El Ministerio del Interior ha dictado una instrucción interna para que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no multen a los ciudadanos por consumir drogas dentro de un coche estacionado. La instrucción viene motivada por las dudas planteadas por Policía y Guardia Civil acerca de la falta de un criterio único de delegaciones y subdelegaciones de Gobierno para tramitar las multas, debido a que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana dejaba la infracción al “criterio de los agentes”, según fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

La instrucción, firmada por el secretario de Estado de Seguridad, recurre a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que considera que el interior de un vehículo privado “un espacio dotado de ciertos caracteres de privacidad”.

En este sentido, “se aclara que el consumo o tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, cuando no estuviera destinado al tráfico, en el interior de un vehículo particular exclusivamente utilizado como medio de transporte estacionado, no se considera subsumible en ninguna de las infracciones administrativas descritas por la citada ley [de seguridad ciudadana]”, recoge la resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

La instrucción del número dos de Interior especifica que “cuestión distinta es que se trate de vehículos en tránsito, en cuyo caso podría tratarse de una conducta subsumible en el Código Penal, concretamente un delito contra la salud pública o de un delito contra la seguridad vial”.

La Ley de Seguridad Ciudadana fue aprobada en 2015 con el fin de eliminar los delitos leves del Código Penal y convertirlos en infracciones administrativas, sancionadas con multa y de las que solo participara en el ámbito judicial si el sancionado recurría la multa de Delegación o Subdelegación del Gobierno, a quien daba traslado del expediente el agente que hubiera intervenido. Precisamente, la anulación de las multas por consumo de drogas dentro de un coche parado dictadas por la justicia ordinaria ha influido en la decisión del Ministerio del Interior, precisan las fuentes consultadas.

Sindicatos de la Policía y asociaciones de la Guardia Civil han obviado la finalidad garantista para criticar la instrucción del Ministerio del Interior y denuncia desde que fomenta los accidentes de tráfico después de que se haya producido al consumo a que produce impunidad. Jucil, la heredera en el instituto armado de Jusapol, ha llegado a sentenciar que “a más consumo, más narcotráfico”.

El Congreso de los Diputados aprobó hace tres meses el primer trámite de la legislatura para reformar la ley mordaza. Se trata del cuarto intento de desmontar la ley que cercena el derecho a la protesta ciudadana desde su aprobación hace casi una década. Pero los grupos parlamentarios interesados en la reforma no han comenzado todavía a abordar los trabajos técnicos para ponerla en marcha y esperan poder abrir las negociaciones en el periodo de sesiones que comienza la semana que viene. 

Los grupos interesados en esta reforma son los que conforman el denominado bloque de investidura, más comprometido con los avances democráticos que con la agenda social. En este caso, incluso Junts está plenamente convencido de la necesidad de desmontar la norma que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 y que un editorial del diario The New York Times llegó a calificar como una ley con reminiscencias franquistas.

Pese a todo, el texto lleva en vigor mucho más tiempo con gobiernos progresistas que bajo el mandato del PP. El Congreso ha intentado reformarla en sucesivas ocasiones, en línea con las promesas electorales de diferentes partidos de la Cámara, incluido el PSOE. El amago que llegó más lejos se produjo durante la legislatura pasada, pero el choque entre ERC y EH Bildu con el PSOE por cuatro asuntos, principalmente la prohibición de las pelotas de goma y las devoluciones en caliente, frustró su derogación. 

Los partidos que trabajan en el texto tienen una fecha simbólica en la mente. El décimo aniversario de la entrada en vigor de la ley mordaza, denominada oficialmente ley de Seguridad Ciudadana, se cumplirá el 1 de julio. El Gobierno de Rajoy la aprobó en Consejo de Ministros el 31 de marzo y su mayoría absoluta en el Congreso le dio la luz verde definitiva unos tres meses después.

Fuentes de esos partidos sostienen que quieren evitar llegar a los diez años con la ley en vigor y por eso esperan activar en el periodo de sesiones que comienza la próxima semana las negociaciones para poner en marcha la reforma. Sería partir prácticamente de cero porque apenas han hablado desde que el Congreso la tomó en consideración, el 29 de octubre. Solo ha habido, según esas fuentes, conversaciones informales entre los grupos “sobre el contenido y el alcance de las enmiendas”. 

El texto que aprobó el Congreso parte con una ventaja respecto a la legislatura pasada: nace de un primer acuerdo entre el PSOE y EH Bildu. Ambas fuerzas pactaron eliminar el uso de las pelotas de goma y, por otro lado, incluir en la ley una disposición que inste a modificar la ley de extranjería en un plazo de seis meses para acabar con las devoluciones en caliente. También modifica las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia. 

Esos cuatro puntos entorpecieron la última negociación con los socialistas, aunque algunos partidos como Podemos creen que esa redacción es ambigua y deja la norma en un mero retoque estético. El texto, tal y como lo aprobó en el Congreso hace tres meses, habla de “eliminar” las pelotas de goma y sustituirlas por otro material menos lesivo, pero no las prohíbe directamente. Los de Ione Belarra temen, por otro lado, que esa disposición sobre las devoluciones en caliente quede en nada, puesto que necesitaría los votos de nuevo de todo el bloque de investidura para reformar la ley de extranjería. 

Hace dos años, sin embargo, Podemos votó a favor de aprobar el texto sin esos cuatro puntos conflictivos en la Comisión de Interior donde cayó la reforma. EH Bildu y ERC están conformes con el actual redactado y creen que es el PSOE el que ha terminado cediendo. En la negociación de la legislatura pasada la portavocía en comisión por parte de Unidas Podemos la encabezó Enrique Santiago, en aquel momento alineado a Yolanda Díaz en la pugna interna con los de Ione Belarra. Podemos no llegó a criticar la negociación del diputado de Izquierda Unida –que cargó contra los independentistas por dejar caer la ley– pero sí reprochó al PSOE que no se hubiera movido lo suficiente en esos cuatro puntos. 

Podemos dio su apoyo en octubre a la toma en consideración del texto, pero ya ha presentado enmiendas que van en esa línea. En una de las enmiendas, a las que ha tenido acceso este diario, incluyen una prohibición expresa de las balas de goma “o de cualquier otro instrumento o producto análogo que pueda producir para las personas graves lesiones, pérdidas, inutilidad o deformidad de órganos o miembros, pérdida de un sentido o incluso la muerte”. 

Para prohibir las devoluciones en caliente Podemos propone eliminar la disposición adicional décima de la ley de extranjería que regula este tipo de expulsiones en frontera. Esa disposición la introdujo el PP precisamente en la ley mordaza, en 2015, y es por eso que el PSOE había pedido reformar directamente la ley de extranjería para abordar este asunto. 

También incluyen una modificación para que los agentes deban entregar a las personas que identifican un justificante con su número de carnet profesional y las explicaciones de las razones y otra enmienda para prohibir “los espectáculos públicos y actividades recreativas cuya actividad principal o única consista en el maltrato o muerte de animales”. 

La ley también llevaba la firma de Sumar, PNV y BNG, aunque los jeltzales ya han registrado una batería de enmiendas que vuelve en la mayoría de aspectos al acuerdo que se logró durante la ponencia la vez anterior. 

El texto que estuvo a punto de prosperar entonces nació precisamente de una iniciativa del PNV, que sirvió como base para el trabajo del resto de grupos. El grupo vasco, según las enmiendas que registró a finales de año, busca mantener como infracciones graves –y no leves como pactaron EH Bildu y PSOE– las faltas por desobediencia, resistencia a la autoridad y la negativa manifiesta y clara a identificarse. También mantiene como graves las llamadas “kundas”, los traslados a personas en cualquier tipo de vehículo “con el objetivo de facilitar a estas el acceso a drogas, siempre que no constituya delito”.

El texto que ya se tramita en el Congreso objetiva lo que antes se consideraban faltas de respeto para que ahora se refieran a “insultos o injurias” que no sean delito. “Hasta ahora funcionaba un criterio arbitrario, las faltas a la autoridad han sido portar una camiseta, un pin, una mirada o un tono de voz. Con la nueva ley serán sancionados los insultos o injurias que no sean delito, que sea algo objetivo, que sean expresiones relevantes”, explicó durante la presentación de la iniciativa el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu.

En cuanto a la desobediencia, pasará de una infracción grave a leve y se añade un criterio para que sea “manifiesta, clara y objetivable”. Se multará la desobediencia “cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico y cuando no sea constitutiva de infracción penal”, para la resistencia a la autoridad se valorará que exista “oposición corporal” cuando se trate de la “negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico, y cuando no sea constitutiva de infracción penal”.

En estos dos últimos puntos el PSOE ha aceptado una redacción prácticamente idéntica a la que propusieron EH Bildu y ERC en la negociación del informe de la ponencia durante la legislatura pasada, que terminaron tumbando entre acusaciones al PSOE por su inmovilismo.

Junts y el BNG también han presentado enmiendas que van en la misma línea que las de Podemos a la hora de prohibir de forma expresa las pelotas de goma. Los independentistas catalanes establecen que con fecha 31 de diciembre de este año “sea efectiva la prohibición total” de esos proyectiles y se establezca un nuevo modelo que “deberá garantizar en cualquier caso la disponibilidad de herramientas robustas que permitan un abanico de opciones tácticas diferenciadas”. La formación gallega establece la prohibición de “la utilización por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de cualquier elemento arrojadizo susceptible de causar daños personales”. 

El Congreso ha dado luz verde a la tramitación de la reforma de la ley de seguridad ciudadana que, entre otras cosas, propone la eliminación de las pelotas de goma del material de los antidisturbios y la desaparición de las devoluciones en caliente en la frontera. La mayoría del pleno ha rechazado las enmiendas a la totalidad de PP y Vox y eso implica que la reforma pasará ahora seguirá su tramitación en la cámara baja.

La enmienda del PP ha sido rechazada con 169 votos a favor y 176 en contra. La de Vox, con 33 votos de su partido a favor, 176 en contra y 137 abstenciones, tampoco ha salido adelante. La norma todavía tiene que tramitarse a través de una ponencia, en la comisión de Interior y nuevamente en el pleno antes de poner rumbo al Senado.

La reforma ha sido impulsada por PSOE, Sumar, EH-Bildu, ERC y PNV y pretende modificar más de dos docenas de artículos de la ley de Seguridad Ciudadana de 2015. Una de sus principales modificaciones está al final de la norma, que con una nueva disposición adicional sobre el material antidisturbios obliga a ir sustituyendo “progresivamente” el uso de balas de goma “por otros menos lesivos”.

Otra de las nuevas disposiciones adicionales afecta a las denominadas “devoluciones en caliente” en la frontera, una medida migratoria avalada por el Tribunal Constitucional pero que ha recibido el rechazo constante de asociaciones y ONG desde su entrada en vigor. Si esta reforma termina entrando en vigor como ley, echará a correr un plazo de medio año para modificar la ley de Extranjería para que, antes de una posible expulsión, un migrante sea evaluado como posible solicitante de asilo en un lugar “habilitado al efecto en los pasos fronterizos”. Desaparecerá, por tanto, la devolución 'en caliente' en el mismo momento de la entrada.

Fotos a policías y manifestaciones

Otra de las medidas tiene que ver con uno de los puntos más controvertidos de la ley aprobada en 2015 por la mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy y que también fue cuestionada por el Constitucional: la prohibición de fotografiar a policías en acto de servicio. El uso de imágenes o datos personales de un agente será sancionable cuando genere “un peligro cierto” al policía, algo que queda mucho más especificado: “Deberá ser constatable y reflejarse motivadamente en el acta o en la denuncia”. Pero no será una infracción, explica, hacer o difundir fotos de policías en lugares públicos o manifestaciones si no generan ese peligro.

Muchas de las modificaciones que contiene esta reforma afectan también al derecho de manifestación o las identificaciones por la calle. Se añade que la obligación de una persona se base en “una sospecha razonable” tras analizar “el comportamiento individual” de la persona así como a “información o circunstancias objetivas”. Si alguien se niega a identificarse o no puede ser identificado, los policías podrán llevarle a comisaría pero por un máximo de dos horas, prorrogables al actual límite de seis horas en los supuestos más excepcionales.

En una manifestación la intervención policial estará dirigida por “el respeto al libre ejercicio del derecho de reunión”, con un “enfoque de derechos humanos” y con la obligación de advertir “de manera verbal claramente audible”, indicando plazos, antes de cargar o disolver una concentración.

El sistema sancionador en torno a las manifestaciones también cambia. Los responsables o convocantes de una concentración quedarán exonerados si, aunque se hayan producido disturbios o destrozos, previamente hubieran puesto en marcha las medidas de seguridad y cumplido con los requerimientos de la autoridad gubernativa, generalmente la Delegación del Gobierno del territorio. Sale de la lista de infracciones las perturbaciones de la seguridad ciudadana por manifestaciones frente al Congreso, el Senado o los parlamentos regionales en caso de que no incurran en algún delito.

Si los policías llevan cámaras de videovigilancia durante una actuación, su uso debe quedar tasado, constar en el atestado policial y sus grabaciones “custodiadas” por si algún juzgado las necesita. El valor de la declaración de un policía también queda matizado: la palabra de un agente seguirá siendo “base suficiente” para imponer una sanción, pero se añaden matices: “Siempre que la exposición de los hechos resulten coherentes, lógicos y razonables”.

“Ustedes lo que quieren es que haya un muerto”

El pleno ha rechazado este jueves las dos enmiendas a la totalidad presentadas ante la cámara baja por PP y Vox. La enmienda a la totalidad rechazada del partido de Santiago Abascal ha sido defendida por Javier Ortega-Smith: “El objetivo es el control de las calles, mantenerse en el poder cuando lo ven amenazado, controlar la desestabilización de las calles y el caos”, ha explicado. Sobre la eliminación de las pelotas de goma en los equipos de los antidisturbios, ha preguntado: “¿Cómo pretenden que se puedan enfrentar a manifestaciones violentas de la extrema izquierda, los separatistas en Cataluña o kale borroka en el País Vasco? ¿Lanzando flores, caramelos, con buenas palabras?”.

El portavoz de la extrema derecha en esta tramitación parlamentaria también se ha referido a la futura desaparición de las devoluciones en caliente. “Abrir todavía más la puerta de nuestras fronteras y que Ceuta y Melilla se conviertan en barra libre de entrada”, ha criticado. Su propuesta era “reforzar”, precisamente, estas devoluciones en caliente.

Por parte del PP ha sido Ana Vázquez quien ha comparecido para bautizar esta nueva norma como “ley de la kale borroka, de la responsabilidad cero, de seguridad arruinada, de impunidad criminal, de manos atadas, la ley Otegi” que, según dice, “pasará los grilletes a manos de los policías”. Sobre las pelotas de goma, la diputada del PP ha afirmado que su eliminación “obligará a los agentes a enfrentarse cuerpo a cuerpo”. “Ustedes lo que quieren es que haya un muerto”, ha espetado al parlamentario de EH Bildu, Jon Iñarritu.

El parlamentario de EH Bildu ha contestado en su turno para fijar posición. “EH Bildu busca que no se vuelva a repetir lo que sucedió con Iñigo Cabacas, lo que buscamos es que no se vuelva a repetir algo así, porque las pelotas de goma son material antidisturbios propio del siglo XX, hay que buscar materiales menos lesivos y proporcionales”, ha dicho aludiendo al caso del joven muerto bajo pelotazos de goma de la Ertzaintza en 2012.

Desde la bancada de Podemos, la exministra Ione Belarra ha listado diversos casos judiciales y policiales para citar a quienes considera realmente “desprotegidos, y no la Policía”: “Los seis de la Suiza, el caso Altsasu, Tsunami Democràtic, los Jordis, operación Piñata y Pandora, Futuro Vegetal, Rodea el Congreso, la policía patriótica investigando ilegalmente a Podemos”, ha denunciado. “Mientras todo esto siga pasando en España nuestra democracia nunca va a ser plena”, ha dicho antes de citar a diversos jueces: Manuel García Castellón, Concepción Espejel, Carmen Lamela y el “sacrosanto” Manuel Marchena.

La Policía no puede entrar por la fuerza en una casa solo porque la persona que está dentro se haya negado a identificarse o a abrir la puerta. Así lo ha establecido en una sentencia reciente el Tribunal Supremo al absolver de un delito de resistencia a un ciudadano que fue detenido dentro de su casa después de negarse a dar sus datos y a dejar entrar a la Policía Municipal. Es una decisión que, en sus argumentos, choca con otra de hace unas semanas que justificó que varios policías nacionales tiraran abajo con un ariete una puerta de la calle Lagasca de la capital porque los moradores, que estaban en una fiesta de madrugada molestando a los vecinos, se negaban a abrir e identificarles.

