La Justicia ha confirmado dos sanciones disciplinarias a un agente de Policía Nacional cercano a Vox llamado Alejandro León, más conocido como 'Jandro Lion', por pedir el voto para el partido de Santiago Abascal en un vídeo de YouTube y también por bromear con agredir a menores migrantes con una navaja. Las dos sentencias reprochan al agente que use su condición de policía en sus vídeos para emitir este tipo de mensajes y también que haya intentado asociar a la Policía Nacional con Vox apenas tres días antes de las elecciones generales de noviembre de 2019. En su canal de YouTube, tras la publicación de la noticia por parte de este periódico, ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo.

Alejandro León, conocido en sus diversos perfiles de internet como 'Jandro Lion', es un policía nacional destinado en la localidad madrileña de Móstoles que desde hace años desarrolla una intensa actividad en varias redes sociales, sobre todo en su canal de YouTube. En su momento fue uno de los portavoces del sindicato policial Jusapol –ahora denominado Jupol y con el que ahora está enfrentado– nunca ha escondido sus simpatías por la ultraderecha de Vox o sus críticas contra el feminismo.

Varias de estas intervenciones y vídeos se han traducido en dos sanciones que acaba de confirmar la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Una de dos meses de suspensión por pedir veladamente el voto para Vox en las elecciones generales de 2019 y otra más de 20 días por bromear en un vídeo con agredir a menores extranjeros con una navaja que le regaló el sindicato Jupol, al que pertenecía entonces. El agente se disculpó posteriormente por estas segundas declaraciones realizadas cuchillo en mano.

El primer vídeo fue publicado tres días antes de las elecciones y en él este agente de Policía Nacional cargaba contra el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros en materia de ciberseguridad una semana antes, afirmando en el título que España estaba sumida en una “dictadura socialista”.

Era al final del vídeo cuando este agente se refería a la campaña electoral y se abanicaba con el sobre con el que Vox remitía sus papeletas mientras decía: “Ay, qué clarito lo tengo, tronquis”. Para la Dirección General de la Policía, este gesto iba más allá de la libertad de expresión reconocida a los policías, vinculaba al cuerpo con un partido político concreto y, por tanto, constituye una falta grave y merece una sanción de dos meses sin placa.

El Tribunal Superior de Madrid acaba de avalar esta primera sanción. Una sentencia, todavía recurrible ante el Supremo, en la que los jueces de lo contencioso rechazan todos sus argumentos de defensa: ni existen errores formales en el procedimiento ni estaba realizando estas declaraciones a título personal. Los jueces tienen claro que Alejandro León utiliza su condición de agente de Policía Nacional en sus vídeos y que, en este caso, vinculó al cuerpo “con un determinado partido político”, el de la ultraderecha que comanda Santiago Abascal y que en esos comicios obtuvo 52 escaños y más de 3,6 millones de votos. 

“Se trata de una persona conocida, con un gran número de seguidores tanto en Youtube como en Twitter, y que se prevale de su condición de funcionario de policía y miembro de un sindicato para realizar estas manifestaciones”, dicen los jueces. Alejandro León, apodado 'Jandro Lion' en sus perfiles de internet, se presenta “como miembro del CNP, si no expresamente, ni con el uniforme de policía en los vídeos, sí utilizando símbolos, anagramas o logotipos relacionados con las Fuerzas de Seguridad”, añaden. Y tanto esta petición velada del voto para Vox como otros comentarios en Twitter usando los símbolos de la Policía y la Guardia Civil con el nombre del partido también vulneraron la neutralidad política exigible a un policía.

“Al margen de la crítica legítima que pudiera quedar amparada en la libertad de expresión, la solicitud de voto para Vox en un contexto de utilización de simbología de la institución policial resulta contraria a los principios de neutralidad e imparcialidad”, explica el TSJM. Las palabras de León, zanjan los jueces en esta primera sentencia, exceden su derecho a la libertad de expresión, más constreñido en el caso de estos funcionarios públicos: “Se vale del Cuerpo al que pertenece y vinculan a la Institución con un determinado partido político”, reprochan los jueces.

“Que se preparen los mena”

Una segunda sentencia dictada por la misma sección del Tribunal Superior madrileño apenas un día antes confirma una segunda sanción a este policía nacional por otro de sus episodios más polémicos, perpetrados también cuando formaba parte del sindicato Jusapol. En agosto de 2019, varios miembros de esta plataforma le regalaron una navaja con dedicatoria: “Para Jandro Lion, el mejor YouTuber jusapolero. Con cariño, Jusapol Ciudad Real”. En un vídeo, se puede ver cómo León recoge la navaja y entre risas comenta: “Que se preparen los 'mena', que los voy a dejar en el suelo” en alusión a atacar con una navaja a menores extranjeros que viven solos en nuestro país.

La supuesta criminalidad extendida entre estos menores es una de las banderas políticas –carente de datos que la avalen– de la ultraderecha, hasta el punto de que Vox lo utilizó como arma política en la campaña electoral madrileña de 2021 en uno de sus carteles. En el caso de Alejandro León, la Fiscalía de Delitos de Odio rechazó denunciarle teniendo en cuenta que él no difundió esas imágenes y que, además, se disculpó posteriormente, pero sí fue sancionado con 20 días de suspensión por una falta grave de “desconsideración con los ciudadanos”.

El Tribunal Superior de Madrid también acaba de confirmar esta segunda sanción en una sentencia igualmente recurrible ante el Tribunal Supremo. Los jueces nuevamente rechazan sus argumentos de defensa: que era un acto privado y él estaba fuera de servicio y que habló “sin ánimo de ofender a ninguna institución”. Los magistrados, sin embargo, entienden que sus expresiones “resultan indudablemente ofensivas y atentatorias a la honorabilidad y buen crédito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al banalizar, aunque pretenda hacerse de forma jocosa, sobre las agresiones a ciertos colectivos de personas”, más aún viniendo “de quienes son los funcionarios encargados de velar por nuestra seguridad”.

Sus palabras bromeando con la posibilidad de acuchillar a un menor extranjero son, para el Tribunal Superior de Madrid, “una desconsideración a los ciudadanos y un descrédito notorio al CNP”. Y no puede alegar que era un acto privado porque, en primer lugar, se le entregaba un premio como miembro del sindicato Jusapol, del que era portavoz en ese momento, y era “una persona conocida y con cierta repercusión social”, lo que multiplicó la difusión de los hechos. “Defender que se trata de un acto privado cuando es el propio recurrente el que fomenta su exposición pública es una contradicción”, reprochan.

En un vídeo hecho público en su canal de YouTube a lo largo de la mañana Alejandro León ha afirmado en primer lugar para desmentir esta noticia y después reconocer que no ha sido notificado por sus abogados y que recurrirá ante el Tribunal Supremo pero con una “nueva asesoría jurídica” y su “nuevo sindicato”. Ambas sentencias puedes consultarse en las bases públicas de jurisprudencia: la relativa al vídeo de la navaja en este enlace y la relativa al vídeo insinuando una petición para Vox en este otro enlace.

Los jueces recuerdan que no es la primera vez en que confirman una sanción a un agente de Policía Nacional por declaraciones hechas en público que van más allá de su derecho a la libertad de expresión, aunque no se hagan mientras están de servicio. En 2020, por ejemplo, el mismo tribunal confirmó una sanción de 15 días de suspensión a un policía que, tras una concentración de Jusapol en 2017 en Oviedo, difundió a otros policías a través de WhatsApp un audio en el que afirmaba que “hoy hemos conocido de primera mano las cloacas del Ministerio del Interior, que un DAO me ponga al teléfono para decirme que me vaya de allí, que nos esté el Jefe Superior vigilando, que nos estuvieron chantajeando toda la tarde, que nos estuvieron intentando sobornar”, entre otras cosas. En ese caso los jueces también entendieron que, aunque no estuviera de servicio, “se dirigió a otros compañeros por su condición de tales”.

Unas horas después de las elecciones generales, la Casa de la Mujer de Fuenlabrada (Madrid), que da ayuda a mujeres y menores víctimas de la violencia machista, apareció con pintadas de esvásticas, “feminazis” y “Vox”. Casi a la vez, alguien escribía en un parque infantil de Murcia amenazas e insultos homófoboscontra el alcalde de Algezares. Al rato, un hombre gritaba a un editorialista conservador “cabrón, rojo, traidor” y otro espontáneo increpaba a un niño en la calle por la longitud de su pelo.

Se trata de agresiones de baja intensidad, sin contacto físico y escaso impacto, pero también síntoma preocupante de la innecesaria crispación cotidiana. En los peores casos, pueden ser el paso previo a ataques más graves, como los sucedidos en las últimas semanas contra inmigrantes o personas identificadas como LGTBI.

Sólo los episodios más graves tienen posibilidades de llegar ante la justicia. Los gritos e insultos en la calle o las pintadas suelen tener poco recorrido penal, pero dejan un poso de desagrado y hostilidad que va minando la convivencia. El insulto teje una red de incomodidad que erosiona el contrato social y fragmenta las sociedades en núcleos cerrados.

Cada persona que increpa o intimida en la calle o en Twitter es responsable de sus acciones y sus consecuencias. Pero no se puede obviar que esos ataques se producen en un contexto contaminado por políticos que creen que cuanto más exageradas y altisonantes sean sus comparaciones y sus insultos más lejos llegarán. Las palabras importan y mucho, como ya hemos visto con Donald Trump.

El aumento de los ataques contra hispanos, negros y judíos en Estados Unidos está avalado por los datos y se puede incluso observar una coincidencia en los condados donde Trump ha dado sus mítines, que incluyen a menudo llamadas a la violencia. Lo que empieza con una nota despectiva en la cuenta contra la camarera latina o un insulto contra una persona que habla español no es sólo un gesto intimidante y desagradable. Es un paso de deterioro en una espiral de aceptación social de la violencia y la discriminación. Confundir el derecho al insulto y el exabrupto contra los demás con una “liberación políticamente incorrecta” es el recurso habitual de quienes desprecian el valor intrínseco de la libertad para que más personas puedan vivir al máximo de su potencial.

