Lo dijo el propio presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), el mismo Domingo de Ramos: en Semana Santa “no hay política”, y de hecho anunciaba que iba a hacer “un paréntesis” en la precampaña electoral de las andaluzas del 17 de mayo para disfrutar de estos días. Esto lo aseguraba en declaraciones tras un acto personal como es acompañar –junto a su esposa– a sus tres hijos a la iglesia del Salvador de Sevilla, de donde sale la cofradía del Amor de la que son hermanos y de la que depende la Borriquita, en la que salen los más pequeños de la cofradía.

Fue dicho y no hecho, porque las elecciones andaluzas están a la vuelta de la esquina, así que estos días su agenda institucional ha estado copada por actos cofrades en Cabra (Córdoba), Cádiz, Granada, Jaén, Málaga en varios frentes y de nuevo en Sevilla capital. En todos los casos ha estado escoltado por su equipo de comunicación institucional, que ha enviado fotografías, notas de prensa y audios incluso en plena madrugada del Jueves al Viernes Santo, cuando acudió a la salida de la popular hermandad del Abuelo en Jaén.

Pero en esta sobreabundancia de presencia cofrade no ha estado solo, ya que –con las elecciones del 17M en el horizonte– se ha movilizado junto a él por toda la geografía andaluza la práctica totalidad de su Consejo de Gobierno, con los consejeros repartidos en sus provincias para honrar a las hermandades hasta sumar un centenar de actos. Sólo ha habido uno que se ha escapado, José Carlos Gómez Villamandos (responsable de Universidad, Investigación e Innovación), que no ha participado en ningún evento al menos de forma institucional.

Una agenda sobrecargada

Salvo el Sábado Santo, en general con pocas cofradías en toda Andalucía, el día más tranquilo fue el Lunes Santo al coincidir por la mañana con la celebración del Consejo de Gobierno andaluz. Eso no impidió que por la tarde Moreno visitase un par de hermandades en Granada (la del Trabajo y la de San Agustín), además de asistir a la salida de la cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate también en la capital nazarí.

Esa misma jornada, los consejeros de Turismo (Arturo Bernal) y Sanidad y Presidencia (Antonio Sanz) realizaron ofrendas florales a dos corporaciones de Sevilla, la de Hacienda y portavoz de la Junta (Carolina España) acudió a la salida de una hermandad en Málaga y la de Fomento (Rocío Díaz) anunció su asistencia al palco oficial de la Semana Santa de Granada. Todos estos actos se incluyeron en la agenda oficial del Gobierno andaluz.

El presidente estuvo acompañando a cofradías el Martes Santo por la mañana en Sevilla y por la tarde en Cádiz, el Jueves Santo en Cabra (Córdoba) y la Madrugada en Jaén. El único respiro se lo permitió el Sábado Santo, sin ningún evento, en contraposición a un Miércoles Santo frenético en el que en Málaga visitó a la hermandad de Zamarrilla y asistió al cambio de guardia de la Legión al Cristo de la Buena Muerte.

Gran despliegue el Miércoles Santo

Ya por la tarde de ese mismo día, y a título personal, cumplió con su cita como hombre de trono con el Cristo de la Exaltación de la malagueña hermandad de las Reales Cofradías Fusionadas. La Junta envió fotografías del presidente en los momentos previos a la salida y con Moreno ya vestido para la ocasión, aunque no remitió imágenes portando el trono.

El Miércoles Santo fue de hecho una jornada en la que el Gobierno andaluz tocó a zafarrancho, ya que se desplegaron por una treintena de actos en las ocho provincias 11 de los 13 consejeros (todos menos el de Universidad y el de Justicia), hasta el punto de que dos visitaron a una misma hermandad –la del Baratillo en Sevilla–, el de Industria a las 11 y el de Sanidad y Presidencia a las 12.15 horas. Con todo, donde hubo más acumulación de consejeros (tres, los de Hacienda, Empleo y Turismo) fue en Málaga el Jueves Santo para el traslado del Cristo de la Buena Muerte a su trono procesional con la Legión de por medio.

En cuatro ocasiones, los consejeros de turno participaron de manera oficial en la procesión del Santo Entierro, en la que es frecuente una gran presencia institucional que suele incluir representaciones de los gobiernos central y andaluz, diputaciones, ayuntamientos y hasta el Ejército. Fueron los casos de la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, en Jimena (Jaén) y la de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, en Sevilla. Al Santo Sepulcro de Málaga lo acompañaron los titulares de Hacienda (Carolina España) y Turismo (Arturo Bernal), y también al Santo Sepulcro, pero en este caso al de Granada, la responsable de Fomento, Rocío Díaz.

Salida de nazareno

Sí resulta más extraño que en la agenda gubernamental se incluyera hasta la salida a título personal de un consejero con su cofradía. Fue el caso del responsable de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, con su hermandad del Prendimiento, un acto en teoría íntimo y anónimo del que se remitió información y fotografía con el protagonista vestido de nazareno (aunque sin antifaz) junto al hermano mayor de la corporación.

De todo el Consejo de Gobierno, la más activa con diferencia ha sido la consejera de Fomento, multipresente en su provincia de Granada, y también han tenido una agenda bastante cargada la de Sostenibilidad y la de Cultura.

El momento más curioso se vivió el Martes Santo con la hermandad del Cerro en Sevilla, en cuya salida coincidieron (vara en mano en la presidencia) Moreno y el presidente de la Diputación y secretario general del PSOE en Sevilla, Javier Fernández. Horas después –ya por la tarde y cerca del Ayuntamiento– veía esa misma hermandad la líder socialista en Andalucía y candidata a la Junta, María Jesús Montero, un momento del que el PSOE envió imágenes pero que no se anunció en la agenda oficial del partido. De la misma manera se procedió con Montero viendo la Semana Santa o acudiendo a actos cofrades en Huelva, Jaén, Málaga, San Roque y Jerez (Cádiz) y Granada.

De las cofradías a los toros

Por cierto, que la bajada del telón de la Semana Santa el pasado fin de semana marcó un cambio de tendencia por parte del Gobierno andaluz, que saltó a la pantalla de los toros, otro terreno en el que suele prodigarse con generosidad. El pistoletazo de salida se dio el sábado con la corrida Picassiana de Málaga, en la que estuvieron los consejeros de Sanidad y Presidencia, Antonio Sanz, y la de Hacienda, Carolina España.

Ya en la mañana del Domingo de Resurrección, Sanz estuvo con el presidente, Juan Manuel Moreno, en el pregón taurino de la Feria de Abril de Sevilla, para acudir ambos por la tarde a la corrida celebrada en la Maestranza y a la que también acudió el rey emérito. “Es casi una obligación del presidente del Gobierno de Andalucía defender una tradición, una cultura, una economía ancestral como es la tauromaquia”, señaló Moreno; “Andalucía es taurina y su Gobierno, también”, apostilló Sanz.

El Gobierno andaluz ha recuperado 685 millones de euros en remanentes de tesorería que dejó sin gastar en los Presupuestos de 2024 y 2025 para destinarlo a ayudas directas a los agricultores y ganaderos más afectados por las borrascas que azotaron la comunidad a finales de enero. El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles una modificación presupuestaria, echando mano del superávit de los dos últimos ejercicios, previa autorización del Ministerio de Hacienda.

La partida se desglosa en tres líneas principales: 500 millones de euros para explotaciones agrícolas en zonas gravemente inundadas; 110 millones para agricultores fuera de las zonas delimitadas o con pérdidas de especial intensidad por viento y desbordamientos y 75 millones destinados a la ganadería extensiva para compensar la pérdida de renta y daños estructurales.

La movilización de todo este dinero se enmarca en el llamado Plan Actúa, que el presidente Juan Manuel Moreno cifró en 1.780 millones para obras de reconstrucción y ayudas directas (no préstamos) a los afectados, para el campo andaluz, autónomos y pymes. La consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España, ha cifrado en 1.410 millones el dinero que ya se ha movilizado, y ha añadido que “el resto lo iremos activando conforme lo vayamos necesitando”.

El consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, ha explicado que su departamento trabaja con “dos cronogramas” para los afectados por la borrasca, una para las ayudas directas y otra para la contratación de obras de emergencia. La concesión definitiva de estas ayudas llegará a los agricultores y ganaderos que lo soliciten el próximo 1 de julio. La orden de ayudas saldrá publicada en el BOJA el 1 de abril, el plazo para solicitarlas se abrirá el día 17; el 5 de junio saldrá la concesión provisional y a primeros de julio llegará el dinero a los afectados, según el calendario de la Junta.

Ayudas de 800 a 15.000 euros por hectárea

El máximo de las ayudas directas a los agricultores será de 150.000 euros, aunque éstas dependerán del número de hectáreas afectadas que acrediten. Si hubiese más solicitudes que presupuesto, se prorratearán, explican fuentes de la consejería. El importe de las ayudas oscila en función del tipo de daño, si está en “capa de inundación” -la cosecha totalmente inundada- o fuera de ella.

Las primeras, las más cuantiosas, se rigen por el reglamento de exenciones y van de 800 euros por hectárea (herbáceos de secano) a 15.000 euros por hectárea (invernaderos y túneles). Las segundas se calculan “en base a un informe particular”, y la cuantía depende si tienen seguro (un 80% de la ayuda) o si no lo tiene (un 40%). Aquí, el derrumbe de un invernadero puede alcanzar ayudas de hasta 200.000 euros son seguro. En cuanto a las ayudas a ganaderos, estas oscilan entre los 100 euros por rumiante y porcino; y los 20 euros en apicultura.

El departamento de Fernández-Pacheco también ha destinado una partida de 16,6 millones de euros para ayudas directas a paliar las consecuencias de la borrasca en el sector pesquero, que estuvo varios días amarrado a causa del temporal.

El pasado febrero, la Junta de Andalucía solicitó formalmente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, permiso para poder usar el superávit de los ejercicios 2024 y 2025 a reparar los cuantiosos daños de la borrasca, y flexibilidad en la regla de gasto, para que esa inversión sobrevenida no computase en la deuda pública andaluza, como concedió el Gobierno de España a Canarias tras el volcán de La Palma.

El remanente de 2024 ascendía a 1.158 millones de euros, proveniente de una reprogramación de fondos europeos, pero el superávit de 2025 se desconocía en ese momento, porque aún no estaba cerrado el ejercicio presupuestario. El Ministerio prevé hacerlo en los próximos días, que rondará los 400 millones, según estimación de la Junta.

“Nos mantenemos firmes en nuestra posición, no vamos a caer en la trampa y no vamos a morder ese anzuelo”. Con estas palabras, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha rechazado de manera tajante la condonación parcial de la deuda autonómica aprobada por el Gobierno central este martes. 

La jefa del Ejecutivo autonómico, siguiendo la línea adoptada por el resto de barones del PP, ha calificado la medida de “un negocio ruinoso para Cantabria”. “Es otra gran mentira del sanchismo, porque ni la deuda se perdona, ni se condona, ni se evapora: tan solo cambia de manos”, ha manifestado a los medios. 

La dirigente popular ha subrayado que el supuesto alivio financiero no se traducirá en beneficios reales para los ciudadanos: “Ni el ahorro de intereses de esa deuda se traduce en más recursos ni en más capacidad de gasto para atender nuestras necesidades, nuestros servicios sociales y nuestra educación”, ha dicho sobre los 809 millones de deuda autonómica cántabra que el Estado asumiría. 

Pese a ello, según sus cálculos, cada ciudadano de la comunidad tendrá que asumir “523 euros más de deuda precisamente por la deuda de Sánchez con los independentistas”. “No vamos a aceptar que las reglas del juego en materia de financiación -y la condonación de la deuda lo es- las marquen los separatistas”, ha añadido. Buruaga ha insistido en que Cantabria mantiene la misma posición “desde el minuto uno”: “La reestructuración de la deuda frente a la condonación, y la reforma del sistema de financiación autonómica frente al apaño separatista”.

Buruaga se ha expresado así en una rueda de prensa junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, tras la firma de un protocolo de colaboración entre ambas comunidades. El jefe del Ejecutivo andaluz también se ha mostrado en contra de la medida aprobada por el Gobierno de Sánchez.

Así, ha defendido que Andalucía “no tiene ningún problema de deuda” y que tiene “solvencia para salir a los mercados, tanta solvencia que no necesita ningún instrumento del Estado para financiarse”. “Está previsto que a partir del año que viene nos financiemos exclusivamente en los mercados”, ha insistido, tras acusar a Sánchez de llevar a cabo “una operación política para salvarse en el poder a costa de todos”.

Las universidades públicas andaluzas están (otra vez) en pie de guerra contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno. No sólo la de Granada, también la de Jaén, Málaga, Sevilla, Córdoba y el resto de campus públicos se sienten golpeados por una política que, denuncian, “asfixia” financieramente al sistema público mientras abre la puerta a la expansión de las universidades privadas.

