“No existen indicios de los delitos atribuidos” y “se ha tratado de una acusación infundada”. Lo dice la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla que ha absuelto esta semana a 16 personas, entre ellos distintos funcionarios y técnicos de la Junta de Andalucía, por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. La jueza Mercedes Alaya, conocida sobre todo por ser la primera instructora del caso de los ERE, ordenó desde la Sección Séptima de la Audiencia reabrir la causa en el otoño de 2019, como ya hizo en 2016, al imputar al ex secretario general de Industria de la Junta Vicente Fernández Guerrero, hasta ahora acusado y por entonces presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el Gobierno español presidido entonces en funciones por Pedro Sánchez. Fernández dimitió tres días más tarde, según anunció la entonces ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, hoy candidata socialista a la Junta.

A una de las juezas más conocidas del país, vieja amiga del magistrado en excedencia Juan Ignacio Zoido (decano de los jueces de Sevilla entre 1992 y 1996), luego alcalde de la capital hispalense y más tarde ministro del Interior, no le han salido especialmente bien algunas de sus decisiones más mediáticas quizás por su “nueva manera de ver las cosas”, como sugirió el propio fiscal del caso Aznalcóllar, afeándole que reabriera el caso hasta por dos veces cuando el juzgado instructor estaba viendo claro que ahí no había ni truco ni amaño por parte de personal técnico de alta cualificación. En la vista oral, los acusados alegaron derechos “vulnerados” y acusaron a Alaya de “extralimitación” en sus funciones. Sentencia en mano, si bien cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, se trata de un nuevo varapalo para la protagonista de instrucciones fallidas como los casos Mercasevilla (2014 y 2017), Formación (2016), Lopera (2018) o Fitonovo (2022).

La voz a las consecuencias del último episodio acusatorio fallido de Alaya la ha puesto este sábado Aurora Gomera, ingeniera de Montes y funcionaria del cuerpo superior de la Junta, una de esas personas ahora absueltas pero “tras diez años de calvario”, según ha contado emocionada en Hora 14 Andalucía de la Cadena SER. Al ser preguntada por qué creía que el caso había llegado a juicio pese a que la sentencia dice ahora que no había indicios y de que se había tratado de una “acusación infundada”, la funcionaria ha sido tajante: “Esa pregunta se le debería de hacer a la magistrada Mercedes Alaya, que es la que ha motivado que nosotros fuéramos a juicio oral después de que la jueza instructora y la Fiscalía consideraran que no existía ningún tipo de delito, ningún tipo de prueba que nos inculpara de todos los delitos que se nos imputaban” (...) Habíamos hecho nuestro trabajo y nos sentaron en un penal“. A su juicio, la sentencia ”pone de manifiesto la mala fe de todas y cada una de las personas responsables de habernos sentado en un banquillo injustamente y de haber mantenido una mentira durante diez años“.

La sentencia es extensa pero algunas de sus consideraciones son especialmente contundentes: la pretensión punitiva de las acusaciones “carece de la menor consistencia, de lo que se deduce que no podían dejar de tener conocimiento de la injusticia y sinrazón de su posición, máxime tras el desarrollo del juicio, en el que ha resultado claramente desvirtuada la posible apreciación de delito en la actuación de los acusados en relación con los que han sido objeto de inculpación, algunos de ellos carente de total sustento fáctico y probatorio (negociaciones prohibidas, fraude, prevaricación ambiental), siendo incluso la acusación inicialmente establecida en las conclusiones provisionales de una mayor gravedad (cohecho, administración desleal), sin unos mínimos parámetros de racionalidad en la valoración de la amplia investigación realizada y que tuvo un resultado que no permitía en absoluto dicha calificación penal”.

“Teorías sobre conspiración y tramas delictivas”

Este ha sido el final, en primera instancia, del denominado caso Aznalcóllar. El caso ERE impulsado por Alaya es el más conocido a nivel nacional, pero no ha sido el único mediático. El ya mencionado Juan Ignacio Zoido presentó en abril de 2009 una denuncia contra el entonces alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), y el teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), a la sazón presidente y vicepresidente de Mercasevilla. El caso recayó en el Juzgado de Intrucción número 6, dirigido entonces por Mercedes Alaya. Se empezaba a fraguar el caso de los ERE, que se alarga desde hace más de 15 años y que, aunque amortizado, como presume el PP, sigue vivo: después de que en julio de 2024 el Constitucional anulara la condena de cárcel de Griñán y rebajara la inhabilitación de Chaves, y el caso se quedara sin trama política aunque con decenas de juicios pendientes por ayudas fraudulentas, la Audiencia de Sevilla llevó el pasado mes de julio a la Justicia europea las sentencias del Constitucional.

Pero volvamos a 2009. Alaya empezó entonces a tirar del hilo de la controvertida gestión de la lonja sevillana al advertir que en los expedientes de regulación de empleo de 2003 y 2007 había 'intrusos', es decir, personas que aparecían en los ERE pero que nunca habían trabajado para las mismas. Alaya imputó en el 'caso Mercasevilla' a Rodrigo Torrijos en abril de 2011 por la venta de los suelos del mercado de abastos, apenas mes y medio antes de las elecciones municipales, que ganó Zoido por mayoría absoluta. Años después, en 2017, Torrijos fue absuelto en aquel caso y tanto el CGPJ como el Consejo de Estado han puesto en duda aquella instrucción judicial de Alaya. En este mismo caso, el exdelegado provincial de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas resultó finalmente absuelto por el Tribunal Supremo en 2014 pese a haber sido condenado en 2012.

También podemos recordar el 'caso Fitonovo', instruido por Alaya. En noviembre de 2022, la Fiscalía retiró los cargos contra los exdirigentes de IU en Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García, que finalmente fueron luego absueltos. La sentencia condenó a penas de entre dos y nueve meses de cárcel a diez de los diecisiete acusados, entre ellos concejales, funcionarios y empresarios, y absolvió a las formaciones políticas PSOE e IU-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía como partícipes a título lucrativo.

La absolución del expresidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera en marzo de 2018 de apropiación indebida y administración desleal también fue un caso mediático que, desde el punto de vista penal, quedó en nada después de años de procedimiento judicial.

A comienzos de 2017, un contundente auto judicial de la jueza María Núñez Bolaños confirmó el archivo de la denominada pieza 'política' de los cursos de formación en Andalucía. Rechazó, como era de esperar, el recurso de reforma planteado por el PP andaluz pero lo hacía cargando contra su antecesora, Mercedes Alaya, y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por “iniciar causas penales desde la interpretación de informes” a partir de los cuales “elaborar teorías sobre conspiración y tramas delictivas, como la sostenida en esta causa, viene siendo avalada también por el PP-A”. La causa había sido archivada el 11 de octubre de 2016 siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Aquello fue la crónica de un carpetazo anunciado, mientras con el caso Aznalcóllar se ha llegado al fin de un proceso y de una absolución anunciada.

El 'efecto ERE'

Alaya también protagonizó el llamado 'efecto ERE', salpicado de decisiones suyas en momentos muy puntuales, principalmente ante las autonómicas de marzo de 2012 (ganadas por el PP de Javier Arenas, si bien PSOE e IU hicieron coalición haciendo presidente a Griñán) y en la campaña electoral de las municipales 2011, con el foco en la política sevillana, de las que salió vencedor el ya citado Juan Ignacio Zoido. En su penúltimo caso mediático, en la primavera de 2023, sí que decidió aplazar hasta después de las elecciones municipales el juicio por el gasto de dinero público en prostíbulos por parte del exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén, condenado luego a seis años de cárcel.

Mercedes Alaya, en cualquier caso, fue la auténtica pesadilla para la Junta durante sus cuatro años de instrucción de los ERE y el PSOE siempre ha considerado que la instrucción que llevó a cabo la jueza en la causa supuso una injerencia en la vida política andaluza. De hecho, ni cinco minutos, literalmente, le duró el estreno de presidenta a Susana Díaz cuando el 10 de septiembre de 2013, durante la toma de posesión de su nuevo equipo, el PP andaluz filtraba el auto de Alaya que pedía la imputación de Chaves y Griñán, sus predecesores y padrinos políticos (aunque luego fue anulada por la Audiencia). A Alaya le sustituyó al frente del juzgado de los ERE María Núñez Bolaños, amiga del exconsejero andaluz Emilio de Llera, fiscal en excedencia. Pero la ‘pata política’ del caso, la más jugosa o la más difícil de gestionar, según se mire, le tocó rematarla a Álvaro Martín, quien abrió en noviembre de 2016 el juicio oral contra los máximos responsables de la Junta.

Aquella bomba de Alaya al aguar la fiesta de estreno del Gobierno de Díaz vino a ratificar de algún modo las coincidencias temporales entre sus decisiones y autos con determinadas actividades de la Junta desde que estallara el caso, allá por 2011, campañas electorales incluidas. “Nada ni nadie va a condicionar la agenda del PSOE. Nada ni nadie”, dijo el todavía presidente Griñán apenas un par de meses antes de ser 'preimputado', aquel terminó acuñado en los medios tras la decisión de Alaya de meterle en el charco de los ERE, principalmente como consejero de Hacienda. Pero la agenda sí fue condicionada, tanto como para hacer caer a dos expresidentes del PSOE y de la Junta. Griñán renunció a la Presidencia de la Junta en julio de 2013 para que “ningún escándalo salpique a la Junta y a Andalucía”, reconociendo definitivamente el desgaste sufrido.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, a la hora de reanudar este martes el macro juicio correspondiente a los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude investigados en la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis; ha resuelto las cuestiones previas planteadas por las partes, rechazando sobre todo que la Sección Séptima, con un tribunal participado por la juez Mercedes Alaya, incurriese en una “extralimitación de funciones” en sus órdenes de reapertura de la causa.

En un auto emitido este pasado lunes y difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Sección Tercera de la Audiencia aborda las cuestiones previas planteadas por las partes del procedimiento los pasados días 2 y 3 de marzo, cuando fueron celebradas las sesiones iniciales del juicio.

En aquellas sesiones, las defensas de los 16 acusados reclamaron la nulidad del procedimiento por “vulneración de derechos fundamentales de libertad, defensa e intimidad” y una supuesta “extralimitación de las competencias” de la Sección Séptima de la Audiencia, a la hora de resolver los recursos de apelación planteados en la fase de instrucción, mediante un tribunal participado por la juez Mercedes Alaya, instructora inicial del caso de los ERE.

Recordemos al respecto que merced a las peticiones de la Fiscalía, la jueza instructora de la denuncia inicial de Emerita-Forbes Manhattan, la magistrada Patricia Fernández Franco, acordó hasta dos veces el sobreseimiento de la investigación al no apreciar delito, si bien tras los recursos de apelación de las acusaciones particulares contra tales decisiones de archivo, en ambos casos la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya; accedió a las tesis de las acusaciones ordenando la reapertura de las diligencias.

Modificación de la valoración efectuada por el instructor

Según los letrados de las defensas, en el caso pesa un “exceso competencial” de la Sección Séptima de la Audiencia “puesto que en el primer auto de sobreseimiento del Juzgado de Instrucción número 3 en 2015 se decía que el procedimiento había sido el correcto y que no se había acreditado que las actuaciones fueran tendentes a beneficiar a Minorbis” en la valoración de las ofertas; mientras respecto al segundo auto de sobreseimiento del juzgado, también revocado por la Sección Séptima; señalaba que no había “indicios ciertos sobre delitos denunciados, más allá de genéricas referencias de meras irregularidades”.

Al respecto, la Sección Tercera de la Audiencia rechaza que la Sección Séptima incurriese en una “extralimitación de funciones”, avisando de que “las defensas niegan la posibilidad del tribunal de apelación de revocar la decisión de la instructora de sobreseer la causa y hacer una valoración de la prueba sobre culpabilidad, decidir la práctica de nuevas diligencias de prueba y ampliar el ámbito de enjuiciamiento tanto de hechos como de investigados”.

Al respecto, la Sección Tercera de la Audiencia explica que “la posibilidad de modificar por parte del tribunal de alzada la decisión del juez de instancia sobre la conclusión de la instrucción y acordar nuevas pruebas ha sido aceptada de forma generalizada por la jurisprudencia menor y es que, no solo no existe precepto alguno que lo impida, sino que por el contrario es obligado el pronunciamiento sobre las pretensiones que en tal sentido se interesen por las partes”.

Además, la Sección Tercera de la Audiencia esgrime “distintas sentencias del TC y TS que aluden a resoluciones de las audiencias provinciales sobre la modificación de la valoración efectuada por el instructor, entre ellas en relación a la resolución adoptada tras la conclusión de la investigación o para la admisión y práctica de nuevas diligencias de prueba, en las que no se cuestiona la validez de dichas resoluciones ni se acuerda su anulación, sino que sólo se valora la posible vulneración o no del derecho del demandante a un juez imparcial”, con lo que rechaza dicha cuestión previa.

El tribunal, en ese sentido, desestima la mayoría de las cuestiones previas planteadas por las partes, pero acuerda excluir el enjuiciamiento por delito de administración desleal y pospone para el momento de emisión de la sentencia las relativas a la legislación aplicable al presunto delito de malversación.

Ni un paso atrás ni para coger carrera pero sí para asomarnos a la historia. Volvamos a 1689, a Inglaterra, el Parlamento devolvió al pueblo el poder que usurpaban los reyes tiranos. Desde la Carta de Derechos, Bill of Rights, los reyes tuvieron claro que el poder emana del pueblo y los jueces que el suyo, también.

Es el texto que se considera que por primera vez estableció la separación de poderes pero, sobre todo, centró en el poder legislativo, elegido mediante elecciones libres y periódicas, el edificio constitucional de la monarquía inglesa y la democracia. No cabe invasión del poder del Parlamento. El Tribunal Constitucional español lo ha querido dejar claro respecto del orden constitucional español en sus recientes sentencias en amparo en el caso de los ERE: el poder legislativo es el centro de la democracia.

Pero no solo fue una idea inglesa, de ella bebió Montesquieu y los pensadores de la Ilustración, de la Revolución francesa y, por supuesto, de la revolución y emancipación de las colonias americanas. Hay quien cree que fue posteriormente el carácter disuasorio de la guillotina, no digo que no, sin embargo, me inclino por la sabia decisión de los ingleses que frente a la excepcionalidad de la herramienta justiciera, su Bill se practica democráticamente todos los días.

En la separación de poderes descansa el edificio constitucional. La separación de poderes, con equilibrios y controles, y la advertencia por el papel de los jueces; en todos los pensadores del aquel tiempo constituyente, en particular, Montesquieu, latió el temor a la distorsión para la democracia que puede causar un mal ejercicio del poder de los jueces, capaz de hacer tambalear si no derrumbar el edificio democrático con sus decisiones, voluntarias o no. Aristóteles decía que “la predisposición contra alguien, la compasión y la ira y otras afecciones del alma similares, no tienen que ver con el asunto, sino con el juez”. Y, seguía, “donde gozan de buena legislación, estos jueces no tienen nada que decir”.

En España, en donde nunca hubo nada de estas cosas y pasamos de la autoridad judicial al poder judicial, sin despeinarnos, los jueces se entiende, el último pasillo de comedia de los jueces ha sido la visita procesal de un juez de Instrucción a La Moncloa ―para la sola preparación del juicio oral que diría Landelino Lavilla, que hoy estaría escandalizado en su más allá jurídico―, la europeamente esquiva cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo por la ley de Amnistía y, desde luego, la impudicia de su órgano de gobierno, el CGPJ, negándose a elegir a una mujer al frente del Supremo. Costó que entraran mujeres en el escalafón superior de las fuerzas armadas, parece que la corporación judicial, cargada de testosterona, es el último reducto de la legión perdida de la milicia togada.

Debe ser andancia y mira que nos lo advirtieron los sabios citados y los padres de la democracia estadounidense. Como una reminiscencia de ello, incluso en EEUU pasa algo. En el ocaso de su vida política, Joe Biden ha anunciado la necesidad de una enmienda constitucional para que los jueces del Supremo no puedan hacer lo que quieran y todo el tiempo que quieran. El origen del anuncio tiene que ver con la decisión de los jueces de la Corte Suprema concediendo la inmunidad presidencial en el caso de Donald Trump, y el desempeño de los jueces que tiende a marchitarse por su carácter vitalicio.

Es la razón de la propuesta, evitar las decisiones políticas de los jueces, por lo que el presidente del ejecutivo ha Incluido también la elaboración de un código ético y una limitación de mandatos eliminando el carácter vitalicio del cargo. Unos jueces, por cierto, que no se eligen a ellos mismos, son designados por el presidente del poder ejecutivo con la participación del poder legislativo, los dos poderes electos. No hay CGPJ.

La mayoría demócrata en el Senado estadounidense, consciente de la dificultad de una enmienda constitucional, ha introducido en el Senado una propuesta, la No King Act. Jorge Luis Borges siempre creyó que la lengua inglesa era más sintética y precisa que la española. El título de esta ley no le puede dar más la razón: No King, que una ley en español diría algo así como proyecto de ley orgánica para la determinación de la inmunidad e inviolabilidad en el ejercicio de sus funciones... algo parecido al “se inhabilitare” de los reyes españoles; nada sintético ni claro.

En inglés bastan dos palabras, Rey, no. Algo parecido había afirmado la juez del Supremo, Sonia Sotomayor, con ocasión de la sentencia del Supremo citada, Trump no es un rey. En Estados Unidos, reflexionan los proponentes, no tenemos rey como en el Reino Unido, que era inviolable y sagrado, aquí todos somos iguales ante ley desde que nos emancipamos de la corona británica.