En España las palabras de los portavoces de la ultraderecha contra las mujeres, los gays, los inmigrantes y los periodistas están sacadas del mismo libro de la propaganda autoritaria.

El peligro es que arrastren el discurso de otros preocupados por arañar unos pocos votos a costa de renunciar a principios básicos. A Albert Rivera ya le han pasado factura sus palabras altisonantes y desproporcionadas, que asustaron a parte de sus votantes y sus colegas. Pero a otros políticos, no tanto. La brocha gorda y las palabras gruesas son ya parte del discurso público contra los que no son catalanes de pura cepa, contra los propietarios de una casa, los ciclistas, los que viajan, los que migran o los que no comparten cualquier idea política al 100%.

A menudo los políticos no se creen sus propias palabras, que utilizan como un recurso más para llamar la atención. Pero tampoco calibran o no quieren calibrar el efecto de esas palabras, probablemente oídas de refilón y repetidas malamente por sus palmeros mediocres en tertulias y redes sociales. Cuando se quieren dar cuenta es demasiado tarde.

Vox abrió su campaña para las elecciones europeas en un taller de reparación de muebles del distrito de Barajas. No estaba elegido al azar. El partido de extrema derecha prometió visitar “polígonos en uso y en desuso” y atender a las zonas donde la “desindustrialización” está dejando a la población sin trabajo para “resolver los problemas de los españoles”. Entonces obtuvo 1.388.681 votos y pudo mandar tres eurodiputados a Bruselas, entre ellos Herman Tertsch.

Seis meses después, los de Abascal programaron un mitin en Illescas, un pueblo de la provincia de Toledo que tiene fundamentalmente industria y urbanizaciones habitadas por madrileños que se van a vivir a las afueras porque los precios son más económicos. En este municipio se impuso la extrema derecha el pasado domingo.

Los resultados del 10N revelan que Vox ha sido el partido más votado en las elecciones en este perfil del municipio de Madrid: periférico, más bien disperso y relativamente cercano a los focos industriales del sur y del este de la región (el conocido como Corredor del Henares). Muchos prácticamente lindan con Castilla La Mancha por Toledo y por Guadalajara. La extrema derecha también ha ganado, aunque de forma más puntual, en pueblos de la sierra norte como Navacerrada o El Boalo con la mayor concentración de voto (más del 30%).

Vox se ha colocado en primera posición en 61 de los 179 pueblos de la Comunidad de Madrid, uno de cada tres. Con estos datos, es el partido que más municipios ha conquistado como primera fuerza el 10N por delante del PP. Valdemorillo, Navas del Rey y Chapinería por el oeste; Arroyomolinos, Navalcarnero, Valdemoro o Griñón hacia el sur; o Paracuellos del Jarama, Meco o Daganzo de Arriba en el este.

El porcentaje de población que reúnen estas localidades, sin embargo, no es tan representativo. La mayoría son pequeños –salvo Valdemoro y Navalcarnero&ndash y conforman un segundo cinturón metropolitano que se extiende por los márgenes de la Comunidad de Madrid. Un cinturón verde que rodea por la periferia al tradicional cinturón rojo del sur donde el voto al PSOE es mayoritario.

¿De dónde proceden estos nuevos votos a Vox? La politóloga de la Universidad Autónoma de Barcelona, Berta Bartet, los atribuye, sobre todo al voto de las “clases populares” que ya “optaba por un partido de derecha, o PP o Ciudadanos” y no a votantes de izquierda que hacen una transición brusca al extremo derecho del arco.

“Vox está reproduciendo lo mismo que ha pasado en otros países: primero se consolida por la derecha –esto ya pasó el 28A– y luego capta voto popular. Que no significa que sea un voto de izquierdas y a veces lo confundimos. Hay clases populares que siempre han votado a la derecha”, explica la investigadora.

El apoyo a Vox en estas zonas, además, no ha crecido de manera repentina: el 28A ya ganó en una decena de estos municipios y fue segunda fuerza en otra veintena. Pero el hundimiento de la formación que presidía Albert Rivera ha provocado la transferencia de un importante número de apoyos. Ciudadanos se posicionó en abril como era la primera fuerza en 13 de estos 61 municipios que ahora son verdes; el PSOE en 28 –a poca distancia de Ciudadanos o Vox como segundo partido más votado–, el PP en cuatro y Podemos en uno.

“Hay un incremento de votos a Vox pero porque se reordena el voto dentro del bloque de derechas. La situación en Madrid no se puede comparar con lo que pasó en la Banlieue de París, donde el voto al Partido Comunista se transfirió al Frente Nacional”, analiza Heriberto Cairou, catedrático en Geografía Política de la Universidad Complutense de Madrid. Cairou habla de un fenómeno que ya ha empezado en España de “recomposición aguda de la derecha que puede ser preocupante”.

Más abstención que la media

Hay otro dato llamativo: la abstención en el cinturón verde ha crecido mucho más que la media regional. Hasta siete puntos en algunos municipios mientras la media en la Comunidad de Madrid apenas creció un 1% (del 24,54% el 28A al 25,46 el 10N). Por este motivo, entre otras cosas, sucede que en 30 de estos pueblos el PSOE ha perdido su primera posición sin que el porcentaje de voto que abarca se haya visto apenas modificado.

Pasa, por ejemplo, en Valdemoro o Navalcarnero. En el primer caso contó con 600 sufragios menos pero el porcentaje se apenas varió un 0,1%; en el segundo, los socialistas se quedaron sin 300 votos aunque la proporción permaneció prácticamente invariable respecto al 28A. “El partido más votado es, en este sentido un artefacto artificial. Que haya ganado Vox no significa necesariamente que el PSOE pierda”, matiza Barbet.

Cairou ahonda en esta tesis. “Si coges los datos de Valdemoro ves que el bloque de derechas ha perdido 2.000 votos respecto al 28A y la izquierda se ha mantenido relativamente”, explica. El experto toma este municipio, uno de los más grandes en los que ha ganado Vox, como ejemplo para explicar por qué el nicho de voto de la extrema derecha en Europa o en Estados Unidos no es el mismo que en España.

“Valdemoro apenas tiene un punto más de paro que Madrid y la población migrante no supera el 9%, además hay un crecimiento de la población. No encaja del todo con el perfil de lugares donde los ciudadanos que votaban izquierda ahora se pasan a la extrema derecha: zonas en declive, con una desindustrialización acusada, falta de empleo, baja de densidad de población y niveles de educación también relativamente bajos”. Ciudadanos pasó de ser primera fuerza el 28A en este municipio del sur de Madrid a la cuarta el 10N. La localidad tiene también un gobierno naranja aunque no fue el partido más votado el 26M.

Zonas de baja población y menos edad

En términos generales,los datos dicen que existe una correlación clara entre votantes de Vox y zonas de baja concentración, con más población de la comunidad autónoma y menos edad en la Comunidad de Madrid. Las cifras analizadas por eldiario.es. no permiten establecer un perfil de votante marcado por el nivel de estudios ni tampoco por la renta en la región.

Aunque el nivel económico sí es significativo en el apoyo a Vox en otras comunidades como Murcia o en Andalucía. El mejor resultado de los de Abascal está en el 1% más rico de la población aunque consiguen mucha fuerza en el 30% más pobre gracias a sus resultados en estas dos autonomías. “Vox aglutina una extraña coalición de voto de gente rica y gente que vive en lugares que importan poco, lejos del centro”, aporta Héctor Meleiro, politólogo en la empresa demoscópica 40dB. La extrema derecha se ha instalado, por el momento, en esos márgenes físicos, a veces lugares que importan poco porque están lejos, que abrochan la región por el sur y por el este.

El líder de Nueva Canarias, Román Rodíguez, ha precisado este viernes que “echa de menos” que se hable de Canarias en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos pero insiste en su voluntad de entendimiento y colaboración para investir a Pedro Sánchez como presidente. No obstante, subraya que “no es hábil” argumentar su postura antes de sentarse a hablar. 

Así lo ha declarado este viernes Rodríguez antes de comenzar la reunión de la Ejecutiva Nacional de su partido. Según ha explicado, la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, le ha llamado por teléfono para emplazarle a una reunión la próxima semana y negociar su apoyo a la investidura. 

En el acuerdo ratificado el pasado martes entre Unidas Podemos y PSOE sí se tocan temas como las pensiones, la igualdad o el salario mínimo, medidas de las que sí ha reconocido Rodríguez que se beneficiarían 2,2 millones de canarios. No obstante, ha lamentado que haya dedicación a Catalunya o la “España vaciada” pero “no a Canarias”. 

Rodríguez ha recordado que existe un acuerdo con Coalición Canaria con 71 puntos programáticos, en los que además de medidas específicas para Canarias se habla de otros asuntos como las pensiones, el empleo, la dependencia... 

“No prejuzgamos, ni adelantamos posiciones” ha señalado Román Rodríguez, que este jueves se mostraba en una rueda conjunta con el secretario de organización de CC, José Miguel Barragán, que no bloquerán la formación del Gobierno, pero exigen el cumplimiento de los derechos de Canarias.

A pesar de estos posicionamientos y de que CC ha levantado el veto a Podemos desde su acuerdo con NC para concurrir a las elecciones generales, líderes de Coalición Canaria en Tenerife están presionando a su partido para que no facilite la investidura de Pedro Sánchez.  El expresidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso y el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife José Manuel Bermúdez arremeten contra el acuerdo entre PSOE y Podemos, “del que todo el mundo desconfía”. 

La presidenta del PP en Canarias, Australia Navarro, ha afirmado este miércoles que está “convencida” de que recuperará al electorado de Vox, partido que, ha admitido, en las pasadas elecciones generales obtuvo un “importante número de apoyos” en las islas.

