La cúpula de la Fiscalía se reúne este martes para unificar su postura en torno a uno de los puntos clave de la amnistía: si el delito de malversación entra o no en el perdón de la ley. Con los cuatro fiscales de la causa del procés convencidos de que esa puerta al regreso de Carles Puigdemont no debe abrirse, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, afronta uno de sus combates más complejos en un momento muy delicado de su mandato: pendiente de una posible imputación por el comunicado que desmentía un bulo sobre pareja de Isabel Díaz Ayuso y tras varios varapalos judiciales por ascender a Dolores Delgado.

La ley de amnistía entró en vigor hace siete días. Según los cálculos de la propia Fiscalía, la norma puede afectar a un total de 82 procesos penales todavía en tramitación con 486 personas encausadas. Causas que, en su mayoría, permanecen abiertas en juzgados de instrucción de Catalunya, pero también en organismos centrales, como es la causa principal del procés en el Supremo. En la que permanece procesado por malversación de caudales públicos el expresident catalán Carles Puigdemont.

[[ACTUALIZACIÓN - La Junta de Fiscales apoya que la amnistía se aplique a la malversación que afecta a Puigdemont]]

La aplicación de la amnistía no depende del Ministerio Público, depende de los tribunales, y gran parte de los jueces que instruyen causas relacionadas con el procés ya han pedido su opinión a las partes. La postura de los cuatro fiscales que han participado en la causa del Tribunal Supremo, en la que defendieron sin éxito la acusación por rebelión, es clara: la malversación de dinero público para financiar la independencia de Catalunya no es amnistiable.

Los fiscales del procés –Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Javier Moreno y Fidel Cadena– han activado el mecanismo legalmente establecido para que sea la junta de fiscales de sala la que resuelva la discrepancia de criterios. Pero más allá del formalismo, hay poco de habitual en la situación, con un enfrentamiento directo entre los cuatro fiscales y su superior jerárquico, plasmado incluso por escrito. La última palabra, sea cual sea la decisión que tome la cúpula de la Fiscalía este martes, está en manos de García Ortiz.

La postura de los cuatro encargados del caso es nítida y pública desde pocos minutos después de la publicación de la ley, incluso antes de que el trámite para informar se pusiera en marcha y aludiendo no solo a lo estrictamente jurídico, sino a otras cosas como el rechazo popular “ampliamente mayoritario” a la ley o el “brusco e inesperado cambio de opinión” del PSOE. El fiscal general pidió un informe libre de valoraciones políticas y la respuesta fue similar: la amnistía no abarca la malversación y, en la práctica, Carles Puigdemont no puede volver a España sin arriesgarse a ser detenido.

El criterio de los fiscales del procés choca frontalmente con el del fiscal general. Allí donde ven “beneficio patrimonial” y “ánimo de lucro” para apropiarse de dinero público, Álvaro García Ortiz afirma que no existió ese “propósito de enriquecimiento” que marca la línea roja para aplicar la amnistía. La tesis de los cuatro del procés, dice García Ortiz, “contradice” la voluntad del legislador, que con claridad alude a que se debe amnistiar la distracción de fondos públicos limitándose al referéndum de independencia de 2017.

Amnistía y una Fiscalía incendiada

En los despachos de la calle Fortuny la previsión es la de un debate profundo e igualado entre los que defienden la aplicación total de la amnistía y los que optan por rechazar que la malversación pueda entrar dentro del perdón de la ley. El criterio de la junta de fiscales de sala no es vinculante, pero una votación a favor de los cuatro del procés obligaría al fiscal general a imponer su criterio en contra de la mayoría de la cúpula del Ministerio Público por segunda vez en unos pocos meses.

La última vez fue en febrero, cuando la mayor parte de esta junta apoyó acusar a Carles Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami Democràtic. Una reunión de alto voltaje precedida de días de filtraciones y descalificaciones hacia Álvaro Redondo, el fiscal conservador que rechazaba esta imputación, y que terminó con Ángeles Sánchez-Conde, teniente fiscal del Supremo, optando por pedir sin éxito al Supremo que no recogiera ese guante del juez Manuel García-Castellón.

No está previsto que el debate de este martes sobre la amnistía esté menos astillado. Nuevamente con el procés como telón de fondo y con Carles Puigdemont como protagonista, y en esta ocasión como una meta flotante para la aplicación de la ley de amnistía. La reunión se celebra un día antes de que termine el plazo que dio el juez Pablo Llarena para que las partes informaran sobre los efectos de la norma sobre la causa.

La malversación es el único delito de la causa que ha sobrevivido a la despenalización de la sedición. Es, por tanto, el delito de cuya amnistía depende que Carles Puigdemont pueda volver a España sin tener que enfrentarse a los tribunales por la estrategia independentista de 2017, el referéndum y la Declaración Unilateral de Independencia. Todo en pleno terremoto político en Catalunya con el líder de Junts anunciando que su objetivo es volver a Barcelona y presentarse a la investidura para volver al cargo de president.

El debate en la cúpula de la Fiscalía llega también en un momento delicado del segundo mandato de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Las dos sentencias del Tribunal Supremo que anulan el ascenso y el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala se han solapado con el avance de la investigación por el comunicado con el que la Fiscalía de Madrid intentó desmentir un bulo sobre el caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía se encuentra a la espera de saber si el Tribunal Superior de Madrid decide enviar la causa al Tribunal Supremo y si este decidirá abrir una causa contra el propio fiscal general.

El Tribunal Supremo delibera desde este miércoles sobre la docena de recursos interpuestos contra la contundente sentencia emitida en 2019 por la Audiencia Provincial de Álava en el 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi y que toma su nombre del apellido del principal procesado, el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel. Recibió una pena de más trece años de cárcel -nueve de cumplimiento efectivo- por haber orquestado una trama en torno a la sociedad pantalla Kataia Consulting para cobrar comisiones, teledirigir contratos públicos o blanquear capitales. El expolítico, a quien todos apodaban Txitxo, continúa en su puesto en la sociedad pública del Gobierno vasco Hazi en el que le colocaron en 2000 y mantuvo con una excedencia. Durante el proceso judicial ha tenido al menos tres ascensos, percibe un salario de 52.000 euros y varias fuentes consultadas se sorprenden que cuando se dirigen a la Administración para que les financie proyectos su interlocutor sea el máximo implicado en una trama de corrupción.

Si el tribunal de primera instancia lo compusieron tres jueces -Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria-, la sala que ahora revisará la sentencia la componen cinco magistrados. Son Pablo Llarena como ponente y Manuel Marchena, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Juan Ramón Berdugo. Se han presentado una docena de recursos de casación por parte de las personas que resultaron condenadas del total de 26 imputados que se sentaron en el banquillo durante el juicio celebrado allá por 2018 excepto los que aceptaron las penas previo pacto con la Fiscalía. Precisamente este grupo, comandado por el que fuera socio y amigo de De Miguel Josu Arruti, dio detalles de cómo se pactaban y cobraban comisiones. Incluso devolvieron el dinero que les correspondía. La Fiscalía del Supremo no atendió la petición de los fiscales de Álava, Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, que pretendían elevar algunas condenas que consideraban insuficientes y se ha limitado a defender que se mantenga en su totalidad el fallo de la Audiencia Provincial. El fiscal es Javier Zaragoza. Así, este trámite se saldará o bien con la misma sentencia pero ya firme y definitiva -lo que implicaría el ingreso en prisión de los afectados- o bien con una rebaja total o parcial, nunca con más penas.

Solamente una parte pidió que una vista precediera a la deliberación, pero ni la Fiscalía ni el grueso de las defensas lo estimaron oportuno. De este modo, la deliberación sobre el 'caso De Miguel' será a puerta cerrada. Ninguna fuente sabe precisar tampoco el plazo para que se emita el fallo, ya que es un sumario muy voluminoso y que requiere ir votando cada una de sus ramas y cada uno de los delitos. En el reciente caso de los ERE, un sumario en Andalucía que ha tenido un desarrollo casi paralelo a este expediente, el Supremo dio a conocer primero el sentido del veredicto y más tarde la sentencia. Es una posibilidad que ocurra algo similar ahora, aunque tampoco es preceptivo. Algunos letrados de las defensas aseguran que incluso hasta Navidad podría demorarse la publicación de la sentencia firme. Si hubiere votos particulares el calendario se alargaría.

La base de la estrategia de De Miguel ha sido la de cuestionar de raíz la investigación. Se ha llegado a acusar a la Ertzaintza de manipular pruebas. Si en primera instancia todo apuntaba a que se defendían argumentos con vistas en el Supremo y dando por perdida la primera vuelta -particularmente desde que se conoció que el político iba a declararse culpable pero que cambió de opinión a última hora-, ahora la insistencia en la vulneración de derechos fundamentales abre a que la batalla jurídica, aunque se pierda también en el Supremo, siga en el Constitucional o incluso en Estrasburgo.

Un caso originado en 2009

El 'caso De Miguel' se originó en diciembre 2009 cuando la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi presenta una denuncia en la Fiscalía de Álava después de que Txitxo le presionara para que le abonase una comisión de 100.000 euros. Aparentemente, su socio y constructor Jon Iñaki Echaburu, militante del PNV y contratista habitual de la Administración, pactó con De Miguel una mordida por un contrato en el parque tecnológico de Miñano en el que el político había intercedido aunque no tuviera allí ningún cargo con la aquiescencia de los cargos públicos. Aportó grabaciones y, en una de ellas, se escucha a Echaburu considerar las comisiones como algo “dentro de lo normal”. Se pueden escuchar aquí.

La investigación llevó pronto a Kataia Consulting, la empresa central de la trama. Sin actividad pero con movimientos económicos elevados, estaba controlada por De Miguel y otros dos dirigentes del PNV alavés, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. Pero estaba a nombre de las esposas del trío. El primer ingreso de esa mercantil fue el pago de una comisión por un pelotazo urbanístico en Zambrana en el que también se implicó De Miguel. Situó como intermediario a Arruti y captaron a una promotora catalana, Construcciones Riera, para un plan estimado en 65 millones que luego se frustró. “Resulta ser que no te extrañas de que te pidan estas cosas. Mire, hemos abierto empresas en Rumanía, Bulgaria, Ecuador, Panamá, ... El primer día te esperan para lo que quieren cobrar. Esto era para dinamizar el proyecto, para poder mejorar o sacar los obstáculos que pueda haber en un proyecto de tanta importancia. Me dijo Arruti: 'Para la fluidez en las relaciones con la Administración sería conveniente tener alguien que ya conozco y tiene influencia'. Al final vas esperando a que se delate. 'Más o menos unos 160.000 euros para mí y 160.000 para otro señor'. Al final, cuando haces una inversión de tanto dinero 160.000 es mucho dinero pero quizás es poco si se puede estropear todo. ¿Me la juego o no me la juego? Es una mancha en mi vida el que yo haya pagado una comisión. Esto es muy grave. Pero, en fin, lo pensamos y dijimos 'Nos tiramos a la piscina. Vamos a pagar comisión y pagamos la comisión'”, declaró el empresario Francesc Fernández Joval. Y su socio Plàcid Casas añadió: “El País Vasco es una zona que no conocemos, una sociedad un poco más cerrada. Francesc me vino a decir que era imprescindible alguien que ayudara”. Recibido el primer pago de Zambrana, desde Kataia Consulting salió dinero para un Saab, para joyas y para viajes, así como para consumiciones en pubs o para una estancia en el balneario de La Perla en Donostia.

La empresa hermana de Kataia Consulting era Errexal. En este caso, se creó para captar contratos del área de Juventud del Gobierno vasco, liderada por Xabier Sánchez Robles. El primero era de 90.000 euros. Al frente de Errexal se situó a Iñaki San Juan, exedil en Leioa por el PNV. Había otra tercera sociedad que captaba contratos de Juventud, Ortzi Muga, con Josu Montés de administrador. Txitxo, Ochandiano y su esposa, Echaburu, Montés, San Juan, Arruti y Sánchez Robles eran todos de una misma generación que se conoció en EGI cuando la cantera del PNV estaba necesitada de savia nueva tras la traumática escisión de EA en 1986. Una de las condenas más elevadas en primera instancia la recibió Sánchez Robles (siete años de cárcel, al nivel de Tellería y Ochandiano). Le pesó haber presentado en el juicio como supuestas pruebas exculpatorias informes y documentos con sellos del Gobierno vasco para probar la legalidad de las adjudicaciones a las empresas de sus amigos y que éstas habían realizado los trabajos encargados. Esos papeles no constaban en los archivos de la Administración y, como publicó este periódico, los sellos tenían tipografía diferente a los auténticos y en un caso tenían como fecha un 29 de febrero de un año no bisiesto, un día que no existe.

Otro constructor y contratista, Prudencio Hierro, admitió también que pagó la reforma de la segunda residencia de De Miguel, en Gorliz, en la costa de Bizkaia. Explicó que siempre era buena hacer “favores”. El pacto para rebajar su pena implicó camuflarlo no como comisión o soborno sino como préstamo para que el político se ahorrara el IVA, aunque todos los indicios apuntan en el otro sentido.

