Hace casi 29 años el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, desaparecía del mapa. Buscado por liderar una trama de corrupción en el seno del Instituto Armado, fue finalmente condenado a 31 años de cárcel por, entre otras cosas, cobrar comisiones a constructoras a cambio de adjudicaciones. La última ramificación corrupta dentro del cuerpo, conocida como caso Cuarteles, investiga operativas similares a menor escala en un ejemplo de cómo las tramas de corrupción mutan, se adaptan al entorno, se atomizan pero siguen bebiendo de las mismas fuentes de dinero público y acudiendo a los mismos mecanismos para conseguir sus objetivos.

Las décadas de los años 1990 y 2000 fueron el caldo de cultivo de grandes tramas corruptas en administraciones públicas que, por norma general, controlaba el Partido Popular y cuyos políticos trenzaban alianzas subterráneas con empresarios que tenían siempre el mismo estribillo: regalos o comisiones para el político, trato de favor para el empresario en forma de adjudicaciones públicas amañadas y, como material superconductor de la corrupción, el intermediario que cobra por sentar a ambos en la misma mesa.

La última actualización se llama caso Mediador, con todos los ingredientes pero en una concentración mucho menor. El cable de mercurio es Marco Antonio Navarro Tacoronte, un exconvicto que grabó, fotografió y documentó cada paso que daba junto a políticos canarios del PSOE para cobrar de empresarios que aspiraban a verse beneficiados por pagarles fiestas y comisiones. La comparación de este y otros casos recientes con grandes tramas como Gürtel o Púnica no se sostiene más allá del andamiaje.

Una persona en prisión provisional, posibles comisiones que en el mejor de los casos suman 15.000 euros y una bajísima tasa de éxito entre los empresarios frente a las antiguas macrocausas cuyas sucesoras no pueden ni aspirar a reproducir sus números aunque toquen las mismas notas y aunque la corrupción siga siendo corrupción. La pieza principal de la Gürtel, una de las muchas en las que se desgajó el caso, dejó 29 condenados, casi 700 contratos públicos amañados por un valor de más de 140 millones de euros y un botín de más de tres millones entre comisiones y regalos para empresarios y políticos de la trama. Una podredumbre que se extendía desde el poder municipal hasta instituciones estatales como AENA.

Parece que la época de las grandes operaciones terminó, o al menos atraviesa una época de letargo. En 2009, cuando Mariano Rajoy y el PP defendían con aplomo que la trama Gürtel era una operación contra el partido y no del partido, la Audiencia Nacional imputó a 37 personas como primer plato de un menú con una decena de piezas separadas. En 2014 la operación Púnica lanzada desde la misma Audiencia arrancó con 35 detenidos y acumuló en una de sus piezas durante casi una década a más de 70 personas y empresas imputadas para después llevar a seis a juicio.

Ya en la transición entre ambas causas se apreció el cambio. Del ladrillo que había protagonizado la corrupción de la Marbella de Jesús Gil y Julián Muñoz o las 200 viviendas de obra pública amañadas por la Gürtel en Boadilla del Monte a los contratos para mejorar la imagen de los políticos en la trama Púnica, que también metió la cabeza en el negocio de los contratos públicos para la eficiencia energética de la mano con Cofely. La corrupción, como la vida en Jurassic Park, se abre camino y se adapta. Del Francisco Correa que iba a la boda de la hija del presidente José María Aznar al Alejandro de Pedro con el que hablaba hasta la presidenta Isabel Díaz Ayuso y a quien ahora nadie parece conocer. Como sucede con Francisco Camps y Álvaro Pérez 'el Bigotes'.

Corruptos y corruptores no son la única marca de nacimiento que comparten esta causas. También está el papel de los partidos políticos y su financiación, prácticamente impune porque la financiación ilegal no fue considerada un delito hasta 2015, con muchas tramas ya descubiertas y a salvo de ese artículo del Código Penal. Pero desde la Filesa del PSOE sentenciada en 1997 hasta la Gürtel del PP con varias condenas económicas para el partido, pasando por la sanción similar impuesta por el Supremo a Convergència por el saqueo del Palau de la Música, la financiación de grandes partidos con dinero corrupto lleva muchos años presente en España.

Otro ejemplo reciente dejó sentenciado en firme un caso de prevaricación y malversación con unos números difícilmente igualables: los ERE de Andalucía. Con el expresidente José Antonio Griñán entre los condenados a prisión, el Supremo declaró probado que un sistema fraudulento de ayudas repartió de manera arbitraria e irregular más de 600 millones de euros durante años en Andalucía. Los condenados no se lo llevaron al bolsillo como en un caso clásico de corrupción pero malversaron una cantidad de dinero público, según el Supremo, que hace palidecer los números brutos del resto de causas.

La nueva corrupción que vuelve

Las causas han adelgazado, pero su espíritu es el mismo y el musical ya no se desarrolla solo en la Audiencia Nacional, sino en juzgados y tribunales de todo el país. En Cantabria, por ejemplo, un juzgado de Santander investiga si la Consejería de Obras Públicas alojó una trama corrupta que amañaba contratos para la construcción de carreteras, con varios altos cargos del ejecutivo de Miguel Ángel Revilla cesados o dimitidos y varios millones de euros supuestamente desviados a cuentas particulares. Y si Francisco Granados está acusado en la Púnica de esconder casi un millón de euros en el altillo de su suegro, el jefe del Servicio de Carreteras de Cantabria está acusado de esconder 530.000 euros en efectivo en su casa junto con una máquina de contar dinero.

Quien también tenía dinero en efectivo en una caja de zapatos, en total 61.000 euros, era Francisco Javier Espinosa Navas, antiguo mando de la Guardia Civil y único preso preventivo del caso Mediador. Dinero en efectivo y, al más puro estilo Bárcenas, una contabilidad B. En esta causa, que lleva un juzgado de Canarias, la magistrada investiga si Navarro Tacoronte actuó de enlace entre políticos canarios del PSOE y empresarios para ayudarles a hacer negocio y hacer él mismo también negocio, con dádivas, fiesta y comisiones para los socialistas. El exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ya dimitido, está acusado de cobrar 15.000 euros por unas comisiones que él niega.

De isla a isla, en Palma un juzgado investiga el conocido como caso Puertos, con la lupa puesta en los supuestos amaños en la adjudicación de amarres por parte de la Autoridad Portuaria de Balears, dependiente del Govern. En Ibiza, otro juzgado investiga a Vicent Marí, el dirigente del Consell por el PP, por prevaricación en la adjudicación supuestamente irregular de un contrato para producir un cortometraje. En Córdoba, el caso conocido como Infraestructuras mantiene ocupados a tres juzgados investigando seis piezas separadas en torno a contratos de obras e, incluso, el pago con fondos públicos de la reforma de un garaje privado a las afueras de la ciudad. En el municipio vasco de Alonsotegi (2.900 habitantes) hay tres alcaldes del PNV imputados por distintas causas.

En Madrid, tal y como ha explicado elDiario.es, otro de los casos de supuesta corrupción con mayores implicaciones políticas se investiga en Arroyomolinos. Su alcaldesa y alto cargo del PP de Isabel Díaz Ayuso, Ana Millán, está investigada por cobrar 200.000 euros de un empresario al que había adjudicado más de 670.000 euros en contratos cuando ejercía como concejala. En Canarias la lista de supuestos casos de corrupción se remonta a más de dos décadas atrás en el tiempo con casos que abarcan casi todo el Código Penal.

Nuevas condenas y casos por juzgar

Los casos siguen siendo muchos, las comisiones y los contratos supuestamente amañados siguen ahí y las firmas que harían tiritar a cualquier funcionario honesto siguen apareciendo. Surgen como champiñones una década después del estallido de tramas como la Gürtel que hicieron accesibles al gran público las maniobras para torcer la voluntad de los poderes públicos y, llegado el caso, meter la mano en la caja.

Alberto Casero, diputado del PP hasta hace unas pocas semanas, está a la espera de ser juzgado por adjudicar cinco contratos pasando por encima de cualquier procedimiento administrativo y legal cuando era alcalde de Trujillo, por valor total de más de 90.000 euros. Pedro Antonio Sánchez, expresidente de la región de Murcia por el PP, acaba de ser condenado a tres años de cárcel por encargar un informe a un arquitecto verbalmente y sin expediente cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. La Fiscalía acaba de pedir dos años y diez meses de cárcel para Xavier García Albiol, exalcalde de Badalona, por una instalación de antenas irregular en el municipio.

La lista adelgaza por el lado de los archivos pero crece, en clara desproporción, por el extremo de las nuevas aperturas, juicios y condenas. El Consejo General del Poder Judicial, que recopila datos sobre este tipo de procesos, explica que en 2021 los jueces de todo el país abrieron juicio por supuesta corrupción contra 273 personas, y se dictaron además un total de 65 sentencias con un balance de 44 condenas y 21 absoluciones.

Pendientes de juicio están algunos de los mayores casos de corrupción de la última década. Las principales piezas de la operación Púnica, con pesos pesados de la política como Francisco Granados y la financiación del PP de Madrid en el banquillo, o las de la operación Lezo, con el ex presidente madrileño Ignacio González como supuesto cabecilla del entramado. También el caso del 3% de Convergència, con la Fiscalía pidiendo condenas de hasta 21 años de cárcel. O la operación Kitchen, con responsables políticos como el exministro Jorge Fernández Díaz acusado de liderar una estrategia de uso de medios policiales para proteger al PP de sus propias causas de corrupción. Varias piezas de la trama Gürtel siguen pendientes de juicio o sentencia firme. La vieja y la menos vieja corrupción, por tanto, tienen todavía muchas temporadas por delante para seguir poniendo a prueba la capacidad de sorpresa de la ciudadanía y de los tribunales.

–––––––

Ya que estás aquí, sigue leyendo...

elDiario.es se financia con las cuotas de 60.000 socios y socias que nos apoyan. Gracias a ellos, podemos escribir artículos como éste y que todos los lectores –también quienes no pueden pagar– accedan a nuestra información. Pero te pedimos que pienses por un momento en nuestra situación. A diferencia de otros medios, nosotros no cerramos nuestro periodismo. Y eso hace que nos cueste mucho más que a otros medios convencer a los lectores de la necesidad de pagar.

Si te informas por elDiario.es y crees que nuestro periodismo es importante, y que merece la pena que exista y llegue al mayor número posible de personas, apóyanos. Porque nuestro trabajo es necesario, y porque elDiario.es lo necesita. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.

La irrupción del caso Mediador (una investigación judicial que implica a un diputado del PSOE ya dimitido, algunos ex altos cargos de instituciones públicas canarias e incluso a la Guardia Civil) la ha aprovechado el PP para atacar a su principal rival electoral en uno de los temas que más daño ha hecho a los populares en los últimos años: la corrupción. La dirección de Alberto Núñez Feijóo se ha lanzado a intentar exprimir este escándalo e intentar convertirlo en un caso estatal que afecta al Gobierno y a Pedro Sánchez, pese a que ese salto todavía no lo ha dado la jueza que instruye la causa.

El PP trata de quitarse la etiqueta que lo relaciona con la corrupción. La acumulación de casos, y una sentencia condenatoria, llevó al Congreso a aprobar en 2018 por primera vez una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Contra ese estigma intentó actuar Pablo Casado, quien procuró dar una imagen de “limpieza” que le llevó a señalar por corrupción a Isabel Díaz Ayuso, lo que provocó su defenestración política. 

Ahora, con Feijóo sentado en la planta noble de la sede nacional, el PP confía en situar a su rival en un marco comunicativo relacionado con la corrupción. Pero bajo las alfombras del edificio situado en el 13 de la calle de Génova de Madrid se esconde todavía mucha mugre que se barrió deprisa y corriendo. Y algunos de esos casos siguen vivos y todavía pueden deparar alguna sorpresa a los actuales dirigentes.

70 policías para salvar al PP

La investigación sobre la Operación Kitchen ha dado un paso clave en su viaje al juicio oral: la Fiscalía Anticorrupción ha presentado sus conclusiones provisionales y ha pedido penas de hasta 15 años de cárcel para la cúpula de Interior y de la Policía Nacional durante el mandato del PP. Entre otros, el exministro Jorge Fernández Díaz, su número dos Francisco Martínez y varios mandos policiales. 

La petición más alta es para el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Anticorrupción considera probado que hace exactamente una década las máximas autoridades de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy pusieron en marcha un operativo ilegal para acceder a los archivos del extesorero Luis Bárcenas y retirar de la circulación pruebas que pudieran comprometer al PP. 

La causa ataca así el núcleo duro del Gobierno de Mariano Rajoy, uno de los padres políticos de Feijóo y un referente para el candidato del PP, según él mismo ha asegurado. Y eso que la investigación del juzgado de la Audiencia Nacional de Manuel García Castellón ha dejado fuera a la entonces secretaria general, María Dolores de Cospedal, y a su marido, Ignacio López del Hierro. 

Rajoy telefoneó a Fernández Díaz cuando se conoció el escrito de acusación, tal y como informó El Periódico de Catalunya. Apenas un mes antes, compartía escenario con Feijóo en Valencia para apoyarlo en su carrera a la Moncloa.

Según la Fiscalía, el operativo parapolicial supuestamente impulsado por el PP empleó “recursos, técnicos y humanos” del Ministerio del Interior en beneficio del PP: ocho inspectores jefes de grupo, dos subinspectores, ocho oficiales y 52 agentes de Policía Nacional especializados en seguimientos. Un total de 70 efectivos de Policía dedicados a evitar que la corrupción salpicara al partido. 

Además, se ha conocido una nueva ramificación de esta Operación Kitchen: las presiones ejercidas sobre Luis Bárcenas y su entonces abogado para no publicar informaciones perjudiciales para el PP. Según investiga la Audiencia Nacional, hubo “un encargo realizado por terceras personas vinculadas al PP a fin de conseguir que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el partido vinculadas con dicho sumario”. 

Los contratos ilegales de Alberto Casero

La petición de Anticorrupción para Jorge Fernández casi ha coincidido en el tiempo con la decisión del Tribunal Supremo de juzgar a Alberto Casero por prevaricación y malversación de caudales públicos, quien dejó la militancia en el PP y su escaño en el Congreso en dos veces tras conocerse la decisión del juez.

Casero se hizo famoso por equivocarse en la votación de la reforma laboral y permitir con su error la aprobación de la medida del Gobierno. El exalcalde de Trujillo (Cáceres) fue el número cuatro interno en el organigrama de Pablo Casado, cuando fue designado secretario de Organización del PP. A las órdenes de Teodoro García Egea y Ana Beltrán, Casero era el enviado de la dirección nacional a los territorios. Allí donde había un problema, llegaba él a intentar solucionarlo. 

El juez ha concluido que Casero adjudicó cinco contratos por un valor de 94.000 euros de manera ilegal cuando era regidor de la localidad. Contratos para organizar la Feria del Queso, para contratar un psicólogo o para poner en marcha un evento gastronómico de comida peruana. Él mismo reconoció en el Supremo que los procesos podían estar trufados de errores e irregularidades, pero que en ningún caso cometió un delito.

La renuncia a su escaño puede devolver el caso a los tribunales de Extremadura para ser juzgado allí, al haber perdido el aforamiento. 

Tres años de cárcel para el expresidente de Murcia

Tercera coincidencia temporal con el PP intentando sacarse de encima el estigma de la corrupción: el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez ha sido condenado a tres años de cárcel.

Cuando el PP reformó la ley para limitar el tiempo que la Justicia podía dedicar a una investigación penal, uno de los principales beneficiados fue precisamente Sánchez. Presidente de la Región de Murcia entre 2015 y 2017, se vio envuelto en varios casos de corrupción. Uno de ellos, que analizaba la contratación supuestamente ilegal para acondicionar la Rambla de Nogalte de Puerto Lumbreras, quedó archivado porque muchas diligencias se pidieron fuera de plazo. 