Australia Navarro, tras la reunión de la Junta Directiva Regional del PP convocada para valorar los resultados de las elecciones generales, ha admitido que los votantes de Vox, que obtuvo dos diputados en Canarias, proceden de distintos partidos, entre ellos, el PP.

La dirigente del PP ha insistido en que van a seguir por su “camino” y que no van a abandonar “el diálogo con el vecino para seguir siendo la fuerza preferida de los votantes de centro derecha”.

Por su parte, el presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, ha reconocido que aunque el votante de Vox procede “en parte” del PP, también es cierto que proviene de otros partidos, pues, ha recordado, PP y Vox son las dos únicas fuerzas que crecieron en Canarias en las últimas elecciones.

“No hay un robo directo” por parte de Vox al PP, ha señalado Domínguez, quien ha reconocido que sería necesario “analizar muy en profundidad qué ha pasado”.

Una de sus hipótesis, ha explicado, es que el desapego de los políticos a la ciudadanía ha producido “cabreo” y ha hecho que algunos electores ejerzan el voto “sin conocer ni siquiera” a los candidatos de Vox, que han sido respaldados “más con el corazón que con la cabeza”.

Según ha detallado el PP, en las pasadas elecciones esta formación obtuvo casi 200.000 votos, unos 32.000 votos más que en abril y 5,3 puntos más que en los pasados comicios.

Estos datos han permitido alcanzar al PP el 20,8% de los votos en Canarias, lo que hace que este partido sea la segunda fuerza en Canarias, por detrás del PSOE.

El PP ha subido de cinco a siete diputados canarios en el Congreso de los Diputados, ha celebrado Australia Navarro, quien ha destacado que menos VOX, que pasó de cero a dos diputados, el resto de partidos perdieron votos.

Al mismo tiempo, el PP creció en las dos provincias y en todas las islas y en doce municipios del los 88 que hay en Canarias fue el partido más votado, si bien ha mejorado sus resultados en 75 municipios.

“Nos convertimos en el partido referente de centro derecha en Canarias”, ha celebrado la presidenta del PP, quien también ha hablado del pacto “radical” de PSOE-Unidas Podemos en el Gobierno español.

Ha lamentado que el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, eligió pactar “con la extrema izquierda” en vez de dialogar con el PP.

Asimismo, ha apuntado que España pasa por una posición “muy delicada” a nivel territorial y “muy complicada” económica, pues, ha añadido, si no se actúa de manera inmediata y no se asumen las reformas precisas habrá crisis.

Ha alertado de que a España le espera lo mismo que ya hay en Canarias, donde entre otros partidos también gobierna PSOE y Unidas Podemos, y es “más gasto, más deuda, más déficit y desgraciadamente más impuestos”.

Por este motivo, el PP ha anunciado que seguirá trabajando para ser el contrapeso al ejecutivo de izquierdas que hay en las islas y que, por ello, presentarán una enmienda a la totalidad a los presupuestos presentados por el Gobierno de Canarias.

El PSOE ha arrebatado un senador al PP por Valladolid tras el recuento del voto de electores residentes ausentes que viven en el extranjero (CERA), con lo que finalmente cada formación contará con dos representantes en la Cámara Alta y no con tres los 'populares' y uno para los socialistas como apuntaron los resultados electorales provisionales.

En el recuento de los votos del censo de residentes ausentes, que se ha concluido a primera hora de la tarde de este miércoles en la Junta Electoral Provincial de Valladolid, se han contabilizado un total de 1.770 votos, un 70 por ciento de los 2.553 electores que habían solicitado el sufragio a través de este sistema.

La senadora socialista Sara María Galván ha obtenido 541 votos frente a los 297 de la 'popular' María Arenales Serrano, a la que se había asignado provisionalmente el cuarto escaño de senador por Valladolid en el recuento de la noche electoral, con una diferencia de solo 21 apoyos sobre la candidata del PSOE.

De esta manera, Galván será la cuarta senadora por Valladolid en la nueva Legislatura, con lo que el PP y el PSOE contarán ambos con dos representantes: los 'populares' Mercedes Cantalapiedra y Luis Alberto Plaza y los socialistas Manuel Escarda y Sara María Galván. Queda fuera por algo más de 200 votos Arenales Serrano, que había obtenido escaño provisionalmente el pasado domingo.

El precipicio por el que Podemos lleva en caída libre desde hace casi un año en Cantabria parece no tener fin. Cuando parecía que la formación morada había tocado fondo, tras perder el escaño nacional en abril y la representación parlamentaria autonómica en mayo, la repetición electoral de este domingo ha vuelto a enterrar cualquier atisbo de resurgimiento. Descabezado, a punto de cumplirse un año del nombramiento de la gestora, el partido no ve luz al final del túnel. 

Y es que la candidatura encabezada por el edil en Bezana, Luis del Piñal, que también fue número uno al Congreso el 28A, ha perdido 8.700 votos respecto a la cita electoral de hace siete meses, y se ha quedado más lejos del ansiado escaño que entonces. Ha pasado de un 10,2% de los apoyos a un 8,6%, una bajada de casi dos puntos que, sumada al ascenso de la extrema derecha de Vox -de un 11 a casi un 15%- ha hecho imposible que se acercara siquiera a la posibilidad de obtener representación en Madrid. 

Si bien es cierto que la caída ha seguido la tónica nacional, argumento esgrimido por Del Piñal en su análisis de los resultados en la noche electoral, la situación del partido a nivel autonómico, donde perdió la representación parlamentaria en mayo y donde sigue en manos del autodenominado 'equipo técnico', no hace presagiar un futuro a corto o medio plazo esperanzador para los morados.

Tras una legislatura pasada marcada por una guerra interna, con denuncias de acoso y primarias en los tribunales, que terminó por desintegrar el partido, que actualmente solo cuenta con un concejal en Bezana -el propio Del Piñal- y otro en Castro Urdiales, la reestructuración del mismo sigue pendiente, con el incentivo ahora de que Unidas Podemos va a formar parte del Ejecutivo nacional tras el acuerdo de coalición del PSOE.

El diputado electo por Las Palmas al Congreso por NC-CC-PNC, Pedro Quevedo, cree que el preacuerdo suscrito por el PSOE y Unidas Podemos para la gobernabilidad estatal es bueno para acabar “con el bloqueo político”.

La Ejecutiva de Nueva Canarias se reunirá el próximo viernes para analizar y decidir sobre el contenido y objetivos del documento suscrito entre los líderes de ambas formaciones políticas, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Quevedo dijo acoger con satisfacción el inicio de las conversaciones y el preacuerdo firmado para garantizar la gobernabilidad del Estado. Para el diputado electo por las islas orientales de la alianza nacionalista puede suponer el “fin del bloqueo” político.

“Nosotros estamos por favorecer la gobernabilidad” estatal al candidato a la Presidencia desde el Congreso de los Diputados, insistió Quevedo para puntualizar, a continuación, con el reconocimiento de la renovación de los acuerdos y derechos de los canarios. Se refirió, entre los principales, al cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF), el Estatuto de Autonomía y los contenidos presupuestarios estatales.

Los resultados de los comicios del pasado 10 de noviembre dejan en Tenerife, el tradicional feudo de Coalición Canaria (CC), un mapa mayoritariamente socialista. La formación nacionalista ha concurrido por primera vez a unas elecciones generales sin poder en el Gobierno autonómico, fuera de los cinco cabildos en los que estaba asentada (La Palma, Lanzarote, Tenerife, El Hierro y Fuerteventura) y expulsada por el PSOE de los dos principales ayuntamientos de la Isla: Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna. En este contexto, la pasada noche electoral retrató una nueva caída de CC, con 24.049 votos menos que el 28 de abril y posicionándose como primera fuerza solo en tres municipios: La Orotava, Garachico y El Sauzal.

En tan solo seis meses, el partido que Ana Oramas representa en el Congreso de los Diputados ha abandonado el primer puesto en ocho municipios, principalmente en el norte de la Isla: La Victoria, Santa Úrsula, San Juan de la Rambla, La Guancha, Icod de los Vinos, El Tanque, Vilaflor de Chasna y San Miguel de Abona. Por tanto, a pesar de que el nacionalismo canario mantenga sus dos diputados en Madrid tras la alianza CC-NC (que dio un escaño por cada provincia), CC sigue perdiendo influencia ya que ha pasado de obtener dos diputadas en la provincia occidental a conseguir solo una, dejando fuera de la Diputación Permanente a Guadalupe González Taño.

El avance de la extrema derecha, que ha pasado de no obtener representación en Canarias a sacar dos diputados, ha dado a Vox más apoyo que a CC en algunas áreas rurales de Tenerife. Es el caso de La Matanza, un municipio mayoritariamente agrícola caracterizado por la producción de vino y donde el partido de Santiago Abascal ha sido el segundo más apoyado, por debajo del PSOE y superando al Partido Popular. Por otra parte, en El Rosario, Vox ha arrebatado el tercer lugar a la formación nacionalista, que este 10N obtuvo un 12,48% del total de votos en la circunscripción frente al 15,95% alcanzado el 28 de abril.

Entre la primera y segunda convocatoria electoral, la ultraderecha ha conseguido el doble de electores en la Isla, pasando de 28.336 votos a 48.461. En Granadilla, Vilaflor, Adeje, Arona y San Miguel de Abona, municipios en los que muchos de sus barrios se encuentran entre el 40% de los más pobres de España, Vox se ha convertido en tercera fuerza política por detrás del PP.

Por el contrario, el nacionalismo canario y la extrema derecha se debilitan en las dos grandes ciudades de Tenerife. En La Laguna, Unidas Podemos obtuvo el 19,01% de los votos, siendo la fuerza más votada solo por detrás del PSOE. En la capital, donde la abstención ascendió al 38,5%, el PP sustituye a la formación morada en el segundo lugar con 5.100 votos más que en abril, mientras que UP perdió 3.263.