Hubiera añadido, “y no como ocurre en nuestros tiempos, por ejemplo, con el rey honorífico Juan Carlos I de España”, pero es mucho pedir al Imperio y eso que se mete en todo. Pero lo verdaderamente importante es que se invoca la Constitución estadounidense para señalar que solo al poder legislativo, al Congreso, corresponde determinar si un presidente o un vicepresidente tiene inmunidad y no al poder judicial. En clara advertencia de que la Corte Suprema pisa el terreno de la invasión de poderes. 

En fin, que los clásicos nos marcaron el camino. Hoy como en el siglo XVII, como en la Grecia de Aristóteles, el peligro para la democracia puede venir de los jueces. 

Lo dijo Griñán hace nueve años a las puertas del Tribunal Supremo: “Yo no creo que hubiera un gran plan pero hubo un gran fraude”. La incriminación por prevaricación y malversación de la cúpula política de la Junta de Andalucía durante tantos años que el Tribunal Constitucional está últimamente poniendo muy en duda, rebajando o anulando algunas condenas, lleva a replantear quién y cómo puso sobre la mesa que el Gobierno autonómico engañó al Parlamento, que es la única teoría que está rebatiendo el tribunal de garantías, no que no hubiera un fraude, admitido por el propio expresidente de la Junta y del PSOE.

Esa teoría la asumieron tres jueces de Instrucción de Sevilla, la Fiscalía en todos los niveles (excepto el del TC), la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo. Por encargo de la jueza Mercedes Alaya, un equipo de peritos de la Intervención General de la Administración del Estado, organismo de control gubernamental dependiente del Ministerio de Hacienda entonces en manos de Cristóbal Montoro (2011-2018), elaboró en diciembre de 2013 un informe de 8.000 folios, ratificado en todas esas instancias judiciales a lo largo de la instrucción del caso ERE y que todas las partes consideran pieza clave y base de la acusación pero cuyas conclusiones ahora están siendo realmente cuestionadas por el Tribunal Constitucional al analizar los recursos de amparo de los condenados.

La idoneidad de un equipo de peritos de la IGAE designados para el caso de los ERE, cuyo director fue administrador judicial de empresas de la Gürtel, para elaborar un informe de tal calado ha sido puesto en duda en todo este tiempo. “No cabe la designación de perito para elaborar un dictamen de naturaleza técnico-jurídica”, llegó a decir la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, en un recurso de la causa contra la agencia IDEA en septiembre de 2017. Segarra, luego fiscal general del Estado, rechazó la presencia de una pericia de ese tipo “si es sobre aspectos exclusivamente jurídicos”, como así ocurrió con el informe de los funcionarios del Estado.

“Desborda” sus competencias

Su postura coincidía con la que la Junta, entonces en manos del PSOE, había mantenido respecto a que aquellos peritos pudieron “aventurarse a realizar un análisis jurídico de amplio espectro”, considerando que aquel informe pericial tenía “un objeto de nulo valor probatorio y escaso valor científico”. La propia IGAE se negó a analizar leyes para un juzgado en otra causa, trasladando a la jueza que investigaba la adjudicación de la mina de Aznalcóllar que examinar diversas normativas “desborda” sus funciones y competencias. Por contra, en el informe encargado para el caso ERE, el organismo estatal desgranó la regulación de las ayudas sociolaborales y todo tipo de decretos y leyes.

En aquel largo informe del caso ERE, ratificado en Sevilla en febrero de 2015 y luego ante el propio Tribunal Supremo para continuar con el procedimiento contra varios exaltos cargos del Gobierno andaluz, los peritos, los mismos que obviaron las ayudas del Ministerio de Empleo que luego se encargó de retomar la jueza Núñez Bolaños, analizaron todo tipo de normativa laboral y contable para establecer unas conclusiones que han sido consideradas fundamentales en el procedimiento para sostener la acusación. El objeto de investigación de Alaya y de la IGAE siempre fue la legalidad o no de las ayudas, cuestionando de fondo el uso de transferencias de financiación para conceder subvenciones sociolaborales y a empresas.

 El informe de los peritos del Estado rechazó el uso de las transferencias de financiación como herramienta presupuestaria usada por la Junta de Andalucía para sugragar los ERE. En aquel informe, los peritos consideraron “improcedente” dicha figura e insisten en que su uso en la fase de presupuesto y de ejecución fue “inadecuado de acuerdo con la Ley”. La contrapericial presentada por el expresidente de la Junta José Antonio Griñán definió dichas transferencias como “un instrumento perfectamente idóneo y legalmente adecuado”.

Unos “profanos en Derecho”

La instrucción dirigida por Alaya concluyó, con base a aquel informe pericial de la IGAE, que la Junta se inventó un sistema “inadecuado” de gestión de subvenciones, que creó un 'procedimiento específico' por el cual fueron condenadas muchas personas, incluidos dos expresidentes andaluces que, supuestamente, lo habrían conocido y permitido. En su escrito de defensa, el propio expresidente Griñán pidió “expulsar” como prueba del juicio el informe de los peritos de la IGAE. Aquel informe “versa sobre materia estrictamente jurídica” y fue emitido “por profanos en Derecho, por muy funcionarios de la IGAE que sean”, opinaron ya otras defensas.

En otra de las comparecencias de los peritos del Estado, que celebraron varias sesiones con las partes personadas, estos reconocieron que mantuvieron “ocho reuniones aproximadamente” con Alaya antes de presentar su informe en diciembre de 2013, según denunció públicamente el entonces abogado de Griñán, José María Mohedano. Para el letrado, constituyó “un hecho muy grave” porque los peritos no estaban para auxiliar judicialmente a la jueza sino para emitir “de manera independiente e imparcial” un informe. Mohedano lamentó públicamente que Alaya no considerara procedentes sus preguntas sobre las “coincidencias” entre algunos párrafos del informe pericial y de autos de la jueza.

La decisión del pleno del Tribunal Constitucional respecto al caso de los ERE, al menos en lo referente a la exconsejera andaluza y exministra Magdalena Álvarez (PSOE), obliga a intentar saber cuándo se empezó a gestar una condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación que ahora ha sido revocada y que puede marcar el camino de otros recursos como el de Manuel Chaves, igualmente condenado por el mismo delito por la Audiencia de Sevilla y ratificado por el Tribunal Supremo.

Álvarez podría hoy mismo volver a repetir una de sus frases más recordadas. “Antes partía que doblá”, dijo en noviembre de 2007 la política socialista cuando era ministra de Fomento (2004-2009) en un mitin en Málaga organizado por el PSOE junto a los entonces presidentes del Gobierno y de la Junta de Andalucía, José Luis Rodríguez Zapatero y Manuel Chaves, asemejándose a Indalecio Prieto y a cómo “la derecha” se mofaba de aquel ministro socialista en los años 30 calificando de 'túnel de la risa' al que une Atocha y Chamartín en Madrid. Dos años después de aquello, en enero de 2009, la diputada del PP Montserrat Nebrera dijo de ella que tenía “un acento que parece un chiste”. “Hemos sido objeto de un montaje político que se empieza a conocer”, ha dicho tras saber el amparo constitucional.

Lo dicho ahora por el TC coincide, como muchas decisiones de la jueza Mercedes Alaya al inicio del caso de los ERE, con el décimo aniversario de la dimisión de Álvarez como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que se cumple la semana que viene. Imputada formalmente un mes antes, en mayo de 2014, su vinculación a los ERE venía de atrás, concretamente del 2 de julio de 2013 junto a una veintena de exaltos cargos de la Junta, cuando el caso saltó a la palestra nacional. Por aquel entonces se 'preimputaba', como les ocurrió a los expresidentes Chaves y Griñán, a quienes Alaya pidió su imputación en septiembre de 2013, una decisión difundida por el PP andaluz en el mismo momento de la toma de posesión del nuevo Gobierno de Susana Díaz (luego anulada por la Audiencia).

Los argumentos de Alaya por aquel entonces para imputar a Álvarez, apoyados por la Fiscalía Anticorrupción, inciden en que la entonces consejera de Economía y Hacienda (lo fue entre 1994 y 2004) fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación y que venía venía usándose para el pago de ayudas sociolaborales desde el año 1999 al 2001. Según la jueza y la Audiencia el uso de aquella figura fue “precisamente instaurado” por Álvarez cuando era consejera y ello “permitió un amplio margen de discrecionalidad en el otorgamiento de las ayudas sin sometimiento al procedimiento legalmente”. Le llegó a pedir una fianza civil de 29,5 millones de euros, que cubrió con el embargo de seis bienes inmuebles y cinco cuentas corrientes.

Ya la Audiencia de Sevilla, a la hora de cuantificar las condenas de inhabilitación por prevaricación por parte de los condenados, tuvo en cuenta lo que ahora criticaba parcialmente la Fiscalía a primeros de este año. En su caso, como consejera de Economía, su papel delictivo según el Supremo y la Audiencia de Sevilla pasaba por haber participado en los anteproyectos y proyectos de presupuestos que contenían las partidas presupuestarias y que fueron posteriormente aprobadas por el Parlamento de Andalucía. Una fase previa, entendió su recurso de amparo, que no era equiparable a quien gestionaba de forma directa el gasto y que no debía ser considerada como una resolución a efectos penales.

Más de un exalto cargo vino sosteniendo ante los sucesivos tribunales que han visto el caso la tesis de que ni una ley ni su propuesta podían ser delictivas. La sentencia del TC viene a dar la razón a esos argumentos cuando dice que “la modificación de la normativa presupuestaria por este cauce nunca puede ser delito ni tampoco puede serlo la elaboración del texto articulado por quienes tienen la iniciativa legislativa”. El Pleno ha estimado parcialmente el recurso de amparo de Álvarez y devuelve las actuaciones a la Audiencia de Sevilla para que dicte un nuevo fallo que excluya los hechos relacionados con la aprobación de los anteproyectos y proyectos de ley de Presupuestos y de modificaciones presupuestarias amparadas por dicha ley en los años 2002, 2003 y 2004.

El susto de los parlamentarios en 2014

Durante la instrucción, a inicios del año 2014, la jueza Alaya ordenó a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado que informaran acerca de “qué pudo conocer” la entonces Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz sobre “las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales”. El susto fue tal, ante una posible imputación de aquellos parlamentarios (recordemos que hubo unos 500 imputados en las primeras fases de la investigación), que la jueza tuvo que aclarar que “ni siquiera como hipótesis de estudio” se había planteado la existencia de responsabilidad penal en integrantes de la Cámara autonómica.

“Partir de la consideración de que esta indiciaria maquinación delictiva en la elaboración de los Presupuestos era además conocida por el Parlamento, supone restarle complejidad técnica a la Ley de Presupuestos y presuponer en los parlamentarios un conocimiento exquisito en materia presupuestaria”, había dicho la jueza en 2013.

Finalmente, la Audiencia de Sevilla revocó en septiembre de 2015 aquel auto de la jueza donde solicitó los diarios de sesiones de la Comisión de Economía y Hacienda desde 2001 hasta 2010 y documentación de las sesiones plenarias donde se aprobaban los presupuestos. Los jueces ya dijeron a Alaya, al igual que el Supremo, que “no se considera razonable que el Parlamento aprobara conscientemente un sistema integrado por un cúmulo de ilegalidades que abocaban necesariamente al descontrol”.

Y esa es una consideración transversal a varios recursos de amparo presentados ante el Constitucional, aún pendientes de resolver. También que la reacción penal ante posibles irregularidades en esas fases previas al proceso de concesión de ayudas no era algo previsible. Es un argumento además similar al de la Fiscalía, que apoyó de forma parcial varios recursos al considerar que los presupuestos andaluces y la fase previa no podía ser considerada un delito de prevaricación. Y es lo que ha venido decir ahora el TC: que ni los anteproyectos de ley ni los proyectos de ley ni las modificaciones presupuestarias posteriores a 2002 son prevaricadora, quedándose en las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001.

La estimación de los recursos en los términos que plantea la Fiscalía, por tanto, llevaría a la Audiencia de Sevilla a tener que eliminar la porción de su condena de inhabilitación que proceda de la aprobación de los presupuestos, pero no de las modificaciones posteriores que también forman parte, según la Justicia, del sistema descontrolado de ayudas públicas.

Los abogados de las defensas de la antigua cúpula de UGT Andalucía acusada de fraude en las subvenciones públicas han pedido en la primera sesión del juicio la anulación del mismo por la “ilegitimidad” de muchas de las pruebas aportadas por las acusaciones al provenir de “filtraciones ilegales”. De esta forma, las defensas han denunciado la “ilegalidad” de las pruebas por tratarse de “infracciones” constitucionales que vulnerarían la presunción de inocencia de los encausados. Asimismo, han argumentado este lunes que la jueza instructora del caso, Mercedes Alaya actuó de forma “inquisitorial”, intentando “acaparar” las grandes causas relacionadas con la sociopolítica de Andalucía.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha iniciado este lunes un juicio por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, derivado de la práctica de supuestas facturas falsas y que habría defraudados 40,7 millones de euros en subvenciones públicas. Entre los encausados se encuentran Francisco Fernández Sevilla, ex secretario general de UGT-A; Federico Fresneda, ex secretario general de Administración; María Charpín, ex secretaria de Gestión Económica; Dolores Sánchez, responsable del departamento de Compras; y Enrique Goicoechea, consejero delegado de Soralpe: así como diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

La vista ha comenzado con las habituales cuestiones previas. El abogado Luis López de Castro, representante legal de Fresneda, ha manifestado que como la causa nace de “una documentación sustraída” e “ilícitamente obtenida” por el que fuera trabajador de UGT-A Roberto Alejandro Macías Chaves, condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos por filtrar a medios de comunicación “información reservada y sensible”, lo cual derivaría, según ha expuesto, en “la nulidad” de todas las actuaciones del proceso judicial. Cabe recordar que este mismo año la propia Audiencia impidió a dicho trabajador acudir al Tribunal Supremo para recurrir su sentencia.

Unas manos “no tan limpias”

A tal efecto, el citado abogado ha recordado la condena al autor de las filtraciones “en connivencia con el sindicato Manos Limpias, que han resultado no ser tan limpias, y de los medios de comunicación”. Además ha esgrimido jurisprudencia según la cual “las pruebas de origen ilícito han de ser descartadas”, lo que en este caso, por efecto “dominó”, deriva en la plena “nulidad” de lo actuado.

Roberto Macías, según ha destacado el letrado, se hizo “ilícitamente” con documentación de UGT-A y “en vez de denunciar los hechos de los que el mismo formaba parte” la trasladó a los medios de comunicación, “no a la Fiscalía o al juzgado”, “ premeditadamente y de mala fe, con máximo ánimo de venganza y odio”.

El abogado ha señalado también que Alaya fue la primera instructora del caso de los ERE y que intentó “acaparar” las grandes causas, tachando de “inquisitorial, desproporcionada, exagerada, viciada y bajo un secreto de sumario injustificado” su instrucción en el caso de UGT-A, con un “juicio paralelo” en los medios de comunicación dejando a los acusados en una situación de plena “indefensión”.

Una investigación “prácticamente limitada”

Se trató, según este letrado, de una investigación general y “prácticamente ilimitada” sobre el sindicato, con un secreto de sumario vigente “durante demasiado tiempo, desbordando todos los límites”. De este modo, López de Castro sostiene que la investigación se debe adecuar a la finalidad con la que fue prevista legalmente porque “no se trata de llevar a cabo una inquisición global sobre la actividad de una persona para imputar a la misma unos hechos concretos”.

Así pues, esta defensa señala que en el marco de actuaciones autorizadas por Alaya y después por el juez de Instrucción 9, hubo “detenciones innecesarias” además de la “vulneración de derechos elementales como la inviolabilidad del domicilio, el derecho al honor intimidad y propiedad privada, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la libertad y el derecho a juez natural”. Todo ello, sin existir “las justificaciones necesarias”, a todo lo cual se han adherido las defensas de la ex secretaria de Gestión Económica, María Chapín; y la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez.

También ha lamentado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se sirviese de tales actuaciones para incluir en sus diligencias aspectos como “conversaciones” telefónicas entre él como abogado defensor y Fresneda como cliente, así como conversaciones telefónicas entre Francisco Fernández Sevilla y la también dirigente de UGT Andalucía Carmen Castilla.

La Fiscalía sostiene que UGT institucionalizó el fraude y lo pactó con los proveedores

La Fiscalía ha asegurado que el sindicato “institucionalizó un fraude y lo pactó con los proveedores”; mientras el sindicato, que figura como responsable civil subsidiario, ha lamentado la “criminalización de una cuestión estrictamente administrativa” y ha asegurado que ha satisfecho el dinero reclamado.

De este modo, el letrado de UGT Andalucía, José María Calero, se ha adherido a las “graves vulneraciones de derechos y de las garantías procesales” alegadas por las defensas de los acusados individuales, tras lo cual ha asegurado que en este asunto, “una causa completamente administrativa se ha transformado en penal”. “Se ha criminalizado una cuestión estrictamente administrativa”, ha expuesto el abogado defensor del sindicato. Asimismo, argumenta la necesidad de distinguir entre cuestiones de forma y de fondo: “El fondo de un procedimiento penal es la búsqueda de la verdad material y quienes buscamos cuestiones de forma no queremos que no se muestre esa realidad, sino que no se tergiverse”.

