000 viviendas vacías, lo que hacen es contribuir a mantener el precio por encima de la regulación del mercado de la que siempre hablan ellos. Santander es la quinta o sexta capital de provincia con los precios de vivienda más altos de España. La Sociedad de Vivienda tiene alquileres sociales a razón de unos 400 euros en viviendas públicas y eso no es un alquiler social. Y con todo ello, se han rechazado todas las propuestas que nosotros hemos hecho, incluso algunas aprobadas en Pleno, como establecer cláusulas sociales en los contratos con las entidades bancarias para obligarlas a ceder hasta un 30% del parque de vivienda que tienen.

La alcaldesa ha despedido al auxiliar contratado por Ganemos por no acudir al Ayuntamiento en un año. ¿Se siente reafirmado en la denuncia que hizo sobre la extorsión de los dueños de esta marca política?

Evidentemente. El equipo de Gobierno es conocedor de esto desde el primer día, entre otras cosas porque estaban advertidos. La contratación de auxiliares es una de las vías que habitualmente utiliza Ganemos para recaudar dinero de los diferentes grupos municipales que tiene por el territorio.

¿Por qué se toma la decisión ahora?

Creo que una hay una estrategia de distanciamiento que no sé si es acordada entre el equipo de Gobierno y la concejala de Ganemos... Quieren escenificar una especie de confrontación que desde luego no hubo en el momento de mi expulsión. Siempre hemos defendido que hubo una connivencia para deshacerse de mí y de Santander Sí Puede porque era una oposición muy incómoda para el PP.

Nosotros ahora vamos a tener un juicio por la demanda con Ganemos y las posibilidades de que nos sea favorable está ahí y probablemente a ambas partes les conviene escenificar una confrontación que resulta bastante artificial y bastante insustancial. Si fuese una reacción seria del equipo de Gobierno, supongo que ya tendría que haber ido a los tribunales a reclamar el dinero de ese auxiliar.  

¿Conoce personalmente a Francisco Seguido?

No. No he conocido personalmente a ningún miembro de Ganemos. Solo hablé por teléfono una vez con Julià de Fabián.

Cora Vielva y David González abandonaron este verano Ciudadanos y parece que ahora siguen caminos distintos en su línea política. ¿Cómo lo interpreta?

Lo interpreto igual que en el caso de Ganemos, es una escenificación pura y dura. Al PP le vale con el apoyo de un concejal y ese rol lo está asumiendo González, probablemente, porque está más quemado al haber sido el portavoz de Cs y al haber llevado el peso de ese apoyo inquebrantable y bastante desvergonzado al equipo de Gobierno, sobre todo porque nunca da explicaciones de su postura.

Y la posición de la señora Vielva no hay más que hacer un seguimiento de su actividad política hasta el momento de su salida de Cs y la posterior. Es la incoherencia personificada. No hay ningún trazo de sinceridad en su actuación porque sabe que es intrascendente.

¿Se ha resentido la oposición que he llevado a cabo Santander Sí Puede desde el comienzo de la legislatura? ¿Qué balance hace de su propia actividad?

Creo que la labor que hemos hecho en estos dos años y medio es muy positiva. No puedo decir si se ha resentido o no porque no soy capaz de ver cómo podría haber sido posible con todos los recursos a nuestra disposición. Creo que hemos hecho una oposición bastante reconocible y bastante importante al equipo de Gobierno dentro de nuestras limitaciones. También creo que de alguna manera hemos arrastrado a quienes ya estaban a hacer una oposición más fuerte, más agresiva. Santander Sí Puede ha roto en varias ocasiones la agenda política que tenía el PP durante las últimas legislaturas en las que les resultaba bastante cómodo el día a día.

El deterioro de la imagen del PP se puede percibir en el hecho de que han iniciado la campaña electoral prácticamente un año y medio antes de las elecciones. Sin embargo, no son capaces de desarrollar ninguna iniciativa política que ponga solución a los problemas de los que hemos estado hablando antes.

Las elecciones se acercan. ¿Tiene intención de repetir como candidato a la Alcaldía?

Es una decisión que no tengo tomada de manera definitiva. Somos varias formaciones políticas las que compartimos un mismo espacio y antes de hablar de nombres necesitamos saber qué proyecto político podemos configurar…

Habla de formar una confluencia.

Sí. La alternativa política que podemos llegar a desarrollar por un lado Santander Sí Puede y si es posible en confluencia con otras formaciones políticas es de tal magnitud que hablar ahora mismo de nombres se me antoja muy apresurado.

¿Con Podemos e IU?

Puede ser, pero no solamente con partidos políticos. La confluencia más importante tiene que darse en lo social, en la base. También creemos que la experiencia que estamos teniendo en el Ayuntamiento de Santander marca un antes y un después. Hasta ahora, cuando se hablaba de un proyecto común siempre se hacía desde posiciones que estaban fuera de las instituciones; ahora llevamos dos años y medio dentro, sabemos cómo funciona y qué necesidades tiene que tener un proyecto común.

El Ayuntamiento de Santander está viviendo una legislatura extremadamente convulsa, siempre rodeada de polémica, que deja situaciones que rozan el surrealismo casi cada semana. La última, el despido del trabajador auxiliar del grupo municipal de Ganemos, Francisco Seguido Sánchez, con residencia en Toledo y que no ha acudido a su puesto de trabajo ni un solo día desde que fue nombrado en el mes de enero, lo que ha destapado un presunto desvío de fondos públicos.

Y es que tal y como adelantó en exclusiva eldiario.es en junio de 2016, una decena de cargos electos y concejales en todo el país estaban sufriendo lo que tachaban de “prácticas mafiosas y chantajistas”, señalando directamente hacia el propietario de esta marca electoral, Julià de Fabián, como responsable de una “red de extorsión” para financiar irregularmente a este partido 'fantasma' a través de “testaferros” y “hombres de paja” a los que se contrataba en las instituciones, un modus operandi muy similar al destapado ahora en el Ayuntamiento de Santander.

La situación no era un hecho puntual, sino que se repitió de forma casi idéntica -y con los mismos nombres implicados- por todo el territorio, con casos semejantes en municipios de Madrid, Cataluña, País Vasco, Cantabria, Castilla La Mancha o La Rioja. De hecho, la inmensa mayoría de los ediles que levantaron la voz o no acataron las órdenes fueron expulsados mediante expedientes disciplinarios por no aceptar lo que consideraban “amenazas y extorsiones” de la cúpula del partido.

“Ganemos es una empresa política, una organización donde los objetivos económicos están por encima de cualquier otra cosa”. Así de contundente se expresaba entonces el concejal de Santander Antonio Mantecón, que en abril de 2016 fue expulsado de la estructura de esta formación política concebida como un partido instrumental mediante el que numerosas plataformas ciudadanas en toda España salvaron los escollos impuestos por el Ministerio del Interior para presentarse a las elecciones municipales de 2015.

Mantecón, que ahora ejerce como edil no adscrito después de ser apartado del grupo municipal del que fue cabeza de lista y portavoz desde el inicio de la legislatura, ha denunciado de forma insistente, tanto en la opinión pública como en los tribunales, que su situación dentro del Ayuntamiento se debe única y exclusivamente a “una represalia”, y ha acusado también a su excompañera Tatiana Yáñez de actuar en “connivencia” con Julià de Fabián para beneficiarse económicamente.

Contratación bajo sospecha

Esta concejala, que ahora integra en solitario el grupo municipal de Ganemos en Santander y con una trayectoria casi nula en la actividad política de la ciudad en los dos años y medio que lleva en el Consistorio, fue la que decidió la contratación de este auxiliar que ha cesado directamente la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial de Cantabria y que adelantó este miércoles El Diario Montañés. 

Francisco Seguido fue nombrado el 18 de noviembre de 2016, y dicha designación fue publicada el 27 de enero de 2017, tomando posesión del cargo de auxiliar en el mismo mes de enero con un salario de 8.632,74 euros brutos, una cantidad que podría tener que devolver al constatarse que no ha ejercido sus funciones en todo este tiempo. 

Según aclaran desde el Consistorio, los auxiliares -aunque son cargos de confianza de los concejales y no tienen un contrato laboral como tal- tienen una serie de obligaciones inherentes a su cargo. Entre ellas está la de presentarse en su puesto y ejercer sus funciones en el despacho del grupo municipal, en este caso de Ganemos. Sin embargo, el recién cesado nunca ha aparecido por allí, según todas las fuentes consultadas. De hecho, Francisco Seguido tiene su domicilio en la ciudad de Toledo, a casi 500 kilómetros de su supuesto lugar de trabajo.

Devolución del dinero

Antonio Mantecón, excompañero de Yáñez en el grupo municipal, ha cuestionado en declaraciones a este diario cómo es posible que el Ayuntamiento haya esperado todo un año para cesar al auxiliar a pesar de que sabían que no estaba trabajando y que no ha respondido a ninguno de los requerimientos que se han trasladado desde el Consistorio.