Ciudadanos no se recupera de su crisis en la Isla

Al igual que en el resto del Archipiélago, Ciudadanos se desplomó este 10N en Tenerife, perdiendo 43.416 votos respecto al 28A. La crisis del partido en Canarias comenzó tras las elecciones municipales del 26 de mayo, cuando dos concejales de la formación facilitaron la investidura de Patricia Hernández (PSOE) como alcaldesa de la capital tinerfeña tras 40 años de liderazgo de Coalición Canaria.

A pesar de que los concejales, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lezcano, insistieron en que no habían recibido ninguna orden de no pactar con los socialistas, Cs los expedientó y expulsó del partido entre acusaciones de “transfuguismo”. Sin embargo, la expulsión fue suspendida el 14 de octubre por la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa Cruz de Tenerife, María Gabriela Reverón González.

La confrontación interna del partido costó la dimisión de la secretaria de organización de Ciudadanos en Gran Canaria, Guayarmina Méndez, decepcionada con una formación política “machaca la opinión y la crítica y ensalza a aplaudidores, trepas y pelotas”. Siguió sus pasos el primer coordinador de Ciudadanos en el Archipiélago, Mariano Cejas, que se despidió asegurando que la organización política se había convertido en “la marca blanca del PP”. De esta forma, auguraban la fragmentación en el Archipiélago de un partido que, de acuerdo con las palabras de la concejala Zambudio, “había muerto”.

El acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos ya tiene su primer voto a favor. Así lo ha confirmado el secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Miguel Ángel Revilla, que ha anunciado que el propio Pedro Sánchez se ha puesto en contacto con él para ratificar sus compromisos con los regionalistas, que ya propiciaron que el diputado de esta formación se convirtiera en el único apoyo externo al PSOE en la investidura fallida.

“Los términos de nuestro acuerdo permanecen intactos”, ha informado por SMS el candidato socialista a Revilla, que ya había anticipado en la misma noche electoral que seguirían apostando por Sánchez como presidente del Gobierno si certificaba que el documento que PRC y PSOE firmaron en junio seguía en vigor en su integridad y se cumplían los plazos establecidos.

“Yo creo que ahora mismo no queda otra opción que esta, ya que el Partido Popular no estaba dispuesto a colaborar permitiendo un Gobierno en solitario del PSOE. Independientemente de que garantizar la Presidencia no es lo más importante, lo más importante es garantizar los presupuestos, y eso era imposible que se diera una vez que Ciudadanos se ha derrumbado y no sumaban mayoría y el PP ha dicho que no quería colaborar”, ha analizado el líder de los regionalistas cántabros.

Además, sobre la premura de las negociaciones, que han fructificado en tiempo récord, Revilla se ha mostrado irónico.“Ha sido una sorpresa que prácticamente 30 horas después de celebrarse las elecciones haya un acuerdo cuando antes de las elecciones, en seis meses, los mismos protagonistas no tuvieron voluntad de llegar a ese acuerdo. Y en estas circunstancias, además, habiendo bajado en votos los dos partidos”, ha comentado el también presidente de Cantabria tras la sesión plenaria en el Parlamento autonómico que se ha celebrado este martes.

Revilla, que había apostado porque no se repetirían de nuevo las elecciones y que consideraba que la opción más probable en este caso era una gran coalición entre el PSOE y el PP, sin embargo, no ha mostrado reparos importantes a que el acuerdo sea con Unidas Podemos, incluso con Pablo Iglesias como futuro vicepresidente: “El hecho de que haya ministros de Podemos a mí no me quita el sueño. Si son capaces… Otra cosa es que lo hagan bien o no. Veremos”, ha señalado el líder del PRC, que sí ha reclamado que en relación al conflicto en Cataluña “haya una sola voz” y “se disipen todas las dudas”. “Que se deje muy clarito que no se van tolerar veleidades que vayan en contra de la Constitución”, ha pedido.

“Cualquier Gobierno democrático nos parece legítimo y quien tiene que hacer el Gobierno es el presidente, que tiene la facultad de llegar a acuerdos y de nombrar a sus ministros, pero la línea roja que tenemos es que no apoyaríamos nunca un Gobierno con participación de partidos independentistas que vulneran la Constitución y que están empeñados en hacer en Cataluña un referéndum de autodeterminación ilegal. Esa es la línea roja”, ha dicho al respecto.

En cualquier caso, se ha mostrado “seguro” de que si Pedro Sánchez va a hacer un pacto con Unidas Podemos, que incluye la presencia de Pablo Iglesias en el Gabinete, se reflejará “desde el primer momento” que no hay más vía que la negociación dentro de la Constitución y que “no haya dos voces en una materia tan crucial para España”.

Superadas estas “reticencias”, y dando por hecho que el PRC no apoyaría al futuro Gobierno si hubiera “algún tipo de concesión a los partidos independentistas”, ha reclamado que se constituya cuanto antes ese nuevo Ejecutivo de coalición y “que haya presupuestos en el mes de enero, porque esa es la clave para todas las comunidad autónomas y para los españoles”, ha recordado.

Reclamaciones del PRC

Miguel Ángel Revilla, secretario general del PRC, estableció en la misma noche electoral del 10 de noviembre, con el escrutinio aún en marcha, cuáles serían las exigencias de su partido para dar su apoyo a un Gobierno presidido por Pedro Sánchez: Básicamente, los mismos planteamientos que recogía el documento que el PRC firmó con el PSOE el pasado mes de junio y que permitieron que el diputado nacional de los regionalistas, José María Mazón, se convirtiera entonces en el único apoyo externo de los socialistas en la investidura fallida.

La lista de peticiones del PRC al futuro Gobierno de España pasan, fundamentalmente, por las infraestructuras: desde la finalización de la línea de AVE, que debe llegar a Cantabria en 2024, a la puesta en marcha de un tren de altas prestaciones que una Santander con Bilbao en 40 minutos o una importante inversión para la mejora del maltrecho servicio de Cercanías, la reparación de la red de carreteras que depende del Estado y el apoyo al Centro Logístico de La Pasiega, reclamaciones todas ellas aceptadas por el PSOE y que se incluyeron en ese documento ya rubricado el pasado verano.

Además, los regionalistas suman a estas exigencias el pago completo en los próximos cuatro años de la deuda con el Gobierno de Cantabria por las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que cifran en 121 millones de euros, o el pago del 50% del gasto de la comunidad autónoma como consecuencia de la aplicación de la Ley de Dependencia, entre otras cosas.

“Ya lo han firmado. Ahora, que lo ratifiquen, cumplan sus compromisos y el PRC sumará su voto al que ha ganado”, aseguró Revilla durante su primera comparecencia tras confirmar la presencia de un diputado del PRC en el Congreso esta próxima legislatura que está a punto de arrancar, y que cuenta ahora con la luz verde del propio Sánchez para garantizarse el apoyo de los regionalistas en este nuevo periodo de sesiones.

El descalabro que ha experimentado Ciudadanos en estas elecciones generales, que le ha relegado a la sexta fuerza parlamentaria tras perder 47 diputados y que ha abocado a su candidato y presidente del partido, Albert Rivera, a dimitir y a renunciar a su escaño, también ha tenido su reflejo en Cantabria.

Y es que el partido naranja se ha dejado desde la convocatoria de abril casi 39.000 votos, pasando del 15,14% al 4,76% de apoyos, una caída que se ha traducido en la pérdida del escaño que obtuvo Rubén Gómez en primavera. “Los resultados son una hostia como un piano”, señaló el propio candidato en la noche electoral.

Pero es que ni siquiera los municipios en los que Ciudadanos tiene competencias de gobierno tras los comicios de mayo han servido de salvavidas en esta repetición electoral para mitigar el hundimiento naranja en las urnas. Santander, El Astillero y Castro Urdiales son los principales ayuntamientos en los que Cs gobierna, en solitario o en coalición, y sus resultados han sido notablemente peores que en las municipales de hace seis meses. Concretamente, han sido una debacle.

En Santander, donde gobierna con dos ediles junto al PP con el apoyo externo de Vox, la formación naranja se ha dejado 2.679 votos desde mayo, cuando consiguió 7.853 frente a los 5.178 de este domingo. Entonces, casi alcanzó el 9% mientras que ahora ha obtenido poco más del 5% del total de apoyos. En Castro Urdiales, por su parte, municipio en el que gobierna con dos ediles junto al PSOE, Ciudadanos ha experimentado una caída de 480 votos, pasando de un 7,7% en mayo al 4,4% en abril.

No obstante, el mayor desplome se ha producido en El Astillero, donde el partido naranja dirige el Consistorio en solitario con Javier Fernández Soberón como alcalde, el único regidor de esta formación en la comunidad. Y es que en esta localidad, Cs ha perdido 1.828 apoyos respecto a mayo, cuando los más de 2.500 votos le convirtieron en primera fuerza. Y ahora, después de tan solo seis meses, sus escasos 700 apoyos le han hecho caer a la sexta posición.

La formación de Abascal fue la más votada en la mesa 7-5B de Las Pastorinas, seguida de cerca por el PSOE, un orden que la justicia determinó que fue al revés en las elecciones municipales de mayo, dejando fuera a la concejala de Vox.

Vox ganó en estas elecciones generales del 10N en la famosa y polémica mesa electoral que más atención concitó en las municipales de mayo: la 7-5B del colegio electoral de Las Pastorinas, la que acabó suponiendo la actual desaparición de Vox del Ayuntamiento de León.

Así lo refleja el acta con los resultados obtenidos el domingo tras el reciento de los 514 votos emitidos en esta mesa de la capital leonesa, certificando así que, ahora sí, el partido de ultraderecha recibió más apoyos que ningún otro, un total de 130.

De cerca le siguió este domingo precisamente el PSOE, con 124 sufragios, el mismo partido que en el recuento de las elecciones de mayo reclamó una victoria que el acta de esta mesa le había otorgado a Vox y que finalmente la justicia, en todas las instancias posibles, certificó como errónea.