De esta forma, Calero se opone a que el sindicato deba hacer frente como responsable civil subsidiario argumentando que UGT está pagando lo que existe una satisfacción extraprocesal de esa responsabilidad civil. “UGT Andalucía no puede sobrevivir haciendo frente a una deuda de 40 millones”.

En junio de 2017 los tribunales sevillanos certificaron la muerte de la pieza principal del caso Mercasevilla. La macrocausa llevada durante ocho años por Mercedes Alaya para investigar la adjudicación del suelo del mercado central de abastos de la capital andaluza terminó en absolución para diez acusados que, por el camino, terminó con su carrera política. Uno de los más explícitos al denunciar que el caso le “jodió la vida” ha sido Antonio Rodrigo Torrijos, exportavoz de Izquierda Unida en el consistorio sevillano e imputado durante casi una década antes de ser absuelto. Ahora, según ha sabido elDiario.es, la Justicia le ha reconocido una indemnización de 2.000 euros por los retrasos del proceso judicial hasta llegar a una absolución que nadie recurrió.

El exlíder de Izquierda Unida esperó a que su exoneración fuera firme para plantear una reclamación ante los tribunales. En 2017 el juzgado de lo Penal 13 de Sevilla decidió absolverle a él y a otros nueve acusados en la pieza principal del caso Mercasevilla: las supuestas irregularidades en la adjudicación de los suelos del mercado central de abastos. La Fiscalía había llegado a pedir dos años de cárcel para ellos por esta pieza, considerada el origen del caso de los ERE, pero el juzgado entendió que “no se ha probado” que, entre todos, “manipularan” la adjudicación de la venta.

Antonio Rodrigo Torrijos fue primer teniente de alcalde en Sevilla entre 2007 y 2011, durante la fase final del gobierno de coalición de su partido y el PSOE. Él dimitió de todos sus cargos en noviembre de 2013, después de ser imputado en varios casos de los que, finalmente, salió exonerado. Para entonces el cambio ya había llegado al consistorio sevillano con el PP y Juan Ignacio Zoido, que gobernó la ciudad hispalense entre 2011 y 2015. “Han sido 13 años de auténtico calvario, inédito en la historia del municipalismo porque, que yo sepa, nadie ha sido imputado cuatro veces en lo que fue, en mi opinión, una operación de cacería política”, dijo en una reciente entrevista con elDiario.es Andalucía. 

Su reclamación económica de más de 73.000 euros cogió vuelo en las fases preliminares. La Abogacía del Estado abrió la puerta a que se le indemnizara con 7.500 euros. El Consejo General del Poder Judicial reconoció en un informe que no había justificación para los años que el caso Mercasevilla había pasado en el juzgado de Alaya hasta llegar la sentencia firme y absolutoria. “No queda acreditada la complejidad del procedimiento penal que justifique el dilatado período temporal que provocó dilaciones indebidas”, dijo el órgano de gobierno de los jueces.

La solución, que todavía no es firme, es una indemnización muy inferior a la que había solicitado el exlíder de Izquierda Unida en Sevilla. La Audiencia Nacional decidió reconocerle una compensación de 2.000 euros a finales del pasado mes de mayo, una resolución recurrible ante el Supremo. La misma que el mismo tribunal reconoció para Domingo Enrique Castaño, exdirector de Vía Pública en el Ayuntamiento de Sevilla, cuando presentó su propia reclamación.

Antonio Rodrigo Torrijos explica a este periódico que la cantidad concedida es “irrisoria” pero se muestra satisfecho con el hecho de que la Audiencia Nacional haya reconocido un funcionamiento “anormal” de la Justicia en relación a la actuación de la jueza Alaya, “y eso es importante cualtitativamente hablando”. No tiene previsto seguir litigando con ello, pese a que solicitó una cantidad muy superior porque, insiste, “se ha reconocido que hubo una funcionamiento irregular” en aquel procedimiento judicial.

Una dilación “mínima” para los jueces

En su recurso, el exlíder de IU en Sevilla denunciaba que, en total, el proceso judicial se había alargado durante ocho años antes de acabar en absolución, llevándose por delante su carrera política y con gran afectación a su vida personal. En total, de esos ocho años, identificó más de dos años como dilación indebida entre la fase de instrucción, el periodo intermedio entre la investigación y el juicio y, finalmente, en el tiempo que pasó en el banquillo de los acusados propiamente dicho.

La Audiencia Nacional entiende que merece una indemnización pero hace un análisis más benevolente y recuerda, en primer lugar, que una sentencia absolutoria no convierte el proceso judicial previo en un funcionamiento anormal de la Justicia que merezca una indemnización. Y el caso Mercasevilla, dice, era “complejo”: el sumario acumuló 17.000 folios, hubo tres acusaciones populares y más de dos decenas de imputados.

Esta sentencia no aprecia dilaciones excesivas ni en la fase intermedia ni durante el juicio y apenas reconoce cuatro meses de retraso injustificado durante la fase de instrucción en el juzgado. Concretamente entre la providencia de septiembre de 2012 que suspendió una testifical hasta que casi cinco meses después se reactivó el caso uniendo al sumario un atestado de la Unidad Central Operativa. Esa tardanza en incorporarlo, reconoce la Audiencia Nacional, no estaba justificada.

Esos cuatro meses que reconoce la Audiencia Nacional es, para los jueces, una dilación indebida “mínima” que merece 2.000 euros de indemnización. A lo largo del proceso, Antonio Rodrigo Torrijos afirmó que padece una depresión a raíz de su imputación, y la Audiencia Nacional reconoce que es cierto pero niega que merezca una indemnización: “No se puede considerar que ese trastorno se ha ocasionado por un retraso injustificado de 4 meses en un procedimiento penal que tuvo una duración total de 8 años”, afirma.

Esos daños, dice la Audiencia, no son responsabilidad del juzgado y los ocho años que se estancó el proceso, sino de la “trascendencia mediática” del caso y en su “trayectoria política”. “La publicación de noticias y opiniones del proceso no permite apreciar la existencia de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, dado que no consta que el Juzgado filtrara información sujeta a secreto sumarial”, zanja la Audiencia Nacional.

Un día después de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, abogara por que la justicia interfiera “cuanto menos” en procesos electorales, la Audiencia de Sevilla ha accedido a la petición de las defensas del exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y de la ex directora económica financiera de la entidad Ana Valls, de aplazar el juicio con jurado popular promovido en su contra por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la entidad pública que dirigía y que había sido fijado para la semana previa a las elecciones municipales del 28 de mayo.

Del Río hizo esas manifestaciones el miércoles 29 de marzo al ser preguntado por los periodistas por la decisión de señalar para el 18 de mayo el inicio del juicio. Un día más, el 30 de marzo, la jueza Mercedes Alaya dictó una providencia, avanzada por Diario de Sevilla, en la que atiende a la petición realizada en un escrito por las defensas de los dos acusados, que habían pedido el aplazamiento para que el procedimiento judicial no se usara como “arma política”, y fija la vista a partir del 29 de mayo, justo al día siguiente de las elecciones, “en base a las consideraciones que en el mismo se contienen se accede a lo solicitado”.

Aunque fuentes del TSJA informaron días atrás que se trataba de “un señalamiento sin más”, el contexto electoral y los antecedentes obligaban a destacarlo. Desde el año pasado se sabía que la jueza Mercedes Alaya iba a ser la presidenta del juicio con jurado contra el exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que abonó más de 32.000 euros con las tarjetas bancarias de la fundación en prostíbulos. No queda muy lejos en el tiempo cuando el PP andaluz lanzó la campaña electoral de las andaluzas de 2018, que le llevó al poder tras 37 años de gobiernos socialistas, en el prostíbulo donde se usaron fondos públicos y que ahora llega a juicio.

Otros precedentes coincidentes

La primera instructora del caso de los ERE en Andalucía volvía a escena en unas fechas que no le eran ajenas en cuanto a las coincidencias entre el calendario judicial y político. El llamado 'efecto ERE', salpicado de decisiones de la jueza Alaya en momentos muy puntuales cuando fue instructora del caso durante cuatro años, en marzo de 2012 y en las campañas electorales de 2011. Mercedes Alaya ha sido la auténtica pesadilla para la Junta de Andalucía durante los años de instrucción de los ERE. Los socialistas siempre han considerado que la instrucción que ha llevado a cabo la jueza en la causa supuso una injerencia en la vida política andaluza.

De hecho, ni cinco minutos, literalmente, le duró el estreno de presidenta a Susana Díaz cuando el 10 de septiembre de 2013, durante la toma de posesión de su nuevo equipo, el PP andaluz filtraba el auto de Alaya que pedía la imputación de Chaves y Griñán, sus predecesores y padrinos políticos, aunque luego fue anulada por la Audiencia). A una de las juezas más conocidas del país, amiga del juez en excedencia Juan Ignacio Zoido (decano entre 1992 y 1996), luego ministro del Interior, le sustituyó al frente del juzgado de los ERE María Núñez Bolaños, amiga del consejero andaluz Emilio de Llera, fiscal en excedencia. Pero la ‘pata política’ del caso, la más jugosa o la más difícil de gestionar, según se mire, le tocó rematarla a Álvaro Martín, quien abrió en noviembre de 2016 el juicio oral contra los máximos responsables de la Junta.

Aquella bomba de Alaya al aguar la fiesta de estreno del Gobierno Díaz vino a ratificar de algún modo las coincidencias temporales ente sus decisiones y autos con determinadas actividades de la Junta desde que estallara el caso, allá por 2011, campañas electorales incluidas. “Nada ni nadie va a condicionar la agenda del PSOE. Nada ni nadie”, dijo el todavía presidente Griñán apenas un par de meses antes de ser 'preimputado', aquel terminó acuñado en los medios tras la decisión de Alaya de meterle en el charco de los ERE, principalmente como consejero de Hacienda. Pero la agenda sí fue condicionada, tanto como para hacer caer a dos expresidentes del PSOE y de la Junta. Griñán renunció a la Presidencia de la Junta en julio de 2013 para que “ningún escándalo salpique a la Junta y a Andalucía”, reconociendo definitivamente el desgaste sufrido por el escándalo.

Mercasevilla y Fitonovo

No fueron los ERE el único caso mediático que lideró Alaya. Zoido, tiempo antes, presentó en abril de aquel año 2009 una denuncia contra el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) y el teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), a la sazón presidente y vicepresidente de Mercasevilla. El caso recayó en el Juzgado de Intrucción número 6, dirigido por Mercedes Alaya. Se empezaba a fraguar el caso de los ERE, que se alargó durante más de trece años.

La jueza Alaya empezó entonces a tirar del hilo de la controvertida gestión de la lonja sevillana al advertir que en los expedientes de regulación de empleo de 2003 y 2007 había 'intrusos', es decir, personas que aparecían en los ERE pero que nunca habían trabajado para las mismas. Alaya imputó en el 'caso Mercasevilla' a Rodrigo Torrijos en abril de 2011 por la venta de los suelos del mercado de abastos, apenas mes y medio antes de las elecciones municipales, que ganó Zoido por mayoría absoluta. Años después, Torrijos fue absuelto en aquel caso y tanto el CGPJ como el Consejo de Estado han puesto en duda aquella instrucción judicial de Alaya.

También en el 'caso Fitonovo', instruido por Alaya, , la Fiscalía retiró los cargos contra los exdirigentes de IU en Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García , finalmente absueltos. Los también exportavoces municipales de IU en el Ayuntamiento de Sevilla han criticado en estos meses atrás la instrucción de la causa por parte de Alaya y sus decisiones previas a decisiones políticas importantes. La sentencia condenó a penas de entre dos y nueve meses de cárcel a diez de los diecisiete acusados, entre ellos concejales, funcionarios y empresarios, y absolvió a las formaciones políticas PSOE e IU-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía como partícipes a título lucrativo.

El juicio de la Faffe

El juicio que se celebrará finalmente tras las elecciones se dirige contra el exdirector de la Faffe Fernando Villén y la ex directora económica financiera de la entidad Ana Valls por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.

En el auto de apertura de juicio oral contra ellos, emitido en abril de 2002 por el juez de refuerzo de Instrucción seis, José Ignacio Vilaplana, el magistrado relata que Fernando Villén, “prevaliéndose de su cargo como director técnico” de la Faffe, “habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, desviándolos de su propia finalidad (que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados), utilizándolos para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía (en total, tres tarjetas de las seis de que disponía como director) contra las cuentas de la referida Fundación”.

El juez señala que, en total, este acusado “habría gastado mediante el uso de las tarjetas bancarias de la Faffe un total de 32.566 euros en locales de prostitución, gastos abonados con cargo a los fondos de la Faffe”, añadiendo que, “con el fin de ocultar la ilícita disposición de fondos públicos”, el investigado, “en connivencia” con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, “habrían ideado un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por el acusado”, de forma que, “en los libros diarios de la Faffe, constan asientos de devolución de las citadas cantidades que no se corresponderían con la realidad”.

Reintegros simulados

En este sentido, el magistrado expone que, “a tal fin, esto es, al objeto de simular el reintegro a las arcas de la Faffe de las cantidades ilícitamente dispuestas por su director, los acusados habrían utilizado la caja de la Dirección Económica Financiera de la Faffe, simulando supuestas -en realidad, inexistentes- reposiciones en metálico (evitando así la utilización de transferencias bancarias o método similar) de aquéllas disposiciones ilícitas; haciendo así que los gastos se camuflaran como ingresos en la caja central, para su posterior inclusión como tales en la contabilidad”.

“De este modo, a los pocos días de registrarse el uso de las tarjetas en este tipo de locales, se localizan, en los correspondientes Libros Diarios de la Faffe, diferentes anotaciones en las que consta una devolución contable de los cargos realizados en la Caja de la Dirección General de la Faffe por el importe exacto dispuesto, reflejando para este tipo de apuntes los conceptos 'ingreso F.V.' y 'devolución Visa F.V.'”, según señala el juez en el auto.

El juez analiza en el auto cada una de las operativas realizadas, así como, en su caso, la correspondiente justificación y anotación contable de las mismas, y señala que la acusada “habría podido realizar u omitir actos tendentes, bien a cooperar, bien a encubrir la disposición ilícita de fondos públicos que habría efectuado” el otro investigado, “pudiendo así haber participado en la elaboración, utilización o manipulación de documentación mercantil o contable, con la finalidad de simular la devolución de los fondos ilícitamente empleados, así como permitir la utilización del propio dinero de la Faffe” para que el acusado “llevase a cabo el -en tal caso, supuesto- reintegro de aquéllos fondos”.

“Mecánica delictiva”

Al hilo, señala que la acusada, “en calidad de directora económica financiera de la Faffe, habría ostentado la máxima responsabilidad en la gestión, reposición, funcionamiento y control de los fondos y las cajas de la Fundación, en particular, de la Caja Central de la propia Dirección General, a través de la cual se habría articulado fundamentalmente la mecánica delictiva denunciada”.

Por todo ello, el juez acuerda decretar la apertura de juicio oral contra los dos investigados por un presunto delito continuado de malversación en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público -sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que sea atribuida a los mismos en conclusiones finales-.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, de cara al citado juicio, solicita seis años de cárcel para Fernando Villén y cuatro para Ana Valls. Fernando Villén, recordémoslo, figura además como investigado en la pieza de esta macrocausa correspondiente a la contratación en la Faffe del exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García, de manera “injusta y arbitraria”, de modo contrario a los principios de igualdad, mérito y capacidad y por la sola “afinidad y vinculación personal y política” entre ambos; siendo además investigado por la “contratación irregular, injusta y arbitraria” del actual concejal de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), el socialista Francisco Camas.

“Es un señalamiento sin más”, apuntan fuentes del TSJA, pero los antecedentes obligan a destacarlo. Desde el año pasado se sabía que la jueza Mercedes Alaya iba a ser la presidenta del juicio con jurado contra el exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que abonó más de 32.000 euros con las tarjetas bancarias de la fundación en prostíbulos, pero este viernes ha trascendido la fecha: el jurado será conformado el jueves 18 de mayo y la vista se celebrará durante toda la semana siguiente, es decir, la semana previa a las elecciones municipales del 28 de mayo, confirman las mismas fuentes la información adelantada en Diario de Sevilla. No queda muy lejos en el tiempo cuando el PP andaluz lanzó la campaña electoral de las andaluzas de 2018, que le llevó al poder tras 37 años de gobiernos socialistas, en el prostíbulo donde se usaron fondos públicos y que ahora llega a juicio.

La primera instructora del caso de los ERE en Andalucía vuelve a escena en unas fechas que no le son ajenas en cuanto a las coincidencias entre el calendario judicial y político. El llamado 'efecto ERE', salpicado de decisiones de la jueza Alaya en momentos muy puntuales cuando fue instructora del caso durante cuatro años, en marzo de 2012 y en las campañas electorales de 2011. Mercedes Alaya ha sido la auténtica pesadilla para la Junta de Andalucía durante los años de instrucción de los ERE. Los socialistas siempre han considerado que la instrucción que ha llevado a cabo la jueza en la causa supuso una injerencia en la vida política andaluza.