Para el concejal no adscrito, representante del partido municipalista Santander Sí Puede, “la única explicación es que había un pacto bajo cuerda para hacer la vista gorda, pero todo tiene un límite, y un año sin pisar el Ayuntamiento era demasiado”. “La otra opción era una negligencia absoluta y no es posible porque era de dominio público la situación del auxiliar toledano”, ha subrayado.

Para Mantecón, “ahora lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es obligar a que Ganemos o el propio auxiliar devuelvan el dinero cobrado indebidamente”. Según el edil, “se trata de dinero público desviado que debe volver a las arcas de la ciudad. De otra forma, estaríamos permitiendo una ilegalidad”, ha considerado.

Mantecón cree que “podría existir una posible financiación irregular de Ganemos y el Ayuntamiento debería responder sobre el o los titulares de las cuentas donde se ingresaba el salario del auxiliar”, por lo que el concejal entiende que lo más adecuado sería que “el Ayuntamiento se persone como acusación contra el auxiliar, la concejal Tatiana Yáñez y el propio partido Ganemos para que aclaren en sede judicial todas estas cuestiones”.

Mentiras y manipulaciones

Yáñez, que vuelve a estar bajo sospecha de haber colaborado con esta situación y de haber propiciado la expulsión de Mantecón aceptando las condiciones que le imponían desde Ganemos, no atiende habitualmente a la prensa, pero en este caso sí ha querido posicionarse y ha asegurado que “todo es falso o contextualmente falso”, aunque preguntada por si su auxiliar ha estado físicamente desempeñando su trabajo en el Ayuntamiento ha dicho que no puede dar “ese dato concreto”, del que hablará “dónde se tenga que abordar esta situación”.

Además, la portavoz del grupo municipal de Ganemos en Santander ha tachado de “falsos” los motivos aducidos por la alcaldesa y el  equipo de Gobierno del PP para despedir a su auxiliar, que ha defendido que “ha cumplido escrupulosamente” con la labor que le corresponde por ley. “Es una estrategia política de la alcaldesa para atacar a su principal oponente político”, ha llegado a decir, a pesar de que a lo largo de la legislatura ha apuntalado en varias ocasiones la minoría que los populares tienen en el pleno.

El pasado jueves amanecíamos con la publicación de los datos del estudio elaborado por el ICANE advirtiendo de la dramática caída de población que en los próximos veinte años sufrirá Cantabria y por supuesto su capital, Santander. Las previsiones para nuestra ciudad, aproximadamente unos 150.000 habitantes para 2037, no son más que el resultado de una dinámica en la cual llevamos ya casi una década instalados. De hecho, nos acercaríamos a cifras poblacionales nunca vistas desde la década de los 70 del pasado siglo. Tendencia cuyas consecuencias han sido en múltiples ocasiones denunciadas por Santander Sí Puede, y otras tantas veces negadas por el equipo de gobierno del Partido Popular tildándonos de alarmistas irresponsables. Suponemos que tendrán la misma opinión sobre el ICANE.

Por otra parte, a primeros de noviembre, el Instituto para la Cooperación y el Desarrollo (ISCOD) de UGT publicaba 'La guía de acción de ISCOD-UGT, 'Trabajo decente y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)' en la que alertaba del aumento significativo del riesgo de exclusión social y de pobreza que había experimentado tanto Cantabria, como su capital que ya en 2015 acumulaba un porcentaje de población en riesgo de exclusión social cercano al 30%. Situación que también hemos denunciado en reiteradas ocasiones con la consabida respuesta por parte del Partido Popular.

Durante todos estos años el Proyecto de Presupuestos del Ayuntamiento de Santander ha ignorado esta realidad, confiriendo un papel irrelevante a las políticas sociales, las de estímulo del empleo o las de vivienda, entre otras. Precisamente aquellas áreas que, aplicadas las medidas adecuadas, habrían frenado hace tiempo la pérdida de población y el aumento de la pobreza.

No solamente las partidas y las iniciativas han sido insuficientes, sino que en la mayoría de los casos han sido ejecutadas solo de manera parcial o directamente se les han “olvidado”. En este mismo año tenemos que, a día de hoy, en partidas tan importantes como la de “Gastos para menores en exclusión social'”-con presupuesto total de 241.000- solo han ejecutado 32.980 euros, o lo que es lo mismo, un 13,6% de lo previsto. Circunstancia que se repite en apartados tan significativos como los “Programas sociales de Centros de Acogida”, “Gastos para el menor” o “Gastos para la tercera edad”, que apenas superan el 40% y el 25% de ejecución. La lista de incumplimientos es interminable

Capítulo aparte merecen las inversiones para fomento del empleo. Agárrense: “Programa Erasmus emprendedores” con 106.000 euros presupuestados y 0 ejecutados, el “Taller de empleo Santander avanza” con 42.577 euros presupuestados y 491 ejecutados, el “Proyecto construcción Centro de Iniciativas empresariales” con 50.000 euros proyectados y 0 ejecutados, la “Escuela Taller Nuevas Tecnologías II” con 89.000 euros presupuestados y 0 ejecutados, el “Taller de empleo Avanza” con 270.000 euros presupuestados 0 ejecutados….¿Cómo se han quedado?

Pero vamos con las inversiones reales, ese capítulo que resulta incumplido año tras año en un 70 u 80 %. De hecho, a día de hoy, de lo previsto para este año no se ha ejecutado ni un solo euro del presupuesto para proyectos como la Integración de Espacios Portuarios, la Regeneración urbana de la Ladera Sur de General Dávila, el Plan de mejora urbana de los barrios Cueto, Monte, San Román y Peñacastillo, la Integración de Espacios Ferroviarios, la Fase I de la Renovación urbana del Cabildo de Arriba -ni por supuesto de la Fase II-, la Urbanización de San Martín del Pino, la Fase I de la rehabilitación del Barrio Pesquero, o las obras consignadas al Presupuesto Participativo de 2017, entre un largo etcétera de promesas incumplidas. Inversiones cuyo montante irá a parar al remanente de tesorería acumulado para el ejercicio siguiente, cuyo destino principal, legalmente establecido y por lo tanto obligatorio, será el pago de la deuda bancaria. Por eso no se ejecutan estas partidas. Ahí está el quid de la cuestión. Si presupuestamos y no ejecutamos, si prometemos y no cumplimos, todo ese dinero que no va a parar donde realmente debería solo sirve para amortizar deuda. Gana la banca, como siempre.

Por supuesto, los presupuestos para 2018 no son ni serán una excepción a esta norma. Con las mismas bases de ejecución, las mismas partidas con idénticas cuantías y los mismos gestores, su ineficacia, además de su incumplimiento, están más que garantizados. Quizás porque la alcaldesa Igual y su equipo viven asentados en la placidez que les supone el saber que sus iniciativas contarán con el apoyo seguro de dos concejales, los ex de Ciudadanos, que en ningún momento han demostrado aptitud ni merecimiento para ocupar los puestos que ocupan.

Durante la presente legislatura han sido rechazadas cuantas propuestas a los presupuestos hemos formulado para fortalecer las políticas de empleo, los servicios sociales, los servicios públicos de limpieza, los de abastecimientos, las políticas de vivienda, educación, transporte público y movilidad, etc.

Escudados siempre en que muchas de estas áreas son competencias de otras administraciones, la alcaldesa Igual y sus compañeros no quieren asumir que la voluntad política y la responsabilidad ni entienden ni son cuestión de competencias, sino de valores éticos, de empatía y de sensibilidad hacia las necesidades de aquellos cuyo bienestar depende de la iniciativa de políticos que son elegidos para servirles y resolver sus problemas.

Y por supuesto en Santander Si Puede sabemos que, al margen de excusas, hay capacidad suficiente de actuación dentro de las competencias municipales. Razón por la cual hemos decidido presentar enmiendas por valor de más de veinte millones de euros a los presupuestos de 2018 dirigidas precisamente a atacar los tres pilares básicos de las dinámicas de decadencia que lastran nuestra ciudad: empleo, lucha contra la exclusión social y la pobreza, y mejora del acceso a la vivienda. 

Volvemos a poner encima de la mesa presupuestaria un Plan de Empleo Municipal que, con el ayuntamiento como contratante de último recurso, consiga generar trabajo para unos dos mil desempleados, centrándonos en la franja más desfavorecida: los parados de larga duración. Creemos que merecen una dotación económica acorde a la magnitud del objetivo, como son los cinco millones de euros que proponemos destinar a sufragar la iniciativa.