En ambos casos los jueces han tenido que deliberar sobre qué habilita a un policía a entrar por la fuerza en una casa, aunque desde distintas perspectivas legales: en el caso de Lagasca los acusados eran los policías y en el supuesto que acaba de sentenciar el Supremo el acusado era el vecino que se negó a abrir la puerta. En las dos ocasiones, los agentes habían acudido allí por las denuncias de ruido de madrugada de los vecinos del edificio. Los antecedentes del Alto Tribunal, desde hace años, son claros: que una persona no quiera identificarse no permite que las fuerzas del orden puedan irrumpir en un domicilio.

El caso que acaba de sentenciar en firme el Supremo tuvo lugar en un domicilio del centro de Madrid en marzo de 2021. Una pareja de policías municipales de la capital había acudido por las llamadas de los vecinos quejándose del ruido, y el hombre que les abrió la puerta se negó a dejarles pasar. Cuando intentaba cerrar, uno de los policías metió la pierna y finalmente consiguió acceder a la casa, tirándole al suelo y deteniéndole. El resultado: dos multas por sendos delitos de resistencia y lesiones.

La Audiencia de Madrid justificó la actuación de los agentes. “El delito de resistencia se produjo desde el momento en que el recurrente se opuso a la actuación policial intentando impedir el paso de los agentes tratando de cerrar la puerta”, afirmaron los jueces. Negarles la entrada y la identificación, para este tribunal, era el delito flagrante que necesitaba la Policía Municipal para entrar. Esta condena fue anulada hace unos días por el Tribunal Supremo.

“Si la autoridad, el agente o el funcionario se extralimitan, su legitimidad democrática decae y no merecen protección penal”, dijo la Sala de lo Penal. Reconocen los jueces que el derecho a la inviolabilidad del domicilio no es “absoluto” pero que solo se puede vulnerar en cuatro supuestos muy tasados: cuando los agentes intentan detener a alguien que tiene que entrar en prisión, cuando sea un delincuente que se haya refugiado en su casa en plena persecución por un delito, en casos de persecución a terroristas y, finalmente, cuando el morador sea “sorprendido en caso de flagrante delito”.

Negarse a identificarse o a abrir la puerta por denuncias de una posible infracción administrativa por ruidos, recuerda el Supremo, no es un “flagrante delito”. “Ni la existencia de ruidos que motivó la presencia policial en el domicilio ni la negativa del acusado a identificarse revisten caracteres de delito”, dice la sentencia. La Constitución, añade en otro pasaje de la resolución, “ofrece al ciudadano la facultad para oponerse a los controles públicos”.

Una detención en Bilbao

El Supremo avala, por tanto, que un ciudadano no quiera abrir la puerta a la Policía si no está cometiendo ningún delito o si no tiene cuentas pendientes con la Justicia. Sus jueces lo acaban de decir en esta reciente sentencia, pero lo dejaron por escrito hace más de 15 años cuando retiraron la condena de un año de prisión impuesta a un vecino de Bilbao en una situación muy similar.

En ese caso, dos agentes de la Ertzaintza acudieron a la casa de un hombre, en el barrio de Las Cortes, siguiendo las indicaciones de dos agentes de paisano que le habían visto trapicheando, supuestamente, con droga en la calle. El hombre abrió la puerta y, al comprobar que era la policía autonómica, intentó cerrar. Uno de los agentes recibió una patada pero consiguió entrar al piso para detenerle.

Ese caso se saldó con una condena de un año de cárcel por atentado hasta que llegó al Supremo. Como en el supuesto de Madrid, la Sala de lo Penal aseguró que “no existió delito flagrante” que habilitara a los policías para entrar en la casa. Fue “la reacción de cualquier ciudadano ante lo que considera una intromisión injustificada de los poderes públicos en su espacio de privacidad”, describieron los jueces.

Esa sentencia ya explicó que el principio de autoridad de los cuerpos policiales no implica sin más que toda oposición sea un delito. “Se trata, por el contrario, del principio de autoridad ejercido por el funcionario público con respeto y aceptación de todos y cada uno de los límites que nuestro sistema constitucional impone para hacer legítimo aquél”, dijo el Supremo en 2007.

En estas resoluciones se juzgó a ciudadanos que se opusieron a que la Policía entrara en sus casas. El pasado noviembre, en la Audiencia de Madrid, cinco policías nacionales se sentaron en el banquillo de los acusados frente a un jurado popular por un caso que guarda similitudes, pero desde el otro lado de la puerta: los agentes fueron juzgados y absueltos después de irrumpir con un ariete en una casa durante una fiesta en plena pandemia.

Un ariete policial en la calle Lagasca

Esta intervención policial ocurrió apenas dos meses antes de la que ha terminado en absolución, y a unos pocos kilómetros dentro de la ciudad de Madrid. Cinco policías nacionales y un subinspector al mando acudieron a una casa de la calle Lagasca tras las llamadas de los vecinos: dentro se estaba celebrando una fiesta y, en mayo de 2021, los asistentes se estaban saltando todo tipo de restricciones para contener la pandemia de COVID-19.

Los policías estuvieron 45 minutos pidiendo a los asistentes que salieran y se identificaran porque podrían haber incurrido en una infracción administrativa por saltarse las restricciones. Según declaró probado un jurado popular, los policías usaron la fuerza de varias maneras distintas para entrar: con el método del resbalón –pasando una tarjeta para abrir el pestillo–, desmontando la cerradura y finalmente usando un ariete.

El mismo jurado también declaró probado que todos los agentes actuaron “en el convencimiento de que se estaba cometiendo un delito flagrante de desobediencia grave a los agentes de la autoridad”, lo que facilitó su absolución.

La resolución deja argumentos que chocan con lo expuesto por el Supremo en los últimos días. “En supuestos en que tras los requerimientos continuos de la policía para que alguien se identifique, éste se niegue, no es posible descartar la existencia de un delito de desobediencia grave a los agentes de la autoridad”, dijo la Audiencia de Madrid. “No se debe confundir el derecho a la inviolabilidad del domicilio con la más absoluta impunidad, parapetándose dentro del mismo para eludir cualquier tipo de responsabilidad penal como la que, según los agentes, se estaba cometiendo”.

El caso de Lagasca todavía no ha sido sentenciado en firme. Esta resolución está pendiente de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y, posteriormente, podrá ser llevada incluso ante el Tribunal Supremo, donde los jueces acaban de decir que no identificarse en circunstancias similares no habilita a la Policía a entrar por la fuerza.

Dos lecturas de una sentencia

En el caso de la calle Lagasca, las partes han recibido esta doctrina del Tribunal Supremo de una forma muy diferente. Juan Antonio Frago, abogado de los policías acusados, entiende que el caso sentenciado por el Alto Tribunal no es igual que el que terminó en absolución para los agentes, mientras que Juan Gonzalo Ospina, letrado de la acusación, afirma ser “prudente” y entiende que este fallo mejora sus posibilidades de cara a futuros recursos.

En el caso que resolvió el Supremo hace unos días, dice Frago, no es idéntico: “Solo hay un requerimiento para abrir, sin embargo en el caso de Lagasca hubo 28 requerimientos para que simplemente esas personas abrieran la puerta, se identificasen y se fuesen a su casa”. Eso, entiende el abogado defensor de los agentes, implica un “requerimiento continuado” que llevaría a un posible delito de desobediencia de los moradores y, concluye, “habilitaría la entrada”. “Aquí tenemos acreditado por las 'bodycam' de los agentes que hubo 28 requerimientos”, explica, después de varias llamadas de los vecinos por los ruidos de las fiestas del piso.

Por su parte Ospina, letrado de la acusación y de los moradores que había en ese momento en el piso, entiende que es una sentencia “muy valiente” que “pone de relieve la integridad moral de los jueces del Tribunal Supremo”. Entiende que esta resolución es “fundamental” para su caso aunque afirma ser “prudente” antes de que se resuelvan sus recursos.

“Una cosa es anular la sentencia condenatoria al chaval al que le entraron en casa, y otra es determinar si hay una responsabilidad penal por parte de los agentes”, explica. “No digo que por esta sentencia vaya a darse ahora una sentencia condenatoria. Entendemos que, tal vez, podríamos demostrar que estamos ante un ilícito penal, pero con la dificultad que supone hacer valer si esta entrada fue de manera culposa, dolosa, a sabiendas de su ilegitimidad”.

El letrado critica que, en su momento, el jurado popular que juzgó el caso de Lagasca optara por absolver a los agentes llegando a acusar a los moradores del piso de desobediencia. “No estamos juzgando a los ciudadanos, aquí no se está discutiendo un delito de desobediencia”, recuerda. Por eso, entiende, la sentencia del Supremo puede ser “fundamental” para su caso: “Dice que la entrada que se fuerza por una autoridad policial en un domicilio nunca, nunca puede vulnerar la inviolabilidad del domicilio, la sentencia pone en valor que no puedes entrar en una casa porque quieres, que es muy importante”.

La 81 edición del Xiringüelu, una fiesta multitudinaria que reunió ayer domingo a 55.000 personas en el prao “El Salceu”, en el municipio asturiano de Pravia, se ha saldado con la detención de un hombre acusado de un delito contra la indemnidad sexual y la imposición de 115 sanciones por infracciones administrativas a la Ley de Seguridad Ciudadana tras la incautación de diversas sustancias estupefacientes -hachís, cocaína, ketamina y popper- y armas.

Un total de 230 agentes de la Guardia Civil de Asturias, Madrid, León y Pontevedra asumieron las labores de control y vigilancia para que esta fiesta popular transcurriera sin incidentes relevantes. Los agentes controlaron todos los accesos, así como las vías de llegada al recinto, tanto por carretera como por vía férrea.

El dispositivo de seguridad estaba formado además por cinco equipos de perros detectores de drogas, tres de ellos procedentes de Madrid, a los que se sumó la vigilancia aérea con dos helicópteros y dos drones y la instalación de cámaras por los Servicios de Telecomunicaciones de la Guardia Civil de Asturias y Madrid. A ellos se unieron efectivos de las Unidades de Seguridad Ciudadana de Comandancia y del GRS de León y Pontevedra.

Según los datos facilitados por la Guardia Civil de Asturias, la fiesta se ha saldado con la detención de un hombre acusado de su presunta autoría en un delito contra la indemnidad sexual después de que la víctima denunciara los hechos.

Su arresto se produjo gracias a la rápida intervención de los servicios sanitarios en una actuación coordinada por las distintas unidades operativas con el Equipo de Violencia de Género de la Guardia Civil.

De las 115 sanciones impuestas por infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana, un total de 96 fueron por delitos relativos al tráfico de drogas, otras cuatro fueron por tenencia de armas y 15 relativas al orden público.

Los efectivos policiales sorprendieron a una persona vendiendo marihuana oculta en bocadillos y a un segundo presunto traficante con ocho dosis de ketamina

Los agentes sorprendieron a dos personas en el momento en que realizaban la venta de drogas: una de ellas ocultaba la marihuana aprehendida en el interior de bocadillos, mientras que la otra fue interceptada cuando realizaba una transacción de 5,48 gramos de ketamina distribuida en ocho dosis.

Por otro lado, los agentes de la Guardia Civil y el personal de seguridad del recinto también intervinieron en las labores para sofocar un incendio declarado sobre las once de la noche en una de las casetas. El fuego se extinguió sin que se produjeran heridos.

Estuvo a punto de pasar con la reforma laboral y ha pasado con la ley de seguridad ciudadana. La izquierda tenía tantas ganas de tumbarla que cada uno ha empujado para un lado diferente... y la ley más dura del PP no cae.

Hablamos con el profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías para recordar por qué esta ley debería ser derogada, y con Alberto Ortiz, redactor de política de elDiario.es, para averiguar por qué el Gobierno y sus socios no han cumplido su promesa electoral.

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A menos de un año para que se disuelvan las Cortes antes de la celebración de las elecciones generales, los socios parlamentarios de la coalición empiezan a mostrar inquietud ante la posibilidad de que algunos compromisos del Gobierno queden en papel mojado. Más allá de la pelea por la Ley de Vivienda y la derogación de la ‘mordaza’, que están bloqueadas en la recta final de su tramitación, hay una treintena de proyectos legislativos, que van desde los bebés robados hasta los delitos de expresión, atrancados en el Parlamento.

“Respecto a la ley de vivienda, a la Ley LGTBI y a la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, vamos a cumplir con nuestro compromiso, que es hacer leyes en beneficio de la mayoría social de este país. A lo mejor no es que nosotros las estemos bloqueando, sino que no encontramos un punto de encuentro con el resto de grupos parlamentarios”, admitió Pedro Sánchez el miércoles en el Congreso a instancias de EH Bildu, que le había advertido de que “tiene asignaturas pendientes respecto a leyes estratégicas para los derechos y libertades de la mayoría social”, entre las que citó vivienda, mordaza y ley trans, pero también secretos oficiales, reforma fiscal o salud mental. Ese enfriamiento choca con la voluntad que expresan las partes de llegar a entendimientos. 

Todos esos asuntos permanecen, en cualquier caso, encallados en el Parlamento. Algunos con un mayor nivel de avance, como la ley de vivienda o la ‘mordaza’, que llevan tiempo en trámite de negociación de la ponencia. Otros languidecen en las comisiones con decenas de prórrogas consecutivas en la ampliación del plazo para presentar enmiendas. 

Hasta en 87 ocasiones la Mesa del Congreso ha autorizado la prolongación del periodo para que los grupos propongan cambios a la ley que pretende afrontar el escándalo de los bebés robados durante el franquismo. Esa norma, que fue registrada por PSOE, ERC, el Grupo Plural y Bildu, ya había sido admitida a trámite por unanimidad en la anterior legislatura, pero cayó en saco roto con el adelanto electoral. Ahora sigue encallada en el Congreso desde septiembre de 2020. El texto, impulsado por la Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina, plantea la creación de una base de datos de víctimas y de ADN, una Fiscalía especial y una Comisión Estatal de Derechos de Identidad.

La misma cantidad de prórrogas lleva la ley de secretos oficiales que registró el PNV esta legislatura –tras haberla presentado también en la anterior–. Sin embargo, esa iniciativa está condenada a morir porque el Gobierno ha impulsado la suya desde el Consejo de Ministros. La intención es poner plazos y un procedimiento para la desclasificación de documentos. La propuesta del Ministerio de Presidencia no convenció al socio minoritario, que ha reclamado cambios sustanciales para la segunda vuelta, es decir, antes incluso de su llegada al Parlamento. 

Las siguientes en el ranking son la ley para regular un proceso de sanciones e infracciones por parte de las empresas morosas, que impulsó el Grupo Plural y lleva en el cajón desde octubre de 2020. PSOE y Unidas Podemos incluyeron sanciones de hasta el 50% del contrato a las adjudicatarias que incumplan la Ley de Morosidad a través de una enmienda a la ley de creación y crecimiento de empresas, que contemplaba propuestas como la prohibición de acceso a ayudas y subvenciones a empresas morosas. Lo mismo ocurre con la financiación del transporte urbano que, en este caso, procede del Senado. 

También procedente de la Cámara Alta lleva congelada la proposición para rebajar al 4% el IVA a la prestación de todos los servicios de atención a la dependencia. 72 es el número de veces que se ha ampliado el plazo para la presentación de enmiendas a la Iniciativa Legislativa Popular que llegó al Congreso a través del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) contra el “copago confiscatorio” en dependencia.

El letargo para eliminar “disminuidos” de la Constitución

También está bloqueada la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término “disminuidos” de la Carta Magna. Aunque Alberto Núñez Feijóo ha defendido que hay que cambiar ese precepto, no ha dado el paso de apoyar la iniciativa del Gobierno, que requiere del apoyo del PP. 

La mayoría de iniciativas que permanecen bloqueadas, no obstante, son los decretos ley que el Gobierno aprobó durante la pandemia y que logró sacar adelante aceptando que fueran tramitados posteriormente como proyectos de ley para que los grupos pudieran hacer incorporaciones. No obstante, permanecen en hibernación. 

Otra de las patatas calientes que permanece en el congelador es la reforma del Código Penal para modificar las penas de los denominados delitos de expresión. Moncloa se comprometió a impulsar cambios a raíz de la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél en febrero de 2021. La propuesta era retirar las condenas de cárcel en delitos como el enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, el delito de odio, los delitos de injurias a la Corona y a otras instituciones del Estado y los delitos contra los sentimientos religiosos. La jugada pasaba por adelantar a Unidas Podemos, que impulsó una proposición de ley en el Congreso con objetivos similares y que permanece en stand by desde septiembre de 2021. 

PSOE y Unidas Podemos pactaron en su acuerdo de coalición aprobar “una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que sustituya a la ley mordaza para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”. La derogación de parte de esa norma que vio la luz durante el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando el PP tenía mayoría absoluta, fue además uno de los principales compromisos que el Ejecutivo progresista adquirió con todos aquellos partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. En los últimos tres años, la promesa se ha ido repitiendo cada vez que se lograba cualquier pacto con los aliados parlamentarios.

