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El consejero cántabro de Ganadería fue apercibido por no presentar en plazo las declaraciones de actividad, bienes e IRPF

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, Pablo Palencia (PP).

Javier Fernández Rubio

Santander —

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El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria, Pablo Palencia (PP), fue apercibido en 2023 por la Inspección General de Servicios del Gobierno de Cantabria al no presentar en plazo las declaraciones sobre sus bienes y actividades, una documentación que todo alto cargo tiene obligación de registrar al tomar posesión. En el informe anual de la Inspección, con fecha 8 de febrero de 2024, se indica que el consejero tampoco había dado traslado de su declaración de la renta (IRPF) del año anterior (2022).

El Consejo de Gobierno de Cantabria, reunido un día después, 9 de febrero, se dio por enterado de las conclusiones del informe y, según han trasladado fuentes de su departamento consultadas por elDiario.es, la situación anómala del consejero fue “solventada” en diciembre de 2023, más de cinco meses después de la toma de posesión del alto cargo del PP. A día de hoy, el Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria sigue manteniendo en blanco lo concerniente a la declaración de actividades e intereses del responsable de Desarrollo Rural, aunque sí recoge la de Bienes y Derechos Patrimoniales.

Según la información publicada, el consejero ha declarado disponer del 76,5% de la propiedad de un piso en Cantabria cuyo valor catastral asciende a a 228.596 euros, así como 2.396 euros depositados en una cuenta corriente y un seguro de vida valorado en 23.990 euros, mismo importe en el que están valorados un vehículo de su propiedad y un préstamo bancario.

La declaración de actividades recoge aquellas otras responsabilidades que desempeña el consejero, así como las inhibiciones que declara asumir por conflicto con anteriores o actuales desempeños. Dicha declaración afecta al momento de la toma de posesión, pero también con efectos retroactivos a los dos años anteriores.

Pablo Palencia saltó a los titulares nada más tomar posesión cuando la oposición socialista sacó a relucir, antes de jurar el cargo, que tenía deudas tributarias con la Administración. Había llegado a recibir así una decena de requerimientos públicos en la última década por el impago de tributos locales en Santander y Santa Cruz de Bezana. En aquel momento, el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) lo avaló para el cargo afirmando que “Pablo Palencia es un emprendedor y en un momento dado pasó una situación de dificultad, como miles de personas en España, pero las acusaciones contra él son una difamación: actualmente está al corriente de pago de todos sus impuestos”.

También fue señalado a los pocos días de tomar posesión después de que se hiciera público que el Colegio de Veterinarios de Cantabria había llegado a suspender una semana en el ejercicio profesional por una “falta grave” del nuevo responsable de la Consejería de Ganadería al haber cometido “prácticas profesionales contrarias a lo dispuesto en las normas, legales o deontológicas, que rigen el ejercicio profesional de la veterinaria” antes de su salto a la política activa.

Control del Gobierno

La Inspección General de Servicios, órgano perteneciente a la Dirección General de Simplificación Administrativa, Transparencia y Participación Ciudadana, debe todos los años elaborar un informe sobre el grado de cumplimiento del régimen de conflictos de intereses por parte de los altos cargos. De ese informe, el Gobierno de Cantabria toma conocimiento y posteriormente se remite al Parlamento de Cantabria.

En su informe anual sobre el año 2023, la Inspección General acusó recibo de 95 declaraciones de actividades e intereses y de otras 196 de bienes y derechos (101 de los altos cargos que cesaban y 95 de los que entraban en la Administración autonómica), así como de 206 declaraciones de IRPF.

El único expediente sancionador por conflicto de intereses fue el de Alicia Renedo, exalto cargo socialista, quien tuvo que dimitir cuando se la investigaba por no inhibirse a la hora de contratar a una empresa en la que había trabajado. El Gobierno de Cantabria acabó sancionándola con un apercibimiento que se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Apercibimientos y control de conflictos

Palencia es el cargo con mayor nivel al que la Inspección hubo de requerir documentación al superarse el plazo para entregarla. Otros altos cargos como directores generales y jefes de gabinete salientes también fueron requeridos, incluso recurriendo para ello a notificaciones expresas en el BOC, aunque en su mayoría la subsanación se ha producido.

El pasado año, la Inspección General de Servicios formuló un total de 21 advertencias en cuanto a actividades e intereses, comunicando a los afectados el deber de inhibirse por las actividades realizadas con anterioridad a su toma de posesión.

Asimismo, recibió el pasado año 18 comunicaciones de compatibilidad de otros tantos altos cargos con actividades públicas; y una de compatibilidad con actividad privada, la del consejero de Salud, César Pascual (PP), quien declaró ser colaborador y asistente ocasional como ponente a congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cursos de carácter profesional compatibles con el cumplimiento de sus deberes públicos.

Uno de los casos solventados fue el del decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ezequiel San Emeterio Huidobro (ahora director general de Suelo Industrial de Cantabria S.L.), a quien se le había conminado a elegir entre su cargo político y el decanato. San Emeterio, reunida de forma extraordinaria la Junta Rectora del Colegio, prefirió dejar el decanato y así solventar el conflicto de intereses.

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