Hay que recordar que el vuelco final del resultado de la 7-5A de Las Pastorinas en mayo hizo que, por unas pocas decenas de votos totales, Vox no alcanzara el mínimo necesario del 5% del censo para conseguir un acta de concejal en el Ayuntamiento de León, de manera que la candidata de entonces, Olga García, se quedó con la miel en los labios.

La decisión era muy relevante entonces: con Vox en el Pleno del Consistorio leonés, el PSOE habría perdido una de sus diez actas y no le darían los números tan fácilmente para conseguir un acuerdo de gobierno, como el que finalmente suscribió con el todavía concejal de Podemos y la abstención de UPL. Y con Vox dentro, también el PP de Antonio Silván albergaba la esperanza de pactar con Ciudadanos y la formación de ultraderecha para sumar los 14 votos de la mayoría para volver a empuñar el bastón de mando pese a perder las elecciones municipales.

Precisamente por todo eso este domingo 10 de noviembre, aunque fueran las generales, había cierto 'morbo' por observar el comportamiento de los electores de la controvertida mesa. Y esta vez el acta refleja esa victoria, aunque por la mínima, frente al PSOE.

Por su parte, el PP sumó aquí 121 votos, colocándose como la tercera fuerza más votada, y ya seguido de lejos por Ciudadanos con 60, podemos con 32 y UPL con 30, según consta en el acta oficial.

En municipios como Seseña e Illescas, Vox ha sido primera fuerza con una amplia diferencia sobre el segundo partido, el PSOE

Las cifras llegan incluso a doblar los votos que ha conseguido el PP, que, sin embargo, ha logrado recuperarse en la provincia

Si en las elecciones generales del mes de abril Vox conseguía ser primera fuerza en cinco municipios de la provincia de Toledo y superar al PP en otros 20 más, en esta ocasión ha multiplicar sus resultados y se ha convertido en el partido más votado en más de una veintena de localidades toledanas, algunas de ellas de especial relevancia como Illescas o Seseña.

Un resultado que le ha valido para conseguir dos diputados en el Congreso, los mismos que PSOE -que se ha impuesto en más de 130 municipios- y PP -primera fuerza en otros 50-. Por su parte, Ciudadanos y Unidas Podemos no han conseguido imponerse en ninguna localidad de la provincia y se han quedado sin representación en la Cámara Baja.

Sin duda, la comarca en la que la formación liderada por Santiago Abascal ha tenido más relevancia es la de La Sagra. Se ha convertido en el primer partido en los dos municipios con mayor población de la provincia después de Toledo y Talavera de la Reina -donde se ha impuesto el PSOE-. En Illescas ha obtenido el respaldo del 30,6% de los votantes -por delante de PSOE (25,6%) y PP (20,4%), mientras que en Seseña ha alcanzado el 31,3%, seis puntos más que el PSOE -25,3%- y casi 15 más que el PP -15,4%-.

El 41,4 % de votos en Lominchar

Los municipios donde Vox se ha impuesto en la provincia -además de Seseña e Illescas- son: Yeles, Numancia de la Sagra, Yuncos, Cedillo del Condado, Recas, Ugena, Carranque, El Viso de San Juan, Casarrubios del Monte, Las Ventas de Retamosa, Chozas de Canales, Santa Cruz del Retamas, Méntrida, Barcience, Carriches, Ocaña, Dos Barrios, Ontígola y Lominchar, municipios este último donde ha conseguido su mejor resultado tras llevarse el 41,4% de los votos, muy por delante de PP -24,7%- y PSOE -18,8%-. Además, en Villamiel de Toledo ha empatado con el PSOE a votos en la primera posición.

Por su parte, el PSOE ha mantenido su hegemonía en la provincia imponiéndose en unos 130 municipios, mientras que en abril consiguió hacerlo en 162. Sus principales bastiones han sido la capital de la provincia -Toledo- y Talavera de la Reina. En Toledo, a pesar de haber perdido casi 600 votos en comparación con los comicios del 28A, el partido liderado por Pedro Sánchez ha obtenido el 29,58% de los votos, seguido de PP -28,18%- y Vox -20,,03%-.

En Talavera de la Reina, los socialistas han conseguido el 31,54% de los votos -1,3 puntos más que en abril a pesar de tener también unos 600 votos menos, mientras que el PP fue segunda fuerza -25,52% de votos- y Vox tercera -23,51%-.

De su lado, el PP ha recuperado la primera posición en más de una decena de municipios de la provincia con respecto al mes de abril, cuando fue el partido más votado en 37 de ellos. Madridejos, Quintanar de la Orden, El Toboso, Fuensalida, Burujón, La Puebla de Montalbán, Torrijos, Quismondo o Valmojado son algunos de estos municipios en los que la formación de Pablo Casado se ha llevado un mayor número de votos.

De su lado, Unidas Podemos y Ciudadanos no han conseguido ser la fuerza más votada en ningún municipio de la provincia de Toledo, una situación que les ha dejado también sin representación en el Congreso de los Diputados por esta provincia.

Desde hace ya más de media década, la política española encadena uno tras otro diferentes seísmos de magnitud elevada que cambian el mapa. Unos son autónomos, otros son réplicas de uno anterior, algunos de ellos van encadenados y comparten epicentro. La alta inestabilidad sísmica de estos últimos años no da momento de sosiego.

El 15M fue quizá el primer movimiento del ciclo. Luego, la emersión de Podemos en las elecciones europeas de mayo de 2014. Poco después, la de Ciudadanos. En mayo de 2015, la hecatombe del PP en autonómicas y municipales; en diciembre, el fin del bipartidismo a nivel nacional.

En 2016, la legislatura perdida de la primera mitad; y en la segunda, el golpe de Estado en el PSOE contra Pedro Sánchez, y su posterior resurrección vía primarias.

El otoño catalán de 2017 con leyes de desconexión, referéndum ilegal del 1 de octubre, amago de proclamación de la República Catalana, encarcelamiento de políticos independentistas con indicios de haber delinquido, huida de Puigdemont, activación del artículo 155 de la Constitución, elecciones autonómicas en las que los independentistas logran hacerse de nuevo con el Govern.

Ya en el 2018, la condena por Gürtel y la crisis casi refundacional del PP, la moción de censura y la llegada al poder de Sánchez, el fin del régimen socialista en Andalucía tras 35 años en el poder y el primer gran aldabonazo de Vox, el bloqueo tras las elecciones de abril de 2019...

Pero quizás ninguno de esos sismos enumerados sea comparable al ocurrido este domingo pasado, 10 de noviembre. Todo un Big One de la sísmica en el que se han producido movimientos tectónicos de incalculables consecuencias. La pujanza con que Vox se ha convertido en tercera fuerza estatal -en gran parte, por los miedos desatados en algunas capas de la población española por la violencia callejera en Cataluña de las últimas semanas- y el freno y marcaje estrecho al PP que ello conlleva. La casi aniquilación de Ciudadanos y el fin abrupto de la carrera política de su hasta ahora único líder, Albert Rivera, que en pocos meses y por sus muchos errores ha pasado de creerse Adolfo Suárez y Emmanuel Macron a irse por el desaguadero de la historia. El nuevo escalón -el del 13%- que ha perdido Podemos. El sideral patinazo de cálculo y de estrategia de PSOE y de Sánchez, que aunque han ganado las elecciones se encuentran volviendo a la casilla de salida de abril, pero con peores piezas, con rivales más fuertes y con un laberinto de difícil salida. La eclosión de pequeños partidos territoriales, nuevos y viejos, que pueden en el futuro hacer de efecto llamada y servir de ejemplo a otros colectivos de indignados. El nuevo aumento, en fin, de votos en la suma de los partidos independentistas catalanes, espoleados por la sentencia del procés y por las movilizaciones ciudadanas posteriores.

Si Cataluña ha sido el gran tema de debate de la campaña electoral y el activador y desactivador de buena parte del voto del 10 de noviembre, Cataluña debería ser también parte importante de las estrategias del PSOE y de Sánchez en las próximas semanas, en su búsqueda del desbloqueo político. No se saldrá de los movimientos sísmicos ni de la inestabilidad constante de estos años sin afrontar y encauzar el problema catalán. Los jueces ya cumplieron su tarea, ahora el conflicto vuelve a la política. Casi el 43% de los catalanes que este domingo pasaron por las urnas dieron su voto a formaciones que abogan por separarse, por irse. El conflicto no puede seguir pudriéndose y extendiendo su espiral de efectos nocivos a toda España.

Sánchez desconfía de los independentistas, y tiene motivos para ello, y por eso va a dirigir sus primeros intentos de investidura y de pacto de legislatura y de coalición hacia su izquierda, al presumible nuevo Ciudadanos transversal y centrado de después de Rivera y a otras pequeñas formaciones territoriales no independentistas, pero no a los partidos catalanes soberanistas. Aunque lo logre sin estos, y lo tiene muy difícil, no puede aparcar el problema catalán y resignarse a que el lío se cronifique. Antes o después habrá de sentarse con los independentistas para buscar alguna vía de salida -legal- al problema. Si no encauza el conflicto catalán, no tendrá ni fuerzas ni estabilidad política suficiente para abordar los otros grandes asuntos de los que hay que ocuparse: la desaceleración económica, la desigualdad rampante que dejó la anterior crisis, los problemas sociales, las pensiones, la España vaciada, la educación, los jóvenes sin futuro, la extrema derecha...