De hecho, ni cinco minutos, literalmente, le duró el estreno de presidenta a Susana Díaz cuando el 10 de septiembre de 2013, durante la toma de posesión de su nuevo equipo, el PP andaluz filtraba el auto de Alaya que pedía la imputación de Chaves y Griñán, sus predecesores y padrinos políticos, aunque luego fue anulada por la Audiencia). A una de las juezas más conocidas del país, amiga del juez en excedencia Juan Ignacio Zoido (decano entre 1992 y 1996), luego ministro del Interior, le sustituyó al frente del juzgado de los ERE María Núñez Bolaños, amiga del consejero andaluz Emilio de Llera, fiscal en excedencia. Pero la ‘pata política’ del caso, la más jugosa o la más difícil de gestionar, según se mire, le tocó rematarla a Álvaro Martín, quien abrió en noviembre de 2016 el juicio oral contra los máximos responsables de la Junta.

Aquella bomba de Alaya al aguar la fiesta de estreno del Gobierno Díaz vino a ratificar de algún modo las coincidencias temporales ente sus decisiones y autos con determinadas actividades de la Junta desde que estallara el caso, allá por 2011, campañas electorales incluidas. “Nada ni nadie va a condicionar la agenda del PSOE. Nada ni nadie”, dijo el todavía presidente Griñán apenas un par de meses antes de ser 'preimputado', aquel terminó acuñado en los medios tras la decisión de Alaya de meterle en el charco de los ERE, principalmente como consejero de Hacienda. Pero la agenda sí fue condicionada, tanto como para hacer caer a dos expresidentes del PSOE y de la Junta. Griñán renunció a la Presidencia de la Junta en julio de 2013 para que “ningún escándalo salpique a la Junta y a Andalucía”, reconociendo definitivamente el desgaste sufrido por el escándalo.

Mercasevilla y Fitonovo

No fueron los ERE el único caso mediático que lideró Alaya. Zoido, tiempo antes, presentó en abril de aquel año 2009 una denuncia contra el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) y el teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), a la sazón presidente y vicepresidente de Mercasevilla. El caso recayó en el Juzgado de Intrucción número 6, dirigido por Mercedes Alaya. Se empezaba a fraguar el caso de los ERE, que se alargó durante más de trece años.

La jueza Alaya empezó entonces a tirar del hilo de la controvertida gestión de la lonja sevillana al advertir que en los expedientes de regulación de empleo de 2003 y 2007 había 'intrusos', es decir, personas que aparecían en los ERE pero que nunca habían trabajado para las mismas. Alaya imputó en el 'caso Mercasevilla' a Rodrigo Torrijos en abril de 2011 por la venta de los suelos del mercado de abastos, apenas mes y medio antes de las elecciones municipales, que ganó Zoido por mayoría absoluta. Años después, Torrijos fue absuelto en aquel caso y tanto el CGPJ como el Consejo de Estado han puesto en duda aquella instrucción judicial de Alaya.

También en el 'caso Fitonovo', instruido por Alaya, , la Fiscalía retiró los cargos contra los exdirigentes de IU en Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García , finalmente absueltos. Los también exportavoces municipales de IU en el Ayuntamiento de Sevilla han criticado en estos meses atrás la instrucción de la causa por parte de Alaya y sus decisiones previas a decisiones políticas importantes. La sentencia condenó a penas de entre dos y nueve meses de cárcel a diez de los diecisiete acusados, entre ellos concejales, funcionarios y empresarios, y absolvió a las formaciones políticas PSOE e IU-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía como partícipes a título lucrativo.

El juicio de la Faffe

El juicio que se celebrará en mayo se dirige contra el exdirector de la Faffe Fernando Villén y la ex directora económica financiera de la entidad Ana Valls por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.

En el auto de apertura de juicio oral contra ellos, emitido en abril de 2002 por el juez de refuerzo de Instrucción seis, José Ignacio Vilaplana, el magistrado relata que Fernando Villén, “prevaliéndose de su cargo como director técnico” de la Faffe, “habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, desviándolos de su propia finalidad (que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados), utilizándolos para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía (en total, tres tarjetas de las seis de que disponía como director) contra las cuentas de la referida Fundación”.

El juez señala que, en total, este acusado “habría gastado mediante el uso de las tarjetas bancarias de la Faffe un total de 32.566 euros en locales de prostitución, gastos abonados con cargo a los fondos de la Faffe”, añadiendo que, “con el fin de ocultar la ilícita disposición de fondos públicos”, el investigado, “en connivencia” con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, “habrían ideado un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por el acusado”, de forma que, “en los libros diarios de la Faffe, constan asientos de devolución de las citadas cantidades que no se corresponderían con la realidad”.

Reintegros simulados

En este sentido, el magistrado expone que, “a tal fin, esto es, al objeto de simular el reintegro a las arcas de la Faffe de las cantidades ilícitamente dispuestas por su director, los acusados habrían utilizado la caja de la Dirección Económica Financiera de la Faffe, simulando supuestas -en realidad, inexistentes- reposiciones en metálico (evitando así la utilización de transferencias bancarias o método similar) de aquéllas disposiciones ilícitas; haciendo así que los gastos se camuflaran como ingresos en la caja central, para su posterior inclusión como tales en la contabilidad”.

“De este modo, a los pocos días de registrarse el uso de las tarjetas en este tipo de locales, se localizan, en los correspondientes Libros Diarios de la Faffe, diferentes anotaciones en las que consta una devolución contable de los cargos realizados en la Caja de la Dirección General de la Faffe por el importe exacto dispuesto, reflejando para este tipo de apuntes los conceptos 'ingreso F.V.' y 'devolución Visa F.V.'”, según señala el juez en el auto.

El juez analiza en el auto cada una de las operativas realizadas, así como, en su caso, la correspondiente justificación y anotación contable de las mismas, y señala que la acusada “habría podido realizar u omitir actos tendentes, bien a cooperar, bien a encubrir la disposición ilícita de fondos públicos que habría efectuado” el otro investigado, “pudiendo así haber participado en la elaboración, utilización o manipulación de documentación mercantil o contable, con la finalidad de simular la devolución de los fondos ilícitamente empleados, así como permitir la utilización del propio dinero de la Faffe” para que el acusado “llevase a cabo el -en tal caso, supuesto- reintegro de aquéllos fondos”.

“Mecánica delictiva”

Al hilo, señala que la acusada, “en calidad de directora económica financiera de la Faffe, habría ostentado la máxima responsabilidad en la gestión, reposición, funcionamiento y control de los fondos y las cajas de la Fundación, en particular, de la Caja Central de la propia Dirección General, a través de la cual se habría articulado fundamentalmente la mecánica delictiva denunciada”.

Por todo ello, el juez acuerda decretar la apertura de juicio oral contra los dos investigados por un presunto delito continuado de malversación en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público -sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que sea atribuida a los mismos en conclusiones finales-.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, de cara al citado juicio, solicita seis años de cárcel para Fernando Villén y cuatro para Ana Valls. Fernando Villén, recordémoslo, figura además como investigado en la pieza de esta macrocausa correspondiente a la contratación en la Faffe del exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García, de manera “injusta y arbitraria”, de modo contrario a los principios de igualdad, mérito y capacidad y por la sola “afinidad y vinculación personal y política” entre ambos; siendo además investigado por la “contratación irregular, injusta y arbitraria” del actual concejal de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), el socialista Francisco Camas.

Ha salido judicialmente indemne de cuatro procedimientos, el último hace apenas 15 días en el llamado caso Fitonovo, juzgado en en la Audiencia Nacional. Antonio Rodrigo Torrijos, primer teniente de alcalde en Sevilla entre 2007 y 2011 en el gobierno de coalición entre IU y PSOE que arrancó en 2003, cita a El Padrino hasta en tres ocasiones durante la conversación con elDiario.es Andalucía: “No es nada personal, son negocios”. Porque su larga trayectoria sindical y política (tiene 72 años) le permite asegurar que, en su opinión, detrás de todas esas acusaciones hubo una “cacería política”, una operación “del tea party” para desalojar a Izquierda Unida del ayuntamiento hispalense. Por eso su sensación es “ambivalente”, porque él (y su “amigo y compañero” José Manuel García) han demostrado ser inocentes pero “los malos ganaron y consiguieron su objetivo”. “Me jodió la vida, literalmente”, dice de Mercedes Alaya. Tanto la jueza instructora de dos de aquellos procedimientos (Mercasevilla y Fitonovo) como la persona que consiguió la alcaldía en 2011, Juan Ignacio Zoido, centran gran parte de una charla no exenta de ironía, centrada en las “casualidades” y el “dinero”, que tenía lugar este jueves mientras España se asomaba a una colisión entre el Tribunal Constitucional y el Congreso de los Diputados que, al menos de momento, acabó sin sobresaltos. Torrijos, en ese sentido, hace un paralelismo: “Evitaron que siguiéramos gobernando y hubo un dolor social para la ciudad y un dolor personal para nosotros, los afectados, para conseguir además un objetivo doble, igual que el que le están haciendo ahora al gobierno del PSOE y Unidos Podemos en España”.

¿Cómo se encuentra después después de haber dejado definitivamente atrás esos cuatro procesos judiciales?

Han sido 13 años de auténtico calvario, inédito en la historia del municipalismo porque, que yo sepa, nadie ha sido imputado cuatro veces en lo que fue, en mi opinión, una operación de cacería política. Y aún más inédito que de las cuatro haya salido indemne. Una vez te puedes equivocar, pero lo otro tiene otro nombre.

¿Qué nombre? 

Digamos que pudiera adjetivarse o calificarse como una persistente inquina. Vamos a dejarlo ahí. De las dos instrucciones clave de las cuatro que yo he tenido, aunque han sido todas muy duras (Sevilla Global y la Fundación de Sevilla también tenido un recorrido mediático y político muy duradero, muy escandaloso, perfectamente hiperbólicamente difundido), en Mercasevilla ni tenía que haberme sentado en el banquillo. Y no lo digo yo, lo dice una sentencia rigurosa y sólida de la magistrada Yolanda Sánchez Gucema, en comparación con una instrucción que me acusaba de nueve o diez delitos, que me puso una fianza de 33 millones de euros y que se publicitó en plena campaña electoral cuando yo me presentaba como candidato a la alcaldía por Izquierda Unida en las municipales del 2011.

Nos colocaron a José Manuel y a mí 620.000 euros de fianza, que ahora han quedado en nada porque la Fiscalía ni siquiera nos ha acusado en el juicio, pero es que en la Audencia ya se quedaron en 8.000. No es un pequeño error. Y nos jodió la vida.

De aquello resultó absuelto en 2017

Aquella instrucción acabó en una absolución mediante una sentencia tan rigurosa y tan contundente que no fue recurrida por nadie, ni por el Ministerio Fiscal siquiera, ni por las acusaciones particulares, aborda otra instrucción posteriormente, curiosamente cuando ya era público y conocido en muchos ámbitos de la ciudad que José Manuel García iba a ser el candidato de Izquierda Unida en 2015, en la que vuelve a reiterar los elementos contradictorios. Por ejemplo, nos colocaron a José Manuel y a mí 620.000 euros de fianza, que ahora han quedado en nada porque la Fiscalía ni siquiera nos ha acusado en el juicio, pero es que en la Audiencia ya se quedaron en 8.000. No es un pequeño error. Y nos jodió la vida.

Y, por otra parte, no llamó ni siquiera ni como testigos a Zoido y a Serrano, que a la sazón eran entonces alcalde y teniente de alcalde, después de que el dueño de la empresa Fitonovo le dijera a Alaya en su declaración que había tenido una reunión con ambos y que le habían pedido que hiciera un parque infantil a la Guardia Civil en Montequinto por valor de 150.000 euros que, además, la Guardia Civil, garante de la legalidad, adjudica esa obra de manera directa, transgrediendo la legalidad de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Alaya se enteró de todo y no hizo nada. Serrano lo dijo con toda naturalidad y lo reconoció diciendo aquello de 'quién no ayuda a la Benemérita'. Y fíjese qué paradoja: en Fitonovo, de los tres políticos que no llegamos en el juicio a acuerdo de conformidad porque nos negamos (José Manuel, Joaquín Peña y yo), el único condenado es Joaquín Peña, del PP.

¿A qué elementos contradictorios se refiere?

En el caso Fitonovo vuelve a tener otras intervenciones contradictorias o discutibles. Esto del parque infantil a la Guardia Civil no le sugirió a la señora Alaya ninguna irregularidad, como tampoco le sugirió a la señora Alaya que fuese irregular que la Guardia Civil adjudicara el parque infantil sin concurso, y a la misma empresa, Fitonovo. Pero la señora Alaya ahí no vio ninguna irregularidad. Sin embargo, tenía clarísimo que José Manuel García y yo éramos culpables e instigadores de nada menos la transgresión de cinco delitos gravísimos que, como en Mercasevilla en mi caso, que fueron nueve o diez, en la Audiencia se quedaron en uno.

Si el señor Zoido es juez, fue decano, jefe entre otros de la señora Alaya, fue el que pone la denuncia, la instruye Alaya, y el beneficiario es Zoido, yo si veo un escalón y después otro escalón puedo pensar que hay una escalera

En este proceso de 13 años ha intervenido el partido de la casualidad. Es un partido nuevo, que no existía, porque a mí no me cabe la menor duda de que la señora Alaya diera a conocer la instrucción del caso Mercasevilla en plena campaña electoral (aunque me citara el 20 de junio, es decir, 20 días después de las elecciones), casualmente a través de un medio de comunicación a bombo y platillo donde se informa a la opinión pública de que soy imputado y yo no había recibido ni el papel. Una casualidad, ¿no? Una casualidad también los 33 millones de fianza, o los 620.000 euros, o el que no se investigue a unos y a otros sí, etc. Todo eso puede tener un nombre, al menos, como mínimo, inquina. Y sobre todo, una valoración que desde el punto de vista judicial, siendo ya cariñoso y recuperando a Rousseau en su tesis sobre la naturaleza bondadosa del ser humano, te diría que en el mejor de los casos es una magistrada que tiene instrucciones manifiestamente mejorables. Y no lo digo yo, porque las dos instrucciones, Mercasevilla y Fitonovo, han sido, jurídicamente hablando, instrucciones fallidas. 

¿Usted sabía que Alaya y Zoido se conocían de los juzgados mucho antes de que se iniciaran esos procedimientos en los que ha estado inmerso? 

Pero eso es otra consecuencia del partido de la casualidad. Es casual que el señor Zoido haya sido decano de los jueces y, por tanto, 'jefe' de la señora Alaya. Y es casual que el señor Zoido sea también juez, y que fue el que puso la denuncia, y que fue el beneficiario título político del resultado de esa operación. Qué casualidad, ¿no? Son muchas casualidades, ¿no? Por eso yo comparto lo que dice mi amigo Salido de que aquí hubo un partido: el partido de la casualidad. Y quiero ser muy prudente, para no ser un grosero y sustentarme en la lógica, pero si el señor Zoido es juez, fue decano, fue jefe entre otros de la señora Alaya, fue el que pone la denuncia, la instruye Alaya, da el resultado que da y el beneficiario es Zoido con una mayoría absoluta de 20 concejales desconocidas en la historia de la democracia, yo puedo pensar que si veo un escalón y después veo otro escalón y después veo otro escalón, puedo pensar que hay una escalera. Pero será una actitud paranoide por mi parte. Es consecuencia de la casualidad. 

José Manuel García, del que ya ha hablado, anunció recientemente en este periódico que está estudiando la posibilidad de denunciar a la jueza Alaya. ¿Qué le parece?

Desde el punto de vista de la filosofía política y de la sociología, yo soy una persona que nunca doy las batallas por perdidas, pero también he aprendido con los años que no todas las batallas hay que darlas. Hice una reclamación patrimonial, que era la única fórmula jurídica de resarcirme de lo que consideraba una instrucción y un funcionamiento bastante irregular en el caso Mercasevilla instruido por la señora Alaya. Aquella reclamación patrimonial está en curso, tiene informes favorables del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, algo inédito. Sigue su curso y la voy a seguir reclamando porque consideré que había más que razonables indicios evidentes de irregularidad: nada parecido en el comienzo de la instrucción con lo que quedó con la sentencia, dilaciones indebidas, una dilatación y un acompasamiento en todas sus acciones casualmente a los tiempos electorales... Por todo eso consideré, después de estudiarlo rigurosamente, que se había agredido a mi honor y a mi hacienda, y que había razones para ello y se podían probar.

Si no fructifica la demanda, la beneficiaria sería la señora Mercedes Alaya. Y yo, que soy militante desde muy joven, he aprendido en la vida y en la lucha política que al contrario ni agua

Pero, ¿qué cree que puede pasar con la denuncia de García si al final la interpone?

Mi compañero y amigo José Manuel, al que aprecio muchísimo, está estudiando esa posibilidad que comenta y yo le alabo el gusto. No es que yo sepa más que José Manuel, ni mucho menos, peo creo que hay escasísimas posibilidades de que esa demanda fructifique. ¿Por qué? Porque la señora Alaya, con todas las presuntas interpretaciones contradictorias que se pueden hacer de la instrucción que ella planteó, elevó el caso Fitonovo a la Audiencia Nacional y el juez instructor asumió el relato jurídico de la señora Alaya. Y desde ese momento es muy difícil que haya, no tan solo contenido jurídico suficiente para reclamar a Alaya sino incluso que sea asumida o aceptada a trámite. La lectura política de eso es que, si no fructifica esa demanda, la beneficiaria sería la señora Mercedes Alaya. Y yo, que soy militante desde muy joven, he aprendido en la vida y en la lucha política que al contrario ni agua. Y se lo he explicado a mi amigo y compañero José Manuel. Él considera que sí y me parece estupendo. 