Pero otro de esos casos, que también procede de su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras, ha pasado ese filtro y le ha costado una condena que, en caso de ser declarada firme, implicará su entrada en prisión: tres años de cárcel por prevaricación y falsedad documental en el conocido como caso Auditorio.

En este caso, sin expediente de contratación de por medio y de forma verbal, Sánchez encargó a un arquitecto un proyecto para las obras del auditorio municipal, evitando que otros arquitectos pudieran ganar ese concurso. Todo para justificar una subvención regional y evitar tener que devolver el dinero.

Sánchez dimitió en 2017, con Rajoy todavía en la Moncloa y Feijóo en la Xunta de Galicia. Pero quien ocupa hoy la Presidencia de Murcia, y uno de los principales barones del PP, salió entonces a defender a su jefe de filas. “Yo confío en Pedro Antonio”, dijo Fernando López Miras en un vídeo que sus rivales han recuperado ahora.

Pero no hay que irse tan lejos. En julio de 2022, López Miras fue reelegido presidente del PP de Murcia. En una intervención ante el pleno del congreso dijo en referencia expresa a Pedro Antonio Sánchez que él había “aprendido de los mejores”. En primera fila, destacados barones del PP y dirigentes autonómicos, así como la secretaria general, Cuca Gamarra. La ovación duró varios segundos. Ese mismo día, para la intervención final, apareció también el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo y un imputado de Ibiza comparten mantel

Otra ovación se llevó el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, el pasado fin de semana. En un acto de precampaña del PP balear, Marí compartió mesa y mantel con el presidente del partido en la isla, José Vicente Marí Bosó, la líder autonómica, Marga Prohens, y el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.

El problema es que Vicent Marí está imputado, también por corrupción. En su discurso, Prohens dijo: “Los ibicencos te reconocen, te estiman y quieren que seas su presidente. Por eso yo y este partido necesitamos que sigas siendo el alcalde de alcaldes. Pero sobre todo que sigas siendo Vicent Marí”. El aplauso fue cerrado.

Ayuso: de Arroyomolinos a la comisión de su hermano

Muy actual es también la corrupción del PP de Madrid, que está inserta en la dirección autonómica del partido que lidera Isabel Díaz Ayuso. La lideresa cuenta en su organigrama con la alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, también imputada por corrupción junto a un empresario que se habría beneficiado de unas contratos durante su anterior etapa como concejala en el Consistorio. 

Millán ocupa un puesto clave: la vicesecretaría de Organización Territorial. Pese a la imputación judicial, en mayo será de nuevo candidata del PP en Arroyomolinos. La alcaldesa reconoció el pasado 22 de abril ante un juez de Navalcarnero los pagos, aunque dijo que los ingresos que le realizó el empresario que recibía adjudicaciones de la concejalía que encabezó entre 2012 y 2016 porque correspondían al alquiler de un ático de su propiedad, con derecho a compra. En cuatro años, Millán recibió más de 44.000 euros de la empresa Neverland, propiedad del empresario Vicente Roselló, cuyas empresas recibieron contratos por valor de más de 660.000 euros.  

El otro gran caso que ha afectado a Ayuso tiene que ver con los negocios de su familia, su Gobierno y fue arma central en la mayor guerra civil vivida en la derecha española en las últimas décadas. “¿Cuando morían 700 personas al día puedes contratar con tu hermano y recibir 286.000 euros?”, dijo un viernes el por entonces presidente del PP, Pablo Casado, en una entrevista en la cadena COPE. Cinco días después estaba muerto políticamente.

Se refería al hermano de Ayuso, que había cobrado al menos una sustanciosa comisión de una empresa que vendió material sanitario al Gobierno de Madrid durante la pandemia. Un pago que ha sido reconocido por la propia presidenta regional, pero que se llevó por delante a quien lo denunció. Casado fue defenestrado de su puesto. Los barones pusieron en su lugar a Feijóo.

Marbella: la alcaldesa que no conocía los negocios de su marido

De plena actualidad es también el proceso judicial que afecta a la familia de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, quien ha visto como su marido (recientemente fallecido) y su hijastro eran procesados por la Audiencia Nacional por delitos relacionados con el narcotráfico internacional.

Un cálculo de elDiario.es cifra en más de 12 millones de euros el patrimonio de la alcaldesa acumulado en tres décadas en política durante los cuales solo ha cobrado dietas del Consistorio Marbellí y su sueldo de parlamentaria nacional en dos legislaturas. 

Ante el Senado, Muñoz ha ocultado incrementos patrimoniales y ha reducido las numerosas propiedades que posee a las acciones que figuran a su nombre de las sociedades que ha utilizado para adquirirlas, lo que rebaja considerablemente el valor real de ese patrimonio declarado. 

Los jueces Alejandro Abascal y Manuel García Castellón han dejado fuera de la investigación las relaciones de la trama con el propio Ayuntamiento de Marbella, pese a los informes policiales que apuntaban indiciariamente en sentido contrario. Muñoz intenta acallar a elDiario.es en los tribunales por revelar toda esta información.

Pese a todo, el PP ha respaldado públicamente a Muñoz, quien volverá a ser la candidata en la ciudad malagueña el próximo 28 de mayo.

Salamanca y la “financiación ilegal” del PP de Mañueco

En el PP también hay sombras de corrupción interna. Uno de los barones de Feijóo, Alfonso Fernández Mañueco, está en el centro de un proceso judicial por supuesta “financiación ilegal” del PP en su provincia, Salamanca, durante el proceso de primarias que le permitió liderar el partido, primero, y ser candidato a a Junta de Castilla y León, después.

La Operación 'Mañueco presidente' está pendiente de juicio. Y el congreso provincial acumula meses y meses de retraso sin que los órganos de garantías del PP hayan intervenido. Tampoco la dirección nacional, que ha dejado hacer a su líder autonómico pese a las dudas sobre el proceso que lo eligió.

La situación está tan enquistada que se ha producido otro conflicto judicial por el retraso de ese congreso, mientras sí se han celebrado las primarias para seleccionar a los candidatos el 28 de mayo. Un proceso interno otra vez salpicado de dudas por la aparición de cientos de afiliados nuevos en pocos días.

Los problemas judiciales del PP de Salamanca han llevado al partido a los tribunales, y la dirección nacional estaba llamada a comparecer. En concreto, la jueza citó a Feijóo. Pero el presidente no acudió y mandó a un representante, lo que provocó el enfado de la magistrada: “La persona que estaba citada, era el señor Feijóo, que hubiera venido y me hubiera dicho: no sé absolutamente nada, no puedo informarle de nada, no puedo ayudarle en nada. Era él el que estaba citado, no estaba citado el señor que está ahora enfrente de mí”.

No es el único caso judicializado en Castilla y León. El eexvicepresidente de la Diputación de Valladolid y alcalde del municipio de Olmedo, Alfonso Centeno, ha sido procesado en el llamado caso Meseta Ski, que investiga la construcción de una pista de esquí seco que proyectó el organismo público con un presupuesto inicial de cuatro millones de euros, que se disparó hasta los 12 y que hoy está desmantelada por orden judicial, al haberse construido en un monte quemado. Centeno se fue de viaje de placer con los promotores de la obra.

Pese al auto de procesamiento, el PP incumple sus propios Estatutos y no ha abierto un expediente sancionador contra el alcalde, que quiere repetir el 28M.

La corrupción del PP en València

Las administraciones valencianas fueron, durante años, uno de los grandes caladeros de negocio de la trama Gürtel y su relación simbiótica con el PP, que lideró el Ejecutivo regional desde 1995 hasta 2015. Algunos casos de supuesta corrupción están siendo juzgados en los tribunales valencianos. Uno de ellos es el caso Taula, donde el fiscal ha afirmado estos días durante el juicio que “asusta pensar lo que han podido hacer con ese dinero”. 

Se refiere el fiscal a los 40 millones de euros anuales que manejaba Marcos Benavent al frente de la empresa pública Imelsa, de la Diputación de Valencia que también presidía el PP con Alfonso Rus. La Fiscalía, que pide 12 años de cárcel para él, declara probado que en el seno de esta empresa pública existieron trabajadores zombies que cobraban sin trabajar o mientras trabajaban fuera de la empresa que les pagaba con dinero público. 

Otro caso, que también afecta a los socialistas valencianos, es el bautizado como Azud, donde una jueza investiga una trama de corrupción con epicentro en el Ayuntamiento de València en la época de Rita Barberá pero con ramificaciones que llegan a más de medio centenar de imputados y que afecta también a cargos del PSPV y a varias campañas de los socialistas, todo entre 1999 y 2013. En esta causa el foco está puesto en el empresario Jaime Febrer y los sobornos y comisiones que la trama pagaba, supuestamente, a cambio de acceder a obra pública. 

El horizonte judicial del PP

El PP de Alberto Núñez Feijóo tiene todavía por delante un campo de minas de causas de corrupción que afectan a su partido. En las próximas semanas, por ejemplo, el Tribunal Supremo hará pública su sentencia firme sobre una de las ramificaciones principales de la trama Gürtel: la corrupción que rodeó la organización de la visita del Papa a València en 2006. 

Varias piezas de la trama Gürtel, Púnica o Lezo también están pendientes de juicio o sentencia en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Una de ellas es la pieza separada que analizó y condenó la actividad de la trama en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, causa en la que el Partido Popular fue condenado como responsable a título lucrativo por los 204.198,64 euros que la trama corrupta usó para pagar sus campañas municipales entre 2003 y 2007 en una ciudad en la que gobierna ininterrumpidamente desde 1983. 

Otro de los casos pendientes de sentencia en este organismo central es la pieza sobre adjudicaciones irregulares a las empresas de Gürtel que atañe precisamente a Francisco Camps, entre otras cosas, para el expositor de esta administración en la edición de Fitur en 2009. Anticorrupción pide dos años y medio de cárcel para él en un juicio en el que colaboradores de la trama como Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ han señalado sin dudar al expresidente valenciano. 

Sobre él dijo Feijóo el pasado mes de febrero en una entrevista: “Vamos a ver qué dicen los compañeros de Valencia, porque al final Paco Camps es un personaje de la política valenciana. Pero desde luego yo le mantengo el respeto (...). Está claro que las cosas que se le imputan, al menos el 90% de las mismas, han quedado resueltas satisfactoriamente.

–––––––––

El valor del periodismo de investigación

elDiario.es se financia con las cuotas de 60.000 socios y socias que nos apoyan. Gracias a ellos, podemos escribir artículos como éste y que todos los lectores –también quienes no pueden pagar– accedan a nuestra información. Pero te pedimos que pienses por un momento en nuestra situación. A diferencia de otros medios, nosotros no cerramos nuestro periodismo. Y eso hace que nos cueste mucho más que a otros medios convencer a los lectores de la necesidad de pagar.

Si te informas por elDiario.es y crees que nuestro periodismo es importante, y que merece la pena que exista y llegue al mayor número posible de personas, apóyanos. Porque nuestro trabajo es necesario, y porque elDiario.es lo necesita. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entregado su informe definitivo sobre una de las piezas del caso de corrupción Lezo y las comisiones salidas del proyecto de llevar el tren hasta la localidad madrileña de Navalcarnero. Un documento, adelantado por la Cadena SER y al que ha tenido acceso elDiario.es, que apuntala la acusación de que la constructora OHL pagó comisiones de más de un millón de euros destinadas al expresidente madrileño, Ignacio González, e Ildefonso de Miguel, exdirector del Canal de Isabel II, a cambio de la adjudicación.

La investigación sobre la corrupción que supuestamente rodeó la adjudicación de este proyecto fallido de llevar el tren hasta Navalcarnero, localidad de más de 30.000 habitantes del sur de la Comunidad de Madrid, es una de las que está a las puertas de juicio dentro de la causa Lezo. Anticorrupción ha pedido ya cuatro años de prisión para Ignacio González, tal y como adelantó elDiario.es en diciembre de 2020, además de seis años para Javier López Madrid, entonces consejero de la constructora.

Para la fiscal del caso, Ana Cuenca, la orden fue que OHL pagara 2,5 millones de dólares desde una cuenta de la empresa en el Banco Santander hasta sus cuentas en México poco después de que el proyecto fuera adjudicado a la constructora. Después fue Adrián de la Joya, según la Fiscalía, quien movió ese dinero por Panamá hasta Suiza para después retirarlo en efectivo y ponerlo en manos de Ildefonso de Miguel para que el botín fuera repartido en condiciones desconocidas. Para De Miguel, la Fiscalía pide cuatro años de presidio y para De la Joya tres años y medio.

El informe que la UCO ha aportado al procedimiento apuntala esta acusación. “Se trató de una operación gestada desde España y el hecho de que los fondos viajasen a Suiza a través de dos empresas mexicanas del grupo OHL permite inferir que se trató de evitar ordenar unas transferencias desde las cuentas de OHL en España a la cuenta en Suiza del intermediario en las comisiones para velar el rastro de los fondos”, dice el documento sobre el papel de OHL.

Los pagos, según este informe, eran comisiones y uno de sus destinatarios era el expresidente de la Comunidad de Madrid. “Se han recabado elementos que apuntan a Ignacio González como uno de los destinatarios”, dice la UCO. Entre otras cosas, apuntan a conversaciones entre Francisco Granados y Javier López Madrid, la declaración del empresario David Marjaliza o el conocimiento “extraño” que González tenía de toda la operativa corrupta.

González, explica la UCO, era el contacto con López Madrid en la Comunidad. El empresario pidió trato de favor, explica el informe, “como por ejemplo para tratar de sortear las presiones de la Comunidad de Madrid para que se iniciasen las obras del tren o en relación con la adjudicación del contrato de la Ciudad de la Justicia”.

El caso del desaparecido campo de golf del Canal de Isabel II, en el distrito de Chamberí, representa un manual de la corrupción con tintes carpetovetónicos en aquel Madrid que gobernó Esperanza Aguirre. El juez del caso Lezo acaba de dictar el auto que muestra el camino del banquillo al entonces número dos del Ejecutivo autonómico del PP y presidente de la empresa pública de aguas, Ignacio González, en una trama en la que el político se acompaña de su hermano, un cuñado, otro socio y un alto cargo de la cuerda ideológica. 

Del auto de Manuel García-Castellón y del escrito de la fiscal Anticorrupción Ana Cuenca se desprende una historia que se resume así: la presidenta del Gobierno autonómico, Esperanza Aguirre, destinó 58 millones de euros del erario público para hacer realidad el capricho de que un deporte minoritario como el golf, su preferido, pudiera expandirse teniendo un campo en pleno centro de Madrid. Su número dos aprovechó la idea para sacar tajada, con la colaboración del gerente del Canal, Ildefonso de Miguel, y la ayuda determinante de dos familiares, que ocultaron estar detrás de una empresa adjudicataria. 

A continuación, la conclusión de la investigación judicial: “La actuación conjunta de estos cinco investigados permitió la subcontratación impuesta, innecesaria e irregular de TCT (la empresa del hermano, el cuñado y el tercer socio) en dos concursos públicos promovidos por Canal de Isabel II pese a carecer de toda capacidad para ejecutar los trabajos subcontratados, consiguiendo así entre los años 2012 la obtención de un beneficio total cercano a los 505.000 euros, financiado con los fondos públicos dedicados a ambos concursos”. 

Y la consecuencia: el juez propone sentarles en el banquillo. Solo restan los escritos de las acusaciones y los recursos de las defensas, y a continuación el previsible auto de apertura de juicio oral contra Ignacio González, Ildefonso de Miguel, Pablo González, Juan José Caballero (cuñado y socio del anterior) y José Antonio Clemente (socio sin vínculos familiares conocidos con el resto).

