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Las obras de OHL investigadas por las ‘mordidas’ a Coalición Canaria suman 200 millones de euros

Se trata de la construcción del Puerto de Granadilla (114 millones), en Tenerife; la ampliación del Puerto de La Estaca (29,3 millones), en El Hierro, y la duplicación de la carretera del norte de Gran Canaria en el tramo Guía-El Pagador (59,3 millones)

El Puerto de Granadilla salió adelante gracias al empecinamiento de la formación nacionalista, que incluso descatalogó una especie protegida para sortear un auto judicial que paralizó las obras por razones medioambientales

La Unión Temporal de Empresas de la que formaba parte OHL acudió a los tribunales para reclamar al Gobierno de Canarias el pago de los sobrecostes en una de las obras sobre las que se investiga el cobro de las 'mordidas' del 3%

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Imagen de archivo del puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife

Imagen de archivo del puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife

Los contratos bajo la lupa de la Audiencia Nacional en la pieza número 8 de la operación Lezo, la que indaga las ‘mordidas’ de directivos de la constructora OHL a altos cargos y funcionarios a cambio de obra pública, incluidos dirigentes históricos de Coalición Canaria (CC), suman cerca de 200 millones de euros, prácticamente la mitad de la cantidad que suman las doce adjudicaciones investigadas en todo el país. Entre ellos figura el de mayor cuantía de cuantos han centrado las pesquisas de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, el del Puerto de Granadilla, en el sur de la isla de Tenerife, que asciende a 114,5 millones de euros. El juez Manuel García-Castellón, instructor de la causa, también ha reclamado información detallada de otros dos contratos adjudicados en Canarias entre 2002 y 2006: las obras de ampliación del Puerto de La Estaca, en El Hierro, por 29,3 millones de euros, y el tramo de la carretera del norte de Gran Canaria (GC-2) entre Guía y El Pagador, por 59,5 millones.

Tres de las 23 grabaciones descubiertas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un registro sorpresa al domicilio de Paulino Hernández, ex director de obra civil de OHL, aluden a presuntos sobornos de la constructora a cargos de CC. En esos audios, difundidos este jueves por Canarias Ahora, tres directivos de la constructora mencionan expresamente a otros tantos dirigentes del partido que ha gobernado ininterrumpidamente en las islas los últimos 26 años y que ahora intenta a la desesperada mantenerse en el poder ofreciendo la Presidencia al PP, tercera fuerza en las Islas, para evitar un pacto progresista en el Archipiélago liderado por el PSOE.

Las pesquisas de la operación Lezo sitúan a Antonio Castro, ex consejero de Agricultura y Obras Públicas y ex presidente del Parlamento de Canarias; a Luis Suárez Trenor, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife durante doce años, y a Julio Bonis, que fue consejero de Sanidad y Presidencia, como presuntos perceptores de comisiones del 3% a cambio de la adjudicación de obra pública. Los dos primeros ya figuran como investigados en la causa, mientras que el tercero aparece citado en las grabaciones por sus negocios en México, país en el que actualmente reside.

Los audios hacen referencia a tres obras concretas, aunque una de ellas, las de ampliación del muelle de El Bufadero, en Santa Cruz de Tenerife, no están siendo objeto de investigación. Una conversación de Paulino Hernández con Felicísimo Ramos, el tesorero de OHL, y Rafael Martín de Nicolás, ex director del departamento de construcción de la compañía, revela el cobro de comisiones por parte de Luis Suárez Trenor, ex presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. “Lo de Granadilla hace tantísimo tiempo que ya ni me acuerdo ni si lo hablé. ¿Tú lo has confirmado con Luis, ese tema del 3%”?, pregunta Hernández. “Sí, como siempre”, le responden, provocando las risas de sus compañeros. “A Luis, la verdad es que solo le hemos dado en una ocasión que fue por lo de El Bufadero, y le dimos el 3. Bueno, y La Estaca”, añade el ‘Villarejo’ de la constructora.