Canarias ha dejado de ser territorio libre de extrema derecha. Después de darle la espalda y de convertirse en estandarte de la resistencia en las elecciones generales de abril, las Islas han acabado sucumbiendo a la ola reaccionaria de Vox y su discurso de rechazo al migrante, al feminismo o al Estado de las autonomías. Con un apoyo del 12% del electorado, casi el doble que hace siete meses, el partido de Santiago Abascal ha logrado este 10 de noviembre colocar en el Congreso a sus cabezas de lista en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

Alberto Rodríguez es el diputado electo de Vox por Las Palmas. Abogado y empresario de 41 años, padre de seis niños, su trayectoria está ligada a movimientos ultracatólicos y al Opus Dei. Su formación está estrechamente vinculada con la prelatura fundada en 1928 por Josemaría Escrivá de Balaguer. Se graduó en el colegio Garoé, uno de los pocos centros de Gran Canaria que, antes de su ruptura en el año 2015, contaba con la “garantía moral y espiritual” de la Obra y completó sus estudios superiores en el Centro Universitario Villanueva de Madrid, también ligado a esta organización religiosa a través de Fomento de Centros de Enseñanza, una institución que gestiona colegios concertados que segregan por sexos.

Además de la licenciatura en Derecho, Rodríguez cursó en ese centro las carreras de Dirección y Administración de Empresas y Magisterio, estudios que compatibilizó con la administración de varias empresas y la dirección de Garabato, escuela infantil bilingüe situada en una de las zonas de mayor poder adquisitivo de Las Palmas de Gran Canaria, Ciudad Jardín. Hasta hace un tiempo, Garabato formaba parte del conglomerado Atlantic Schools, en el que se integraban también las escuelas Garoé (masculina) y Guaydil (femenina), ambas con el sello del Opus Dei.

En el terreno empresarial, el diputado electo de Vox gestionaba hasta el verano de 2015, en su calidad de administrador único, el complejo de apartamentos Blue Star de Puerto Rico, en el sur de Gran Canaria, que en agosto de 2016 contaba con un capital cercano a los cuatro millones de euros. Rodríguez figura también como administrador único de Desarrollos Tecnológicos Inventia, una consultoría empresarial para instituciones públicas y privadas en el campo de las nuevas tecnologías, las telecomunicaciones, la información, la comunicación y la informática.

A pesar de su intensa actividad en el ámbito de la empresa, el diputado de Vox figura como ejerciente en el Colegio de Abogados de Las Palmas. En su perfil profesional en las redes sociales, Rodríguez destaca que, desde octubre de 2016, ostenta la condición de graduado por el Sagrado Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica o, lo que es lo mismo, puede ejercer como letrado en los procedimientos para resolver nulidades matrimoniales por la iglesia.

Para ser abogado del Tribunal de la Rota en Madrid, el único de este tipo que existe fuera del Vaticano, se precisan tres años de estudio, ser experto en Derecho Canónico y reunir una serie de requisitos personales, entre los que se citan ser católico, “gozar de buena fama” y no estar casado por lo civil. Se trata de un tribunal de segunda instancia, independiente de la jurisdicción civil, que dirime la nulidad matrimonial en la institución eclesiástica.

El diputado electo de Vox por Las Palmas participa en diversos foros e iniciativas ultracatólicas, donde se proclama defensor de la familia y de “la vida de los cerca de 100.000 inocentes que mueren cada año en España por el crimen del aborto”.

Rodríguez no era la primera opción del partido de Santiago Abascal para liderar la plancha por Las Palmas. El candidato elegido era José María Vázquez, que renunció a cuatro días de las elecciones alegando “motivos personales” cuyas razones no han trascendido.

El vídeo del capitán de la Marina Mercante

Del diputado de la formación ultraderechista en Santa Cruz de Tenerife, Rubén Darío Vega, se conocen menos datos, a pesar de su intensa actividad en las redes sociales para dar a conocer su candidatura. Se presenta como capitán de la Marina Mercante con un doctorado, siete libros publicados, todos ellos vinculados con la actividad marítima o con la meteorología de Canarias, y amplia experiencia como miembro de los consejos de administración de varias empresas.

Es natural de Fabero, localidad situada en la comarca de El Bierzo, en la provincia de León, pero ha pasado 36 de sus 59 años de vida en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, a la que llegó después de estudiar en la Universidad de Oviedo. Según consta en su currículo, ejerció como práctico de puerto en la isla de La Palma antes de ser capitán del buque Ciudad de Algeciras de la compañía Trasmediterránea en Tenerife durante un corto periodo de tiempo y, después, en la Marina Mercante tras superar las oposiciones y convertirse en funcionario.

Vega figura como administrador de una empresa de Acuicultura radicada en la ciudad de La Laguna, Pardal Cultivo de Peces, dedicada a la producción de dorada.

En sus redes sociales reproduce el argumentario xenófobo y antifeminista de Vox, con mensajes de rechazo a los migrantes y a la Ley de Violencia de Género. En su muro de Facebook, red social en la que también se muestra como un defensor de los productos locales frente a los importados, colgó a dos días de las elecciones un vídeo en el que da rienda suelta al discurso del odio sobre inmigración utilizando, para ello, el sufrimiento de una persona sin recursos que pide dinero en la puerta de la iglesia de la Concepción, en San Cristóbal de La Laguna. “Es una pena que un español tenga que andar así y, sin embargo, a los inmigrantes sin papeles se les den 600 euros, alquileres, etc. Primero son los nuestros. Este hombre hay que recogerlo y llevarlo al Ayuntamiento, lavarlo y darle cariño, por lo menos. Así somos los chicharreros”, dice.

Vox ha difundido durante los últimos meses a través de las redes sociales una gran cantidad de bulos sobre las personas migrantes. Entre ellos, el mensaje de que un menor extranjero no acompañado recibe una ayuda de 600 o 624 euros mientras que una viuda tiene una pensión de 360 o 426 euros, un dato que es falso, tal y como ha relevado Maldito Bulo. También lo es que la legislación discrimine a los ciudadanos nacionales frente a los extranjeros en las ayudas al alquiler en la Comunidad de Madrid, una de las mentiras que ha divulgado este partido político. La concesión de estas prestaciones se rige por criterios de renta.

Nueva Canarias (NC) celebra los resultados de su coalición con Coalición Canaria (CC) este 10N porque le devuelve a Pedro Quevedo el escaño que perdió en solitario en abril, pero la coalición se deja en Gran Canaria más de de 18.000 votos y tres puntos respecto a la suma de los dos partidos nacionalistas por separado en abril. Las pérdidas de la coalición y la bajada de la participación son especialmente graves en los feudos grancanarios de NCa.

En Gran Canaria, la coalición solo crece en Mogán, el municipio gobernado por Ciuca, aliado de CC, con mayoría absoluta después de unas elecciones marcadas por una investigación por posible fraude electoral. Los residentes de este municipio otorgan un 20,44% del voto a la coalición nacionalista, casi 4 puntos más que la suma de CC con un 10,77% y NC con un 5,80% en las previas elecciones. Los nacionalistas suman más de 150 votos, mientas que la participación en Mogán cae 7 puntos.

En contraste, el descalabro de la coalición es absoluto en los feudos de NC del norte de Gran Canaria. En Gáldar, Valsequillo y Guía, donde NC gobierna con mayoría absoluta, la coalición obtiene resultados peores que NC en solitario. En Gáldar, la alianza pierde 2 puntos respecto a los casi 20 de NC en solitario y 7,5 puntos respecto a la suma nacionalista el 28A. En Valsequillo, sin el apoyo de los socios locales de NC ASBA, la coalición baja 3 puntos respecto a NC en solitario y 8,5 puntos respecto a la suma con CC en abril. Finalmente, en Guía, la coalición pierde 3 puntos de los cerca de 18 de NC en solitario y más de 10 de los que sumaba con CC en las últimas elecciones generales.

La caída de la participación en estos feudos de NC es estrepitosa. En Gáldar cae 8,5 puntos, en Valsequillo 6 puntos, y en Guía casi 9, muy por encima de la caída media en Canarias de 2 puntos.

Los resultados también son muy malos para los nacionalistas en Santa Lucía, un territorio que NC ha controlado históricamente pero donde CC le arrebató el poder en mayo con pactos a dos bandas. La coalición obtiene menos apoyos que NC en solitario, 5 puntos que la suma el 28A. La participación se desploma en el municipio casi 9 puntos hasta el 56,23%.

En Telde, donde NCa y CC gobiernan en coalición, la coalición aglutina votos, pero pierde 3 puntos respecto a la suma nacionalista en abril y la participación baja casi 9 puntos.

En Agüimes la alianza nacionalista se deja cerca de 4 puntos respecto a la suma de los partidos por separado en abril. El 10,12% de NC y el 6,23% de CC en abril se convierten en un 12,45% en coalición. En Agüimes gobierna con más del 60% de los votos Roque Aguayro, una agrupación local aliada a NC de la cual proviene el actual presidente del Cabildo Insular por NC Antonio Morales. Tanto Roque Aguayro como Antonio Morales decidieron no apoyar la candidatura de la coalición nacionalista e hicieron públicas sus críticas a dicho pacto.

El nacionalismo se desploma también en San Mateo, municipio gobernado por mayoría absoluta por Avesan, aliado local de CC, donde NC es la segunda fuerza. La coalición pierde más de 6 puntos respecto a la suma nacionalista el 28A. Pasa del 8,95% de NC y el 7,00% de CC al 9,77% en coalición el 10N.

En la capital grancanaria, donde el candidato Pedro Quevedo es concejal en el gobierno de coalición con PSOE y Podemos, la alianza nacionalista tampoco suma. La coalición nacionalista solo alcanza el 6,22% de los votos, perdiendo casi 3 puntos respecto a la suma del 4,76% de NCa y el 3,42% de CC en abril.

La extrema derecha, que carga sin tapujos contra el feminismo y las leyes LGTBI, propone sacar el aborto de la sanidad pública y habla de la “familia natural”, es tercera fuerza en España. Vox se ha disparado en las elecciones de este domingo y ha logrado escalar de los 24 diputados que consiguió en abril hasta los 52. 3,6 millones de votos que pueden traducirse en retrocesos en materia de igualdad y LGTBI. No en vano Santiago Abascal prometió en la celebración de los resultados recurrir “las leyes liberticidas” y enfrentarse a la “dictadura progre” en una clara alusión a este tipo de asuntos.