El último motivo del choque ha sido la autorización de hasta 34 nuevos títulos para tres universidades privadas, muchos de ellos ya existentes en la oferta pública y con escasa empleabilidad, mientras se rechazan o frenan grados y másteres en campus consolidados en las academias públicas. Para la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), que agrupa a los rectores andaluces, se trata del punto más alto de una estrategia deliberada para “mercantilizar y privatizar” la educación superior.

Este clima de enfrentamiento no es nuevo entre la Junta y las universidades públicas en los últimos tiempos, como lo demuestran los encontronazos recientes a cuenta de la financiación. Ahora el Gobierno de Moreno acaba de autorizar un grado de estudios especializados (y de mucho potencial) a una academia privada, a la par que negaba el mismo a las universidades de Granada y Jaén.

Ahí es donde ha saltado la chispa, pero el fuego de la discordia se ha extendido en seguida a otras tres provincias, poniendo en jaque al Ejecutivo, que esta semana se ha apresurado a ofrecerles una segunda oportunidad para impartir dicho grado, intentando frenar la escalada de tensión.

Los rectores de Granada y de Jaén han visto en las últimas semanas cómo la Universidad de Loyola, en Sevilla, obtenía el visto bueno para impartir el grado en Ingeniería Biomédica, al tiempo que la UGR y la UJA se quedaban sin él. Granada, además, perdía los títulos del Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, el Máster Universitario en Inteligencia Artificial Aplicada a las Ciencias de la Salud y el programa de Doctorado en Arquitectura, coordinado por la Universidad de Sevilla y con la colaboración de la de Málaga.

Denegaciones que desde la UGR no se entienden, argumentando que los informes de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) que se oponen a estas titulaciones no son suficientemente claros. Tal es el nivel de malestar en la comunidad educativa, que incluso el Ayuntamiento y la Diputación de Granada se han alineado contra la Junta y en favor de la universidad granadina, pese a estar ambas gobernadas por el PP.

La tensión ha ido escalando en los últimos días, merced a la presión ejercida por las diferentes universidades públicas andaluzas, agrupadas en la AUPA, que denuncian que el Gobierno de Moreno está dándole un trato de favor a las privadas. El portavoz de AUPA y, a la sazón rector de la Pablo de Olavide (Sevilla), Francisco Oliva, considera sorprendente que la consejería del ramo, a través de la Accua, rechace titulaciones en el sistema público, a la par que ha aprobado hasta “34 nuevos títulos de tres universidades privadas” que, puntualiza, en muchos casos ya están repetidos en las universidades públicas y que, por otro lado, apenas tienen empleabilidad. Algo que levanta las suspicacias de la AUPA.

“Privatización y mercantilización”

En un comunicado conjunto, firmado por las nueve universidades públicas andaluzas (todas salvo la UNIA), la AUPA ha elevado el tono contra lo que califican como una estrategia deliberada de “privatización y mercantilización del derecho a la educación superior”. Señalan que la autorización de esos 34 títulos privados por parte del Gobierno andaluz no es un episodio aislado, sino el “punto álgido” de una política que, lejos de ser inocua, ahoga cada vez más al sistema público.

Y lo hace, apuntan, por varias vías: desde la asfixia financiera a las negativas sistemáticas de programas estratégicos, al tiempo que se da luz verde a grados en centros privados que ya están sobradamente cubiertos por la oferta pública y cuya empleabilidad, avisan, es más que dudosa.

Desde la AUPA dan ejemplos de esta política: en la propia elaboración del mapa de titulaciones 2025-2029, la Junta inadmitió el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que proponía la Universidad de Córdoba, alegando “baja empleabilidad específica”. Paradójicamente, ese mismo título figuraba en la cartera de la Universidad CEU Fernando III, una de las privadas que ahora multiplican su oferta. Más reciente, la ya mencionada denegación del Grado en Ingeniería Biomédica para Granada y Jaén, cuando sí ha recibido el visto bueno para Loyola Andalucía.

La consecuencia es que los primeros estudiantes andaluces que se gradúen de este título lo harán de una disciplina que tiene una altísima demanda, pero saliendo de un campus privado sin apenas recorrido en Ciencias de la Salud, mientras se veta la oportunidad a dos universidades con décadas de experiencia en ese terreno. Tampoco pasó el filtro el programa de doctorado en Arquitectura que impulsaban de forma conjunta Sevilla, Granada y Málaga.

Para las rectoras y rectores andaluces también es preocupante la opacidad con la que, denuncian, se manejan los datos de las privadas. Mientras mediáticamente ha sido rápido conocer qué títulos públicos superaban el corte y cuáles no, con sus tasas de éxito bien detalladas, de las privadas poco o nada se sabe. “Esa ocultación deliberada de información, tan relevante para la sociedad, no parece justificada”, lamenta el comunicado de AUPA.

Las universidades públicas no solo reclaman transparencia y rigor, sino que advierten de que cada paso que da la Junta en esta dirección consolida un modelo universitario que ya no sirve para garantizar la igualdad de oportunidades, sino para perpetuar y acrecentar las desigualdades sociales. Señalan que la proliferación de títulos privados en áreas ya cubiertas fuerza a muchas familias a endeudarse para acceder a carreras que podrían estudiar en la pública si no hubieran sido vetadas. Todo ello, recuerdan, mientras se presume de calidad y se engordan las estadísticas a golpe de nuevas acreditaciones.

Por eso, el rector de la Pablo de Olavide y presidente de AUPA, Francisco Oliva, insiste en el “firme rechazo” del sistema público a la oleada de títulos aprobados para las privadas. “Sorprende no sólo por su número, sino porque muchos de esos títulos están repetidos y tienen escasa empleabilidad”. Más difícil aún les resulta a las universidades comprender cómo se ha dado luz verde al proyecto de la Universidad Utamed, pese al voto unánime en contra de los diez rectores andaluces, un “nuevo hito en la estrategia de mercantilización, privatización y falta de igualdad que venimos denunciando desde hace tiempo”.

La Junta adelanta plazos

Fruto de la presión ejercida por las universidades públicas, la Junta ha empezado a mover ficha. La Consejería de Universidad ha anunciado que permitirá a las públicas cuyos grados y másteres han recibido recientemente un informe negativo volver a presentar sus solicitudes ya en septiembre, sin esperar al plazo ordinario de enero de 2026. El objetivo es que, si esta vez consiguen el visto bueno, puedan implantar esas enseñanzas en el curso 2026/2027 y no se pierda más tiempo.

Además, la Junta reforzará la Agencia Accua con dos nuevos funcionarios, uno para la subdirección de evaluación y otro para apoyo técnico, tras meses sin dirección efectiva y en medio de un colapso que ha dejado a cientos de estudiantes preinscritos en titulaciones que luego fueron tumbadas en plena adjudicación. Un anuncio que las universidades reciben con cautela: el propio Oliva ha reclamado “una refundación de la agencia y un cambio de filosofía muy importante”, para que Accua esté realmente “al servicio de las universidades y de la calidad del sistema universitario”.

Mientras tanto, el Gobierno andaluz sigue defendiendo su modelo con datos que presentan una realidad distinta a la que denuncian desde AUPA: el 93% de los títulos universitarios en Andalucía los imparten centros públicos, 22 puntos por encima de la media española.

En másteres, el porcentaje se dispara al 95%. Con estas cifras en la mano, el secretario general de Universidades, Ramón Herrera, rechaza de plano que exista un proceso de privatización. A su juicio, la aprobación de esos 34 títulos se debe en buena medida a que la nueva universidad Utamed está obligada por ley a arrancar con al menos 22 programas simultáneos. Y niega la supuesta “asfixia” económica que denuncian los rectores porque la Junta presume de la mayor financiación para el sistema público de su historia, con más de 1.750 millones.

Con todo, el malestar en las universidades públicas andaluzas está lejos de disiparse. Para ellas, el problema no es solo de cuotas o de fotos fijas, sino de hacia dónde camina el sistema. Y el rumbo, a juzgar por los últimos episodios, sigue girando peligrosamente en dirección contraria a la igualdad de oportunidades que la universidad pública debe garantizar.

El patio de la Diputación de Sevilla presenta un inusual tráfico para ser martes. A un lado y otro se agrupan corrillos de gente que habla sin alzar mucho la voz, como en un velatorio. De hecho, los 21 alcaldes que se han confinado en el edificio de la institución provincial encarnan el cortejo fúnebre de la atención sanitaria en la Sierra Sur de Sevilla. Una comitiva que pretende, ellos sí, alzar la voz contra la Junta de Andalucía, a la que recriminan que, con su omisión de socorro, haya otorgado la extremaunción a la medicina rural en la provincia.

La situación que ha llevado este martes a los representantes municipales de las poblaciones del área sanitaria de Osuna a protestar contra las políticas de sanidad es “insostenible”, claman.

La mañana apenas acaba de empezar y los corros se agrupan en uno más grande. Es la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, quien toma la palabra en primer lugar para verbalizar lo que el acto quiere representar: el hartazgo de las poblaciones que ya fueron hace dos meses a reclamar ante el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, una atención sanitaria suficiente para la población de las zonas rurales. En nombre de sus homólogos, Andújar acusa al Gobierno andaluz de obviar el problema y farfullar excusas evitando tomar medidas al respecto.

Sin embargo, la denuncia de este martes va más allá de condenar el abandono y la dejadez a la que dicen estar sometidos desde hace más de un año. Pretenden hacer despertar la conciencia del resto de la ciudadanía. Para ayudar a ello ello, las camisetas de Marea Blanca en Sevilla van inundando poco a poco el espacio, trayendo con ellas pancartas que terminan por llenar el patio. Las consignas habituales del movimiento se concretan esta vez en casos con nombres y apellidos, los de las víctimas de la falta de personal sanitario que llevan meses denunciando en la Sierra Sur.

El colectivo de Marea Blanca ha querido arropar a los alcaldes que harán noche en las dependencias de Diputación para emprender a primera hora del miércoles una marcha hasta San Telmo. Pero antes, los alcaldes han querido lanzar un grito de socorro al unísono y con los colores de distintos signos políticos, ya que incluso los tres ayuntamientos del PP respaldaron la iniciativa en un primer momento, aunque finalmente no han acudido a la convocatoria.

Tras las declaraciones de la alcaldesa de Osuna, el turno de palabra lo retomó su homólogo en Marinaleda, Sergio Gómez Reyes (IU), quien ha querido poner el foco en la sanidad privada que, en palabras del alcalde, se está beneficiando del estado “raquítico” de la pública. El hastío con la administración regional impregnaba un discurso que apuntala la sanidad como uno de los elementos claves de confrontación entre los ayuntamientos de la Sierra Sur y San Telmo.

Pese a no ser competencia municipal, los alcaldes de las zonas rurales de Sevilla se han puesto al frente de la lucha por la sanidad conscientes del malestar que se respira entre los vecinos. Una lucha que podría estar pasando factura a regidores como el de Marinaleda, quien sufrió un desmayo repentino tras su intervención ante los medios y tuvo que ser atendido y posteriormente trasladado al Hospital Universitario Virgen del Rocío.

El encierro, mientras tanto, sigue su curso como punto de resistencia común ante la Junta. Hasta que abandonen las dependencias de la institución provincial a las 10 de la mañana del miércoles, los alcaldes se muestran abiertos a dialogar con los responsables de la Junta. Una administración que ha presentado este martes en la mesa sectorial con los sindicatos un plan de verano que llega en pleno julio, como le han reprochado los alcaldes, a quienes se les antoja insuficiente para paliar los efectos de años de “abandono” en la atención sanitaria rural andaluza.

La actual directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, Rocío Díaz Jiménez, será la nueva consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, en sustitución de Marifrán Carazo, que deja el Gobierno andaluz para centrarse en su candidatura a la Alcaldía de Granada.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, durante su intervención en el acto de colocación de la primera piedra del nuevo edificio de consultas externas del Hospital Universitario Torrecárdenas, en Almería. Mañana martes, la nueva consejera ya participará en la reunión del Consejo de Gobierno después de que el presidente firme esta tarde el decreto de nombramiento.

Moreno ha destacado que Díaz Jiménez, directora del Patronato de la Alhambra en los últimos cuatro años, es una persona “con una experiencia importante en gestión, firmemente trabajadora y en plena sintonía con el proyecto del Gobierno andaluz”.

Carazo, candidata a la alcaldía de Granada

El pasado martes 28 de marzo, Carazo participó por última vez en la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada en esta ocasión en la estación de esquí de Sierra Nevada. El presidente manifestó, durante una comparecencia conjunta con ella tras la reunión, que con “dolor de corazón”, dejaría de contar en su Gobierno con Carazo, para centrarse en su nueva tarea como candidata del PP a la Alcaldía de Granada.

