El Cabildo de Gran Canaria se opone con “claridad y contundencia” a las jaulas para el engorde de atunes en las islas

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, reaccionó este viernes con una “claridad y una contundencia” meridianas contra la propuesta de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) de autorizar un plan experimental de pesca con cerco industrial y la instalación de jaulas de engorde de rabil y atún rojo en aguas del Archipiélago.

El presidente insular explicó en rueda de prensa su oponencia: “Una práctica de estas características en nuestras aguas es absolutamente insostenible”, sentenció Morales. “Nos oponemos de manera radical a esa técnica, ya que genera un enorme daño económico y medioambiental a nuestras aguas, a nuestra biodiversidad y a los pescadores y pescadoras de Canarias, y haremos todo lo que esté en nuestras manos, ante la sociedad grancanaria y con los medios jurídicos que podamos utilizar, para ponerle freno”, aseveró.

En ese sentido, recalcó que se presentará una moción sobre este asunto en el próximo pleno insular, así como una queja ante la Secretaría General de Pesca del Gobierno estatal, que impulsó la propuesta en la ICCAT.

Vamos a llevar a cabo todas las acciones políticas correspondientes, independientemente de que nos ponemos al servicio del sector pesquero para todas las medidas que sea preciso tomar más adelante.

Asimismo, reiteró Morales que tiene la certeza de que “no vamos a admitir que se permita el cerco para el atún en nuestras aguas”, para advertir de que tampoco lo tolerarán en otras aguas cercanas. “Ya conocen la posición del Cabildo de Gran Canaria sobre la cumbre de estos últimos días entre Marruecos y España, en torno a las cesiones que puedan producir esos acuerdos sobre nuestras aguas, la seguridad aérea, la plataforma continental, y lo que eso supone para los minerales y las tierras raras que tenemos en las proximidades de las Islas, y tampoco vamos a permitir que se utilicen esas aguas, alejándolas de Canarias, para que sean marroquíes, con lo que el daño para nuestra tierra”, señaló y subrayó a este respecto que, por eso, “no vamos a consentir que se use en aguas canarias ni en otras aguas la técnica del cerco”.

Con estas palabras, el presidente Morales, que estuvo acompañado por el consejero insular de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, Miguel Hidalgo, y por el presidente de la Federación Provincial de Pescadores de Las Palmas y Patrón Mayor de la Cofradía de Agaete, Gabriel Diego Jiménez, dejó muy claro que la Corporación insular comparte la “indignación y los temores que están sintiendo las y los pescadores de todas las Islas con este proyecto”, que además de evaluar el posible desarrollo de la pesca con red de cerco industrial, también propone el crecimiento y engorde del atún rojo y el rabil en la zona.

Y es que, tal y como sostuvo, este sistema de pesca de atunes está prohibido en aguas canarias, tanto interiores como exteriores, y solo se autoriza para capturar pequeños pelágicos, como longorones, sardinas y caballas. Por tanto, “esta autorización supondría un cambio sin precedentes para la pesca tradicional en Canarias”, proclamó. “Y hablamos de pesca artesanal”, enfatizó.

Además, el presidente de Gran Canaria manifestó que “los atunes son capturados por ellos uno a uno, con línea o con caña, con métodos tremendamente sostenibles, que han permitido que Canarias tenga una voz autorizada para poder defender el aumento de sus cuotas anuales de atún rojo para que no impacte sobre el recurso pesquero tan valioso y, hasta hace poco tiempo, en peligro”.

“Pero es que los riesgos no acaban ahí” y así lo aseguró Morales, cuando mantuvo que, como ocurre en las pesquerías industriales de atunes, el uso del cerco industrial implica grandes capturas de otras especies accesorias, sin ningún valor comercial, pero con un alto valor ecológico, como tortugas, tiburones, delfines, que migran juntas en busca de alimentos o de zonas de reproducción. “Es decir”, expuso, “utilizar este sistema para capturar los atunes tendría un impacto ecológico sobre la fauna marina, porque dañaría y mataría en muchas ocasiones a otras especies. La pesca artesanal hace todo lo contrario. Su modelo es de respeto con el medio marino y, por lo tanto, con la sostenibilidad”, ensalzó.