¿A qué se ha dedicado en estos años, al margen de lo judicial?

Yo estuve en la clandestinidad luchando con miles de compatriotas nuestros por las libertades que hoy disfrutamos como si hubiesen sido regaladas. Y en estos 13 años también he estado en la clandestinidad. En democracia he estado en la clandestinidad y me he ocultado. No he dejado de militar ni un solo día, mis compañeros podrán dar fe de ello, pero no he aparecido. He seguido influyendo en mi organización política y en el curso de los acontecimientos, y no aquí en Sevilla solo, pero no he aparecido para preservar la imagen pública de mi propia organización. Dimití, además, como José Manuel, en su momento procesal oportuno para no dañar a nuestra organización. Una paradoja curiosa: en la clandestinidad en plena democracia. 

No recuerdo a nadie que en un cargo público lo hayan procesado cuatro veces, curiosamente siempre a instancias de los mismos. Estoy satisfecho de que mi honor y mi honestidad hayan sido rubricadas por la justicia

¿Cuál es la sensación que le queda después de todo lo vivido?

Me encuentro muy bien. He tenido que superar enfermedades muy graves. En pleno juicio de Mercasevilla, y no me gusta hablar de esto por no aludir al plano personal, me estaban dando radioterapia y quimioterapia. Ha habido una afectación en mi hacienda, en mi honor, en mi vida pública, pero después de cuatro intentos de lo que yo llamo el tea party no han encontrado ni una sola mácula, ni un solo ilícito ni ningún reproche penal contra mí, y eso produce satisfacción. Vuelvo a reiterar: no recuerdo a nadie que en un cargo público lo hayan procesado cuatro veces, curiosamente siempre a instancias de los mismos. Por tanto, satisfecho de que mi honor y mi honestidad hayan sido rubricadas por la justicia. 

Pero también siento una tranquilidad muy curiosa que me está costando trabajo asumir. Es como los duelos, pero al contrario. Porque en el marco de una derrota cultural de la izquierda y de la sociedad civil, en el marco de una inexistencia, desgraciadamente, del pensamiento crítico en la sociedad civil, la gente se ha creído la campaña que se hizo contra mí. Parece ser que tengo el record Guinness de portadas de un periódico de la ciudad y, tanto la duración de los procesos judiciales como el que la pata mediática de ese tea party ha estado hiperbólicamente permanentemente dando caña, la gente ha percibido que yo era una persona abyecta, una persona oscura, una persona corrupta, un bruto, y te lo expresaban por la calle. Ahora la gente me está parando por la calle para darme la enhorabuena e incluso hay gente que me pregunta si voy a volver a la política.

El daño que yo no le deseo a la señora Alaya, que yo he pasado, queda para nosotros y para la familia, para el discurso político, para la imagen de la izquierda, para todo. Aquí el partido de la casualidad tuvo mucha fuerza

¿Ha notado mucho ese cambio entonces en la reacción de la gente?

Sí, porque los medios de comunicación, y no quiero parecer grosero, hace ya muchos años que se han convertido en instrumentos de opinión. Lo eran cuando decían que yo era una persona abyecta y corrupta, e instrumentos de opinión son ahora cuando dicen ahora que estoy inmaculado. Y eso tiene un efecto sobre la sociedad civil importante. La gente no te mira con una observancia mórbida, ni tangencial, sino que te mira de frente, te sonríe, y eso es muy importante para el equilibrio con uno mismo. Y después mi familia, mis amigos, que lo han pasado muy mal. El daño que yo no le deseo a la señora Alaya, que yo he pasado, queda para nosotros y para la familia, para la organización política, para el discurso político, para la imagen de la izquierda, para todo. Aquí el partido de la casualidad tuvo mucha fuerza. Yo no recuerdo en democracia que todo el grupo municipal de una corporación fuese imputado: Lola Silva, Pepa Medrano, José Manuel García, yo cuatro veces. Qué casualidad, ¿no? 

Usted ha salido indemne pero, en todo caso, ese daño del que me habla realmente se produjo, ¿no cree?

Por eso la sensación es agridulce, ambivalente, porque al final consiguieron el objetivo. Aquí, como la maravillosa obra de Coppola, El Padrino, “no había nada personal, eran negocios”. Todo esto se produce porque llegamos al gobierno unas personas que decidimos cumplir el programa con el que nos habíamos presentado a las elecciones. Y en Sevilla empezaron a aparecer viviendas públicas a precio tasado como hongos para abordar el déficit de acceso a la vivienda, sobre todo a la gente joven, y a precio asequible. En pleno boom inmobiliario, los pisos que entregábamos se vendían a un tercio menos que en el mercado libre, e hicimos 7.000. Nos convertimos en un competidor de los promotores inmobiliarios. Y eso se llama dinero. Hicimos el parque social de viviendas, una inédita y novedosa entonces iniciativa de alquiler que dio respuesta a los desahucios, con el 5% de los ingresos de la gente que accedía a esos pisos en alquiler por seis años, prorrogable otros seis años.

Los empresarios despotricaban diciendo que Torrijos estaba bolchevizando las relaciones laborales en Sevilla. Eso era un titular de periódico. Y eso es dinero, además de vida y salud

Tuvimos la decisión política de intervenir en el binomio capital-trabajo, un binomio asimétrico a favor del capital, y nosotros hicimos las cláusulas de contratación contra la siniestralidad laboral, de tal manera que en pleno boom, en los años 2007 y 2008, obligábamos a las empresas que contrataban con el Ayuntamiento, sobre todo a las constructoras, que en sus plantillas tenían que garantizar que hubiera convenios colectivos, representación sindical, aceptación de la jornada, derechos sociales. Nada revolucionario, porque yo soy muy de derechas. Era simplemente aplicar la Constitución, la ley. Y nos generamos amistades en ese mundo: los empresarios despotricaban diciendo que Torrijos estaba bolchevizando las relaciones laborales en Sevilla. Eso era un titular de periódico. Y eso es dinero, además de vida y salud.

Hicimos una inversión desde lo público desconocida en la historia de la democracia: cinco centros de formación para la inserción laboral, tres piscinas cubiertas, 23 campos de césped artificial... Situamos a Sevilla en el punto de mira europeo con la apuesta por la intermodalidad y la movilidad sostenible, sobre todo y fundamentalmente con la creación de 152 kilómetros de carriles bici, que fueron contestados de manera grosera como un intento de convertir a Sevilla en una especie de China. Y no lo digo yo, eso fue un titular otra vez. Hicimos los presupuestos participativos, vade retro satanás: ¿que los ciudadanos decidieran que una parte importante del presupuesto local tenía que ir aquí o allí democráticamente? Socialismo. O el bonobús solidario ¿que los desempleados podían ir gratis en los transportes públicos para buscar trabajo o para formarse? Y no era gratis, lo pagábamos vía presupuesto. No tan sólo fue lo que hicimos: impedimos un pequeño pelotazo urbanístico en Tablada, de 23.000 viviendas de lujo. Dinero, otra vez. O impedimos la central térmica de Punta del Verde que, de haberse aplicado y haberse hecho, hubiera afectado las patologías cardiorrespiratorias de un tercio de la ciudad. Dinero, otra vez.

Impulsaron esa cacería política por razones, como dice Coppola en 'El Padrino', no personales. Eran negocios, y había que sacarnos del gobierno, y lo consiguen, y por eso es ambivalente mi estado de ánimo

¿Cuál fue la mayor consecuencia de esas actuaciones durante aquellos años de coalición en Sevilla?

La mayor transferencia de rentas de capital a rentas sociales que se conocía, y eso exacerbó la animadversión de los promotores, del sector financiero, de los inmobiliarios y de los grandes empresarios. Y estos son, en mi opinión, los que impulsaron lo que ahora está tan de moda en la postmodernidad que se llama lawfare y que yo siempre llamé cacería política. Impulsaron esa cacería política por razones, como dice Coppola en El Padrino, no personales. Eran negocios, y había que sacarnos del gobierno, y lo consiguen, y por eso es ambivalente mi estado de ánimo, porque al final ganaron los malos. Evitaron que siguiéramos gobernando y hubo un dolor social para la ciudad y un dolor personal para nosotros, los afectados. Para conseguir además un objetivo doble, igual que el que le están haciendo ahora al gobierno del PSOE y Unidos Podemos en España. Y a ver qué sucede, porque ya hay un decurso de los golpes que ha pasado de sacar los tanques a la calle a otro tipo de cosas: Lula, Dilma, Kirchner, Rafael Correa, Evo Morales y, modestamente, nosotros, con mucha anterioridad.

Consiguieron ese objetivo, sin querer ser grosero, gracias a una de las patas imprescindibles para que la operación llegara a buen puerto, que es el mercenarismo mediático. Aquí se escribieron ríos de tinta mintiendo, eso que llaman ahora fake news

Y Zoido llegó a la alcaldía aquel 2011...

Había un doble objetivo. Por un lado, sacarnos del gobierno, porque ellos, y con razón, sabían que si antes había gobernado aquí el PSOE, el PA, el PP, solos o en coalición, y no se habían hecho estas cosas que he comentado, detectaron que nosotros dimos el impulso social. Y entonces leña al mono hasta que aprenda inglés, y nos dieron la del tigre. Y el segundo objetivo era colocar a uno de los suyos, curiosamente el decano de los jueces, curiosamente el hombre que puso las denuncias y que, por cierto, no ha pedido perdón. Y consiguieron ese objetivo, sin querer ser grosero, gracias a una de las patas que fueron imprescindibles para que la operación llegara a buen puerto, que es el mercenarismo mediático. Aquí se escribieron ríos de tinta mintiendo. Eso que llaman ahora fake news. Noticias falsas. Hipérbole escandalosa de cosas. La foto del marisco. Ocultación consciente de las cosas que hacíamos en el gobierno. Porque aquí hacíamos obras de millones de euros y no se publicitaban, no fuera a ser que se contribuyera a extender lo que se estaba haciendo. Todo para conseguir que Zoido fuera alcalde, y lo consiguieron, con una mayoría histórica de concejales, para luego no hacer NA-DA.

Porque, ¿usted recuerda un solo hito, obra o infraestructura de los cuatro años del gobierno de Zoido en Sevilla? ¿Una sola? Irrelevante. Eso sí, acabó con las cosas que nosotros teníamos en marcha. Y después, como decía mi madre, es de bien nacidos ser agradecido: una vez en la alcaldía, Zoido concedió contratos de publicidad millonarios a uno de los medios que habían sido clave en la campaña de la cacería política. Y digo más: aquí se hizo una televisión local, que se llamaba Sevilla Televisión, que todas las noches durante meses nos daban caña, especialmente a mí, pero también a mi grupo y al gobierno de coalición. Eso costó un millón y medio de euros. Cuando consiguieron el objetivo, la cerraron. Y ese es otro escalón más para argumentar que en Sevilla se ensayó una operación de cacería política que se ha ido extendiendo en este país y que ya está en marcha, hoy y meses atrás, contra el Gobierno de coalición en España. Fuimos un laboratorio de ese tipo de operaciones.

Creo que son momentos históricos que exigen acuerdos sí o sí de las fuerzas de izquierda. Lo que está sucediendo en nuestro país, que comenzó en Sevilla como ensayo y está sucediendo en este país en este momento, es de una enorme gravedad

Por cerrar el círculo, ¿volvería usted a la política como le piden ahora por la calle?

Quedaron cosas por hacer, pero que las hagan los que vienen detrás. Yo no he dejado de militar ni un solo día en esta clandestinidad segunda que he tenido, y sigo influyendo en política, y tengo mis resortes de intervención. No es conocido porque estaba en la clandestinidad, pero quien ha puesto en marcha las redes de activistas de Izquierda Unida he sido yo. Pero creo que segundas partes no fueron buenas. Yo racionalizo, desde el punto de vista del materialismo y la dialéctica racional, las batallas se ganan y se pierden y esta la ganaron los malos. Esto puede parecer un derrotismo, pero en ningún caso, simplemente es el análisis correcto y asumo que ganaron ellos en esta pelea.

Voy a ayudar a mi fuerza política, a la izquierda. Creo que son momentos históricos que exigen acuerdos sí o sí de las fuerzas de izquierda. Lo que está sucediendo en nuestro país, que comenzó en Sevilla como ensayo y está sucediendo en este país en este momento, es de una enorme gravedad. Y no está en cuestión si una ley es más avanzada o menos avanzada, o si el salario mínimo tiene que tener un duro más o un duro menos. Lo que está en cuestión es la democracia, las libertades, aunque parezca apocalíptico, pero en este país poca gente se da cuenta de ello.

Y por eso voy a seguir trabajando para defender un discurso integrador, de síntesis, de encuentro, de concurso y de consenso de las fuerzas transformadoras. Voy a seguir haciendo política, y de hecho no lo he dejado de hacerla en este tiempo, pero no voy a volver a la política institucional. Creo que segundas partes no fueron buenas. Creo que la gente de mi organización lo va a hacer bien, y ojalá se llegue a un acuerdo político unitario de la izquierda transformadora. Yo he sido derrotado en esta pelea, pero no vencido. Puede parecer igual, pero no es idéntico, y voy a seguir dando la pelea, que no quepa la menor duda. No es una amenaza, ni una chulería, sino la constatación en una entrevista de mi compromiso ideológico y político que viene desde que tengo 18 años.

Para muchos la Justicia es un sentimiento más que un vericueto de leyes y jurisprudencia tramposa. Y como todo sentimiento, fácil de manipular por las emociones. Hay un caso paradigmático de esto que digo: el de Dolores Vázquez, condenada por el asesinato en 1999 de Rocío Wanninkhof, crimen que no cometió, pero que nadie, ni familiares de la víctima, ni policías, ni fiscales, ni jueces, ni jurado popular dudó en creer que, pese a la falta de pruebas, sí la mató, sostenida su culpabilidad por el clamor mediático y el carácter “frío y calculador” de la acusada. Parece un desvarío, pero así fue. Un año y siete meses estuvo Dolores Vázquez en la cárcel hasta que otro crimen, el de Sonia Carabantes, dio con el asesino de ambas niñas, el británico Tony King. La Justicia llegó a hacer justicia, pero el sufrimiento de Dolores Vázquez es indeleble y cabe la posibilidad de que Sonia hoy estuviera viva. ¿Quién responde y paga por los errores de la Justicia?

Esa misma pregunta se la han debido hacer en los últimos días los exconcejales de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García, después de que tras ocho años de pena de banquillo por el caso de mordidas de Fitonovo, por la adjudicación de once campos de césped artificial, la presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional que les juzgaba les instara a levantarse del banquillo después de que el fiscal retirase la acusación. Pese a lo sostenido por la instrucción judicial durante años, los exediles no habían participado en la licitación. Después de ocho años de calvario, de renuncia a la vida política, personal y los ahorros, ¿todo se queda en un “ya no son ustedes acusados, pueden abandonar la sala?”, se pregunta José Manuel en una entrevista con elDiario.es. El absurdo elevado al absurdo por respuesta. De esto es de lo que deberían preocuparse los apoltronados en el Poder Judicial y Constitucional, pero no.

El mismo José Manuel García considera que lo de Antonio Rodrigo Torrijos es peor. Para el exdirigente de IU de Sevilla era el cuarto proceso judicial al que se enfrentaba y del que salía absuelto o sin acusación. Trece años estuvo penando con el sambenito de corrupto el edil que contribuyó, junto al alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, a la dotación de viviendas sociales, servicios públicos y la modernización de Sevilla. Esta ciudad siempre le recordará como el edil pionero en los carriles bici que luego copiaron otras urbes.

Hijo de la primera alcaldesa de España, Amalia Torrijos (en la República, en 1933), el exdirigente de IU sufrió un varapalo cuando a 16 días de las elecciones municipales de 2011, justo al comienzo de la campaña, la jueza Mercedes Alaya (la del caso de los ERE) dicta un auto de imputación en su contra por el caso Mercasevilla. Torrijos era candidato a la Alcaldía por IU; y por el PP, el juez en excedencia Juan Ignacio Zoido, que gana por mayoría absoluta. Cuatro años después, la misma jueza también dicta auto de imputación por el caso Fitonovo contra José Manuel García, entonces candidato él a la Alcaldía por IU, en víspera a su vez de las municipales. Juan Espadas, ahora líder del PSOE andaluz, se hace con la Alcaldía en minoría, pero IU ya no tiene la fuerza y representatividad que en el periodo que cogobernó con los socialistas la capital andaluza.

Las investigaciones judiciales contra Torrijos, de las que de todas ellas ha sido absuelto, fueron un instrumento político despiadado en manos del PP en Andalucía

El caso del comunista Antonio Rodrigo Torrijos de hace una década podría entenderse como un precedente de persecución política a través de la Justicia contra el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez con Unidas Podemos; así lo ven algunos izquierdistas. Las investigaciones judiciales contra Torrijos, de las que de todas ellas ha sido absuelto, fueron un instrumento político despiadado en manos del PP en Andalucía. Este partido aireó sin escrúpulos una fotografía manipulada, la de Torrijos y un directivo de Mercasevilla ante una mariscada en la feria del pescado de Bruselas (había otras personas en la comida cuyas imágenes fueron pixeladas) como escándalo de corrupción. Aquella foto, junto a las acusaciones judiciales, sirvieron de munición para hundir el honor y la carrera política de Torrijos de una forma vergonzosa. “¿Dónde está escrito que un comunista no pueda comerse una mariscada?”, pregunta Torrijos con toda lógica en Diario de Sevilla.