Marifrán Carazo entró en el primer Gobierno de Moreno en enero de 2019 como consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio desde enero de 2019.

Militante del PP desde 1996, fue secretaria general de Nuevas Generaciones de Granada entre 2000 y 2005 y vicesecretaria regional de Acción Política de Nuevas Generaciones del PP de Andalucía entre 2003 y 2005. Desde 2004 hasta 2007, ejerció como vicesecretaria de Organización y gerente del PP de Granada y también como vicesecretaria general de Política Municipal del PP de Andalucía.

Su trayectoria institucional comienza en el ámbito local al frente de la Concejalía de Turismo, Deportes y Pymes del Ayuntamiento de Granada entre 2007 y 2011, así como vicepresidenta del Instituto Municipal de Formación y Empleo (IMFE), en el mismo periodo. Desde 2011, vuelve a ser concejal de Turismo, Comercio y Ocupación de Vía Pública y vicepresidenta de la Fundación Albaicín. Ha sido parlamentaria autonómica en la Cámara andaluza en varias legislaturas y en las elecciones autonómicas de 2022 fue la cabeza de lista por la provincia de Granada.

No soy de banderas, aunque cuando casi nadie la reivindicaba y hacía falta, la llevaba bordada en los vaqueros. Por esa razón, no me conmueve que este domingo el Gobierno de Moreno Bonilla celebrara el Día de la Bandera. Esa bandera se aprobó en 1918 y su significado e intenciones ya nos vienen de la Constitución Federal de Andalucía de Antequera de 1883.

Lo importante es el 4 de diciembre, aquel de 1977, cuando estaba listo el guiso constitucional. Un día ignorado y temido por el PSOE durante décadas que Moreno recupera poniéndonos una bandera que ya es nuestra sin que nadie nos la tenga que dar. Pero ni el uno ni los otros han querido otra cosa que esconder en un cuarto lleno de humedades las reivindicaciones de los andaluces. Es más, las han dormido, y hasta aborregado a la gente para usar a los andaluces de ariete de su incapacidad para interpretar la pluralidad y la riqueza de matices de los pueblos de las Españas.

El 4 de diciembre fue también una promesa de que el pueblo estaba dispuesto y preparado para una Andalucía distinta que rompiera la inercia de siglos de abandono

El 4 de diciembre de 1977 metimos miedo, el pacto constitucional territorial saltó por los aires. Pero no fue solo el motor de la relectura obligada de la Constitución, fue también una promesa de que el pueblo estaba dispuesto y preparado para una Andalucía distinta que rompiera la inercia de siglos de abandono.

Tan fuerte fue que el PSOE se catapultó montándose en lo que parecía un potro sin domar para luego guardar aquellas ilusiones en el baúl institucional. Este domingo, Moreno Bonilla se hace camisa vieja del andalucismo, lo quiere manosear a su antojo en una suerte de populismo verdiblanco. Ha aprendido rápido, sabe que así se llevó el PSOE casi cuarenta años en el poder. ¿Por qué no ellos también?

Nunca más saldremos tantos a la calle, la decepción es galopante, ya no es el PSOE el partido de los andaluces, gobiernan los moderados, y más del 40% de los andaluces ni siquiera se molesta en votar. Misión cumplida.

El andalucismo, entonces y hoy, era liberador, republicano, federalista, laico, defensor del territorio y su patrimonio natural y cultural. Antirracista, pacifista, solidario, pionero de la igualdad de la mujer, como ya se recogió en los textos de 1883

La osadía y falsificación es tan grande que se afirma que el andalucismo es de todos, hasta de los que siempre lo han combatido sin piedad y malas artes, convirtiendo un pensamiento, que sin praxis no es nada, o en una mano de barniz electoral, para unos, o, para otros, en una suerte de pensamiento idealizado poseído por una élite de místicos alejados de las preocupaciones cotidianas de los andaluces.

El andalucismo de entonces era, como hoy, liberador, republicano, federalista, laico, defensor del territorio y su patrimonio natural y cultural. Antirracista, pacifista, solidario, pionero  de la igualdad de la mujer, como ya de manera temprana se recogió en los textos de 1883.

Convertir el día de las movilizaciones de los andaluces en un día de la bandera es querer de nuevo neutralizar las energías renovadoras con una artimaña de fantasías y colores. No hay andalucismo ni bandera que tape la desigualdad, la brecha social y territorial, la destrucción del medio ambiente, el desmantelamiento de la sanidad y educación públicas, una política fiscal a favor de los poderosos.

No hay nada o poco que celebrar, las banderas no dan de comer, los andaluces seguimos ocultos de la misma manera del gran poeta sevillano, Luis Cernuda: “Andalucía es un sueño que unos pocos andaluces llevamos dentro”. Al menos que nos dejen soñar. 

El brote de listeriosis originado en Andalucía a causa de la venta de un producto de carne mechada contaminado por la bacteria listeria monocytogenes ha provocado la primera gran crisis del Gobierno autonómico de PP y Ciudadanos surgido de la elecciones del pasado 2 de diciembre. La tardanza en lanzar la alerta y la deficiente comunicación con sucesivas rectificaciones apunta a la Consejería de Salud y Familias, dirigida por Jesús Aguirre (PP).

Este mismo lunes el director del centro de coordinación de alertas sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, puso voz a las críticas y admitió que los plazos en la gestión del brote “podrían haber sido más cortos”. Durante una entrevista en la Cadena Ser, Simón, un técnico muy reputado en este campo, no ha querido entrar en guerras con otras administraciones, pero defendió que la detección del problema podría haberse acelerado y alguna de las tomas de decisión podría haberse acelerado también. “No sé si 24 horas o tres días. No es fácil decirlo. Estos brotes no son fáciles de detectar”, apuntó Simón.

El viaje de ocio a Galicia protagonizado por el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, en plena vorágine de nuevos datos relacionados con la empresa responsable de la intoxicación, no ha hecho sino aumentar las incertidumbres sobre la diligencia del Ejecutivo andaluz a la hora de abordar la alerta alimentaria que, de momento, se ha cobrado una muerte, otra en investigación, 196 afectados en Andalucía, tras confirmarse tres nuevos casos de infección en Sevilla y casi un centenar de casos probables o sospechosos en otras ocho comunidades autónomas. 

Mientras tanto, el número de pacientes ingresados en los hospitales públicos y privados con sospecha de infección o con infección confirmada se ha reducido un 20% en 24 horas. Así, el número de personas hospitalizadas este lunes por la noche era de 86 cuando el día anterior se elevaba a 108.

Por su parte, la cuestión, además de cruzar las fronteras nacionales (un inglés que consumió carne mechada en Sevilla), tiene a la vista una investigación penal que acaba de abrir la Fiscalía Superior de Andalucía.

Pero la autocrítica no ha llegado al seno de la Junta: el consejero Aguirre consideró este lunes, a las puertas del Ministerio de Sanidad, que la actuación del Gobierno andaluz ha sido desde el principio “totalmente transparente” e “impecable”.

El portavoz de la Junta en esta segunda parte del mes de agosto, el vicepresidente Juan Marín (Ciudadanos), ha insistido en las últimas horas en que el Gobierno andaluz activó “todos los mecanismos sanitarios” y ha ofrecido “toda la información cada día”, en relación a las ruedas de prensa y los partes distribuidos por la Consejería de Salud y Familias. Eso sí, tampoco ha ocultado algún que otro mensaje dirigido a la gestión del Ayuntamiento de Sevilla, que gobierna el PSOE. “Hay noticias de que parece ser que la empresa no había sido inspeccionada por la inspección sanitaria, que le correspondería a la ciudad de Sevilla, desde hace más de dos años”, ha apuntado Marín.

El PSOE andaluz y Adelante Andalucía han pedido la comparecencia urgente del consejero Aguirre para que ofrezca explicaciones oportunas de cómo se ha gestionado el brote. En términos similares se ha pronunciado incluso Vox, 'socio' de PP y Ciudadanos en el Parlamento.

A nivel nacional, PP y Ciudadanos han solicitado a su vez que la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, dé cuenta de las actuaciones del Ministerio para controlar el brote de intoxicación alimentaria. La misma reclamación ha firmado Unidas Podemos y ERC. La Diputación Permanente del Congreso lo debatirá y votará este martes.

Las primeras informaciones acerca de un posible retraso en la activación de la alerta alimentaria ya generó las primeras acusaciones políticas mutuas hace una semana. Los resultados de los primeros análisis “se dieron incluso antes de lo que se debiera”, han defendido el Laboratorio Municipal de Sevilla, encargado de los mismos. Pese a que el PP andaluz fue muy contudente en los primeros compases de la crisis sanitaria, tildando de “único responsable” al Ayuntamiento hispalense, los mensajes de la última semana se han suavizado y se han centrado en que la Junta está analizando toda la información, recabando datos para lograr que un caso de este tipo no se vuelva a repetir y para detectar si se ha producido algún error. 

Cuestión de tiempos: foco, brote y alerta

“Un brote no llega de golpe. La intervención es muy tardía para un sistema de notificación que se presume ágil”, explicó a este periódico un epidemiólogo experto en el protocolo andaluz que recogen que debe declararse la alerta ante la aparición de un caso y que el brote obliga a comenzar una investigación epidemiológica. Lo cierto es que las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía conocían desde primeros de julio que se estaba produciendo un incremento de los casos de listeriosis. Encargó el primer muestreo de listeriosis 38 días antes de decretar la alerta sanitaria y, como la propia administración reconoció en un informe, “desde la segunda quincena de julio se había detectado un incremento, en relación a los casos esperados en base a los datos de años anteriores, de casos de listeriosis en Andalucía”. La alerta finalmente se activó el 15 de agosto.

Por otro lado, la informaciones relacionadas con el caso no han cesado. La aparición hace unos días de la listeria en un producto de marca blanca, detectado gracias a que un cliente de la empresa Magrudis dio el aviso, provocó que la Junta denunciara ante la Fiscalía a la empresa comercial Martínez León para que investigue si comercializó la misma carne con otro envase diferente, algo negado por esta empresa pese a que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición confirmó que estaba mal etiquetada.

La cuestión es que la autocrítica ha brillado por su ausencia en la Junta. Al día siguiente de activarse dicha alerta, el consejero Aguirre destacó la “mágnífica labor” de la empresa Magrudis, que hoy está en el disparadero, por facilitar a la Consejería los datos sobre las ventas del producto. “Se han brindado de una forma muy positiva”, afirmó. En una entrevista en ABC de Sevilla llegó a decir que Magrudis había tenido “mala suerte”. Mientras, las sospechas de listeriosis han llenado los centros de salud andaluces (de 29 posibles casos en 2018 a 1.300 este verano), aunque la Junta estima que el número de casos irá remitiendo.

Las “vacaciones” de Moreno Bonilla

Una foto ha sido el penúltimo episodio de esta crisis alimentaria y sanitaria que le ha estallado al Gobierno de PP y Ciudadanos. Dirigentes socialistas andaluces criticaron contundentemente el hecho recogido el sábado por El Faro de Vigo y La Opinión de A Coruña: el presidente de la Junta y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, compartían mesa en un restaurante de Moaña, en Vigo, con sus respectivas parejas.

El PSOE andaluz ha acusado a Moreno Bonilla de “dar la espalda a Andalucía” al irse “de vacaciones a Galicia” mientras que la comunidad sufre el brote de listeriosis, han denunciado en las últimas horas Francisco Conejo, Rosa Aguilar o José Fiscal. Tuvo que ser el propio Feijóo el que saliera en defensa de su homólogo andaluz, señalando que Moreno estaba “en comunicación permanente” con los técnicos de la Junta. También han respondido a las acusaciones desde el PP andaluz: “Es muy triste ver cómo públicamente ha sido capaz de demostrar que le importa más un puñado de votos que la salud de las personas y eso lo han hecho cargos del PSOE”, ha dicho su secretaria general Loles López.

Es un clásico. Cuando alguien se refiere a la ideología como algo intrínsecamente perjudicial y desaconsejable no es difícil predecir su orientación. En La escopeta nacional, la mítica película de García Berlanga, el personaje que representa José Sazatornil responde a la pregunta de si está comprometido políticamente: “Yo, apolítico total, de derechas, como mi padre”. Repeler y repudiar la ideología suele ser un recurso muy socorrido de los partidos conservadores para tratar de convencer, como si sus propios actos políticos no estuvieran inspirados en ideas y creencias sino en una suerte de pragmatismo infalible, ungido por el sentido común a la manera del descendimiento del Espíritu Santo en lenguas de fuego sobre las cabezas de los apóstoles.