La importancia del partido

Cuando estalló el caso y fue desposeído de sus cargos -era diputado foral en Álava-, tuvo una larga baja laboral investigada por la Seguridad Social. Después, De Miguel optó por Hazi de entre las dos excedencias en sociedades públicas que tenía. Se mudó de Vitoria a Gorliz. Ahora es allí donde reside y sigue trabajando para el Gobierno vasco. Su jefe en Hazi, tras la primera condena, ocultó en el Parlamento Vasco el verdadero salario de Txitxo. Era Asier Arrese, que llegó a comparecer como supuesto testigo imparcial durante el juicio para defender el buen nombre de De Miguel. Ahora este periódico está pendiente de que la entidad detalle la posición allí de De Miguel, si bien varias fuentes han explicado que es la persona responsable de decidir si el Ejecutivo financia determinados proyectos. El convenio de esta sociedad pública permitía haberlo despojado de sus funciones incluso con la primera condena por ser los delitos de tipo económico. Hay otros textos similares que explicitan que la pena ha de ser “firme” pero no es el caso.

En los últimos años, acudió al funeral de Xabier Arzalluz, histórico líder del PNV y del que se siente hijo político. Tiene muy estrecha amistad con el hijo de aquél, Asier Arzalluz, también de la misma generación de EGI y que llegó a estar investigado en este sumario por haber contratado también con la trama durante su etapa al frente de una entidad promotora del txakoli en Leioa, Mendibile Jauregia. Acudió igualmente al velatorio del exalcalde de Lapuebla de Labarca, Daniel Espada. Hace solamente unos días pudo saludar a sus excompañeros de partido en la fiesta de la vendimia de Lanciego, el pueblo de sus amores.

Quien también continúa en la Administración es Ochandiano. En su caso, sigue en las mismas funciones que ejercía cuando sucedieron los hechos, contable en el parque tecnológico de Miñano. Mientras la denunciante del caso lamentó en el juicio que no había podido volver a contratar con la Administración por haber alzado la voz -“se han vengado de mí hasta hoy”- San Juan y otro condenado, el arquitecto Sergio Fernández Oleaga, han cambiado el nombre a sus empresas Errexal y Stoa y siguen recibiendo adjudicaciones. En el caso de San Juan (cinco años de cárcel) lo hace en Leioa, su antiguo municipio, e incluso valiéndose de empresas de terceros. Alberdi se quejó también de que la única parte de la sentencia en que no se vieron acreditados los hechos fueron las “coacciones” que dijo haber sufrido hasta el punto de que De Miguel y Tellería llegaron a pedir el dinero al padre de la empresaria, al que conocían del partido.

Políticamente, aunque costó meses, el PNV consiguió que De Miguel, Tellería y Ochandiano entregaran su carné. El presidente era el ahora lehendakari, Iñigo Urkullu, y los imputados eran del sector más próximo a Joseba Egibar, líder en Gipuzkoa y portavoz parlamentario aún hoy. Este caso forzó una modificación de los estatutos para automatizar este procedimiento en casos graves. Sin embargo, Egibar no tuvo reparos en abrazar delante de las cámaras a Txitxo cuando acudió a comparecer en la comisión de investigación que sobre este caso inició el Parlamento Vasco o en defender que no se había enriquecido en ningún caso. Tras la primera sentencia, Urkullu pidió disculpas, como también Andoni Ortuzar, actual presidente del PNV.

Sin embargo, recalcan que el partido no estaba implicado en los hechos. La financiación del partido nunca se ha investigado -“pues no lo sé, ellos lo van a establecer”, se escucha a Echaburu en las grabaciones cuando Alberdi le pregunta si la comisión es para el PNV- pero la Audiencia Provincial sí remarcó la importancia de la militancia compartida y la influencia política e institucional para explicar los hechos. En Zambrana, la alcaldesa María Justina Angulo dejó hacer a Txitxo y Arruti “siguiendo indicaciones del ABB”, el Araba Buru Batzar, la Ejecutiva alavesa del PNV. “Accedió [...] por recomendación de una persona de influencia en su mismo partido político, siguiendo indicaciones del ABB, no olvidando que el puesto de alcaldesa tiene su origen inicial en una designación política de ese partido, llevada a cabo en el momento de confección de las listas municipales y existiendo un motivo claro de intentar seguir la indicación dada para evitar ser eliminada de las futuras listas electorales (supuesto de prevalimiento en casos de tráfico de influencias)”, destacó el tribunal, que empleó argumentos similares en otras derivadas del caso. Consultado por este periódico, el PNV ha declinado hacer comentarios sobre este caso.

Diciembre de 2019. El por entonces fiscal delegado de Medio Ambiente y ahora recién designado fiscal general del Estado, Álvaro García, participa en unas jornadas organizadas por el PSdG bajo el título de IdeaGalicia Lab. En concreto, en una mesa redonda sobre sostenibilidad con dos catedráticos de la Universidad de Vigo y la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Del acto queda, dos años después, una foto. Suficiente para el PP de Alberto Núñez Feijóo, que ha arremetido contra el sustituto de Dolores Delgado, al que ha señalado por su falta de “independencia” .

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, ha lamentado la supuesta “cercanía” al PSOE, la “oportunidad perdida por nombrar a alguien que no tenga solo una trayectoria profesional que le avale, sino la debida independencia política”.

Las declaraciones de Rollán llegan cuatro días después de que el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza participara en la tercera jornada de los cursos de verano organizados por el PP y celebrados la semana pasada en San Lorenzo de El Escorial con el título general Fortalecer Europa con una alternativa para la mayoría.

La mesa redonda se celebró bajo el título La urgente necesidad de políticas de Estado en España. Estuvo moderada por el vicesecretario de Política Institucional del PP, Esteban González Pons, quien ha asumido entre sus competencias la de ser el interlocutor de Feijóo en materia de Justicia, tanto con el Gobierno como con las organizaciones judiciales y de fiscales.

Zaragoza habló, entre otros asuntos, de los indultos concedidos por el Ejecutivo a los condenados por el procés, juicio en el que él mismo ejerció la acusación a los políticos independentistas finalmente condenados. En su opinión, los indultos no cuentan con las razones de justicia, equidad y utilidad pública que exige la legislación. El Tribunal Supremo todavía debe pronunciarse sobre estos indultos.

El vídeo de la mesa redonda en la que participó Zaragoza no está disponible en el canal de YouTube del PP, donde aparece como “privado”. En el canal sí estaban accesibles esta misma tarde las sesiones de las dos jornadas previas, aunque luego han sido inhabilitados también por los propietarios del canal. Sí quedan visibles las principales intervenciones de ese viernes: la inicial, de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y la final, del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo. En ambas, Javier Zaragoza estuvo presente en primera fila, a la izquierda de González Pons.

elDiario.es se ha puesto en contacto con el PP para preguntar el motivo por el que el vídeo de la tercera jornada de los cursos de verano organizados por el partido no estaba disponible en su canal.

El PP ha alegado motivos técnicos. Unos minutos después también habían desaparecido del canal los vídeos de las dos jornadas previas, que sí estaban disponibles. Entre los que ya no están, el discurso de apertura de Feijóo.

El Tribunal Supremo deliberará finalmente en septiembre en torno a los recursos presentados por buena parte de los condenados en 2019 en el marco del mayor caso de corrupción de Euskadi, el conocido como 'caso De Miguel' y que implica a exdirigentes del PNV de Álava encabezados por quien dio nombre al caso, Alfredo de Miguel, y otros excargos públicos del partido y empresarios contratistas. Así lo han notificado ya desde el alto tribunal a los afectados, según ha podido confirmar este periódico de varias fuentes judiciales. El ponente de la sentencia será el magistrado Pablo Llarena. De este modo, la sentencia que dotará de firmeza a las conclusiones de esta investigación iniciada en 2009 podría llegar en torno a Navidad, aunque luego sería posible que las condenas fuesen recurridas ante el Tribunal Constitucional o incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como ya han deslizado algunos letrados.

El 'caso De Miguel' se inició en diciembre de 2009 cuando la letrada y empresaria Ainhoa Alberdi denunció que su socio, el constructor afiliado al PNV Jon Iñaki Echaburu, y dirigentes de ese mismo partido como Alfredo de Miguel y Aitor Tellería tenían pactado el pago de comisiones por un contrato en el parque tecnológico de Miñano y que incluso estaba recibiendo presiones si no abonaba la mordida. A partir de ahí, tras la detención de los tres y de otras cinco personas en 2010 se conoció una madeja de sociedades mercantiles encabezadas por Kataia Consulting, una tapadera a nombre de las esposas de De Miguel, Tellería y de un tercer cargo del PNV alavés, Koldo Ochandiano.

La investigación, liderada por el juez Roberto Ramos y el fiscal Josu Izaguirre, recientemente relevado como jefe del ministerio público en Álava, concluyó en 2005, y durante todo 2018 se celebró un macrojuicio en el que una parte de los procesados alcanzaron acuerdos y confesaron los hechos y devolvieron el dinero. El propio De Miguel amagó con hacerlo pero las negociaciones se rompieron. En diciembre de 2019, justo antes de Navidad, la Audiencia Provincial emitió una primera sentencia muy contundente que destacaba la existencia de una trama ideada para el cobro de comisiones ilegales y la manipulación de contratos públicos y en la que se reseñaba que los acusados, principalmente De Miguel, se habían valido de su influencia política para lucrarse de manera ilícita. La Fiscalía solicitó, a la luz de las condenas en primera instancia, el ingreso en prisión de los principales condenados, aunque el tribunal lo desestimó agarrándose al precedente de Iñaki Urdangarin aunque sí les impuso medidas cautelares que todavía ahora están cumpliendo.

De Miguel fue condenado a más de 13 años de cárcel y a diferentes penas de naturaleza económica y Tellería y Ochadiano a entre seis y siete años de prisión. También recibieron duros castigos Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud en el Gobierno vasco en tiempos de Juan José Ibarretxe que procuró contratos 'a dedo' a las empresas de la trama y que en el juicio trató de justificarlos presentando pruebas falsas, y el exconcejal en Leioa Iñaki San Juan y su socio Josu Montés, beneficiarios de algunas de esas adjudicaciones y amigos de De Miguel, a quien todos conocían como Txitxo. En estos años, De Miguel ha seguido trabajando para una sociedad pública autonómica dependiente del Gobierno vasco llamada Hazi. Tras varios ascensos y subidas salariales, en 2020 percibía 52.000 euros anuales, un dato que su superior, Asier Arrese, ocultó en el Parlamento Vasco. Arrese, del PNV también, fue llevado al juicio como testigo de la defensa para defender la inocencia del político. otros como San Juan, por ejemplo, han cambiado de nombre a su empresa, la misma en la que se recaudaban las comisiones ilegales y se recibían los contratos irregulares, y sigue operando con relativa normalidad, incluida en la localidad en la que fue cargo político. La denunciante, por el contrario, lamentó que había sufrido ostracismo tras haber hablado: “Se han vengado de mí hasta hoy”.

En una de las grabaciones que aportó Alberdi al inicio de la causa, se escucha que las comisiones parecen estar “dentro de lo normal” en Euskadi. En la misma línea se expresó un contratista catalán, Francesc Fernández Joval, en su confesión durante el juicio: “Resulta ser que no te extrañas de que te pidan estas cosas. Mire, hemos abierto empresas en Rumanía, Bulgaria, Ecuador, Panamá, … El primer día te esperan para lo que quieren cobrar [...]. Esto era para dinamizar el proyecto, para poder mejorar o sacar los obstáculos que pueda haber en un proyecto de tanta importancia. Me dijo [Josu] Arruti: 'Para la fluidez en las relaciones con la Administración sería conveniente tener alguien que ya conozco y tiene influencia'. Al final vas esperando a que se delate. 'Más o menos unos 160.000 euros para mí y 160.000 para otro señor'. Yo aún no sabía el nombre. Lo supe después [en referencia a De Miguel]. Lo pensé… Al final, cuando haces una inversión de tanto dinero 160.000 es mucho dinero pero quizás es poco si te puede estropear todo. ¿Me la juego o no me la juego? Es una mancha en mi vida el que yo haya pagado una comisión. Esto es muy grave, el estar sentado aquí hay que superarlo mentalmente. En fin, lo pensamos y dijimos ¡nos tiramos a la piscina! Vamos a pagar comisión y pagamos comisión”.

Al Supremo han recurrido el grueso de condenados salvo los que llegaron a acuerdos -Arruti, su familia y los empresarios catalanes- y los que tienen penas sin cárcel como son las de inhabilitación. En su línea de defensa, De Miguel y el resto insiste en la tesis de que la investigación vulneró sus derechos fundamentales. Durante el juicio, se llegó a acusar al juez Ramos, al fiscal Izaguirre y a la Ertzaintza de haber realizado registros sin autorización y hasta de “enriquecer” pruebas para buscar condenas de personas que no habían hecho nada. La Fiscalía del Supremo, liderada por Javier Zaragoza, por el contrario, ha pedido la ratificación de la sentencia inicial y ha respaldado el trabajo de Izaguirre y de su compañero durante el juicio, Manuel Pedreira.