La instrucción del caso Lezo ha permitido que afloren otros detalles que vienen a redondear el citado manual de corrupción, como la colaboración inestimable de una gran constructora. Describe el juez cómo en 2003, la empresa pública del Canal sacó a concurso la ejecución de las obras del proyecto sobre la cubierta del denominado “tercer depósito” de la compañía de aguas y cómo fue adjudicado a ACS Proyectos, Obras y Construcciones SA, que a partir de junio de 2004, pasó a llamarse Dragados SA.

Todo normal hasta que los imputados vieron aquí la oportunidad de negocio. Continúa el auto: “Con el fin de beneficiar a familiares de éste último, se impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación”. 

“Convinieron con Dragados”

Para materializar el plan –“guiados por dicho fin”, según los términos de la resolución judicial–, los imputados “convinieron con Dragados” que la constructora también sería adjudicataria del modificado siempre que “subcontratara para determinados trabajosa la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería SL (TCT)” que tenía por socios a José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González González y Juan José Caballero Escudier. Como pudiera parecer muy descarado, el hermano de González y el cuñado de éste se cuidaron de que su participación en TCT fuera a través, dice el juez, “de personas interpuestas”. 

Faltaba un detalle: la modificación debía ser aprobada por el Consejo de Administración del Canal de Isabel II, hecho que ocurrió el 19 de julio de 2006. Por este motivo han estado imputados durante años los miembros del mismo, si bien la Fiscalía ha propuesto el archivo de la causa contra ellos y el juez ha aceptado. Destaca en el auto García-Castellón que la aprobación de la modificación se produjo “merced a la intervención” en dicho sesión de Ignacio González y su gerente, Ildefonso de Miguel. 

Aprobado y hecho. Antes incluso de que se adjudicara formalmente el modificado a Dragados, ésta ya había contratado a TCT “a pesar de conocer que esta sociedad carecía de toda capacidad” para ejecutar los trabajos. Y no solo eso sino que le amplió los contratos en cuatro ocasiones. En total, la pequeña compañía obtuvo 3.067.864,83 euros.

Ahí podría haber acabado la trama de corrupción, pero TCT necesitaba a alguien que hiciera verdaderamente los trabajos. Así que subcontrató a su vez a Onlygolf y a Fieldturf España. Pero tampoco en este caso se hizo sin irregularidades: el hermano de Ignacio González y sus socios acordaron con éstas llevarse un 8% por su intermediación, “consiguiendo así un beneficio aproximado para TCT de 381.000 euros de los fondos públicos destinados a este modificado”, resume el auto. Los tres socios decidieron repartirse 267.000 euros que habían recibido en 49 entregas de dinero en efectivo metido en sobres. 

Tampoco ahí acabó la historia de corrupción en torno al sueño deportivo de Esperanza Aguirre. Una vez construido había que gestionar el campo. De las diez empresas que se presentaron, el Consejo del Canal eligió el 27 de diciembre de 2006 una UTE formada por tres empresas. Una de ellas era TCT y otra una filial de Dragados. Tras la adjudicación, las tres empresas formaron Green Canal Golf, el nombre que ha destacado durante estos años en el complejo de golf próximo a la parada de metro de Ríos Rosas. 

Y ya en un bucle infinito de subcontrataciones, Green Canal Golf subcontrató a TCT para el mantenimiento del césped durante cinco años a casi 10.000 euros al mes. Y TCT, a su vez, subcontrató a Onlygolf. Resultado, otros 124.000 euros de dinero público para los investigados. Todo sumado dan la cifra del medio millón de euros que ha calculado Anticorrupción. 

Aguirre: “Mátenme, pero fue idea mía”

El campo de golf fue derribado porque el Tribunal Supremo falló, a instancias de una asociación vecinal, que la “utilidad pública” con la que Esperanza Aguirre sacó adelante el proyecto cuando se opuso el Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón nunca fue tal. “Mátenme, pero la idea fue mía. Lo vi en Tokio y en algunas películas”, soltó Esperanza Aguirre ante la comisión de investigación de la corrupción del PP que celebró la Asamblea Madrileña en 2018. La acusación popular que ejerce el PSOE pidió su imputación, pero ni la Fiscalía ni el juez apreciaron indicios de delito en la actuación de la expresidenta. La actual jefa del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, tiene previsto inaugurar el gran parque del Canal, sobre los terrenos del campo de golf, en el verano de 2023, antes de las próximas elecciones autonómicas. 

Esta es la tercera causa por la que previsiblemente será juzgado Ignacio González, para el que la Fiscalía pide 10 años de cárcel por el caso del tren a Navalcarnero y otros ocho por otras operativas de saqueo de la empresa pública del Canal de Isabel II. Su hermano Pablo se libró recientemente de la acusación por blanqueo de capitales de la corrupción liderada por González cuando era vicepresidente autonómico, cargo que ocupó entre 2003 y 2012. Después llegó a presidir durante tres años la Comunidad de Madrid. Ignacio González fue detenido por la Guardia Civil el 18 de abril de 2017. Pasó siete meses en prisión provisional. En octubre de 2018 se reincorporó a su plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid. 

El juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón, ha archivado una de las investigaciones contra Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, por “indicios insuficientes” en su contra. En un auto donde no se alude a ningún aspecto de la investigación ni de esos indicios, García-Castellón se limita a apoyar la propuesta de la Fiscalía Anticorrupción en lo que atañe a Pablo González y el caso de corrupción en torno a la empresa pública de aguas del Canal de Isabel II. 

Del escrito de Anticorrupción apoyando el archivo se deduce al menos que Pablo González era investigado por blanqueo de capitales, esto es, por ayudar a su hermano a esconder fondos sustraídos de la empresa pública de aguas con “préstamos ficticios y simulación de distintas relaciones comerciales”. 

“El curso de la investigación ha desvelado que, si bien era necesaria su imputación para aclarar tales hechos y su trascendencia penal, la misma no ha resultado suficiente para recabar los indicios necesarios que permitan sostener tal imputación”, añade la fiscal Ana Cuenca en su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Pablo González fue investigado por un presunto amaño en la adjudicación de un campo de golf en el centro de Madrid, construido en terrenos del Canal de Isabel II. Una UTE en la que participaba el hermano del presidente entonces de la sociedad pública concurrió y se llevó el proyecto pese a que su oferta era peor que otras presentadas. Eloy Velasco le envió a prisión, eludible con una fianza de 4 millones de euros, atribuyéndole indiciariamente varios delitos relacionados con ese amaño, tales como cohecho, malversación o fraude, así como de blanqueo por inversiones realizadas en el extranjero con fondos de procedencia irregular tanto de su hermano como suyos.

El hermano del expresidente madrileño llegó a pasar tres meses en prisión, hasta que el juez Eloy Velasco rebajó la fianza a 200.000 euros, que logró reunir y abandonar la cárcel el 27 de julio de ese año. Los indicios recabados por la Guardia Civil eran tales que la Audiencia Nacional había autorizado la utilización de micrófonos de ambiente para recoger las conversaciones que mantenía con otros presuntos implicados Pablo González. 

En una de las grabaciones a la trama se escucha cómo Ignacio González sabe que le están investigando y al día siguiente su hermano Pablo visita al entonces número dos de Interior, José Antonio Nieto. El secretario de Estado de Seguridad negó que en esa reunión hablaran de Lezo y aseguró que González le fue a ver por su preocupación por la seguridad de un país extranjero donde iba a operar Mercasa. 

También libre por Mercasa

Precisamente esta empresa pública era objeto igualmente de la investigación sobre Pablo González, al resultar posibles irregularidades en las escuchas de Lezo. El juez Velasco se inhibió en favor del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ya investigaba las irregularidades de la compañía.

Por su parte, el magistrado José de la Mata dejó fuera a Pablo González de la pieza separada en la que investigaba un supuesto soborno de Mercasa que ascendía a 20 millones de euros en un proyecto en Angola. 

En una de las grabaciones de Lezo, Pablo González hablaba sobre el sistema de mordidas que utilizaban en Mercasa: “Dime con quién hacemos esto y te dice con la constructora ”zutanito“ y te vas a la constructora ”zutanito“ y le dices mira, el precio entendemos que es este, le vas a cargar un 10% más porque habrá que pagar a tal. Y le pagas. Ya está joder”.

Desaparecido de la primera línea política desde 2003, el nombre de Julio Bonis, fundador de Coalición Canaria (CC) y consejero de Presidencia y Sanidad del Gobierno regional en los años noventa, ha vuelto a resurgir en el marco de una investigación por un presunto caso de corrupción, como ya lo hiciera hace unos años por sus vínculos empresariales con Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol e imputado por blanqueo de capitales, o en el sumario del pelotazo urbanístico de la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife. Bonis aparece mencionado en un informe remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez instructor de la operación Lezo en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, como precursor de la vía abierta por la constructora OHL a finales de 2006 para el pago de las comisiones a cargos públicos en el extranjero ante las dificultades para efectuar estos abonos en España.

Bonis reside en la actualidad en México, país al que llegó tras abandonar su carrera política en Canarias, la comunidad en la que este capitán de la marina mercante natural de Segovia se instaló, primero para pilotar, a principios de los ochenta, el jet foil, una embarcación rápida que unía las islas de Gran Canaria y Tenerife, y después para convertirse en referente del nacionalismo en Canarias.

La mención expresa al fundador de CC figura en una de las grabaciones intervenidas en el registro al domicilio de Paulino Hernández, el Villarejo de OHL. En la conversación intervienen, además de Hernández, Rafael Martín de Nicolás, responsable del departamento de Construcción, y Andrés Román Solorzano, quien fuera director en Canarias de SATO, la filial de puertos de la empresa. El diálogo que se reproduce a continuación se desarrolla instantes después de que este último explique a los otros dos directivos cómo se configura el mapa de poder de CC en Canarias y de que estos expresen su inquietud cuando les cuenta algunos entresijos del caso de Las Teresitas, en una de cuyas piezas -finalmente archivada- también figuraba Bonis por sus conversaciones con personas allegadas al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, con quien compartió gobierno en los noventa y que fue finalmente condenado por esta causa.

Rafael Martín de Nicolás (RMN): Aquí en Canarias hemos hecho una cosa a través de Domingo Berriel (ex consejero de Obras Públicas del Gobierno regional, también de CC). ¿Tú conoces a Domingo Berriel?

Andrés Román Solorzano (ARM): Lo voy a ver mañana. Pero mucho, mucho...

RMN: No, no. Berriel no. Me he equivocado yo. Bonis.

ARM: Julio Bonis.

RMN: Bonis. Estamos soltándoselo en México.

ARS: ¿En Nueva California? ¿Baja California? Tiene allí unos tinglados...

RMN. Y a través de facturas. Yo no sé, no sabe decir que no.

ARS: Es que Bonis ya es a título... ¿Porque Bonis tú crees que representa a otros intereses?

RMN: Sí. Ahí está (ininteligible) con el Fernández de...

ARS: ¿De Coalición Canaria?

RMN: Del Ayuntamiento.

ARS: Sí, el que lo sabe muy bien es Juan Madrigal, el de FCC (Fomento de Contrata y Construcciones), muy amigo suyo. Hombre, eso sería..., sería fantástico, lo que pasa es que Antonio Castro...

Al salir el nombre de Antonio Castro, ex consejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, ex presidente del Parlamento regional y uno de los políticos investigados en esta pieza de la operación Lezo por el presunto cobro de comisiones ilegales, interrumpe Paulino Hernández, el ex director general de Obra Civil de OHL.

PH: No le mezcles, no le mezcles con otros. Son muy reacios, ¿eh?

RMN: Pero es que esto es cada día más complicado. Más complicado. Y en general aquí en España, mucho.

ARS: ¿Y en el exterior no es más sencillo?

RMN: Sí, lo estamos intentando hacer todo por el exterior, pero tiene sus tiempos. Es mucho más lento.

ARS: Sí.

RMN: Además tienes que tener el nicho, se tiene que producir el nicho para...

La UCO señala en su informe a Bonis como uno de los cargos políticos que presuntamente habría recibido las comisiones de la constructora vía México por trabajos que no especifica. Del informe se desprende que OHL impulsó a finales de 2006 esta fórmula para el pago de mordidas de importante cuantía ante las dificultades encontradas en España para hacerlo sin levantar sospechas. Una tercera vía que se sumaría a los otros dos mecanismos que habría utilizado la trama: la confección de facturas falsas por parte de “proveedores de confianza” para generar una bolsa de dinero negro con la que abonar las mordidas a cargos a cambio de adjudicaciones de obra pública y la entrega directa de las comisiones a “los conseguidores”, en maletín, cuando se trataba de cifras altas.

“Lo estamos intentando hacer todo por el exterior”, remarca en esa grabación de finales de 2006 uno de los directivos de OHL, que pone a un político y cargo público de Canarias -Julio Bonis, según los investigadores- como ejemplo. La UCO relata en su informe una operativa de pagos a través de sociedades mexicanas del grupo OHL con destino a cuentas corrientes en Suiza, un mecanismo descubierto no solo a raíz de las mencionadas grabaciones, sino también a través de la información extraída del disco duro del director del área económica y financiera, Ignacio Martínez Esteban.

En concreto, la Guardia Civil hace referencia a dos pagos “carentes de lógica comercial” por un total de 2,5 millones de dólares desde una filial de OHL en el país centroamericano, denominada CPVM (Constructora de Proyectos Viales de México), a una cuenta de la sociedad panameña Lauryn Group en el banco Anglo Irish de Ginebra (Suiza). La fecha de estas transferencias (noviembre de 2007) coincide con la época en la que se produjo la adjudicación a OHL de un contrato para la construcción y explotación de la nueva línea del tren de cercanías entre Móstoles y Navalcarnero, en Madrid. Las pesquisas de la UCO permitieron descubrir que el beneficiario real de esa cuenta en Suiza y de la sociedad panameña era el empresario Adrián de la Joya, vinculado a José Manuel Villarejo y detenido el pasado mes de mayo en el marco de la causa que se instruye contra el excomisario por su proyecto para frustrar una extradición recurriendo a contactos con la judicatura.

La Guardia Civil asegura tener indicios de otra operación de características similares ejecutada durante el último trimestre de 2010, aunque no especifica de cuál se trata. Tampoco consta en el informe referencia alguna que permita concluir las actuaciones o conceptos por las que cobró Julio Bonis en Mexico las comisiones que le atribuyen, de las cuales se desconoce también su cuantía.

México, Las Teresitas y el hijo de Pujol

La conversación en la que se menciona a Julio Bonis fue grabada en diciembre de 2006, apenas un mes después de que un diario local se hiciera eco del proyecto turístico promovido por Juandro Consultores, sociedad del histórico dirigente de CC, para la construcción de dos hoteles, apartamentos de lujo y un campo de golf en una parcela de unos 750 metros cuadrados en La Paz, capital del estado mexicano de Baja California. Con una inversión inicial prevista de 300 millones de dólares y la promesa de creación de 1.500 empleos directos, el propio Bonis llegó a presentar la iniciativa en sociedad, ante el alcalde de La Paz, a principios de marzo de 2017, según recoge una nota del Ayuntamiento de esta localidad ubicada en el Golfo de California.

Este proyecto de Bonis en México, denominado Azul de Cortés, aparece referenciado en, al menos, dos sumarios de relevantes casos de corrupción en los últimos años: Las Teresitas y el caso Pujol. El ex consejero de Sanidad y Presidencia del Gobierno de Canarias declaró el 7 de abril de 2009 como testigo durante la instrucción abierta a raíz de la compraventa corrupta del frente de la playa tinerfeña. Lo hizo acompañado por su abogado, a la postre Rafael Lis, el polémico juez que acaba de jubilarse después de haber cumplido una sanción disciplinaria de seis meses de suspensión por una falta muy grave consistente en no apartarse de una causa en la que su pareja era parte.