La imagen maldita de la mariscada suplantó durante mucho tiempo a la del concejal verde del carril bici, que podría ser la intención de los adversarios políticos. Las sucesivas investigaciones judiciales sin sentido, como luego ha quedado acreditado, alimentaron el monstruo de la persecución hasta dejar en la cuneta, sin futuro político y en el paro, a Torrijos. La justicia como un cúmulo de emociones fáciles de manipular, insisto. No ha sido el único caso. La instrumentalización de la justicia o investigaciones policiales como arma arrojadiza contra el adversario es un vicio oculto de la política en España. Todos los partidos han jugado a ello, pero ninguno con tanto éxito como el PP. Y no tiene nada que ver con la lucha contra la corrupción. Esta se persigue con mejores medios y profesionales para que un proceso no dure ocho años y dé pie a que pueda ser munición de los partidos para la destrucción de sus adversarios.

Ante casos como el de Torrijos y otros tirados a la cuneta política, el sentimiento final, que es el que cuenta, es el de que la Justicia también puede ser injusta y solo cabe, como en Matar a un ruiseñor, “llorar por el infierno puro y simple en que unas personas hunden a otras, sin detenerse a pensarlo tan solo”.

El pasado miércoles, la Fiscalía retiraba su acusación contra José Manuel García, que con IU fue concejal de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Sevilla entre 2007 y 2014 en el Gobierno municipal de coalición con el PSOE. Se ha juzgado en la Audiencia Nacional un presunto amaño de contratos municipales adjudicados a la empresa Fitonovo que está a la espera de fallo. En la sentencia, tanto él como Antonio Rodrigo Torrijos, también exconcejal y exportavoz de IU como él, no aparecerán ni como absueltos porque ya no están acusados. Un “escándalo” desde el punto de vista jurídico, según sus abogados, y también para ellos desde el punto de vista “personal y político” por todo lo vivido.

Sin ánimo de revancha pero con ganas de hablar, García, de 68 años, ha estado investigado desde noviembre de 2014 en esta causa y fue interrogado en la Audiencia Nacional el pasado 18 de octubre. Después de ocho años, la acusación a la que se ha enfrentado durante este tiempo ha quedado en nada. Torrijos ya sabe lo que es, en este caso, como absuelto tras sendos juicios, ya que es la tercera vez que le ocurre algo similar, siempre con la misma jueza instructora. García dimitió de todos sus cargos al ser imputado “para no perjudicar” a su organización, y ahora echa un poco la vista atrás, y adelante para disfrutar de sus nietos, mientras atiende a elDiario.es Andalucía en la sede local de IU.

¿Se siente usted liberado?

Claro. Es que yo nunca había estado delante de un tribunal en mi vida, ni siquiera como testigo. Verse como acusado, considerando que yo no he cometido ningún tipo de delito ni siquiera irregularidad, sabiendo que eres una persona inocente, y de pronto estar acusado de corrupción por cinco delitos muy graves que implicaban muchos años de cárcel en la acusación inicial de Alaya, que te pidan 620.000 euros de fianza, que yo no sabía de dónde podía sacar ese dinero, es algo muy grave. De ser una persona medianamente reconocida como eficaz en mi trabajo como concejal, pasé de pronto a ser públicamente un corrupto.

¿Por qué cree que acabó imputado en esta causa?

Por un lado, evidentemente, hubo una campaña de sectores económicos y financieros muy importantes para desalojar a Izquierda Unida del Gobierno municipal, porque le estábamos haciendo daño a sus enormes negocios y porque habíamos impulsado y realizado políticas de transformación en la ciudad a favor de la mayoría de la gente y de los barrios. Por ejemplo, en Sevilla, durante los ochos años del mandato municipal de Izquierda Unida, entre 2003 y 2011 en coalición con el PSOE, se construyeron más de 7.000 viviendas protegidas a un precio tasado. Ahí le quitamos mucho negocio a las grandes constructoras. Esos sectores que le digo, esos que mandan mucho pero que no se presentan a las elecciones, vieron perjudicados sus privilegios y sus enormes negocios, e iniciaron una campaña de acoso y derribo contra Izquierda Unida con un doble objetivo: echar a Izquierda Unida del Gobierno municipal y llevar al PP y a Zoido a la alcaldía de Sevilla. Para esa campaña contra Izquierda Unida utilizaron todo tipo de instrumentos e importantes recursos, mentiras y difamaciones contra los concejales y dirigentes locales de Izquierda Unida, campañas de desinformación y manipulación, etc.

En qué condiciones afronta a IU la campaña, con el candidato a la alcaldía imputado 16 días antes de las elecciones, con una campaña fortísima de algunos medios, de la órbita de la derecha política y mediática sevillana

¿Y en ese tiempo coincidieron las imputaciones?

En 2011, cuando el candidato de Izquierda Unida, el compañero Torrijos, es imputado por el caso Mercasevilla el día anterior al inicio de la campaña, imagínese usted en qué condiciones afronta Izquierda Unida la campaña, con el candidato a la alcaldía imputado 16 días antes de las elecciones, con una campaña fortísima de algunos medios, de la órbita de la derecha política y mediática sevillana contra nuestro candidato y contra IU. Cuatro años después, con Zoido gobernando la ciudad desde ese 2011, afrontamos las elecciones de 2015 conmigo imputado cinco días antes de ser proclamado candidato a la alcaldía por Izquierda Unida.

¿Cree que hubo una campaña específica contra IU?

La campaña contra Izquierda Unida fue atroz. Destrozaron a la organización, nos cortaron la cabeza a los candidatos, a los dirigentes de Izquierda Unida, y consiguieron su objetivo. Aquellas elecciones de 2015 las ganó el PSOE con Espadas, pero se impidió que IU tuviera buenos resultados y pudiera volver a formar coalición con el PSOE. La campaña consiguió su objetivo de echar a Izquierda Unida del Gobierno municipal y de llevar al PP y a Zoido a la alcaldía de Sevilla. Y lo que es peor, se desarticularon todas las políticas de progreso que habíamos hecho. Durante los cuatro años de mandato del PP con Zoido no se construyó ni una sola vivienda pública municipal. Ni una sola. Se privatizaron los servicios municipales, y todas las políticas públicas a favor de la mayoría de la gente en Sevilla fueron desarticuladas en cuatro años por el PP. En el caso Mercasevilla, por cierto, años después, una sentencia clarificadora y rotunda absolvió de cualquier culpa a Antonio Rodrigo Toriijos.

Y en lo que respecta al caso Fitonovo, ¿qué pasó con ustedes?

Hubo una investigación que dirigía la jueza Alaya sobre presuntas dádivas y entregas de dinero de la empresa Fitonovo, y al final resultó implicada mucha gente, y también nos implican a Torrijos y a mí, en mi opinión sin ninguna prueba y sin ningún indicio. Yo vengo diciendo eso desde hace ocho años, pero es que el fiscal de la Audiencia Nacional, cuando retira la acusación en el inicio de su informe de conclusiones este pasado miércoles, dice literalmente que no hay ni pruebas ni ningún indicio sobre que nosotros hayamos tenido ningún tipo de actuación delictiva, ni siquiera irregularidades administrativas. Eso que ha dicho el fiscal lo dije yo hace años. Hace ocho años le expliqué a Alaya que me estaba acusando sin pruebas como ahora ha dicho el fiscal.

¿Qué le explicó exactamente a la jueza cuando le tomó declaración como investigado en noviembre de 2014?

Yo no conozco el mundo judicial, pero me sorprendió mucho porque yo expliqué en mi declaración que la acusación se basaba fundamentalmente en la adjudicación de 11 campos de césped artificial a la empresa Fitonovo. Expliqué con claridad que la obra de los famosos 11 campos estaba en el marco del llamado Plan 8000 del Gobierno Zapatero y que su adjudicación la realizó conforme a lo regulado en la norma estatal de este plan: una mesa de contratación única del Ayuntamiento, formada exclusivamente por altos funcionarios de la corporación municipal y por tanto, ni el Instituto Municipal de Deportes (IMD) que dirigía, ni yo como concejal de Deportes, ni Antonio Torrijos, primer teniente de alcalde, habíamos tenido ninguna intervención ni directa o indirecta en dicha adjudicación y que eso era fácilmente comprobable simplemente revisando cualquiera de los expedientes de los 11 campos, donde constaba claramente quiénes formaban la mesa de contratación del Ayuntamiento. Al parecer no lo hizo, mantuvo las imputaciones, en las que nos acusaba de cinco delitos graves, que implicaban muchos años de cárcel, y nos pidió 620.000 euros de fianza a cada uno. Simplemente abriendo un papel y mirando en uno de los 11 expedientes para ver quiénes formaban la mesa de contratación, se hubiera resuelto todo y se hubiera archivado hace ocho años. La jueza no lo consideró y siguió con el relato para adelante.

La Fiscalía retiró la acusación contra nosotros de forma firme y contundente, dejando muy claro que ninguno de los dos habíamos tenido nada que ver en la adjudicación de los 11 campos sobre los que se basaba la acusación

¿Qué relato?

El relato judicial de Alaya, en un cuando menos sorprendente copia y pega, siguió avanzando hasta llegar a la Audiencia Nacional por estar imputados en el caso Fitonovo personas de varias provincias. Bien es verdad que el caso se fue desinflando en el procedimiento judicial y los cinco delitos y los 620.000 euros de Alaya, la Fiscalía de la Audiencia Nacional los redujo en una acusación de cohecho y cuatro años de cárcel. Y en relación a la fianza, 8.000 euros. El proceso judicial ha durado 2.931 días, algo más de ocho años, y ha finalizado en el juicio en la Audiencia Nacional del 24 de octubre al 1 de noviembre pasado. En las numerosas sesiones del juicio, con muchos testigos de las distintas partes, no se ha presentado ni una sola prueba ni indicios de que tanto Torrijos como yo mismo hubiésemos cometido algún tipo de delito, insisto. La Fiscalía retiró la acusación contra nosotros de forma firme y contundente, dejando muy claro que ninguno de los dos habíamos tenido nada que ver en la adjudicación de los 11 campos sobre los que se basaba la acusación y que esto se ha podido comprobar en la revisión de los expedientes de los 11 campos. Eso fue lo que yo le expliqué a Alaya hace ocho años, así como en los testimonios de los numerosos testigos que han declarado en el juicio. 

Volvamos al principio. Han pasado ocho años ya, pero ¿cómo fue aquella declaración judicial? ¿Qué le dijo la jueza? ¿Qué le dijo ella a usted? 

La declaración ante Alaya para mí fue sorprendente en sentido negativo. Yo nunca había declarado ante un juez y mucho menos como imputado. Mi abogado me dijo que lo normal de los imputados era que no declaraban en su declaración inicial puesto que no se conocía el sumario ni las acusaciones, y que era lo habitual en el 95% de los casos. Yo le dije a mi abogado que yo no tenía nada que ocultar y que, por lo tanto, por qué no iba a declarar. Me sorprendió la actitud de la jueza Alaya, primero por un detalle curioso. Yo soy una persona muy puntual. La cita era a las 10.00, yo llegué a las 9.45 y ella llegó una hora y 40 minutos más tarde. No sé si eso es normal, pero a mí me sorprendió que un funcionario público tuviera una hora y 40 minutos esperando a un ciudadano. 

Ya eso me extrañó, pero después la actitud de la jueza Alaya fue una actitud muy fría, muy distante, muy dura. La voy a calificar de dura, no la voy a calificar como quizá me gustaría calificarla. Fue un interrogatorio duro, donde yo le expliqué claramente que la supuesta prueba sobre lo que se basaba la acusación, es decir, la adjudicación de los 11 campos, no tenía ninguna base, puesto que yo no había participado ni de forma directa ni indirecta en ese tema. Y eso consta en mi declaración, aunque es verdad que consta de forma muy parcial o muy curiosa.

Tuve que decirle a mi abogado que yo no firmaba ese acta mientras no pusiera determinadas cosas importante que yo había dicho

¿A qué se refiere?

Pues otra sorpresa fue que el funcionario que recogía mi declaración no lo hacía directamente, es decir, la jueza preguntaba, yo respondía y el funcionario no recogía mi respuesta sino que esperaba a que la jueza dijera cuál era mi respuesta, lo que debía recoger de lo que yo había respondido. La verdad es que me quedé absolutamente sorprendido de eso. Después mi abogado me dijo que eso ocurre en algunos casos. Hasta tal punto que, una vez terminada mi declaración y levantada el acta, tuve que decirle a mi abogado que yo no firmaba ese acta mientras no pusiera determinadas cosas importante que yo había dicho. Y la jueza tuvo que rectificar, efectivamente, y finalmente se recogieron algunas de las cosas que yo había dicho. Otras cosas que consideraba importantes no se recogieron en mi declaración.

¿Le pudo trasladar cómo se había producido esa licitación y adjudicación por la que ha venido siendo acusado?

Sí, eso sí, pude explicarle cómo se había producido la licitación y adjudicación de los 11 campos, que era en el marco de un fondo estatal de inversión local, a través de una norma publicada, elaborada y publicada por el Gobierno central, donde se fijaban claramente cómo se tenía que producir la licitación, cuáles eran los pliegos de cláusulas administrativas, cuáles eran los criterios de adjudicación y cuál era la mesa de contratación que tenía que adjudicar esos campos. Le expliqué que, simplemente, acudiendo a la norma estatal y acudiendo a los expedientes de los 11 campos, claramente se podía ver de forma muy directa que yo no había tenido nada que ver con con esa licitación ni con esa adjudicación. Y es más, creo recordar que le dije a la jueza que se había producido un hecho muy curioso, y es que en ese mandato municipal, en 2009 y 2010, el IMD bajo mi dirección licita y adjudica otros nueve campos más de césped artificial, ninguno de ellos adjudicados a Fitonovo, sino a cuatro o cinco empresas distintas, y dejé constancia de ello. Sinceramente, salí de la declaración ante la jueza Alaya pensando que se iba a archivar el caso porque estaba claramente que no había ninguna base, ninguna prueba, ningún indicio. Mi sorpresa, y la de mi abogado, fue que continuara adelante el procedimiento y la imputación.

¿Todo se queda en un "ya no son ustedes acusados, pueden abandonar la sala", como dijo la presidenta del tribunal. ¿Ahí se queda todo? Hemos sufrido unos años muy duros. Antonio, 13 años y yo ocho. Un calvario personal, político, mediático y económico

¿Qué piensa de todo esto después de lo que ha pasado?

Pues pienso justamente eso, ¿y ahora qué? ¿Todo se queda en un “ya no son ustedes acusados, pueden abandonar la sala”, como dijo la presidenta del tribunal. ¿Ahí se queda todo? Hemos sufrido unos años muy duros. Antonio, 13 años y yo ocho. Un calvario personal, político, mediático y económico. En mi caso, ocho años en lo que pasé de ser concejal y portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla al paro, por cierto, sin derecho a prestaciones, ya que mi renuncia al cargo público fue voluntaria. Pasé de la dirección de Izquierda Unida y de candidato a la Alcaldía a dar un paso al lado para no perjudicar a mi organización. Pasé de ser una persona reconocida y valorada al desprestigio social provocado por campañas indignas. Y pasé también de tener un puesto de trabajo al paro, teniendo que hacer frente a importantísimos gastos que suponen un proceso penal de ocho años. Esto no puede quedar así, y no debe quedar así. El reconocimiento y la reparación personal y social es muy importante, pero debe haber algo más. Debe haber justicia. Mi abogado, José María Núñez y su despacho, están estudiando la posibilidad de iniciar acciones penales contra Alaya, por si alguna de sus actuaciones pudiera ser constitutivas de delitos, entre otros, prevaricación. Sólo exijo lo que vengo exigiendo desde hace ocho años: Justicia.

¿Existe algún ánimo de revancha después de todo lo vivido?

Cuando la Fiscalía en Madrid retiró la acusación, Antonio Rodrigo Torrijos y yo nos quedamos en shock. Cuando pasaron unas horas estábamos en una cafetería esperando a los abogados y demás, y ambos tuvimos una conversación muy larga y estábamos, bueno... Hablamos del calvario que habíamos pasado, de qué podíamos hacer ahora, etc. y en ningún momento de esa conversación de más de tres horas salió la palabra “revancha” u “odio”. Ni siquiera molestia respecto a nadie. Lo único que sí consideramos, y yo consideré, y por eso le he dicho a mi abogado y a su despacho que inicie los estudios para posible acciones, era que esto no se podía quedar así. Es decir, un ciudadano que se supone que es honesto, que se supone que es inocente, es imputado por una jueza, pasa un calvario de ocho años, se ve en la Audiencia Nacional, y habiendo soportado durante ocho años unos gastos importantísimos, porque yo no sabía los gastos tan enormes que conlleva un procedimiento penal y los honorarios profesionales de los abogados que cobran lo que tienen que cobrar, evidentemente. Después de ese proceso, esto no se puede quedar en nada. Fundamentalmente no por por mí, sino por otras personas. Si conmigo se ha hecho esto, se puede haber hecho con otras personas, o en el futuro se pueda seguir haciendo con otras personas. Por defensa de la justicia, no ya por defensa de mi honestidad o de mi inocencia, que ya ha quedado demostrada con la retirada de los cargos en la Audiencia Nacional, sino simplemente por defensa de la dignidad de la justicia española y por defensa de que ningún otro ciudadano se pueda ver en esta situación por la actuación de ningún juez, de ninguna jueza. Por un mínimo de dignidad democrática me considero en la obligación de no irme a mi casa y esto se acabó. Nada de revancha, en absoluto. El único criterio es el de justicia.