También proponemos ayudas directas complementarias a la Renta Básica para parados de larga duración (alrededor de 8000 en nuestra ciudad) por valor de ocho millones de euros, y que constituyen el grueso de la lucha contra el riesgo de exclusión social que afecta a un 30% de nuestros vecinos. Una medida que se suma a una batería de propuestas de ayudas para suministros, alimentación, vivienda, contra la pobreza energética, etc…O la creación de un Parque Público de Vivienda en régimen de alquiler social. Todo por valor unos tres millones de euros. Medidas presupuestarias que representan, en definitiva, una forma mucho más humana y sensible de gestionar la ciudad de Santander y que, a buen seguro, serán rechazadas por el Partido Popular.

El equipo de gobierno del ayuntamiento de Santander es a día de hoy lo más parecido a un equipo de liquidadores de empresas dispuestos a ponerle precio hasta a las farolas del Paseo Pereda, mientras conceden carta blanca a sus socios, amigos, empresarios y promotores afines, mediante decisiones políticas “ad hoc” para estrujar al máximo la ubre seca en la que han convertido nuestra querida ciudad.

En Santander Si Puede hace tiempo que sabemos que la que libramos en el ayuntamiento de Santander es una batalla política en la que nos jugamos mucho más que la posibilidad de poner en práctica visiones distintas de lo que implica la gestión municipal. Lo que nos jugamos es el futuro de nuestra ciudad, con toda la carga de dramatismo y trascendencia que eso implica en cada una de las decisiones que tomamos.

Los presupuestos del Partido Popular son el reflejo de sus políticas y estas no son sino un arma de destrucción masiva contra el bienestar social presente y futuro de todos nosotros. ¿Estaremos dispuestos a cambiar eso?

Santander Sí Puede ha preparado una moción para su debate en el próximo pleno ordinario en la que pide la reprobación pública del jefe de Cultura del Ayuntamiento de la capital cántabra, Enrique Álvarez, por sus declaraciones contra el Islam. La formación que encabeza el edil Antonio Mantecón también instará al Consistorio a la apertura inmediata de un expediente disciplinario por “falta muy grave” y que sea apartado cautelarmente de su cargo hasta que este sea resuelta.

El texto de la iniciativa, consultado por eldiario.es, contrapone la actitud de la mayoría “negándose a culpabilizar o responsabilizar en lo más mínimo a la comunidad musulmana española”, frente a una minoría que “ha aprovechado la barbarie producto del fanatismo de unos pocos para sembrar el odio en nuestra sociedad hacia un colectivo que es víctima mayoritariamente del propio terrorismo yihadista”.

En ese contexto, encuadran el artículo de opinión firmado por Enrique Álvarez y publicado en El Diario Montañés, que califica el Islam como una religión “mala y perversa” porque “niega la cualidad esencial de Dios, el Amor” y la responsabiliza de haber traído al mundo “desde el minuto uno hasta el día de hoy, un sinfín de guerras, de odios y de divisiones irreconciliables”.

De igual forma, el jefe de Cultura del Ayuntamiento santanderino cree que “es tremendamente insensato reaccionar ante el terrorismo yihadista favoreciendo al Islam moderado en nuestras sociedades”, al tiempo que urge a “restaurar la religión de Cristo y limitar al máximo la de Mahoma” porque, de lo contrario, “habrán derramado inútilmente su sangre”.

Al igual que han expresado otros partidos, como el PSOE, y distintas asociaciones, como Pasaje Seguro o Libres, para Santander Sí Puede estas afirmaciones son “inadmisibles” e incluso “vulneran los límites de la libertad de expresión y podrían ser constitutivos de un delito de odio”.

En este sentido, en la moción el partido municipalista hace referencia al Código Penal, así como al código de conducta del empleado público, que en su artículo 53, titulado 'Principios Éticos', dice que la conducta de los funcionarios “se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Así, en base a este régimen disciplinario, Santander Sí Puede sostiene que las manifestaciones del jefe de Cultura pueden considerarse como una “falta muy grave”, que “podrá ser sancionada con la separación del servicio del funcionario en cuestión”.

Tras subrayar que “una administración pública debe actuar con decisión y sin contemplaciones en la erradicación de cualquier actitud racista, xenófoba, excluyente o discriminatoria en nuestra sociedad, y en particular si se da en el propio seno de dichas administraciones”, Santander Sí Puede defiende que el equipo de Gobierno que encabeza Gema Igual (PP) “debe actuar de manera inmediata”.

Por todo ello, piden que el pleno repruebe públicamente al jefe de Servicio de Cultura y que se proceda a la apertura inmediata de un expediente disciplinario por falta muy grave, apartando cautelarmente de su cargo al funcionario en cuestión.

También demandan que Álvarez se retracte públicamente en el mismo medio de las opiniones y valoraciones efectuadas en el mencionado artículo en el plazo máximo de siete días, y que haga lo propio Gema Igual por mostrar su “máximo respeto” a tales manifestaciones.

De la Serna guarda silencio

Quien no ha querido pronunciarse públicamente sobre la polémica ha sido el ministro y exalcalde de Santander hasta hace menos de un año, Íñigo de la Serna, quien ha desestimado valorar las afirmaciones de Álvarez pese a las preguntas de los periodistas. “Yo no valoro. Esta es una cuestión que ya ha contestado la alcaldesa de Santander y por tanto a sus palabras me remito”, ha zanjado el titular de Fomento.

Segundos antes, Gema Igual había evitado nuevamente reprobar las declaraciones de Álvarez, que no comparte pero sí respeta, según ha manifestado. Así, la alcaldesa ha insistido en que “respeta” las opiniones de este funcionario público “y la de cualquiera” porque “cree en la libertad de expresión”.

Código de buenas prácticas

Por otro lado, Santander Sí Puede incide en la responsabilidad de los medios de comunicación en este tipo de cuestiones y por ello también demanda “suspender en el futuro cualquier colaboración económica del tipo que sea, por ejemplo pago por soporte de publicidad institucional, con cualquier medio de comunicación local que difunda, en el formato que sea, contenidos de corte xenófobo, racista, homófobo o que fomenten el odio, el desprecio, la estigmatización y escarnio público contra cualquier colectivo, por cuestiones de religión, raza, condición sexual o de otras índoles”.

Igualmente, considerar oportuno elaborar un código de buenas prácticas junto a la Asociación de Prensa de Cantabria para que sea utilizado por los profesionales y medios de este ámbito a la hora de abordar y tratar informaciones o artículos de opinión que por su temática pudieran estar dotados de un carácter discriminatorio.

El PP de Santander no se apoyará en los dos concejales tránsfugas de Ciudadanos, David González y Cora Vielva, para continuar gobernando en la capital cántabra, donde no cuenta con mayoría, y “solo” negociará con los grupos municipales. Así lo ha asegurado este lunes la alcaldesa, Gema Igual, durante la celebración de un Pleno extraordinario en el que se ha aprobado la nueva composición de las comisiones informativas, que por primera vez en la historia de la ciudad contarán con voto ponderado.

La estrepitosa salida de la formación naranja de los dos ediles, enfrentados con la nueva dirección autonómica del partido que encabeza Félix Álvarez, 'Felisuco', ha obligado a la Corporación municipal a modificar la composición de las comisiones, un cambio que no ha estado exento de polémica, y que ha abierto una incógnita sobre la gobernabilidad en Santander. Hasta ahora, el PP se ha servido de los exconcejales de Ciudadanos para salvar su minoría y ha logrado gobernar sin mayores dificultades pese al batacazo electoral de 2015.

Sin embargo, los graves problemas internos en el partido de Albert Rivera, que también han conllevado la salida del diputado Juan Ramón Carrancio, dejan a los populares sin su más firme y único apoyo. Tanto el nuevo líder de Ciudadanos, como el resto de partidos de la oposición, habían reclamado a la regidora municipal que no continuara apoyándose en los concejales tránsfugas, una petición que en un primer momento parecía caer en saco roto y que ahora parece que se hará efectiva.

“No vamos a negociar ni a sentarnos con concejales no adscritos”, ha afirmado tajante Igual ante la insistencia de la oposición por conocer los planes del equipo de Gobierno. “¿Que qué vamos a hacer? Pues gobernar con 13 concejales y con un programa electoral que estamos llevando a cabo”, ha respondido la alcaldesa, que ha destacado la “unidad” de su partido en Santander -cosa que no sucede a nivel autonómico-.

Esta idea ya la había adelantado minutos antes el primer teniente de alcalde y concejal de Obras, César Díaz, quien durante el debate ha mantenido un duro cruce de reproches con el otro concejal no adscrito de la Corporación, Antonio Mantecón, quien a comienzos de la legislatura fue expulsado de Ganemos por, según su versión, negarse a desviar fondos del grupo municipal al propietario de la marca, el catalán Julià de Fabián.