El interés de las acusaciones en el testimonio de Bonis estaba motivado por su relación con el alcalde que promovió esa operación, el también nacionalista Miguel Zerolo, y por las conversaciones interceptadas en el curso de la investigación de una pieza finalmente archivada. La Fiscalía sospechaba que Zerolo pretendía invertir el supuesto cobro de comisiones ilegales procedente de Las Teresitas -la causa por cohecho fue finalmente archivada- en el proyecto turístico de Bonis en México a través de un testaferro.

En esa comparecencia, el fundador de CC explicó que su actividad empresarial en el país centroamericano comenzó en abril de 2006, tres años después de abandonar su carrera política en Canarias, y que Azul de Cortés había sido el objeto de su trabajo durante esos tres años. Bonis redujo su relación con Zerolo al periodo en el que ambos coincidieron en el Gobierno regional (de 1993 a 1995, él como consejero de Sanidad, y el exalcalde y senador, como titular del área de Turismo) y a alguna conversación aislada con posterioridad y dijo desconocer si el exalcalde había mostrado algún tipo de interés en realizar inversiones en México.

Años después, Bonis también apareció vinculado a un investigado en una causa judicial, en este caso a Jordi Pujol Ferrusola, de quien fue socio precisamente en el proyecto Azul de Cortés de México. Según la investigación de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional, el hijo del expresidente de la Generalitat pagó 1,3 millones de euros para adquirir el 21% de las participaciones de Juandro Consultores, la empresa de la que era gerente Bonis. Dos años después, vendió sus derechos en la operación a la constructora Isolux Corsán por 15,2 millones de euros, obteniendo un beneficio de 14 millones “sin justificación racional comercial”, según recogió en un auto el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata.

El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción sitúa la figura de Julio Bonis como “esencial en la operación”, trascendiendo “ampliamente de la de mero testaferro, incluso la de fiduciario, dado que intervino en actos ejecutivos de forma volitiva y consciente”.

Luis Suárez Trenor, uno de los históricos dirigentes de Coalición Canaria (CC) investigados en una pieza separada de la operación Lezo, manejó 240.525 euros en efectivo durante 2003, cuando presuntamente se pagaron las comisiones ilegales de OHL por la adjudicación de las obras del puerto de La Estaca, en la isla de El Hierro. Así consta en los informes elaborados por la Brigada de Delitos Económicos de la Policía Nacional durante la instrucción del conocido como caso Fórum, en el que también está imputado el que fuera presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife entre 1996 y 2007.

Las anotaciones en un archivo de excel intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante uno de los registros de la operación Lezo, adelantadas este miércoles por Canarias Ahora, revelan que las supuestas mordidas por la adjudicación de la obra de ampliación del puerto de La Estaca ascendieron a 360.000 euros, que se habrían repartido en los meses de febrero y junio de 2003.

Si se cruzan los datos de las investigaciones de la operación Lezo, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, y del caso Fórum, en manos del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife, se comprueba la coincidencia entre el pago de las presunta comisión del 3% que habría entregado OHL y la elevada cuantía de dinero en efectivo que pasó por las manos de Suárez Trenor el año de la adjudicación de La Estaca. La Policía Nacional concluyó en sus informes que el expresidente de la Autoridad Portuaria manejó alrededor de 660.000 euros en metálico entre los años 2000 y 2006, de los que más de una tercera parte corresponden a 2003.

En las 14 cuentas bancarias de las que era titular Suárez Trenor en el momento de las pesquisas de la Policía Judicial, durante la instrucción del caso Fórum, se detectaron 14 ingresos en efectivo de dinero de origen desconocido, por un total de 92.030 euros, entre los meses de febrero y noviembre de 2003. 

Durante el mismo período de tiempo, el ex alto cargo de CC adquirió dos vehículos de alta gama, un Audi A4 y un Audi A6, y compró una vivienda en una destacada zona residencial de Santa Cruz de Tenerife, por la que pagó parte del precio en metálico. Según los informes que constan en el sumario, Suárez Trenor entregó 90.000 euros del inmueble “en billetes de 200 y de 500”.

En los archivos de excel descubiertos por la UCO, relacionados con uno de los exdirectivos de OHL investigados, Felicísimo Ramos, se registra un doble pago por la presunta comisión de La Estaca en los meses de febrero y de junio de 2003. En la información bancaria de Suárez Trenor también hay un movimiento destacado el 24 de junio, cuando se produce un ingreso en efectivo de 25.000 euros, el más alto de los detectados en los seis años del periodo investigado en el caso Fórum. Un día después, adquirió el Audi A6 por 43.252 euros, de los que 27.025 euros se abonaron en metálico, sin que consten salidas de capital de sus cuentas que justifiquen el pago.

El otro vehículo, el Audi A4, que un año después se transmitió a uno de sus hijos, fue comprado el 17 de noviembre de 2003 por 31.500 euros. El concesionario de coches que vendió el vehículo no pudo demostrar ante la Policía Judicial la forma en la que se llevó a cabo el pago. Los investigadores concluyen en sus informes que “todo parece indicar que el abono se efectuó en efectivo”.

De especial importancia para la Brigada de Delitos Económicos, como reseñan en sus conclusiones, fue la compra de una vivienda en una importante zona residencial de la capital tinerfeña. La adquisición del inmueble se cerró el 23 de julio de 2003 por un precio de 210.354 euros, según consta en la escritura, pero la operación despertó las sospechas de los investigadores. 

Los informes policiales reflejan diferencias notorias entre las cantidades de la escritura, la tasación del inmueble y el préstamo solicitado por Suárez Trenor a la entidad CajaCanarias. La operación se firmó por 210.354 euros, pese a que la empresa TINSA había valorado el inmueble en más del doble, casi 501.000 euros. Un desequilibrio al que se suma la cuantía del crédito financiero que obtuvo el expresidente de la Autoridad Portuaria, que ascendió a 360.000 euros.

Las sospechas llevaron a la Policía Judicial a interrogar a la parte vendedora, que reconoció que, además del precio oficial, que fue abonado mediante talón ante notario, Luis Suárez Trenor pagó otros 90.000 euros “en billetes de 200 y de 500” en dos entregas. La primera, de 60.000 euros, fue “entre 15 y 30 días antes de la firma de la escritura”, lo que coincide en el tiempo con la fecha que figura en las anotaciones encontradas en la operación Lezo. La segunda, de 30.000 euros, “una semana después de la venta”. El dinero no salió de las cuentas del ex alto cargo de CC.

En una de las grabaciones intervenidas durante los registros de la operación Lezo, varios exdirectivos de OHL hablan sobre una presunta entrega de comisiones a tres ex altos cargos de CC, entre los que, además de al propio Suárez Trenor, nombran a Antonio Castro y a Julio Bonis. En uno de los audios publicados, que registra una conversación que tuvo lugar en diciembre de 2006, se escucha al exdirector del departamento de Construcción de la compañía Rafael Martín de Nicolas afirmar que “a Luis solamente le hemos dado en una ocasión, que fue por lo de El Bufadero, y le dimos tres”, a lo que el exdelegado de la empresa en Canarias, Andrés Román Solorzano, responde que “y en La Estaca”. La interrupción lleva a rectificar al primero, que acto seguido reconoce que “y en La Estaca, perdón, en El Bufadero no le dimos, en La Estaca; en El Bufadero fue cuando el tío se le estalló”.

La obra de ampliación del puerto de La Estaca y de la vía de acceso al recinto fue adjudicada por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife el 26 de febrero de 2002, por 29,3 millones de euros, a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que formaron SATO, una filial de OHL, Necso y Fronpeca. La resolución que dio validez al contrato no fue firmada por el propio Suárez Trenor hasta el 18 de septiembre. El acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) seis días después. 

De ser ciertas las afirmaciones que realizan en las grabaciones los exdirectivos de OHL investigados, por la obra de La Estaca se habría pagado una presunta comisión ilegal del 3%, lo que supone un total de 881.621 euros. Si se tiene en cuenta el peso de SATO dentro de la UTE, que alcanza un 43%, la cuantía que supuestamente le correspondía pagar a la filial de la multinacional era de 379.097 euros. Los agentes de la UCO destacan la similitud entre esta cifra y los 360.000 euros que figuran anotados en los archivos de excel confiscados. 

El análisis de las 14 cuentas de Luis Suárez Trenor arroja un total de 112 ingresos de dinero en efectivo entre los años 2000 y 2006. Los informe policiales aclaran que los movimientos de dinero de origen desconocido ascienden a 487.328 euros, pero recuerdan que “esa cantidad podría ser mayor si se tiene en cuenta la adquisición de diversos vehículos por importe total aproximado de 91.742 euros”, además de los 90.000 euros que Suárez Trenor pagó en efectivo en la operación de compra de un inmueble “al margen de lo que se establece en la escritura pública correspondiente”. Unos 660.000 euros de los que la Policía Judicial no pudo entonces encontrar el rastro de su origen. 

La instrucción de la pieza separada del caso Fórum sigue abierta 12 años después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se topase con unas anotaciones que señalaban el presunto pago de comisiones a importantes líderes de CC, entre los que figuraba el propio Suárez Trenor. El Tribunal Supremo archivó en 2014 la parte del procedimiento que afectaba al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, en la cárcel por el caso Las Teresitas y aforado entonces por su condición de senador, al haber prescrito el presunto delito de cohecho.

El rastreo de las cuentas bancarias de Suárez Trenor realizado por la Brigada de Delitos Económicos llega hasta 2006, por lo que no pueden cruzarse los datos con otra de las actuaciones por las que se investiga al histórico dirigente de CC, las obras del puerto de Granadilla. Según las anotaciones intervenidas en la operación Lezo, se habrían pagado comisiones ilegales por la infraestructura del sur de Tenerife por valor de 1,3 millones de euros entre agosto y diciembre de 2008.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil describe un sistema “arraigado” en el seno de la constructora OHL para generar una bolsa de dinero negro con la que pagar las comisiones a cargos públicos a cambio de adjudicaciones de obras, entre ellas los tres contratos de administraciones canarias que la Audiencia Nacional investiga en el marco de una pieza separada de la denominada operación Lezo, que implica a otros tantos ex altos cargos de Coalición Canaria (CC): Luis Suárez Trenor, ex tesorero de la formación y ex presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife; Antonio Castro, ex consejero de Infraestructuras del Gobierno regional y ex presidente del Parlamento autonómico, y Julio Bonis, ex consejero de Sanidad y de Presidencia.

Tres son también los millones de euros que habrían cobrado en mordidas, según el informe de la Guardia Civil: 1,37 millones por la ampliación del Puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife; 1,33 millones por la duplicación de la carretera del norte de Gran Canaria (GC-2), en el tramo entre Santa María de Guía y el Pagador, y 360.000 euros por la prolongación del muelle de La Estaca, en el municipio herreño de Valverde. Esos tres contratos adjudicados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife (el primero y el tercero) y por el Gobierno regional (el segundo) suman más de 200 millones de euros, siendo el de mayor cuantía el de Granadilla, con 114 millones, seguido del tramo de la GC-2, con 59,5. El coste de La Estaca fue de 29,3 millones.

Para lograr extraer del circuito legal el dinero para poder pagar esas comisiones y escapar del control de la Agencia Tributaria sin dejar rastro, la trama se habría servido de una serie de “proveedores de confianza”, en palabras de Paulino Hernández, conocido como el Villarejo de OHL por su costumbre de grabar todas las conversaciones comprometidas en el seno de la organización. Según las pesquisas de la Guardia Civil, esos “proveedores de confianza” eran supuestas subcontratas que remitían a la constructora investigadas facturas falsas, sin que entre ambas mediara ningún tipo de contraprestación de bienes o servicios. Estas facturas, que especificaban conceptos difíciles de verificar, se cargaban en “las obras de confianza”, esto es, en las adjudicadas por las administraciones públicas a a la trama de OHL. A través de esta fórmula, la empresa justificaba salidas de dinero en efectivo bajo una apariencia de legalidad y generaba de esta manera los fondos en B para el pago de las mordidas.

El modo de operar de los directivos de OHL que describe la UCO se asemeja al relatado recientemente por un subinspector de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) en su declaración como perito en un juicio por fraude fiscal. En esa vista, celebrada a finales de marzo en Las Palmas de Gran Canaria, el técnico de Hacienda denunció haber recibido amenazas de muerte tras descubrir lo que definió como “la Gürtel canaria”, una presunta trama de comisiones ilegales vinculada a obra pública. Aunque evitó dar nombres, el subinspector detalló cómo se tejía una red que tenía en su cúspide a grandes constructoras y en su base a los denominados moduleros, autónomos acogidos a un régimen impositivo especial por el que tributan una cantidad fija con independencia de su facturación anual, una condición que facilitaba el ennegrecimiento del dinero sin repercusiones fiscales.

Según el esquema dibujado por este técnico de Hacienda, las grandes empresas adjudicatarias de obra pública subcontrataban los servicios de una constructora de menor tamaño, una intermediaria que tenía como función generar esa caja B a través de los moduleros. Eran estos profesionales de gremios como la albañilería, la carpintería o la fontanería los encargados de emitir facturas falsas, por trabajos no realizados, a cambio de una comisión de entre el 10 y el 12% de la cantidad declarada. El resto, entre el 88 y el 90%, era retirado en efectivo de las cuentas corrientes de los intermediarios sin que llegara a manos de los moduleros. Aunque en este punto se perdía el rastro de ese dinero, ya fuera del circuito legal, el subinspector de Hacienda sospecha que su destino final era el pago de comisiones ilegales a funcionarios y políticos a cambio de nuevas adjudicaciones de obras públicas.

En el sistema descrito por el perito, los sobrecostes de las obras coincidían, al céntimo, con el valor de las facturas falsas expedidas por los moduleros a la intermediaria de las grandes constructoras.

La presunta trama de sobornos de OHL se extiende de 2003 a 2014, según la investigación que instruye el magistrado Manuel García-Castellón en la Audiencia Nacional, aunque las dos principales adjudicaciones canarias bajo la lupa de la Justicia (el Puerto de Granadilla y el tramo entre Guía y El Pagador de la GC-2) corresponden a finales de 2006. Las pesquisas del subinspector de Hacienda sobre la denominada “Gürtel canaria” se concentran, por su parte, en los años 2007 y 2008.

“Si la pelota es muy grande, viene uno con un maletín”

El proceso para crear la caja B aparece explicado en una de las grabaciones intervenidas por la Guardia Civil en el registro al domicilio de Paulino Hernández. En concreto, en una conversación que mantienen en mayo de 2007, meses después de la adjudicación de los contratos de Granadilla y la GC-2, el ex director de Obra Civil de OHL con el empresario Abelardo Genaro, gerente de una constructora. El diálogo versa sobre el funcionamiento del sistema de facturas falsas. Después de explicar las dificultades que encuentra para trasladar dinero negro, en efectivo, en los vuelos, Hernández explica al constructor qué requisitos deben tener esas facturas y por quién deben estar rubricadas.

Abelardo Genaro: ¿Me dijiste que eso tiene que firmarlo todo el mundo?

Paulino Hernández: Claro, las facturas sí. En las facturas tienen que estar el administrativo, el jefe de obra, el jefe administrativo...

AG: Lo que no quiero es que esté todo el mundo firmando.