Puedes leer aquí toda la cobertura sobre el 'caso De Miguel' en elDiario.es/Euskadi y aquí un perfil de Alfredo de Miguel

Un total de 16 fiscales de sala del Tribunal Supremo, entre ellos dos ex fiscales generales del Estado, firman en estos momentos una carta en la que se dirigen a la fiscal general para que inste al PSOE a retirar una enmienda parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Los fiscales firmantes se dirigen a la Fiscalía General y se refieren a la enmienda 603 presentada por el grupo parlamentario socialista en la tramitación de la reforma de la Ley Concursal y que afecta a los supuestos en los que la Fiscalía está obligada a informar al Gobierno sobre investigaciones en curso.

La misiva está siendo firmada por pesos pesados del Ministerio Público: los fiscales del procés Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena, la fiscal de criminalidad informática Elvira Tejada o el exfiscal Anticorrupción Manuel Moix, entre otros. También hay dos antiguas fiscales generales del Estado: Consuelo Madrigal y María José Segarra. La Fiscalía, tal y como explica su estatuto, está integrada en el Poder Judicial pero con autonomía funcional. El número de fiscales que van a firmar la misiva constituye casi la mitad de la junta de fiscales de sala, formada por más de 30 miembros.

El actual Estatuto del Ministerio Fiscal, vigente desde 1981, explica textualmente en su artículo 9.2 que la Fiscalía General debe informar al Gobierno “cuando éste lo interese y no exista obstáculo legal, respecto a cualquiera de los asuntos en que intervenga el Ministerio Fiscal, así como sobre el funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia. En casos excepcionales podrá ser llamado a informar ante el Consejo de Ministros”. La enmienda del PSOE añade que la Fiscalía informará a petición del Gobierno “en aquellos asuntos de especial trascendencia en los que intervenga y que por su naturaleza y relevancia deba conocer. Esta información podrá venir referida también al funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia”.

Los fiscales de sala que planean enviar el documento, según ha sabido elDiario.es, cargan con dureza contra esta enmienda que se tramita en la cámara baja. “Representa inequívocamente un reforzamiento de la relación de dependencia del Fiscal General del Estado respecto del Gobierno”, dicen en una misiva que también afirma que la enmienda implica “una quiebra importante de la autonomía y de la independencia” de la Fiscalía.

La enmienda, dicen estos fiscales de sala, “consagra un privilegio en virtud del cual el Poder Ejecutivo, más allá de las relaciones de política criminal que debe mantener con la institución para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, dispondría a través de la actuación que desarrolla el Ministerio Fiscal de un acceso extraprocesal que le permitiría conocer de primera mano el contenido de procedimientos judiciales e investigaciones especialmente sensibles, particularmente penales, a los que nadie que no sean las partes del proceso debe tener acceso”.

La misma enmienda del grupo socialista en el Congreso, disponible en la web de la cámara baja, propone otro cambio en su artículo 8.2 para reforzar la transparencia de estas consultas. Establece que “la comunicación del Gobierno con el Ministerio Fiscal se hará por escrito y de modo debidamente registrado en el soporte que reglamentariamente se determine por conducto del Ministro de Justicia a través del Fiscal General del Estado”. Actualmente, el Estatuto especifica que se hará a través del Ministerio de Justicia pero no por escrito ni debidamente registrado.

Dolores Delgado fue recientemente intervenida por un quiste sinovial en la columna vertebral y su agenda y actividad han quedado suspendidas hasta que se recupere.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado a la sala segunda del alto tribunal que ratifique punto por punto las condenas fijadas por la Audiencia Provincial de Álava en el denominado 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi y que afecta a exdirigentes del PNV alavés y excargos del Gobierno vasco, según recoge 'El Mundo'. Los fiscales de Álava que llevaron el caso, Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, instaron sin éxito en un primer momento a que sus colegas del Supremo respondieran a los recursos de los procesados buscando incluso condenas más elevadas en algunos supuestos, principalmente en lo tocante a la aparente falta de elementos para acreditar que hubo coacciones a la denunciante de la trama, la empresaria y abogada Ainhoa Alberdi, a pesar de que se considere totalmente probado que el principal acusado, el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, le solicitara una comisión de hasta 100.000 euros a cambio de un contrato público.

El ministerio público, en un documento de 538 páginas coherente en tamaño con las voluminosas pruebas documentales acumuladas en esta causa originada en diciembre de 2009 y cuyo juicio se celebró en 2018, rebate la tesis de la defensa de De Miguel, ejercida por el bufete Cuatrecasas y seguida con entusiasmo por otros imputados durante todo el proceso. Pese a las reiteradas afirmaciones de que se manipularon las grabaciones, de que la Ertzaintza se excedió en los registros y hasta de que se “enriquecieron” pruebas para fabricar una condena a personas que no habían hecho nada, la Fiscalía afirma que “no existe ninguna base probatoria que acredite la manipulación de las evidencias”. Esta estrategia se volvió incoherente cuando el propio De Miguel estuvo a punto de declararse culpable a cambio de ver rebajada su condena de cárcel, que fue fijada en 13 años a la espera del dictamen final del Supremo. La maniobra se saldó con el fin de la unidad de acción entre los acusados y la autoinculpación de algunos de ellos, que confesaron la existencia de una trama de cobro de comisiones ilegales en torno a la figura de De Miguel.

La sentencia se conoció en diciembre de 2019, un año después de finalizado el juicio, y la pandemia, la burocracia habitual del Supremo y el volumen del sumario podría retrasar la resolución definitiva hasta 2022, según fuentes cercanas a los acusados, que esperan en libertad con algunas medidas cautelares después de que se rechazara su ingreso inmediato en prisión en aplicación de los mismos criterios que retrasaron la ejecución de la pena en el caso de Iñaki Urdangarin. EN estos años, De Miguel ha seguido trabajando para una sociedad pública autonómica llamada Hazi. Tras varios ascensos y subidas salariales, en 2020 percibía 52.000 euros anuales, un dato que su superior, Asier Arrese, ocultó en el Parlamento Vasco. Precisamente en las últimas semanas ha trascendido la noticia del salto de uno de los tres jueces que componían el tribunal, Jaime Tapia, al Gobierno vasco. De la mano de una consejera del PNV, Beatriz Artolazabal, se encargará de coordinar el nuevo modelo penitenciario de Euskadi que se pondrá en marcha desde abril tras la llegada de la transferencia de Prisiones que ultiman los Ejecutivos central y autonómico.

“Una rebelión distinta”. El fiscal Fidel Cadena empleaba esta expresión para definir el procés cuando el Ministerio Público llevaba casi cuatro horas de informe final. Tres palabras que sirven para condensar la particular rebelión que se produjo en Catalunya a criterio de los fiscales. Distinta porque no hubo armas pero hubo violencia. Distinta porque se produjo desde los propios poderes públicos y no para tomar el control de la administración desde fuera. Y distinta porque el “golpe de estado” se alargó durante los meses de septiembre y octubre de 2017, no en una intentona concretada en pocas horas como el 23-F.

Este alzamiento violento sostenido en el tiempo es uno de los elementos del informe final de los fiscales que más ha sorprendido a las defensas. Se ha encargado de sustentarlo el fiscal Jaime Moreno. “Ha sido probado que desde el 19 de septiembre hubo violencia”, ha proclamado Moreno. Pese a no ser todos los episodios de la misma intensidad, Moreno ha puesto en el mismo cajón de la violencia las protestas del 20-S en Economía, las concentraciones en los colegios el 1-O para impedir que la Policía se llevara las urnas y las manifestaciones frente a cuarteles y comisarías de septiembre y octubre de 2017, que Moreno ha calificado de “hostigamiento”.

Dentro de este “periodo insurreccional” –misma expresión que empleó el teniente coronel de la Guardia Civil que comandó las pesquisas del 1-O, Daniel Baena–, Moreno ha llegado incluir un hecho que la Justicia ha considerado que no es delictivo: se trata del episodio en Badalona a seis días de la votación en que, con Jordi Cuixart presente, un concejal de la localidad “quitó” carteles del 1-O confiscados por la policía local. A diferencia de los fiscales, la Abogacía del Estado ha limitado como única jornada constitutiva de sedición el referéndum del 1-O.

“No se pueden disfrazar de protesta todos estos hechos, no eran solo una protesta”, ha zanjado Moreno, apuntando así hacia una de las líneas principales de las defensas –en especial las de los líderes cívicos Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, acusados de rebelión pero no de malversación–, que enmarcan tanto la protesta del 20-S como lo sucedido el 1-O dentro de los derechos de reunión y manifestación. Alegan que si bien el referéndum estaba suspendido, no lo estaban las concentraciones en los centros que promovieron los acusados.

La violencia y la autoría

De esta forma, el tribunal tendrá que valorar no solo la disyuntiva planteada entre considerar los hechos como ejercicio de derechos fundamentales o un alzamiento violento para lograr la independencia de Catalunya. Los siete magistrados tendrán que determinar si las continúas y públicas llamadas de los acusados a protestar el 20-S “sin caer en provocaciones”, en palabras de Cuixart; o a votar el 1-O eran reales o eran en realidad una manera de llamar a la violencia, tal y como han sostenido los fiscales.

Respecto a la autoría, Moreno ha empleado tuits, discursos públicos y entrevistas que concedieron los acusados en vísperas al 1-O en los que piden votar para sostener que los líderes del procés “llamaron al enfrentamiento” con la Policía. Por ejemplo, un tuit del exconseller Josep Rull en el que agradecía las concentraciones en los centros previas el 1-O, o otro de Carme Forcadell en el que aseguraba que “nada nos parará”. Asimismo, el fiscal ha incluido en la violencia las palabras de Cuixart sobre el vehículo de la Guardia Civil el 20-S, porque si bien el líder de Òmnium llamó a “no permitir la violencia, lo dijo sobre un coche devastado”.

Las llamadas a votar el 1-O eran en realidad al enfrentamiento con los cuerpos policiales porque los acusados, según los fiscales, sabían que los incidentes no eran una posibilidad sino una certeza. El motivo es la trascendental reunión de la cúpula de los Mossos con Puigdemont, Junqueras y Forn el 28 de septiembre en la que Trapero y López advirtieron de que “era seguro que iba a haber enfrentamientos”, ha recalcado Moreno. El fiscal ha dudado de que el resto de miembros del Govern no conocieran el contenido de la reunión, si bien solo participaran en la misma los entonces president, vicepresident y conseller de Interior. El resto de acusados ha negado saber los avisos de los Mossos formulados en el encuentro.

Además, la Fiscalía ha extendido este martes la violencia del procés a la aprobación de las leyes independentistas en el Parlament en contra de lo advertido por el Constitucional, algo que el fiscal Cadena ha calificado de “violencia normativa” perpetrada por la expresidenta Carme Forcadell.

Rebelión sin armas, pero con los Mossos

¿Si no hay armas, puede haber rebelión? Sí, a criterio de los fiscales. Lo ha expuesto el fiscal Javier Zaragoza en su intervención inicial. “El carácter violento de un alzamiento no implica que sea necesario ni la violencia grave ni la violencia armada. No hacen falta ni armas ni militares”, ha aseverado, para a renglón seguido afirmar  que hubo una “violencia física, compulsiva e intimidatoria” y defender que el procés fue “un golpe de Estado” en el sentido de lo propugnado por el filósofo Kelsen.

El fiscal Cadena ha cogido el hilo desplegado por Zaragoza, y ha hecho una comparación del procés con el 23-F –a día de hoy la única condena por rebelión de la democracia española– a cuenta de la intimidación como forma de violencia. “La existencia de la violencia física [en el 23-F] quedaría reducida al zarandeo a Gutiérrez Mellado, que en paz descanse”, ha dicho Cadena, obviando los tiros al techo del Congreso o el despliegue de tanques en Valencia en el golpe de Estado.

Pese a tratarse de una rebelión sin armas, el papel de los Mossos fue “fundamental”, en palabras de Cadena, ya que fueron “utilizados” por el Govern para facilitar la votación mediante el despliegue de una “ineficaz” pareja de agentes en cada colegio. La Fiscalía ha mantenido así su posición del pasado jueves, cuando elevó a definitivo un escrito de acusación en el que sitúa al mismo tiempo a Trapero enfrentado con el Govern por el aviso de disturbios que lanzó tres días antes del 1-O y supeditado a los órdenes políticas del Ejecutivo para facilitar la votación tres días después.

Las defensas, atónitas por las críticas personales

El informe de los fiscales ha dejado atónitas a no pocas defensas por las alusiones personales a los acusados de los fiscales Zaragoza y Madrigal. Más allá de tildar de “motor principal dela rebelión” a Junqueras, el fiscal Zaragoza ha cargado contra el “monólogo” del exvicepresident en su declaración como acusado. “Fue un ejercicio de cinismo sin precedentes”, ha apostillado Zaragoza.

El fiscal, que ha liderado los interrogatorios de la Fiscalía en las 50 sesiones de juicio oral, ha dedicado buena parte de su intervención a negar que los líderes soberanistas sean “presos políticos” y a rechazar que se les juzgue “por sus ideas”. “Los acusados, y todas sus terminales políticas y mediáticas, son conscientes de ello”, ha agregado, en una referencia velada a los medios de tendencia independentista que también ha sorprendido a las defensas.