No son solo declaraciones. Sus ideas cristalizan en su programa electoral y han intentado introducir muchas de ellas en las comunidades autónomas en las que han prestado su apoyo a gobiernos de derechas como Murcia, Madrid o Andalucía. La violencia de género, el feminismo y las leyes LGTBI concentran la mayor parte de sus críticas y sus representantes aluden en cada intervención al discurso de “la ideología de género”, con el que pretenden instaurar una especie de pánico moral ante los avances de los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI.

Habrá que esperar a ver el margen de maniobra con el que cuentan los 52 diputados de Vox que entran al Congreso, pero sus ataques y propuestas condicionarán el debate y el transcurso de la actividad parlamentaria. Entre otras cosas, la formación lleva en su programa la derogación de la Ley contra la Violencia de Género y su sustitución por una ley de violencia intrafamiliar, sacar el aborto o las operaciones de “cambio de género” de la sanidad pública, “defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural” o proteger “la familia natural”.

Sus representantes se declaran “en contra de la ideología LGTBI”, que “no representa a los gays”, aluden a que el Estado “no tiene por qué meterse en la cama de la gente” y consideran que el matrimonio entre parejas del mismo sexo “es una unión civil”. Rocío Monasterio comparó las charlas de educación en diversidad afectivo sexual con la “zoofilia” o la “parafilia” y Javier Ortega Smith ha espetado recientemente que la violencia machista “no existe” y se trata de “una invención política”. Frente a ello, pretenden imponer el concepto de violencia intrafamiliar con el objetivo de diluir la especificidad de la violencia de género, que en lo que va de año acumula 51 mujeres asesinadas.

Lo que está pendiente

Con sus 52 diputados, Vox se ha garantizado entrar en la Mesa del Congreso y poder recurrir leyes. Abascal no ha especificado un día después de los comicios a cuáles se refiere y ha asegurado que está “a la expectativa” de las que tramitará la Cámara Baja. La de violencia de género y la del matrimonio igualitario ya han sido avaladas por el Tribunal Constitucional y la del aborto está pendiente tras el recurso del Partido Popular.

Lo que está claro es que el partido de extrema derecha tendrá más presencia en las comisiones parlamentarias, en las que en la práctica se elaboran y se discuten las leyes que se presentan como proposiciones de ley por parte de los diferentes grupos. Y en concreto, tres que tienen muchas posibilidades de volver al Congreso: la ley LGTBI, la ley trans y la reforma de la Ley de Identidad de Género, que pretenden eliminar los requisitos médicos para que las personas trans puedan cambiar su nombre y sexo legal en el Registro Civil.

Se trata de normas que despliegan un marco integral de derechos y medidas contra la homofobia, la bifobia y la transfobia y que apuestan por generalizar y obligar a la educación en diversidad afectivo sexual en las aulas, que constituye una de las dianas de Vox. Para la formación, esta intención conculca “el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos”, una mantra que repite sin parar. Ya en Madrid, Andalucía y Murcia han presionado –de momento sin éxito– para derogar artículos de las leyes LGTBI autonómicas referidos a esta cuestión.

Junto a ello, sigue peleando por instaurar el llamado 'pin parental' en algunos de estos territorios, una medida que en la práctica permite a los padres vetar determinados contenidos en las aulas que vayan contra sus planteamientos ideológicos y religiosos, fundamentalmente la educación LGTBI. Algo que las asociaciones en defensa de la educación pública califican de “intromisión” y de “censura”. Por otro lado, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que en muchos casos debe desarrollarse con legislación específica, aún está pendiente de muchas medidas y sigue sin devolverse el derecho a las mujeres de 16 y 17 años a abortar sin consentimiento de sus progenitores, algo que recortó el PP.

Cuestionar las políticas de género

Con la intención de diluir el concepto de violencia de género en un amplio 'violencia intrafamiliar', la formación entró en el parlamento andaluz el pasado mes de diciembre, una comunidad en la que este domingo se ha quedado a las puertas de ser segunda fuerza. Allí ha logrado tras la negociación con Ciudadanos y el PP la aprobación de un teléfono para víctimas de violencia intrafamiliar y, aunque después dio marcha atrás, el Ayuntamiento de El Ejido –gobernado por Vox y los populares– presentó una solicitud para abandonar el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén).

Su cuestionamiento de las políticas contra la violencia machista ha llegado incluso al intento de boicotear el minuto de silencio convocado el pasado mes de septiembre a las puertas de Cibeles, la sede del Ayuntamiento de Madrid, en condena por la última mujer asesinada en la capital. En algunas comunidades, además, la ofensiva de sus diputados autonómicos se ha concretado en la solicitud de los nombres y apellidos de los y las profesionales que dan charlas LGTBI en los colegios –en Madrid y Valencia– o de las trabajadoras de violencia de género, en el caso de Andalucía. Algo a lo que finalmente se han negado los Parlamentos.

También en cuestiones más simbólicas la formación ha dejado entrever su discurso abiertamente homófobo y tránsfobo: durante la celebración del Orgullo LGTBI del pasado mes de junio, sus concejales intentaron en multitud de ayuntamientos retirar las banderas arcoíris que ondearon en muchas de sus fachadas. En Cibeles, de hecho, consiguieron que el alcalde, Martínez-Almeida, la desplazara a un lado y colocara en el centro una bandera de España. Según publicó La Marea, el partido difundió en un argumentario sus ideas contrarias al Orgullo, entre las que mencionaban “escenas sexuales grotescas” o lo calificaban de “moda”.

No me pregunten quienes son esos “ellos” contra quienes nos incita Santiago Abascal. El grito de “¡A por ellos!” surgió, creo, en formato festivo-deportivo para animar cada cual al equipillo de sus amores sin nada que ver con el añadido fachento del “¡Viva España!” que tanto hizo padecer a tantos. Un “¡A por ellos!” seguido del “¡Viva España!” que lo tiñe todo de empeño facha de devolvernos a la pesadilla de cuatro décadas franquistas; las que acabaron en 1975 solo formalmente, visto el aprovechamiento de la miope estupidez de la actual dirigencia democrática para que no nos empujen hacia las cunetas que puedan quedar libres, por decirlo con la mayor crudeza. 

El descontexto del “¡Viva España!”

Ni qué decir que rechazar el otro grito, el “¡Viva España!” que descontextualiza al primero de lo deportivo, no implica que no deseemos lo mejor para nuestro país: se trata nada más que de la necesaria insistencia en que los fascistas desvirtuaron su sentido primigenio para convertirlo en amenaza. Cabría preguntarse si pretenden volver a las andadas. No lo sé pero si la cabra tira al monte no lo hacen menos las proclamas ultraderechistas contra los ciudadanos menos afortunados, los de menor consideración social, los inmigrantes, los más débiles, los diferentes por razón de sexo (con la excepción de los acomodados, claro). Y todo con la mentira por delante. Una falta de respeto incluso para sus propios votantes engañados. 

Si jugáramos a los títulos de películas, el duende cacofónico sugeriría para el caso el de “Vox y los ufanoides” en la que, cómo no, los ultrafachas son los malos al acecho y los ufanoides quienes no hace tanto se ufanaban, como indica su propio nombre, de que España era el único país europeo libre de presencias parlamentarias de ultraderecha. 

-“Espérate y no corras”, -me dijo un amigo socarrón cuando le dije de tanta felicidad. Y no tuve que esperar mucho. 

Yo pensaba, en el fondo, que esa pretendida “virginidad” de las cámaras era como la engañosa publicidad comercial que propone crecepelos que te dejan calvo. Y aunque no me equivoqué, reconozco mi subjetividad al señalar con el dedo al PP y a Ciudadanos como principales ufanoides al allanar el camino que Vox embocó aprovechando el jacío para subírseles. A ver cómo vende ahora Casado su moderación mientras el ultracentrista Rivera coge puerta. Y poco que decirles del lado zurdo porque el desastre es aún mayor pues esta derecha que vemos, tan centradita ella, se ha limitado a volver al lugar del que jamás se fue una vez concluida la tan denostada Transición que fue, para mí, el momento histórico en que más brilló el sentido común; ese que lleva ya tiempo sugiriendo una reforma constitucional para evitar situaciones como la de Catalunya que, a mi entender, está ya perdida. Y no precisamente porque todo catalán lleve un separatista dentro. 

Catalunya, comunidad del norte europeo 

No vendría mal, por cierto, ya que se me colaron los catalanes, que nuestros próceres se dejaran de jueguecitos e indagaran las raíces medievales catalanas relacionadas, por ejemplo, con la Marca Hispánica, la  que determinó, pienso, una mentalidad catalana menestral de apego a la laboriosidad y al enriquecimiento sin prisas, al trabajo bien hecho del pequeño comercio y demás que fueron las características que permitieron al españolismo barato, el que ha jodido a este país, canarios incluidos la desvirtuación que se tradujo en la grotesca caricatura del catalán tan fanático adorador de la “pela” que es capaz de matar un burro a pellizcones por dos reales. En realidad, ha señalado César Molinas y no sólo él, Catalunya es una comunidad de conformación y mentalidad noreuropea, como las que hay en Italia o Francia con la buena fortuna de contar con una derecha menos mostrenca que no se opone a que se identifiquen más con los modos y maneras de sus vecinos transfronterizos que con los que conviven en el mismo Estado. Porque el mundo comienza a caminar por esa vía.  