PH: Eso es otra posibilidad. En los temas contables no puede haber dos circuitos distintos (...) Para conseguirlo, hay que generar una serie de facturas de unos proveedores de confianza y esas facturas después se cargan de forma distinta a una serie también de obras de confianza y ahí se genera. (...) Si tú haces un pedido a una determinada obra, si es poca cantidad pues no pasa nada, pero si estás hablando ya de un tema puntual de 30.000 o 40.000 euros, al administrativo se le dice: Oye, esto para lo que sea y punto. Pero claro, cuando ya pides más cantidades es más complicado.

La conversación continúa y Hernández relata a su interlocutor el segundo mecanismo para hacer frente a esos pagos -comisiones- de importante cuantía: los maletines . Del análisis de los audios, la UCO sospecha que la persona encargada de entregarlos era Felicísimo Ramos, quien fuera director de Control de Gestión de OHL. Así se desprende de una de esas grabaciones que aluden a una 'mordida' superior a los dos millones de euros por la obra de la desaladora de Carboneras, de Acuamed.

PH: Si la pelota es muy gorda, muy gorda, muy gorda, muy gorda, entonces hasta viene directamente un tío con un maletín, al conseguidor directamente a pagarle.

AG: (Risas) Una pelota...

PH: Directamente al conseguidor, trae directamente el paquete, pero eso normalmente es a niveles más altos.

En esa misma grabación se habla de los “generadores” de facturas falsas, entre los que nombran “al del casino”, que tiene “una fábrica de madera”, o una cooperativa de transportistas que despierta los recelos de Hernández. “Eso me da mucho miedo”, dice. También aluden en la conversación a abogados que “mueven todo el dinero negro del coste de licitación”.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya tiene concretadas las comisiones que presuntamente fueron pagadas por la constructora OHL a dirigentes de Coalición Canaria por tres de las obras detectadas en su investigación en el marco de la operación Lezo. Por el puerto de Granadilla, la UCO tiene pruebas de que se desembolsaron 1.375.000 euros, mientras que por la ampliación del puerto de La Estaca, en El Hierro, la comisión ascendió a 360.000 euros. Una nueva obra pública de la que hasta ahora no se habían tenido noticias en esta causa, la de la carretera entre Santa María de Guía y El Pagador, al norte de Gran Canaria, generó una comisión de 1.339.000 euros. En total 2.974.000 euros pagados entre los años 2006 y 2008 solo por estas tres obras. Los tres presuntos destinatarios de estas comisiones fueron, siempre según estas investigaciones, los dirigentes de Coalición Canaria Julio Bonis, Luis Suárez Trenor y Antonio Castro Cordobez.

Luis Suárez Trenor ocupaba la presidencia de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife los años en los que se produjeron los hechos ahora investigados, por lo que se le relaciona directamente con las obras de construcción del puerto de Granadilla, en Tenerife, y con la ampliación del puerto de La Estaca, en El Hierro. Antonio Castro Cordobez, por su parte, era el eterno consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias en el momento en el que se adjudicaban a OHL la carretera Santa María de Guía-El Pagador, en 2006, o el dique de abrigo del puerto de Granadilla, en 2007, mientras que Julio Bonis aparece profusamente mencionado por los directivos de la constructora por ser un presunto cobrador habitual de comisiones en México a partir de que la compañía decidiera hacer este tipo de pagos en el extranjero, particularmente en ese país, donde tiene dos filiales.

La UCO ha logrado congeniar las grabaciones entre directivos de OHL de las que se incautó en 2018 con unas hojas de cálculo muy reveladoras en poder de uno de ellos, en concreto de Felicísimo Ramos. En ellas los agentes pudieron encontrar apuntes en los que se cifraba la comisión pagada por el dique de abrigo del puerto de Granadilla en 1.375.000 euros. El método que generalmente se seguía era el de pagos fraccionados, así, en las hojas de cálculo figuran cuatro pagos de 125.000 euros entre agosto y noviembre de 2008, y uno final de un millón de euros en diciembre de ese año. La obra había sido adjudicada en 2007.

Respecto a la obra de la carretera entre Guía y El Pagador, los investigadores detectaron que se realizaron cinco pagos de 200.000 euros y dos de 100.000 entre enero y diciembre de 2007, aunque sus investigaciones posteriores les condujeron a afirmar que por esta obra se llegaron a pagar 1.339.000 euros en comisiones.

El nombre de Antonio Castro Cordobez aparece en varias de las conversaciones en poder de los investigadores, tanto en relación con la obra de esa carretera como respecto al puerto de Granadilla.

En una de ellas, fechada en diciembre de 2006 entre dos de los directivos encausados, Rafael Martín de Nicolás y Paulino Hernández Ros, se habla de ralentizar un pago de 200.000 euros relacionado con el exdirector territorial de SATO (filial de OHL) en Canarias, Andrés Román. Un pago con el que se pretendía cubrir otra comisión a pagar en la Península y que los investigadores opinan que pertenecía a uno de los plazos por la obra Granadilla.

En esa conversación se habla expresamente de Antonio Castro Cordobez:

RMN: Entonces, ¿cuánto es lo que tenemos que soltar, el 3,5?, ¿de cuánto?

PHR: Era un millón trescientos o por ahí.

ARS: El 3,5... Nuestra parte son 39 millones de euros aproximadamente. 39.000.000 de euros...

PHR: 1.300.000 era, o 1.200.000...

RMN: Una pasta...

PHR: Sí. Pero que es una pasta, además, que convendría hacerla antes de mayo, que son las elecciones, porque incluso este puede ser candidato a la presidencia canaria, el Antonio. Entonces, bueno, ya que al final tienes que pagarlo, pagarlo de forma que el tío no se sienta engañado.

Efectivamente, en mayo de 2007 se iban a celebrar elecciones autonómicas en Canarias y Antonio Castro Cordobez volvía a aparecer en las quinielas como uno de los posibles candidatos a la presidencia del Gobierno por Coalición Canaria.

Castro Cordobez, histórico dirigente de Coalición Canaria de la isla de La Palma, tiene una dilatada trayectoria política, que ha mantenido ininterrumpidamente desde que ocupó su primer cargo público en 1979 como consejero de Agricultura en la Junta de Canarias, el embrión de la autonomía.

A partir de ahí, ha ocupado la Consejería de Presidencia (1995-1996) y la de Obras Públicas, desde 1999 hasta 2007, en que fue designado presidente del Parlamento de Canarias. Ha sido diputado regional por La Palma seis legislaturas, es decir, 24 años, y durante ocho, presidente de la Cámara, lo que le hizo acreedor de la Medalla de Oro del Parlamento, que se le iba a imponer la semana pasada. La publicación de los audios de la operación Lezo, una vertiente canaria de las comisiones de OHL, aconsejaron posponer el acto.

El otro dirigente que, según las investigaciones, cobraba comisiones por obras públicas relacionadas con los puertos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife es Luis Suárez Trenor.  En esta otra conversación entre Rafael Martín de Nicolás y Andrés Román, los interlocutores apuntan a que Suárez Trenor cobró de OHL por las obras por la ampliación del muelle de La Estaca la cantidad de 360.000 euros, exclusivamente por “la parte” que correspondía a esta constructora, que acudió en UTE con otras.

RMN: Granadilla..., la verdad que hace tantísimo tiempo que ya no me acuerdo ni cuándo, ni si lo hablé, ¿tú lo has confirmado este tema con Luis o no, lo del tres? ¿Él te ha dicho algo a ti o no?

ARS: Sí, como siempre. (Risas)

ARS: O sea, es que con Luis no hay variaciones. Bueno, hay una pequeña variación.

RMN: A Luis la verdad que solamente le hemos dado en una ocasión, que fue por lo de El Bufadero y le dimos el tres.

ARS: Y en La Estaca.

RMN: Y en La Estaca, perdón, en La Estaca, en El Bufadero no le dimos, en La Estaca. En El Bufadero fue cuando el tío se le estalló.

PHR: Pero en La Estaca íbamos en UTE.

ARS: Sí, sí, ese tío.

PHR: Le dio la UTE, ¿no?

RMN: Le dimos nuestra parte, no, no.

ARS: Cada uno, lo suyo.

RMN: Cada uno, lo suyo. Y habrá que hacer una (ininteligible) de todo, nosotros entregamos lo nuestro. (Ininteligible). Y de esto, pues la verdad es que yo creo que no llegamos a hablar de cifras, pero sí me suena a mí eso de lo de siempre.

ARS: Lo de siempre. Luis lo que sí me dijo, lo que pasa que hace ya tanto tiempo, que necesitaba más rapidez de lo habitual por el tema de que se quiere ir.

Una de las grabaciones intervenidas en el marco de la operación Lezo, relacionada con la pieza separada que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de ex directivos de Coalición Canaria a cambio de la adjudicación de obras a la empresa OHL, muestra la preocupación que despertó entre los ejecutivos que se encargaban del reparto de las supuestas mordidas la querella de Las Teresitas, el caso de la compraventa del frente de playa de Santa Cruz de Tenerife que ha acabado con el exalcalde de CC Miguel Zerolo en prisión.

En una de las conversaciones mantenidas en diciembre de 2006 entre tres de los imputados, días después de conocerse que la Fiscalía Anticorrupción había presentado una querella por el pelotazo de Las Teresitas, el exdirector general de Obra Civil de OHL, Paulino Hernández Ros, expresa en varias ocasiones su inquietud al conocer que Antonio Plasencia, con quien iban de la mano en el concurso de las obras del puerto de Granadilla, estaba implicado: “Hay que tener cuidado, tío”.

La conversación forma parte de una de las grabaciones intervenidas por la Guardia Civil, a la que también pertenecen los tres audios adelantados el pasado jueves por Canarias Ahora. El diálogo entre los ejecutivos de la multinacional tuvo lugar dos meses antes de que se adjudicasen las obras de abrigo del puerto de Granadilla, en Tenerife, y seis meses después de la inauguración del nuevo muelle de La Estaca, en El Hierro; dos de las actuaciones que investiga en la actualidad el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en la pieza número 8 de la operación Lezo. En ambos concursos resultó ganadora SATO, una filial de OHL, que licitó en una Unión Temporal de Empresas (UTE) con otras constructoras.

En los cortes de la grabación se vincula a tres históricos dirigentes de CC, Antonio Castro, Julio Bonis y Luis Suárez Trenor; con el presunto cobro de mordidas del 3% a cambio de la adjudicación de contratos. Además de lo que se puede escuchar en los audios, en la conversación entre los tres exdirectivos de OHL se vierten opiniones sobre las investigaciones del caso de Las Teresitas y del caso Forum, el constructor Antonio Plasencia, la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) o el juez Baltasar Garzón.

Los protagonistas de la charla son, además de Paulino Hernández Ros, conocido como el Villarejo de OHL porque grababa las conversaciones comprometedoras en las que participaba; Andrés Román Solorzano, representante en Canarias de SATO; y Rafael Martín Nicolas, exdirector del departamento de Construcción.

Los tres audios son extractos de una conversación más extensa en la que los ejecutivos departen sobre la reciente noticia de una nueva ramificación del caso Forum Filatélico, instruido también por la Audiencia Nacional, que llevó al juez Baltasar Garzón a ordenar la apertura de una investigación en los juzgados de Tenerife, donde terminó imputado Luis Suárez Trenor, presidente de la Autoridad Portuaria entre 1996 y 2007. La Policía encontró más de 500.000 euros de origen desconocido en sus cuentas. La conversación transcurre de la siguiente manera:

ARS: “Años, sí. Y también pone Garzón en el auto que no existe ninguna constancia de que ese dinero se haya pagado o cobrado. En el mismo auto”.

PHR: “¿Eso Garzón? ¿Es Garzón el que está metido en…?”.

ARS: “Sí, sí, ha sido Garzón. Pero si es que no sé cómo ha llegado este asunto a Garzón”.

PHR: “¡A la Audiencia!”.

ARS: “A mí me da que… Sí, sí, a la Audiencia Nacional, que se ha declarado no competente y se lo ha enviado a los juzgados de Tenerife. O sea, eso se va a dilucidar en los juzgados de Tenerife”.

PHR: “Claro, porque no es un tema de terrorismo, ni es un tema de…”.

ARS: “Allí lo que se comenta es que López Aguilar [actual eurodiputado del PSOE y exministro de Justicia] ha metido tres fiscales anticorrupción para levantar todos los escándalos del PP y ahora le toca a Coalición Canaria y se han encontrado con este…”.

PHR: “Chollo”.

PHR: “Yo creo es desde el punto de vista político, claro, porque ahora dicen venga, movamos y tal, porque claro, nosotros no somos… Mientras, no sé si nos afectará o no, porque de hecho tiene que seguir funcionando la administración, por eso no va a parar la administración, ¿no?”.

La charla continúa y los dos directivos pasan a analizar otro de los asuntos de corrupción más sonados de Canarias: el caso Las Teresitas. Surgen entonces los nombres de Miguel Zerolo y de Antonio Plasencia, propietario de Promotora Puntalarga, la empresa que participó junto a la filial de OHL investigada y a FCC en la UTE que ejecutó las obras del puerto de Granadilla. Los ejecutivos muestran evidencias de conocer detalles de la operación de compraventa de la principal playa de Santa Cruz de Tenerife, por la que el exalcalde y el constructor están en la cárcel. Y expresan su preocupación.

ARS: “Este lo tenía ya bastante organizado, pero ya con esto pues… Bueno, y luego ha salido…, lo que pasa que ahí no está Luis Suárez; está Miguel Zerolo. Un pelotazo inmobiliario en, no sé si lo habéis oído, en la zona de Las Teresitas”.

PHR: “Sí, también, también (risas)”.

ARS: “Eso me consta que es verdad, eso sí que me consta que es verdad, vamos, estoy absolutamente seguro. Que compraron un par de empresarios un terreno en 30 millones de euros”.

PHR: “Luego recalificaron”.

ARH: “Lo recalifican, venden un tercio al ayuntamiento por 57 millones”.

PHR: “Pagan los 30 millones (risas)”.

ARS: “Los 30 millones se los había dejado CajaCanarias a una sociedad que habían montado y que ni siquiera estaba todavía registrada; le deja 30 millones… Con lo cual, es que es tanto el descaro que lo hacen sin poner los 30 millones de euros”.

PHR: “Claro, claro (risas)”.

ARS: “Porque si tú o yo, si quisiéramos hacerlo, vamos a ponerlos”.

PHR: “Sí, vamos a ponerlos, pero estos ni eso”.

ARS: “Ni eso. O sea, se los deja CajaCanarias, el alcalde de Santa Cruz es consejero de CajaCanarias, o sea, conoce la operación perfectamente, y al cabo de, bueno, hace un año aproximadamente, venden el 90% del 67% restante a Mapfre por 90 millones de euros”.

PHR: “Toma ya, vaya un pelotazo”.

ARS: “O sea, que se han quedado con un 10% y han ganado ya pues ciento…, pues la diferencia entre entre los 90 más 57, 147 menos [incomprensible] 117 millones de caja más el 10% de aprovechamiento; en dos años…”.

ARS: “Los dos empresarios son Antonio Plasencia, que es con el que nosotros vamos a Santiago”.

PHR: “Vamos…”.

ARS: “Sí, vamos en Granadilla”.

PHR: “Ah, ¿y vamos en Granadilla también?”.

ARS: “Vamos en Granadilla; o sea que, es que eso… Ignacio González, que es otro empresario de por allí…”.

PHR: “Pues hay que tener cuidado tío”.

ARS: “Claro, es que yo no sé ahora ya…, ahora yo estoy desconcertado porque en Tenerife ya no sabe uno si es mejor vivir con unos locales de estos de tercera fila, solo para cubrir el expediente, porque es que…”.

PHR: “Cuidado, joder tío”.