El Gobierno andaluz sigue esta táctica con el presupuesto de 2019: abjurar de la ideología para demostrar el sumun de la buena voluntad y altura de miras. Eso sí, después del encomio de teorías fuertemente ideologizadas. El exponente de este contrasentido es el consejero de Hacienda, Juan Bravo, quien en cada comparecencia pública en la que se le presenta la ocasión regala a la concurrencia una entusiasta defensa de la economía neoliberal y, sin embargo, se apresura a tachar de “ideológico” -como sinónimo de “negativo”- aquello que le incomoda o simplemente le viene mal. Caso de la memoria histórica, las medidas de violencia de género y de inmigración, que rechazan sus aliados de Vox.

Una construcción ideológica en toda regla

A Bravo le hemos escuchado, por ejemplo, a propósito del paquete fiscal de su Ejecutivo, preconizar una máxima tradicional del pensamiento conservador: la bajada de impuestos estimula la economía y, por tanto, todos los contribuyentes se benefician felizmente por igual, aunque los premiados sean las capas más altas. Vamos, lo que viene siendo una construcción ideológica en toda regla, aunque él no la explicita como tal, sino como una reflexión lógica incontestable. Las cosas son así, y negarse es negarse a la realidad. La cuestión parece ser precisamente ésa: la derecha cree que lo suyo atiende únicamente a la razón, y lo de los demás es un desvío politizado con una carga ideológica perniciosa.

La secretaria general del PP, andaluz, Dolores López, ha escalado a la cumbre de la demonización de la ideología y ha pedido públicamente apartarla de la política, como si fuera algo a extirpar, porque “acaba martirizando a los ciudadanos”. Una afirmación harto peligrosa, desde luego, aunque queda meridianamente claro que López sólo pretende procurar el apoyo de Vox al Presupuesto. No obstante, tal afirmación da la medida de hasta qué punto ha interiorizado una parte de nuestro espectro político la ideología como obstáculo. La ideología es mala, los valores (nuestros valores) son buenos. Basta con añadir a cualquier cosa el adjetivo “ideológico” para desacreditarla.

Prueben a ver. Huelga ideológica, feminismo ideológico, manifestación ideológica, reivindicación ideológica. Incluso la bondad no lo es si se le apellida ideológica. Entonces estamos ante el “buenismo”, curiosamente, una de las dianas favoritas de la sátira cruel de quienes se autoproclaman depositarios naturales de los principios del bien por su mera condición de católicos. Cuanto más se procura la ayuda a inmigrantes, el humanitarismo o el multiculturalismo, más afilados son los cuchillos, más hirientes las ironías, más aceradas las caricaturas de sus defensores, retratados, para mayor escarnio, como unos cretinos irresponsables.

La palma se la lleva sin discusión el concepto de “ideología de género”, que es como llaman a la igualdad entre hombres y mujeres y a la igualdad de orientación sexual quienes se oponen a ellas. Todo un hallazgo. Dos palabras que si individualmente ya están denostadas, juntas suponen la encarnación del escándalo. De hecho, el Vaticano acaba de condenar esta construcción, un eufemismo, paradójicamente, creado por sectores eclesiásticos (y acuñado por los ultras) para combatir la igualdad que predica el feminismo, porque, embozada en esta expresión, la igualdad sí es susceptible de ser refutada, e incluso señalada como un ardid diabólico para alterar el orden entre los seres humanos

Que atenta contra las familias tradicionales porque ignora las “diferencias naturales entre hombres y mujeres”, dicen, justo en el momento en que la comunidad LGBTi celebra el mes del orgullo. Ya lo ven, ellos tienen valores, principios, fe; lo otro es perturbadora ideología.

Las elecciones generales del 28 de abril han tenido el efecto de un fuerte vendaval en el Gobierno de coalición de Andalucía. La ráfaga del descalabro del PP de Pablo Casado ha levantado de golpe el faldón del teatro de guiñol que suele ser la política y ha vuelto a recordar que lo que hay debajo son dos partidos que no alcanzan para componer una mayoría y se sostienen con la extrema derecha de puntal. Es cierto que se sabía, pero la realidad se olvida cuando uno se abandona a la trama de lo que le están contando y se deja llevar por la fantasía.

A la fotografía del Ejecutivo sólido, duradero y autónomo que proclamaron triunfalmente sus líderes antes de las elecciones, ahora se le descubren clarísimamente los retoques del photoshop. El armazón pelado, así expuesto, sin decorados ni artificios, proyecta una imagen de fragilidad extrema, como esos edificios desvestidos que asombrosamente quedan en pie después del paso de un huracán.

El equilibrio en el gabinete de Juan Manuel Moreno Bonilla y Juan Marín va a ser peliagudo, es mucho lo que se disputan, y el primero debe sentir ya encima el aliento del segundo. Pero las consecuencias tardarán en aparecer. Hemos saltado de una campaña a otra, y a poco más de 20 días de los comicios locales y europeos ninguna de las formaciones concernidas desvelará sus cartas ni se saldrá del tiesto. El funambulismo imposible de los socios de aquí al 26 de mayo dará sin duda mucho espectáculo.

No obstante, el paisaje devastado del desplome del PP deja al descubierto en Andalucía lo que algunos no han querido ver, obnubilados por la aureola que emana el poder. La fortaleza de Moreno Bonilla es un espejismo, siempre lo fue. En la oposición, con la displicencia de los suyos, y en la Junta, a donde llegó de potra por una azarosa alineación de los astros. En puridad, lo que ocurrió el 2 de diciembre pasado fue que Moreno encadenó otro batacazo al de 2015, de modo que los 50 escaños heredados de Arenas han menguado a 26. Casi la mitad, una marca mínima y subalterna.

La carambola que lo aupó a la presidencia ha quedado completamente al desnudo. Gobierna de rebote, con el concurso imprescindible de un partido ultra del que, para colmo, de pronto abomina el propio Casado, el mismo que hizo su campaña con la bandería del modelo andaluz y anteayer cortejaba a Abascal para ministro. No le ha importado al líder caído el destrozo que le hace a su barón territorial. Nunca fueron aliados. En las elecciones andaluzas llevó su propia caravana para despegarse y ultimar con tranquilidad  los detalles de la mortaja que le tenía preparada en forma de gestora.

La estructura se derrumba

Con el nuevo volantazo al centro, a Moreno Bonilla sus compañeros de Madrid lo dejan con la brocha colgando, después de sus denodados esfuerzos para que Vox pareciera un partido cabal y razonable. Lo más grave es que carece de margen de maniobra. Si mueve ficha, sencillamente la estructura se derrumba. Sin Vox no hay Gobierno del PP y Ciudadanos en Andalucía, no le dan los números, así de claro. No tiene otra.

Marín ha asegurado que se va a encargar de instalar una especie de cápsula para proteger al Ejecutivo autonómico de la batalla que libren sus próceres en el ámbito nacional, pero me temo que a Moreno Bonilla eso no lo conduce precisamente a la calma. Muy al contrario, deber ser motivo de agitación y desasosiego. El historial del dirigente de Ciudadanos es el de un político experto en desdecirse y pegar bandazos. Antes (véase su paso por una variada gama de partidos) y después de aterrizar en las filas naranjas. Palabra de Marín.

Además, con un Albert Rivera -al que, por cierto, el andaluz obedece de manera castrense- que ha puesto la directa a la Moncloa y no ve nada más allá de sí mismo. El PP andaluz no es ya ese gran partido de mayorías con una eficaz maquinaria electoral; es la tercera fuerza, y su militancia está más desmadejada que nunca. Los alcaldes, los verdaderos baluartes de la formación conservadora, llevan meses dedicados a sus campañas unipersonales y no quieren saber más. Así está el andamiaje tras el ventarrón del 28 de abril. Al natural.    

No se puede decir que el saldo de la acción del nuevo Gobierno andaluz sea abultado. Más bien al contrario: lo primero ha sido verter bolsas de hielo sobre las promesas de campaña y propinar un empujón al proyecto de Presupuestos más allá del denso ciclo electoral. La oposición argumenta que es porque eluden retratarse antes de llegar a las urnas. El Ejecutivo responde que es porque la prioridad es revisar la famosa herencia recibida, a lo que se ve, agazapada en incontables cajones, prestos a abrirse oportunamente justo cuando se denuncie un incumplimiento. Me temo que no va a haber Junta suficiente para tanto cajón.

En lo que sí ha sido diligente el flamante gabinete es en referenciar los símbolos del poder en Andalucía. Desde esa primera, y efectiva, foto delante de la fachada del Palacio de San Telmo -solía ser intramuros -, hasta el lleno el lunes pasado de los premios de El Público de Canal Sur, con el presidente, dos consejeros, dos viceconsejeros y otros dos delegados, una panoplia completa de autoridades. Sin olvidar el acto del 28-F en el Teatro de la Maestranza, transmutado, para dar el toque personal, en una suerte de gala televisiva de enigmática catalogación.

En política los iconos siempre han sido importantes. Ahí está, por ejemplo, la competición obsesiva por atestar de devotos militantes Vista Alegre, la plaza-emblema de la etapa boyante del PSOE, marco, por cierto, de la última cruzada de Vox. O en el plano local, el velódromo de Dos Hermanas, enclave tradicional de la hegemonía socialista, al que Javier Arenas adjudicó cualidades sobrenaturales tras celebrar allí un mitin multitudinario, pues llegó a bautizar la gesta como 'el espíritu de Dos Hermanas'. Incluso se habilitó un sitio en la red para mantener el vigor del espíritu que, para decepción de sus creadores, resultó exorcizado en los comicios de 2012.

Pero sin duda el paroxismo se alcanzó cuando se acarrearon autobuses, con Mariano Rajoy de banderín de enganche, hasta Alcalá de los Gazules -un pequeño pueblo encastrado en el Parque Natural de los Alcornocales-, con el único fin de abarrotar un aforo pírrico de apenas 1.500 personas. Todo porque era referente del socialismo gaditano, que primaba entonces en la Junta. En esto los partidos imitan a aquellos pueblos primitivos que creían que al devorar los órganos vitales del enemigo, la fuerza antes temida pasaría a formar parte de sus atributos, y de paso le robarían el alma, el ánimo y la moral. 

Es preciso, no obstante, felicitarse de que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla haya optado por asumir, con una naturalidad y premura pareja, los iconos del poder de Andalucía, especialmente a lo que a San Telmo se refiere. Da dolor de cabeza solo imaginar que a Moreno se le hubiese ocurrido seguir la senda de Arenas, quien se negó hasta el final de sus expectativas a clavar la bandera del ejecutivo imaginario que tenía en la cabeza en el edificio histórico. “Yo no me quiero sentar en este palacio”, dijo, “ejemplo de despilfarro de los gobiernos del PSOE”.

Su intención era ubicar la sede presidencial en la Casa Rosa y destinar San Telmo a museo, iniciativa que causó estupor en el mundo cultural, sobre todo porque nadie, ni él mismo, sabían de qué. Y si era peliagudo pensar cómo dotar de contenido los vetustos muros de un inmueble de 21.711 metros cuadrados, aún resultaba más intrincado planear con qué se iba a mantener. En plena crisis, Juan Ignacio Zoido, que estaba de alcalde de Sevilla y era el ejecutor del plan, tuvo la idea de explotar turísticamente los jardines con conciertos, sin especificar modalidad. Muy inquietante después de ver cómo había salpicado de churrerías y puestecillos el casco antiguo.

A lo que habría que haber sumado, para más enredar, el trasiego de funcionarios que tal operación hubiera supuesto, que ya es suficiente con los cambios de nomenclaturas y departamentos cada vez que se estrena ejecutivo, aun del mismo color.

Pero no es cuestión de relajarse mucho. El peligro siempre está al acecho, doblemente si entra en juego la demagogia. Hace poco más de un año, Ciudadanos calificó los jardines que quedan en San Telmo -la mayoría, como se sabe, pasó al disfrute público del Parque de María Luisa en los albores del siglo XX- nada menos que de “joya prohibida” a los vecinos. En el fragor, hubo quien añadió que se trataba precisamente de “la parte más valiosa” de lo que legara a la ciudad la hermana de Isabel II.  

Entretiene pensar en el desencanto que habrá inundado a estos exagerados aduladores al pasear ahora por los jardines de la presidencia de la Junta. Una desilusión del mismo tamaño de sus hipérboles, pues buena parte de lo que allí hay es nuevo: se construyó, replantó y reurbanizó muy recientemente bajo la batuta del arquitecto Vázquez Consuegra, toda vez que lo que halló del primigenio jardín eran unos pocos árboles y un espacio desertizado que se usaba para aparcar.

Es lo que tienen los iconos del poder, que cuando se está expectante se fantasea mucho y luego vienen los chascos.