Tampoco ha dejado indiferente la alusión de la fiscal Consuelo Madrigal a que los acusados formaban “una organización criminal que ha hecho de la administración catalana su particular cortijo”, en especial porque la Fiscalía no acusa de este delito y porque la representante del Ministerio Público ha obviado el control total sobre las finanzas catalanas que tenía el Ministerio de Hacienda. El próximo martes será el turno de réplica de las defensas.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha comenzado su discurso por el Día de Aragón reconociendo los méritos de las tres personas galardonadas este 23 de abril: la cineasta Paula Ortiz (Medalla de las Cortes de Aragón), el cantante, periodista y escritor Joaquín Carbonell (Medalla el Mérito Cultural) y el fiscal de la sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza (Premio Aragón 2019 –máxima distinción ordinaria de la comunidad autónoma).

Especialmente profuso ha sido en la reivindicación de los méritos de Zaragoza. Algo previsible, habida cuenta de que es uno de los fiscales en el juicio del procés. Hay muchos motivos para que Aragón te conceda esta condecoración, ha dicho Lambán, “pero a nadie se le escapa que en este momento se está celebrando un juicio que, para el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, es el más importante de la historia de la democracia en España, y tú, junto al resto de fiscales, estáis rayando a una altura que nos enorgullece a todos los españoles”.

Se está juzgando, ha dicho el presidente aragonés, “a unos ciudadanos españoles que residen en Catalunya en aplicación del artículo 472 del Código Penal, que establece que el delito de rebelión es un alzamiento violento y público”. En la misma línea de sus primeras palabras, Lambán ha asegurado que no sabe cuál será el resultado final, “pero desde el ámbito de la política contemplamos con admiración lo que estáis haciendo. Estáis dando ejemplo desde la Fiscalía, un ejemplo impagable”.

“La supremacía de la voluntad popular sobre la ley es el origen de funestas experiencias históricas”

Con anterioridad, Javier Zaragoza, natural de Alcorisa (Teruel), aseguró que este es uno de los premios que marca y define la vida de una persona, “por la confluencia de mis orígenes y mi trayectoria profesional”. El Ministerio Fiscal, ha señalado, es “pieza clave de la arquitectura constitucional del Estado de derecho y el fiscal es el primer garante de los derechos fundamentales que la Constitución proclama”.

Zaragoza ha recordado las palabras de Felipe VI cuando aseguró que “no hay democracia sin respeto a la ley” y ha hecho hincapié en el sometimiento de todos a las leyes, “ciudadanos y, muy singularmente, los poderes públicos”. La supremacía, ha dicho el fiscal, “de la voluntad popular sobre la ley, y al margen de la ley, está en el origen de funestas experiencias históricas bien conocidas”.

Operación Nécora y lucha antiterrorista

El jurado propuso por unanimidad reconocer a Zaragoza “por su labor en la promoción de la justicia, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público; por su compromiso cívico y por su notoria y profunda vinculación con Aragón”.

Este galardón, explicaron, reconoce “una brillante trayectoria profesional y destacada presencia en casos de narcotráfico como la Operación Nécora o la lucha antiterrorista y la causa sobre el asesinato de Manuel Giménez Abad –presidente del PP aragonés y senador asesinado por ETA en 2011–. Sobresale por su valía moral, su rigor técnico, y el continuo servicio al Estado y su pedagogía, lo que le ha convertido en un aragonés ejemplar y un referente indiscutible en la defensa de los valores constitucionales”.

“Los responsables de la violencia del 1-O fueron quienes usaron a los ciudadanos como murallas humanas”

El fiscal Zaragoza saltó a la palestra en la segunda jornada del juicio del “proces” cuando se pusieron sobre la mesa las acusaciones de la Fiscalía y, como relató eldiario.es, defendió la actuación de las Fuerzas de Seguridad, asegurando que utilizaron una fuerza “legítima y proporcionada” en la represión del 1-O y que los únicos responsables de aquella violencia fueron quienes enviaron a los ciudadanos a actuar como “murallas humanas” contra su actuación.

Además, tachó de “ridícula e injustificada” la actuación de los abogados defensores por realizar, según él, “una denuncia masiva de supuestas vulneraciones” de los derechos fundamentales de los acusados. Su interés, añadió, es “sentar en el banquillo al Estado”, cuya actuación se ha limitado a “aplicar la Ley”.

Zaragoza calificó los escritos de las defensas como “libelos acusatorios basados en un relato alternativo que presentan una visión distorsionada de la realidad”. Los abogados de los doce acusados, dijo, pretenden “desacreditar y desprestigiar la Justicia española y las instituciones democráticas”.

El Gobierno de Aragón concederá el Premio Aragón 2019, máxima distinción ordinaria de la comunidad autónoma, al fiscal de la sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza (Alcorisa -Teruel-, 1955). El galardón será entregado el próximo 23 de abril en la celebración oficial de la festividad de San Jorge, Día de Aragón.

La elección del galardonado coincide con la celebración del juicio del procés, donde Zaragoza es uno de los fiscales. Una figura clave que saltó a la palestra en la segunda jornada cuando se pusieron sobre la mesa las acusaciones de la Fiscalía y, como relató eldiario.es, defendió la actuación de las Fuezas de Seguridad, asegurando que utilizaron una fuerza “legítima y proporcionada” en la represión del 1-O y que los únicos responsables de aquella violencia fueron quienes enviaron a los ciudadanos a actuar como “murallas humanas” contra su actuación.

Además, tachó de “ridícula e injustificada” la actuación de los abogados defensores por realizar, según él, “una denuncia masiva de supuestas vulneraciones” de los derechos fundamentales de los acusados. Su interés, añadió, es “sentar en el banquillo al Estado”, cuya actuación se ha limitado a “aplicar la Ley”.

Zaragoza calificó los escritos de las defensas como “libelos acusatorios basados en un relato alternativo que presentan una visión distorsionada de la realidad”. Los abogados de los doce acusados, dijo, pretenden “desacreditar y desprestigiar la Justicia española y las instituciones democráticas”.

Operación Nécora y lucha antiterrorista

El jurado, apuntaron desde el Ejecutivo autonómico, propuso por unanimidad reconocer a Zaragoza “por su labor en la promoción de la justicia, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público; por su compromiso cívico y por su notoria y profunda vinculación con Aragón”.

Este galardón, explican, reconoce “una brillante trayectoria profesional y destacada presencia en casos de narcotráfico como la Operación Nécora o la lucha antiterrorista y la causa sobre el asesinato de Manuel Giménez Abad –presidente del PP aragonés y senador asesinado por ETA en 2011–. Sobresale por su valía moral, su rigor técnico, y el continuo servicio al Estado y su pedagogía, lo que le ha convertido en un aragonés ejemplar y un referente indiscutible en la defensa de los valores constitucionales”.

El juicio del procés llegó al primer momento en que las palabras significaron algo más que un desmentido, donde las preguntas buscaban de forma directa pillar al acusado en una flagrante contradicción, donde el acusado se vio presionado y no pudo ocultar sus nervios en algunos momentos. Sobre todo, el momento en que la fiscalía hizo por primera vez un claro esfuerzo por sustentar su acusación de rebelión. Había mucho en juego.

Hay un dato que no se puede obviar. La acusación más grave que pende sobre los acusados en este juicio, rebelión, había estado ausente o presente sólo de forma velada en las preguntas de la fiscalía. De más está decir que aparece de forma permanente en las declaraciones de los dirigentes del PP y Ciudadanos. Para estos partidos, el veredicto estaba claro antes de que empezara el juicio. Pero resulta que en Derecho Penal es la fiscalía la que tiene que demostrar que el acusado es culpable.

El jueves era el día de la declaración de Jordi Sànchez, presidente de la ANC en esas fechas. Las preguntas más cargadas de peligro para él tenían que ver con los sucesos del 20 de septiembre de 2017, cuando decenas de miles de personas se concentraron ante la Conselleria de Economía cuando en su interior agentes de la Guardia Civil registraban varios despachos en una operación preventiva contra los planes independentistas de celebrar un referéndum.

Fue un duelo directo entre Javier Zaragoza, con muchos años de experiencia como fiscal de la Audiencia Nacional, y Jordi Sànchez. La tentación de elegir un ganador siempre es grande en periodismo, pero no es muy inteligente en un juicio en el que quedan muchos testigos por declarar y donde cada parte cuenta con varias bazas que jugar.

El interrogatorio de Sànchez sirvió para desvelar la importancia que tuvo ese día 20. La ANC convocó una concentración ante la Conselleria en protesta por las detenciones, pero ya se había empezado a reunir gente antes. Sànchez habló con Joaquim Forn –conseller de Interior–, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y el vicepresident, Oriol Junqueras. También y varias veces con la oficial de los Mossos encargada del despliegue, y el teniente de la Guardia Civil que encabezaba la comisión judicial.

Todo el mundo habló ese día con Jordi Sànchez. Tiempo después, pagó un precio alto por esa notoriedad.

El fiscal quiso aprovecharlo para sostener que era él quien dirigía todo, quien ponía condiciones a las fuerzas policiales que limitaban su trabajo. “Parece que le encomendaron funciones de orden público”, dijo. En ese momento, se oyeron murmullos entre el público. Una de esas personas dijo de forma audible: “¡Qué huevos!”. De repente, todo el mundo era consciente de lo que se estaba jugando y de que el fiscal intentaría no soltar la presa.

Sànchez replicó: “No hay que confundir labores de orden público con el orden público”. Esto último era responsabilidad en ese lugar de los Mossos y de la Guardia Civil, dijo. Uno de los grandes misterios de ese día, para lo que habrá que esperar a la declaración como testigo de Trapero, es por qué los Mossos no tuvieron una presencia mayor en las puertas de la Conselleria.

El encargo del conseller

Por la mañana, hacia las 12.00, el conseller Forn llamó a Sànchez. “Nos dijo 'nos tendríais que ayudar en materia de seguridad, facilitar un pasillo para la entrada (y salida) de la comitiva judicial'”. Interior subcontrataba en él una de las labores más delicadas y más difíciles de ejecutar en una concentración masiva realizada a pocos metros de un edificio oficial.

La ANC aportó su servicio de orden formado por voluntarios y formó ese pasillo, muy estrecho –de no más de metro y medio– porque la acera lo era. La zona se llenó por la tarde con decenas de miles de personas, 40.000, según la Guardia Urbana.

En el escrito de acusación de la fiscalía, esos sucesos se describen como “un asedio de hasta 60.000 manifestantes” que duró 16 horas. Se dice que la comisión judicial “se vio privada de su libertad de movimientos” y que tres vehículos con distintivos de la Guardia Civil y cuatro camuflados fueron destrozados. Los agentes no pudieron salir hasta las cuatro y las siete de la mañana en dos turnos. Los hechos, acusa la fiscalía, fueron “conocidos, inducidos y consentidos” por Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Es una de las bazas que la Fiscalía cree tener para sustentar la acusación de rebelión.

Lo que el fiscal pintaba como negro, para Sànchez era blanco. “Era una protesta en defensa de las instituciones” catalanas contra los registros, no para impedirlos. “La movilización nos sorprendió” por el alto número de personas congregadas. Para la ANC y Òmnium, fue un éxito inesperado y quisieron rentabilizarlo hasta el final. Querían estar allí hasta las doce de la noche y lo hicieron. Hubo otros registros y otras manifestaciones ese día, pero la Conselleria de Economía se convirtió en el epicentro del desafío a la redada, un prólogo de lo que podría ocurrir diez días después en el referéndum.

“¿Sabe que los agentes tuvieron que meterse en el edificio por la mayor agresividad de los manifestantes, que hubo insultos?”, preguntó el fiscal. “No lo sabía”, respondió Sànchez, que destacó que el ambiente fue festivo en general y que incluso contó con actuaciones musicales. “En ningún momento se respiraba tensión”, dijo. Había “absoluta normalidad” también dentro del edificio.

Las fotos de los vehículos

El asunto de los vehículos policiales era delicado para Sànchez, porque se ajusta menos a la imagen de una movilización pacífica. Las fotos de los 4x4 de la Guardia Civil ocuparon unas cuantas páginas en los medios al día siguiente. “Hubo una serie de vehículos que fueron dañados. Una acción denunciable, como yo hice después, hecha por unos pocos individuos no puede ser excusa para criminalizar a una movilización de 40.000 o 60.000 personas”, dijo Sànchez. Luego destacó que “no hubo lanzamiento de objetos” contra la Guardia Civil, los mossos o la puerta de edificio.

Su abogado aportó a la vista unas fotos en las que se ve a unos pocos agentes y mossos en la entrada de la Conselleria, a los fotógrafos subidos a los coches policiales o el pasillo formado por el cordón de voluntarios de la ANC.

Armas abandonadas

Más susto se llevó Sànchez cuando el teniente de la Guardia Civil le dijo que en los coches policiales estaban las armas largas de la dotación. “Me generó una tensión como pocas veces he sentido en una concentración”. Le dijo a Trapero por teléfono: “Haré lo que pueda, pero no es mi responsabilidad”. Luego, hizo que los voluntarios de la ANC formaran un círculo para que nadie se acercara a los vehículos.