Prácticamente en cada intervención pública en el Congreso de los Diputados, esos mismos socios, ERC, PNV, EH Bildu y PDeCAT, han presionado en los últimos meses al Gobierno para que materialice cuanto antes la derogación de la polémica ley. Al mismo tiempo, todos ellos forman parte del grupo de trabajo creado en la Cámara Baja junto a PSOE y Unidas Podemos para ir avanzando en acuerdos que permitan la reforma en el próximo periodo de sesiones que se abre en septiembre, a un año de que concluya la legislatura. Con lentitud, esos trabajos están dando nuevos frutos.

Fuentes parlamentarias han confirmado a elDiario.es que, en las últimas reuniones del grupo –desde febrero calculan que se han celebrado en torno a una docena, muchas de ellas de forma telemática–, se ha pactado la redacción final de diez nuevos artículos que se suman a los 29 que ya se habían cerrado hasta el pasado mes de marzo. Las fuentes consultadas evitan entrar en la concreción de cada uno de los puntos, pero sí explican que los asuntos acordados tienen que ver con el modo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para garantizar los derechos a la manifestación y a la libre expresión, que se vieron cercenados por la normativa del PP.

La proposición para reformar la ley mordaza con la que se trabaja en el Parlamento es del PNV y el texto entró en la Comisión de Interior el pasado noviembre. Pero, como explican fuentes del Congreso, aún no se han abordado ni en las dos reuniones de la ponencia ni en los sucesivos encuentros del grupo de trabajo ninguno de los asuntos más polémicos, los que generan más diferencias entre los partidos del Gobierno y sus socios. Esas fuerzas, en especial Unidas Podemos –cuya negociación encabeza el líder del PCE, Enrique Santiago–, confían no obstante en lograr un acuerdo total en los próximos meses.

Evitar casos como el de Alberto Rodríguez

Uno de esos aspectos controvertidos tiene que ver con la regulación del material antidisturbios. Varios grupos, como ERC y EH Bildu, exigen la prohibición expresa de las pelotas de goma y de otros métodos de fuerza policial.

Otro aspecto que sigue sin debatirse entre los grupos negociadores es el referido a la presunción de veracidad de los agentes de los distintos cuerpos policiales cuyo único testimonio, sin otros testigos, es a raíz de la ley del PP válido para que se produzca una condena. Un ejemplo es el caso del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, condenado por el Tribunal Supremo por pegar a un policía siendo el agente el único testigo que, durante el juicio, reconoció esa agresión. A raíz de la sentencia, a Rodríguez se le retiró en octubre el acta de parlamentario a través de una polémica decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Ya desvinculado de Podemos y con la intención de crear un nuevo partido, Rodríguez sigue peleando por ese escaño ante los tribunales, ocho meses después.

La idea de los grupos es abordar los asuntos más complejos de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana en el nuevo periodo de sesiones que se inicia en septiembre, con la intención de conseguir aprobar la nueva ley antes de las Navidades o en los primeros meses del próximo año. Las fuentes consultadas remarcan que ya se consiguieron sortear varios de los escollos entre el Ejecutivo y los socios cuando se decidió desvincular del texto los otros aspectos recogidos en la ley del PP que habían generado más fricciones durante las negociaciones, como las devoluciones en caliente o la consideración de agentes de la autoridad de los funcionarios de prisiones. Ambos asuntos se abordarán en otras propuestas al margen de la reforma de la ley mordaza.

En lo que ya ha avanzado el grupo de trabajo es en el artículo referido a la responsabilidad de los convocantes de manifestaciones en los que se produzcan altercados o que no hayan sido comunicadas previamente a las respectivas delegaciones del gobierno. Además de desvincular al convocante de los disturbios cuando se demuestre que no ha tenido vinculación con los mismos, en el texto acordado por los grupos se establece que la falta de comunicación previa de una protesta no será castigada cuando responda a una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social, siempre que no se cause violencia o alteración del orden público.

Medidas para las personas con discapacidad

En estos meses los partidos del Gobierno y sus socios han acordado modificaciones al objeto de la ley, a los fines y a los principios rectores estableciendo la eliminación de la violencia en los espacios públicos y la garantía de convivencia como el objeto de la ley, introduciendo mayores garantía de derechos y libertades de la ciudadanía. Entre los principios rectores de la norma también se ha incluido uno de accesibilidad para garantizar que personas con discapacidad puedan disfrutar plenamente de sus derechos en todo lo relacionado con la seguridad ciudadana.

También han visto luz verde algunas de las peticiones de los socios, como que se garantice la incorporación al Documento Nacional de Identidad y al pasaporte las distintas lenguas cooficiales. O el establecimiento de mecanismos que tengan en cuenta la capacidad económica de los ciudadanos a la hora de establecer las cuantías de las multas. Las fuentes consultadas añaden que también se han regulado de manera “más garantista” los aspectos relacionados con la entrada en domicilios y edificios de organismos oficiales por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el riesgo para las personas o animales en supuestos de catástrofes, calamidades, ruina inminente y cualquier otro supuesto recogido en la legislación de protección civil.

Asimismo, se ha acordado la modificación de las normas sobre identificación de personas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De esta forma, las diligencias en comisaría en ningún caso podrán superar las dos horas salvo causas excepcionales debidamente justificadas, verificadas y comunicadas a la persona afectada. Otra de las novedades introducidas es el derecho de la persona conducida a identificación a ser devuelta al lugar en el que no pudo ser identificada desde la dependencia policial cuando para su identificación haya tenido que ser trasladada a una localidad diferente a aquella en la que se le requirió la práctica de la diligencia.

La reforma de la ley mordaza sigue en marcha al margen de las protestas policiales de sindicatos como Jupol, que desde hace meses han salido a las calles y se han quejado de que el nuevo texto contemplara que se compensaran las multas en función de la renta o que se puedan emitir los DNI en lenguas cooficiales, entre otras objeciones.

En el triángulo golfo de Barcelona el fin de semana empieza el miércoles. Flanqueado por alguna de las discotecas de más renombre de la ciudad, como Razzmatazz, y por la zona de fiesta rockera, este espacio del distrito de Sant Martí congrega cada noche a centenares de personas. Muchas de ellas bailan y beben dentro de los locales. Otras, en plena calle.

El triángulo golfo es uno de los puntos de la ciudad donde se concentran más botellones, una práctica que trae de cabeza a los vecinos y al consistorio. Además de suciedad, las personas que viven en las inmediaciones de estos puntos de encuentro relatan que hay ruido. Mucho ruido. De hecho, en esta zona de Sant Martí, igual que en algunas plazas de Gràcia u otros lugares de botellón, se supera muy frecuentemente en tres decibelios el límite de diez establecido por la OMS.

El botellón es una práctica que se viene incrementando desde hace algunos años. El punto álgido se dio el verano pasado, un año después del inicio de la pandemia, cuando el virus empezaba a remitir, pero la hostelería y el ocio nocturno seguían afectados por las restricciones. En 2021 se desalojaron de las calles a 573.500 personas y la Guàrdia Urbana interpuso 26.000 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública.

Pero parece ser que, aunque las discotecas y bares hayan vuelto a abrir sus puertas, el botellón se mantiene como una práctica recurrente. Así lo demuestran las cifras del primer trimestre de 2022, durante el cual la Guàrdia Urbana interpuso 6.175 denuncias, mil más que el mismo periodo del año anterior. Ante este incremento, el Ayuntamiento se ha preparado para un verano que podía romper las estadísticas.

747 multas en una semana

A principios de agosto, bien entrado ya el periodo estival, el consistorio anunció que su plan de choque contra el botellón sería, principalmente, endurecer las multas y las sanciones. Para ello, ha modificado el régimen sancionador de la ciudad, de tal manera que las faltas leves que antes se penaban con 60 euros ahora lo están con 100.

Pero donde se da el verdadero cambio es en las faltas graves, que se darán cuando los participantes del botellón molesten “gravemente” al vecindario, corten el tráfico o generen altercados. Entonces, el Ayuntamiento aplicará la ley de seguridad ciudadana, popularmente conocida como ley mordaza, que prevé sanciones que oscilan entre los 600 y los 30.000 euros. Si bien dicha ley regula desde 2015 las sanciones al consumo de alcohol en espacios públicos cuando “perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana”, hasta ahora el Ayuntamiento había recurrido a su propio régimen sancionador, detallado en la ordenanza de convivencia ciudadana.

Este cambio busca incrementar cuantiosamente las multas para desincentivar el consumo de alcohol en las calles. “Esperamos que sea una medida disuasoria y que no se tenga que aplicar, pero es importante prevenir conflictos”, afirmó el teniente de alcalde de Seguridad del consistorio, Albert Batlle, en referencia a los incidentes de las pasadas fiestas de la Mercè.

Hace un año, las celebraciones de la patrona de Barcelona todavía estuvieron afectadas por las restricciones de la pandemia y, ante ellas, miles de jóvenes se congregaron en 'macrobotellones' que acabaron en enfrentamientos con la policía. Aquellas noches se zanjaron con hasta 180 detenidos por hurto, robos violentos, desórdenes públicos y altercados.

Esta modificación del régimen sancionador entró en vigor en Barcelona el pasado 2 de agosto. Desde entonces, y hasta el pasado fin de semana, se han interpuesto 747 multas leves, pero no ha habido ningún altercado grave que haya provocado la aplicación de la ley mordaza. El consistorio reconoce que la mayoría de botellones son “reuniones para estar” que no acaban en enfrentamientos y esperan no tener que recurrir a esta ley.

En el punto de mira desde la pandemia

La estrategia sancionadora viene de largo, pero se agudizó con la pandemia, momento en el que se fortaleció la presencia policial en las calles y se estudiaron otras medidas. Tomando como punto de partida la escalada de contagios, el pasado verano la Generalitat pretendió instaurar un toque de queda para evitar los botellones, argumentando que las reuniones sociales eran los principales orígenes de los brotes. Finalmente, la justicia catalana determinó que los botellones eran una cuestión de orden público y no de salud.

“Es un abordaje totalmente equivocado. No podemos pretender resolver esta problemática prohibiendo y castigando, porque no va a ser efectivo. Es lo que se lleva haciendo 30 años y, hasta hoy, no ha funcionado”, considera David Bondia, síndic de greuges (defensor del pueblo) de Barcelona. Este órgano participó de la Mesa Ciudadana para una noche cívica y segura, un espacio de debate convocado por el Ayuntamiento sobre cómo abordar el ocio nocturno en la ciudad.

“Centrarnos en las sanciones es perder la oportunidad de trabajar otras medidas que podrían ser mucho más efectivas. Es un error intentar regular a los jóvenes sin los jóvenes”, apunta Bondia. Por eso, la Sindicatura de Greuges publicó en marzo un informe que presentaba propuestas para abordar la problemática, basadas en la opinión y experiencia de la juventud. “Se tiene que mantener el equilibrio entre garantizar el descanso de los vecinos y el derecho al ocio”, opina Bondia, que propone ofrecer espacios de encuentro alternativos como centros cívicos o 'casals' que estén abiertos por la noche.

Según afirma el síndic, los jóvenes que son menores de edad o con pocos ingresos, tienen pocas alternativas para pasar el rato con sus amigos. “Tenemos un modelo adultocéntrico que sólo regula el ocio adulto y a los jóvenes les dice qué no pueden hacer, pero sin ofrecer alternativas”, resume. Por eso, una de las bases del informe es que las medidas punitivas, per se, no funcionan. “Solo sirven para escalar el problema. La juventud ve a la policía como enemigo y desafío y aumentar su presencia en las calles solo va a servir para desplazar la problemática y para que haya más incidentes como los de la Mercè”, explica José Mansilla, antropólogo y coordinador del informe.

La clave para abordar el asunto, según Mansilla, es aceptar que el botellón es algo “coyuntural que no se puede eliminar. Y, como todo en las grandes ciudades, es conflictivo y complejo de abordar”. En esta línea, apunta que es una manifestación de la necesidad de relacionarse de la gente joven. “No les podemos prohibir divertirse, sino que tenemos que facilitarles espacios amables en los que llevar a cabo sus inquietudes y combinarlas con actividades que no tengan que ver con que menores de edad consuman alcohol o drogas”, apunta Mansilla, en referencia a que el 38% de personas en los botellones tienen menos de 18 años.

“Es totalmente cierto que en el triángulo golfo no se puede dormir, pero estos problemas no los causa solo el botellón. En la calle Blai, que está llena de bares, los vecinos también se quejan”, apunta Bondia, que destaca la diferencia de tratamiento que se hace entre ambas situaciones. Mientras que en un caso se aplica la ley mordaza, en otro se avanza el cierre de bares una hora. “El espacio público es algo muy codiciado, pero siempre que esté higienizado, limpio. Y la gente en la calle no vende”, resume Mansilla.

Desde la Sindicatura de Greuges apuestan por dinamizar el espacio público, pero también son conscientes de la necesidad de acabar con los botellones, aunque saben que es un hito muy difícil de conseguir y que requerirá años. Por eso, defienden gestionar el mientras tanto. “Por muchas multas que pongamos, los jóvenes seguirán yendo, así que tenemos que instalar más lavabos portátiles, puntos lilas y ofrecer información sobre el consumo de drogas y alcohol para evitar incidentes”, apunta Bondia.

Hace siete años, No Somos Delito arrancó de media docena de partidos, entre los que no estaba el PSOE, el compromiso de derogar o reformar completamente la Ley de Seguridad Ciudadana impuesta por la mayoría absoluta de Mariano Rajoy en la primera sesión parlamentaria en la que los números lo permitieran. Aquel mes de febrero de 2015, en el Ateneo de Madrid, se celebraba que la conocida como 'ley mordaza' nacería muerta. Este martes, en el mismo foro, han lamentado que la reforma que se está debatiendo es “en conjunto insuficiente, poco ambiciosa, poco valiente y, en algunas cuestiones, propulsora de pasos hacia atrás” y que no supondrá un cambio de paradigma respecto a la del PP, porque no elimina los aspectos más lesivos ni avanza hacia un modelo que garantice los derechos y libertades de la ciudadanía.

“No les miento si les digo que no me gusta la propuesta que se debate actualmente, ni el punto de partida –una proposición de ley del PNV– ni la propuesta conjunta que han presentado PSOE y Unidas Podemos”, ha reconocido Sara López Martín, portavoz de la plataforma, que agrupa a más de un centenar de organizaciones, en la 'Jornada por una Ley de Seguridad Ciudadana que garantice Derechos y Libertades: Acabemos con la Ley Mordaza'. “La proposición del PNV solo modifica el 30% de la ley y no significa que sea en un sentido garantista”, ha denunciado.

Preocupan, principalmente, dos cuestiones: que la propuesta mantiene las infracciones por desobediencia, resistencia y negativa a identificarse y las multas por faltas al respeto a los agentes y la presunción de veracidad de estos. “Es el cajón de sastre de la arbitrariedad policial”, ha expresado Sara López Martín, en línea con lo que ya denunció en diciembre Amnistía Internacional, que consideraba que esta parte del articulado había sido aplicada “de forma extensiva e injusta a miles de ciudadanos”.

“Personas que se han movilizado de manera pacífica han sido sancionadas por preguntar reiteradamente por qué la policía les estaba pidiendo la documentación, por llevar un bolso con el acrónimo ACAB –todos los policías son bastardos, por sus siglas en inglés– o por decir a policías que estaban ejecutando un desahucio que eso era inhumano”, ha relatado Daniel Canales, uno de los abogados de la organización. Entre 2015, cuando entró en vigor la ley que el Gobierno de coalición quiere ahora reformar, y 2019, el 70% de las sanciones –unas 200.000, según AI– se impusieron al paraguas de estos dos artículos.

El foco en los derechos humanos

Estas sanciones, ha explicado, pueden seguir produciéndose y generan a su vez un “efecto desmovilizador y disuasorio”. “Necesitamos una ley que ponga en el centro y el foco en garantizar el ejercicio de los derechos humanos y no en la protección de ese concepto vago de seguridad ciudadana”, ha indicado Canales, que ha pedido “un régimen sancionador modificado, eliminando infracciones o modificando las que tienen una redacción vaga y genérica, como el de resistencia, desobediencia o negativa a identificarse”.

La nueva reforma, que está aún en el la ponencia de la comisión de Interior del Congreso, donde ya se ha celebrado la primera sesión y a donde volverá el 15 de febrero, no contempla de forma expresa la prohibición de realizar identificaciones por perfil étnico-racial. “En 2018, la mitad de identificaciones policiales se hicieron a personas migrantes”, ha recordado el portavoz del Sindicato de Manteros, Malik Gueye. “Las personas migrantes sin papeles nunca hemos tenido libertad de movimiento y siempre hemos tenido que vivir con la amenaza de que nos pare la policía y ser deportados o internados en un CIE”, ha explicado, antes de denunciar que “cuando una persona migrante o racializada cuestiona la estructura del Estado, el Estado responde con el poder judicial para criminalizar a las personas”.