El viernes hará un año del 8 de marzo de 2018 en que el feminismo español destacó en la gran ola feminista global. Días antes se palpaba una movilización sin precedentes de mujeres de todas las profesiones y edades. En los medios informativos fue una pista el Telegram Las periodistas paramos que, en 48 horas, se hizo multitudinario y creó un manifiesto que ocho mil profesionales firmamos. Pero las expectativas se vieron superadas llegado el día. No sólo en Madrid o Barcelona, sino en capitales de provincia, ciudades y pueblos donde, junto a la huelga, hubo manifestaciones sucesivas, simultáneas.

Yo, desemboqué a mediodía en la de la plaza de Las Setas desde la del Ayuntamiento de Sevilla cuando estudiantes atronaban: “¡Escucha, hermana, aquí está tu manada!”. Y apreté en mi puño el de mi hija, pensando: Tú no heredarás nuestro miedo. Por la tarde, en la Plaza Nueva, sin avanzar por el éxito de asistencia le dije: “Mira, hija, que esto es historia viva”. Los políticos del PP y Ciudadanos que tanto habían criticaron la convocatoria, antes de acabar la jornada la valoraban vestidos de malva.

Dos impresentables se permitieron difundir un vídeo, grabado en la manifestación, llamándonos “guarras que no trabajan”, “golfas” y mandándonos “a fregar”. Tan burdos y primitivos que se descalificaban a sí mismos. Tan retrasados en la cadena civilizatoria que no podían ni ser representativos, ni constituir peligro. Sólo que nueve meses después, en las elecciones a la Junta de Andalucía del 2 de diciembre, para asombro español e internacional, consiguió 12 diputados de 109 el partido machista, racista y neofascista al que los sondeos más propicios daban 1: Vox. Una hazaña que ellos afrontan como el primer paso para su reconquista siguiendo el modelo del Cid y Don Pelayo sobre Al-Andalus y el de los franquistas de 1936 sobre la II República.

Suena tan arcaico y ridículo como el vídeo faltón del párrafo anterior. Sin embargo, para las generales del próximo 28 de abril, de los 350 escaños del Congreso, los sondeos les dan ya entre 17 y 20 diputados y señalan que serán clave para formar un gobierno como el que ya tenemos en Andalucía, donde Vox es apoyo necesario para el PP y Ciudadanos.  

Esta Junta actual mantiene ocultos en su manga los presupuestos para que no veamos, antes de volver a votar, qué medidas dañinas para las mujeres aplicarán. Pero Vox ni disfraza de cabritillo al lobo en la puerta: ha pedido una lista de los funcionarios que evalúan casos de violencia de género y, cuando se le ha denegado, por aplicación de la ley de protección de datos, ha reiterado que insistirá hasta lograrla. La postura anti mujeres está en el historial de su líder en Andalucía, el ex juez Francisco Serrano, condenado por prevaricación dolosa a favor de un padre en el reparto de visitas del hijo y, por ello, inhabilitado temporalmente. Está también en el presente de la formación que acaba de registrar en el Parlamento andaluz su primera proposición no de ley de lucha “contra el feminismo supremacista”. Y es una aversión activa en el inminente futuro, pues Vox ya contraprograma al 8M en Andalucía con una protesta el 10M “contra el feminismo maquinador y supremacista”. 

No van de farol. Vienen a por nosotras. Ya han logrado del líder del PP, Pablo Casado, la vuelta al pasado en tema de aborto que ha llamado la atención; y algo más inadvertido, la idea de “evaluar a funcionarios” en la línea de “caza de brujas” de Bolsonaro en Brasil y Vox en Andalucía. Ya han logrado un clima hostil, con mensajes amenazantes circulando por nuestras calles y nuestros móviles. Clima en el que, no sólo no descienden los asesinatos, ni el maltrato a las mujeres, sino que proliferan las denuncias de violaciones grupales. Tras los casos de la llamada Manada en Pamplona y Pozoblanco (Córdoba), este enero se ha juzgado a los tres violadores grupales en Collado Villalba (Madrid), y aún se busca a los denunciados por la víctima de 17 años este febrero en Gines (Sevilla). En 1988, era algo de la película Acusados con Jody Foster. Treinta años después, a la sombra de la agresividad verbal de quienes van alcanzando poder político, crece la sensación de impunidad entre machistas de a pie y, con ella, la criminalidad.

Ante ese gran desafío, este 8M siguiente al hito de 2018, las mujeres y hombres demócratas, que deseamos la igualdad de derechos, laboral, salarial, de seguridad y auto-realización entre unas y otros no podemos dejarnos vencer por tristeza, miedo, ni impotencia sino, al contrario, redoblar el esfuerzo. Este año hay que volver a parar de forma masiva y llenar las calles para demostrar a los machistas de Vox, PP y el Ciudadanos equidistante -que tanto denuncia equidistancias en lo territorial, cuyo liberalismo incluye prostitución y embarazos como servicios de pago-, que no vamos cejar en lograr la justicia. Pero este 2019 hay que dar un paso más: tenemos que ganar nuestra libertad, nuestros derechos, nuestro progreso en las elecciones.

No hay otra: o elegimos a representantes y partidos que impulsen avances concretos y blinden lo ya conquistado o los machistas en el Gobierno nos arrastrarán a la caverna. Eso es algo que saben hasta las votantes y políticas de derecha. Así que, adelante. El voto es secreto. Cada una de nosotras tiene su cita con la urna. Hay un objetivo común previo a muchas discrepancias legítimas. Alcancémoslo.

Con el paso del tiempo, los gobiernos que en campaña electoral prometieron a su parroquia una Arcadia feliz suelen ir desdiciéndose de algunos de sus anuncios, al darse de bruces con la realidad de la falta de recursos y la maraña del universo administrativo. Incluso existe cierto margen de tolerancia por parte de la ciudadanía para este tipo de incumplimientos: sabemos que los políticos en su pelea por el voto suelen recurrir a mensajes simplones y, a menudo fantasiosos, sobre su capacidad de gestión y las infinitas virtudes de sus respectivas varitas mágicas.

Lo que no es tan habitual o, por lo menos, no lo era (que cada día nos desayunamos con un nuevo ismo político), es que a los electores se les apee de la nube de los compromisos adquiridos de un zarpazo, y prácticamente a pie de urna.

Nada más llegar, el flamante Gobierno andaluz ha aclarado que ni bajada masiva de impuestos, ni creación de 600.000 empleos. Ni -por citar ejemplos menores- va a cerrar el grifo del pago de los alquileres para altos cargos, que suscitó tantos vituperios; o se deshará de los supuestos miles de enchufados que, según nos han martilleado durante lustros, habían devorado cual carcoma el armazón de la Junta hasta dejarlo en cuatro mondadientes.

Es difícil hallar una forma más efectiva de devaluar la palabra política y reducirla a la nada que declarar -como ha hecho el consejero de Economía- que lo que juró pública y reiteradamente hace semanas su presidente es solo una manera de hablar. Y lo ha dicho en sede parlamentaria y sin que se le trabe la lengua.

Debe ser cosa de lo que le llaman ahora ir por la vida sin complejos, un modo de conducirse muy fronterizo con el descaro, hay que decirlo. O tal vez es fruto de que, en puridad, la previsión de llegar al Gobierno se presentaba tan remota y tan de carambola, que una vez obrado el prodigio, las promesas inalcanzables se han convertido en una molesta mochila que es preciso eliminar cuanto antes y de sopetón.

La extrema derecha ¿cascarón de huevo?

Cuando en 2012 Javier Arenas veía llegar el ansiado momento de su entrada triunfal en San Telmo, como le aseguraban las encuestas, sus compromisos electorales se fueron poniendo borrosos. Cambió por completo su catálogo de rebajas fiscales, hasta dejarlo en una menudencia,  y los “si soy presidente haré...” se trasmutaron en “lucharé por...”, “hablaré con...” o “encargaré un estudio de...”. Eran otros tiempos y otras las exigencias.

En cualquier caso, sea por la sorpresa de acceder al Gobierno, o porque el estilo desacomplejado está haciendo realmente escuela, si a estos alardes de torpeza, o de franqueza, se le suma la blandenguería ante los exabruptos de Vox -y mira que cuesta mantenerse indiferente-, el compendio no puede ser más desconcertante.

A la fuerza quieren hacernos creer que los de extrema derecha son como el cascarón de huevo de los juegos de niños, que ni pinchan ni cortan ni participan de verdad. Están ahí pero no cuentan. Y que, lo mejor, siguiendo el símil infantil, es hacer un cartucho, cartucho que no te escucho.

El rompecabezas del Gobierno

Si se quiere encontrar una explicación a esta extraña mezcla de desahogo y tibieza, que a algunos nos tiene absortos, quizás habría que levantar la alfombra del Gobierno de Andalucía y recordar lo que hay debajo. Lejos de un proyecto estructurado, encontramos un complejo rompecabezas cuyas dispersadas piezas se miran de reojo.

De un lado, un Juan Manuel Moreno Bonilla, no hace mucho desahuciado por los suyos y con el peor resultado en las urnas de décadas, entretenido en la construcción de su imagen presidencial, abordo de un buque que navega en procelosas aguas casadistas, con el ávido Elías Bendodo de mascarón de proa. Y del otro, un Ciudadanos que aún no ha logrado ordenar el trozo deslavazado de administración que le ha tocado en el reparto. Pendiente, además, de los designios insondables de Rivera y sus golpes de efecto.

Dirán que el poder es un pegamento asombroso. Y tendrán razón. Pero, aunque sea a modo ilustrativo para ayudar a descifrar lo que a veces se antoja harto extravagante, no hay que perder de vista que debajo de la alfombra del Gobierno andaluz hay tres partidos rivales, en plena ebullición electoral nacional, autonómica, municipal y europea. Ahí es nada.

El pasado 2 de diciembre de 2018, tenían lugar las últimas elecciones andaluzas, las cuales han supuesto un cambio de Gobierno. El gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) dio paso a una nueva mayoría tras 36 años de Gobierno ininterrumpido, siendo nombrado como nuevo presidente del gobierno andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla del Partido Popular (PP).

Como siempre a Amnistía Internacional le preocupan los derechos humanos y, como hemos hecho en otras ocasiones, pedimos al nuevo Gobierno que luche por proteger y garantizar el acceso a los derechos humanos a todos los andaluces, y a aquellas personas, que por uno u otro motivo, se encuentran en Andalucía.

En un primer lugar, es necesario tratar la cuestión de la violencia de género. Por desgracia, sigue existiendo una alta tasa de violencia de género en España: un alto número de mujeres sufren o han sufrido maltratos psicológicos o físicos por parte de sus parejas, familiares, compañeros, etcétera, llegando al extremo de que muchas de ellas son asesinadas por el mero hecho de ser mujeres. Es por esto, por lo que pedimos que la Junta de Andalucía, establezca unas medidas y programas que persigan esta violencia que se basa en la creencia de la superioridad de un sexo sobre otro, algo que contradice no solo nuestra Constitución Española, sino también a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Asimismo, es necesaria la eliminación de las barreras para el acceso a la justicia para aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia de género o sexual, es decir, la eliminación de las piedras, los prejuicios y los estereotipos que se encuentran en el camino. Así como pedimos que se implementen las medidas necesarias para reducir la brecha salarial, que desgraciadamente, también se da en Andalucía, llegando en el mundo hasta una diferencia del 23%.

En segundo lugar planteamos la cuestión de la necesidad de un cambio político que deje de dar la espalda a las personas migrantes y refugiadas. Andalucía limita al sur con el Mar Mediterráneo, lo que lo posiciona como un eje central en la cuestión de la migración y refugio de aquellas personas que arriesgan sus vidas y las de sus familias cruzando el Mediterráneo. Con ello, acaban aventurándose y arriesgándose a que la embarcación en la que se encuentran no sea rescatada, llevándolos, así, a una muerte segura. Por ello, es necesario que el Gobierno andaluz establezca políticas que ofrezcan el apoyo y la ayuda a migrantes y refugiados.

Al mismo tiempo, debe dar solución a estas cuestiones, y el nuevo Gobierno ha de fijarse en las necesidades de la población a la que está representando. Por ello, Amnistía Internacional, pide al Gobierno andaluz, la vuelta a la universalidad del sistema sanitario del sistema sanitario, para todas aquellas personas que lo necesiten, es decir, tanto para los andaluces como para las personas migrantes y refugiadas que se encuentran en territorio andaluz. Es necesario que la Junta de Andalucía no establezca medida alguna para recortar en sanidad; de lo contrario, llevaría a poner en peligro el derecho a la salud de las personas.

En otro sentido, acerca del derecho a la vivienda, Amnistía Internacional pide que las administraciones, en caso de desalojo, garanticen una alternativa habitacional digna y que no se hagan desalojos sin estudiar la vulnerabilidad a la que se enfrentan las personas. Además, es necesario regular el mercado privado de la vivienda para facilitar la accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de aquellos andaluces, o personas que se encuentran en Andalucía, con bajos ingresos.