Después de que Paulino Hernández mostrase su preocupación tras conocer las informaciones sobre el caso Las Teresitas, el considerado como uno de los cabecillas de la presunta trama se interesa por saber más sobre la ATI, una de las formaciones políticas que fueron semilla de la actual Coalición Canaria y de la que fue tesorero Luis Suárez Trenor.

ARS: “No ha salido en prensa, porque la prensa en Tenerife está totalmente dominada por ATI, o sea, quiero decir, ha hablado de dos empresarios, de tal, pero no salen nombres por ningún lado”.

PHR: “No, el tema fundamental es que… ¿Zerolo este, de quién es? ¿De quién es Zerolo este?

ARS: “ATI”.

PHR: “ATI, ¿ATI qué es? No sé lo que es ATI”.

ARS: “ATI es, digamos, la rama tinerfeña de Coalición Canaria”.

ARS: “O sea, Coalición Canaria es una familia de partidos, esta ATI en Tenerife, está API en La Palma, que es de Antonio Castro, está Asamblea Majorera en Fuerteventura, está ICAN en…”.

PHR: “Y esta que, esta ATI”.

PHR: “¿Y la domina Zerolo?”.

ARS: “La domina Zerolo, Luis Suárez…”.

PHR: “Ah, ”¿Luis también está metido ahí en la ATI?“.

ARS: “Sí, sí, sí. ATI es… Además ahora mismo Coalición Canaria está haciendo aguas por todos los lados menos ATI, o sea ATI es el núcleo fuerte”.

PHR: “Fuerte de…”.

ARS: “Fuerte”.

El diálogo continúa sin que los investigadores de la Guardia Civil hayan detectado afirmaciones de interés para la instrucción del caso. La conversación vuelve a recuperar la atención de los agentes cuando se centran en las obras de Granadilla. Es el momento que se refleja ya en uno de los audios publicados, en el que ARS pregunta si Granadilla es el dos y medio, a lo que RMN contesta que “Granadilla era el tres”, en alusión a lo que los investigadores interpretan como los porcentaje de las presuntas comisiones. El diálogo termina con la afirmación de RMN sobre que a Luis, en referencia a Luis Suárez Trenor, “solamente le hemos dado en una ocasión, que fue por lo de El Bufadero, y le dimos tres”. En ese instante, interrumpe ARS para afirmar que “y en La Estaca”, momento en el que se corta el sonido. A partir de entonces, los tres implicados hablan sobre el papel del resto de miembros de las UTE, lo que ha llevado a la Guardia Civil a sospechar de un posible reparto de las comisiones entre las distintas empresas que concurrían juntas a los concursos.

RMN: “Y en La Estaca. Perdón, en La Estaca, en El Bufadero no le dimos, en La Estaca. En El Bufadero fue cuando el tío se le estalló”.

PHR: Pero en La Estaca íbamos en UTE.

ARS: Sí, sí, ese tío.

PHR: Le dio la UTE, ¿no?

RMN: Le dimos nuestra parte, no, no.

ARS: Cada uno lo suyo.

RMN: Y habrá que hacer una [incomprensible] de todo, nosotros entregamos lo nuestro.

La filial de OHL llevó a cabo las obras de ampliación del puerto de La Estaca mediante una UTE con Necso y Fronpeca. La adjudicación se cerró en septiembre de 2002 por 30,8 millones. Las nuevas instalaciones fueron inauguradas en junio de 2006, en un acto al que acudieron representantes políticos de las distintas administraciones implicadas, entre los que estaba el propio Luis Suárez Trenor. Sobre la figura del expresidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife continuaron su conversación los ejecutivos de la multinacional.

RMN: “Y de esto, pues la verdad es que yo creo que no llegamos a hablar de cifras, pero sí me suena a mí eso de lo de siempre”.

ARS: “Lo de siempre. Luis lo que sí me dijo, lo que pasa que hace ya tanto tiempo, que necesitaba más rapidez de lo habitual por el tema de que se quiere ir”.

Los ejecutivos de OHL ponen entonces sobre la mesa el nombre de Julio Bonis, exconsejero del Gobierno de Canarias, cuya figura también fue relacionada con el caso Las Teresitas en una de las piezas que terminó archivada. El ex alto cargo de CC reside en México, aunque mantiene abierto con asiduidad el puente aéreo entre España y el país centroamericano. En esta parte de la conversación aparecen dos de los audios difundidos y se alude por segunda vez a Antonio Castro, el expresidente del Parlamento autonómico.

RMN: “Aquí en Canarias hemos hecho alguna cosa a través de Domingo Berriel. ¿Tú conoces a Domingo Berriel?”.

PHR: “Churri”.

ARS: “Lo voy a ver mañana. Pero mucho, mucho”.

RMN: “No, no. Domingo Berriel, no. Me he equivocado yo. Bonis”.

ARS: “Julio Bonis”.

RMN: “Y estamos soltándoselo en México”.

ARS: “¿En Nueva California? ¿Baja California? Tiene allí unos tinglados…

RMN: “Y a través de facturas… Yo no sé…, no sabe decir que no”.

ARS: “Es que Bonis ya es a título… ¿Porque Bonis tú crees que representa a otros intereses?”.

RMN: “Sí, ahí está [incompresible] con el Fernández de…”.

ARS: “¿De Coalición Canaria?”.

RMN: “Del ayuntamiento”.

ARS: “Sí, el que se lo sabe muy bien es Juan Madrigal, el de FCC, muy amigo suyo. Hombre, eso sería…, sería fantástico, lo que pasa es que Antonio Castro…”.

PHR: “No le mezcles, no le mezcles con otro… Son muy reacios, ¿eh?”.

ARS: “Luis, sí. Luis es posible, pero… Porque son muy reacios. Es más, me consta que Antonio reparte incluso al PSOE”.

Esta es la última parte de la grabación que destacan los investigadores. En la instrucción no consta la imputación de ningún dirigente del PSOE de Canarias, aunque en el momento en el que tuvo lugar la conversación intervenida, en diciembre de 2006, los socialistas se encontraban divididos en Tenerife sobre la construcción del puerto de Granadilla. El entonces alcalde del municipio, también del PSOE, Jaime González Cejas, era uno de los principales defensores de la infraestructura.

Los contratos bajo la lupa de la Audiencia Nacional en la pieza número 8 de la operación Lezo, la que indaga las ‘mordidas’ de directivos de la constructora OHL a altos cargos y funcionarios a cambio de obra pública, incluidos dirigentes históricos de Coalición Canaria (CC), suman cerca de 200 millones de euros, prácticamente la mitad de la cantidad que suman las doce adjudicaciones investigadas en todo el país. Entre ellos figura el de mayor cuantía de cuantos han centrado las pesquisas de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, el del Puerto de Granadilla, en el sur de la isla de Tenerife, que asciende a 114,5 millones de euros. El juez Manuel García-Castellón, instructor de la causa, también ha reclamado información detallada de otros dos contratos adjudicados en Canarias entre 2002 y 2006: las obras de ampliación del Puerto de La Estaca, en El Hierro, por 29,3 millones de euros, y el tramo de la carretera del norte de Gran Canaria (GC-2) entre Guía y El Pagador, por 59,5 millones.

Tres de las 23 grabaciones descubiertas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un registro sorpresa al domicilio de Paulino Hernández, ex director de obra civil de OHL, aluden a presuntos sobornos de la constructora a cargos de CC. En esos audios, difundidos este jueves por Canarias Ahora, tres directivos de la constructora mencionan expresamente a otros tantos dirigentes del partido que ha gobernado ininterrumpidamente en las islas los últimos 26 años y que ahora intenta a la desesperada mantenerse en el poder ofreciendo la Presidencia al PP, tercera fuerza en las Islas, para evitar un pacto progresista en el Archipiélago liderado por el PSOE.

Las pesquisas de la operación Lezo sitúan a Antonio Castro, ex consejero de Agricultura y Obras Públicas y ex presidente del Parlamento de Canarias; a Luis Suárez Trenor, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife durante doce años, y a Julio Bonis, que fue consejero de Sanidad y Presidencia, como presuntos perceptores de comisiones del 3% a cambio de la adjudicación de obra pública. Los dos primeros ya figuran como investigados en la causa, mientras que el tercero aparece citado en las grabaciones por sus negocios en México, país en el que actualmente reside.

Los audios hacen referencia a tres obras concretas, aunque una de ellas, las de ampliación del muelle de El Bufadero, en Santa Cruz de Tenerife, no están siendo objeto de investigación. Una conversación de Paulino Hernández con Felicísimo Ramos, el tesorero de OHL, y Rafael Martín de Nicolás, ex director del departamento de construcción de la compañía, revela el cobro de comisiones por parte de Luis Suárez Trenor, ex presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. “Lo de Granadilla hace tantísimo tiempo que ya ni me acuerdo ni si lo hablé. ¿Tú lo has confirmado con Luis, ese tema del 3%”?, pregunta Hernández. “Sí, como siempre”, le responden, provocando las risas de sus compañeros. “A Luis, la verdad es que solo le hemos dado en una ocasión que fue por lo de El Bufadero, y le dimos el 3. Bueno, y La Estaca”, añade el ‘Villarejo’ de la constructora.

Según se desprende del contenido de esas grabaciones, Suárez Trenor, ex tesorero de CC que fue investigado en el caso Fórum Filatélico después de que la Policía Nacional le atribuyera algo más de medio millón de euros de origen desconocido, habría cobrado la mordida del 3% por primera vez en 1998, con la adjudicación de las obras de prolongación norte del muelle de El Bufadero, en la capital tinerfeño, a SATO, filial de OHL especializada en la construcción de diques de abrigo portuario, por 167 millones de pesetas, algo más de un millón de euros. En 2003, cinco años después de haber formalizado ese contrato, la Autoridad Portuaria de la provincia occidental adjudicó por cerca de 600.000 euros las obras para reparar esa prolongación del muelle a otra empresa, Necso Entrecanales Cubiertas, precisamente una de las empresas con las que la propia SATO concurrió un año antes en una Unión Temporal de Empresas al concurso para la ampliación del Puerto de La Estaca, en El Hierro, que se llevó por 29,3 millones de euros. En esa UTE también estaba la constructora herreña Fronpeca.

La obra de ampliación de La Estaca, que también incluía una vía de acceso y que estuvo financiada en un 82% con fondos estatales de cohesión, fue inaugurada el 23 de junio de 2006, tres años después de haberse iniciado los trabajos. Acompañado del ya fallecido Adán Martín (CC), entonces presidente del Gobierno, Luis Suárez Trenor dijo en el acto que esa infraestructura era “una deuda que tenía adquirido el organismo portuario con la isla” y agradeció “la colaboración, esfuerzo y saber hacer” de los trabajadores de la UTE formada por SATO (OHL), Necso y Fronpeca.

En orden cronológico, la última de las obras canarias mencionadas en las grabaciones de la operación Lezo, la del Puerto de Granadilla, adjudicada en 2006 a la UTE formada por Fomento de Contrata y Construcciones, SATO (OHL) y Promociones Punta Larga, empresa de Antonio Plasencia (condenado en el caso Áridos y el caso Las Teresitas), e inaugurada en 2018, es también la más importante en cuanto a montante (114 millones de euros) y la que más rechazo social suscitó en el Archipiélago por su impacto medioambiental. El empecinamiento de los dirigentes de CC, primero con el Gobierno de Adán Martín y, después, con el de Paulino Rivero, apoyado este último por el PP de José Manuel Soria, hizo posible que la infraestructura terminara haciéndose realidad. Para ello tuvo que sortear incluso un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que paralizó las obras al aceptar un recurso del colectivo ecologista Ben Magec por la afección del puerto a una especie protegida en el Archipiélago, la seba, clave en el hábitat natural de la zona. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en aquel momento en manos de Domingo Berriel (CC), promovió un nuevo catálogo que excluía a los sebadales de la categoría de especie amenazada. El documento fue aprobado por mayoría en el Parlamento de Canarias en mayo de 2010, desbloqueando de esta manera las obras de un puerto que, más de un año después de su inauguración, continúa prácticamente inoperativo.

Aunque los audios no hacen referencia a ella, la Audiencia Nacional investiga una tercera adjudicación en Canarias a OHL. En esta ocasión, el órgano contratante no es , como en las anteriores, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, sino la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias que lideró entre 2003 y 2007 Antonio Castro Cordobez. Se trata de las obras de duplicación del tramo de la GC-2, la carretera del norte de la isla, entre las localidades de Guía y El Pagador. Fue adjudicada en octubre de 2006 a una UTE de la que formaban parte, además de OHL, Félix Santiago y los Hermanos García Álamo, por 59,5 millones de euros.

La mencionada unión de empresas ha acudido en varias ocasiones a los juzgados para reclamar al Gobierno de Canarias el pago del sobrecoste de la obra, cuantificado en 13,4 millones de euros. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado las pretensiones de los adjudicatarios, recordando que la oferta económica presentada por la UTE había sido preponderante sobre los criterios de calidad y seguridad argumentados como causa de ese aumento de costes que las empresas consideraban injusto asumir.

Las grabaciones aportadas a la causa que se sigue por la llamada operación Lezo en la Audiencia Nacional apuntan directamente al corazón de Coalición Canaria. Directivos de OHL aparecen en los audios en poder del juez Manuel García Castellón comentando las comisiones repartidas entre al menos tres altos cargos de ese partido por obras relacionadas con puertos del Estado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: El Bufadero y Granadilla, en Tenerife, y La Estaca, en El Hierro. En todos los casos se habla de comisiones del 3%.

Tres de las 23 grabaciones incorporadas a la causa tienen como protagonistas a otros tantos dirigentes de Coalición Canaria: Luis Suárez Trenor, durante doce años presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife; Julio Bonis, consejero de Sanidad y de Presidencia en varios gobiernos autonómicos, y Antonio Castro Cordobez, que pasó por las consejerías de Agricultura y Obras Públicas hasta llegar a presidir el Parlamento de Canarias. Todos ellos aparecen expresamente mencionados en las grabaciones como receptores directos de esas comisiones del 3%. A Castro y a Suárez Trenor ya los menciona como investigados el juez García Castellón en sus últimos autos al entrar a analizar estas pruebas. Julio Bonis reside en México.

Tres hombres aparecen hablando en las tres grabaciones que involucran a dirigentes de Coalición Canaria. Uno de ellos parece ser el conocido como el Villarejo de OHL, Paulino Hernández, ex director de Obra Civil de la compañía, que grababa las conversaciones comprometedoras que fueron encontradas en su domicilio en el marco de una entrada y registro ordenada por el juez.

Los otros dos interlocutores son Feliciano Ramos, conocido como el Bárcenas de OHL, y Rafael Martín de Nicolás, ex director del departamento de Construcción de la compañía que preside Villar Mir.

En uno de los audios los tres interlocutores hablan del porcentaje de comisión que OHL supuestamente pagó por las obras del puerto de Granadilla, una millonaria infraestructura que no solo arrasó con fondos marinos de gran valor ecológico sino que, un año después de su inauguración ha demostrado su absoluta inutilidad por el régimen de vientos imperante en la zona.

Según este audio, OHL habría pagado una comisión del 3% sobre el presupuesto de una obra licitada por 114,5 millones de euros y el receptor habría sido el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor, por aquel entonces tesorero de Coalición Canaria en Tenerife y más tarde implicado en el caso Fórum Filatélico, por el que dimitió discretamente desapareciendo del todo de la vida pública.

También se refieren los interlocutores a las obras en El Bufadero, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde OHL construyó una terminal de contenedores que también fue objeto de una dura polémica que acabó en un procedimiento judicial finalmente archivado. La Fiscalía y el partido político Sí Se Puede denunciaron esa ampliación del muelle por levantarse en la desembocadura de un barranco, el de María Jiménez, y afectar al desagüe de la ciudad, que sufrió unas durísimas inundaciones en 2001 que fueron relacionadas con la obra.

