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La Fiscalía del Supremo renuncia a elevar las penas a los exdirigentes del PNV condenados por corrupción en el 'caso De Miguel'

Alfredo de Miguel, en el juzgado de Vitoria tras la condena

Iker Rioja Andueza

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La Fiscalía del Tribunal Supremo ha renunciado a interponer un recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava en torno al 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi y que afecta a exdirigentes del PNV alavés. Según ha podido saber este periódico de dos fuentes judiciales, los fiscales del alto tribunal no han accedido a la petición de sus colegas y no intentarán elevar las condenas en algunos puntos muy concretos del fallo, como la absolución de la acusación por “coacciones” a la empresaria denunciante de la trama, Ainhoa Alberdi. El tribunal, aunque dio por probada la exigencia de comisiones ilegales por parte del ex 'número dos' peneuvista en Álava, Alfredo de Miguel, no vio elementos para considerar que se produjo ese delito ya que no apreció “especial presión” en los intentos de recaudar mordidas.

El 'caso De Miguel', cuya investigación se inició en diciembre de 2009 y cuyas primeras detenciones llegaron en marzo de 2010, se cerró en primera instancia el diciembre de 2019. Los jueces Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria emitieron una dura sentencia contra De Miguel (13 años de cárcel) y otros excargos orgánicos del partido como Aitor Tellería (6 años) o Koldo Ochandiano (7 años)  -el trío compartía una empresa pantalla, Kataia Consulting- o cargos públicos como Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud (7 años). 

Dos elementos hicieron que el fallo se viera limitado. Por un lado, se acreditaron dilaciones indebidas entre la fase de instrucción, dirigida por el magistrado Roberto Ramos, y la celebración del juicio. Por otro, no se vieron seguras las coacciones a la denunciante aunque todas las pruebas que aportó se consideraron válidas y aunque su denuncia desmontara una “asociación ilícita” encabezada por De Miguel para recaudar comisiones ilegales o manipular adjudicaciones de contratos públicos. 

La Fiscalía de Álava -encabezada por Josu Izaguirre- planteó a la del Supremo la posibilidad de recurrir la condena y buscar un castigo más duro en ese punto, pero el equipo del ministerio fiscal allí no ha accedido a ello y se limitará a “solicitar la confirmación de la sentencia”. Tras el parón procesal motivado por la pandemia de coronavirus, el reloj de la Justicia se ha reactivado a primeros de este mes de junio, el plazo para formalizar las apelaciones finaliza en los próximos días y la decisión del ministerio público es ya definitiva. 

No obstante, el alto tribunal sí revisará las condenas del 'caso De Miguel' ya que los acusados sí interpondrán sus recursos de casación. Sus equipos jurídicos ultiman en estos días los escritos. Los letrados de De Miguel -del bufete de Cuatrecasas y liderados por Gonzalo Susaeta- ya adelantaron que insistirán en la teoría de la conspiración y en que se manipularon las pruebas para perjudicarlo. Los condenados esperan la resolución definitiva del Supremo en libertad con medidas cautelares -el tribunal no accedió a la petición de entrada en prisión inmediata de la Fiscalía- y, en el caso de De Miguel y Ochandiano, cobrando un sueldo público merced a sendos puestos en sociedades autonómicas, Hazi y el parque tecnológico de Miñano. 

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