Por tanto, Amnistía Internacional pide al nuevo Gobierno andaluz que implemente por unas medidas y programas políticos que defiendan la mano a los derechos humanos, mejorando así, la vida de todas las personas que formamos parte de Andalucía. En consecuencia, pedimos que el gobierno garantice el derecho a la salud, a la vivienda, y los derechos de las mujeres, y de las personas migrantes y refugiadas. 

El nuevo presidente de la Junta de Andalucía ha cedido las riendas de la política industrial y energética a Alberto García Valera, cuyo primer apellido es el de consejero de Hacienda. En su primera aparición pública el pasado jueves afirmó: “Quiero que mis primeras palabras como consejero sean para confirmarles que la industria constituirá una de las prioridades de esta nueva etapa. No por ser el segundo apellido de esta consejería lo querré menos que al primero”.

García Valera, como experto en tributos y ligado la mayor parte de su vida profesional a Hacienda, prometió trabajar para crear “los mejores incentivos fiscales” para la industria, para la “eliminación de las trabas administrativas”, y para mejorar la “integración de la investigación universitaria en la empresa”.

Es ese un discurso obsoleto, que pertenece al inicio de la década de los 90 del pasado siglo, tan antiguo como superado. Lo pronunció, además, en la presentación de un suplemento del diario ABC de Sevilla dedicado a uno de los aspectos más populares del nuevo 'paradigma de la sostenibilidad', la llamada “economía circular”, que prima la reducción de los recursos utilizados en la producción y la reutilización y reciclaje de los mismos.

Es ese sólo uno de los aspectos de los nuevos modos económicos. Otros, como la robotización, la inteligencia artificial, el aprendizaje de las máquinas, el Internet de las cosas, … son fenómenos que en apenas un par de décadas cambiarán por completo el mundo que nos rodea. Convertirán muchas prácticas industriales en obsoletas, pero generarán muchos modelos de negocio novedosos y diferentes. Es esa transformación la que debería definir las políticas económicas del nuevo Gobierno.

El ex vicepresidente estadounidense Al Gore ha recorrido Davos este año con un mensaje de optimismo con el que contrarrestar tanto el negacionismo del presidente Trump, como los gigantescos incendios que arrasan los bosques de la Costa Oeste de EEUU y los gigantescos temporales y huracanes que inundan su Costa Este: “El trabajo que más crece en EEUU es el de instalador de placas solares, y crece nueve veces más que la media. El segundo es el de técnicos de parques eólicos”.

Un mensaje con el que Al Gore pretende incentivar a los responsables políticos y empresariales reunidos al abrigo de las montañas suizas. “Necesitamos nuevas políticas. Gobiernos de todo el mundo siguen subvencionando la energía obtenida de combustibles fósiles 38 veces más que las energías renovables y las tecnologías sostenibles. ¡Eso tiene que cambiar!”, afirma vehemente. Porque a pesar de su mensaje de optimismo, el ex candidato a la presidencia estadounidense, al que Bush hijo robó la cartera, nos advierte de que en la lucha contra el cambio climático “se nos acaba el tiempo”.

Aquí en Andalucía, nos enorgullecemos de cómo se respondió a la caída del consumo interno provocada por la crisis, con un espectacular incremento de nuestras exportaciones, en España en general y en Andalucía en particular. Pero lo que no decimos en voz tan alta es que la gran mayoría de las exportaciones andaluzas son de productos derivados del petróleo, elaborados en los dos grandes focos industriales de la región, las refinerías de Huelva y Algeciras. Ambos polos concentran de hecho la mitad de toda la actividad industrial andaluza y generan más de 20.000 empleos.

Se trata, sin embargo, de una actividad industrial que choca de frente con el nuevo paradigma de la economía sostenible y las energías renovables, que se resume en la llamada 'descarbonización' de la economía, que no es otra cosa que el abandono de las tecnologías basadas en el petróleo que han dominado el mundo desde el nacimiento del siglo XX. El modelo de la mitad del negocio industrial de Andalucía está llamado a ceder protagonismo hasta hacerse marginal, sino a desaparecer en el medio plazo.

Nada de todo esto figura en el anticuado discurso del nuevo Gobierno andaluz, que, repito, se propone recuperar viejas ideas sobre favorecer la instalación de industrias generando incentivos fiscales, reduciendo trabas adminstrativas, y mejorando la interconexión entre las empresas y las universidades. El tiempo no corre sólo en cuanto al calentamiento global. También vuela en la carrera que cada país disputa para adaptar sus economías cuanto antes al cambio de paradigma, la 'descarbonización', que Gore define como la “Revolución de la Sostenibilidad”, que, explica, “tiene la dimensión de la Revolución Industrial, pero la velocidad de la Revolución Digital”.

Stephane Kasriel, máximo ejecutivo de Upwork, una plataforma que conecta una red de 12 millones de profesionales independientes con otra red de cinco millones de clientes y genera más de tres millones de empleos anuales, acaba de explicar en la reunión anual de Davos su visión de la evolución del empleo en los próximos 20 años. Y, entre otras claves, dice que “no habrá falta de empleos sino, de no adoptar las medidas necesarias, una escasez de personas cualificadas para ocupar esos empleos”. En el último Informe sobre el Futuro del Empleo del World Economic Forum, que organiza Davos, se asegura que “surgirán nuevas categorías laborales que desplazarán total o parcialmente otras existentes. Las capacidades que requerirán tanto los nuevos como los viejos empleos cambiarán en la mayoría de las industrias, y transformará como y dónde se trabaja”.

Es evidente que para hacer frente a este tremendo desafío Andalucía necesita urgentemente una estrategia industrial, que, además, debe ser osada y dirigida con brío y coraje. Implica entender la adaptación a ese nuevo mundo que ya está aquí como una tarea transversal, y no como la suma de actividades dispersas por distintas áreas de gobierno. Educación, Economía, Empleo, Medioambiente, Agricultura, Turismo, Industria …, y Hacienda para buscar la mejor manera de financiarlo, deben funcionar al unísono con ese objetivo: Diseñar políticas, no para ayudar a la sociedad andaluza a adaptarse a ese nuevo mundo, sino para que se coloque en su vanguardia.

El diseño del nuevo Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, sin embargo, no parece estar a la altura del reto que tiene por delante. Tampoco su discurso, que habla de auditorías del pasado en lugar de prospecciones sobre el futuro, de rebajas de impuestos en lugar de reasignación de recursos en función de nuevos objetivos que tengan en cuenta la realidad cambiante en la que vivimos. Ni Moreno ni su socio Marín parecen capaces de liderar Andalucía con la valentía que exige el tremendo cambio económico y social que ya ha comenzado.

La nueva consejera de Igualdad, Políticas sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía nació en Huelva hace 52 años. Nada se sabe de ella políticamente hablando hasta las pasadas elecciones autonómicas que dejó la docencia para formar parte de las listas electorales de la formación de Juan Marín por Huelva; aunque cuenta con una larga trayectoria de casi tres décadas en la docencia y la gestión pública.

Es licenciada en Ciencias de la Educación, y ha dirigido durante 14 años el Instituto de Educación Secundaria Pérez Mercader de la localidad onubense de Aljaraque, donde su partido, Ciudadanos, cita que “ha obtenido el reconocimiento de la comunidad educativa y la sociedad civil”. De ese centro se encuentra en excedencia, que pidió el pasado otoño para incorporarse a la vida política.

Antes de su paso por ese instituto, ejerció la docencia en varios centros andaluces, impartiendo clases de educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

En su trayectoria destaca la experiencia en centros de educación preferente y en zonas educativas especiales y en riesgo de exclusión social, como el colegio Onuba de la barriada del Torrejón en Huelva.

Ciudadanos señala que en el Gobierno de cambio de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz ejercerá como garante de las políticas sociales y de igualdad, con especial atención a la conciliación laboral y la plena igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos, uno de los focos de conflicto abiertos entre la formación naranja y el partido de extrema derecha Vox.

Juan Manuel Moreno (Barcelona, 1970) pidió el martes la confianza del Parlamento andaluz para ser investido presidente de la Junta de Andalucía, el sexto en la historia autonómica, el primero que no milita en el PSOE.

El presidente del PP regional leyó un discurso de 37 páginas que orbitó en torno a la idea de “un cambio histórico de ciclo político”, dejando atrás 36 años y medio de gobiernos socialistas. Sus palabras recogían el programa de Gobierno pactado con sus socios de Ciudadanos, y guiños directos a sus aliados de Vox, las dos formaciones que este miércoles apoyarán su investidura.

Mientras Moreno hablaba en el interior de la Cámara legislativa -recibiendo sólo el aplauso de los 26 diputados del PP (ni la bancada de Cs ni la de Vox aplaudieron)-, miles de personas, en su mayoría mujeres, se manifestaban en la calle, rodeando el Parlamento, en protesta contra el discurso “involucionista” de la extrema derecha en materia de leyes de igualdad y lucha contra la violencia de género.

El bloque de izquierdas pasa a la oposición, tan dividido ahora como antes de las elecciones del 2 de diciembre. Susana Díaz, con 33 diputados, pilota desde este martes la oposición de un PSOE andaluz menguado, irreconocible, que llegó a controlar el 52,5% de los escaños del Parlamento andaluz (66 de 109). Su propio liderazgo como secretaria general del partido está en cuarentena, al menos, hasta que pasen las elecciones municipales y autonómicas de mayo. La sevillana confía en que la dirección federal de Pedro Sánchez relativice su fracaso en Andalucía a la luz de los resultados en las urnas de los otros barones territoriales y de los ayuntamientos. Al fin y al cabo, “yo he ganado las elecciones”, repite y se repite la candidata socialista.

En el otro rincón de la oposición se sientan Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, artífices de la coalición Podemos-IU (Adelante Andalucía), que ha perdido 300.000 votos y tres escaños del resultado que lograron por separado en 2015. La líder anticapitalista y el dirigente comunista se han enfundado el traje de eterna oposición de izquierdas, disparando contra todos los demás grupos del hemiciclo, las tres derechas que gobiernan y Susana Díaz, a quien acusan de “favorecer” las políticas neoliberales en su anterior mandato con Ciudadanos, y de querer “engañarles” a última hora para que apoyasen su investidura frente a la de Moreno. “La izquierda está rota, la derecha está bien avenida y la legislatura durará los cuatro años”, sentencia uno de los miembros del Gobierno saliente.

El discurso de investidura de Moreno Bonilla abre una nueva etapa política en Andalucía y puede sintetizarse en estas ocho claves:

Cambio y herencia recibida

“Lo que proponemos es algo parecido a una Transición”. El futuro presidente de la Junta dedicó la primera parte de su discurso a despedirse, con esfuerzo, de su rol de líder de la oposición al Gobierno saliente. “El cambio ha llegado a Andalucía”, dijo hasta en siete ocasiones, queriendo subrayar un antes y un después entre los “40 años de gobiernos socialistas” y la llegada del PP al poder. Moreno quiso despejar de obstáculos los primeros días de su mandato, cargando las tintas sobre la “herencia recibida” de la larga era del PSOE: el “clientelismo” para perpetuarse en el poder, la “corrupción” en las instituciones, “la clase dirigente acomodada” que “no ha aprovechado el autogobierno”, “el mantenimiento de un partido político en el poder a toda costa”, los “intereses partidistas por encima del interés general”. El PP quiere invalidar al PSOE y al susanismo antes de poner su primer Gobierno en marcha. “La alternancia política es el antídoto contra el clientelismo y la corrupción”, dijo Moreno.

El candidato popular se ve a sí mismo como un Adolfo Suárez a la andaluza, heredero de una UCD centrista y moderada, lejos del derechismo agudo que promueve su líder nacional, Pablo Casado. Moreno se presenta como promotor de una “especie de Transición” similar a la que pilotó el ex presidente del Gobierno para cerrar 40 años de franquismo y abrir la democracia. Y de aquí extrajo la segunda piedra de toque de su discurso: diálogo.

Diálogo sin “cordones sanitarios”

El Parlamento andaluz está atomizado en cinco formaciones políticas con un reparto de fuerzas muy equilibrado. Por primera vez, el PSOE (primer partido en estos comicios) no es el que gobierna, y el último (Vox) sustenta al Ejecutivo y es clave para la estabilidad de la legislatura. Habrá un Gobierno de coalición de dos formaciones (PP y Ciudadanos) que dentro de unos meses volverán a competir por el mismo espacio político, en el que también forcejea el tercer aliado de extrema derecha. Moreno ha ofrecido “diálogo” como lo hizo Susana Díaz en el mandato anterior.

