Uno de cada seis nuevos altos cargos de PP y Cs en Andalucía tuvo alguna responsabilidad con el PSOE en la Junta
El sábado se cumplía un mes desde que Juan Manuel Moreno Bonilla fuera investido máximo dirigente de la Junta de Andalucía. Desde entonces, el Consejo de Gobierno que preside ha procedido al nombramiento de 165 altos cargos, muchos de los cuales (aproximadamente un 16%) tuvieron algún puesto de responsabilidad, cargo o puesto en la Junta de Andalucía cuando gobernaba el PSOE.
El “enchufismo” como “marca” de los socialistas andaluces en la administración durante 36 años como han venido criticando desde las filas del PP y de Ciudadanos no sería tal teniendo en cuenta ciertos nombramientos, analizados por este periódico, donde varios dirigentes de la política andaluza en gobiernos del PSOE, jefes de servicio o personal de un perfil más técnico gozan ahora de la confianza de PP y Cs al ser elegidos como altos cargos. Los populares han presumido estos días de haber hecho decenas de nombramientos “en tiempo récord” y de haber escogido a “profesionales” para esos puestos. Pero el nuevo gobierno, autodenominado del “cambio”, no es del todo tal a tenor de los perfiles de los que están, muchos de los cuales ya estuvieron.
El 26 de enero fueron nombrados los once viceconsejeros y una secretaria general, el 5 de febrero se produjeron 31 nombramientos (incluidos los ocho delegados provinciales) y el 12 de febrero hubo nada menos que 122 nombramientos. Pese a que en su pasado profesional hayan tenido algún tipo de responsabilidad en la administración, muchas personas siguen o retoman su relación con la Junta de Andalucía pese al cambio de color político.
La continuidad de los SGT
Entre ellos destacan puestos de carácter algo más técnico dentro de una consejería, como puede ser el de secretario general técnico, el denominado SGT. Son los casos, por ejemplo, de José Ramón Benítez García, nombrado el pasado 12 de febrero para ese puesto en el macrodepartamento de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. De dilatada trayectoria en la Junta y en la administración estatal, hasta ahora desempeñaba el cargo de SGT de la Consejería de Justicia e Interior.
María del Mar Clavero y Alberto Sánchez Martínez, nombrados SGT en Hacienda y Agricultura, seguirán en su puesto tras su llegada a en junio de 2018 y julio del 2015, respectivamente. Asunción Alicia Lora, SGT en Salud y Familias, había sido secretaría general técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Son solo algunos ejemplos, los de más relevancia en el actual escalafón, que constan en los curriculms servidos por la Junta tras sus nombramientos, así como son los casos de otros nuevos altos cargos que han desempeñado funciones de responsabilidad en la Junta antes de la llegada de PP y Cs, bien en puestos de menor rango en sus respectivos departamentos o con puestos de cierta relevancia en alguno de las consejerías de la administración autonómica, varios de ellos directores generales. Así, hasta llegar a un total de 26 de los 167 nombramientos del nuevo gobierno, si incluimos los más recientes por circunstancias sobrevenidas: Gustavo rodríguez, sustituto de la delegada de Justicia de la Junta en Granada, y el nuevo consejero de Hacienda, Juan Bravo, tras la dimisión de Alberto García Valero.
También con rango de viceconsejeros están algunos secretarios generales con experiencia en puestos similares en la Junta bajo gobiernos del PSOE. Concepción Cobo, por ejemplo, fue nombrada secretaria general de Fondos Europeos al desarrollo Rural Sostenible tras 13 años ascendiendo posiciones en la administración agraria andaluza. Otro ejemplo es el de Natalia González, secretaria general de Industria, Energía y Minas y presidenta de la Agencia Andaluz de la Energía, quien desde noviembre de 2016 ocupaba el cargo de directora general de Industria, Energía y Minas.
Algunos otros nombramientos del Consejo de Gobierno que han llamado la atención por determinadas circunstancias, han sido los de Miguel Moreno Verdugo, nuevo gerente del SAS y responsable de 3.500 despidos en Castilla-La Mancha con Cospedal; Fernando Francés, secretario general de la Consejería de Cultura y que está imputado por un delito contra el patrimonio histórico; Carlos Rodríguez Sierra, director general de la Oficina Judicial y que fue abogado del principal imputado del caso de los ERE; o Elisa Fernández-Vivancos, nombrada delegada de Justicia de la Junta en Granada pero que dimitió la semana pasada tras conocerse su relación con un caso que condena a una multa millonaria al Gobierno andaluz.