Otro 3%, siempre según la grabación a la que ha tenido acceso este periódico, se repartió con motivo de las obras de ampliación del puerto de La Estaca, en El Hierro.

Otro alto cargo de Coalición Canaria señalado en los audios es Julio Bonis, del que se dice que recibía su mordida en su residencia de la Baja California, en México, donde lleva instalado desde que abandonó la vida pública: “Se lo estamos soltando en México, en la Baja California”, se escucha claramente en la grabación. Julio Bonis fue durante muchos años un personaje clave en el engranaje político y empresarial de los sucesivos gobiernos autonómicos de Coalición Canaria. No había operación empresarial con ramificación política de calado que no pasara por su intermediación, y de ahí probablemente que se le señale como presunto receptor de mordidas por parte de esta constructora.

En la grabación dos de los interlocutores dan a entender que Bonis cobra como representante de alguien, pero no se termina de concretar.

El tercer alto cargo señalado por los interlocutores que aparecen en estos audios es Antonio Castro Cordobez, otro personaje imprescindible en la historia de Coalición Canaria. Dirigente de la rama palmera de la organización, Castro ha ocupado altos cargos de la administración autonómica en los orígenes de CC, las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), conglomerado de partidos insulares del que la Agrupación Palmera de Independientes era fundamental. Ha ocupado las carteras de Agricultura y de Obras Públicas y es en esta última donde entabla contacto con las grandes constructoras nacionales.

El también ex presidente del Parlamento de Canarias ha negado cualquier implicación en los hechos por los que está siendo investigado. En recientes declaraciones a la cadena Cope, Castro manifestó que nunca ha participado “en cuestiones de ese tipo, si las ha habido”. “Espero que las cosas se aclaren pronto y sean rápidas porque es una situación muy desagradable para quien ha hecho durante tantos años las cosas de manera honrada y transparente”, dijo.

A pesar de que las obras en puertos del Estado son de competencia estatal, es preciso recordar que a los presidentes de las autoridades portuarias canarias los designa el Ministerio de Fomento a propuesta del Gobierno regional, y es esta administración, con el respaldo del Parlamento autonómico, la que autoriza o deniega las autorizaciones para esas grandes infraestructuras.

Así, obras polémicas como la del Puerto de Granadilla se enfrentaron desde el principio a la dura oposición de los movimientos ecologistas y de algunos partidos políticos, incluso de algunos dirigentes municipales de Coalición Canaria que veían en el proyecto un daño ambiental al municipio donde finalmente se instaló.

En Granadilla llegó a gobernar un alcalde del PSOE favorable a esa infraestructura que se enfrentó a su propio partido, contrario a la misma.

Los interlocutores también hacen mención al Partido Socialista, concretamente cuando uno de ellos asegura que “me consta que Antonio Castro reparte incluso al PSOE”. Sin embargo, no se señala ningún nombre, ni en la causa judicial hay señalado ningún socialista de Canarias.

Aún así, el Parlamento de Canarias tenía previsto entregar este mismo jueves a Antonio Castro la Medalla de Oro de la Cámara, un acto que fue aplazado hace tres días ante las informaciones que le vinculan con esta pieza separada de la operación Lezo.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga las presuntas mordidas de empleados de la constructora OHL, Manuel García-Castellón, ha decidido ampliar las pesquisas a seis políticos y ha citado a declarar a tres de ellos, según ha avanzado Vozpópuli. Los primeros en declarar como imputados el próximo 12 y 13 de junio serán Abelardo Genaro Moya (excargo de la Junta de Andalucía), José Luis Almazán Palomino (PP de Melilla) y Albino Pardo Rodríguez (exdirector del Puerto de Cádiz), todos acusados de un delito de cohecho.

Luis Pedro Suárez Trenor (exdirigente de Coalición Canaria y expresidente del Puerto de Santa Cruz de Tenerife); Luis Manuel Bruno Romero (ex subdirector general de construcción de la Dirección de Carreteras de Fomento con el PP) y Antonio Ángel Castro Cordobez (antiguo consejero de Infraestructuras de Canarias y ahora diputado regional de CC) están siendo investigados, pero no han sido citados a comparecer ante el juez.

En el caso de Moya, Palomino y Rodríguez, además de dejar constancia de sus citaciones, García-Castellón ha pedido a la Agencia Tributaria que investigue sus bienes y derechos, “incluidos aquellos bienes que figuren a nombre de sociedades en las que estas participen”. Como informa Vozpópuli, el juez considera que los imputados son “personas que en su momento desempeñaron funciones públicas en organismo o entidades vinculadas a la adjudicación o ejecución de obras públicas a cargo del grupo OHL”.

Pieza separada del caso Lezo

Las diligencias de García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, se enmarcan en una investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre la cúpula de OHL por haber mantenido “una práctica generalizada” de sobornos a funcionarios públicos, entre los que habría políticos, para conseguir adjudicaciones de obra pública en toda España. Es una pieza separada del caso Lezo surgida a raíz del hallazgo de grabaciones en poder de un antiguo empleado de OHL.

La investigación surgió en 2018, cuando agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron el domicilio de Paulino Hernández Ros y encontraron 21 archivos de audio grabados por el propio exdirectivo de OHL y en los que aparece él conversando con otros responsables de la empresa participada mayoritariamente por el Grupo de Juan Miguel Villar Mir, empresario imputado en casos de corrupción irregular del PP y expresidente de la entidad. Las conversaciones fueron grabadas entre 2006 y 2009.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha imputado a seis políticos por el supuesto cobro de comisiones irregulares pagadas por la constructora OHL a cambio de adjudicaciones de obra pública, entre los que se encuentran dos ex altos cargos de Coalición Canaria: Antonio Castro, quien estuvo en todos los gobiernos regionales entre 1987 y 2007, siendo entre otros consejero de Obras Públicas, y Luis Pedro Suárez Trenor, expresidente de Puertos de Tenerife desde 1996 a 2007. Aún no hay fecha fijada para que los dos investigados comparezcan en la Audiencia Nacional.

Las presuntas mordidas, investigadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional dentro de la operación Lezo, fueron destapadas por la Fiscalía y la Guardia Civil, que revelaron una “práctica generalizada de abono de comisiones a funcionarios públicos por parte de responsables del Grupo OHL para la adjudicación de determinadas obras públicas en todo el territorio nacional”, según informa el diario digital Vozpópuli.

Así, en la Audiencia Nacional también se investiga la adjudicación de contratos de obra pública en Canarias entre 2003 y 2014, periodo en el que se adjudicó el dique de abrigo del puerto de Granadilla (sur de Tenerife), a la Unión Temporal de Empresas SATO (filial de OHL), cuando presidía la Autoridad Portuaria de la provincia occidental Sánchez Trenor. Esta operación, que tenía relación con la titularidad de terrenos en la zona que luego se convirtió en polígono industrial, alcanzó los 114,5 millones de euros. En el caso de Antonio Castro, el informe de la Guardia Civil recoge una grabación entre los directivos de la constructora en la que tratan sobre el reparto de dinero que habría que ver “los porcentajes de Antonio Castro”.

Presuntamente, el contrato era amañado previamente a cambio de comisiones ilegales. El dinero que supuestamente gastó OHL para sobornos a funcionarios y altos cargos de diferentes administraciones, principalmente en Madrid, Andalucía, Extremadura y Canarias, se estima en más de 38,6 millones de euros.

Esta cifra corresponde con la cantidad intervenida por orden judicial en el domicilio de Paulino Hernández, quien fue director de Obra Civil de OHL, que declaró la semana pasada ante la Audiencia Nacional. Hernández grababa las reuniones que mantenía y el ejecutivo del área de Control, Felicísimo Ramos, recogía en una memoria portátil la relación de pagos de comisiones ilegales.

Además de Hernández, también ha comparecido José Manuel Sanjurjo, exdelegado de obra civil de Andalucía Oriental, quien estaba al tanto de las presuntas mordidas. Tras estas declaraciones, el próximo 12 de junio, comienzan las citaciones a políticos o altos cargos de administraciones regionales, con el testimonio de Abelardo García Moya (exgerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía); al día siguiente le toca el turno a José Luis Almazán Palomino (exmiembro de la Ejecutiva del PP de Melilla) y, el 13 de junio, el juez Albino Pardo Rodríguez (exdirector del Puerto de Cádiz).

La constructora Obrascón Huarte Lain (OHL) está en el punto de mira por haber sobornado presuntamente a funcionarios y altos cargos para conseguir adjudicaciones millonarias en varios puntos de España. Entre las obras que están siendo investigadas se encuentra el dique de abrigo del Puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife, que apenas ha tenido actividad desde su inauguración. La operación se llevó a cabo en 2007 por 114 millones de euros, cuando era presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz Tenerife José Luis Suárez Trenor.

Según se desprende de la página web de OHL, la constructora ocupa el número 45 como mayor contratista en el ránking internacional. Sus principales filiales en España son SATO, ELSAN y EYM Instalaciones. Precisamente, el Puerto de Granadilla fue adjudicado a una de estas filiares, SATO. La información que compromete a esta empresa fue avanzada por 'El Confidencial' y apunta a que OHL concentró presuntamente el pago de comisiones en el Ministerio de Fomento y las administraciones autonómicas de Madrid, Andalucía y Canarias.

Más allá de la investigación por el Puerto de Granadilla en el marco de la operación Lezo, la empresa se ha hecho con grandes adjudicaciones en el resto de islas en los últimos años. Entre ellas, por 44,4 millones de euros, la polémica ampliación del muelle de Agaete, en Gran Canaria, en la que participará junto a Hermanos García Álamo. Una obra a la que se opone una gran parte de la sociedad canaria y que fue adjudicada por el Gobierno autonómico sin tener actualizados los informes de impacto ambiental así como una justificación socioeconómica. Ambos documentos son de hace más de 15 años. La obra continúa retrasándose y el rechazo por su construcción lo comparte con el Puerto de Granadilla, por el que los movimientos ecologistas y la sociedad tinerfeña lideraron movilizaciones.

También en la isla de Gran Canaria, SATO se ha hecho con otras adjudicaciones, como la ampliación del dique Reina Sofía, en el Puerto de La Luz y de Las Palmas. Una construcción que se realizará por 23,9 millones de euros. Según destacó Canarias 7 el pasado mes de febrero, la propuesta de esta empresa en principio fue declarada en “presunción de anormalidad”, pero finalmente el departamento de ingeniería del Puerto consideró que sí que resultaba viable que el proyecto pudiera realizarse en los precios ofertados. Sin embargo, las obras siguen paralizadas después de que su competidora Sacyr, que quedó segunda en el concurso, haya recurrido ante el Ministerio de Hacienda al estimar que su oferta no se valoró de forma correcta.

Antes de esta adjudicación había sido beneficiaria de otras en el Puerto de Las Palmas, como una línea de atraque en paralelo al dique Nelson Mandela, la construcción de la dársena de África. Concretamente, se hizo con la tercera fase del dique de abrigo, en 2013, y el contradique de cierre de la misma, en 2015. Así mismo, participó en la UTE que construyó la primera fase de la carretera de La Aldea por 87,92 millones de euros.

En la misma isla, generó polémica la construcción del aparcamiento de San Mateo, unas obras que han sufrido retrasos. La empresa adjudicataria resultó ser OHL, que se comprometía a ejecutar en menor tiempo y a mejor presupuesto. Sin embargo, el pliego ya contenía ciertas anomalías, por lo que otra de las empresas que concursó, pero que quedó segunda, Lopesan, presentó una queja ante la Asociación de Empresarios de la Construcción en 2017. El concurso siguió adelante y OHL anunció al poco tiempo que le era imposible iniciar los trabajos y que se veía obligada a solicitar la paralización temporal de la obra. Posteriormente, se realizaron cambios en el proyecto y el consistorio concedió una prórroga a estos trabajos, que siguen sin finalizarse.

En Tenerife, SATO no solo se ha hecho con la construcción del Puerto de Granadilla, que más de un año después de su inauguración, ni siquiera tiene datos estadísticos del tráfico de buques porque “aún no está completamente operativo”, como han explicado recientemente a este periódico desde la Autoridad Portuaria. En 2013, la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, y el expresidente de Canarias, Paulino Rivero, inauguraban la nueva terminal de contenedores del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Fue adjudicada por un total de 61 millones de euros, de los que más de 40 millones se han destinado a los equipos de manipulación de contenedores. En 2015, la compañía anunciaba la instalación de tres nuevas grúas super post-panamax. En la misma isla, se inauguraba este mismo año el parque urbano más grande de La Laguna, una infraestructura ejecutada por OHL por 6 millones de euros.

Otra de las grandes obras que tiene anunciada OHL desde el pasado mes de febrero es la construcción del contradique sur de Naos en el Puerto de Arrecife. El contrato está valorado en 8,1 millones de euros y contempla las obras de abrigo necesarias para una futura ampliación del muelle de cruceros con la construcción de un dique de 322 metros de longitud. En estos trabajos anuncia que empleará su innovación tecnológica, Cubipod. Una tecnología que OHL también empleó en el contradique de la Dársena de la Esfinge, en Las Palmas de Gran Canaria, en el año 2014.

En Fuerteventura, el Cabildo ha firmado recientemente con OHL el contrato para la construcción de una residencia de mayores por una inversión de 9 millones de euros. Tendrá capacidad para 350 personas y la compañía tiene 15 meses para finalizarla.

Son solo algunas de las grandes obras que la empresa ha ejecutado en Canarias en los últimos años, según se puede apreciar tanto en su página web como en la hemeroteca. No obstante, este medio ha solicitado a OHL el desglose de las obras que le fueron adjudicadas en Canarias desde el año 2007, pero no ha contestado a esta solicitud.

Rafael Catalá, hasta hace unos meses ministro de Justicia con el PP y aún diputado en el Congreso, se va a incorporar como patrono a la Fundación del Atlético de Madrid, el club que preside el empresario Enrique Cerezo. Ambos mantienen una amistad que el empresario no dudó en utilizar cuando él y otro de sus amigos, Ignacio González, se vieron en apuros judiciales por el caso Ático. La Unidad Central Operativa (UCO) agrupó todas esas maniobras en un informe que destacaba sus tintes mafiosos.

Según ha adelantado este jueves El Confidencial, Catalá ha recibido autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses. Así lo recoge el Portal de Transparencia, donde se informa de que el pasado lunes Catalá obtuvo permiso para incorporarse a cuatro puestos: en la Fundación del Atlético de Madrid, en el Colegio de Abogados, en el bufete Herbert Smith Freehils y en la Fundación de Legálitas.

Catalá y Cerezo son dos viejos conocidos y han compartido en varias ocasiones palco para ver los partidos del Atlético de Madrid del que el exministro es aficionado. Cuando todavía estaba al frente de la cartera de Justicia, Catalá viajó en el avión que el club fletó para que una comitiva repleta de personalidades viajara a la final de la Champions League de Milán de 2016. Allí Catalá se fotografió con el propio Cerezo, que ya llevaba tiempo imputado imputado junto a González por cohecho y blanqueo de capitales en el caso que investiga la procedencia del dinero que pagó el ático de lujo que el político tiene en la localidad de Estepona (Málaga).

Ese caso llevó a que, unos meses después de ese viaje, Cerezo tratase de recurrir a su amigo, siendo este el máximo responsable del ministerio de Justicia, para que le echase una mano a él y al expresidente de la Comunidad de Madrid. Así lo revelaron las escuchas policiales que efectuaron los investigadores del caso Lezo y los mensajes que intervinieron en sus teléfonos móviles. Cerezo e Ignacio González recurrieron a él y a todos los contactos a su alcance para tratar de frenar esa investigación, todavía abierta en un juzgado de Málaga.