“Para mi no es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de poder. La policía quiere poder, sin que haya control democrático”. Se refería Gueye a otro de los puntos polémicos de la reforma: la presunción de veracidad de los agentes. “Hace que prevalezca la arbitrariedad policial y evita la defensa efectiva de la ciudadanía”, lamentaba López Martín. “Se utiliza la presunción de veracidad para imponer una versión de los hechos, pero esos hechos que los agentes de la autoridad plasman en un documento o en una denuncia no pueden incluir valoraciones subjetivas u opiniones y esas faltas de respeto o de desobediencia vienen muy a cuento de esta valoración porque ¿qué es una falta de respeto?”, razona el portavoz de Jueces y Juezas por la Democracia, Ignacio Fernández Soto.

Los cambios previstos en la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana no contemplan los mecanismos de control ante acciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se realizan de forma arbitraria, ni atiende las recomendaciones del Consejo de Europa. Esta institución ya instó en marzo de 2021 a España a reformar esta ley por su “potencial represivo”, algo que las asociaciones consideran que no se está revirtiendo.

Una ley “absolutamente insuficiente”

“Estamos de acuerdo en que esta ley es absolutamente insuficiente, de la misma manera que no podemos hacer otra cosa que apretar al máximo para que sea lo mejor posible dentro del marco que nos han presentado, que no es el nuestro”, ha indicado el portavoz de la Plataforma Defender a Quien Defiende, Andrés García Berrio. Él ha recordado las muertes de al menos 14 personas intentando llegar a España por el Tarajal, “que no murieron porque estaban simplemente nadando, sino que se detectó el lanzamiento de balas de goma y botes lacrimógenos”, o la de Iñigo Cabacas en Bilbao.

“Este material antidisturbios tiene unas consecuencias que pueden ser letales y que pueden marcar la vida de muchas personas. En el caso de que la propia ley no prohíba este tipo de armamento, seguiremos trabajando” para que ocurra en los próximos meses, ha advertido García Berrio. Ha reconocido, con cierto tono sarcástico, el avance que supone que la reforma incluya la creación de protocolo sobre el uso de la fuerza y el material antidisturbios.

La presidenta de la Plataforma por la Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Virginia Pérez Alonso, ha denunciado también las “gravísimas consecuencias para el periodismo, la información y los periodistas que cubren protestas” de este articulado que, según lo previsto, se mantendrá en la reforma. Y añade el punto que hace referencia a la captación de imágenes de la policía. “Hemos empezado 2022 con la fotoperiodista catalana Mireia Comas sancionada por negarse a borrar una foto cuando los agentes se lo pidieron”, ha recordado. En su caso la multa ascendió a 601 euros, en aplicación a Ley Mordaza.

“Se produce un efecto desaliento. Muchos son freelance, que no tienen una cobertura con plenas garantías por parte de un medio. Si no van a cubrir las protestas, la ciudadanía no recibe la información sobre lo que está sucediendo y aquí no ha pasado nada”, ha recordado la también directora de Público, que ha hecho hincapié en que “cercenar la libertad de información es herir de muerte cualquier democracia”.

“Muerte civil”

A las multas más elevadas seguirán exponiéndose organizaciones como Greenpeace. “A la hora de diseñar acciones, ya tenemos en la cabeza sanciones que pueden llegar hasta los 600.000 euros”, ha explicado su responsable de campañas de derechos civiles, Javier García Raboso. Habla de las multas por escalar edificios o acceder a infraestructuras críticas, algo que ellos hacen de forma pacífica para colocar carteles y “señalar a los responsables de la emergencia climática”. Unas cantidades que suponen la “muerte civil” de cualquier organización porque “no hay nadie que las pueda asumir”.

“Reconocemos algunos avances”, ha indicado López. Por que la nueva ley si contempla la eliminación de sanciones en manifestaciones espontáneas , y que por lo tanto no son comunicadas, y desarrolla nuevos protocolos sobre el uso de la fuerza y el material antidisturbios, suprime infracciones como las manifestaciones ante el Congreso y adecúa las multas a la capacidad económica de las personas sancionadas.

Durante la primera sesión de la ponencia en el Congreso, los socios de investidura han logrado que las lenguas cooficiales se incluyan en el DNI y el pasaporte y que se tengan en cuenta la capacidad económica para solicitarlos. En las próximas sesiones de la ponencia, que se retomarán el 15 de febrero, queda por debatir las devoluciones en caliente, el uso de material antidisturbios y la presunción de veracidad de los testimonios de la policía.

Y, aunque las asociaciones no consideran que esta reforma vaya a suponer un cambio de paradigma, desde No Somos Delitos consideran que “aún es posible conseguir una ley mejor o menos mala”. Por el momento, el 13 de febrero han convocado una manifestación en Madrid, de Atocha a la Puerta del Sol, bajo el lema: “Ni ley mordaza ni mordaza maquillada”.

El magistrado en excedencia Eduardo de Urbano Castrillo, ponente del auto que consideró que no había delito en el cartel electoral de Vox sobre los menores no acompañados, propone que la Fiscalía actúe contra las “descalificaciones” a los magistrados aunque estén realizadas en el contexto de la crítica política sobre su falta de independencia. De Urbano, que también participó en la condena en primera instancia a la portavoz de Podemos Isa Serra, trabaja ahora en un despacho de abogados y ha concedido una entrevista a una web elaborada por policías nacionales.

El entrevistador pregunta a De Urbano por unas declaraciones de un político “que ha estado en el Ejecutivo hace poco” y que dijo “en una tertulia de máxima audiencia que los partidos aceptaban el nombramiento de algunos miembros aun a sabiendas de que eran corruptos”. Eduardo de Urbano responde: “Lo que yo defiendo –y siempre he defendido– es la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad ideológica, la libertad política hasta niveles máximos, porque es la esencia de la democracia y poder hablar, opinar libremente. Pero ese tipo de descalificaciones, ese tipo de comentarios, ya me recuerdan un poco al barro, eso ya no lo va a centrar (sic). Y quiero decir que probablemente la Fiscalía podría intervenir, ya que no así es (sic) más de un caso se vierten calificativos realmente inaceptables como es este caso que me está preguntando. Contra jueces y tribunales. Por entender que no gustan a algunos”.

El magistrado en excedencia no especifica por qué delito debería emprender acciones legales la Fiscalía en estos casos, ya que el de injurias y calumnias es un “delito privado” contra el que no se puede actuar de oficio y que necesita de la querella de quien entiende que se ha vulnerado su derecho al honor. La pregunta parece aludir a una intervención de Pablo Iglesias en la cadena Ser recientemente, ya fuera del Gobierno, sobre la elección de Enrique Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional.

Antes de esa pregunta, el entrevistador de www.h50.es ha preguntado a De Urbano cómo puede ser que “un ciudadano lego en derecho” pueda llegar a convencerse de que “todo un señor juez” dicte sentencias por su ideología política y no en aplicación únicamente de la ley. De Urbano responde que aunque los jueces, como el resto de personas, tienen “lo que se denomina un recognition, es decir, un conocimiento previo, una valoración previa de la vida, una forma de enfocar los asuntos”, los magistrados y tribunales fallan “de acuerdo a la ley y a las pruebas del caso”. “Tengo que negar la mayor, los jueces no dictan sentencias en función de sus convicciones. Eso no es justo. Si fuera así, se estaría hablando de delitos de prevaricación, que los hay, pero muy pocos. Por cierto, casi todos en la vía administrativa; prevaricación administrativa; judicial casi ninguno”, añade el magistrado en excedencia. 

Eduardo de Urbano Castrillo fue el ponente del auto, que también firman los magistrados Valentín Sanz y Tanía García, por el que se rechazó el recurso de la Fiscalía por el cartel electoral del 4M en el que Vox se inventaba cuánto costaba a la Administración un menor migrante no acompañado y lo comparaba con la jubilación de algunas personas mayores. “El cartel también puede interpretarse como un mensaje electoral a un colectivo mucho más numeroso que el de los menas [(sic), en referencia a los menores extranjeros no acompañados], en el que se presenta una crítica gráfica y directa sobre la cuantía de las pensiones en comparación con el sostenimiento de estos jóvenes”, escribió De Urbano. “Con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, representan un evidente problema social y político, incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio”, añadía.

El delito de odio que no apreciaba en el cartel de Vox sí se daba, según la sala que integró De Urbano, en un chiste en Twitter del cómico David Suárez sobre personas con síndrome de Down. El magistrado participó en el tribunal que corrigió la decisión del juez instructor de archivar la causa, lo que conllevó su reapertura, llegando finalmente a juicio. Suárez ha resultado absuelto del delito de odio del que se le acusaba.

“Dudosa” idoneidad de la fiscal general

Al entrevistador le interesa la opinión de Eduardo de Urbano Castrillo sobre Dolores Delgado y su nombramiento como fiscal general tras haber sido ministra de Justicia, algo que al policía le parece “difícil de entender teniendo en cuenta que el estatuto fiscal intenta proteger la autonomía de la carrera respecto del Gobierno que lo nombra”. El juez en excedencia contesta: “Aquí hemos tenido un fiscal general del Estado que fue anulado su nombramiento por no cumplir los requisitos; que yo creo que los cumple la actual fiscal general del Estado. Sin embargo, otro tema es la idoneidad para el puesto, pues efectivamente podría haberse nombrado de otra manera, a otra persona, quizá porque es dudoso que pueda ser la más idónea para el cargo. Pero más allá de que sea dudoso, se puede decir poco porque el nombramiento ha sido fiscalizado por el Tribunal Supremo”.

Más contundente es Eduardo de Urbano cuando se le pregunta por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que impulsan, entre otros, los grupos parlamentarios de los dos partidos en el Gobierno. Al referirse a la modificación del artículo que da presunción de veracidad al acta policial con el que se va a proponer una sanción para exigir que la redacción del policía tenga “coherencia”, De Urbano asegura que no ve “necesario cambiar” la ley. 

“Yo condené a la Policía, pero por excesos policiales, por cometer el delito de lesiones, por materia de torturas. Pero ¿cuántos en mi vida profesional con miles de casos? Voy a contarlos con los dedos de una mano. En todos los colectivos pasan cosas, pero más allá de eso, no veo que sea necesario cambiar esa ley. La conozco bastante bien, pues sirve para retirar (sic) apoyo de las policías y facultades para su trabajo profesional, que es un beneficio para la ciudadanía”, añade.

Eduardo de Urbano es uno de los magistrados que firman la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a Isa Serra a 19 meses de cárcel por unos enfrentamientos con la Policía que tuvieron lugar en 2014 durante un desahucio que un grupo de activistas, entre los que se encontraba la hoy dirigente de Podemos, intentó parar. La sentencia, luego ratificada por el Tribunal Supremo, se centró en las afirmaciones de los policías que declararon en el juicio. 

El juez también opina en la entrevista de otro aspecto de la reforma de la ley mordaza, que prepara el Congreso. Lo que más indigna a De Urbano es el referente a la supresión de la necesidad de convocar manifestaciones, previsto para situaciones extremas. “Es decir, que salimos aquí, salimos de esta estancia, estamos allá abajo. A lo mejor no podemos, no podemos seguir porque han decidido unos ciudadanos hacer una manifestación, ¿sin comunicarlo?, ¿y la ley lo quiere, quiere legalizar eso? Me parece un disparate único”, asegura en la entrevista.

Amnistía Internacional (AI) lamenta que la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza, está “más cerca del maquillaje” de la actual norma que de una derogación de los artículos más polémicos sobre los derechos de reunión y expresión. Para la organización, el borrador planteado sigue suponiendo “una mordaza” a las protestas pacíficas.

En un comunicado, AI alerta de que la reforma de la ley mordaza pactada por PSOE y Unidas Podemos sobre la que próximamente se emprenderán los trabajos de análisis de todas las enmiendas en la ponencia de la Comisión de Interior del Congreso, mantiene “gravemente amenazados” los derechos a la protesta pacífica y la libertad de expresión.

Denuncian que la propuesta mantiene íntegramente las infracciones por desobediencia, resistencia y negativa a identificarse a los agentes, así como las multas por faltas de respeto a los policías, dos artículos, sostiene Amnistía Internacional, que “han sido aplicados de forma extensiva e injusta a miles de ciudadanos”.

Y recuerdan que sobre estos dos preceptos ha recaído el 70 por ciento de las sanciones impuestas -200.000- desde la entrada en vigor de la ley en julio de 2015 y hasta 2019, sin que la propuesta de reforma del PNV ni las enmiendas de los socios de Gobierno reduzcan los “poderes discrecionales” para las fuerzas de seguridad.

También cuestionan que la modificación no plantee mecanismos de control ante actuaciones policiales arbitrarias ni atienda a las advertencias de la ONU o las recomendaciones del Consejo de Europa que instó a España a reformar la norma “por su potencial represivo”.

Además de estas cuestiones, critican que no se haya aprovechado esta reforma para eliminar definitivamente la “aparente cobertura legal” de las devoluciones en caliente de inmigrantes o que no se elimine el artículo cuya aplicación supone que las mujeres que ejercen el trabajo sexual se vean obligadas a hacerlo en lugares aislados.

Con todo, Amnistía Internacional reconoce los aspectos positivos planteados en la futura ley como la eliminación de las sanciones en manifestaciones espontáneas por el hecho de no haber sido comunicadas o el desarrollo de protocolos sobre el uso de la fuerza y el material antidisturbios.

Juan Antonio Delgado (1971, Cádiz) ha vuelto hace unas semanas al Congreso de los Diputados para cubrir la baja de Noelia Vera, que abandonó la política y dejó vacante el único escaño por Cádiz que tiene Unidas Podemos. Este agente de la Guardia Civil es un veterano ya en la Cámara Baja, lleva cuatro legislaturas al frente de los asuntos de Interior y Defensa de Podemos y de Unidas Podemos. Atiende a elDiario.es en su despacho, presidido por un casco de obrero con el lema 'Dignidad para el metal', pocos días después de que en su provincia se haya llegado a un acuerdo para poner fin a la huelga en ese sector, tras varios paros y concentraciones.

Lleva poco más de un mes en el Congreso, se ha incorporado tras la marcha de Vera. ¿Cómo se lo ha encontrado? ¿Cree que hay más crispación que en legislaturas anteriores?

Sí. El cambio empieza porque cuando yo me fui estaba en la oposición y ahora pertenezco a un partido que está en el Gobierno. Aparte de esto, con la entrada de la ultraderecha veo el Congreso ya no más crispado, que siempre en la idiosincrasia del parlamentarismo está la protesta. Antes la teníamos también, cuando salía [Gabriel] Rufián, Pablo [Iglesias] o algún miembro del PP, pero ahora consiste en el insulto puro y duro, graves y groseros. Intentan dejar entrever que se están cometiendo delitos: hablan de golpes de estado. En ese sentido me lo he encontrado mucho más crispado.

Actualmente es el único diputado por Cádiz que tiene el grupo confederal. ¿Qué le ha parecido la actuación del Gobierno ante la huelga del metal en su provincia?

Si miramos en la hemeroteca vemos las palabras de Yolanda [Díaz], las de Irene [Montero] y las de Ione [Belarra] respaldando totalmente el derecho de los trabajadores. Ha habido un apoyo de las tres ministras de Unidas Podemos. Al resto de ministras, incluso a las andaluzas, yo no las he oído. Es verdad que [Reyes] Maroto después sí ha hecho una entrevista diciendo que estaba trabajando de forma muy discreta, pues tendría que ser muy discreta porque no se ha enterado nadie.

Usted ha estado presente en las protestas, pero el alcalde de la ciudad, José María González ‘Kichi’, ha reprochado al Ejecutivo que no se hayan acercado a Cádiz miembros del Gobierno. ¿Cree que la ciudadanía ha echado de menos ese gesto?

Cádiz tiene nueve diputados. El único que ha ido he sido yo. Hay que decir que esto no es una cuestión entre el Gobierno y la empresa, porque se vaya a marchar, como ha pasado en otros casos. Esto es una cuestión laboral, estrictamente laboral, en la que la empresa y los trabajadores se tienen que poner de acuerdo. Aquí el Gobierno no podía hacer más. ‘Kichi’ hace lo que tiene que hacer, está al lado de su gente y yo creo que es un buen alcalde, siempre lo he dicho. En todo caso, las tres ministras [de Unidas Podemos] han hablado y todos los diputados [del grupo confederal] se han subido al estrado y también han mencionado a Cádiz. El sábado anterior yo fui a una manifestación multitudinaria, que recorrió una de las arterias principales de Cádiz. De los nueve diputados de la provincia fui el único que acudió. Esto no es cuestión de poner un tuit, hay ir allí a mojarse con la gente.

Incidiendo en eso, ¿no cree que el ciudadano de Cádiz ha podido echar de menos que esas ministras que han puesto tuits o han hecho declaraciones no se hayan acercado?