Según se desprende del contenido de esas grabaciones, Suárez Trenor, ex tesorero de CC que fue investigado en el caso Fórum Filatélico después de que la Policía Nacional le atribuyera algo más de medio millón de euros de origen desconocido, habría cobrado la mordida del 3% por primera vez en 1998, con la adjudicación de las obras de prolongación norte del muelle de El Bufadero, en la capital tinerfeño, a SATO, filial de OHL especializada en la construcción de diques de abrigo portuario, por 167 millones de pesetas, algo más de un millón de euros. En 2003, cinco años después de haber formalizado ese contrato, la Autoridad Portuaria de la provincia occidental adjudicó por cerca de 600.000 euros las obras para reparar esa prolongación del muelle a otra empresa, Necso Entrecanales Cubiertas, precisamente una de las empresas con las que la propia SATO concurrió un año antes en una Unión Temporal de Empresas al concurso para la ampliación del Puerto de La Estaca, en El Hierro, que se llevó por 29,3 millones de euros. En esa UTE también estaba la constructora herreña Fronpeca.

La obra de ampliación de La Estaca, que también incluía una vía de acceso y que estuvo financiada en un 82% con fondos estatales de cohesión, fue inaugurada el 23 de junio de 2006, tres años después de haberse iniciado los trabajos. Acompañado del ya fallecido Adán Martín (CC), entonces presidente del Gobierno, Luis Suárez Trenor dijo en el acto que esa infraestructura era “una deuda que tenía adquirido el organismo portuario con la isla” y agradeció “la colaboración, esfuerzo y saber hacer” de los trabajadores de la UTE formada por SATO (OHL), Necso y Fronpeca.

 En orden cronológico, la última de las obras canarias mencionadas en las grabaciones de la operación Lezo, la del Puerto de Granadilla, adjudicada en 2006 a la UTE formada por Fomento de Contrata y Construcciones, SATO (OHL) y Promociones Punta Larga, empresa de Antonio Plasencia (condenado en el caso Áridos y el caso Las Teresitas), e inaugurada en 2018, es también la más importante en cuanto a montante (114 millones de euros) y la que más rechazo social suscitó en el Archipiélago por su impacto medioambiental. El empecinamiento de los dirigentes de CC, primero con el Gobierno de Adán Martín y, después, con el de Paulino Rivero, apoyado este último por el PP de José Manuel Soria, hizo posible que la infraestructura terminara haciéndose realidad. Para ello tuvo que sortear incluso un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que paralizó las obras al aceptar un recurso del colectivo ecologista Ben Magec por la afección del puerto a una especie protegida en el Archipiélago, la seba, clave en el hábitat natural de la zona. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en aquel momento en manos de Domingo Berriel (CC), promovió un nuevo catálogo que excluía a los sebadales de la categoría de especie amenazada. El documento fue aprobado por mayoría en el Parlamento de Canarias en mayo de 2010, desbloqueando de esta manera las obras de un puerto que, más de un año después de su inauguración, continúa prácticamente inoperativo.

Aunque los audios no hacen referencia a ella, la Audiencia Nacional investiga una tercera adjudicación en Canarias a OHL. En esta ocasión, el órgano contratante no es , como en las anteriores, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, sino la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias que lideró entre 2003 y 2007 Antonio Castro Cordobez. Se trata de las obras de duplicación del tramo de la GC-2, la carretera del norte de la isla, entre las localidades de Guía y El Pagador. Fue adjudicada en octubre de 2006 a una UTE de la que formaban parte, además de OHL, Félix Santiago y los Hermanos García Álamo, por 59,5 millones de euros.

La mencionada unión de empresas ha acudido en varias ocasiones a los juzgados para reclamar al Gobierno de Canarias el pago del sobrecoste de la obra, cuantificado en 13,4 millones de euros. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado las pretensiones de los adjudicatarios, recordando que la oferta económica presentada por la UTE había sido preponderante sobre los criterios de calidad y seguridad argumentados como causa de ese aumento de costes que las empresas consideraban injusto asumir.

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