El fiscal recuperó más tarde el asunto de las armas para seguir presionando. Preguntó por qué no habían acompañado a un grupo de guardias civiles para que retiraran las armas de los coches. Se desconoce por qué nadie se ocupó de que fueran los mossos los que se hicieran cargo de ellas, otra cuestión que queda para el interrogatorio de Trapero.

Era un momento en que Sànchez comenzaba a estar más nervioso y respondió: “¿Cómo se hace eso? Porque yo no lo sé”. El fiscal Zaragoza siguió, esta vez con un tono de sarcasmo, como si fuera lo más normal que el responsable de manifestación se tuviera que ocupar de eso: “En su caso, parece muy sencillo. Coger un megáfono y pedirlo”. Quizá el magistrado Manuel Marchena detectó que el fiscal se estaba pasando, porque salió al quite y le comunicó que continuara con otras preguntas.

La estrategia del fiscal estaba clara. Convertir a Sànchez en arquitecto de la movilización y responsable de todo lo (malo) que ocurrió: “Era usted el interlocutor (con otros policías). Era un poco responsable de lo que estaba pasando”. No podía dejarlo más claro.

Lo que es indudable es que la presencia de decenas de miles de personas ante un edificio con una comisión judicial dentro en una movilización que se prolongó durante todo un día con una escasa y no muy efectiva presencia de los Mossos y sin más protección que un servicio de voluntarios generó momentos de tensión. Es difícil llegar a la conclusión de que la situación estuvo controlada en todo momento durante 16 horas.

“No pudimos hacer las cosas como hubiéramos querido”, dijo Sànchez al final de su declaración al responder a su abogado.

“Passi-ho bé, passi-ho bé”, cantaban los manifestantes ante la Conselleria de Economía de la Generalitat en la noche del 20 de septiembre de 2017, según recogieron en directo para su informativo nocturno las cámaras de TV3. La secuencia fue reproducida este jueves en el juicio por el 1-O durante el interrogatorio al expresidente de la ANC Jordi Sànchez, quien explicó que se trata de una canción de despedida propia de las fiestas populares. Fue su forma de defender que el destrozo posterior de siete coches de la Guardia Civil fue obra de una minoría y nada tuvo que ver con el espíritu “festivo” y “pacífico” de la protesta.

El enfrentamiento del relato de una protesta pacífica y festiva frente a la versión del asedio a la comitiva judicial que registraba la conselleria adquiere importancia para la causa. No en vano, aquella jornada sostiene buena parte de las acusaciones de rebelión y sedición, los más graves delitos de cuantos responden los procesados. De fondo, la defensa de un procés de siete años sin un solo altercado frente a la violencia presente aquel 20 de septiembre y el supuesto plan que incluía recurrir a ella cuando fuera preciso, como defienden las acusaciones.

Al llegar su turno, el abogado de Sànchez le preguntó si no pudo prever que se fuera a producir un “levantamiento tumultuario y violento” cuando apoyó en Twitter la protesta frente a Economia. “Nunca”, respondió él. “No había un solo precedente. Es más que evidente que (el procés) tiene un ADN pacífico y cívico que nació de manera visible en julio de 2010, en protesta por una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, y que ha ido creciendo sin que nunca hubiera incidentes de violencia”, añadió el que fuera presidente de la ANC, que al frente de la entidad se convirtió en el exponente del independentismo tranquilo y la llamada “revolución de las sonrisas”.

La lejanía entre ambas posiciones se puso de manifiesto desde el principio del interrogatorio de la Fiscalía. Ante Sànchez el turno de preguntar fue para su miembro más locuaz, Javier Zaragoza. El acusado se quejó de la “criminalización” de la Diada que hace el Ministerio Público en su escrito de acusación. El fiscal reconoció que esas manifestaciones son “el ejercicio legítimo de un derecho” y que hubieran sido un “antecedente” sin relevancia “si no fuera por los hechos posteriores”, en referencia a los sucesos frente a la Conselleria.

Y del carácter general del procés a la responsabilidad concreta de Sànchez en la supuesta violencia. Ahí se enzarzaron fiscal y acusado en un tramo importante de la declaración más extensa de cuantas se han producido hasta ahora. Manifestantes queriendo asaltar la Conselleria, siete vehículos de la Guardia Civil dañados y la autoridad judicial escapando del edificio por un tejado ya de madrugada. Este es el relato en el que insistió una y otra vez el fiscal Zaragoza y que Jordi Sànchez intentó rebatir con más suerte en unos episodios que en otros.

“¿Por qué no tomó el megáfono y puso fin a la manifestación?”, preguntó airado Zaragoza. Sànchez le agradeció que tuviera tanta confianza en sus posibilidades, pero alegó que no tenía tanto poder frente a una concentración de entre 40.000 y 60.000 personas. “¡Pero si lo hizo por la noche!”, insistió Zaragoza. Y Sànchez le contestó que a última hora ya había un escenario por el que habían pasado varios artistas, con un potente equipo de sonido que les permitió dirigirse a la masa y que además los medios de comunicación llevaban toda la tarde anunciando que la concentración acabaría a las 12 de la noche.

Aquí se produjo uno de los errores del fiscal Zaragoza, quien aseguró que la comitiva intentaba salir a media tarde, cuando Sànchez se dirigió a los congregados, y no podía porque estos no le dejaban. El expresidente de la ANC tuvo que corregirle. “No, no, no, perdone, a las 19:30 la comitiva judicial no sale porque estaba haciendo su labor. El teniente me dice que va para largo y hago una intervención política porque no hay ningún motivo para desconvocar”, dijo. “Nadie, nadie, nadie estaba impidiendo nada”, añadió.

“¿Pero usted vio cómo quedaron los vehículos de la Guardia Civil?”, lanzó Zaragoza con tono afectado. “Sí, fueron dañados -contestó Sànchez-, pero lo que no es ajustado ni proporcionado es que una acción concreta por parte de unos individuos, se presupone pocos, sea la excusa para criminalizar, penalizar una movilización de 40, 50 o 60.000 personas que estaban presentes de una manera cívica y responsable”. “Señor Sànchez, no se penaliza la manifestación”, zanjó Zaragoza.

“Muros humanos” y violencia en el 1-O

Tras el minucioso interrogatorio sobre tuits, coches destrozados, conversaciones con Forn y Trapero y el cordón de voluntarios del 20-S, la declaración pasó a abordar el 1-O, otra jornada en que ANC y Òmnium Cultural promovieron, según el fiscal, el “alzamiento tumultuario”, propio del delito de rebelión, para imponer la independencia de forma unilateral.

Sànchez negó la mayor cuando Zaragoza le preguntó sobre “muros humanos para proteger colegios”. El interrogatorio bajó de intensidad gracias a una larga explicación del exlíder de la ANC, en la que recordó que ninguno de los autos del Constitucional o del TSJ catalán hacían referencia al derecho de la ciudadanía a participar en el referéndum.

“Que los ciudadanos pudiéramos expresar nuestros deseos en el referéndum no podía tener reproche”, insistió, para a continuación responder con un elogio del “pacifismo” y el “ambiente festivo” en los colegios electorales a la pregunta de Zaragoza sobre si promovió ocupaciones en los centros para torpedear la orden judicial que impedía el 1-O.

La única responsable de la “violencia” el 1-O, reprochó, fue la Policía y la Guardia Civil. “Me consta que en algunos colegios hubo una acción policial desproporcionada y violenta”, aseguró, a lo que Zaragoza replicó preguntando por los lanzamientos de vallas, sillas y cascos a los agentes. “No me constan”, contestó, seco, Sànchez. “Solamente le consta lo otro”, le afeó el fiscal.

Sonó la campana en el ring y el fiscal Javier Zaragoza salió al cuadrilátero golpeándose los puños y con ganas de atizar. No había calentado mucho. Tampoco lo necesitaba. Se había pasado todo el lunes escuchando las alegaciones de las defensas y tenía ganas de devolver cada golpe, corregido y aumentado. Puso el listón tan alto que se podría decir que colocó en una situación delicada a los siete magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Identificó tanto al Estado con las intenciones de la Fiscalía que si el tribunal no admite sus calificaciones de delitos o su petición de penas –es decir, no impone una sentencia dura–, habrá quien dude de si es la Fiscalía o el Estado quien se ha visto derrotado. Un factor más que añadir a la presión ambiental con la que debe trabajar la Sala de lo Penal. 

Zaragoza no esperó muchos minutos para lanzar el primer directo. “Algunos alegatos de las defensas parecen libelos acusatorios basados en un relato alternativo que presenta una visión distorsionada de los hechos”, dijo el fiscal. Miraba especialmente a Andreu Van den Eynde, abogado de Junqueras, al que tiene enfrente, y el letrado más duro, el más político, de la otra parte. Van den Eynde le respondía de vez en cuando con una media sonrisa. Las apariencias cuentan en la sala. 

Más adelante, levantó la voz, lo que no es habitual en esta Sala, para negar que se hubieran conculcado los derechos de los acusados: “No se ha registrado ningún domicilio de ellos, ningún despacho de ellos, no se ha controlado su teléfono”. Por aquello del decoro, no dio golpes a la mesa. 

Zaragoza dedicó amplio tiempo a refutar la idea de que los nueve acusados están en el banquillo por sus ideas, una denuncia habitual entre los independentistas. A eso lo llamó “falacia de colosales dimensiones”. Ser independentista no es delito, dijo. “No es el independentismo lo que se juzga. Son los gravísimos hechos que se produjeron en su mayoría en septiembre y octubre de 2017 los que son objeto de enjuiciamiento”. 

Como singular argumento de autoridad, el fiscal se refirió a un editorial de El País (sin dar el nombre del periódico) con una opinión similar a la suya. “No se juzga a dirigentes que pedían libertades, sino a dirigentes que querían anularlas”, decía el texto, según él. Los artículos periodísticos de opinión no se suelen citar para reforzar las posiciones propias en los juicios, pero esta vista no es como las demás.

Con tantos conceptos políticos en disputa, tenía que ocurrir que Zaragoza también hiciera comentarios que podemos encontrar en un editorial de prensa o un debate parlamentario. Llegó a sostener que “la mayoría silenciosa de Cataluña” en un 60% decidió no participar en el referéndum de independencia. Tampoco es frecuente que un fiscal recurra a un ardid retórico tan habitual entre los políticos: afirmar que ellos son los que representan a la mayoría con independencia de lo que digan los resultados electorales. Como es silenciosa, nadie te puede desmentir.

En su contestación a los argumentos de la defensa, Zaragoza hizo un resumen del concepto de derecho a la autodeterminación. Ahí no hubo campo para innovaciones de estilo. Fue muy preciso y acusó a sus rivales de ignorar las resoluciones de la ONU que establecen límites a los países en que se puede aplicar tal derecho, porque se invocó desde 1945 pensando en los lugares que aún no habían sido descolonizados en los imperios británico y francés, sobre todo. Eso descarta, según Zaragoza, “a los estados con un sistema de autogobierno”.

Zaragoza tenía dinamita para todos. Sacudió a los catedráticos de Derecho penal que firmaron un manifiesto en el que niegan que se produjera el delito de rebelión en el procés. Los despreció diciendo que no son gente que tenga mucha autoridad o prestigio entre los juristas.

También desdeñó al tribunal de Schleswig-Holstein que negó la entrega de Carles Puigdemont. Está claro que Zaragoza aún sangra por esa herida. Para el fiscal, es intolerable que alguien cuestione a la justicia española, pero él sí tiene ideas muy claras sobre lo que debía haber hecho el tribunal alemán. 

Después intervino otro fiscal, Fidel Cadena. Lo interesante de sus palabras es que, sin que fuera necesario en este momento del juicio, planteó algunas razones por las que se debe condenar a los acusados por el delito de rebelión. 

Todo ello pasa por una descripción apocalíptica de los acontecimientos de Catalunya el 1-O. Habló de “murallas humanas” que se lanzaron contra las fuerzas de seguridad en una imagen pavorosa muy habitual en las películas de ciencia-ficción. Acusó a los mossos de ponerse “completamente del lado de la rebelión”. Hay que deducir que Zaragoza y Cadena no comprenden cómo el exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero no ha pasado un año y medio en prisión si esa es la visión que van a dar de la conducta de la Policía autonómica en el procés. Al final, va a resultar que Trapero tuvo suerte de que su caso se quedara en la Audiencia Nacional. 

Vox se estrena con un planchazo

La jornada del miércoles ofreció la primera intervención de Vox en el juicio como acusación popular. De entrada, su abogado Pedro Fernández se complicó la vida, decidió comenzar con una cuestión de orden que habría complacido a los votantes del partido y acabó con un golpe de toga en toda la cara. 

Fernández comunicó al tribunal que un acusado –Jordi Sànchez– llevaba “un adorno que parece ser un lazo amarillo” y lo consideraba una falta de respeto a la justicia. El juez que preside el juicio, Manuel Marchena, podía haber respondido el jueves, junto a otras cuestiones de las defensas, pero ya estaba preparado. Anunció que “el Tribunal Supremo hace suya la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, que en dos sentencias de 2017 y 2018 condenó a Bélgica y Bosnia por no permitir que los acusados de un juicio llevaran símbolos religiosos. Y para el caso, el argumento valía igual para símbolos religiosos o ideológicos. 