En este caso concreto no era un problema que pudiese resolver una ministra. Imagínese usted que las ministras estuviesen visitando todos los conflictos colectivos que hay en España. Lo que sí hicieron fue empatizar. Creo que estuvieron cerca. Hubo una representación del partido. Estuvo Lilith Vestrynge, secretaria general de Podemos; Martina Velarde, secretaria general de Podemos Andalucía, y yo. A mí lo que me extraña es que los que no están en el Gobierno ni siquiera fueran.

Usted es portavoz adjunto de Unidas Podemos en la Comisión de Interior. Fue muy criticada la presencia de una tanqueta de la Policía Nacional circulando por barriadas obreras. ¿Cómo valora la actuación del Ministerio del Interior?

Un error. La provincia de Cádiz es la segunda zona, después de Huelva, con el mayor desempleo de toda Europa. Lleva 40 años perdiendo poco a poco toda la industria. En los años 80 y 90, con la mal llamada reconversión de Felipe González, sufrió un desmantelamiento. En ese contexto, enviar una tanqueta para apaciguar una protesta de padres de familia que se juegan su futuro y el de sus hijos no es la forma de solucionar [un conflicto]. Todo el mundo entiende que la Policía tiene que estar para controlar las manifestaciones, pero lo de la tanqueta fue un error. Y de hecho, tanto es así que al día siguiente la tanqueta ya no estaba.

Cádiz tiene una de las mayores tasas de desempleo del país, una temporalidad por encima del 95% en los contratos y el menor PIB per cápita de España, ¿cuál es el futuro de la provincia?

Hay propuestas interesantes sobre la reindustrialización de Cádiz, de la Bahía de Algeciras y de la Bahía de Cádiz. En la provincia se recoge prácticamente el 98% del corcho que se produce a nivel mundial. Lo recolectamos y lo llevamos a Portugal. ¿No sería más sencillo poner la industria en la provincia? Eso requiere una inversión importante. Somos la provincia con más horas de sol de toda España. Tenemos el sol, tenemos el viento y tenemos costa. Cádiz tiene mimbres suficientes. Somos puente entre Europa y África. A su vez, también tenemos una red ferroviaria, Algeciras-Bobadilla, que no está electrificada y va a gasoil. Va a 30 kilómetros por hora a uno de los puertos más importantes de Europa. Imagínese si esa red estuviese electrificada, si se hubiese apostado desde hace 20 años por el corredor del Mediterráneo.

Conforme pasan los meses cada vez se plantea con más fuerza un hipotético adelanto electoral en Andalucía. ¿Apuesta por un frente amplio para la autonomía?

Aunque no me corresponde a mi porque no soy el secretario general del partido en Andalucía, ni tengo ningún cargo orgánico autonómico, en Andalucía ahora mismo está Unidas Podemos y, por supuesto, que abrimos la puerta a todo el que quiera llamar. Lo que pasa es que ya hemos tenido gente dentro y se ha ido, entonces….

Entonces, ¿le parece complicado?

Nosotros somos un partido con intenciones de gobierno, no estamos cómodos en la oposición. Si nos presentamos en Andalucía es para ganar. Por lo tanto, si la ciudadanía quiere que haya un gobierno de coalición, nosotros estamos dispuestos. El que esté dispuesto, que se venga con nosotros.

A nivel nacional, ¿cómo ve el futuro de Podemos en la plataforma de Yolanda Díaz? La vicepresidenta ha insistido en varias ocasiones que los partidos serán secundarios en el espacio en el que está trabajando.

Tengo clarísimo que Yolanda es la mejor candidata. En el partido, todo el mundo tiene eso claro. Ahí no hay ningún tipo de duda. Lo que venga después se irá viendo. A Yolanda ya se le ve en el CIS: la ministra mejor valorada y cómo empieza a repuntar Unidas Podemos. Estamos ilusionados. Aunque nos van a querer dividir muchos medios de comunicación, no estamos en esa.

Estoy encantado con que Yolanda sea la próxima presidenta. La conozco personalmente. Además ella es de Ferrol y yo soy de San Fernando, dos ciudades donde hay militares y astilleros. Nos entendemos muy bien. Hablamos el mismo idioma. Es una mujer muy trabajadora. Lo que venga después se verá.

A finales de octubre, se manifestaron miles de policías y guardias civiles en Madrid para protestar por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana en la que están trabajando las formaciones del Gobierno. Usted es guardia civil. ¿Cómo asume las quejas de estos agentes por el trabajo que está desempeñando el Ejecutivo?

De primeras, con el respeto máximo a cualquier colectivo que se quiera manifestar. En este caso, si prácticamente casi todas las asociaciones de policías y guardias civiles no están de acuerdo con esta reforma legislativa, están en su derecho de manifestarse en la calle. Lo mismo que hacen los que se manifiestan por la independencia o por la libertad de los presos. Respeto para todos.

A partir de ahí, yo no estoy de acuerdo. Actualmente estoy en situación de excedencia, pero soy guardia civil desde hace 30 años. He sido guardia civil con Ley Mordaza y sin Ley Mordaza y jamás vi en peligro mi trabajo cuando no había Ley Mordaza, es decir, durante la mayor parte de mi carrera profesional. Creo sinceramente que los sindicatos y las asociaciones están equivocados.

Además, también hay que destacar que tanto Vox como el PP están intentando politizar a las asociaciones profesionales. Aquellos que ahora están en la pancarta, como el señor Casado, ya sabemos a lo que se ha dedicado su partido cuando han estado en el Gobierno: a la policía política y a desmantelar prácticamente el sistema público de seguridad, hay 20.000 policías y guardia civiles menos. Faltan agentes en la UDEF y en la UCO. Con este Gobierno de coalición se ha realizado la mayor subida salarial de los últimos 30 años a policías y guardias civiles.

¿Cómo se asumen las reivindicaciones de los agentes de policía, de guardias civiles y de miembros de las Fuerzas Armadas en una formación de izquierdas? ¿tiene la sensación de que son asuntos que no se han querido batallar desde la izquierda?

En muchas reuniones reivindico que nos tenemos que quitar los complejos de la izquierda de toda la vida. Yo soy de izquierdas y soy guardia civil. Trato de aportar mi granito de arena para que se nos quiten esos complejos. Dicho esto, me he sentido muy aceptado tanto en Podemos, como en Unidas Podemos. Cuando yo estaba en la Asociación Unificada de Guardias Civiles, el primer reconocimiento a un guardia civil víctima de terrorismo en Cádiz se hizo en Conil de la Frontera, se celebró alrededor del año 2002 con un alcalde de Izquierda Unida que se llamaba Antonio Roldán. Después han venido muchos más. La gente de mi partido es gente sensata, que entiende que tiene que haber unas Fuerzas Armadas y un cuerpo policial. Otra cosa es que no nos guste el modelo policial, a mí tampoco.

¿Qué le parece que Vox trate de capitalizar esas reivindicaciones? Actualmente, en la Comisión de Defensa hay varios representantes de la formación que fueron altos mandos de las Fuerzas Armadas.

Creo que la elección de generales, uno que además firmó un manifiesto en favor de Franco, no le da votos a Vox. Sería diferente si hubiesen puesto a dos soldados, a una persona que ha estado en muchas misiones, un militar que se ha quedado en la calle al cumplir 45 años, a una persona implicada. Un general defensor del franquismo no es el referente de la mayoría de militares ni de guardias civiles.

Tras la condena de Alberto Rodríguez y la decisión de Batet de retirarle el acta de diputado, el escaño de su ya ex compañero de bancada continúa vacío. ¿Cómo ha vivido los reproches que lanzó contra su partido en Salvados por la gestión de ese conflicto?

Alberto se sentaba a mi lado en el Congreso. Le ha tocado pasar algo muy duro. Empatizo con él. Si tiene algún reproche, es un partido con mucha gente, ¿por qué no vamos a cometer errores? ¿somos perfectos?, a lo mejor alguno se ha equivocado con Alberto y no pasa nada. Y a lo mejor en algún momento se ha equivocado él y tampoco pasa nada, aunque no me refiero a este caso concreto. Le ha pasado algo muy grave y estoy totalmente convencido de que lo ganará en Estrasburgo e incluso en el Supremo.

Miles de policías, guardias civiles y simpatizantes de ambos cuerpos se han reunido este sábado en el centro de Madrid para protestar contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Una concentración desde la Puerta del Sol hasta el Ministerio del Interior bajo el lema “Policías Unidos contra esta reforma” y con constantes gritos pidiendo la dimisión de Fernando Grande-Marlaska que según los organizadores ha juntado a 150.000 personas y según la Delegación del Gobierno a tan sólo 20.000 manifestantes.

La manifestación, convocada por Jusapol, ha arrancado a las 11:30 del kilómetro cero de la Comunidad de Madrid con predominio de este sindicato entre tímidas pancartas de CSIF, la Asociación Española de Guardias Civiles o el Sindicato Unificado de Policía, entre otros. Los episodios intermitentes de lluvia al comienzo de la marcha por la estrecha carrera de San Jerónimo han amenazado el desarrollo de una manifestación convocada para protestar contra una futura reforma que, según entienden, desprotege a los agentes frente a hipotéticas agresiones o difusiones de su imagen que, denuncian, puede llegar a afectar a sus familias.

El portavoz del sindicato mayoritario de la Policía Nacional Jupol, Pablo Pérez, ha asegurado al comienzo de la marcha que “queremos demostrarle al Gobierno de esa unidad, no vamos a parar hasta que se nos escuche y se nos tenga en cuenta para esta reforma”. Para los sindicatos policiales uno de los puntos más graves de la reforma es la que sanciona la difusión de imágenes que puedan ponerles en peligro porque, según denuncian, no se ejerce una censura previa para evitar el daño. Ha dicho hoy Pérez al comienzo de la marcha que “el daño ya estará hecho cuando esa imagen ya haya sido difundida”.

Esta consigna, tal y como ha explicado este diario, no se compadece con lo que ha establecido el Tribunal Constitucional. Los magistrados rechazaron el recurso del PSOE contra la norma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy pero declararon la inconstitucionalidad de un único precepto: el que establecía una censura previa a la difusión de imágenes de los agentes de servicio. La difusión debe ser sancionada, dijo esa sentencia, pero no se puede impedir su difusión.

La marcha ha transcurrido sin incidentes bajo la lluvia intermitente entre la Puerta del Sol hasta Neptuno pasando por la puerta del Congreso de los Diputados, donde algunos manifestantes han encendido alguna bengala verde y azul y han hecho explotar algunos petardos. La marcha, encabezada por un camión que hacía sonar la bocina, ha llegado después hasta la puerta del Ministerio del Interior donde el periodista Albert Castillón ha leído el manifiesto que ha disuelto la concentración. Un comunicado que, entre otras cosas, acusa a esta reforma de buscar “la contraprestación política y la aritmética de apoyos parlamentarios. Tal vez al gobierno le salgan las cuentas, pero a la sociedad no”, ha dicho.

Las tres derechas

Las tres derechas han acudido a la cita con una desigual exhibición de fuerzas y sin reeditar, al menos por el momento, la foto de la Plaza de Colón. El recibimiento más caluroso ha sido para el líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha sido recibido con gritos de “¡presidente, presidente!”, cerca de la cabecera de la manifestación. José Luis Martínez Almeida, portavoz del PP y alcalde de Madrid, ha tenido una llegada más discreta y se ha ubicado en la segunda pancarta. También ha comparecido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha abandonado la concentración poco después. Pablo Casado, líder del Partido Popular, ha llegado al final de la concentración y ha comparecido ante los medios después del discurso final de los sindicatos, entre gritos de ánimo y también gritos de “¡traidor!” de simpatizantes de Vox.

Una vez finalizada la concentración, Casado ha comparecido en la puerta del ministerio que dirige Grande-Marlaska y ha anunciado que llevarán la reforma al Constitucional si es aprobada. Ha dicho Casado: “Esta reforma no les permite ni actuar, ni utilizar material de protección. Quiero anunciar que si se aprueba esta reforma la llevaremos inmediatamente al Tribunal Constitucional y en cuanto lleguemos recuperaremos la Ley de Seguridad Ciudadana”. El líder del PP ha abandonado la concentración ya disuelta entre gritos de apoyo pero también insultos de personas que pedían el voto para Vox.

Previamente, desde León, Casado ha afirmado que “es insólito que aquellos que se juegan la vida para protegernos se tengan que manifestar porque les dejan vendidos”. En su intervención, Casado ha vuelto a hacerse eco de algunas de las afirmaciones del decálogo de la protesta policial contra la reforma de la ley, que rebaja y contradice el textual de las medidas pactadas por PSOE y Unidas Podemos, como ya avanzó esta información de elDiario.es.

Abascal no ha aceptado preguntas y se ha limitado a cargar contra el ejecutivo central: “Estamos aquí contra una ley aprobada por el Gobierno junto a los enemigos de España y del orden constitucional. Estamos en la calle junto a los más esforzados servidores de España”. Pocos minutos antes comparecía a unos 50 metros la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, sin levantar expectación y pronunciándose igualmente en contra de la futura reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

El partido ultraderechista ha acudido a la manifestación con su plana mayor. Han acompañado a Abascal los diputados Javier Ortega Smith, Macarena Olona, Iván Espinosa de los Monteros y la líder del partido en Madrid, Rocío Monasterio. La presencia de los líderes ultraderechista ha sido la más celebrada por los asistentes, que les paraban constantemente para felicitarles o para sacarse fotos con ellos.

El regidor de la capital, que ha comenzado justificando la ausencia de Casado por su “cita en León”, ha asegurado que este proyecto deja “desarmados” a los agentes “ante todos aquellos que quieren romper nuestra convivencia”. Sobre que uno de los impulsores de la reforma sea Podemos, Almeida ha afirmado: “Ya sabemos lo que les gusta incendiar las calles”.

Poco después, y todavía antes de que arrancase la manifestación, comparecía Díaz Ayuso, también entre gritos de “¡presidenta!”, que ha calificado la reforma de “ataque directo al estado de derecho y la libertad de los ciudadanos, es una Ley Mordaza contra los que nos ayudan”. La presidenta de la Comunidad ha apelado a su papel institucional para “no estar en ninguna pancarta”, por lo que ha optado por manifestar su apoyo acudiendo al inicio de la protesta, pero no participando en la marcha. “Creo que es mejor hacerlo así”, ha dicho. Ayuso y Casado, en plena guerra interna entre Sol y Génova, no han coincidido por tanto en la manifestación aunque los dos le han quitado hierro a ese hecho en sus declaraciones ante los medios.

Los líderes del Partido Popular y Vox participarán este sábado en la manifestación que los sindicatos de la Policía y las asociaciones de la Guardia Civil han convocado en Madrid para protestar contra los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana que promueven los grupos parlamentarios de los dos partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos. Los agentes se quejan de que no han sido consultados y de que “se pone en peligro” su seguridad y la de sus familias. En sus críticas a las enmiendas hay omisiones a la totalidad del texto pactado, contradicciones respecto a su literalidad y algunas objeciones ideológicas, como cuando protestan porque el DNI vaya a escribirse en lenguas cooficiales.

Jupol ha resumido las principales reivindicaciones de los policías y guardias civiles en un decálogo que toma como referencia el texto pactado con las enmiendas a la proposición de ley presentada por el PNV. Jupol es el sindicato cuyo origen está en la plataforma Jusapol y que barrió en las primeras elecciones sindicales a las que se presentó con la exigencia de nuevas subidas salariales en el Cuerpo, tras la de 400 euros de media mensual que aprobó el último Gobierno de Rajoy e implantó el actual Ejecutivo. Otras asociaciones y sindicatos se concentran este miércoles frente a las delegaciones del Gobierno. Todas las organizaciones respaldan ambas convocatorias.

Policías con presunción de veracidad

Jupol dice: “El atestado policial perderá presunción de veracidad si los hechos en ella consignados no resulten coherentes lógicos y razonables, salvo prueba en contrario”. Los sindicatos policiales están aludiendo continuamente a los conceptos “delincuente” y “delito”, de los que no se ocupa la Ley de Seguridad Ciudadana, destinada a las infracciones administrativas que no alcanzan el rango de delito y que se solventan con multas. En consecuencia, la propuesta de reforma no afectará a los atestados sino a las “actas”, como recoge el texto de PSOE y Unidas Podemos. En realidad, el texto pactado por ambas fuerzas políticas recoge realmente lo siguiente: “El acta que se extienda gozará de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, siempre que resulte coherente, lógica y razonable, salvo prueba en contrario”.

Pablo Pérez es el portavoz nacional de Jupol. En declaraciones a elDiario.es asegura: “Todo lo que hacemos es lógico y razonable. No nos inventamos nada. Están volviendo a poner en duda la palabra de un agente y todo lo que hemos hecho hasta ahora, que es en base a la ley”.

Grabaciones de las actuaciones policiales

Jupol dice en su decálogo sobre los cambios que quieren introducir el Gobierno y sus socios: “Grabaciones a los Policías. La mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión, no constituirá infracción”.

