En las últimas semanas, ha copado titulares el PEM (Plan Estratégico Municipal) de la ciudad de Madrid, el nuevo marco urbanístico destinado a sustituir el Plan General de Ordenación Urbana de 1997. Las primeras noticias sobre el contenido de la novedosa “norma magna” del urbanismo madrileño ya han generado los primeros debates al otro lado de los foros del sector inmobiliario. Las asociaciones de Tetuán, por ejemplo, han levantado la voz contra la inclusión del distrito entre los espacios susceptibles de aumentar su parque residencial por ser ya unas barriadas muy densas de Madrid.

Si echamos unos pasos hacia atrás para tomar perspectiva, nos daremos cuenta de que la norma en preparación viene acompañada de otras ya aprobadas y alguna por venir cuya motivación de fondo obedece a un mismo análisis: la región y la ciudad de Madrid van a crecer mucho y es necesario movilizar suelo. O, dicho de otra manera, las reglas urbanísticas deben cambiar para facilitar la construcción de más vivienda.

En estos momentos, la Comunidad de Madrid se asoma a la sustitución de la actual Ley del Suelo (ley del 9/2001) por una nueva, que además integrará las competencias de la vigente Ley 9/95 de Ordenación del Territorio. Con esta nueva dualidad el gabinete de Ayuso pretende agilizar el urbanismo madrileño.

La Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER) se presentó en noviembre del año pasado y va quemando plazos hacia su aprobación final, que se espera a finales de 2026. El Anteproyecto es ya consultable y ha estado –Semana Santa mediante– en periodo de información pública y trámite de audiencia (entre el 7 de marzo y el lunes 6 de abril).

Normativas que agradan a la patronal de la construcción

El texto se ha venido presentando en los dos últimos meses con la presencia de Sara Aranda (Directora General de Urbanismo en la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior) y otros responsables de la Comunidad de Madrid. Así ha sucedido en el Colegio Oficial de Aparejadores de Madrid, el ilustre Colegio de la Abogacía (sección Urbanismo), el Colegio de Economistas de Madrid o el Colegio Arquitectos de Madrid, entre otros.

El debate sobre la norma se ha visto contenido, hasta el momento, dentro de los círculos estrictamente profesionales. Pero los foros y publicaciones especializadas del sector de la construcción y las inversiones, sin embargo, vienen celebrando lo que enuncian como un “cambio de paradigma” en el urbanismo madrileño.

Algunas de las frases que se repiten en las presentaciones se refieren a “agilizar el urbanismo en la región”, “activar suelo”, “generar vivienda”, “reducir cargas burocráticas”, “acortar los plazos” o “simplificar los instrumentos de planeamiento y el régimen jurídico del suelo”. La norma en ciernes parece ser del agrado de la patronal de la construcción. Así lo expresaba recientemente en un debate sobre el tema el director de Estrategia de Crea Madrid Nuevo Norte cuando expresaba que, legislativamente “la Comunidad de Madrid ya está en lo que espera el mercado”.

Una de las novedades técnicas más llamativas de la ley, que se asienta sobre la figura del PEM para los diferentes municipios, es la introducción de los llamados Planes Ejecutivos. Este instrumento de ordenación urbanística reflejará las condiciones concretas para que el suelo pueda ser transformado o edificado. Los particulares –es decir, los promotores– formularán estos plantes directamente ante los ayuntamientos, que podrán activar una tramitación abreviada de unos 12 meses a través de Ordenanza Municipal. Lo que se busca es “la puesta en el mercado de suelo finalista”.

Prepararse para crecer a través del boletín oficial

La Ley LIDER (un acrónimo que parece pensado desde el convencimiento de su importancia) se asienta sobre novedades legislativas precias que, soto vocce, han andamiado el nuevo edificio.

La Ley 7/2024, de Medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio, incorporaba la figura del PEM (Plan Estratégico Municipal) para fijar la estrategia del municipio a futuro, que es uno de los elementos clave de LIDER. Se considera que los detallados Planes de Ordenación Urbana en vigor son aparatajes demasiado pesados y se crea por ello el nuevo instrumento de ordenación urbanística, que tiene más que ver con unas directrices generales que con una lista pormenorizada de usos. Ya no será necesario introducir cambios puntuales en la macronorma cada vez que se quiera llevar a cabo un uso del suelo que no encaje con el marco.

Antes, se había introducido en la Ley 3/2024, de 28 de junio de la Comunidad de Madrid, la posibilidad de convertir fácilmente edificios de uso terciario (oficinas/industrial) a residencial (viviendas) sin modificar el planeamiento urbanístico, con el objetivo de fomentar la vivienda protegida en alquiler. La llegada de los usos mixtos, la flexibilidad y la simplificación de pasos para acometer cambios de uso están en el espíritu de toda la panoplia de normas.