Si Vox creía que iba a ganar con poco esfuerzo unos cuantos titulares favorables en los medios más hostiles al lazo amarillo, Marchena frenó en seco a sus abogados. Los lazos amarillos pueden llenar páginas de periódicos y tertulias de televisión. En un tribunal que lo hace todo pensando en lo que pasará en Estrasburgo, no da ni para que un magistrado levante una ceja. Ustedes pierdan el tiempo con los lazos amarillos, yo me tengo que ocupar de un juicio. 

El guante blanco que protagonizó la sesión inaugural del juicio del procés ha desaparecido de la segunda jornada para mostrar en toda su crudeza las graves acusaciones de la Fiscalía. En el centro de la intervención de sus representantes ha estado el convencimiento de que la declaración de independencia fue la culminación de un proceso violento que sustenta la acusación de rebelión y la petición de tan elevadas penas de cárcel.

A la corrección no exenta de contundencia de los abogados de las defensas en el día de ayer le ha dado el relevo una intervención del fiscal Javier Zaragoza. La exposición del fiscal se ha centrado en acusaciones de “ridículo” hacia los abogados defensores, el desprecio por las opiniones jurídicas que descartan la rebelión y el ensalzamiento de un editorial de El País en la línea con los postulados del Ministerio Público.

La Fiscalía se repartió entre la intervención de Zaragoza y otra, más mesurada y técnica, de Fidel Cadena. Este definió el proceso soberanista como un “cóctel explosivo” de ruptura “unilateral” con el Estado, la “separación del derecho” y la “negación de las funciones constitucionales del Estado”. A ello hay que sumar el ingrediente violento, consistente, según la Fiscalía, que un cuerpo armado como los Mossos d'Esquadra se situaran “al lado de la rebelión” y las “murallas humanas que se lanzan” contra Policía y Guardia Civil cuando éstos intentan evitar el referéndum del 1-O, en aplicación de los mandamientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Los planes de utilizar a los Mossos y a las “murallas humanas” ya estaban, según los fiscales, descritos en los documentos Enfocats, incautado a Josep Maria Jové, número dos de Oriol Junqueras, y en el Libro Blanco que surgió de un consejo asesor en la época de Artur Mas.

Para cuando ha comenzado la intervención de Cadena, su compañero Zaragoza ya había apuntado en varias direcciones. Poco ha tardado en calificar los escritos de las defensas como “libelos acusatorios basados en un relato alternativo que presentan una visión distorsionada de la realidad”. Los abogados de los doce acusados, ha dicho, pretenden “desacreditar y desprestigiar la Justicia española y las instituciones democráticas”.

“Ridículo” de los abogados

Zaragoza no solo ha entrado en el cuerpo a cuerpo con las defensas sino que ha llegado a tachar de “ridícula e injustificada” la actuación de los abogados por realizar, según él, “una denuncia masiva de supuestas vulneraciones” de los derechos fundamentales de los acusados. Su interés, añade, es “sentar en el banquillo al Estado”, cuya actuación, ha dicho el fiscal, se ha limitado a “aplicar la Ley”.

Tampoco han faltado reproches al tribunal Schleswig Holstein, del que Zaragoza ha dicho que “quebró” la orden europea de detención al negar la entrega a Puigdemont para ser juzgado por rebelión. Y las críticas han alcanzado a los 120 catedráticos y profesores de derecho de distintas universidades españolas que rechazaron, en un manifiesto publicado por eldiario.es, que los hechos acaecidos durante el proceso soberanista pudieran comportar los delitos de rebelión o sedición.

Frente a esas críticas, el respaldo de Zaragoza a las Fuezas de Seguridad y al diario El País. De las primeras ha dicho que utilizaron una fuerza “legítima y proporcionada” en la represión del 1-O y que los únicos responsables de aquella violencia fueron quienes enviaron a los ciudadanos a actuar como “murallas humanas” contra su actuación. Identificar, ha continuado, la intervención policial con la tortura o tratos degradantes es, a juicio del fiscal, “un disparate jurídico de dimensiones importantes”.

Sobre el editorial del citado medio de comunicación, al que no mencionó, se congratuló de que acertara a responsabilizar a los acusados de querer “arrebatar libertades” y no de actuar, como defienden, para ampliárselas al pueblo de Catalunya.

Zaragoza ha cerrado su intervención con una analogía entre el proceso soberanista y el plan Ibarretxe de 2005 que ha desconcertado a las defensas. “El diálogo desde la imposición no es aceptable en una sociedad democrática. Parece que el ejemplo no ha cundido”, ha dicho Zaragoza respecto el plan del exlehendakari.

Abogacía y Vox, secundarios

Por su lado, la Abogacía del Estado y Vox han tenido intervenciones más cortas que la de los fiscales y centradas en su mayoría en asuntos técnicos. La abogado del Estado Rosa María Seoane solo ha empleado dos minutos para rebatir las acusaciones de la defensa de que se las somete a un juicio injusto. “Esto es un juicio penal con todas las garantías y un ejercicio del derecho penal democrático”, ha defendido.

De hecho, Marchena ha cortado de raíz la primera petición política del partido de extrema de derecha, que ejerce la acusación popular. El letrado de Vox Pedro Fernández ha pedido al tribunal que prohibiera emplear en la sala “el adorno que parece ser el lazo amarillo”, y que en la sesión de este martes lució el expresidente de la ANC Jordi Sànchez. Los exconsellers lucen el pin de la Generalitat.

Marchena, citando dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo contra Bélgica y Bosnia -“Bélgica, Bélgica, ha reiterado el magistrado- ha desestimado la petición en base a la doctrina europea, que permite a los acusados lucir símbolos religiosos o ideológicos en sus declaraciones judiciales. Una nueva muestra de que Estrasburgo planea en el salón de plenos del Supremo.

Zaragoza y Cadena han liderado la respuesta de las acusaciones a las denuncias de vulneraciones de derechos fundamentales planteadas por las defensas. Más que su contundencia y el papel secundario de la Abogacía del Estado, que ya esperaban, los abogados de los líderes soberanistas consultados han valorado de forma positiva que los fiscales y el resto de acusaciones acepten jugar en el terreno de juego de los derechos fundamentales que plantearon las defensas este martes.

El único abogado que lo ha verbalizado dentro de la sala ha sido el letrado de Junqueras y Romeva, Andreu Van den Eynde. “Celebro que el debate del juicio se centre en los derechos humanos”, ha ironizado. Su cliente declarará este jueves.

La declaración de Artur Mas ante el juez Pablo Llarena ha estado salpicada de referencias a la consulta del 9 de noviembre de 2014, celebrada cuando él era presidente de la Generalitat, y de comparaciones con la que se celebró el 1 de octubre pasado, origen de la causa por rebelión, sedición y malversación que se sigue en el Tribunal Supremo. En un momento de las tres horas de intervención de Mas, el expresident asegura que tenía el convencimiento de que el 1-O tendría los mismos efectos que el 9-N, pero que los acontecimientos se precipitaron porque, a diferencia de en 2014, hubo represión “policial”, han relatado a eldiario.es fuentes presentes en la sala.

“El Gobierno tenía recursos suficientes para desnaturalizar el referéndum y dejarlo en nada. Yo pensaba que podría ocurrir lo mismo que pasó el 9-N: nadie actuó ese día porque nadie atribuía efectos jurídicos a esa votación. Si pasó lo que pasó el 1 de octubre fue porque se reprimió policialmente”, declara Mas durante el interrogatorio del fiscal Javier Zaragoza.

Esta afirmación provoca una respuesta airada del fiscal. “No me lo compare. Ustedes habían creado una legalidad específica que fue suspendida por el Tribunal Constitucional”, replica Zaragoza. En el intercambio de pareceres, Mas continua en su tesis sobre el 1-O, en el sentido de que las leyes que se aprobaban quedaban sin efecto cuando el Constitucional las suspendía. Como ejemplo, pone ante el juez la disolución de la sindicatura electoral.

El expresidente Mas fue condenado a dos años de cárcel por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por un delito de desobediencia en relación con la consulta del 9-N, fallo que está recurrido ante el Supremo. Según el relato de Mas este martes ante el juez Llarena, su pronóstico con el 1 de octubre iba en ese sentido. “Como políticos, debíamos contar con que el riesgo era un delito de desobediencia y lo que nos jugábamos era esto”, declara a las preguntas del fiscal Zaragoza.

Según desarrolla Mas, la celebración de un referéndum está “destipificado” como delito desde 2005. Se trataría, por tanto, de un “conflicto de competencia” que se dilucida ante el Tribunal Constitucional, dice, antes de recordar que el Gobierno central ha desobedecido “muchas veces” las sentencias del tribunal que interpreta la norma fundamental del Estado. El Gobierno, según la tesis defendida por el expresident, se empeñó en que la imagen del 9-N no podía repetirse el 1 de octubre y optó por la represión policial. “Fue un error político monumental”, dice ante el juez Llarena.

“Jové no pudo apuntar gran cosa”

Artur Mas, como otros investigados, ha negado que existiera un “comité estratégico” del proceso soberanista, como recoge el documento Enfocats. “Son reuniones ordinarias que los políticos tienen para desarrollar sus programas políticos”, dice al fiscal. También ha restado importancia a la agenda de Josep Maria Jové como prueba. “No podía apuntar gran cosa porque estuvo en unas pocas reuniones”, afirma Mas.

El camino a la independencia estuvo impulsado, añade, por el resultado de las elecciones en 2012. Antes que una hoja de ruta, viene a decir Mas, hubo un programa electoral que indicaba que había que negociar con el Gobierno central. Mas ha contextualizado la relevancia en el procés de ANC y Òmnium con el hecho de que en Catalunya, la sociedad civil practica activamente la “autoorganización”.

En este punto es cuando el expresident hace referencia a las reuniones secretas entre su Gobierno, el Ejecutivo central y el PSOE antes de la consulta del 9-N. “Se estableció un canal de negociaciones que estuvo activo durante un año y medio”. Sin entrar en detalles, el expresident aseguró ante Llarena que en el caso del 1 de octubre también hubo confianza en el acuerdo hasta el último momento. “Hasta el último minuto se confió en que se podría, y debía, llegar a un acuerdo con el Gobierno central”, ha dicho textualmente este martes en la sala para aforados del Supremo, según las fuentes consultadas.

A continuación, el investigado reconoce que estaba acordada la vía unilateral para la celebración del referéndum, pero no para la proclamación de independencia. Según coinciden las fuentes consultadas, la frase de Artur Mas es la siguiente: “Efectivamente, si no se negociaba, se llevaría a término igualmente. El referéndum, sí. La declaración de independencia, no. Era un acto puramente parlamentario que no iba más allá del puro simbolismo. Sin eficacia alguna”. Mas continúa asegurando que la declaración podía ser “políticamente vinculante, pero no jurídicamente vinculante”. Por eso se votó como propuesta de resolución (la declaración de independencia), ha añadido.

En ese punto, el fiscal Zaragoza pregunta si no es más cierto que la resolución no tiene efectos jurídicos por la aplicación del artículo 155, a lo que Mas contesta de forma negativa. ¿Para qué tiene que celebrarse entonces una sesión que suspendiera esa declaración de independencia?, pregunta Zaragoza. Es cuando Mas alega el intercambio epistolar con Rajoy como forma de evidenciar la postura del Govern respecto a las exigencias del Ejecutivo central de que declare formalmente con todas las letras que no había habido declaración de independencia el 10 de octubre.

Una vez conocidos los candidatos de la coalición de Podemos y de Ciudadanos, la única incógnita de cara a las próximas elecciones vascas será si Arnaldo Otegi puede o no concurrir como cabeza de cartel de la marca de la izquierda abertzale, EH Bildu. Sobre él, como complemento a su condena de cárcel por el ‘caso Bateragune’ por colaboración con ETA, pesa una inhabilitación como cargo público hasta 2021 y la Fiscalía, apoyada por PP, UPyD, Ciudadanos y la agrupación de víctimas Covite, ha activado ya todos los resortes legales para hacer cumplir esa sentencia antes de los comicios. Otegi insiste en que no hay ‘plan B’ porque las reclamaciones contra él no tienen recorrido jurídico.

La coalición EH Bildu (formada por Sortu, EA, Aralar y Alternatiba) conoce bien (y lo sabe rentabilizar) lo que es iniciar una campaña a la espera de una comunicación del Tribunal Constitucional, que es donde con toda probabilidad acabará el contencioso que se iniciará en la Junta Electoral de Gipuzkoa e irá recorriendo otras instancias.

El precedente es de 2011, cuando la formación recibió a ultima hora el plácet para concurrir a las elecciones municipales y forales tras sortear su ilegalización. Algunas voces, sobre todo el PSE-EE, insisten en que persistir en la batalla jurídica sólo beneficiará a Otegi al alimentar su victimismo.

Sea como fuere, la pugna jurídica ha devuelto a primer plano a la izquierda abertzale sin necesidad de presentar un programa electoral. En los últimos años, EH Bildu había perdido fuelle con la irrupción de Podemos y ya no parece en condiciones de ser la alternativa al PNV, como en 2012.