La enmienda pactada precisa: “No constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión. No obstante, se considerará infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar o la de las instalaciones protegidas o ponga en riesgo el éxito de una operación. La situación de peligro o riesgo cierto generada, deberá reflejarse en el acta o en la denuncia con el mayor detalle que sea posible”.

Con la llegada de los teléfonos móviles con cámara son habituales las grabaciones que denuncian excesos policiales en la calle, principalmente en manifestaciones. Un tribunal ha absuelto recientemente al fotoperiodista de 'El País' sobre el que un policía se inventó una agresión. Otro fallo en Barcelona detalla cómo se acusó a un joven por una patada denunciada por los Mossos a que nunca se produjo. La condena al ex diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez con el simple testimonio de un policía que apenas ofreció detalles también ha sido objeto de polémica. 

El portavoz de Jupol se queja de que esas grabaciones “siempre muestran al compañero levantando la defensa [la porra], pero no lo que ha ocurrido antes”. La solución estaría, según dice, en que la Dirección General de la Policía dote a los agentes de cámaras en el pecho que graben toda la secuencia, como ellos vienen reclamando. Con la eliminación de que puedan identificar a quienes vean grabando a policías desaparece la posiblidad de localizar a los que luego utilizan presuntamente esas imágenes en grupos organizados de “violentos”, no ya solo en redes sociales sino en grupos de mensajería instantánea como whatsapp, añade Pérez. 

El Tribunal Constitucional estableció hace exactamente un año que este artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana que castiga grabar a agentes no cumple con la Carta Magna. Al prohibir el uso “no autorizado” de imágenes o datos que, por ejemplo, pongan en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes no se está respetando el “derecho fundamental a la información”, estableció el Constitucional.

Comunicar las manifestaciones

Jupol dice también en su decálogo para justificar las protestas: “Las manifestaciones de carácter espontáneo no tendrán que ser comunicadas previamente”. Y la enmienda de PSOE y UP recoge: “La carencia del trámite previo de comunicación, aun pudiendo considerarse infracción leve, no será motivo para impedir el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación”.

Las quejas sindicales en este ámbito se refieren a que la no necesidad de comunicar una manifestación impediría planificar un dispositivo, fomentaría los altercados y eso repercutiría en la integridad de los agentes. Los impulsores de la reforma han pensado en las expresiones espontáneas de la ciudadanía y en el derecho fundamental de manifestación, aunque imponen límites severos si se produce cualquier altercado. 

“Las medidas de intervención para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones se guiarán en todo momento por un enfoque de derechos humanos y serán graduales y proporcionadas a las circunstancias. La disolución de reuniones y manifestaciones constituirá el último recurso”, propone la enmienda. 

Uso de material antidisturbios

Jupol se posiciona en contra de que en lo relativo al “material antidisturbios se utilice siempre el medio menos lesivo evitando que causen lesiones irreparables”. Las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos recogen: “Las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables”.

Los sindicatos policiales consideran que hay enfrentamientos con manifestantes que solo se pueden acometer con pelotas de goma, pese a las graves lesiones que ha producido su uso en algunos ciudadanos, como la pérdida de un ojo, o incluso la muerte, en el caso del seguidor del Athletic de Bilbao Iñigo Cavacas. Los Mossos d’Esquadra han sustituido las pelotas de goma por otro material, el 'foam', menos dañino, pero policías y guardias civiles aseguran que sus compañeros de la Policía autonómica lo consideran inoperante –pese a que también ha causado lesiones–.

La tenencia de drogas

Pasa de infracción grave a leve estar en posesión de sustancias estupefacientes para uso personal. Hasta ahora, la incautación de una pequeña cantidad de droga suponía una propuesta de sanción que solía quedarse en el tramo más leve de los tres posibles de una falta grave, esto es, una sanción de 601 euros, aunque la ley contempla multas de hasta 30.000 euros para este tipo de infracción. Con el cambio a leve –Unidas Podemos quería que la simple tenencia no fuera sancionable–, la multa máxima es de 600 euros, aunque con la lógica aplicada hasta ahora debería aplicarse el tramo menor, de 100 euros. Los sindicatos policiales consideran que esta rebaja en la multa fomentará el tráfico de drogas. 

Multas según el poder adquisitivo

“Se tendrá en cuenta la situación económica del responsable, atendiendo a sus circunstancias personales, familiares y sociales”, dice la enmienda para el artículo 53.bis. Y añade: “Si realizada esta ponderación se concluyese que la sanción que corresponda no guarda proporción con la situación económica del responsable, se procederá de la manera establecida en los números siguientes, se fraccionará el pago de la cuantía de la multa en la forma y con el límite temporal que se estimen adecuados, siempre dentro del plazo previsto para la prescripción de la sanción o sanciones impuestas”.

Para el portavoz de Jupol se trata de algo “surrealista”. “¿A quién le cabe en la cabeza que cada uno pagara distinto por una misma multa de tráfico? Los grupos violentos pueden utilizar a individuos con poco poder adquisitivo como punta de lanza”, pronostica Pablo Pérez. 

Dos horas máximo detenido para poder ser identificado

Los sindicatos denuncian que el plazo en comisaría únicamente a efectos de identificación, a donde se habrá conducido a una persona por no llevar la documentación encima o por negarse a entregarla, se reducirá de seis horas a dos. En realidad, la enmienda incluye la posibilidad de que, “excepcionalmente y por razones justificadas, verificables y comunicadas a la persona afectada, se podrá prorrogar hasta un máximo de seis horas”.

Un mando de la Policía Nacional que no se identificaba declaró a 'Abc' que esto abre la puerta a que todos los alborotadores de las manifestaciones irán indocumentados“. Se entiende que a los alborotadores que han cometido una simple infracción administrativa y no están acusados de un delito, como el de atentado a la autoridad. También se refería este mando a los jóvenes de botellón que, según él, preferirán ser conducidos a comisaría y pasar detenidos dos horas a identificarse para la propuesta de sanción.

Devolver a los identificados a la localidad donde fueron identificados

Distintos testimonios de responsables policiales que justifican estos días las protestas en los medios de comunicación alertan de que se va a convertir a los policías en una suerte de “taxistas de delincuentes”. En realidad, la enmienda especifica que solo se actuará así en el caso de que la persona trasladada a dependencias policiales para su identificación cuando ésta se encuentre “en localidad distinta a la del requerimiento del acompañamiento, y siempre que el traslado no afecte gravemente al funcionamiento efectivo de los servicios”.

Cacheos y desnudos

Jupol critica que “no se dejará a la vista la totalidad del cuerpo” en los cacheos y advierte del riesgo de inoperancia y dificultades para la realización del trabajo de los agentes con los cambios que se pretenden introducir.  La enmienda de los grupos que apoyan al Gobierno establece que “fuera de dependencias policiales sólo podrá practicarse diligencias de registro corporal, que exija dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa cuando exista una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes o la ciudadanía. No se dejará a la vista la totalidad del cuerpo, ni tampoco de manera sucesiva cada una de sus partes, con el máximo respeto a la identidad sexual procurando hacerlo siempre en lugar reservado y fuera de la vista de terceros. Se dejará constancia escrita de esta diligencia, causas e identidad del agente que la adoptó” .

DNI en lenguas cooficiales

Figura en el último punto del decálogo para justificar la marcha contra el Gobierno. La enmienda prevé que en el diseño del documento de identidad “se incorporen las diversas lenguas cooficiales del lugar de residencia del solicitante en los diferentes territorios”. El portavoz de Jupol reconoce que este cambio no afecta a la seguridad de los policías ni sus familias.

El marcaje entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso es total. Pese a escenificar actos de unidad con periodicidad mensual, los recelos entre Génova 13 y la Puerta del Sol no menguan y exceden ya el ámbito interno. La competición ha llegado a uno de los tótems electorales de la derecha: la seguridad y el respaldo a policías y guardias civiles. Un asunto en el que el PP ha perdido su hegemonía en los últimos años a favor de Vox, que ha tejido importantes complicidades con sindicatos como Jupol, mayoritario en la Policía Nacional y que ha protagonizado manifestaciones frente al Congreso donde rompieron el propio cordón policial y lanzaron bengalas.

Esta vez ha sido la presidenta madrileña la que ha ganado por la mano a su jefe de filas con una defensa cerrada de la ley mordaza, que el Gobierno prevé derogar en parte, y de los agentes de la autoridad. Ayuso se reunió el pasado viernes en la sede del Gobierno regional con una decena larga de sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de guardias civiles. No faltaba casi ninguno, desde el mencionado Jupol a su hermano en la Benemérita, Justicia para la Guardia Civil (Jucil); el Sindicato Unificado de Policías (SUP); la Unión Federal de Policía de Madrid; el Sindicato Profesional de Policía (SPP); la delegación de Madrid de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC); Independientes Guardia Civil; la delegación madrileña de Asociación Española de Guardia Civil; la Asociación de Cabos de la Guardia Civil (APC); la Unión Oficiales de la Guardia Civil; el Sindicato de Policía Nacional CEP; y la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil. 

La reunión no estaba convocada por el Gobierno regional, o al menos no figuraba en las previsiones que envía diariamente la Dirección General de Medios de Ayuso. Fuentes del Gobierno autonómico aseguran a elDiario.es que la cita se cerró “a última hora del jueves” y que toda la gestión fue realizada por el gabinete de la propia Ayuso, pese a que las competencias son de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior que dirige Enrique López, quien también asistió al encuentro, celebrado en la sede del Ejecutivo en la Puerta del Sol, informa Fátima Caballero. El Gobierno regional envió un comunicado que fue luego replicado por las agencias.

La presidenta autonómica se volvió a enfundar el traje de líder estatal, tal y como le recomendó José María Aznar, y fue la primera dirigente del partido en anunciar que va a secundar las manifestaciones que han convocado las mismas asociaciones para finales de noviembre contra la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana que tramita el Gobierno.

Una protesta que no se había pactado, ni comunicado formalmente, hasta este lunes. El mismo día en el que Pablo Casado planteó ante el Comité de Dirección del PP su apuesta por sumarse a la marcha. El presidente del partido anunció a su ejecutiva que se iba a reunir con las asociaciones convocantes este martes en el Congreso.

Fuentes de la dirección aseguran a elDiario.es que la cita de su presidente con los representantes de policías y guardias civiles llevaba “días preparándose” y restan importancia a los movimientos de Ayuso, que circunscriben al “ámbito regional” y al mismo nivel que otros líderes regionales que también secundarán las protestas. 

Revertir la derogación de la ley mordaza

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, también ha acudido este martes a la reunión con las asociaciones y sindicatos policiales. En una rueda de prensa posterior a la cita, Gamarra ha asegurado que con la derogación parcial de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, “el Gobierno aboga por la impunidad” porque “se desprotege a los ciudadanos, desprotegiendo además a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.

La reforma, que se tramita en el Congreso a iniciativa de PSOE y Unidas Podemos, plantea una reducción de las multas económicas y del tiempo de detención, pero queda lejos de los planteamientos de ambos partidos cuando estaban en la oposición. Entonces, prometieron una derogación total de una norma impulsada por el PP de Mariano Rajoy. Las dos formaciones han consensuado un mecanismo de ponderación para determinar el coste de las multas por el que, si los sancionados cobran un salario que suponga entre 1,5 y 2,5 veces el SMI, se reducirá la cantidad a abonar.

El PSOE y Unidas Podemos también han planteado eliminar la sanción por fotografiar o difundir imágenes de agentes, aunque sí se mantiene la infracción si el uso de esas fotografías o vídeos afecta a la intimidad de los policías y guardias civiles o pone en riesgo “el éxito de una operación”. Un aspecto que el Tribunal Constitucional ya limitó en una sentencia de 2020 al considerar que la redacción de la norma suponía “censura previa”. En la proposición que se debate en el Congreso se mantiene la infracción si el uso de esas fotografías o vídeos afecta a la intimidad de los policías y guardias civiles o pone en riesgo “el éxito de una operación”.

“Se arman políticamente para la vuelta a la oposición y calentar las calles cuando allí los vuelvan a situar los ciudadanos, buscando la impunidad”, ha dicho Gamarra. Inmediatamente, la dirigente del PP ha anunciado que su partido se sumará a las movilizaciones convocadas por policías y guardias civiles para los días 24 y 27 de este mismo mes.

Jupol, el sindicato alineado con Vox

Las movilizaciones de los agentes han sido algo habitual en los últimos años, especialmente desde la aparición de Jusapol –ahora denominado Jupol–, un sindicato que ha experimentado un fuerte crecimiento en las elecciones en la Policía Nacional gracias a su reclamación de la equiparación salarial con policías autonómicas. En las últimas elecciones sindicales fue la opción más votada.

Jusapol y sus miembros han protagonizado algunas polémicas, como la de Alejandro León, quien aparecía en un vídeo difundido en redes sociales con una navaja en la mano y diciendo, mientras reía, “que se preparen los MENA”. El sindicato también ha tenido muchos problemas internos, con el cese de su líder y la creación de una gestora por la gestión económica de la organización.

León difundía también habitualmente los apoyos que recibían de Vox. El partido de ultraderecha ha logrado introducirse en estos ambientes que hasta ahora eran casi un monopolio para el PP, compartido después con Ciudadanos. Los tres partidos han competido en los últimos años por capitalizar las protestas de policías y guardias civiles. Muchas de estas manifestaciones se han celebrado frente al Congreso, donde los agentes de paisano llegaron a ignorar a sus propios compañeros rompiendo el cordón policial.

Pese a ello, recibieron el aplauso y el cariño de PP, Vox y Ciudadanos. Lo mismo ocurrió meses después, cuando se celebró otra manifestación en la Carrera de San Jerónimo, donde fueron recibidos por la plana mayor de Vox.

Eso fue en septiembre de 2020. En mayo, un grupo de Jusapol se manifestó frente a la casa del exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Fue la primera de una serie de protestas que derivaron en un acoso continuo a los dos dirigentes de Podemos y que concluyeron con la salida de Iglesias del Gobierno. Entre los convocantes habituales de aquellas protestas en Galapagar (Madrid) había afiliados y dirigentes de Vox en la localidad.

En 2017 fueron también supuestos miembros de Jusapol quienes se citaron a través de WhatsApp para protestar en Zaragoza contra la Asamblea organizada por Unidas Podemos a favor del diálogo político en Catalunya, y que fue rodeada por manifestantes ultras durante horas, reteniendo en el recinto a diputados y cargos institucionales autonómicos.

La defensa política de la “seguridad” basada en los medios policiales ha sido una constante para el PP. Un espacio en el que siempre se ha movido con comodidad al tener la hegemonía discursiva en el arco político. Ahora, tienen que competir con Vox, con una posición mucho más dura. Por si no fuera suficiente para Casado, también Ayuso trata de situarse a su nivel, en otra escaramuza dentro de la batalla por el control del PP de Madrid.

“Al final, todo se reducía a la vieja tensión entre libertad y seguridad”. La frase del que fuera diputado del PNV Emilio Olabarria resume la “vidriosa” negociación parlamentaria que precedió a la aprobación en febrero de 1992 de la Ley de Seguridad Ciudadana, uno de los proyectos más controvertido de cuantos promovió el PSOE de Felipe González. La norma –que los socialistas sacaron adelante gracias al apoyo de nacionalistas vascos y catalanes– permitía registros policiales en domicilios sin autorización judicial en casos de narcotráfico, un precepto cuestionado por el resto de la oposición, las asociaciones de jueces y los sindicatos mayoritarios y que acabó anulando el Tribunal Constitucional nueve meses después llevándose por delante a su promotor, el ministro del Interior José Luis Corcuera. 

El nombre de aquel ministro y la expresión 'patada en la puerta' —como se denominó coloquialmente a la ley, muy a su pesar— ha vuelto a la actualidad recientemente por la irrupción policial por la fuerza y sin orden judicial en fiestas clandestinas en las que se incumplía la normativa sobre la COVID-19. Como hace casi tres décadas, el debate ha pivotado en los últimos días sobre la dialéctica libertad-seguridad y la interpretación que los tribunales han hecho del concepto de “flagrante delito”, el único supuesto en el que la Constitución permite a la Policía acceder a un domicilio sin resolución judicial. 

Aquella ley autorizaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a entrar en una vivienda sin el aval de un juez siempre que tuvieran un “conocimiento fundado” que les llevara “a la constancia” de que se estaba cometiendo o se acababa de cometer un delito relacionado con drogas. Ese artículo fue declarado inconstitucional al considerar que esas expresiones —que la sentencia califica de “ambiguas e indeterminadas”— permitirían entradas y registros domiciliarios “basados en conjeturas o en sospechas” y que “nunca, por sí mismas, bastarían para configurar una situación de flagrancia”. El Constitucional sí respaldó el artículo que permitía a los agentes conducir contra su voluntad a una persona a dependencias policiales para ser identificada, también muy cuestionado en su momento.