Y es que el Pleno extraordinario celebrado este lunes se produce tan solo cinco días después de otra sesión extraordinaria en la que se aprobó, con los votos del PP y de los dos exconcejales de Ciudadanos, una nueva organización municipal que excluía a uno de los tres ediles no adscritos. Dicho acuerdo, propuesto por el equipo de Gobierno en base a un informe del secretario municipal, instaba a los tres concejales que no tienen grupo político a acordar en el plazo de tres días el reparto de las comisiones, lo que dejaba en desventaja a Mantecón frente a los antiguos ediles de la formación naranja.

Aquella medida vulneraba la doctrina del Tribunal Constitucional, que garantiza el derecho de los concejales no adscritos a acudir a las comisiones, según denunció Mantecón, que consideró la propuesta como una “nueva cacicada del equipo de Gobierno y de sus aliados” y que amenazó con impugnar el acuerdo por ser una “prevaricación de libro”.

En el turno de réplica, Díaz ha acusado a este edil de decir “auténticas barbaridades” y le ha reprochado que atacara al secretario del Ayuntamiento por un supuesto caso de “prevaricación”, a lo que Mantecón, que ya había gastado sus dos turnos de palabra, ha respondido que “el delito sería cometido en tal caso por ustedes” -en alusión al equipo de Gobierno-.

“El problema es que mienten más que hablan. No se saben el Reglamento”, ha denunciado el portavoz de Santander Sí Puede mientras la alcaldesa le llamaba insistentemente al orden y el primer teniente de alcalde le reprendía por no respetar “nada” y cuestionaba su condición de no adscrito. “¡Solo se representa a sí mismo!”, ha exclamado Díaz en varias ocasiones.

“Rectificar es de sabios”

Así, el equipo de Gobierno y los dos exconcejales de Ciudadanos han tenido que escuchar durante el Pleno un chorreo de críticas por tener que rectificar “conscientes” del “tremendo error” que habían cometido y de la situación de “bloqueo” a la que abocaban al Consistorio.

El exportavoz de C's, que no intervino en la anterior sesión plenaria, ha justificado su apoyo subrayando que la propuesta estaba avalada por el informe del secretario y ha pedido a su homólogo del PSOE, Pedro Casares, que pida o “disculpas” o la dimisión de la alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio (PSOE), que también gobierna en minoría y que ha contado puntualmente con el respaldo de otros concejales no adscritos.

“Rectificar es de sabios”, ha espetado por su parte el concejal de IU, Miguel Saro, quien se ha preguntado qué buscaban los dos exconcejales de C's para aprobar una medida que “limita sus derechos fundamentales”. “Me gustaría saber qué sacan de todo esto”, ha esgrimido Saro alimentando las suspicacias sobre un pacto oculto entre los populares y González y Vielva.

En esta misma línea, el líder del PRC, José María Fuentes Pila, ha lamentado la “deriva” del Pleno y ha mostrado su deseo de que “el tiempo ponga a cada uno en su sitio en el horizonte de 2019”, año en que habrá nuevas elecciones municipales y autonómicas.

Por su parte, Pedro Casares ha señalado que el nuevo Pleno extraordinario es consecuencia de la forma de trabajar “prepotente” del PP y ha subrayado que “si hubieran tratado de buscar un acuerdo, no tendrían que rectificar lo bochornoso del anterior Pleno”. “En cualquier caso, bienvenida la rectificación”, ha terminado el portavoz del PSOE, que ha sido muy crítico con los exediles de C's, a quienes ha reprochado que “manchen” el nombre del Ayuntamiento no entregando su acta.

Mantecón, siguiendo la descripción que le aplicó a él el exalcalde y ahora ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha considerado a González y Vielva como “súpertránsfugas” y ha denunciado la “prepotencia, soberbia e incapacidad de diálogo” de los populares. Desde el equipo de Gobierno, Díaz ha reconocido que la nueva propuesta busca evitar una “posible” sentencia en contra “con no se sabe qué consecuencias” y pretende traer la “máxima normalidad” a la Corporación.

“Patada al Pacto Antitransfuguismo”

Tras el acuerdo de este lunes, las comisiones continuarán compuestas por 15 miembros: 6 concejales del grupo popular (anteriormente eran 7), 2 concejales del grupo socialista, 2 concejales del grupo regionalista, 1 concejal del grupo Ganemos, 1 concejal del grupo Mixto y 3 concejales no adscritos (en lugar de 2).

Se establece también un voto ponderado, de tal manera que cada voto de un concejal no adscrito tendrá un valor de 1, lo mismo que el del grupo mixto (compuesto por un concejal de Izquierda Unida) y el de Ganemos (compuesto por un concejal). Por su parte, cada uno de los votos de los concejales del PRC tendrá un valor de 2, cada uno de los del PSOE un valor de 5/2 (2,5) y cada uno de los del PP un valor de 13/6 (2,17).

La propuesta ha salido adelante con el voto a favor de todos a excepción de la representante de Ganemos, Tatiana Yánez-Barnuevo, que ha sido la única que no ha intervenido en la sesión y que, además, ha votado en contra. Según ha explicado al término del Pleno a los medios, ha declinado hacer uso de la palabra al considerar que no hacía falta, toda vez -ha dicho- que en su formación es la “única” que ha sido “coherente” y que ha mantenido “la misma postura” ante concejales no adscritos, mientras otros “mienten y cambian de criterio”.

En su opinión, el nuevo Pleno viene a “parchear” otro anterior, que fue “vergonzoso”, en el que se dio una “patada” al Pacto Antitransfuguismo, que es “la antesala de la corrupción”. Además, a su juicio, el Ayuntamiento se ha convertido en la “barra de un bar”, donde el apoyo de los adscritos -o tránsfugas- se usa en función de “si caen bien o mal”, ha dicho. Y sobre una posible alianza con el equipo de Gobierno ha apuntado que “siempre estamos dispuestos a dialogar” pero “si siguen con las mismas políticas desde luego que no llegaremos a acuerdos”.

El PP de Santander da marcha atrás y rectifica una polémica propuesta para la reorganización municipal que aprobó con el apoyo de los dos concejales tránsfugas de Ciudadanos en un pleno extraordinario celebrado hace tan solo dos días, ante la amenaza inminente de una denuncia por prevaricación contra todo el equipo de Gobierno liderado por la alcaldesa, Gema Igual, y que tenía muchas papeletas de salir adelante dados los antecedentes jurídicos.

“Queremos evitar una posible impugnación que paralice el Ayuntamiento y tenga consecuencias retroactivas imprevisibles”, aseguran desde el Consistorio, que asume de esta forma su equivocación. Simultáneamente, el equipo de Gobierno convoca de nuevo un pleno extraordinario y urgente para este próximo lunes 17 de julio con el objetivo de modificar el acuerdo que excluía a concejales no adscritos de comisiones informativas.

El representante de Santander Sí Puede y tercer concejal de la Corporación sin adscripción a ningún grupo tras su expulsión de Ganemos, Antonio Mantecón, había amenazado con una posible impugnación y la presentación de un recurso contencioso-administrativo nada más aprobarse el nuevo reglamento.

Y es que Mantecón explicó en el pleno que la fórmula aprobada era “un desastre que no tiene ningún soporte jurídico” y que, a su juicio, “se pasa por el arco del triunfo la doctrina del Tribunal Constitucional” sobre el derecho de los ediles no adscritos a estar en todas las comisiones para disponer de la información necesaria para realizar su tarea de oposición.

“Es una prevaricación de libro”, aseguró entonces Mantecón, que denunció que la decisión era “una nueva cacicada del equipo de Gobierno y de sus aliados, conculcando varios preceptos constitucionales”, motivo que le llevó a estudiar las posibles acciones jurídicas que podría poner en marcha para defenderse.

Voto ponderado

Esta nueva propuesta deja sin efecto la aprobada por el PP y los dos tránsfugas de C's y establece el voto ponderado para respetar la proporcionalidad, al tiempo que mantiene la denominación y funciones de las comisiones y el número de concejales que formarán parte de las mismas, que seguirá siendo de 15, solo que con otro reparto.

Según el nuevo texto propuesto, en las comisiones habrá seis concejales del PP (anteriormente eran siete), dos concejales del PSOE, dos concejales del PRC, un concejal de Ganemos, un concejal del Grupo Mixto (integrado únicamente por Izquierda Unida) y tres concejales no adscritos (en lugar de dos como se aprobó en el último pleno extraordinario).

Además, se establecerá un voto ponderado, de tal manera que cada voto de un concejal no adscrito tendrá un valor de 1, lo mismo que el del Grupo Mixto y el de Ganemos. Por su parte, cada uno de los votos de los concejales del PRC tendrá un valor de 2, cada uno de los del PSOE un valor de 5/2 (2,5) y cada uno de los del PP un valor de 13/6 (2,17).

El equipo de Gobierno, que se agarró a un informe del secretario municipal para defender la anterior propuesta, que requería que los tres concejales no adscritos se pusieran de acuerdo para repartirse su presencia en las comisiones (en vez de estar representados en todas, como ocurrirá ahora) o de lo contrario se realizaría un sorteo, utiliza ahora un nuevo informe para avalar el voto ponderado.