Pero también ha subrayado la “legitimidad” para gobernar de las tres derechas, que suman 59 escaños, y ha advertido a las izquierdas de que Vox, su socio necesario, tiene tanta legitimidad como el resto en el Parlamento, porque se la dieron 400.000 andaluces en las urnas. “Sin complejos, sin prejuicios y sin cordones sanitarios”, subraya Moreno, rechazando de plano la expresión que líderes nacionales e internacionales han usado para defender el aislamiento político de la extrema derecha en las instituciones.

Empleo, objetivo uno

“El objetivo prioritario de mi programa de Gobierno será el empleo”. Lo ha repetido cinco veces, remarcando que “el empleo es la mejor política social”, para luego subrayar que “no traigo soluciones mágicas pero sí reformas, equipo y el convencimiento de que el desempleo no es una maldición insuperable” en Andalucía.

El paro en esta comunidad roza el 22,5% de la población activa, con un diferencial crónico de diez puntos respecto a la media nacional. Durante la campaña, Moreno prometió crear 600.000 puestos de trabajo si llegaba a la Presidencia, un dato que no mencionó en su discurso, y que el PSOE le reprochó inmediatamente después.

Rebaja fiscal y gestión público-privada

En política económica y fiscal es donde convergen sin problemas los programas y los discursos de PP, Ciudadanos y Vox. La rebaja fiscal a las rentas altas (eliminación del impuesto de sucesiones e impuesto sobre el Patrimonio) y a las clases medias (tramo autonómico del IRPF) es el nexo común entre Ciudadanos y Vox, dos partidos que se repelen y se atacan, pero que comparten la misma política liberal. Tanto fiscalmente como en su modelo de gestión de las políticas públicas, que apuesta por ampliar la escuela concertada (mayoritariamente católica) o la gestión público-privada de los planes de empleo y la sanidad. Esto está presente tanto en el documento que PP firmó con Cs como en el que más tarde rubricó con Vox, y Moreno puso mucho énfasis en destacarlo. El candidato popular también prometió una “simplificación burocrática” para agilizar la apertura de negocios e hizo un guiño especial al medio millón de autónomos, otro de los sectores más atendidos por la derecha en campaña.

Violencia de género

En la página 32 de las 37 que ocupaba su discurso, Juan Manuel Moreno incluyó la única mención explícita a la “violencia de género”, motivo de la multitudinaria manifestación a las puertas del Parlamento. El popular usó el mismo término que lleva la Ley de lucha contra la Violencia de Género, que su partido apoyó en el Parlamento el año pasado, y que Vox propone derogar. Sin embargo, Moreno pasó de puntillas sobre este “sensible asunto” y pidió “sacarlo de la contienda política”. “El maltrato es una lacra social que debemos erradicar y hay que hacerlo construyendo sobre lo que ya tenemos”, dijo, dando a entender que no se derogarán las leyes de igualdad, como pide Vox, pero sí se “mejorarán, sin cuestionar lo que ha funcionado y funciona, pero corrigiendo lo que no”.

El PSOE y la coalición Adelante Andalucía interpretaron que Moreno había cambiado el lenguaje con el que el consenso político ha abordado siempre la violencia de género, y le afearon que hablase de la protección de “todas las víctimas”, obviando que es la mujer la principal víctima de agresiones -47 asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas el año pasado en España, 12 en Andalucía-. El popular usó un lenguaje generalista para hablar de la violencia machista -sin mencionar el machismo- y apeló a “todas las víctimas de la violencia física, psicológica o social, de cualquier tipo y en cualquier ámbito”. Mario Jiménez, portavoz del PSOE, le acusó de querer “tranquilizar a la extrema derecha”.

Familia y escuela concertada

Uno de los guiños de Moreno a Vox fue el referirse a la familia como “el núcleo esencial de la sociedad”. “El Gobierno del cambio hará de la familia un eje vertebrados de sus políticas, con un concepto transversal de la gestión, que estará presente en todas las decisiones de la Administración”, dijo. Estas palabras fueron luego aplaudidas por el portavoz del grupo extrema derecha, Francisco Serrano, que pareció resignarse a que finalmente no haya una consejería exclusiva de Familia, como ellos reclamaban. El candidato popular habló de “familias numerosas y monoparentales”, algo que también reconoce Vox, aunque “la mejor estructura es padres y madres con hijos que sean felices”, en palabras de Serrano.

El nuevo Gobierno promoverá una Ley de Apoyo a las Familias, promete aumentar las plazas de guarderías, el aula matinal y el comedor escolar. Otro de los puntos de confluencia de las tres derechas es “un un modelo educativo basado en la libre elección de centro que debe tener la familia, tanto pública como concertada”, así como una ley que reconozca la “autoridad pública del profesor”.

Catalunya y la unidad de España

El conflicto catalán y la dependencia del Gobierno de Pedro Sánchez de los grupos independentistas fue el leit motiv de la campaña electoral de PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía. Lograron que el debate nacional y la defensa de las banderas eclipsase el debate andaluz. “Tan nuestra es la blanca y verde como la rojigualda”, remarcó Moreno. Su discurso llevaba implícito el primer contragolpe al Ejecutivo de Sánchez desde el sur, de velado rechazo a unos Presupuestos Generales muy beneficiosos para Catalunya, y que el PP interpreta como un gancho para lograr el apoyo de los independentistas.

“Andalucía se opondrá frontalmente a privilegios a otros territorios para sostener gobiernos”, dijo. Luego lanzó una férrea defensa de la unidad de España. “No nos sentimos ni hipotecados ni condicionados por nada ni por nadie al defender la unidad nacional consagrada en nuestra Constitución española”, dijo, y terminó mencionando el Estatuto andaluz como “único límite”.

Ni corrupción ni aforamientos

Bajo la idea de cambio, el candidato popular puso énfasis en desgranar las medidas acordadas con Ciudadanos en materia de regeneración democrática y lucha contra la corrupción. Anunció una auditoría integral en la Junta, una reformar de la Ley de Gobierno andaluz a fin de “limitar a ocho años el mandato de un mismo consejero y de un presidente”; la eliminación de los aforamientos y un proyecto de ley de protección a los empleados públicos que denuncien casos de corrupción; la oficina antifraude, la comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Faffe (uso de dinero de una fundación pública de empleo en prostíbulos); la personación de la Junta en el caso ERE; la eliminación por decreto del Consejo Consultivo y de otros entes instrumentales “superfluos”; la reforma de la Cámara de Cuentas “y que sus informes sean de obligado cumplimiento”, así como la despolitización de los órganos de extracción parlamentaria, adelgazar la llamada administración paralela (por decreto ley eliminar entes superfluos) y, por extensión, “acabar con la redes clientelares” que han hecho del PSOE “una clase dirigente acomodada durante cuatro décadas en el poder”.

Si el guión no se tuerce de manera sorprendente, Juan Manuel Moreno será investido presidente del Gobierno andaluz este miércoles con los votos de PP (26), Ciudadanos (21) y Vox (12). Moreno tomará posesión del cargo el viernes en un acto multitudinario -los populares han invitado a casi mil personas- al que está prevista la asistencia del ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de la ex vicepresidenta y candidata fallida a liderar el PP, Soraya Sáenz de Santamaría; el actual líder del partido, Pablo Casado; el dirigente nacional de Ciudadanos, Albert Rivera, y el de Vox, Santiago Abascal. La ex presidenta de la Junta, Susana Díaz, pasará a liderar la oposición y se habrá iniciado el cambio de ciclo político en Andalucía.

El próximo Gobierno de Andalucía será el primero de derechas de la historia autonómica y el primero que incluye el ideario, las consignas y la agenda política vinculada a la extrema derecha en España. Aun siendo reescrita, matizada y pulida de la retórica radical con la que Vox defiende sus postulados, el PP ha firmado un documento con la formación de Santiago Abascal que incluye todas las preocupaciones inherentes a la extrema derecha: la alerta contra la inmigración, como un problema de seguridad, con especial alusión al “fundamentalismo islámico”; la promoción de la escuela católica concertada -hasta el Bachillerato-, de la educación segregada por sexos, y el derecho de los padres a vetar enseñanzas a sus hijos que cuestionen sus convicciones; la defensa de la familia como eje de la sociedad; el cuestionamiento del aborto; el rechazo a la Memoria Histórica o la exaltación de las tradiciones, como la Semana Santa, los toros o la caza...

El cambio de ciclo político en Andalucía -la entrada de un Gobierno de derechas después de 36 años y medio del PSOE en el poder- se ha materializado este miércoles en dos actos consecutivos, ritualmente representados por sus tres protagonistas: PP, Ciudadanos y Vox. Primero los populares han firmado un acuerdo con la formación de Albert Rivera para formar un Gobierno de coalición, sustentado por sus 47 diputados (26 de PP y 21 de Cs), que presidirá el popular Juan Manuel Moreno, y tendrá como vicepresidente al líder de la formación naranja en Andalucía, Juan Marín.

Este breve acuerdo, sobre la investidura y la estructura del futuro Gobierno, complementa el pacto programático que ya firmaron ambas formaciones antes de Navidad, y que incluía 90 medidas de gobierno y un calendario de aplicación para los primeros cien días de su mandato. Hasta aquí, la participación que reconoce Ciudadanos en este “día histórico para Andalucía”.

Luego, los dirigentes del PP -Moreno y su equipo, más el secretario general, Teodoro García Egea- se han desplazado al piso superior del Parlamento andaluz para sellar un acuerdo paralelo con Vox, tras la negociación iniciada el día antes en Madrid. De esta breve reunión ha surgido un segundo documento, de 37 puntos, que suponen la asunción por parte del PP de muchas de las consignas planteadas por la formación ultraderechista. La firma de este acuerdo paralelo ha permitido que la formación de  Abascal garantice el apoyo de sus 12 diputados andaluces a la investidura de Moreno. El primer Gobierno de derechas de Andalucía nace, por tanto, fruto de un relato político complejo: un consenso entre tres partidos del arco conservador, en el que dos de ellos -Ciudadanos y Vox- dicen repelerse, y el tercer protagonista hace las veces de mediador.

El papel del PP en esta doble negociación paralela ha sido fundamental para garantizar el éxito de la investidura de Moreno. Los populares han tratado de maquillar o vaciar de retórica extremista el polémico documento de 19 propuestas que el día antes le había presentado Vox en la mesa de negociación. Del acuerdo resultante ha desaparecido toda mención al desmantelamiento del Estado de las Autonomías -la devolución de las competencias de Educación, Sanidad y Justicia- y otras medidas concretas que agitaron los nervios de las filas del PP, como la propuesta de derogar las leyes andaluzas relativas a la igualdad de género, la lucha contra la violencia machista y la que protege los derechos de los homosexuales.

Puntos comunes entre Vox y Ciudadanos

De las 37 medidas pactadas por PP y Vox, 18 ya estaban casi calcadas en el acuerdo programático de PP y Ciudadanos. Y 19 son nuevas, aunque algunas abordan los mismos asuntos que en el pacto con los naranjas, y otras no son medidas legislativas concretas, como la defensa de las fiestas tradicionales y la caza o la “condena a los ataques a fuerzas democráticas”. La dirección del PP regional aseguró este miércoles que había trasladado el documento de su acuerdo con Vox a Juan Marín y el resto de negociadores del partido naranja, y que “apoyaban el 90% de las medidas”. Ciudadanos lo niega y se mantiene firme en una realidad paralela ajena a cualquier intermediación con Vox. “Le he dejado muy clarito [a García Egea] que esos acuerdos [con Vox] en ningún momento van a vincular al Gobierno de Andalucía ni a las 90 medidas que han pactado con nosotros”, dice Marín.

La idea de que el pacto de PP con Vox no va a interferir en el acuerdo de PP con Ciudadanos se antoja compleja: hay medidas específicas en el primer documento que sí obligan a remodelar la negociación con la formación naranja, como la creación de una Consejería de la Familia, que no estaba contemplada en la estructura de Gobierno pactada con 11 consejerías. 

El partido de Albert Rivera ha encapsulado su acuerdo con el PP y, aunque necesite a Vox para conformar el Ejecutivo, ni se ha sentado con la ultraderecha ni se siente interpelado por sus exigencias. Su estrategia pasa por que sean los populares quienes acusen el desgaste de tratar con Vox durante una legislatura compleja, con un Gobierno en minoría de 47 diputados, que necesitará siempre el respaldo de Vox o de PSOE o de la coalición Podemos-IU para sacar adelante sus medidas.

Lo que dice el acuerdo y lo que interpreta Vox

Aunque el documento final que ha aceptado Vox dista mucho del original, el espíritu del decálogo extremista de Abascal impregna gran parte de las propuestas asumidas por los populares. Aunque la traducción legislativa de muchas de estas ideas sean difíciles o imposibles, el futuro presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya ha aceptado un lenguaje y un marco mental propio la extrema derecha, del que los populares andaluces habían tardado años en desmarcarse.