Además, abundó en que permitir este uso del cerco de forma industrial sería cambiar las normas del juego no solo en lo ambiental, sino también en lo económico, ya que dejaría sin opciones a los pescadores artesanales de las Islas. Y lo explicó aduciendo que “la pesca del atún es lo que, en muchas ocasiones, les da el exiguo margen de beneficio anual y, por otro lado, permite reducir el esfuerzo sobre los recursos pesqueros costeros demersales como viejas, abades, meros y medregales, facilitando así la recuperación de sus stocks, y evitar uno de los problemas de la pesca actual, que es el consumo excesivo, que pone en riesgo la continuidad de la actividad”, lamentó. “Por lo tanto, que puedan dedicar temporadas al atún hace que se recuperen las otras especies y que se pueda garantizar también el consumo en las Islas”.

Por todo ello, se mostró convencido de que esta autorización “no va a suponer que las comunidades pesqueras locales obtengan mayores beneficios económicos ni medioambientales, sino que van a perder dos veces rentabilidad económica, por la competencia injusta con los industriales y por la competencia por el propio recurso, tanto de atunes como de cebo vivo”.

Por último, hizo referencia a otro perjuicio derivado de la reciente recomendación de la ICCAT de probar la cría de atún rojo y rabil en Canarias, puesto que, como dijo, este tipo de acuicultura es parcial y depende del medio natural para su desarrollo, porque los ejemplares jóvenes deben ser capturados en el mar y trasladados a los viveros marinos, en los que se les engrasa con pescado fresco o congelado, porque rechazan los piensos industriales.

“Este modelo de acuicultura absolutamente controvertido, ya que requiere una enorme cantidad de pescado salvaje para alimentar a los atunes en las granjas”, concluyó.

Por su parte, el representante del sector pesquero de Las Palmas, a su vez, no fue más tibio que el líder del Cabildo grancanario y, tras agradecerle su apoyo incondicional, lanzó un “no” firme a la recomendación de la ICCAT y a la Secretaría General de Pesca del Gobierno español que la secunda. “Europa debería darse cuenta de que Canarias es una región ultraperiférica, diferenciada del resto de las comunidades y de la plataforma europea, porque la propia UE ha reconocido la singularidad de las Islas”, remarcó.

En su intervención, puso de relieve que la flota pesquera canaria es polivalente y especificó que quienes viven exclusivamente del atún, que son poco más de 50 barcos, los más de 350 restantes pescan todo tipo de especies y lo hacen “con una pesca constructiva, de vida, de mantenernos durante muchos años, para que nuestra gente coma el mejor pescado del mundo. Y nos lo van a chafar una serie de potentados que han hecho lo que han querido en el Mediterráneo y que, ahora, pretenden hacerlo en Canarias”, dijo, para manifestar que “vamos a luchar contra quien sea, para que esto no ocurra”.

En este contexto, tras denunciar que esta maniobra se ha fraguado sin contar con las y los representantes del sector pesquero canario, Jiménez auguró que estas prácticas masacrarán una gran cantidad de especies distintas que pasan por las aguas de las Islas y que provocará un daño irreparable, porque “produciría un daño ecológico irremediable a la plataforma canaria. Sería una muerte natural, porque en pocos años, no tendríamos ni caballas ni sardinas ni ningún pelágico de los que normalmente se consumen todos los días en las mesas de los hogares de las Islas”,

Este sería el último martillazo que nos pueden dar para que el sector pesquero desaparezca.

Para acabar, Gabriel Diego Jiménez llamó la atención sobre el hecho de que, de salir adelante este plan, se podría revertir todo el trabajo que se ha hecho estos años para que los profesionales de la pesca evolucionaran y llegaran hasta donde están hoy en día. “Pensamos que tenemos que cuidar nuestras aguas y nos peleamos con los que quieren que no subsistan, dentro incluso de Canarias, porque nosotros trabajamos para comer y dependemos de que no se introduzca ningún elemento que altere la situación de los túnidos en las Islas”, finalizó.