Tras aquella sentencia, Corcuera, que ya había advertido que dejaría el cargo si el Constitucional cambiaba una coma de su ley, presentó su dimisión irrevocable. El exministro, que declinó atender a elDiario.es, ha defendido públicamente que el tribunal únicamente modificó una palabra de la norma —“constancia” por “evidencia”—, si bien la sentencia recoge que la “delimitación legal del delito flagrante” que expresaba el artículo impugnado era contrario a la Ley Fundamental y lo declaró inconstitucional en su totalidad. Ese precepto y otro inciso de un artículo sobre el régimen sancionador fueron anulados pero el resto de la ley estuvo en vigor hasta que el PP, muy beligerante en su momento, aprobó una nueva regulación sobre seguridad ciudadana en 2015, la llamada ley mordaza. 

Problema del narcotráfico  

A la aprobación de la ley Corcuera precedió un intenso debate en el Parlamento y fuera de él, según coinciden varios diputados que participaron en las negociaciones. El Gobierno impulsó este proyecto como una vía de solución al problema del narcotráfico en un momento en el que el menudeo de drogas y la delincuencia absorbía la vida de los barrios más humildes, donde se llegaron a montar patrullas ciudadanas ante la creencia popular de que la Policía estaba desbordada. Pero parte de la oposición, los jueces y organizaciones de la sociedad civil —incluidos los sindicatos CCOO y UGT— cuestionaron que lejos de ser un remedio contra un problema acuciante, aquella ley sometía al país a una especie de Estado policial. Llegaron incluso a celebrarse grandes manifestaciones pidiendo su retirada y Joaquín Sabina, que participó en esas protestas, cantó contra ella en dos de sus canciones.

El exdiputado socialista Álvaro Cuesta, uno de los negociadores de aquella norma, rememora las “tensiones” con el Ministerio del Interior de la época, cuyos responsables asegura que se afanaron en trasladar al grupo parlamentario que sustentaba al Gobierno la necesidad de una ley que muchos no veían clara en las filas socialistas. “La obsesión del momento era la lucha contra el narcotráfico. Recuerdo que se nos llegaron a mostrar operativos policiales en los que se nos demostraba que sin la ley la Policía tenía muy poco margen de maniobra en ciertas situaciones. Era un momento en el que había una crítica muy dura al Gobierno por el incremento de la inseguridad y del tráfico de drogas, pero eso tampoco justificaba la inconstitucionalidad del proyecto”, asegura. 

Cuesta se refiere al primer borrador que presentó Interior, que fue severamente criticado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un informe en el que alertó de la “muy dudosa constitucionalidad” de algunos de sus artículos y directamente pidió la sustitución de varios de ellos, incluido el de la 'patada en la puerta'. “En esa primera redacción se contemplaba una entrada casi indiscriminada en los domicilios. El gran reto fue desvestir el articulado en esa primera fase, en la que hubo varias enmiendas a la totalidad y un rechazo importante de la Cámara”, asegura Cuesta, hoy vocal del CGPJ, que afirma que el texto finalmente se aprobó gracias a la “capacidad de diálogo” de los negociadores de CiU, Josep Maria Trias de Bes y Miquel Roca; y del PNV, Emilio Olabarria. 

Han pasado casi treinta años desde aquellos debates, pero Olabarria, hoy alejado de la primera línea política, admite que es una de esas leyes difíciles de olvidar. “Fue un debate curioso, la ley tenía aspectos positivos y otros más dudosos”, afirma el exdiputado vasco, que el día de su aprobación en el Congreso insistió desde la tribuna en que el texto que en esos momentos se estaba discutiendo no tenía “casi nada que ver” con el proyecto que fue presentado originariamente ante la Cámara. 

Tres décadas después, Olabarria reconoce que tampoco fue uno de los diputados más críticos con la 'patada en la puerta' —recuerda, de hecho, que la prensa llegó a decir que había hecho una defensa de la ley casi más entusiasta que el propio Corcuera—, si bien asegura sentirse más partidario del texto que se mantuvo tras la sentencia del Constitucional, una resolución que, a su juicio, podría haberse esquivado con una mejor definición del concepto de flagrancia. También admite “cierta contemporización” del PNV en esas negociaciones por la garantía competencial que atribuía la ley a las autonomías en plena pugna por la conversión de la Ertzaintza en una policía integral. 

Las palabras más duras del diputado vasco son para el exministro Corcuera, al que recuerda como alguien nada partidario de aceptar las enmiendas del resto de grupos. “Tenía un estilo personalísimo, desgarrador en las formas y flojo en la fundamentación”, asegura. Joseba Azkarraga, entonces diputado de Eusko Alkartasuna, formación que se opuso frontalmente a la ley, también dedica gruesos calificativos al exministro, al que define como una persona “siniestra” y “negativa”.

“Dentro del esquema simplista de Corcuera todo lo que sonara a vasco era síntoma de terrorismo. En los debates siempre sacaba a relucir mi cercanía con ETA, que no era cierta”, asegura Azkarraga, que fue consejero vasco de Justicia, Empleo y Seguridad Social y que en diferentes etapas ha ejercido de mediador en la reinserción de presos de la banda terrorista. 

A su juicio, los “retoques” del anteproyecto que se hicieron durante la tramitación parlamentaria no suavizaron una norma que califica de “innecesaria, ineficaz y restrictiva” y que enmarca en la etapa “más triste, irresponsable y desgraciada” del Gobierno de Felipe González. “Después de las prácticas de la guerra sucia y de los GAL los socialistas se embarcaron en una espiral de recortes de derechos que tuvo el culmen en este debate sobre libertad y seguridad, donde el PSOE volvió al error de elegir únicamente la seguridad”, afirma.

El rechazo de IU y el PP

A la ley también se opuso Izquierda Unida, que entonces era la tercera fuerza parlamentaria con 17 diputados. El día que se aprobó en el Congreso, su portavoz en la Comisión de Justicia e Interior, José Luis Núñez, empezó su intervención precisamente acusando al PSOE de haber mareado la perdiz “hasta el límite” durante el trámite parlamentario para que, al final, todo siguiera casi igual. “Esta ley es ineficaz, innecesaria, invade claramente preceptos constitucionales agrediéndolos y que crea un espacio policial autónomo que evita el control de los jueces. Esta ley es, en el fondo, la constatación del fracaso de cuál es la política policial que ha realizado este Gobierno”, afirmó Núñez, que afeó el “paso atrás” en el desarrollo de las libertades que hasta entonces venía haciendo el Grupo Socialista. 

Pero sin duda la oposición más férrea la hizo el Partido Popular. Su portavoz de Justicia e Interior, el fallecido Rogelio Baón, definió la norma como “un proyecto de ingeniería jurídica empeñado en sortear los numerosos obstáculos de constitucionalidad”. Aunque los enfrentamientos más duros se produjeron entre Federico Trillo, entonces portavoz parlamentario de los conservadores, y el ministro Corcuera. En la tribuna, Trillo calificó de “bodrio” la ley y acusó a los socialistas de haberle ido echando “cosas encima” para “oscurecer” la “barbaridad jurídica” que eran alguno de sus preceptos. “La gente hoy tiene miedo, señor Corcuera, y eso es lo más contrario, como sabe todo el mundo, a la libertad; y usted tiene ira. Pues guárdese su miedo y su ira y déjenos a todos con nuestra libertad”, le dijo en otro momento del debate parafraseando la célebre canción de la Transición.

“El Gobierno socialista estaba en el ecuador de su tercer mandato, pero empezaba a tener algunos problemas. Objetivamente era una ocasión muy buena en términos parlamentarios para erosionar al Ejecutivo”, afirma Cuesta sobre la estrategia de los conservadores. “Es cierto que el PP fue muy crítico, pero luego hizo una ley todavía más discutible”, añade Olabarria en alusión a la ley mordaza de 2015, usada profusamente para sancionar a quienes se saltan las restricciones anti-COVID-19 y que fue avalada casi en su totalidad por el Constitucional. Hace solo unas semanas, el pasado febrero, el PP se quedó solo en el Congreso en su intento de mantener intacta esa ley, mientras el PSOE y Unidas Podemos mantiene su intención de derogarla. La discusión entre libertad y seguridad volverá sin duda al debate parlamentario. 

Ya sean las “crecientes condenas de prisión a artistas por sus letras”. O el “impacto en los derechos humanos” de la ley de Seguridad Ciudadana. O que haya “más medidas contra la violencia de género fuera de la pareja”. O que se reduzca “la influencia del Poder Ejecutivo o Legislativo en el Judicial”, al calor de la reforma del CGPJ impulsada por el Gobierno. En los últimos meses, España ha ido acumulando informes, dictámenes y sentencias que ponen en evidencia problemas en algunas leyes, reformas y condenas, según el Consejo de Europa, el Tribunal de Derechos Humanos, la Comisión Europea o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Ahora bien, también ha habido algunos espaldarazos sonados, como cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) cambió de criterio para avalar las devoluciones en caliente en la frontera española y anular su condena a España de 2017 por estas prácticas. O como cuando el informe de Estado de Derecho del Ejecutivo comunitario sobre España, al margen de señalar problemas en la elección del CGPJ y la Fiscalía General situaba al país en un plano muy distinto a los de Hungría y Polonia, con los que ha activado procedimientos por amenazas al Estado de Derecho. O, por último, cuando Bruselas avaló lo que para las derechas españolas era un “Ministerio de la Verdad” que ponía en riesgo los 140.000 millones de euros de los fondos europeos y equiparaba a España con Hungría y Polonia. Según la Comisión Europea, el plan del Gobierno sobre la desinformación lanzado en noviembre pasado es una iniciativa “en consonancia con el Plan de Acción contra la Desinformación de 2018 [de la UE], en el que se pedía a los Estados miembros que reforzaran sus capacidades en la lucha contra la desinformación”.

Libertad de expresión

Esta misma semana, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, ha pedido a España reformar el Código Penal para evitar condenas por libertad de expresión, entre ellas las de artistas, en una carta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

En la carta del 11 de marzo, hecha pública este lunes, Mijatović, emplaza a las autoridades españolas “a modificar de manera integral el Código Penal para fortalecer las garantías existentes del derecho a la libertad de expresión y facilitar la labor de los tribunales españoles en la toma de decisiones en plena consonancia con el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”.

Mijatović señala que “en los últimos años se ha dictado un número creciente de condenas penales, incluidas penas de prisión, a artistas por sus letras, y a activistas de las redes sociales por declaraciones consideradas ofensivas en virtud de varias disposiciones del Código Penal, en particular sobre el enaltecimiento del terrorismo y sobre las calumnias e insultos a la Corona”. Mijatović alude así, sin mencionarlos, a casos como los de Pablo Hasel y Josep Valtònyc, entre otros.

En su escrito, la comisaria expresa su “preocupación por la falta de una definición clara de algunas de las nociones consagradas en la disposición sobre el enaltecimiento del terrorismo y recuerda el peligro potencial que representa el uso, en la legislación antiterrorista de delitos insuficientemente definidos que pueden dar lugar a restricciones innecesarias o desproporcionadas del derecho a la libertad de expresión”.

“Potencial represivo”

España debería reformar la ley de Seguridad Ciudadana. Es la conclusión del dictamen sobre España adoptado por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. Dicha revisión “debe ir acompañada de una evaluación en profundidad del funcionamiento práctico de la ley y su impacto en los derechos humanos dado su potencial represivo”, afirma el organismo consultivo del Consejo de Europa, formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional.

Según el dictamen, la ley de Seguridad Ciudadana “contiene una serie de disposiciones abiertas que confían a la policía amplios poderes, pero no indican en qué situaciones se pueden utilizar estos poderes, o qué tipo de medidas se pueden tomar. Algunos delitos también están formulados en la ley de manera excesivamente amplia”. La Comisión de Venecia recuerda que “la claridad y previsibilidad de la ley garantizan un trato igualitario y no arbitrario y la seguridad jurídica (entendida como la previsibilidad de la acción del Estado) es particularmente importante en el ámbito del derecho penal. Debido a la naturaleza de las infracciones y la gravedad de las multas previstas en la ley 4/2015, podría decirse que pueden entrar en el ámbito del derecho penal. Por lo tanto, la Comisión de Venecia recomienda que tales delitos cuasipenales y los poderes coercitivos de la policía se describan con más precisión”.

En relación con las devoluciones de migrantes en la frontera “que intentan cruzar ilegalmente al territorio español en Ceuta y Melilla, la Comisión de Venecia reconoce que España se encuentra en una difícil situación de tener que defender sus fronteras y al mismo tiempo cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional”. Sin embargo, la Comisión “considera que la Ley debe especificar que los agentes de policía no deben proceder con el rechazo en la frontera si, dadas las circunstancias, ven que un extranjero tiene razones convincentes para no utilizar los procedimientos ordinarios de solicitud de asilo”.

“Reducir la influencia en el Poder Judicial”

“La Comisión Europea está al corriente del anuncio de este nuevo proyecto de ley y estamos siguiendo de cerca los acontecimientos a este respecto”. Así respondía el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christian Wigand, a elDiario.es sobre los anuncios de reforma del mecanismo de elección de los CGPJ por parte del Gobierno, que finalmente ha quedado congelado.

En el primer informe sobre el Estado de Derecho de los 27 Estados miembros de la UE elaborado por el Ejecutivo comunitario, se subraya “la importancia de reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el judicial con el fin de reforzar la independencia judicial”. “En ese informe señalábamos el CGPJ como un desafío. Es importante asegurarse de que el Poder Judicial no sea percibido como vulnerable a la politización”, decía Wigand.

En efecto, en el informe sobre el Estado de Derecho, la Comisión ya alertaba de estos asuntos.

“El nombramiento de nuevos miembros del Consejo está sujeto a una mayoría cualificada de tres quintos”, relataba la Comisión Europea, “y en el contexto de las dos elecciones generales celebradas en 2019, no se alcanzó dicha mayoría y los miembros del CGPJ han permanecido en sus puestos ad interim hasta que se elija un nuevo Consejo. Las asociaciones profesionales han pedido la renovación y han impugnado legalmente la competencia del CGPJ en funciones para continuar con nombramientos para los principales cargos judiciales. Si bien la ley prevé que el Consejo se mantenga en pleno funcionamiento hasta que entre en vigor uno nuevo, el Consejo decidió, en enero de 2020, suspender los nombramientos para cargos judiciales. Sin embargo, en mayo de 2020, el Consejo reinició los nombramientos. El Consejo de Europa ha observado que estos acontecimientos confirman la importancia de garantizar que no se perciba que el Consejo es vulnerable a la politización”.

El informe de la Comisión Europea también recogía la “discusión” sobre “la relación entre la Fiscalía General y el Ejecutivo: la Fiscalía General es nombrada por el Jefe del Estado, a propuesta del Gobierno, que no tiene poderes para destituir al Fiscal General. Sin embargo, el mandato del Fiscal General finaliza al mismo tiempo que el mandato del Gobierno. Este sistema ha sido objeto de críticas considerando que la coincidencia en el mandato puede afectar la percepción de independencia”.

En este sentido, el Ejecutivo comunitario recordaba que “el Consejo de Europa ha destacado que, para la confianza de la ciudadanía, no solo es fundamental que el enjuiciamiento lo sea, sino que también parezca imparcial, objetivo y libre de cualquier influencia, en particular de naturaleza política. Si bien la ley determina que toda la comunicación entre el Ejecutivo y la Fiscalía debe realizarse entre el Ministro de Justicia y el Fiscal General, no exige que esta comunicación se haga pública, ni la obligación de registrarlas por escrito. Esto también ha sido planteado como una preocupación por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO)”.

“De forma generalizada, cuando los Estados reforman el sistema judicial, debería hacerse consultado con todas las partes implicadas, incluida la Comisión de Venecia. Los Estados miembros deben seguir los estándares de la UE para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida”, concluye Bruselas.

La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional.

Más medidas contra la violencia de género

Reconocimiento a las medidas tomadas en el ámbito de la violencia de género por parte de la pareja. Y petición de que se tomen más acciones contra la violencia machista en otros ámbitos. Éstas son algunas de las principales conclusiones del primer informe de evaluación de la aplicación por parte de España del Convenio de Estambul (el tratado internacional de referencia en la materia), realizado por el Grupo de Expertos en Acción contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (GREVIO) del Consejo de Europa.

El informe reconoce “las medidas de apoyo y protección a las víctimas que se ofrecen sobre la base de la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los tribunales especializados en violencia contra la mujer, los servicios de salud y las entidades que brindan asesoramiento jurídico a las mujeres”.

GREVIO, sin embargo, “expresa su preocupación por que los servicios de apoyo integral a las víctimas y la cooperación entre múltiples agencias en España se han concentrado exclusivamente en la violencia relacionada con la pareja en detrimento de otras formas de violencia, en particular la violencia sexual, el matrimonio forzado y la mutilación genital femenina”.