“Al tener los concejales no adscritos derecho a participar en todas las comisiones informativas resulta necesario, en ausencia de normas legales o reglamentarias, cual es el caso, establecer pautas que conlleven a la materialización de ese derecho en la forma apuntada en los tribunales”, reconoce el informe elaborado por el secretario municipal, José María Menéndez.

Inseguridad gravísima

Antonio Mantecón, principal afectado y el edil que había plantado batalla al equipo de Gobierno, ha adelantado a eldiario.es que apoyará la propuesta que se debate este lunes. “La imposición del Partido Popular había llevado a este Ayuntamiento a una situación de inseguridad jurídica gravísima. Nosotros teníamos que velar por nuestros derechos e íbamos a luchar contra un acuerdo que era claramente contrario a la doctrina del Tribunal Constitucional”, ha subrayado el concejal.

En esta línea, el concejal no adscrito ha exigido “una rectificación de la alcaldesa” y ha reclamado que Gema Igual “pida disculpas”, tanto a él como a todos los vecinos de la ciudad, por llevar a un pleno un texto que no cumplía las mínimas exigencias legales.

“Hubo muchas descalificaciones hacia mi persona por sostener lo que sostenía, cuando al final se nos está dando la razón, y hubo unas declaraciones especialmente graves, en las que dijo que ese era el acuerdo que los ciudadanos de Santander querían. Lo que estaba haciendo era parapetarse en una voluntad popular, que interpretaba ella misma, para defender un acuerdo que incumplía la ley, como se está demostrando”, ha concluido.

Santander Sí Puede, la formación que encabeza el concejal Antonio Mantecón, ha registrado este jueves una moción en la que insta al Ayuntamiento de la capital cántabra a adherirse a la conocida como 'querella Argentina' que investiga en el país sudamericano los crímenes del franquismo, así como a interponer una demanda en este mismo sentido en los juzgados de la ciudad.

En paralelo a esta iniciativa, el partido ha organizado para este viernes 17 de marzo una jornada que contará con la intervención del abogado Jacinto Lara, miembro de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), y de Jesús García Ibáñez, del colectivo Desmemoriados. Durante este acto, que se celebrará a partir de las 19.30 horas en el salón de plenos de CCOO, se visionará el documental 'Presos con causa' y se realizará una lectura de cartas de prisioneros.

Según recuerda Santander Sí Puede en la moción, que de debatirá el 6 de abril, la sublevación militar comandada por el general Francisco Franco Bahamonde en 1936 dio lugar al comienzo de una guerra civil en España y a una posterior dictadura con “una larga lista de delitos que aun hoy siguen impunes”.

En este contexto, realizan un completo repaso de los “atropellos” cometidos en Cantabria, albergando Santander por ejemplo el campo de concentración más grande -concretamente en la campa de La Magdalena-, “con una media de 15 presos ejecutados al día, llegando a casi un millar en total”.

También hacen mención a la Prisión Provincial, en la calle Alta, “donde se ejecutaba a los condenados mediante el garrote vil”; la prisión de La Tabacalera, donde se acaba de rendir homenaje a los represaliados o la prisión para mujeres de las escuelas públicas Ramón Pelayo, donde estuvo encarcelada Matilde Zapata.

Además recuerdan que los prisioneros, que estaban retenidos en unas condiciones penosas, se utilizaron para la construcción de la fábrica de Sniace, los Saltos del Nansa, el Embalse del Ebro, el Túnel de La Engaña, la reconstrucción de una zona devastada en Potes o el Puerto del Escudo. Y que el miedo a las represalias empujó a muchos vecinos de la ciudad al exilio.

“Ninguno de los responsables políticos y militares de esta cadena de esclavitud en nuestra región ha sido juzgado. Ni siquiera ha sido reprobado. La vergüenza de todo aquello no terminará hasta que los responsables de cerrar las heridas tomen el camino correcto: verdad, justicia y reparación”, sostienen.

Por ello, han presentado esta moción con el objetivo de “acabar con la impunidad que hasta ahora han tenido los responsables del genocidio franquista. ”Cuarenta años de violencia sistemática contra un sector de la población que con la instauración de la supuesta democracia en nuestro país nunca han visto resarcidos de ninguna forma todos los crímenes cometidos contra ellos“, destaca Susana Ruiz, coordinadora del Comité Ciudadano del partido municipalista.

Por su parte, Mantecón subraya que “las heridas no se pueden cerrar sino hay justicia que rapare los crímenes”. “Es un derecho fundamental que en nuestro país está siendo conculcado desde el inicio de la democracia”, denuncia.

Ley de Memoria Histórica y fosas comunes

La moción también insta al Gobierno de Cantabria a acelerar la elaboración de la Ley de Memoria Histórica autonómica, actualmente en fase de borrador, así como a actualizar convenientemente el mapa de fosas comunes en la comunidad autónoma.

“Es ya importante la lista de ayuntamientos y parlamentos que se han adherido a la 'querella Argentina' y a la 'Red de municipios por el acceso a la justicia de las víctimas del franquismo'. Nosotros queremos que Santander esté en esa lista. No solo en la de ciudades con más numero de calles que aún hoy homenajean a la dictadura fascista”, apostilla Susana Ruiz.

Entre los municipios que se han adherido a la querella figuran Pamplona, Zaragoza, Barcelona, Vitoria, A Coruña, Cádiz y Rivas, además de los parlamentos autonómicos de Andalucía, Catalunya, Euskadi y Asturias.

Antonio Mantecón (Santander, 1977) es ingeniero técnico industrial y uno de los fundadores de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander, además de encabezar en las últimas elecciones municipales la candidatura con la que la iniciativa ciudadana Santander Sí Puede concurrió a las urnas, después de un turbulento proceso en el que Podemos renunció a amparar listas bajo sus siglas cuando el partido morado estaba todavía en construcción. El resultado en esos comicios sorprendió incluso a los propios impulsores del movimiento, con la entrada de dos ediles en la nueva Corporación de Santander.

Desde entonces, Mantecón ha actuado como un referente político antagónico a lo que representaba el exalcalde de la ciudad y ahora ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (PP), con el que ha mantenido duros enfrentamientos verbales en su labor de oposición a lo largo de la legislatura, un cruce de declaraciones que ahora ha acabado en los tribunales después de que el edil no adscrito haya presentado una querella criminal por injurias y calumnias ante el Tribunal Supremo contra una de las caras más visibles del Gobierno de Mariano Rajoy, que insinuó que había intentado desviar fondos municipales para fines poco claros.

“En el fondo del trato que se nos dispensa lo que reside es un sentimiento de clasismo, de concepción de la política en la que a nosotros no se nos considera dignos de estar allí, como si la actividad política solo estuviera reservada a determinadas fuerzas, a determinados partidos o a determinadas clases. Ese es el rechazo que nosotros notamos. No es solamente un tema político, sino la sempiterna lucha de clases mostrada en su máxima expresión en el Ayuntamiento de Santander”, asegura.

¿Por qué ha tardado tanto en presentar la querella por injurias y calumnias que anunció hace meses contra el exalcalde de Santander?la querella por injurias y calumnias

En primer lugar, por el cambio de responsabilidades de Íñigo de la Serna. Al dejar el Ayuntamiento y convertirse en ministro de Fomento, pasó a estar aforado y eso nos obligó a tener que acudir ante el Tribunal Supremo. Estaban sus acusaciones, unas veces más claras, otras de forma más velada, de que yo había tenido intención o había intentado desviar dinero público a una cuenta que estaba a nombre de un compañero. Pero luego consideramos que también era constitutivo de un delito de injurias y calumnias su trato hacia mí como un tránsfuga. Aunque no hay un marco jurídico, sí hay un acuerdo entre partidos que define perfectamente el término. Creo que por su parte ha habido una intención difamatoria clara. Había que preparar muy bien la querella con las informaciones concretas, tirando de hemeroteca, con manifestaciones suyas que, desde nuestro punto de vista, reflejan la comisión de un delito por su parte. Ha habido que documentarlo todo y eso ha provocado un retraso.

¿Su aforamiento una vez que asumió responsabilidades en el Gobierno de España le hizo dudar sobre la posibilidad de presentar la querella?asumió responsabilidades en el Gobierno de España

No, en ningún momento. Ahí están las razones por las que presentamos la querella. Lo que está claro es que en el sustrato de todo esto, lo que hay es un posicionamiento político por parte del exalcalde y por parte del Partido Popular respecto a la formación a la que represento –Santander Sí Puede– basado primero en un sentimiento de superioridad. Esto es consecuencia de nuestra acción política. Se originan una serie de denuncias que nosotros empezamos a hacer dentro de nuestra labor de oposición en el Ayuntamiento que, en lugar de tener respuesta en este ámbito, como pueden ser las denuncias sobre la gestión de la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander, lo que tienen es esta otra respuesta. No se discuten las denuncias que nosotros hacemos, sino que se nos trata de perjudicar políticamente, atentando contra mi honor, vinculando mi nombre con conceptos como la corrupción o la mentira.