Con todo, algunos dirigentes del PP que han participado directamente en la negociación, en Madrid y en Sevilla, estaban ufanos y pletóricos después del terremoto interno que vivieron la jornada previa al recibir las propuestas de Abascal en un documento que ellos mismos tildaron de “despropósito inaceptable”. Vox ha renunciado a defender planteamientos concretos de ese acuerdo, como la supresión de las leyes de igualdad, y ha permitido que el PP “reescriba” en un lenguaje menos beligerante y demagógico algunas de las consignas políticas de los ultraderechistas. Hay una gran diferencia entre las medidas que Vox difundió en Twitter tras firmar el acuerdo con el PP, o las que expresó su secretario general, Javier Ortega Smith, al término de la reunión, y lo que recoge la literalidad del acuerdo.

Vox insiste en que ha pactado con el PP la “deportación de 52.000 inmigrantes ilegales”, como venía en su documento de propuestas, pero el texto que han firmado sólo habla de “cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un efecto llamada y combatir a las mafias que trafican con personas”. Moreno Bonilla le ha respondido más tarde: “Cada uno es libre de hacer la interpretación que crea oportuna, pero nosotros no hemos acordado nada que no aparezca en el documento por escrito”, sentencia.

La alusión al “efecto llamada” y la “inmigración ordenada” no es un legado nuevo de Vox al PP. El líder nacional, Pablo Casado, ya hizo suyo este discurso durante la campaña de las elecciones andaluzas. Entre las 19 medidas nuevas del acuerdo entre PP y Vox, destaca la “eliminación de las subvenciones superfluas”; la supresión de “embajadas comerciales de la Junta en el extranjero”, como la agencia Extenda; la eliminación de las zonas de escolarización- que concreta un punto ya pactado con Ciudadanos para garantizar que los padres matriculen a sus hijos donde quieran-; el Bachillerato concertado; un plan de adopciones y un programa de atención a mujeres con embarazos no deseados (se ha omitido la alusión de Vox contra el aborto); “prevenir la amenaza del fundamentalismo islámico”; lucha contra el “turismo sanitario”; una auditoría para revisar las licencias de radios y televisiones que garantice la pluralidad o la sustitución de la Ley andaluza de Memoria por una “Ley de Concordia”.

Fin a la Memoria Histórica

Este último punto también es polémico, aunque las críticas a las políticas memorialistas y la alusión a una Ley de Concordia tampoco es exclusiva de Vox, también Casado había defendido esta idea en el Congreso. La Ley andaluza de Memoria fue aprobada en el Parlamento andaluz sin ningún voto en contra (PP y Ciudadanos se abstuvieron), y se enmarca en una legislación de rango estatal. Moreno ha aclarado que el documento sólo dice que se “promoverá” una reforma. El documento también propone una Ley de Tauromaquia y la renuncia a las políticas de cooperación internacional para el desarrollo, es decir, el dinero que la Junta destina a ONGs en proyectos solidarios. Vox y el PP han pactado que este apartado lo gestione el Gobierno central.

Así las cosas, la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, inicia este jueves la ronda de contactos con los portavoces de los cinco grupos parlamentarios, para luego proponer al candidato a la Presidencia de la Junta. Bosquet escuchará el nombre de Juanma Moreno Bonilla del portavoz de PP, Ciudadanos y Vox, que suman 59 diputados, frente a los 33 del PSOE, que propondrá a Susana Díaz. La falta de acuerdo de los socialistas y la coalición Adelante Andalucía (Podemos-IU) para presentar como candidata alternativa a Díaz ya es irrelevante. El Parlamento andaluz baraja dos fechas para el debate de investidura, que se desarrollará en dos días consecutivos: 13 y 14 o 15 y 16 de enero. Previsiblemente, Juanma Moreno será investido presidente de la Junta en primera votación.

Ya lo decía la llamada Doctrina Reagan (ex presidente de EEUU) en política exterior: “los enemigos de mis amigos son mis enemigos”. Ciudadanos puede intentar convencer a su electorado de que “los populistas no han entrado en el Gobierno”, como dijo Marín este miércoles. Vox no formará parte del nuevo Gobierno andaluz, es cierto. Tampoco querían hacerlo (como habían ya manifestado Francisco Serrano o Javier Ortega). Nada de “sillones” para una fuerza que quiere exhibirse como “contraria” a lo que hay. Pero será clave prácticamente en cada una de las decisiones que se tomen en el Parlamento andaluz. A pesar de lo que dice Marín, el nuevo Ejecutivo gobernará con un socio: Vox. Y el nuevo Gobierno va a ser el suyo.

La formación naranja lleva haciendo malabares para que no se la ligue al partido de extrema derecha desde el 2 de diciembre, cuando se dibujó la posibilidad del fin de los mandatos socialistas en la comunidad autónoma. “Yo no tengo ningún acuerdo ni he negociado con Vox”, dijo Juan Marín. No ha firmado, ha evitado estar en la foto, no se ha sentado. Pero los de Rivera tendrán que ver cómo gestionan su presencia en un Consejo de Gobierno cuyo presidente sí tiene un acuerdo con una fuerza de extrema derecha que ha conseguido meter discurso y programa en un documento, y que, previsiblemente, los de Abascal no tardarán mucho en reivindicar y exigir.

Previsiblemente, Marín será vicepresidente de un Gobierno que no sería sin el voto directo de Vox (y un voto que no es gratuito), y que ha comprado muchos de sus postulados. No sólo ahora. Ya se vio durante la campaña electoral. Fuentes del PP aseguran que Cs se siente bastante cómodo con el 90% de los pactado con Vox, que de las 37 medidas, unas 22 coinciden con las firmadas entre PP y los naranjas. Pero, ¿qué pasará cuando se promueva una norma de acuerdo entre PP y Vox que no compartan? ¿Votarán en contra de su propio Gobierno? ¿Será su relación con Vox siempre en diferido? ¿Cómo se explica un Gobierno de centro derecha con respaldo extremo?

Lo que resulta difícil de digerir es que vayan a ser capaces de establecer una relación distante y que las decisiones y los votos de Vox no les afecten. Que quieran explicar que, aunque hay un acuerdo de investidura (como ellos firmaron con Susana Díaz la pasada legislatura), ese papel no va con ellos. Le va a costar a Juan Marín y a los suyos mantenerse impolutos y ajenos cuando los números parlamentarios son los que son. Resulta difícil creer que los amigos de sus amigos no sean, por extensión, sus amigos.

El gran teatro del mundo sigue siendo la política. Durante las últimas semanas, en ese pacto andaluz que se ha llevado a cabo en diferido desde Madrid, hemos asistido a una tragicomedia de bulevar en la que los actores principales entraban y salían de escena augurando un final feliz para las tribulaciones de Juan Manuel Moreno Bonilla. El presidente del Partido Popular andaluz estaba fuera de foco y no tanto como un deus ex machina sino como Romeo, que buscaba maridar con la Julieta andaluza, mientras capuletos y montescos fraguaban en la distancia los pertinentes acuerdos matrimoniales.

En la tarde del miércoles 9 de enero de 2019, el futuro presidente de la Junta rompió a hablar una vez que se alcanzaba el tercer acto de la función. El primero fue el de la presentación de los personajes: desde la derecha, la derecha extrema y la extrema derecha al PSOE, que la voz en off de los medios de comunicación y de las redes sociales nos presentan, en general, como un malevo que ambicionaba que los protagonistas fracasaran en el intento para que se convocaran nuevas elecciones y las hordas rojas conquistaran de nuevo las urnas. Con el auxilio, eso sí, de Adelante Andalucía, eternos meritorios en este trance.  Más temprano que tarde, la izquierda toda tendrá que preguntarse qué ha hecho mal para merecer esto. Y, sobre todo, para evitar hacerlo en el futuro.

El desenlace de la función, al que ahora asistimos, se vio precedido del nudo gordiano del día anterior en que a Vox le faltó pedir protección institucional para las carreras de sacos y la demolición urgente de la parte islámica de la mezquita catedral de Córdoba.

La política, sin embargo, también tiene algo de trilera. La víspera del acuerdo, del conciliábulo entre Vox y el PP, se filtró un documento de propuestas del simpático partido de Santiago Abascal, que incidía en aspectos tan costumbristas como instaurar el día de la Toma de Granada como Día de Andalucía o tan contundentes como derogar la Ley de Violencia de Género y la de igualdad de trato, que fija los derechos de la comunidad LGTBI.  Medio mundo se alarmó, empezando supuestamente por Núñez Feijoo, que quizá como gallego no sabía muy bien si su partido subía o bajaba las escaleras del anacronismo.

Cherchez la femme, fue el aviso a navegantes para aquellos que todavía conciliaban el albur de que no habría final con beso entre los tres partidos de la derecha andaluza. Los feminismos andaluces ya habían puesto con razón el grito en el cielo y una fecha –la del próximo día 15—para salir a la calle. Así que, nada por aquí, nada por allí, el cubilete cambia de manos y medio mundo respira aliviado de que dichos extremos no se toquen: al menos, sobre el papel, porque sin tener que derogar ninguna ley, la lucha contra la violencia machista o los derechos igualitarios pueden verse sencillamente asfixiados por la poda de presupuestos. Tampoco hará falta expulsar 52.000 inmigrantes si se corta la respiración asistida de las ONGs que apoyan su supervivencia en un laberinto burocrático en el que resulta más difícil mantener los papeles que obtenerlos.

Así las cosas, muchos se alegraron este jueves, por ejemplo, de que sólo vayan a reconvertir la Ley de Memoria Histórica en una ley de la concordia, mientras seguirán en paradero desconocido Blas Infante, Federico García Lorca y miles de represaliados en la Andalucía de Queipo de Llano y de otros matarifes a los que las generaciones futuras probablemente no conozcan jamás. La rápida ha tenido éxito y nos han dado gato por liebre. Ahora, si nuestra última actualidad fuera un thriller y tiene mucha pinta de serlo, algún detective diría aquello de: “Sigue al dinero”.

¿Cuál es la sustancia fundamental de la agenda no oculta del acuerdo que se selló? La pasta. Parece lógico que los nuevos gobernantes quieran auditar los marrulleos de los anteriores. Sin embargo, ¿es necesario que lo haga una auditora privada? ¿No funcionan, acaso, la Cámara de Cuentas y otros organismos públicos que han venido realizando auditorías concienzudas durante la última etapa del gobierno andaluz? La pista del dinero lleva a las farmacéuticas, con la célebre subasta de medicamentos de por medio y la recentralización de su adquisición. O al fin de la exclusividad de los profesionales sanitarios, algunos de los cuales –probablemente una minoría, nos dirán--, se servirán de lo público para sus consultas privadas, aunque la externalización de algunos hospitales y servicios ya había tomado carta de naturaleza durante la larga etapa del PSOE al frente de la Junta.

La pela es la pela, pero asistiremos a lo que prometió Moreno Bonilla y santifican Ciudadanos y Vox, a una Bajada Masiva de impuestos como aperitivo del espectáculo: Adam Smith se habrá mudado de Edimburgo al Palacio de San Telmo pero cuesta trabajo creer que el emprendimiento vaya a sustituir a la política fiscal para alimentar los recursos de una comunidad, la andaluza, que sigue manteniendo flancos indubitablemente vulnerables y que necesita del Estado para no renquear o extinguirse. Pero adiós al Patrimonio –la nobleza terrateniente debe estar celebrándolo--, a lo que quedaba de Sucesiones y a otros devengos en el que, dada la ola de liberalismo que nos embarga, muchos esperamos que incluyan en breve las multas de tráfico y el carnet por puntos.

Toda negociación tiene algo de negocio. Y la parte de león de este pacto guarda relación con la enseñanza: si se van a recaudar menos impuestos, ¿de dónde van a salir los presupuestos que reforzarán la enseñanza concertada, mayoritariamente en manos de la Iglesia Católica, se ampliará hasta el bachillerato y a la educación segregada?

La próxima semana, los representantes de Voz, de Ciudadanos y del Partido Popular, no sabemos si a escala estatal o lo que quede de autonomía, saldrán a saludar desde el escenario. Lo más interesante del argumento empezará entonces. Y, ojalá, quien vaya escribiendo a partir de ahora buena parte de nuestra historia colectiva no lo haga con renglones torcidos. Su éxito será el de todos. Su fracaso, también. Los partidarios de cuanto peor mejor, esperan a los bárbaros. Otros, como en el viejo poema de Cavafis, esperamos que no existan. Me encantaría equivocarme y aplaudir con entusiasmo, como desde una butaca de claque. Pero mucho me temo que el viejo Constantino estaba equivocado.