“Teniendo en cuenta el alto nivel de autonomía regional y local de España”, explica GREVIO, “el informe lamenta las variaciones regionales en la implementación del Convenio de Estambul, a pesar de las medidas de coordinación adoptadas por las autoridades españolas”.

Como consecuencia, “no se garantizan niveles comparables de protección y apoyo en todas partes, en particular en lo que respecta a las formas de violencia de la pareja no íntima. Muy pocas comunidades autónomas ofrecen servicios especializados para víctimas de agresión sexual y violación, y aún son menos los servicios de apoyo especializados, si es que existen, para mujeres en riesgo o en situación de matrimonio forzado, mutilación genital femenina, acoso, esterilización forzada y aborto”.

En los últimos tiempos, explica el informe, “las interpretaciones del delito de violación y abuso sexual ofrecidas por los tribunales y el apoyo y la protección disponibles para las víctimas de violación han sido ampliamente discutidos por la ciudadanía”.

En este contexto, el informe “observa con preocupación un marcado aumento de las violaciones colectivas en los últimos años, así como que los casos se refieren cada vez más a víctimas o perpetradores menores de edad”.

“Escaso avance” antirracista

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa “lamenta” que “España aún no haya adoptado dos recomendaciones prioritarias emitidas en 2018 instando a crear un organismo de igualdad verdaderamente independiente y a intensificar las acciones para aumentar la proporción de niños gitanos que terminan la educación obligatoria”.

Si bien observa el lento avance de España en la puesta en marcha de estas recomendaciones, la ECRI reconoce las dificultades en el contexto de los dos últimos años, con dos elecciones generales en 2019 y el impacto de la pandemia de la COVID-19.

“La ECRI aprecia que la celebración de dos elecciones parlamentarias en un año en 2019, así como las dificultades causadas por la pandemia COVID-19, hayan retrasado el trabajo legislativo sobre una nueva Ley de Igualdad de Trato y contra toda forma de discriminación y, por lo tanto, también la creación de un organismo de igualdad verdaderamente independiente y con mandato y recursos suficientes”, afirman sus conclusiones.

“La ECRI espera con interés la adopción de dicha ley”, explica: “Al mismo tiempo, la ECRI está obligada a señalar que no existe un calendario para su preparación y adopción. En consecuencia, considera que, en la situación actual, su recomendación aún no se ha aplicado”.

En 2018, la ECRI también recomendó encarecidamente que las autoridades españolas desarrollen e implementen un conjunto de actividades para garantizar que la proporción de niños gitanos que completan la escolaridad obligatoria aumente significativamente.

Si bien reconoce que algunos de los elementos del plan operativo contienen medidas destinadas a facilitar y promover la educación de los niños romaníes y evitar que los alumnos abandonen la escuela antes de tiempo, “la ECRI lamenta observar que no se dispone de nuevos datos estadísticos sobre los niños romaníes que completan la escolarización obligatoria desde la publicación del quinto informe de la ECRI, en 2018”.

Como resultado, “la ECRI no puede concluir que las medidas tomadas como parte de la estrategia y el plan operativo hayan tenido un impacto real en las tasas de finalización de la escuela obligatoria entre los romaníes”.

Reveses judiciales

En octubre de 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló sobre el recurso presentado por Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes de la izquierda abertzale por la supuesta “parcialidad” de una magistrada del tribunal que les condenó por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna. Dictaminó que Otegi y los otros cuatro condenados no tuvieron un juicio justo, y condenó a España por no atender la recusación por parcialidad que presentaron Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes de la izquierda abertzale en 2011 contra la jueza de la Audiencia Nacional Ángela Murillo.

Un año después, en diciembre de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, falló sobre la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo sobre Oriol Junqueras. El tribunal español, después de haber resultado elegido eurodiputado Junqueras, preguntó a la justicia europea si el exvicepresidente de la Generalitat debería gozar o no de inmunidad mientras se encontraba en prisión preventiva por el juicio del procés. 

Y el TJUE falló que Junqueras debía haber sido reconocido eurodiputado de pleno derecho, con inmunidad incluida, desde la proclamación de los resultados electorales –el BOE los publicó el 14 de junio–. “La condición de miembro del Parlamento Europeo resulta de la mera elección del interesado y que éste adquiere tal condición a raíz de la proclamación oficial de los resultados que hacen los Estados miembros”.

La sentencia llegó cuando Junqueras ya había sido condenado a 13 años de cárcel por malversación y sedición, por lo que no ha podido tomar posesión de su escaño. Pero el fallo sí permitió que Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín se convirtieran en eurodiputados ocho meses después de haber sido elegidos en las urnas.

Un año más tarde, en octubre de 2020, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunciaba sobre la denuncia presentada por Laguna Guzmán contra España por un presunto uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía al dispersar una protesta que tuvo lugar el 2 de febrero de 2014 en Valladolid, una acción que le dejó lesiones permanentes. Y el tribunal con sede en Estrasburgo decidía condenar a España por el uso “desproporcionado” de la fuerza policial en aquella protesta contra los recortes.

El tribunal concluyó que el Estado vulneró el derecho de protesta de una manifestante que quedó incapacitada por los porrazos de la policía, y afirmaba que el uso de la fuerza por parte de la policía no estaba justificado porque “la protesta fue pacífica” y la afectada no cometió ningún delito.

“Una persona no pierde el derecho a la protesta pacífica para que haya violencia esporádica u otros potenciales delitos en la manifestación si el individuo en cuestión sigue siendo pacífico”, sostiene la sentencia.

Otro ejemplo. Hace pocos días, el TEDH condenaba a España por la actuación policial en el rodea al Congreso en una sentencia sobre el caso de una mujer que participó en la manifestación de Rodea el Congreso del 29 de septiembre de 2012 y que denunciaba que había sido desalojada por la fuerza y de manera humillante por la Policía junto a otros manifestantes que se refugiaron en un bar cercano a la sede parlamentaria en el marco de los disturbios. El TEDH condenaba a España por no investigar denuncias sobre las actuaciones policiales.

La mujer denunció el caso ante un juzgado de instrucción de Madrid que lo acabó cerrando por falta de pruebas y, tras la negativa del Tribunal Constitucional a revisarlo, por considerar que no había violación de derechos fundamentales, acudió al TEDH, donde acusa a las autoridades españoles de no haber investigado lo suficiente los hechos denunciados, apuntando con ello a una posible violación del artículo 3 de la Convención, sobre la prohibición de la tortura.

De acuerdo con la sentencia, decidida por unanimidad, el Tribunal con sede en Estrasburgo “declara admisible la solicitud; sostiene que se ha producido una violación de la rama procesal del artículo 3 de la Convención; y establece que el Estado demandado pagará al demandante, en el plazo de tres meses, la cantidad de 1.000 euros en concepto daño moral; y que desde el vencimiento de dicho período y hasta el pago, este monto se incrementará por interés simple a un tipo igual al de la facilidad marginal de crédito del Banco Central Europeo aplicable durante este período, incrementado en tres puntos porcentuales”.

España debería reformar la ley de Seguridad Ciudadana. Es la conclusión del dictamen sobre España adoptado el pasado viernes por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. Dicha revisión “debe ir acompañada de una evaluación en profundidad del funcionamiento práctico de la ley y su impacto en los derechos humanos dado su potencial represivo”, afirma el organismo consultivo del Consejo de Europa, formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional.

En su dictamen, la Comisión de Venecia hace una serie de recomendaciones, incluyendo que los delitos “cuasipenales” (aquellos por los que se pueden imponer multas elevadas) y las atribuciones coercitivas de la policía se describan con más precisión, y que las regulaciones detalladas a nivel sublegislativo sean adoptadas para reflejar la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional español y que sirva de guía a la policía en su trabajo diario.

El dictamen fue solicitado en octubre de 2015 por el Comité de Seguimiento de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. La Comisión de Venecia aplazó su preparación a causa de las elecciones y en espera del examen de varias disposiciones de la ley por parte del Constitucional, y la reanudó cuando el Constitucional dictó su sentencia de noviembre de 2020, en la que avalaba gran parte de las normas.

El dictamen de la Comisión de Venecia se centra en las disposiciones que más han llamado la atención en España: la normativa sobre controles y registros de personas en lugares públicos; la vigilancia de manifestaciones espontáneas y la responsabilidad de los organizadores de éstas; las severas sanciones administrativas previstas por la Ley y las devoluciones de extranjeros en la frontera española en Ceuta y Melilla.

La Comisión de Venecia se basa en gran medida en las conclusiones del Constitucional. Sin embargo, opina que “si una norma conduce a abusos en la práctica, esta norma debe ser modificada, circunscrita o acompañada de salvaguardas adicionales, aunque en teoría sea constitucionalmente aceptable”.

El Consejo de Europa reconoce que el Parlamento español está considerando un proyecto de reforma de la ley, y anima al legislador “a realizar una evaluación en profundidad del funcionamiento práctico de la ley y su impacto en los derechos humanos y las libertades. Dado el potencial represivo de esta ley, dicha revisión debe realizarse con regularidad”.

Según el dictamen, la ley de Seguridad Ciudadana “contiene una serie de disposiciones abiertas que confían a la policía amplios poderes, pero no indican en qué situaciones se pueden utilizar estos poderes, o qué tipo de medidas se pueden tomar. Algunos delitos también están formulados en la ley de manera excesivamente amplia”. La Comisión de Venecia recuerda que “la claridad y previsibilidad de la ley garantizan un trato igualitario y no arbitrario y la seguridad jurídica (entendida como la previsibilidad de la acción del Estado) es particularmente importante en el ámbito del derecho penal. Debido a la naturaleza de las infracciones y la gravedad de las multas previstas en la ley 4/2015, podría decirse que pueden entrar en el ámbito del derecho penal. Por lo tanto, la Comisión de Venecia recomienda que tales delitos cuasipenales y los poderes coercitivos de la policía se describan con más precisión”.

Para compensar la indeterminación de ciertas disposiciones de la Ley, la Comisión de Venecia recomienda “la adopción de reglamentos detallados a nivel sublegislativo, que reflejarían la jurisprudencia constitucional reciente y servirían de orientación a la policía. También es importante fortalecer el mecanismo de seguimiento interno dentro de la propia policía, que ayudaría a identificar patrones de uso de las competencias policiales, detectar abusos (como verificaciones de identidad arbitrarias, perfiles discriminatorios, etc.), facilitar posteriores inspecciones externas de las fuerzas policiales y, en última instancia, permitir al Parlamento analizar la práctica del uso de poderes coercitivos y modificar la legislación en consecuencia. También puede ser necesario reforzar los mecanismos existentes de revisión judicial de la acción policial y hacerlos más eficientes y accesibles”.

En este sentido, la Comisión de Venecia recomienda, en lo que respecta a los controles personales y los registros corporales externos en lugares públicos, que la ley los vincule “a la finalidad de descubrimiento y prevención de delitos de cierta gravedad” y que establezca “que, por regla general, se realicen sobre la base de una sospecha individualizada”. En cuanto a las búsqueda aleatorias, “su uso debe estar circunscrito y acompañado de garantías procesales, incluidos los mecanismos de seguimiento adecuados”.

Según el dictamen, “la ley debe especificar que las autoridades deben tolerar las manifestaciones espontáneas, incluso aquellas que no fueron notificadas con antelación o que se desvían de las condiciones establecidas en el notificación, a menos que exista un riesgo comprobable de 'desorden sustancial”, y también “debería especificar que los organizadores y promotores de manifestaciones no pueden ser responsabilizados por la falta de notificación a las autoridades o por el incumplimiento del formato establecido en la notificación si la concentración fue espontánea o si las desviaciones no pudieron ser previstas razonablemente o evitado por los medios a disposición de los promotores y organizadores”.

La cuantía de las sanciones previstas por la ley, especialmente aquellas por infracciones graves y muy graves (hasta 600 000 euros en este último caso), “parece bastante elevado en el contexto español”, dice la Comisión de Venecia: “En vista de la definición imprecisa de algunos delitos (más notablemente el que habla de la desobediencia a las autoridades), estas multas pueden tener un efecto paralizador en el ejercicio de la libertad de reunión. Por tanto, conviene reconsiderar los importes de las multas”.

Además, “algunas de las penas previstas por la ley pueden caracterizarse como penales en esencia. Por tanto, el procedimiento en el que se impongan debe satisfacer unos requisitos básicos de juicio justo previstos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su vertiente penal. La presunción de veracidad de los informes de la policía, la ejecución inmediata de fuertes multas y la falta de derecho a asistencia letrada debilitan la posición de los imputados frente al Estado. El legislador debería asegurarse de que los presuntos infractores disfruten al menos de las garantías mínimas exigidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”.

En relación con las devoluciones de migrantes en la frontera “que intentan cruzar ilegalmente al territorio español en Ceuta y Melilla, la Comisión de Venecia reconoce que España se encuentra en una difícil situación de tener que defender sus fronteras y al mismo tiempo cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional”. Sin embargo, la Comisión “considera que la Ley debe especificar que los agentes de policía no deben proceder con el rechazo en la frontera si, dadas las circunstancias, ven que un extranjero tiene razones convincentes para no utilizar los procedimientos ordinarios de solicitud de asilo”.

Los primeros quince días de estado de alarma arrojaron una cifra de 127.760 propuestas de sanción por parte de Policía Nacional y Guardia Civil, lo que representa más de las impuestas en la mitad de 2018, un total de 249.665, el último año del que hay datos consolidados, según los datos obtenidos por eldiario.es.

Desde las 00:00 horas del pasado 15 de marzo, el Cuerpo Nacional de Policía, que en materia de seguridad ciudadana está desplegado en municipios con más de 30.000 habitantes, formalizó 66.990 propuestas de sanción hasta las 24:00 horas del 29 de marzo. La Guardia Civil, que se ocupa de la seguridad ciudadana en el resto del territorio (a excepción de Catalunya y Euskadi, con la competencia transferida), ha interpuesto 60.770 propuestas de sanción en el mismo periodo.

Las multas impuestas durante el estado de alarma, como ocurre siempre en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, son en realidad propuestas de sanción ante las que cabe recurso a las subdelgaciones del Gobierno y por la vía contencioso-administrativo. Por tanto, la comparación es entre las propuestas de ahora y las multas que se impusieron finalmente en 2018, el último ejercicio del que consta ese dato. Las propuestas de sanción en estos quince días representan el 51,17% de todas las impuestas en 2018 y el 55,56% de las de 2017 (229.932).

Estos datos, tanto los referentes a los primeros quince días de estado de alarma, como a las multas impuestas en 2018 se corresponden al ejercicio de Policía Nacional y Guardia Civil y no incluyen a otras policías con competencia para proponer sanciones por la Ley Orgánica 4/2015, como son la Ertzatinza y los Mossos d’Esquadra y las policías locales, que suman miles desde que se promulgó hace dos semanas el Real Decreto.

Las sanciones que están imponiendo las Fuerzas de Seguridad del Estado son principalmente por infracción del artículo 36.6 de la citada Ley, que castiga con una sanción grave “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”. Las sanciones graves llevan aparejadas multas que van de los 601 a los 30.000 euros.

Las fuentes consultadas aseguran que, de forma residual, también se están imponiendo sanciones leves por infracción del artículo 37.15, que penaliza “la remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo, cuando no constituya infracción grave”. Las sanciones leves están castigadas con entre 100 y 600 euros.

Cuando las subdelegaciones del Gobierno resuelven e imponen la sanción, el ciudadano puede recurrir, pero se ve obligado a renunciar a la reducción del 50% del importe que se aplica a aquellos que pagan en los primeros 15 días una vez es notificada.

El artículo 50 de la Ley de Seguridad Ciudadana establece la prevalencia que tiene la versión de los policías a la hora de resolver los expedientes. Su palabra se tendrá por cierta ante la negación de los hechos por el sancionado “salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquéllos (sancionados) deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles”.

Más multas en Andalucía, Madrid, Valencia y Canarias

Por territorios, Policía y Guardia Civil están multando en mayor número en las mismas comunidades autónomas. El porcentaje de propuestas de sanción por parte del Cuerpo Nacional de Policía se reparte de la siguiente manera: Andalucía (23, 69%), Madrid (17,62%), Comunidad Valenciana (15,44%) e Islas Canarias (6,54%).

Si atendemos a que los cuatro primeros días del estado de alarma dejó una cifra de más alrededor de 11.000 sancionados y que en ésta se incluía a Ertzainztza y Mossos d’Esquadra se aprecia que el ritmo de multas ha crecido exponencialmente en los últimos días, alcanzando casi las 250.000 en dos semanas.

Tras esos compases iniciales del estado de alarma, el jefe operativo de la Policía Nacional, José Ángel González advirtió de que “los dos o tres primeros días fueron de pedagogía, días de levantar un poco la mano, de informar a la gente”. Y añadió: “Pero creemos que ha llegado el momento de que esos días acaben. Ha llegado el momento de cumplir el estado de alerta”.