Otegi, histórico líder de HB, EH y Batasuna, salió en marzo de la cárcel de Logroño tras seis años entre rejas. Además de la pena de prisión, en su sentencia se recogía también la condena de inhabilitación hasta 2021. ¿Cuál es el problema? Existe un precedente, el de Iker Casanova, también de EH Bildu, que pudo ser parlamentario en la actual legislatura vasca, ya que el fallo judicial nunca precisó para qué cargos era efectiva la inhabilitación. A ello se agarra la izquierda abertzale en lo jurídico, aunque en lo político prefiere lanzar un mensaje de “desobediencia” a España.

Otegi ha llegado a decir que no habrá Ejército o Guardia Civil que le impidan acceder al Parlamento Vasco. O también, más poético, que podrán “cortar todas las flores, pero no detener la primavera”.

Precedente del parlamentario Casanova

EH Bildu está tan convencida de que no prosperarán las impugnaciones contra la candidatura de Otegi por este precedente de Casanova que hace unos meses, cuando se ventilaba su condena de cárcel y se confirmó en un auto la inhabilitación hasta 2021, ni siquiera presentó un recurso ante el Tribunal Supremo. “No hay plan B”, repiten desde la coalición. No hay candidato alternativo (aunque la número uno por Álava, Miren Larrión, tiene mucha proyección) y Otegi estará en la campaña ocurra lo que ocurra en los tribunales.

Entretanto, la Fiscalía ha buscado nuevos argumentos para sortear el precedente de Casanova. Uno de ellos, según el escrito del fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, es que la inhabilitación para cargo público tiene una accesoria de inhabilitación para sufragio pasivo, es decir, para que no pueda ser votado en las urnas.

Esta circunstancia no se daba en el caso de Casanova. “El nombre de Otegi no aparecerá en las papeletas”, ha llegado a garantizar el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Pero ni siquiera esta argumentación es aceptada por todos los juristas. Quien más claro lo ha dejado es el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, que ha declarado que “hay argumentos para sostener la postura de EH Bildu” y que la jurisprudencia abierta por la inhabilitación de Casanova es de aplicación también para Otegi, porque la inhabilitación para el sufragio pasivo es una “accesoria” del veto a ser cargo público, no otra condena adicional.

No obstante, Calparsoro “acata” las directrices de Zaragoza porque en derecho “nada es blanco o negro” y existen “márgenes para la interpretación”. Apela a que sea el Tribunal Constitucional el que tenga la última palabra.

El primer juicio mediático por presunto enaltecimiento del terrorismo a través de las redes sociales se celebrará el próximo 12 de julio en la Audiencia Nacional. En el banquillo, César Strawberry, líder del grupo de rap-metal Def con Dos, quien se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 20 meses de cárcel por el contenido de seis comentarios en Twitter y un retuit.

La mañana del 19 de mayo de 2015, tres agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil, la unidad antiterrorista, se presentaron en el domicilio de Strawberry en Madrid, le requisaron su teléfono y se lo llevaron detenido, en régimen de incomunicación. César Montaña Lehman, el verdadero nombre del artista, supo después que era uno de los detenidos en la tercera fase de la Operación Araña, una redada de la Guardia Civil en busca de internautas, sin relación entre sí, que hubieran ofendido a las víctimas, pero solo a las de ETA o el GRAPO.

Desde entonces, el camino hasta el banquillo de Strawberry ha simbolizado la falta de un solo criterio judicial sobre las expresiones vertidas en las redes sociales. De fondo, el debate entre la preeminencia de la libertad de expresión, abrazada por el sector progresista de la judicatura, frente a una pretendida defensa de una parte de las víctimas del terrorismo, estandarte de la mayoría conservadora.

El caso de Strawberry recayó en José de la Mata, el sustituto de Pablo Ruz en el Juzgado de Instrucción número 5. De la Mata citó a declarar a Strawberry y, en su despacho, escuchó al artista decir que él jamás ha respaldado la actividad de ETA ni de ninguna otra organización terrorista. Le explicó su trayectoria artística, cómo ha puesto el sentido del humor y la ironía al servicio de causas como la lucha contra la violencia machista y que Twitter es uno de los medios de expresión que utiliza. Otros medios, como la banda sonora de Acción Mutante, la película de Álex de la Iglesia sobre un grupo terrorista de discapacitados, nunca le causaron problemas con la Justicia.

El juez archivó la causa por enaltecimiento del terrorismo en un auto en el que afirmaba que, “en realidad, lo que revela el patrón de comportamiento de esta persona es aparentemente lo contrario”. “Lo acreditado es que, desde su particular concepción del arte, el imputado ha mostrado en público su compromiso social con distintas causas, expresándose siempre, eso sí, desde una estética provocadora, irónica y sarcástica, buscando generar en los receptores perturbación, disconformidad o escándalo”.

El papel de la Fiscalía

Pareció el fin de los problemas de Strawberry en la Audiencia Nacional. Sin embargo, el fiscal Carlos Bautista recurrió el auto de archivo y llevó el caso hasta la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de abrumadora mayoría conservadora. Precisamente Bautista había protagonizado meses antes un incidente en Twitter. El fiscal había sido descubierto oculto tras un alias en una cuenta de la red social desde la que se dedicaba a despreciar y mofarse de compañeros de la Audiencia Nacional e, incluso, de la Guardia Civil. Pidió disculpas y no recibió sanción alguna por ello.

Una vez finalizada la actividad terrorista de ETA, la fiscalía del tribunal especial, que dirige Javier Zaragoza, ha dado un fuerte impulso a perseguir delitos cometidos en las redes sociales. En este caso, su recurso llegó a la Sección Cuarta, presidida por Ángela Murillo, una jueza conservadora que ha mostrado en público especial sensibilidad con las víctimas de ETA. El tribunal que decidió sentar en el banquillo al líder de Def con Dos estaba integrado también por los conservadores Francisco Martel y Teresa Palacios. Los tres firmaron un auto en el que advertían de que, como establece la Constitución, “la libertad de expresión tiene ciertos límites”.

El caso de Strawberry se asemeja al del concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata, camino del banquillo por un mensaje en Twitter que escribió hace cinco años, cuando no estaba en política. El juez de instrucción, Santiago Pedraz, se resiste a que sea juzgado por ese mensaje, más aun cuando la persona objeto del chiste, Irene Villa, ha dicho que no se sintió humillada por él. Algo similar ocurre con Eduardo Madina, a quien aludía Strawberry en uno de los tuits por los que será juzgado.

Uno de los mensajes que llevará a Strawberry al banquillo dice: “El fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre, política del Partido Popular, me hace añorar hasta los GRAPO”. Otro señala: “A Ortega Lara habría que secuestrarle ahora”. Sobre este último, el cantante alegó que no se refería al Ortega Lara víctima de ETA sino al destacado militante que es, en la actualidad, de “un partido de extrema derecha”, en referencia a Vox.

En su escrito de acusación, el fiscal Bautista incluye un RT, a pesar de que una norma no escrita de Twitter que entienden sus 300 millones de usuarios en el mundo es que retuitear no significa necesariamente respaldar un contenido. El mensaje en cuestión decía: “¿Se puede llevar una camiseta un estampado de Miguel Ángel Blanco? Lo pregunto desde el respeto y el verano”. El autor original del mensaje no ha sido perseguido.

Bautista también pretendía que Strawberry también fuera juzgado por injurias a la Corona en relación con los siguientes comentarios: “Yo soy de los que desean ver a Felipe de rey cuanto antes… para cargarme en su puta madre con más argumentos”. Los jueces concluyeron que no pueden conferirle, “sin más, un carácter injurioso, distinto del ineducado e inadecuado que refleja, que puede desacreditar más a la persona que emite el tuit que a las personas a las que van dirigidos sus improperios”.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado estimar parcialmente el recurso interpuesto por la defensa de los titiriteros contra la obligación de presentarse en los juzgados todos los días. A partir de ahora, Raúl García deberá presentarse en el juzgado cada quince días y Alfonso Lázaro una vez al mes, según informaron fuentes jurídicas a eldiario.es.

Ambos, sin embargo, permanecerán sin pasaporte y con la prohibición de salir de España, medidas que también acordó el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Ismael Moreno. En un principio, el juez siguió el criterio de la Fiscalía y ordenó encarcelar provisionalmente a los artistas.

La Audiencia Nacional ha eximido ahora a los dos titiriteros, investigados por enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio por una obra del carnaval de Madrid, de comparecer a diario en el juzgado por considerarlo “excesivo”. La Audiencia considera que la presentación diaria en el juzgado es “excesiva”, dado el “escaso riesgo de fuga” de ambos.

En el caso de Alfonso Lázaro se tiene en cuenta “la grave enfermedad degenerativa que padece, que limita severamente su funcionalidad y precisa de cuidados diarios”, al tener un 75% de minusvalía. Los magistrados -Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y Clara Bayarri- consideran que “la imposición de medidas que impliquen desplazamiento y movilidad han de reducirse al máximo” en su caso.

Caso judicial de los titiriteros

La causa sigue su curso y el juez Ismael Moreno ha citado para el 16 de marzo a cuatro testigos presenciales de la obra de guiñol “La bruja y San Cristóbal”, que motivó la detención de los dos titiriteros, además de pedir a cuatro televisiones los vídeos que puedan tener de esa representación.

Moreno ha acordado la práctica de estas diligencias a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y, una vez cumplimentadas, decidirá sobre la petición de sobreseimiento que han formulado los dos titiriteros -Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García Pérez-, quienes permanecieron cinco días en prisión preventiva tras ser detenidos.

Los titiriteros han defendido que los hechos investigados encajan en “el ejercicio al derecho fundamental a la creación artística”, y precisaron que la obra es una “sátira humorística representada con motivo de los Carnavales”.

Los titiriteros exhibieron una pancarta de “Gora Alka-ETA” en el Carnaval de Madrid porque, según apuntó en un comunicado la CNT Granada, querían “representar un montaje policial”.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, tuteló desde Israel la petición de prisión incondicional para los dos titiriteros detenidos en Madrid el 5 de febrero. Allí se encontraba, invitado por el Gobierno israelí, junto al presidente del tribunal especial, José Ramón Navarro, y las esposas de ambos. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dice que pasaron cinco días para mantener dos reuniones, con la presidenta de la Corte Suprema y el fiscal general del país, en el marco de la cooperación antiterrorista. La Fiscalía General del Estado añade que la mujer de Zaragoza se dedicó a compartir experiencias con sus colegas locales acerca de delitos informáticos, su especialidad en España.

Navarro solicitó permiso al CGPJ, como es preceptivo. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran que informó antes del 18 de enero. Por tanto, la invitación de Israel se produjo, como tarde, tres semanas después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenara anular la ficha policial de Binyamin Netanyahu, que el juez José de la Mata había ordenado abrir en el marco de la causa por el asalto a la Flotilla de la Libertad.

Para que la Sala de lo Penal pudiera adoptar tal decisión fueron necesarios antes tres recursos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El primero de ellos se produjo el 12 de noviembre. Dos días después, Israel hizo público que realizaba gestiones con las “autoridades españolas” para anular la decisión emanada del poder judicial. “Lo consideramos una provocación. Esperamos que se resuelva pronto”, declaró a The Jerusalem Post el portavoz de Exteriores israelí, Emmanuel Nachson, respecto a la orden del juez De la Mata. El recurso de la Fiscalía suponía un repentino giro de 180 grados en la postura que mantenía desde hacía cuatro meses.

El acuerdo adoptado por el CGPJ el 28 de enero para el viaje a Israel de José Ramón Navarro suponía aprobar una “comisión de servicio sin derecho a gastos” para el presidente de la Audiencia Nacional entre el 5 y el 10 de febrero, “más los días anterior y posterior si fuera necesario a efectos de desplazamiento”. El objeto del viaje, supervisado antes por el Servicio de Relaciones Internacionales del CGPJ, era “participar en la visita a la Corte Suprema de Israel”. Un portavoz del Poder Judicial ha precisado a eldiario.es a que el viaje incluía sendos encuentros con la presidenta de la Corte Suprema y con el fiscal general.

El presidente de la Audiencia Nacional ha declinado comentar el hecho de que la invitación de Israel al viaje de cinco días incluyera a su esposa. A través de un portavoz, José Ramón Navarro ha destacado que el viaje tuvo carácter oficial y que fue aprobado por el CGPJ.

En lo que respecta al fiscal Javier Zaragoza, éste comunicó a la Fiscalía General del Estado el desplazamiento en el marco de la “cooperación en la lucha antiterrorista”, según una fuente oficial del Ministerio Público. Este portavoz asegura que el Ministerio de Asuntos Exteriores fue informado del desplazamiento. El departamento de José Manuel García Margallo ha declinado realizar comentarios sobre el asunto. Fuentes políticas en Israel aseguran que la Embajada española en Tel Aviv no fue informada del viaje del fiscal jefe de la Audiencia Nacional y del presidente del tribunal y que sus funcionarios se enteraron por casualidad.