Las primeras conversaciones captadas por los agentes de la UCO se remontan a agosto de 2016. González y Cerezo se preguntan si la única forma de frenar esa investigación es “pegarle dos tiros a la juez”. Luego intentan trazar una estrategia mas realista que pase por presionar al fiscal del caso Ático. El empresario recomienda esperar a septiembre para hablar con él, pero acuerdan ya cómo le deben abordar para obtener resultados: “Estamos teniendo más paciencia de la que teníamos que tener, porque si quieren guerra, vamos a tener guerra”.

Ambos interlocutores vuelven a hablar en octubre en otra charla grabada por la policía en la que lamentan que sus gestiones no dan resultados. Es a partir de este punto cuando Cerezo y González apuntan al ministro de Justicia como la persona que les puede ayudar a cerrar la investigación.

El empresario y presidente del Atlético de Madrid relata en una conversación que habla a menudo con Catalá “por el tema del Estadio”, y que el ministro le ha prometido que se estaba ocupando de las gestiones que le habían pedido. “Me dijo lo mismo, que lo estaban mirando”, explica Cerezo, que añade que suelen hablar sobre el caso del ático a menudo. De hecho, comenta que es el propio ministro quien saca el tema durante sus encuentros: “No se lo tengo que decir, siempre lo recuerda él”.

En otra ocasión, es González quien se felicita de sus gestiones. En un SMS dice que el ministro de Justicia le contestó a su felicitación por el nombramiento. “A mí me puso el otro día un mensaje encantador (…) A ver si terminamos con los líos y tal, bueno vale macho, pues lo que quieras, ja, ja”. Cuando trascendió la existencia de ese mensaje, el titular de Justicia intentó justificarse diciendo que se refería a la “convulsa” situación política, pero González no lo interpretó así.

En otra conversación vuelven a hablar de la investigación del ático y González muestra su desesperación al no saber cómo avanza el caso, si Suiza ha contestado ya a “las comisiones rogatorias de los cojones”. Llega a decir que va a ir directamente a hablar con el ministro de Justicia para pedirle explicaciones: “Yo tengo ganas de echarme un día a la cara a Rafa, porque Rafa yo creo que lo sabe”.

Catalá fue solo uno de los frentes que abrieron Cerezo y González para zafarse de la investigación. También hablaron con un exvocal del Consejo General del Poder Judicial () para tratar de averiguar a quién se iba a nombrar fiscal general del Estado, para que luego este influyese en el resto de fiscales que perseguían a González y Cerezo. De hecho, ambos se felicitan cuando se nombra a José Manuel Maza y hablan de que hay que decirle a Catalá que Manuel Moix es un buen candidato para Anticorrupción. También Moix fue finalmente nombrado, aunque apenas duró unos meses en el cargo.

Tal fue el afán de los dos imputados por mover hilos para cerrar la investigación que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil comparó sus movimientos con los del “crimen organizado”. González resume sus movimientos en una charla en la que se envalentona al hablar sobre los avances en sus contactos para librarse de los casos judiciales: “Tenemos el Gobierno y el Ministerio de Justicia”. La Guardia Civil, eso sí, duda en sus informes de los resultados de esas maniobras. Ambos siguen imputados en el caso ático a pesar de todas sus maniobras.

Catalá abandonó el Ministerio de Justicia como consecuencia de la moción de censura pero mantiene su escaño en el Congreso. Dejó la cartera después de haber sido reprobado junto con Maza -el primer fiscal en la historia en ser reprobado- por el Congreso por sus injerencias en varios casos de corrupción. Ahora será de la mano de Cerezo patrono de la Fundación del Atlético de Madrid, dedicada a “contribuir a través del deporte en actividades humanitarias, culturales, educacionales y de investigación”.

Hace unas semanas fue el dirigente que negoció la reforma del Consejo General del Poder Judicial por encargo del presidente del PP, Pablo Casado, hasta que este decidió romper unilateralmente la negociación con el PSOE y presentar una iniciativa para modificar los trámites de elección de los vocales.

Un año después de estallar la Operación Lezo, la investigación sobre corrupción en el Canal Isabel II que llevó al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González a prisión acusado de cobrar comisiones por la compra de filiales en Latinoamérica, la Audiencia Nacional imputa a otro de sus antecesores, Alberto Ruiz-Gallardón, también por la adquisición de una sociedad en Colombia.

Es la última ramificación de una causa que acumula decenas de imputados, entre ellos quienes integraron durante años la cúpula del Canal, una empresa pública que gestiona 1.000 millones de euros de presupuesto al año. Sus adquisiciones en el extranjero están bajo sospecha. En la causa abundan las evidencias de desvío de fondos en esas operaciones y uno de los hombres fuertes del Canal, Edmundo Rodríguez, habló de cómo se iban a repartir las mordidas en la etapa de Ignacio González.

La investigación a Gallardón y los consejeros con los que gobernó entre 1999 y 2003 que instruye el juez Manuel García-Castellón en la Audiencia Nacional arrancó muchos meses antes con otros protagonistas y algunas actuaciones polémicas. También en ese caso se indaga sobre supuestos sobreprecios pagados por la empresa pública de aguas de Madrid en el extranjero.

La petición del anterior fiscal del caso, Carlos Yáñez, para que quien era el instructor de la causa, Eloy Velasco, autorizase la entrada y registro en despachos relacionados con la sociedad Inassa, la empresa que compró en 2001 el Canal bajo la presidencia de Gallardón, fue desautorizada por Manuel Moix, en aquella época jefe de Anticorrupción. El argumento de Moix, quien tuvo que dimitir meses después acorralado por el escándalo de unas escuchas en las que González y otros imputados le señalaban como su favorito para Anticorrupción y por sus participaciones en una sociedad familiar radicada en un paraíso fiscal, fue que no había conexión entre operaciones separadas por casi una década.

El fiscal del caso decidió entonces invocar el artículo 27 de la carrera para someter a votación entre el resto de sus compañeros la discrepancia con su superior jerárquico. La práctica totalidad de los miembros de Anticorrupción concluyeron que los registros eran pertinentes y aunque la votación en esos casos no es vinculante, Moix decidió someterse al criterio de la mayoría. Después intentó maniobrar para apartar a los dos fiscales que llevaban el caso.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil siguió adelante con los registros. La investigación destapó más escuchas en las que Ignacio González aludía a un “pacto de silencio” con Gallardón para sepultar las maniobras del Canal. El próximo 7 de junio, el expresidente de Madrid, exalcalde, exministro y ex casi todo en el PP está citado a declarar sobre ello en la Audiencia Nacional.

Los padres de los cerca de veinte niños que todavía acudían a la guardería de la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en Barcelona se han quedado este viernes sin poder dejar a sus hijos en el centro. La guardería, cuya concesión prorrogó el verano pasado la CNMC a Grupo Mis Pollitos SL, propiedad de una empresaria imputada en la operación Lezo, ha cerrado tras meses de impagos y retrasos en los pagos a empleados y proveedores.

El organismo ha puesto la situación en conocimiento del Consorci d´Educació de Barcelona, dependiente del Ayuntamiento y la Generalitat de Catalunya, para tratar de buscar una solución para los afectados de aquí a final de curso. Según la CNMC, ya ha asignado el caso a una inspectora para reubicar a los afectados en guarderías próximas. Tendrán preferencia los niños cuyos dos padres trabajen.

El centro, ubicado en la sede de la CNMC en el distrito tecnológico 22@ (que alberga a numerosas empresas), está abierto a personas ajenas a la autoridad de la Competencia y de hecho, según fuentes del organismo, los trabajadores de la entidad ya habían sacado de allí a sus hijos hace tiempo, a medida que el deterioro del servicio era evidente.

Uno de los padres afectados cifra en 22 el número de niños que seguían matriculados (según la CNMC, son 15) y explica que los problemas de impagos a los trabajadores comenzaron en diciembre. La CNMC reconoce que las primeras señales de alarma llegaron en noviembre, semanas después de que eldiario.es informara de la adjudicación del contrato a Grupo Mis Pollitos, cuya administradora única, Carmen Pilar Pazos Bejarano, está imputada en Lezo y fue socia de Lourdes Cavero, la esposa del expresidente madrileño Ignacio González.

Sin aviso previo, Mis Pollitos decidió subrogarse en el contrato (sin comunicarlo a la CNMC) a una tercera empresa, Dream Maker Consulting SL ,que fue constituida el pasado 1 de septiembre y tiene como administradora única a María Victoria Pazos Carrión. La CNMC lleva semanas intentando localizar a ambas empresas, sin éxito, y estudia emprender acciones legales. Da el contrato por “rescindido” ante los reiterados incumplimientos.

En diciembre, solicitó la baja el director de la guardería, que desde entonces funcionaba con tres monitoras, hasta que en enero se despidió una de ellas. Mientras continuaban los impagos (también a la empresa de catering que daba de comer a los niños, entre otros proveedores) se han dado de baja más de una decena de niños, a medida que la situación se deterioraba.

El contrato consistía en una “concesión demanial” (utilización privada de bienes públicos, previa autorización del Ministerio de Hacienda) para la explotación de una Escuela Infantil de Primer Ciclo (de cero a tres años) en un espacio de aproximadamente 259,55 metros cuadrados construidos en la sede de la antigua Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) en Barcelona.

La concesión inicial fue adjudicada a Mis Pollitos por concurso público en régimen de concurrencia competitiva a través de una resolución firmada el 18 de junio de 2015 por el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada. En la licitación, el 60% de la valoración se otorgaba al precio y el 40%, a juicios de valor. Tras expirar este año el plazo del contrato inicial sin quejas sobre el servicio, los servicios generales de la CNMC decidieron en junio pasado prorrogarlo un año más.

La concesión original abarcaba los cursos escolares 2015-2016 y 2016-2017 y fue adjudicada a Mis Pollitos a cambio de un canon mensual mínimo de 300 euros mensuales por los primeros 21 alumnos y de 600 euros a partir de esa cifra. La CNMC asumió como titular del inmueble los costes de limpieza diaria, consumo de electricidad, agua, climatización y teléfono fijo y mantenimiento general del edificio, de acuerdo con el pliego de condiciones. En todos estos meses, no ha habido impagos del canon que pagaba la concesionaria a la CNMC por utilizar las instalaciones, según Competencia.

El exgerente del Canal de Isabel II Arturo Canalda ha defendido hoy ante el juez de Lezo que el precio que se pagó por la compañía colombiana Inassa era el más bajo de todos los propuestos por los informes de valoración. Además, ha negado que preparase la operación con antelación, como defiende la Fiscalía Anticorrupción, y se ha desvinculado de Alberto Ruiz Gallardón, entonces presidente de la Comunidad de Madrid.

Canalda, expresidente de la Cámara de Cuentas, de donde dimitió tras ser imputado en esta causa, ha sido el último miembro del Consejo de Administración del Canal en comparecer ante el juez del caso Lezo. La Fiscalía le señala como una de las piezas claves en la compra de Inassa y le acusa de haber preparado la adquisición antes de presentársela al resto de consejeros del Canal, en una operación paralela.

En su declaración ha negado este hecho y ha dicho que fueron José Antonio de Cachavera, exdirector económico, y Juan Pablo López Heras, exsubdirector de Nuevos Negocios, quienes iniciaron los contactos para la compra. Asegura que él llegó al Canal en septiembre , tomó posesión en octubre y fue informado entonces de la operación, según han informado fuentes presentes en la declaración.

En cuanto al papel de Gallardón, Canalda ha asegurado que no tenía ninguna relación personal con él y que, por lo que él sabe, no tuvo ninguna mano en su nombramiento al frente de la empresa pública.

Canalda, que solo ha contestado a su defensa y a la Fiscalía, ha explicado que los 73 millones de dólares que se pagaron por Inassa eran el precio más bajo de todos los propuestos por los informes de valoración. En este punto ha añadido que él es abogado de formación y que no saber de valoraciones, así que se fió de los técnicos del Canal.

Como el resto de consejeros, ha negado cualquier tipo de irregularidades en la compra, ha rechazado que se pagasen sobrecostes y ha añadido que la compra a través de una empresa Panameña, una imposición de la propia Inassa, no implicaba complicaciones financieras. Ha añadido que toda esa información se facilitó a los consejeros del Canal.

En cuanto a la urgencia con la que se realizó la compra, Canalda ha explicado que era la única forma de cuadrar los tiempos para presentar la oferta en fecha. Además, ha indicado que retrasar la operación hubiese supuesto “paralizar” la gestión del Canal.

El presidente de ADIF, Juan Bravo, ha declarado este lunes ante el juez del caso Lezo. Bravo, que fue consejero de Hacienda con Alberto Ruiz Gallardón y consejero del Canal de Isabel II, ha defendido la operación y ha asegurado que la empresa pública pagó por Inassa menos del precio que sugerían las valoraciones independientes.

Durante su declaración, que ha durado algo más de hora y media, ha asegurado en varias ocasiones que no recuerda todos los detalles, porque la compra se realizó hace 16 años y no ha tenido acceso a toda la documentación. Así lo ha explicado su abogado al término de la declaración-

Según su defensa, Bravo ha asegurado que los 73 millones de dólares que el Canal pagó por Inassa están por debajo del precio que apuntaban las valoraciones que manejaron. Es el único consejero que se ha expresado en estos términos, porque el resto han admitido que en los informes que estudiaron antes de la compra, la empresa colombiana estaba valorada en 25 o 50 millones.

Inassa impuso la sociedad panameña

Sobre la sociedad Panameña que se interpuso en la compra, su defensa ha explicado que la versión de Bravo es que esa empresa era titular de las acciones de Inassa, y que esta puso como condición que se le comprasen a la empresa panameña las acciones.

El despacho Garrigues dijo que, si esta era la condición que ponía Inassa, que se hiciese así. Pero recomendó que la sociedad que disolviese en el mismo momento de la compra. Así se hizo, y este y otros trámites se cumplieron de acuerdo a la ley, ha insistido su defensa.

El abogado de Bravo ha evitado pronunciarse sobre si la fiscal del caso le ha preguntado por el papel de Gallardón, como si ha hecho con el resto de consejeros. El letrado asegura que este solo tuvo conocimiento de la compra en su condición de presidente regional, y que la única documentación que leyó fue la que le proporcionó el propio Canal de Isabel II.

La defensa del actual presidente de ADIF ha insistido en que no ven nada penalmente relevante en esta rama del caso Lezo, ni siquiera irregularidades mercantiles, y achacan las citaciones a que la instrucción está “un poco verde”.

Los exconsejeros que declararon la semana pasada defendieron la compra de Inassa como una operación legal y beneficiosa, pero explicaron también que no conocieron todos los detalles del proceso, como que se utilizó una sociedad pantalla en un paraíso fiscal, y que les entregaron la documentación horas antes de que tuviesen que votar. Ninguno supo precisar si el expresidente madrileño estaba al tanto de la adquisición que comandó Arturo Canalda, entonces gerente de la empresa pública.

Algunos, eso sí, admitieron que se habían manejado valoraciones de Inassa que estimaban que la empresa costaba menos de los 73 millones que se pagaron finalmente. Juan María del Álamo fue el más claro en este punto, al asegurar que algunas valoraciones apuntaban que su precio estaba entre los 25 y 50 millones.

Los exconsejeros citados este lunes junto a Bravo -Agapito Ramos Cuenca, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho- han coincidido en que recibieron la documentación horas antes de tener que apoyar la compra, y que fue Canalda quien se encargó de presentarles la operación como algo ventajoso para el Canal. Han asegurado que no recuerdan que se hablase de una sociedad con sede en un paraíso fiscal. Adriano García-Loygorri Ruiz no ha acudido a la cita.