La decisión del Tribunal Supremo en el caso de los ERE ha puesto fin a un largo camino judicial que tiene su origen en una grabación, mucho antes de que los audios se convirtieran en protagonistas habituales en determinadas noticias. A comienzos de 2009, la Fiscalía de Sevilla empezó a investigar una conversación grabada en la que dos directivos de Mercasevilla, condenados por cohecho, pedían a dos empresarios una comisión de 450.000 euros como condición para adjudicarles una escuela de hostelería subvencionada por la Junta. El portavoz del PP en el ayuntamiento hispalense, Juan Ignacio Zoido, luego ministro del Interior, presentó en abril de aquel año 2009 una denuncia contra el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) y el teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), a la sazón presidente y vicepresidente de Mercasevilla. El caso recayó en el Juzgado de Intrucción número 6, dirigido por Mercedes Alaya. Se empezaba a fraguar el caso de los ERE, que se ha alargado durante más de trece años hasta el fallo del Supremo conocida ahora.

La jueza Alaya, que conocía a Zoido de cuando fue decano de los jueces de Sevilla entre 1992 y 1996, empezó entonces a tirar del hilo de la controvertida gestión de la lonja sevillana al advertir que en los expedientes de regulación de empleo de 2003 y 2007 había 'intrusos', es decir, personas que aparecían en los ERE pero que nunca habían trabajado para las mismas. Alaya imputó en el 'caso Mercasevilla' a Rodrigo Torrijos en abril de 2011 por la venta de los suelos del mercado de abastos, apenas mes y medio antes de las elecciones municipales, que ganó Zoido por mayoría absoluta. Años después, Torrijos fue absuelto en aquel caso y tanto el CGPJ como el Consejo de Estado han puesto en duda aquella instrucción judicial de Alaya.

A comienzos de aquel año, en enero de 2011, Alaya había incoado ya las famosas Diligencias Previas 174/2011 que ahora, por fin, ha fallado el Supremo. El sábado 10 de marzo de 2012, tras 14 meses de investigación, la jueza ordenó el ingreso en prisión del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de 1999 a 2008, Francisco Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020 y que había calificado de “fondo de reptiles” el dinero que se destinaba a empresas en crisis durante nueve años en Andalucía. Guerrero fue el primero de los imputados que pisaba la cárcel, ya que había autorizado la mayor parte de las ayudas, desgajadas en casi 200 piezas separadas tras la decisión en julio de 2015 de la sustituta de Alaya, la jueza María Núñez, en contra del criterio de su antecesora. Algunas de esas piezas ya han sido sentenciadas en primera instancia: las ayudas autonómicas a empresas vinculadas al sector del corcho y las ayudas a la empresa Acyco.

El auto-bomba en el estreno de Susana Díaz

El ingreso en la cárcel de aquel exalto cargo, a dos semanas de las elecciones autonómicas del 22 de marzo de 2012, empañó el debate puramente político de propuestas programáticas, como ha ido ocurriendo en posteriores convocatorias. El exconsejero de Empleo Antonio Fernández fue enviado a prisión preventiva en abril de 2012, apenas unos días después de que PSOE e IU alcanzaran un acuerdo para un gobierno de coalición en Andalucía. Paralelamente, casi seis meses (junio-noviembre 2012) separaron la aprobación de la comisión parlamentaria de investigación de los ERE de sus conclusiones inconclusas, sin que pudieran materializarse responsabilidades políticas. El PP había perdido la ocasión de arrebatar el poder del PSOE en la Junta y el camino judicial de los ERE seguiría su curso.

Ese 'efecto ERE', salpicado de decisiones de la jueza Alaya en momentos muy puntuales, persiguió desde entonces a José Antonio Griñán y Manuel Chaves, que durante 23 años consecutivos dirigieron la política andaluza. Mercedes Alaya pidió su imputación en septiembre de 2013, una decisión difundida por el PP andaluz en el mismo momento de la toma de posesión del nuevo Gobierno de Susana Díaz (luego anulada por la Audiencia). Solo había pasado mes y medio desde que Griñán anunciara que dejaba la presidencia de la Junta. “Me duele el daño del caso de los ERE a la Junta de Andalucía ,y por eso doy un paso atrás”, había esgrimido.

Tres tribunales (el juzgado instructor de Sevilla, el Supremo y el TSJA en determinados casos de aforados), numerosos jueces y escritos de acusación y defensa de ida y vuelta han marcado muchos años de un marcado uso político de la macrocausa, incluso hasta la llegada al poder de Juan Manuel Moreno, que contó con asesores expertos en la materia para recordárselo al PSOE. Fue en el verano de 2014 cuando Alaya elevó parte del caso ERE al Tribunal Supremo. Unos meses después, en noviembre de 2014, el alto tribunal comenzaba su investigación. Tras declarar los expresidentes el 9 de abril y el 14 de abril de 2015, el Supremo ponía formalmente por primera vez nombre a la acusación que venía rodeando a los exdirigentes socialistas, también a la mano derecha de Chaves, el exconsejero Gaspar Zarrías: prevaricación administrativa. “Yo no creo que hubiera un gran plan pero hubo un gran fraude”, dijo Griñán para la posteridad a las puertas del tribunal que le acaba de sentenciar.

La inclusión de la malversación

Ya en noviembre de 2015, de vuelta la causa a los juzgados de Sevilla, la jueza Núñez Bolaños (que más tarde daría un paso al lado tras un lustro asediada por el PP en los ERE y otras macrocausas) unificó la 'pata política' de la causa incoando diligencias previas contra 52 exaltos cargos de la Junta, entre ellos Chaves y Griñán, que el 16 de marzo de 2016 salieron del juzgado sin declarar y se remitieron a lo dicho en el Supremo, facilitando a la prensa unos escuetos comunicados. Fue poco después, el 1 de junio de 2016, cuando el juez Álvaro Martín (el tercer instructor de la macrocausa) transformó definitivamente las diligencias previas en procedimiento abreviado contra los expresidentes de la Junta y otros 24 exaltos cargos del Gobierno andaluz.

Aquel auto de Martín resultaría clave al incluir toda la cuantía presuntamente malversada en esa 'pieza política' del caso de los ERE, ahora ya sentenciada, así como la imposibilidad de juzgar más de una vez a los responsables públicos, como luego determinó la Audiencia en mayo de 2017, y que dejó la causa bajo un panorama incierto que ha ofrecido circunstancias como la vivida el pasado 5 de abril de 2022, con un exconsejero ya condenado doblemente declarando como testigo en un juicio. En los juicios que vienen y en los que ya se han celebrado de los ERE, algunas defensas siguen planteando una cuestión importante: las ayudas concedidas no fueron objeto del juicio a Chaves, Griñan y los demás dirigentes, ni su concesión, ni su pago, pero se ha sentenciado que proceden de dinero malversado mientras decenas de piezas desgajadas se siguen instruyendo y juzgado dentro de la macrocausa. “¿Cómo se puede condenar por malversación de caudales a mi cliente si no me dicen qué cantidad ha malversado?”, se preguntaba un abogado de las defensas.

Algunas de los letrados también plantearon en el juicio del 'procedimiento específico' que no podía enjuiciarse a los acusados por malversación porque no habían sido llamados al caso los “partícipes a título lucrativo”, es decir, los reales beneficiarios de las prejubilaciones acordadas por la Junta de Andalucía, en torno a unas 6.000 personas. En mayo de 2015 ya lo planteó una empresa afectada por un ERE pero aún nadie sabe concretar cuánto de ese dinero han cobrado ya aquellos trabajadores que, de buena fe, al margen de los 'intrusos', se acogieron al ERE de su empresa. Los prejubilados de Mercasevilla, sin ir más lejos, siguen buscando a estas alturas una solución extrajudicial con el Ayuntamiento de Sevilla, sin conseguir cerrar el círculo que, involuntariamente, abrieron una vez. La Junta, aunque tardó, adopto el criterio de la jueza Bolaños en los ERE: fueron ayudas a trabajadores, no a empresas.

Un juicio para expertos

Todo eso pasó antes del juicio, que arrancó el 13 de diciembre de 2017 y que quedó visto para sentencia el 17 de diciembre de 2018, apenas quince días después de las elecciones que, por primera vez en la historia, daban el poder al PP en Andalucía. También un poco antes, aquel mes de noviembre, tanto Chaves como Griñán guardaron silencio en el Senado sobre los ERE para “preservar” su “derecho de defensa” en el juicio. Susana Díaz compareció el 8 de noviembre, y argumentó que aquello era “un juicio político” y que su presencia en dicha comisión obedecía a que era la candidata del PSOE. Otra vez la causa de los ERE y unas elecciones discurrían de manera casi paralela.

El juicio de los ERE, finalmente, supuso todo un rosario de sesiones, inundadas principalmente de conceptos técnicos, que trató de dirimir responsabilidades penales en la acción o inacción de una veintena de dirigentes de la Junta de Andalucía. No exento de anécdotas, fue un auténtico máster para propios y extraños en contabilidad presupuestaria y hacienda pública, leyes y normativa, con innumerables detalles en muchas ocasiones exclusivos para expertos en la materia. Una “experiencia vital”, llegó a decir el expresidente Chaves el último día de la vista oral, que acabó con bastante menor relevancia mediática que con la que se inició.

La rutinaria presencia de los acusados en la sala, de la que se pudieron ausentar durante varios meses con permiso del tribunal, dejó de ser noticia. Por muy graves que fueran las acusaciones y las consecuencias que pudieran tener para muchas personas, más allá de las cuestiones políticas, la tecnicidad del juicio y el paso del tiempo provocaron que el juicio de los ERE se desinflara con los meses, salvo en algunos picos informativos de interés. La Fiscalía Anticorrupción, PP y Manos Limpias (salvo en el momento en que retiró los cargos por malversación contra los 15 acusados por ese delito) se mantuvieron más o menos firmes en sus argumentos de acusación. Los populares, que en su informe final en el juicio 'resucitaron' a la jueza Alaya aludiendo a que Chaves y Griñán eran “la cúspide de la pirámide” de los ERE, habían dado por amortizados el caso, según han mantenido a nivel interno durante la anterior legislatura.

Otro año después llegaría la esperada y conocida sentencia de la Audiencia de Sevilla, el 19 de noviembre de 2019. El uso de modificaciones presupuestarias y transferencias de financiación, el aval de los presupuestos autonómicos y las advertencias obviadas de la Intervención de la Junta figuraban entre los hechos probados que ahora han sido revisados por el Tribunal Supremo.

La Audiencia de Sevilla ha designado a la jueza Mercedes Alaya, instructora inicial de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos autonómicos y actualmente en la Sección Séptima de dicha instancia, como magistrada presidente del tribunal encargado del juicio con jurado correspondiente a los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

Así figura en un acuerdo emitido el pasado 23 de mayo por la Oficina del Jurado de la Audiencia de Sevilla, adelantado por ABC, que firma el propio presidente de la Audiencia, Ángel Márquez Romero. El juicio se dirige contra el exdirector de la Faffe Fernando Villén y la ex directora económica financiera de la entidad Ana Valls por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.

En el auto de apertura de juicio oral contra ellos, emitido el pasado mes de abril por el juez de refuerzo de Instrucción seis, José Ignacio Vilaplana, el magistrado relata que Fernando Villén, “prevaliéndose de su cargo como director técnico” de la Faffe, “habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, desviándolos de su propia finalidad (que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados), utilizándolos para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía (en total, tres tarjetas de las seis de que disponía como director) contra las cuentas de la referida Fundación”.

El juez señala que, en total, este acusado “habría gastado mediante el uso de las tarjetas bancarias de la Faffe un total de 32.566 euros en locales de prostitución, gastos abonados con cargo a los fondos de la Faffe”, añadiendo que, “con el fin de ocultar la ilícita disposición de fondos públicos”, el investigado, “en connivencia” con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, “habrían ideado un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por el acusado”, de forma que, “en los libros diarios de la Faffe, constan asientos de devolución de las citadas cantidades que no se corresponderían con la realidad”.

Reintegros simulados

En este sentido, el magistrado expone que, “a tal fin, esto es, al objeto de simular el reintegro a las arcas de la Faffe de las cantidades ilícitamente dispuestas por su director, los acusados habrían utilizado la caja de la Dirección Económica Financiera de la Faffe, simulando supuestas -en realidad, inexistentes- reposiciones en metálico (evitando así la utilización de transferencias bancarias o método similar) de aquéllas disposiciones ilícitas; haciendo así que los gastos se camuflaran como ingresos en la caja central, para su posterior inclusión como tales en la contabilidad”.

“De este modo, a los pocos días de registrarse el uso de las tarjetas en este tipo de locales, se localizan, en los correspondientes Libros Diarios de la Faffe, diferentes anotaciones en las que consta una devolución contable de los cargos realizados en la Caja de la Dirección General de la Faffe por el importe exacto dispuesto, reflejando para este tipo de apuntes los conceptos 'ingreso F.V.' y 'devolución Visa F.V.'”, según señala el juez en el auto.

El juez analiza en el auto cada una de las operativas realizadas, así como, en su caso, la correspondiente justificación y anotación contable de las mismas, y señala que la acusada “habría podido realizar u omitir actos tendentes, bien a cooperar, bien a encubrir la disposición ilícita de fondos públicos que habría efectuado” el otro investigado, “pudiendo así haber participado en la elaboración, utilización o manipulación de documentación mercantil o contable, con la finalidad de simular la devolución de los fondos ilícitamente empleados, así como permitir la utilización del propio dinero de la Faffe” para que el acusado “llevase a cabo el -en tal caso, supuesto- reintegro de aquéllos fondos”.

“Mecánica delictiva”

Al hilo, señala que la acusada, “en calidad de directora económica financiera de la Faffe, habría ostentado la máxima responsabilidad en la gestión, reposición, funcionamiento y control de los fondos y las cajas de la Fundación, en particular, de la Caja Central de la propia Dirección General, a través de la cual se habría articulado fundamentalmente la mecánica delictiva denunciada”.

Por todo ello, el juez acuerda decretar la apertura de juicio oral contra los dos investigados por un presunto delito continuado de malversación en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público -sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que sea atribuida a los mismos en conclusiones finales-.

La Fiscalía pide seis años para Villén

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, de cara al citado juicio, solicita seis años de cárcel para Fernando Villén y cuatro para Ana Valls.

Fernando Villén, recordémoslo, figura además como investigado en la pieza de esta macrocausa correspondiente a la contratación en la Faffe del exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García, de manera “injusta y arbitraria”, de modo contrario a los principios de igualdad, mérito y capacidad y por la sola “afinidad y vinculación personal y política” entre ambos; siendo además investigado por la “contratación irregular, injusta y arbitraria” del actual concejal de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), el socialista Francisco Camas.

La magistrada progresista Mercedes del Molino se perfila como la próxima titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. La antigüedad de Mercedes Alaya hacía prever que sería ella la próxima incorporación al tribunal especial, al que ha aspirado en las últimas cinco convocatorias, pero la decisión de Del Molino de presentarse a la convocatoria descarta que la instructora de los ERE vaya a incorporarse a la Audiencia Nacional en esta convocatoria, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. Del Molino tiene el 738 en el escalafón por el 811 de Alaya, en una plaza que se dirime a favor del candidato con mayor antigüedad en la carrera judicial.

De amplia trayectoria y respetada en los diferentes sectores de la judicatura, la llegada de Del Molino vuelve a cerrar el paso a la Audiencia Nacional a la jueza Alaya, quien ha venido presentándose a las últimas convocatorias viendo cómo, en el último momento, siempre aparecía un candidato más antiguo que ella. El plazo se cerró el pasado viernes, 12 de noviembre, a las 24 horas. La elección de Mercedes del Molino depende de si en lugar de la opción online, algún magistrado ha optado por presentar su candidatura a través del correo postal.

Ana Mercedes del Molino, de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), participó en la instrucción de casos tan relevantes en los noventa como las escuchas del Cesid o el de los fondos reservados del Ministerio del Interior, en este caso cubriendo la baja de la actual magistrada del Tribunal Supremo Ana Ferrer. Más recientemente integró el tribunal que juzgó la tragedia del Madrid Arena. En la última elección de presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Del Molino obtuvo el respaldo de 10 vocales del CGPJ, imponiéndose el magistrado recusado de los juicios de la Gürtel Juan Pablo González, con 11 votos a favor de su candidatura, incluido el del presidente, Carlos Lesmes, que deshizo el empate.

El posible aterrizaje de Mercedes Alaya en la Audiencia Nacional viene preocupando tanto en la derecha como en la izquierda judicial por el modo en el que la magistrada ha instruido causas tan mediáticas como los ERE, que fuentes de ambos sectores consideran caótico. Cuando José de la Mata se marchó a una plaza internacional quedó libre el Juzgado Central de Instrucción número 5, en el que se instruían importante causas como la caja B del PP. Solo la presentación de la candidatura de Santiago Pedraz un domingo, el último día habilitado, evitó que Alaya se hiciera con el citado Juzgado.

Para ello, Pedraz dejó libre la plaza del Juzgado Central de Instrucción número 1, que compaginó durante unos meses con su nuevo destino, hasta que el CGPJ eligió como titular temporal a Alejandro Abascal. Al sacar la plaza, fue otro veterano, Francisco de Jorge, quien se impuso a Alaya y el resto de candidatos por antigüedad el pasado mes de mayo. 