¿Qué influencia han tenido estos comportamientos?

Es un juego político muy sucio en el que lo que se pone en cuestión son nuestros valores, donde se nos intenta dejar a los pies de los caballos de cara a la opinión pública, aprovechando una mayor infraestructura, una mayor capacidad, como lógicamente tiene el Partido Popular y un equipo de Gobierno, con todos los recursos que eso supone. Tratan de debilitar nuestra acción política con este tipo de artimañas. Eso tiene un coste político, evidentemente, pero también tiene un coste personal, en nuestro trabajo, en nuestra vida privada. Hablo en plural porque también le ha pasado a otros compañeros que estaban trabajando conmigo en el Ayuntamiento. Al ser tan pequeños, al no tener tanta experiencia o tanta capacidad, al no ser profesionales de la política, todo esto tiene un impacto más significativo de lo que pueda tener para un señor que lleva 20 años viviendo de la política y tiene toda una infraestructura económica y de partido a su servicio. Y también, por qué no decirlo, con cierta mano en determinados medios de comunicación, que siempre están dispuestos a prestarle ayuda.

¿Se han sentido perseguidos por su papel dentro del Ayuntamiento de Santander?

Yo era una presa fácil, o eso pensaba el alcalde sobre mí. Por eso, la única respuesta que nosotros tenemos ante este atropello es denunciarlo. Esta querella es absolutamente necesaria para que los señores que actúan bajo estos patrones en el mundo de la política, que normalmente están vinculados a los grandes partidos y, sobre todo, al Partido Popular, no se crean que no van a tener una reacción. Ante estos ataques, te tienes que defender. De lo contrario, la mentira queda y tu vida personal se ve dañada. Independientemente de que Íñigo de la Serna siguiera siendo alcalde y fuera a un tribunal ordinario o, como pasa ahora, que tengo que recurrir al Supremo, yo tenía claro que la denuncia la iba a acabar poniendo. No queda otra opción para demostrar que sus acusaciones hacia mí son rotundamente falsas, y mi integridad y honradez quiero que queden fuera de toda duda. Luego, el recorrido que tenga en los tribunales ya lo veremos.

Decía que esos ataques por parte del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Santander han afectado más allá de su papel institucional y político. ¿Han tenido efectos en su vida privada?

Como digo, venimos de ámbitos personales en los que no se está acostumbrado a la política institucional y a lo duro y sucio que puede a llegar a ser en un momento determinado. Vivimos en una ciudad que, para lo bueno y para lo malo, la ciudadanía no se suele expresar con especial agresividad o entusiasmo frente a sus cargos públicos. Es cierto que yo no he recibido ningún tipo de reproche por la calle ni nada por el estilo. Al revés, he recibido apoyo. Pero sí es verdad que en el plano familiar, ver todos los días en los periódicos que la persona a la que quieres se la está acusando de cometer una serie de cosas que son totalmente falsas, al final afecta. Las consecuencias que eso pueden tener en el ámbito profesional están por ver. Por suerte, para mí no han tenido consecuencias, pero la tentativa está ahí.

Lo que queremos hacer es advertir que por nuestra parte no se van a permitir este tipo de prácticas. Quizás en otro contexto, en otro ambiente, en otra ciudad con otro tipo de comportamientos o pautas, podría haber tenido más consecuencias. En cualquier caso, la mala intención de este tipo de declaraciones públicas sería igualmente reprochable, independientemente de los efectos que hayan tenido. También creo que, cuando se desató toda esta campaña difamatoria, tuvimos una capacidad de respuesta que el PP no se esperaba. Respondimos y aclaramos muchas cosas. De no haber hecho ese esfuerzo, tal vez las consecuencias hubieran sido más graves.

Dieron respuesta a esos ataques públicos, pero consiguieron en parte su objetivo, porque se produjo una desestabilización en la fuerza política que representa, con una ruptura en el grupo municipal y dejándolo a usted como concejal no adscrito y sin prácticamente recursos para realizar su labor de oposición. ¿Cómo está trabajando ahora?una ruptura en el grupo municipal

Bueno, no se salieron del todo con la suya. Sí que hemos visto mermados nuestros recursos y nuestras posibilidades en cuanto a nuestro trabajo institucional dentro del Ayuntamiento de Santander después de que pasara a ser concejal no adscrito. Es mucho más difícil tener información, conseguir documentación, seguir el día a día, tener colaboración con los diferentes grupos municipales, tener un trato ordinario con los funcionarios para cualquier consulta… Eso es mucho más complicado y a nosotros nos supone un sobreesfuerzo. El hecho de estar litigando en los tribunales, de tener que estar defendiéndonos, haciendo comunicados para desmentir auténticas falsedades… eso también conlleva un tiempo y un esfuerzo. Nos hemos visto obligados a hacer un sobreesfuerzo para seguir manteniendo la línea política de propuestas a nivel institucional, pero creo que lo hemos conseguido. Evidentemente, tiene un coste personal.

Son muchas más horas, más esfuerzo, mucho menos tiempo para estar con nuestras familias. Además, no tenemos la experiencia política o la infraestructura que tienen otros, pero esa voluntad y esa fortaleza ideológica que nos caracteriza nos ha permitido seguir adelante. Ahora entramos en una fase a nivel organizativo y político un poco más interesante. Vamos a empezar realizar actos relacionados con las mociones que presentamos en el Ayuntamiento, tratamos de fortalecer nuestra presencia en la calle y nuestra relación con los colectivos sociales y llegaremos hasta donde podamos. Lógicamente, si no tuviéramos que luchar contra los elementos, contra todas estas circunstancias, podríamos destinar el 100% de nuestros esfuerzos solamente a la acción política. Creo que nos hemos sobrepuesto de forma bastante positiva.

No tenía experiencia en la vida institucional e insiste en lo sucia que es la política profesional. ¿Le ha sorprendido o contaba con ello cuando dio el paso hace más de dos años de embarcarse en un proyecto como el que representa?

No puedo decir que me estoy encontrando cosas que no esperaba. Quizás me sorprende la intensidad y la intransigencia. No solamente es un problema de defender modelos políticos o proyectos para la ciudad absolutamente distintos. No es solamente una cuestión de confrontación de ideas políticas. Nosotros en Santander nos enfrentamos -y llegados a este punto la palabra enfrentarse creo que es la adecuada- a una concepción elitista de la política. Es un equipo de Gobierno, es un partido, son unas tendencias políticas y sociales que llevan demasiado tiempo dominando esta ciudad.

En el fondo del trato que se nos dispensa lo que reside en todo esto es un sentimiento de clasismo, de concepción de la política en la que a nosotros no se nos considera dignos de estar allí, como si la actividad política solo estuviera reservada a determinadas fuerzas, a determinados partidos o a determinadas clases. Ese es el rechazo que nosotros notamos. No es solamente un tema político, sino la sempiterna lucha de clases mostrada en su máxima expresión en el Ayuntamiento de Santander. Para ellos no somos dignos, pero nosotros creemos que los que han demostrado no ser dignos para gobernar este Ayuntamiento son ellos, y que el poder debe residir en el pueblo, y que la política municipal debe ser mucho más democrática y participativa, y que a los vecinos hay que respetarlos y escucharlos, mientras que lo que se hace es silenciarlos e insultarlos. Como abanderamos exactamente lo contrario que el PP, no nos dan ningún cuartel, no nos respetan, no dialogan con nosotros y se nos trata de echar del Ayuntamiento de malas maneras, pero no lo vamos a permitir de ningún modo.

Cualquiera que haya seguido los plenos en el Ayuntamiento de Santander durante esta legislatura ha podido comprobar que el enfrentamiento que ha mantenido con el ahora ministro de Fomento era algo más que político. ¿El componente personal ha sido determinante en esta pugna?

Sí, puede ser. Habrá que preguntárselo también a él… Yo creo que De la Serna traslada su odio personal a las instituciones. En mi caso, no he cambiado con respecto a la persona que era fuera del Ayuntamiento. Yo inicio mi actividad política en los movimientos sociales, doy un paso hacia la política institucional y se abre otro mundo. No solamente no tenemos tal capacidad de metamorfosis como para actuar de una manera un día y de otra al día siguiente, tomándonos la política de una manera más institucionalizada, sino que además considero personalmente que esa transformación es perjudicial. Con lo cual, lo que nadie podía esperar es que ni yo ni cualquier otro representante de Santander Sí Puede llegase al Ayuntamiento y dijese lo que pensamos de una manera distinta de lo que se hace en la calle, siempre dentro de unos márgenes de respeto. ¿Cuál es el problema? Que en este Ayuntamiento estaban acostumbrados a una forma de oposición demasiado tibia, demasiado suave, que no ponía en cuestión el statu quo, que era una mayoría absoluta aplastante.