Eldiario.es ha consultado al mismo portavoz de la Fiscalía General sobre el desplazamiento a Israel, en las mismas fechas, de la fiscal de Sala en materia de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, esposa de Zaragoza. La Fiscalía General confirmó el viaje de Tejada con el objetivo de exponer a fiscales israelíes “los modelos de organización de la Fiscalía mediante la existencia de fiscales delegados en materia con la adscripción a la Fiscalía de unidades policiales”. Según esta versión, el matrimonio de Zaragoza y Tejada lograron hacer coincidir sendos viajes de trabajo, por motivos diferentes, al mismo país y en los mismos días.

Con Zaragoza en Israel, una de sus subordinadas, Carmen Monfort, solicitó prisión incondicional para los dos titiriteros detenidos el viernes 5 de febrero en Madrid. El fiscal jefe estuvo informado de todos los detalles del caso, según fuentes de la Audiencia Nacional. Con el informe de Monfort, el juez Ismael Moreno envió a los titiriteros a la cárcel. La tormenta que desató ambas decisiones precedió a un cambio de criterio en el Ministerio Público, que se posicionó a favor de la excarcelación de los artistas el día 10.

Crímenes de guerra y delito de lesa humanidad

El juez De la Mata se había visto obligado a archivar el 10 de junio de 2015 la denuncia de tres españoles que viajaban en uno de los barcos asaltados por el Ejército israelí cuando intentaban romper el bloqueo a Gaza y entregar material humanitario. El Ejército israelí mató a nueve personas, hirió a decenas y detuvo y encerró ilegalmente a varios centenares. El magistrado calificó los hechos en su auto de archivo provisional como presuntamente constitutivos de crímenes de guerra y un delito de lesa humanidad.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no recurrió dicho auto, en el que el juez advertía a Netanyahu y sus colaboradores de que la causa sería reabierta si ponían un pie en España. La decisión de De la Mata era la única posibilidad de ejercer la justicia universal que deja la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, impulsada por el Grupo Popular en el Congreso, por procedimiento de urgencia, cuando China advirtió del daño a las relaciones bilaterales las órdenes de búsqueda y captura contra varios de sus jerarcas por el genocidio en el Tíbet.

Es más, la Fiscalía se opuso al recurso que presentó una de las acusaciones en el proceso de la Flotilla de la Libertad contra el auto de De la Mata. Hasta que en noviembre, el Juzgado libró una diligencia de ordenación a la Policía y la Guardia Civil en la que resolvía sus dudas sobre las identidades que ya había ordenado incluir en sus ficheros. Era la constatación de que las filiaciones de Netanyahu, Ehud Barak, Avigdor Lieberman, Moshe Ya'alon, Eli Yishai, Benny Begin y Eliezer Marom pasaban a engrosar los archivos policiales españoles. El objetivo era que saltara una alarma para avisar al juez en cuanto cualquiera de ellos pusiera un pie en territorio español. En cuestión de horas, las bases de datos pasaron a incluir “Benjamin Nentanyahu. n/ Tel Aviv (Israel) el 21-11-1949, hijo de Benzion y Zila”.

Las maniobras de la Fiscalía arrancaron 48 horas después. El primer recurso fue rechazado por el juez, asombrado por el cambio de criterio del Ministerio Público. Este insistió y en un escrito llegó a acusar al magistrado de “reintepretarse a sí mismo”. Ante la negativa de De la Mata, la cuestión alcanzó la Sala de lo Penal, concretamente a su Sección Segunda.

Para resolverla formaron tribunal Enrique López, Concepción Espejel y Ángel Hurtado. Los dos primeros son los jueces apartados de los juicios de corrupción que afectan al PP por su proximidad al partido. El tercero, Hurtado, es de los pocos compañeros de la Sala de lo Penal que han votado en contra de su recusación. Los tres obligaron a De la Mata para que ordenara cancelar de inmediato la ficha policial de Netanyahu y sus colaboradores. El 22 de enero, con Navarro y Zaragoza preparando su viaje a Israel, los subordinados del primero condenaron a los tres españoles detenidos y encarcelados ilegalmente por Israel a pagar las costas del incidente de nulidad que habían presentado.

Avión de la Policía para medalla pensionada

Navarro y Zaragoza protagonizaron conjuntamente una polémica por otro viaje, el que realizaron en el avión de la Policía Nacional a Murcia el pasado 1 de octubre para ser condecorados con la Medalla de Plata al Mérito, que conlleva una pensión mensual y vitalicia del 15% de su salario, según informó Confilegal. Zaragoza ya recibió la Medalla Roja, también pensionada, en 1992. A la vuelta, la Policía Nacional desplazó a ambos a Madrid en helicóptero.

Javier Zaragoza aparece en varias ocasiones mencionado en los de los cables de Wikileaks publicados por El País en diciembre de 2010, siempre como aliado de potencias internacionales. En uno de los cables, la Embajada de Estados Unidos informa a Washington de que Zaragoza les recomienda que abran una causa en relación a Guantánamo, lo que imposibilitaría la aplicación de la justicia universal por parte de Baltasar Garzón. “Es la fórmula que él preferiría”, escriben desde la Embajada de la calle Serrano. Y algo más: el fiscal jefe de la Audiencia Nacional citó la investigación a unos altos cargos israelíes imputados por un ataque a Gaza en 2002. “Iba a pedir que se cerrara el caso en cuanto tuviera conocimiento formal de que Israel ha abierto su propia investigación”, escribieron los funcionarios estadounidenses.

La Audiencia Nacional acaba de dictar la apertura de juicio oral contra el líder de Def con Dos, César Strawberry. En el escrito de acusación, la Fiscalía del tribunal especial solicita para el artista 20 meses de cárcel, ocho años de inhabilitación absoluta y dos de libertad vigilada por un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, contenido presuntamente en seis comentarios en Twitter y un retuit lanzados por el artista desde su cuenta en la red social entre noviembre de 2013 y julio de 2014.

En el brevísimo escrito de acusación, de apenas tres páginas, el fiscal Carlos Bautista enumera los mensajes susceptibles de constituir el delito de enaltecimiento, castigado con hasta dos años de cárcel, según el Código Penal vigente en el momento de los hechos. Junto a ellos realiza las interpretaciones que considera demuestran la culpabilidad de César Montaña Lehman, conocido artísticamente como César Strawberry.

El caso más paradigmático es el del retuit. A pesar de que hacer RT a mensajes de otros usuarios no significa mostrar apoyo o conformidad con los mismos -una norma no escrita en Twitter, pero asumida por sus 300 millones de usuarios en todo el mundo-, el fiscal Bautista insiste en que Strawberry lo “reprodujo, haciendo suyo el contenido”.

“¿Se puede llevar una camiseta con un estampado de Miguel Ángel Blanco? Lo pregunto desde el respeto y el verano”. Este es el mensaje retuiteado por el acusado el 17 de julio de 2014 y cuyo autor original no ha sido perseguido. Según la interpretación del fiscal Bautista, el cantante hacía referencia al asesinato del que fuera concejal del PP en Ermua y “a las manchas de sangre en la ropa”.

Dos de los tuits de Strawberry que le llevarán al banquillo haen alusión al penúltimo presidente de la dictadura franquista, Luis Carrero Blanco. “Franco, Serrano Suñer, Arias Navarro, Fraga, Blas Piñar… Si no les das lo que a Carrero Blanco, la longevidad se pone de su lado”, escribió el 29 de enero de 2014. Para el fiscal, el acusado hizo “loa al asesinato” del que cita como “almirante Carrero Blanco”, al tiempo que hace de ese tipo de atentado “su solución preferida para otras personas”. Un mes antes, Strawberry había escrito en Twitter: “Cuantos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco”, según consta en el escrito que adelantó Vozpopuli.com.

En el auto de apertura de juicio oral, al que ha accedido eldiario.es, el juez José de la Mata recuerda que él archivó la causa contra el artista al no apreciar indicios de delito, pero que la Sala de lo Penal estimó el recurso de la Fiscalía y que debe, por tanto, enviar la causa a juicio. En aquel recurso, el fiscal Bautista se lanzaba contra el juez y le acusaba de “cometer un cierto fraude procesal” y de estar “menos capacitado que el lector medio” por no apreciar delito en los tuits de Strawberry.

Después de tomar declaración a Strawberry, el juez De la Mata había concluido que, lejos de ensalzar a organizaciones terroristas, “en realidad, lo que revela el patrón de comportamiento de esta persona es aparentemente lo contrario”. “Lo acreditado es que, desde su particular concepción del arte, el imputado ha mostrado en público su compromiso social con distintas causas, expresándose siempre, eso sí, desde una estética provocadora, irónica y sarcástica, buscando generar en los receptores perturbación, disconformidad o escándalo”, añadía el magistrado.

Madina no se sintió vejado

Como ocurrió con Irene Villa y el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata, el cantante César Strawberry fue exculpado por una de las víctimas a las que supuestamente humillaba: “Street Fighter, edición post ETA: Ortega Lara versus Eduardo Madina” es el contenido del mensaje en cuestión. Madina fue preguntado en un acto público si se sintió menospreciado y contestó. “No, me decepcionó, me parece una mierda de chiste, pero no, para nada”. Según Bautista, el mensaje invoca “de manera despreciativa las secuelas psíquicas y físicas que ambos sufrieron a manos de la organización terrorista ETA”.

El funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara protagoniza otro de los comentarios recogidos en el escrito de acusación: “A Ortega Lara habría que secuestrarle ahora”, escribió el 27 de enero de 2014 César Strawberry en su cuenta de Twitter. Ante el juez y en declaraciones a los medios, Strawberry explicó que se refería a Ortega Lara como un adversario político de “extrema derecha” y no a una víctima de la banda. Similar argumento utilizó para referirse al tuit “El fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hace añorar hasta los GRAPO”.

Carlos Bautista es uno de los máximos colaboradores del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, en su estrategia de derivar gran parte de los esfuerzos del Ministerio Públio a perseguir delitos de enaltecimiento, especialmente a través de las redes sociales. Se da la circunstancia de que Bautista tuvo que pedir disculpas públicas cuando fue descubierto burlándose de compañeros de la Audiencia Nacional e insultando a la Guardia Civil desde una cuenta de Twitter tras la que ocultaba su identidad.

La Fiscalía también impulsó que el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata esté a punto de sentarse en el banquillo. Como con Strawberry, el juez de instrucción –en su caso Santiago Pedraz- archivó el caso, pero Dignidad y Justicia y el Ministerio Público recurrieron y la Sala de lo Penal les dio la razón. El pasado sábado, el órgano que dirige Javier Zaragoza solicitó prisión incondicional para dos titiriteros por haber presuntamente enaltecido el terrorismo y cometido un delito contra las libertades durante una representación de guiñoles. El miércoles, la Fiscalía rectificó y pidió su excarcelación.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha modificado en cuatro días su criterio sobre la libertad de los dos titiriteros detenidos y ha solicitado su puesta en libertad. Los argumentos son que, a día de hoy, ha disminuido el riesgo de fuga y ya no se da la reiteración delictiva.

El Ministerio Público se pronuncia así ante el recurso de la defensa para la puesta en libertad de Álfonso Lázaro y Raúl García y solicita al juez Ismael Moreno que cambie la prisión incondicional por comparecencias diarias en el juzgado. El Ministerio Público mantiene su acusación por los delitos de enaltecimiento del terrorismo y contra las libertades y derechos individuales. Una condena por ambos podría alcanzar hasta los 7 años de cárcel.

Según la Fiscalía, el recurso de la defensa ha servido para acreditar que ambos detenidos tienen “un arraigo suficiente” que apunta a que no se fugarán.

“También hay que señalar que, en el momento actual, es difícil que se puede repetir los hechos objeto de este procedimiento, por la razón que han sido incautados judicialmente todo el material empleado en la presentación realizada por el investigado, así como la rescisión de sus actuaciones”, añade el escrito fiscal.

El escrito va firmado por el fiscal Pedro Rubira, quien se ha hecho cargo del caso después de que lo asumiera en un primer momento Carmen Monfort, por estar el sábado de guardia. Fuentes de la Audiencia Nacional desvinculan este hecho al cambio de postura en la Fiscalía, ya que quien ha estado tutelando la postura del Ministerio Público desde el primer momento es el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.

La Fiscalía ha aprovechado los argumentos esgrimidos por la defensa de los titiriteros para modificar su postura. Cabe destacar que los guiñoles fueron intervenidos por la Policía desde un primer momento, pero el fiscal Rubira habla que ahora están confiscados “judicialmente”.

Respecto a la reiteración delictiva, eldiario.es informó del textual utilizado por la fiscal Monfort en la vistilla para pedir la prisión incondicional. “No es descabellado que se vuelva a repetir en cualquiera de los espectáculos públicos que se celebrarán estos días en la capital con motivo de las fiestas de carnaval, máxime teniendo en cuenta que el propio investigado ha manifestado que la obra ya se representó con anterioridad en Granada”, afirmó la fiscal el sábado.

Ahora, su compañero dice que se les han rescindido las actuaciones, aunque la Fiscalía desconocía el sábado que tuvieran programadas más actuaciones en el carnaval si se atiende a la expresión “no resulta descabellado que se vuelva a repetir” que expuso ante el juez.