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Revilla cesa al consejero de Obras Públicas por la trama de corrupción en los contratos de carreteras de Cantabria

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el consejero de Obras Públicas que ha sido cesado, José Luis Gochicoa, en un acto conjunto el pasado mes de noviembre.

Javier Fernández Rubio / Rubén Alonso

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“No pongo una mano en el fuego por José Luis Gochicoa, pongo las dos”. Con estas palabras el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha defendido el proceder de su consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, lo que no ha impedido que aceptara su dimisión. Su puesto quedará cubierto en breve, pese a la inminencia de la cita electoral.

La trama de corrupción en la contratación de carreteras en Cantabria se ha cobrado de este modo la cabeza del consejero José Luis Gochicoa (PRC). Así lo ha anunciado este viernes el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla (PRC) quien ha comparecido con parte de sus consejeros (Javier López Marcano, Guillermo Blanco y Paula Fernández y su portavoz parlamentario Pedro Hernando). “Está limpio, pero hemos puesto el código ético en un listón que ha de servir de ejemplo para todos, y es cierto que los controles han fallado”, ha manifestado Revilla para justificar el cese que se hará efectivo después de que el próximo lunes el propio titular de este departamento comparezca en el Parlamento autonómico para ofrecer explicaciones sobre este caso.

Junto con la dimisión aceptada de Gochicoa, el presidente de Cantabria ha aceptado también la dimisión del director general de Carreteras, superior del jefe de Servicio Miguel Ángel Díez investigado por corrupción. en ambos casos, el presidente Revilla ha considerado que, si bien están limpios de sospecha, su dimisión es aceptable al ser los directamente responsables del área y la Consejería.

El Gobierno de Cantabria ha tomado más medidas a propósito de este escándalo: va a exigir doble firma en los expedientes de contratación y ha pedido a la titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander, que lleva el caso, que acepte una petición de cautelares para impedir que las cuatro empresas afectadas por el escándalo (Cannor, La Encina, Rucecan y Api Movilidad) pueden ser objeto de adjudicaciones en los nueve procedimientos en curso y en los que ha intervenido el alto funcionario. Asimismo, el Gobierno cántabro quiere que el importe de los pagos por adjudicaciones ya ejecutadas por estas empresas no lo reciban estas directamente, sino que se ingresen en una cuenta bancaria del juzgado y que el juez sea quien decida si retiene el pago o lo efectúa.

Se trata de un escándalo en el que el funcionario detenido hace más de una semana, Miguel Ángel Díez, jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas, emitió informes técnicos que, supuestamente, “habrían favorecido a empresas que optaron a contratos de carreteras en la comunidad”, según la investigación que saltó a la luz el miércoles de la semana pasada cuando la UDEF y la Agencia Tributaria registraron la sede de la Consejería de Obras Públicas y las de cuatro empresas implicadas en el fraude.

La Policía, que detuvo a la mujer del funcionario, a sus dos hijas y a los cuatro administradores de las sociedades adjudicatarias de estos contratos, detectó el envío de “varios millones de euros” a cuentas particulares de los investigados y encontró en su casa 530.000 euros en una caja de seguridad oculta en una pared y una máquina para contar dinero.

A lo largo de estos días, Revilla ha asegurado que comparecería antes del fin de semana para anunciar posibles ceses cuando en el Gobierno analizasen los más de 4.000 folios del sumario judicial del caso. Este viernes, el líder del Ejecutivo autonómico ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha señalado que el citado sumario “únicamente hace referencia al funcionario detenido”.

“No hay ningún hecho reprobable, hasta lo que se ha investigado, de ningún político, ni alto cargo, ni persona de confianza o de libre designación del Gobierno de Cantabria”, ha destacado el presidente. Pese a ello, Revilla ha tomado la decisión de cesar al consejero, a petición de este, y ha anunciado que el director general de Carreteras, Manuel de Jesús, también ha presentado su dimisión.

“Gochicoa estaba en total desconocimiento de lo que estaba haciendo este hombre, que aparte de ser un presunto sinvergüenza, tenía formado un sistema bastante perfecto”, ha expresado Revilla en referencia a las prácticas del funcionario detenido.

Durante la rueda de prensa, el también líder regionalista se ha deshecho en elogios hacia su compañero de partido: “Pondré las manos en el fuego por él toda mi vida, no conozco persona más íntegra”, ha dicho, antes de referirse de nuevo al “listón ético” de su partido del que él “es abanderado”. “Eso me lleva al dolor de aceptar el cese del mejor hombre de mi gobierno”, ha sentenciado, tras dejar claro que él “no ha robado nunca” y que no va a permitir que nadie lo haga.

“Hay más investigaciones, si se detecta algo en políticos o funcionarios, tomaremos decisiones, no voy a pasar una”, ha subrayado el presidente, quien además ha hecho un llamamiento a que “no se generalice” respecto a la corrupción: “En Cantabria tenemos 25.000 funcionarios que hacen un trabajo extraordinario, y este caso implica solo a uno, un presunto corrupto que actuaba solo, sin cómplices”, ha argumentado.

Más controles, expediente y medidas cautelares

Como consecuencia de esta trama, Revilla ha anunciado que el Gobierno de Cantabria ha solicitado al Juzgado medidas cautelares para apartar a las empresas investigadas de las licitaciones en marcha. Para ello, solicita que la investigación se amplíe también a personas jurídicas para que se les prohíba contratar temporalmente con las sociedades que dirigen los empresarios investigados. . “Necesitamos amparo del juzgado, porque las empresas concursan”, ha afirmado Revilla.

De este modo, en cuanto a los procedimientos en curso, en cuyo trámite ha participado el funcionario presuntamente corrupto, se apartaría cautelarmente a las empresas investigadas, no solo a los empresarios. “Hasta ahora la imputación es sobre personas, por eso pretendemos que los efectos jurídicos se extiendan a las sociedades”, ha dicho Revilla. En los demás procedimientos donde no participara el funcionario investigado, aunque sí las empresas, incluidos los de otras consejerías y administraciones, se considera que no hay inconveniente de que sigan adelante tal y como están.

“El objetivo es no detener las obras porque son muy necesarias para Cantabria, y por eso hemos puesto en conocimiento del Juzgado que en diferentes consejerías hay expedientes de contratación en los que participan en la licitación las empresas investigadas; queremos que el juzgado nos autorice a no parar estas obras porque sería perjuicio a los ciudadanos”, ha explicado.

Por otra parte, el Gobierno ha abierto un expediente disciplinario al funcionario detenido para que sea suspendido de empleo y sueldo: “Solo percibirá la retribución básica que tendrá que devolver en el caso de que sea condenado”, ha explicado el presidente.

Por último, Revilla ha anunciado que el bipartito PRC-PSOE, a raíz de esta trama, va a reforzar los controles en materia de contratación, exigiendo que los expedientes de contratación presenten la firma de dos funcionarios, no únicamente de uno como hasta ahora. “Así será más complicado que pueda haber situaciones como la que ha ocurrido”, ha sentenciado Revilla.

Caso Mediador

El presidente de Cantabria ha abogado para que justos por pecadores no paguen con el desprestigio los casos aislados de corrupción en la política, el funcionariado y en el mundo de la empresa. Dicho lo cual, ha abogado por actuar con contundencia contra los presuntos corruptos.

Así, por ejemplo, con respecto al Caso Mediador ha dicho: “Me parece poco todo lo que se siga. Me parece increíble. Me recuerda mucho al caso de aquel Roldán. No se ha evolucionado tanto, seguimos con prácticas corruptas, pornográficas, cutres. No sé por qué no le han empapelado ya, al menos preventivamente”.

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