El equipo de Gobierno nunca ha tenido voluntad de escuchar a los santanderinos, y mucho menos a aquellos que eran reivindicativos, que cuestionaban su política, que cuestionaban sus posturas. Cuando nosotros hemos accedido al Ayuntamiento hemos ejercicio la oposición con una crítica bastante descarnada, pero era la que representaba a esa parte de la sociedad santanderina que nos había votado. Los mensajes no tienen por qué cambiar, por qué suavizarse, ni por qué dulcificarse. No tienen por qué compartir esos mensajes, pero tienen que respetar que lo digamos con una manera y un tono que nosotros creemos que representa a ese sentir, que nosotros vemos en una parte de la ciudad que el PP ha decidido olvidar hace tiempo por esa concepción clasista de la política. Siempre hay ese Santander que parece que no existe, ese Santander de trabajadores, ese Santander del extrarradio, ese Santander que en urbanismo sufre las consecuencias de la gentrificación, ese Santander que vive dentro del umbral del 30% de población en riesgo de exclusión social. Nosotros le hemos puesto voz, y ese Santander vive una situación desesperada que a veces se entremezcla con la rabia.

Si estos señores deciden no escuchar a la calle y visitar solamente aquellos barrios que les conviene y hablar con aquellas personas que les conviene, nosotros hemos llegado al Ayuntamiento para que también oigan a esa parte de la ciudadanía. Pero como no lo soportan y el ego es muy malo en política, lo que han hecho es dar una respuesta personal en un vano intento de destruir personalmente a aquellos que estábamos introduciendo nuevas formas de hacer política en el Ayuntamiento. Quizás más duras, sí, pero también muy saludables. Eso ha sido lo que ha caracterizado nuestra relación con el Partido Popular desde el comienzo de la legislatura. A mí me hubiera gustado debatir con ellos sobre todo esto, pero al PP le falta humildad y le sobra prepotencia. Ese debate, por desgracia, no se ha producido. Ahí están nuestras cerca de 40 propuestas presentadas a título individual, en todo tipo de materias, y nuestras 30 propuestas conjuntas con otros grupos. Ninguna de esas 40 propuestas –salvo la del protocolo antidesahucios, y para no ponerla en práctica– ha sido apoyada por el Partido Popular. Hombre, algo haremos bien de vez en cuando, digo yo… Nosotros sí hemos apoyado propuestas suyas. Nosotros tenemos una actitud bastante más constructiva, y ellos una actitud mucho más sectaria.

¿Ve positiva la salida de Íñigo de la Serna del Ayuntamiento de Santander?

No puedo verla positiva si las mismas artes siguen imperando en este equipo de Gobierno. No necesariamente es una actitud de la alcaldesa, Gema Igual, aunque quiero recordar que cuando hizo una ronda de contactos con los miembros de la oposición, a mí personalmente, y por tanto a Santander Sí Puede, nos dejó fuera con la excusa de que no teníamos grupo municipal. Si tú hablas con la oposición, hablas con la oposición, independientemente de que yo sea un concejal no adscrito, que es lo que me consideran. Mal empezó su andadura si lo que pretende es establecer un diálogo. A esta alcaldesa le digo lo mismo que le dije a De la Serna en su momento: nosotros no vamos a cambiar nuestra forma de hacer oposición y de hacer política. Si tienen la capacidad y el encaje necesario para aguantar las críticas y para analizar las propuestas, aunque no estén de acuerdo, se podrá construir algo. Hasta el momento, lo único que ha habido es un cambio de protagonistas, pero continúan insistiendo en el descrédito personal. El espíritu sigue siendo el mismo, por desgracia.

¿Qué objetivos se marca para estos dos años que quedan por delante?

La línea que vamos a seguir es la misma que venimos manteniendo. Creo que vamos en el rumbo adecuado en cuanto al número de propuestas, el nivel o las características de las mismas. Lo que necesitamos es sacar a la calle y explicar esas propuestas a los vecinos que tratamos de poner en marcha desde el Ayuntamiento. Por desgracia, el PP tiene la mayoría junto a Ciudadanos, y creen que no es positivo para la ciudadanía aumentar el gasto social, redactar un plan de empleo para los 2.000 parados de larga duración, o que se destine una parte del presupuesto para la rehabilitación de edificios en ruina.

Lo que tenemos que intentar es que este tipo de propuestas que estamos formulando sean conocidas por la gente para que vean que hay otra forma distinta de entender la ciudad y otro concepto diferente sobre cómo se debe gobernar Santander. Nosotros no solamente somos un partido reivindicativo que intenta insuflar nuevos aires a la política municipal, sino que además estamos perfectamente cualificados para formar parte de un hipotético Gobierno municipal, o para liderarlo, aunque partamos de una situación minoritaria en estos momentos. Es cierto que no teníamos experiencia en la política municipal, pero estamos aprendiendo muy rápido y estamos en disposición de alcanzar mayores cotas.

Antonio Mantecón, concejal no adscrito en la capital de Cantabria y representante de la formación municipalista Santander Sí Puede, ha decidido formalizar ante el Tribunal Supremo una querella por “injurias y calumnias” contra el actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (PP), al que acusa de insinuar que “había intentado desviar fondos públicos para usos particulares”.

Así lo ha confirmado a eldiario.es el propio Mantecón, que ha explicado que la querella se ha formalizado este miércoles, después de que el acto de conciliación previo acabara sin acuerdo ya que De la Serna no se presentó a la citación judicial y su abogado negó los hechos sucedidos durante un pleno el pasado 28 de junio de 2016.

La formalización de la querella se ha demorado hasta febrero porque al abandonar el Ayuntamiento de Santander y ser nombrado ministro, De la Serna se convirtió en aforado, lo que obliga a presentar la demanda ante el Supremo.

Según ha explicado Juanma Brun, abogado del concejal, la querella, por la vía penal, se fundamenta en la “insinuación persistente” de De la Serna de que Mantecón había desviado dinero público, así como en la “desconsideración y tratamiento como tránsfuga” del exconcejal de Ganemos.

Además, Mantecón presentará otra querella contra la portavoz de esta última formación en el Ayuntamiento de Santander, Tatiana Yáñez, en este caso ante los juzgados de instrucción, por las afirmaciones que realizó sobre él en el mismo pleno del año pasado.

Multa e inhabilitación

En la querella criminal presentada ante el Supremo, Mantecón solicita una multa de 24.000 euros (a razón de 50 euros por día durante 16 meses), y la inhabilitación especial para cargo público durante dos años para De la Serna.

En el escrito se insiste en lo “infundado” de las acusaciones que De la Serna repitió tanto en el pleno como en sus intervenciones ante la prensa. Según el abogado de Mantecón, “el alcalde extendió la sospecha de la existencia de un posible delito, cuando él sabía perfectamente –simplemente informándose a través de la Intervención municipal– de la falsedad de la simple insinuación”.

En su opinión, “las injurias y calumnias proferidas por el querellado nacieron con el ánimo de destruir la reputación de un oponente político, concejal en el mismo Ayuntamiento”. A lo largo de la extensa argumentación de la querella, de 54 páginas y 17 documentos anexos, “se establece sin lugar a dudas que las acusaciones de De la Serna son rotundamente falsas”.

Transfuguismo

El segundo punto de la querella es la acusación de tránsfuga contra Antonio Mantecón, derivada de su expulsión del grupo municipal Ganemos y de su consideración como no adscrito. Para el denunciante, “la acusación de tránsfuga es el insulto político por excelencia y el epíteto más dañino que puede dirigirse a un representante público”.

“La situación de Antonio Mantecón como concejal no adscrito no se corresponde en absoluto con la condición de tránsfuga que De la Serna le atribuye. No encaja con la definición del Pacto Antitransfuguismo, ni en la que incluyen los manuales de los juristas, ni tampoco en el propio significado del diccionario de la Real Academia Española. De hecho, fue expulsado de un partido al que nunca perteneció”, insiste su abogado.

Para el letrado del concejal no adscrito, “lo que el entonces alcalde pretendía con sus infamias e insidias, aparte de amedrentar a Mantecón para que cejara en sus denuncias, era destruirle políticamente en un intento de que sus acusaciones resultaran en el peor de los casos inanes”.