Frente a esta realidad, que la UE tiene en cuenta con el fomento de las relaciones entre regiones de Estados diferentes sin romperlos, encontramos una clase política española muy alejada de lo que hay. Aún no se ha enterado, a lo que se ve, de que un factor nada residual que jugó lo suyo en la ¿pasada? crisis fue precisamente la mentalidad nórdica de ahorro, enemiga tanto de las subvenciones porque sí como de los endeudamientos públicos para ganar votos y voluntades. Recuerden las criticas norteñas a la vida alegre y despreocupada del Sur que le endosa a su laboriosidad la carga de su derroche. Creo que mientras no se perciba que lo de Cataluña es algo más que un matiz o un absurdo empeño y persista el insensato patrioterismo españolista predicando la mano dura del 155, practicando la judicialización y aprovechando los desmanes de los separatistas radicales para cargarse de razones de mayor dureza sin atender a que el asunto catalán es de sociología política, de rebelión a la vieja usanza contra el sacrosanto Estado con la que no se logrará sino ir a peor. Y en todo caso un problema español. 

5.000 Naciones, 200 Estados 

Da idea del simplismo de la forma españolista de abordar el problema que, mutatis mutandi, la caracterización de los catalanes apenas se haya modificado desde el siglo XVII cuando Francisco de Quevedo, entonces en prisión, quiso halagar al funesto Olivares poniendolos a parir.  Tan inadecuado ha sido, a mi entender, el tratamiento político, constitucional, del problema como el intencionado cultivo de la incomprensión que se ha llegado al punto de posible no retorno. Para los catalanes y para quienes no lo somos. . 

Y acabo recomendando el artículo de Juan Luis Cebrián de ayer, día 11 de noviembre, en El País. Lo tituló “La reforma del Estado” y recuerda que “Nación y Estado no son conceptos equivalentes”. Destaco de su contenido que “hay más de 5.000 naciones en el mundo y solo menos de 200 Estados integran las Naciones Unidas”. De lo que concluye tras los correspondientes comentarios: “O sea, que al margen de emociones e identidades plurales da lo mismo cuantas naciones existan o no en el seno de la propia Nación española. Lo importante es que nuestro Estado garantice la igualdad de los ciudadanos ante la ley sin privilegios para nadie ni exclusiones de ningún tipo”. Y recuerda que, al fin y al cabo, “son los ciudadanos antes que el territorio los que configuran la Nación, conceptos, insisto,  prioritariamente cultural y no político. Pues eso.

La crisis abierta en Ciudadanos Canarias le ha pasado factura al partido este 10 de noviembre. La formación ha perdido dos de cada tres votantes al pasar de cosechar 155.682 votos el pasado 28 de abril a 50.760 este domingo. Por provincias, ha perdido 43.425 en Santa Cruz y 56.109 en Las Palmas, con lo cual se ha quedado sin ningún representante en la Cámara Baja. Un hundimiento que se ha producido en todas las comunidades y que ha provocado este lunes a la dimisión de su líder, Albert Rivera, que ha dejado la política.

La ola naranja que pretendía consumarse en las elecciones locales de mayo bajo el cobijo de los buenos resultados que cosechó el partido en abril: 155.682 votos y un escaño por cada provincia (Melisa Rodríguez por Santa Cruz de Tenerife y Saúl Ramírez por Las Palmas), se quedó en un total de 53.492 votos y 32 representantes en municipios. En los cabildos obtuvo 54.572, con un total de 4 representantes. En el Parlamento de Canarias fueron dos los diputados que obtuvo con 65.854 votos. Estos dos parlamentarios fueron claves en negociaciones para un posible pacto con CC y PP para conformar un Gobierno en Canarias.

El partido modificó en los últimos meses tras la campaña de las locales su discurso en las Islas. De venderse como motor del cambio y asegurar que no pactaría con imputados pasó a no querer apoyar acuerdos con el PSOE para echar a CC de las instituciones. En consecuencia, Ciudadanos expulsó este verano a los dos concejales (Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano) que facilitaron la investidura de la socialista Patricia Hernández en Santa Cruz de Tenerife y a los consejeros Enrique Arriaga y Concepción Rivero por permitir la de Pedro Martín en el Cabildo de esa isla.

Dimisiones en los últimos meses

A esos expedientes que acabaron en expulsión le sucedió una crisis por discrepancias y la dimisión del que fuera el coordinador del partido, Mariano Cejas. A su juicio, “hubo un engaño masivo” para “mantener a CC” en las instituciones. En este sentido, criticó que en los quince días de campaña en las autonómicas, la ahora diputada Vidina Espino “se hartara de decir que quería romper la burbuja, levantar las alfombras y abrir las ventanas” para regenerar políticamente a Canarias, pero luego expulsara a los miembros de Cs que pactaron para enviar a CC a la oposición en el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz.

El caos en las Islas conllevó a que el Comité Ejecutivo de Ciudadanos nombrara una junta gestora para dirigir el partido en Canarias. Y, en medio de esa crisis, la diputada nacional Melisa Rodríguez no dio apenas señales de vida.

Finalmente, no fraguó el pacto con Coalición Canaria y el PP en el Gobierno regional. Los nacionalistas llegaron a ofrecer la presidencia a los populares, pero con unas condiciones que eran inasumibles. El PP, por su parte, sí fue protagonista del cambio en varias instituciones como el Cabildo de Lanzarote o La Palma donde hoy ya no gobiernan los nacionalistas.

Otra de las dimisiones llamativas es la del concejal en Las Palmas de Gran Canaria Javier Amador y sus duras palabras. El ex edil acusó a la fuerza de haberse acercado a la extrema derecha y a Coalición Canaria y de no permitir discrepancias internas. Así mismo, lamentó que Ciudadanos no haya contribuido a lograr un acuerdo de gobierno para España, ya que muchos creyeron que se trataba de “un partido que venía a ofrecer soluciones, que siempre iba a poner su programa sobre la mesa para exigir al bipartidismo las reformas que necesita el país”.

El exconcejal también hizo alusión a que Ciudadanos se presentó en Canarias con un mensaje de regeneración después de 26 años con los nacionalistas gobernando las instituciones. Sin embargo, lamentó que poco después de las elecciones la cabeza de lista del partido, Vidina Espino negociara con CC y tratara de alcanzar un acuerdo de gobierno conjunto.

Tras estos episodios, el partido ha hecho aguas. En la ciudad de Santa Cruz de Tenerife logró este domingo 5.577 apoyos frente a los 16.840 del pasado 28 de abril. La capital tinerfeña le dio en las locales 7.254 votos, y obtuvo los dos concejales que acabaron siendo expulsados. En toda la isla de Tenerife, este 10N consiguió 20.762 votos, frente a los 64.187 del 28A. Sin embargo, en mayo 24.072 personas refrendaron a Ciudadanos en el Cabildo tinerfeño en las locales, donde también fue fundamental para echar a CC.

En Las Palmas de Gran Canaria cosechó este domingo 22.388 votos menos que en abril. En total, 11.663 de los 34.051 que logró en las anteriores generales. Frente a ello, en esa ciudad hoy día el partido cuenta con tres concejales: Beatriz Correas, José Antonio Guerra y otras persona pendiente de asignar tras la marcha de Javier Amador.

Cantabria no ha quedado al margen de la ola nacional que ha lanzado a la extrema derecha al primer plano político y mediático tras las elecciones generales de este pasado domingo 10 de noviembre. Vox, que había obtenido resultados muy discretos en la comunidad autónoma en anteriores comicios, consiguió en esta última cita con las urnas su primer escaño en territorio cántabro y se convirtió en la cuarta fuerza política por detrás de PP, PSOE y PRC con sus 48.600 votos.

De esta forma, el partido que lidera en España Santiago Abascal y cuya candidatura en Cantabria el 10N encabezaba el veterano político del PP Emilio del Valle consuma su irrupción pasando de un exiguo 0,21% de porcentaje de voto y poco más de 700 papeletas en las elecciones generales de 2016 al 14,95% y cerca de 50.000 sufragios que ha obtenido apenas tres años después.

Las cifras de la formación de ultraderecha, sin embargo, ya apuntaron esa progresión el pasado 28 de abril, antes de la repetición electoral que ha confirmado su auge, aunque en aquel momento se quedaron fuera del reparto de escaños en Cantabria con 40.139 votos y un 11,18% que no fue suficiente para alcanzar un acta en las Cortes.

Este crecimiento de cerca de 8.500 apoyos entre el 28A y el 10N, con una subida del 3,77% en porcentaje de voto, ha permitido a Vox quedar muy por delante de Unidas Podemos y sobre todo de Ciudadanos, que con su debacle tanto en España como en Cantabria, donde se ha dejado por el camino casi 40.000 papeletas, cede a la formación de extrema derecha el escaño que hasta ahora tenía Rubén Gómez.

Pese a esta mejora general en sus resultados, Vox no ha conseguido imponerse en ningún municipio cántabro y no lastra tampoco al PP, su principal competidor en el espectro ideológico, en ninguno de los feudos tradicionales de los populares. De hecho, la candidatura que lideraba Diego Movellán recuperó la hegemonía en Cantabria y subió tanto en votos como en porcentaje de apoyos en la jornada electoral del 10N.

En cuanto a su presencia por el territorio cántabro, Vox sumó 14.550 votos en Santander (15,2%), 3.470 en Torrelavega (11,96%), 1.702 en Castro Urdiales (10,78%), 2.481 en Piélagos (18,05%), 2.680 en Camargo (15,67%), 1.345 en Astillero (13,82%), 717 en Laredo (11%), 969 en Santoña (15,69%), 988 en Los Corrales de Buelna (15,99%), 691 en Reinosa (13,07%), 1.369 en Santa Cruz de Bezana (18,3%) o 661 en Cabezón de la Sal (13,9%).

Hasta el momento, la presencia de Vox en las instituciones cántabras era muy limitada, ya que el partido entró en mayo en el Parlamento autonómico, donde sus dos diputados están integrados en el Grupo Mixto y estuvieron a punto de quedarse sin representación al superar por la mínima el 5% exigido y en el Ayuntamiento de Santander solo tienen un concejal, aunque necesario para sustentar al equipo de Gobierno de PP y Ciudadanos, que no tiene mayoría en la Corporación municipal.