Pero la ‘solución De Jorge’ presentaba un problema: se encuentra en situación de servicios especiales en la Oficina contra la Droga y el Delito de Viena y recientemente comunicó al CGPJ que había prorrogado su periodo allí. El Consejo convocó entonces una plaza para juez del 1 hasta que regresara De Jorge. Cuando eso se produjera, el magistrado o la magistrada que ganaran el concurso quedaría adscrito para siempre a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

Precisamente, la próxima plaza que podría convocarse en la Audiencia Nacional sería la que ha dejado vacante en la Sala de lo Penal el magistrado Ramón Sáez, que ocupará una silla en el Tribunal Constitucional. Mercedes Alaya, con un número bastante bajo en el escalafón, tendrá otra oportunidad de llegar a la Audiencia Nacional entonces. 

Creería la jueza Mercedes Alaya que empezaba a acabar con las supuestas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla a la constructora Sando en febrero de 2006 cuando, en abril de 2015, cerraba tras cinco años de instrucción una de las 'patas' judiciales de este caso y abría juicio contra diez personas. En junio de 2017 resultaron finalmente absueltas. Ahora, el Consejo General del Poder Judicial ha considerado que hubo un “exceso indebido de tiempo” en aquella instrucción de la jueza que no se puede justificar, aunque no concreta cuánto ni quién ha de abonar aquel perjuicio.

Uno de los damnificados de aquella 'pena de banquillo', el exportavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos, quiere que sea la propia jueza la que pague una indemnización de 73.500 euros por el “anormal funcionamiento de la Administración de Justicia” apreciado por el órgano de gobierno de los jueces. Ese “anormal funcionamiento” al que también se agarra, salvando las lógicas distancias, una de las víctimas de los abusos sexuales del ex decano de Educación de la Universidad de Sevilla Santiago Romero.

Segundo varapalo a Alaya

La venta de los terrenos del denominado 'caso Mercasevilla' supuso el segundo varapalo judicial para la jueza Alaya después de que, en 2014, el Tribunal Supremo anulara la condena al exdelegado de Empleo Antonio Rivas, único exalto cargo implicado en las diferentes piezas de la causa. Alaya había empezado entonces a tirar del hilo de la controvertida gestión de la lonja para arrancar la conocida causa contra la Junta de Andalucía al advertir “intrusos” en los ERE de 2003 y 2007.

Las diligencias del 'caso Mercasevilla' arrancaron en 2009 a partir de la denuncia del entonces portavoz del PP local, Juan Ignacio Zoido. Alaya, que conocía Zoido de cuando este era decano, imputó a Torrijos en abril de 2011, apenas mes y medio antes de las elecciones municipales. Según recuerda ahora Torrijos, Zoido “tuvo los réditos adecuados, a consecuencia de esta iniciativa, para alcanzar la Alcaldía por mayoría absoluta”. Cabe recordar que, hasta ese momento, PSOE e IU cogobernaban la capital hispalense. “Había una estrategia para acabar con una experiencia ilusionante de un Gobierno de izquierdas”, señala Torrijos.

Con la absolución en 2017 de la decena de acusados por la venta de los terrenos parecía que se ponía fin a un asunto con gran trascendencia política a nivel local la absolución en 2017 de la decena de acusados, por la repercusión mediática de sus implicados (el que fuera primer teniente de alcalde en la 'era Monteseirín', Antonio Rodrígo Torrijos, y el también concejal, en este caso del PSOE, Gonzalo Crespo). Gran recorrido tuvo anteriormente, en el otoño de 2010, la publicación de una fotografía de una mariscada en Bruselas de abril de 2008 compartida, entre otros, por Torrijos y el entonces director de Mercasevilla, Fernando Mellet. Tras el juicio, donde la Fiscalía pidió dos años de cárcel a cada acusado, la jueza Yolanda Sánchez rechazó en la sentencia cualquier amaño o concierto previo para que Sando consiguiera la adjudicación de los terrenos.

Los “daños colaterales”

Alaya, que según el abogado de Mellet debió abstenerse de instruir este caso ya que su marido había sido auditor de Mercasevilla y fue despedido por Mellet por “graves irregularidades”, se había hecho cargo durante cinco años de la investigación de la adjudicación de los suelos del mercado central de abastos. El fallo absolutorio ya despertó las iras de los abogados de la defensa, muy explícitos a la hora de denunciar por los “daños colaterales” causados durante largo tiempo a los acusados por una “inquisitiva” instrucción. Aquella absolución también levantó las quejas de los partidos más 'castigados' por el proceso, que aludieron al “linchamiento político” sufrido por los ahora absueltos.

“Ha sido un procedimiento muy largo, muy duro, muy doloroso”, dijo la abogada de Torrijos entonces. El exlíder de IU en Sevilla, que ha dicho a Europa Press que el proceso judicial estuvo “preñado de un cierto tinte de instrumentalización”, quiere ahora cerrar el círculo y estudia establecer “un procedimiento de repetición para que sea la jueza la que tenga que responder con su patrimonio y sus recursos” y no repercuta en “los españoles” lo que “ha sido simplemente responsabilidad de la misma”.

Sería el siguiente paso para culminar la reclamación patrimonial que hizo al Estado y que el CGPJ apoya. En todo caso, desde el órgano de gobierno de los jueces apuntan a este periódico que no es de su competencia cuantificar ni decidir si finalmente hay responsabilidad del Estado sino que su informe conocido ahora es un “trámite intermedio” que se ha remitido al Ministerio de Justicia para que aborde definitivamente la reclamación patrimonial.

Las mismas fuentes, acerca del procedimiento de repetición al que alude Torrijos, entienden que los jueces actúan en nombre del Estado por lo que consideran que sería el Estado, a través del Ministerio de Justicia, directamente el que tenga que abonar la hipotética indeminzación planteada por Torrijos y Castaño.

“No queda acreditada la complejidad del procedimiento penal que justifique el dilatado período temporal que provocó dilaciones indebidas y llevó a que la tramitación del procedimiento llegara alcanzar un exceso indebido de tiempo, debiendo entenderse como excesivo y del que es dable apreciar un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia”, zanja el CGPJ en su informe.

La señora magistrada instructora de los ERE, del Real Betis, de Mercasevilla, de la prohibición de Agustín de Foxá, ha hablado. No desde el Sinaí como Elohim. Su voz ha resonado en entrevistas en medios selectos de la rancia alcurnia sevillana, en clubes innovadores, en universidades varias. En esos diversos teatros, con prosopon adecuado, ha puesto un paño al púlpito para que Júpiter capitolino prestara resonancia a sus denuncias sobre la triste condición de la Administracion de Justicia en esta sufrida piel de toro, con perdón de los animalistas.

Si la señora magistrada instructora de todas las causas causantes de la búsqueda de la rectitud en Sevilla en vía penal, en lugar de una jueza de carrera fuera Belcalis Almánzar, CadiB, actuando en iHeart Radio Music, estaría en la carcel cumpliendo dos años de encierro, ley mordaza mediante. Pero como es magistrada por oposición tiene bula. Hacer oposiciones en este país da mucho de sí. Tanto que el cincuenta por ciento de los jóvenes andaluces quiere ser funcionario. Han visto que el señor Rajoy, en el paro tras la moción de censura del malvado y rencoroso señor Sanchez, se ha ido a la playa de Santa Pola a ocupar su plaza de funcionario que había abandonado, sustituto interpuesto, hace treinta y siete años. Igual que los tres millones de parados del común que aún restan para llegar al pleno empleo de los tiempos de don Francisco, el presunto enterrado en lugar errado.

La señora magistrada instructora no ha dejado títere con cabeza en su locuaz deambular por tribunas escogidas. Dixit (chispa arriba, chispa abajo): El Consejo General del Poder Judicial está minado en su libertad e independencia por las designaciones de sus vocales políticamente mediadas y pactadas. Los nombramientos de cargos en las estructuras jurisdiccionales se balancean en función de oscuras pertenencias a grupos, sociedades, asociaciones o clanes ideológicos. Se ha engañado a ella misma por parte de otros magistrados que le habían garantizado su continuidad en el simultáneo cargo de magistrada de la Audiencia y de Comisionada para agostar la instrucción EREtica. El TSJA participa de semejantes deslices y otros que veladamente sorprenden a su señoría ilustrísima.

La señora magistrada instructora ya había puesto a apear de un burro a su sustituta en el Instrucción número 6 de los de la capital andaluza. Silencio total de los superiores togados de ambas señorías. En estas recientes intervenciones se ha despachado a modo contra el juez de refuerzo al que ha descrito como un vago de siete suelas amigo de clubes equinos en horas de oficina, aunque, faltaba más, almorzando con su santa esposa. Et reliqua.

La señora magistrada instructora considera que entregar la instrucción de los casos a los fiscales, también funcionarios por oposición, es meter la zorra en el gallinero para cuidar a las gallinas. ¡Válgame el Señor!. No podía imaginar, abogado del común que soy, y actuando pro bono en las 3000 desde hace años, que los funcionarios de la fiscalía se trasmutarían en zorros - y empleo a conciencia la dicción machista del RAE- para perseguir al gallinero de los justiciables. ¿Es temerario suponer que la fiscal jefa de esta Auđiencia ha aceptado ir a la Villa y Corte para evitarse el riesgo de tal transmutación epigénica?

La señora magistrada instructora acaba de hacer saber que en la instrucción de la causa sobre el Real Betis Balompié y don Manuel Ruiz de Lopera, el Gran Poder por medio, comprobó la desaparición de veinticinco millones de euros y otras graves deficiencias. Olvidó decir que un auditor del Betis, era casualmente compañero de despacho de otro auditor años ha del mismo club y que, por la gracia sacramental reiterada, era su esposo. Pero si ha dicho que no ha leído la sentencia de la sección tercera de esta Audiencia que es absolutoria. Puestos a no leer es esperable que tampoco haya leído la sentencia de trescientos folios largos sobre Mercasevilla, que

destruye punto por punto su instrucción, ni tampoco la de Agustín de Foxá

que hizo otro tanto.

Y los señores magistrados presidentes de esta Audiencia, del Tribunal Superior de Andalucía y del Consejo General del Poder Judicial dudan sobre cómo actuar. Por cosas mucho menos dicharacheras se han abierto expedientes y diligencias a compañeros letrados. La igualdad de la ley para todos suena a broma viendo lo que estamos viendo y oyendo lo que estamos oyendo. Et sic de ceteris.

El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha incoado una diligencia informativa en relación con las manifestaciones realizadas el pasado 4 de junio por la magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla Mercedes Alaya. La decisión se adopta después de que la Fiscalía General del Estado haya remitido una comunicación al CGPJ considerando que son “merecedoras de la apertura de expediente disciplinario”.

En la comunicación se daba traslado de los acuerdos adoptados el pasado 5 de junio por el Pleno del Consejo Fiscal, que rechazó las declaraciones efectuadas el día anterior por Alaya por poner en entredicho, “con el menosprecio que las mismas lleva implícito, la objetividad e imparcialidad del Ministerio Fiscal y sus integrantes”, según ha informado en una nota el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En un foro informativo, Alaya había dicho que atribuir a la Fiscalía la investigación de los procedimientos por corrupción sería “como tener al lobo metido dentro del gallinero”.

El mes pasado, ya el CGPJ tuvo que salir al paso de las acusaciones de Alaya sobre su retirada de las macrocausas, recordándole que siguió el criterio de la Sala de Gobierno del TSJA “como en cualquier comisión de servicio”. Alaya quería seguir con las macrocausas que había iniciado pese a obtener una plaza en la Audiencia de Sevilla.

La Sociedad Deportiva Huesca, con su equipo de fútbol, acaba de ascender por puntos a la primera división de la Liga española. La magistrada sevillana señora Alaya ascendió, gracias a sus declaraciones a ABC, al primer puesto de jueces estrella de la Administracion de Justicia española. Como el Huesca, por puntos. El Huesca, metiendo goles se ha ganado el ascenso. La magistrada señora Alaya le ha metido goles al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Superior de Justicia andaluz, al Gobierno y a los partidos políticos, a sus compañeros jueces y a los dependientes fiscales acollarados a través del Fiscal general por el poder ejecutivo.. Con tales chupinazos colados en tantas porterías nos ha hecho saber a los ciudadanos que no todos los españoles somos iguales ante la ley. Tal aseveración la conocíamos y experimentábamos hace años, pero ahora tenemos el golaverage de la magistrada como aval confirmatorio.

El gol de chilena de la señora Alaya constata que la independencia del poder judicial español está afectada de grave enfermedad, ya que el Consejo General del Poder Judicial esta, a su juicio, absolutamente politizado.

El día 27 de abril de este año de gracia, un antiguo magistrado, don Elpidio Silva, presentaba en el Tribunal Supremo, en nombre de ATENAS, una asociación de abogados registrada en Cataluña, una querella contra el presidente y algunos vocales del Consejo por trazar un plan y llevarlo a efecto para controlar los altos órganos jurusdiccionales, en beneficio de determinados aforados.

He tenido el honor, y el placer bienhumorado, de asistir a testigos e imputados en el juzgado de instrucción seis de los de Sevilla cuando lo servía la señora Alaya. Si el juez de refuerzo se iba a Pineda a la una, doña Mercedes llegaba a las 11 o las 12 y los justiciables y sus letrados debíamos aguantar una o dos horas de espera, citados a las nueve y media o a las diez, a que su señoría debidamente compuesta, se dignara cumplir con su deber y cortesía con el pueblo llano aunque togado en parte. No es oro todo lo que reluce.

La magistrada, con veste de amarillo limón como los lazos liberadores de políticos presos según el lenguaje correcto al uso, acusa a sus colegas, a algunos de ellos al menos, de haberla engañado, quitándole la instrucción de sus causas dando así al traste con su justiciero afán de perseguir poderosos a su alcance. No olvidemos que la acusación de esta instructora a una peligrosisima comunista sevillana dio en absolución liberadora en el juzgado de lo penal; que la espantosa asociación de políticos, funcionarios y empresarios para saquear suelos y erario municipal de la capital sevillana, dio en absolución de los diez imputados, tras sentencia de trescientos y pico folios de otra magistrada; que la sangrante vaciada de fondos del Real Betis - en primera como el Huesca - con millones por medios, de euros y de folios, de dias y de años, ha dado en absolución por sentencia brillante de una de las secciones de la Audiencia, en la cual se ubica el puesto escalafonado de la magistrada señora Alaya. Téngase , Señoría, téngase.

Non enim quae se ipsum commendat ille probatus est, sed quem Deus commendat. Dice la Escritura. No está probado el que se alaba a sí mismo. Sino aquel a quien Dios recomienda. Y no debe olvidarse que a Dios nadie le ha visto ni le puede ver.

La jueza Mercedes Alaya, famosa por instruir las macrocausas de los ERE, los cursos de formación o el delito societario en el Betis, ha abandonado su mutismo para dar un repaso a la política y la sociedad actual. En una reciente entrevista con ABC, Alaya defiende la polémica sentencia del caso de 'la manada', que condenó a los cinco jóvenes sevillanos por un delito de abuso sexual, pero no de violación a una joven de 18 años en Pamplona. Además hubo un voto particular de uno de los magistrados, mucho más indulgente, con argumentos que Alaya también defiende. El fallo desató la indignación ciudadana, hubo manifestaciones en todas las ciudades, hubo duras declaraciones políticas, incluida la del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que puso en duda la valía como juez del autor del voto particular. “La sentencia mayoritaria y el voto particular están extremadamente fundamentados en Derecho, con un análisis exhaustivo de la prueba, sobre todo el voto particular”, dice Alaya, que cree que el problema “no está en la sentencia, sino en el Código Penal”, que necesita “una reforma en materia de delitos contra la integridad sexual”.

“En la sentencia mayoritaria y en el voto particular se pone de manifiesto que la víctima en el acto de juicio cambió su versión inicial ofrecida tanto en Policía como en sede de instrucción judicial, donde ya la suavizó un poco, aunque siguió manteniendo el empleo de violencia e intimidación. Después, ya en el juicio, se desdijo de eso. Con  el Código Penal en la mano jamás pudieron condenarse los hechos como agresión sexual, es decir, como un delito de violación. En nuestro Código Penal está establecido que sólo se considera violación cuando existe agresión sexual con penetración de cualquier miembro corporal o de cualquier instrumento, existiendo intimidación o violencia. Es decir, el término vulgar de violación no coincide con el término jurídico de violación”, concluye la jueza.

La magistrada pide directamente la dimisión del Ministro de Justicia por sus críticas al magistrado del voto particular y por su valoración sobre la sentencia de La Manada. “Refiriéndose al voto particular fue a machete y llegó a humillar y a vejar, a ese magistrado, que ha hecho un trabajo en Derecho especialmente motivado, sin que yo pueda afirmar si tiene razón o no porque no estuve en el juicio. Con sus palabras, Catalá ha instigado a la sociedad civil en contra del poder judicial”, advierte. Y añade: “Lo único que se merece este ministro es la dimisión irrevocable, pues tiempo tuvo de rectificar y no lo hizo. Si a eso unimos que el Gobierno ha avalado su actuación, todo eso hace que perdamos la confianza en los políticos porque la labor de Catalá era calmar a la sociedad, exponer los hechos reales y respetar las decisiones judiciales, sobre todo cuando están fundamentadas en Derecho”.