Sin todavía conocerse las cuentas del próximo año, el equipo de Gobierno y la oposición cruzan reproches por el proceso de participación fijado por el PP

El alcalde excluye al concejal Antonio Mantecón, al único al que no ha invitado a realizar propuestas

Aun no están las cuentas sobre la mesa y el equipo de Gobierno (PP) del Ayuntamiento de Santander y la oposición ya han comenzado a tirarse los trastos a la cabeza. El motivo, la invitación del alcalde, Íñigo de la Serna, a presentar propuestas a unos presupuestos que el resto de grupos municipales desconocen. Para PSOE, PRC, IU y Santander Sí Puede la llamada de De la Serna ha sido puro postureo ya que tan solo ha dado tres días de plazo, mientras que el regidor municipal cree que estos partidos ponen “excusas” para no hacer aportaciones y los acusa de querer “bloquear” la ciudad.

Los hechos se remontan al pasado viernes 30 de septiembre, cuando los populares iniciaron una ronda de contactos con todos los grupos municipales del ayuntamiento para invitarles a presentar propuestas a los presupuestos del año 2017. A todos salvo al concejal Antonio Mantecón, portavoz de Santander Sí Puede, con quien De la Serna no ha contactado por motivos que no ha especificado.

El lunes el portavoz del PSOE, Pedro Casares, difundió un comunicado en el que cuestionaba la voluntad negociadora del alcalde. “El PP solo nos ha dado tres días para presentar nuestras propuestas sin un borrador sobre el que trabajar, ni unas líneas básicas de lo que quieren hacer con el presupuesto”, cuestionó el líder socialista.

A esa denuncia se han sumado tanto el PRC como IU. “Nuestro objetivo es negociar, presentar nuestras propuestas y debatir sobre ellas, pero no es eso lo que plantea el PP, que quiere sólo un paripé sin ninguna base para escenificar una negociación que no existe”, ha lamentado el regionalista José María Fuentes Pila.

También se ha expresado en esta misma línea Santander Sí Puede, que, pese a que no ha sido invitado, ha criticado el procedimiento seguido por el equipo de Gobierno y el escaso margen otorgado a los grupos municipales para plantear propuestas. “Que los grupos solo dispongan de tres días para realizar un trabajo que compromete el presupuesto del año próximo es un auténtico disparate. No puede dejar en manos de la oposición redactar con sus portaciones el presupuesto de 2017, no habiendo presentado aun ni un borrador sobre el cual trabajar”.

Quienes no se han pronunciado, como de costumbre, han sido Ciudadanos y Ganemos. Ambos partidos están manteniendo un perfil político muy bajo y sus posicionamientos en cuestiones de calado para la ciudad y para los vecinos brillan por su asuencia. Por ejemplo, en el útlimo pleno, el portavoz de C's, David González, liquidó el debate de las ordenanzas fiscales -que fija el precio de las tasas públicas e impuestos- en apenas un minuto que empleó para manifestar su apoyo al PP; y Tatiana Yáñez ni siquiera intervinió para fijar la postura de Ganemos.

Quien sí se ha pronunciado ha sido el propio alcalde, quien cree que es “difícil” que sea “criticable” que el equipo de Gobierno “tienda la mano a la participación y el diálogo”, por lo que ha considerado que la postura de socialistas, regionalistas y el edil de IU es “una excusa bastante poco fundamentada para intentar bloquear a la ciudad de Santander”.   

De la Serna ha argumentado que el pasado año se entregó a la oposición un documento “cuadrado” y “protestaron abiertamente porque decían que al dárselo hecho” el margen para hacer aportaciones era “pequeño”. “Este año atendemos su petición y decidimos hacer los contrario y abrir a la participación” la elaboración previa de las cuentas y “se quejan de que no tienen el documento”, ha cuestionado el regidor municipal.

Sobre las críticas al plazo para la aportación de ideas para el presupuesto, que concluye este miércoles, ha manifestado que “las podían haber aportado desde hace unos meses”

La condición de no adscrito

Por otro lado, Antonio Mantecón ha criticado que el equipo de Gobierno le haya dejado fuera de esa invitación, entiende que por su condición de no adscrito a la que pasó tras el conflicto con Ganemos y su excompañera Tatiana Yáñez. El edil ha recordado a este respecto que ser concejal no adscrito “en ningún caso debe significar una inferioridad de condiciones ni un trato discriminatorio”. Además, ha apuntado que ello supone un “incumplimiento” de la Ley de Bases de Régimen Local, “Pero tampoco podemos esperar lo contrario del partido de la Gurtel, la Púnica y los cerca de quinientos imputados por corrupción”, ha aseverado con dureza.

Igualmente, desde Santander Sí Puede inciden en que su exclusión no solamente supone “un agravio comparativo”, sino “una absoluta falta de respeto a los más de 6.000 votantes que apoyaron a este partido en las elecciones”. “Más de veinte años de mayorías absolutas les siguen lastrando y no terminan de acostumbrarse al nuevo escenario”, concluyen.

El portavoz de la formación municipalista Santander Sí Puede y concejal no adscrito en el Ayuntamiento de la capital, Antonio Mantecón, ha denunciado este martes la “ocultación sistemática” de gastos del Grupo Popular al Tribunal de Cuentas.

Así lo ha señalado en un comunicado en el que informa de una moción que llevará al próximo pleno de la Corporación municipal, que se celebra este viernes 28 de julio, y orientada a que se justifiquen las asignaciones de todos los partidos con representación en el Consistorio.

El edil, expulsado de Ganemos, asegura que “el PP nunca ha presentado al Tribunal de Cuentas los gastos del grupo local ni las aportaciones al partido”, y apunta al respecto que “solo se oculta lo que es ilegal o inmoral”.

Mantecón explica que ha analizado los informes de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos elaborados por el Tribunal de Cuentas desde el año 1998, comprobando que el PP “nunca aportó la contabilidad de los grupos políticos de las Corporaciones Locales en la consolidación de las cuentas anuales que deben registrar todos los años”, a pesar de las obligaciones y recomendaciones “continuadas” del ente fiscalizador.

“Estaríamos hablando de una trama de ocultación sistemática de todas las cuentas de los grupos municipales del PP en los entes locales”, apunta el edil no adscrito.

En la moción Mantecón solicita, entre otras cuestiones, que se justifiquen los gastos de todas las asignaciones de los grupos municipales desde el año 2011, y señala al respecto que, según la Ley de Bases, los partidos sólo tienen obligación de justificar los gastos si así lo solicita el Pleno de la Corporación.

“Si el PP no tiene nada que ocultar lo tiene fácil apoyando la moción. En caso contrario, habría indicios para suponer que la trama de ocultación es en el fondo una trama de corrupción”, concluye el concejal no adscrito.

“Vergonzosa manipulación”

Como respuesta, la concejala de Economía y Hacienda de Santander, Ana González Pescador (PP), ha criticado la “vergonzosa manipulación” que hace el concejal no adscrito Antonio Mantecón sobre la justificación de los gastos de los grupos municipales y lo ha achacado a que se encuentra “solo y desesperado”, tras su expulsión de Ganemos.

Para González Pescador, la actitud de Mantecón, al intentar “poner bajo sospecha” la actuación de los grupos municipales en el uso de las dotaciones económicas que reciben del Consistorio es “absolutamente detestable y falta de todo fundamento”.

A su juicio, es “rotundamente falso” que los grupos puedan utilizar esos recursos “a su antojo” o “financiar con ellos ilegalmente a sus partidos políticos”, porque la Ley de Bases de Régimen Local les exige llevar una contabilidad específica y delimita claramente qué tipo de gastos se pueden afrontar con esos recursos.

Además, ha censurado la “obsesión enfermiza” de Mantecón con el grupo popular y ha advertido de la “gravedad” de las acusaciones realizadas por el concejal no adscrito “de manera ruin, tratando de manipular burdamente la realidad”.

En este sentido, González Pescador ha recalcado que “el único que está ocultando información” es Mantecón, que “omite que tampoco el PSOE remite la contabilidad de sus grupos municipales al Tribunal de Cuentas”, tal como apuntaba el órgano fiscalizador en un informe en el que solo se analizaba a estos dos partidos de ámbito nacional.

En cualquier caso, la concejala de Economía y Hacienda ha dejado también claro que eso no significa que el Tribunal de Cuentas no tenga conocimiento de las aportaciones recibidas por los grupos municipales del Ayuntamiento.

Así, ha remitido a Mantecón al informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y asociaciones vinculadas a ellos en 2013, en el que constan las aportaciones realizadas por el Consistorio santanderino a los grupos. Y ha añadido que el Tribunal de Cuentas puede fiscalizar esas partidas y llegar a ordenar el reintegro de las dotaciones económicas si no se destinan al uso para el que son concedidas.

Asimismo, González Pescador ha insistido en que los grupos municipales deben elaborar una contabilidad anual y ponerla a disposición del Pleno si éste lo solicita. “Hablar por tanto de ocultación es un auténtico disparate, una mentira que no tiene más objetivo que hacer daño y servir de vía de escape para la rabia del señor Mantecón, que solo sabe hacer política desde el ataque y la confrontación”, ha concluido la edil.