Elocuente es el nombre de otra de las novedades recientes del sector: la Aceleradora urbanística. Se trata de un órgano colegiado que opera en la capa de los informes sectoriales. Es decir, de los documentos técnicos obligatorios emitidos por organismos públicos que evalúan cómo un plan o proyecto urbanístico afecta a materias específicas (carreteras, costas, medio ambiente, cultura, etc.).

Se aprobó en diciembre del año pasado, se constituyó en enero y su objeto es dar seguridad jurídica y agilidad a todo el proceso a través de un repositorio electrónico. A la intención de acelerar los plazos se une el hecho de que el proyecto de construcción de vivienda o servicios puede declararse de interés general, entrando en una vía urgente que permite acelerar los plazos en la mitad de tiempo.

Todos estos documentos y normas son, por supuesto, prolijos y tocan numerosos aspectos sobre lo que una ciudad debe ser, pero la idea rectora que sobresale por encima del resto –y que resaltan en las presentaciones a los profesionales del sector sus responsables políticos– es la de preparar Madrid para acoger a nuevos vecinos.

Los responsables de organizar la región manejan proyecciones que llevarán la población de los actuales siete millones de personas a 8,5 y hasta 10 millones en los próximos 15 o 20 años. En el caso de la ciudad de Madrid la tendencia es menos clara que en el de la región y crece con altibajos que hacen más complicado hacer esas proyecciones tan rotundas para la ciudad más allá de la obvia –e importante– eclosión de los nuevos desarrollos inmobiliarios.

La mirada política articulada para afrontar la tendencia al alza de la población es la de que el crecimiento es una gran oportunidad para incrementar aún más el peso político de Madrid a nivel estatal. Para ello, se mira a su corona metropolitana y se piensa en términos de un nuevo Gran Madrid –así se llamaba en el siglo XX al Madrid expandido anterior a la importante anexión de municipios de mediados de siglo–. Un espacio mancomunado de facto de 12 o 20 municipios que, unidos, se considera la gran conurbación del sur de Europa.

La idea de la recentralización española a través del peso de la región, para competir con las grandes metrópolis globales, es un asunto que se ha visto con buenos ojos en los últimos años en ámbitos de la derecha política y empresarial. Un buen ejemplo de este debate es el libro Madrid DF (en referencia a Distrito Federal), del arquitecto Fernando Caballero.

Las presentaciones de la nueva Ley del suelo y de otras normas en preparación, como el propio PEM para la ciudad de Madrid, abundan en enunciar la centralidad social del problema de la vivienda. Agarrados a las lógicas más evidentes de las leyes de la oferta y la demanda, los rectores de Madrid (ciudad y autonomía) apuntan con decisión hacia la construcción masiva como solución. Tanto en las áreas de crecimiento periurbano como dentro de la ciudad consolidada. El debate sobre la conveniencia (o inconveniencia) del crecimiento ilimitado es habitual también en los foros teóricos sobre la ciudad y no está cerrado pero, mientras los que saben se aclaran, los textos que se publican en los boletines oficiales ya parecen albergar certezas.

Nueva controversia en el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), sumido desde hace meses en una enrevesada lucha interna por su control. Esta vez, sin embargo, la polémica se desplaza hacia un aspecto a priori mucho menos agitado: la concesión de colegiados de honor. Un reconocimiento anual otorgado desde 1988 a figuras destacadas por sus méritos en favor de la arquitectura y la profesión, se dediquen o no a ella.

La Junta de Representantes del COAM, a propuesta de la Junta de Gobierno que lidera el decano Sigfrido Herráez, decidió el pasado 23 de marzo nombrar colegiados de honor a cuatro personas: la arquitecta especializada en protección del patrimonio Amparo Berlinches; el artista y diseñador con formación arquitectónica Guillermo Pérez Villalta; el responsable del departamento de comunicación del servicio gráfico y publicaciones del COAM, Pedro Ibáñez y, aquí llega la opción más llamativa, Enrique Porto Rey.

Este arquitecto es especialmente conocido por su etapa como director general de Urbanismo en la Comunidad de Madrid de 2003 a 2006, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre. Porto dimitió cercado por la polémica en torno a la aprobación de proyectos urbanísticos vinculados a sus anteriores intereses empresariales privados y a sus socios. El bautizado como 'caso Porto' derivó en su imputación, aunque finalmente esta causa por corrupción fue archivada.

El escándalo urbanístico que provocó su salida de la Puerta del Sol se enraizaba con su etapa previa en el Ejecutivo de Aguirre. Antes de ocupar su alto cargo, Porto se dedicaba a participar en la redacción de planes urbanísticos de diversos municipios. Su empresa, Plarquin, trabajó para múltiples localidades como Aranjuez, San Lorenzo de El Escorial, Villanueva de la Cañada o Majadahonda.

La Fiscalía Anticorrupción entendió que, al pasar al Gobierno regional, la autoridad encargada de aprobar esos planes maniobró en determinadas ocasiones para que salieran adelante proyectos que favorecían a su antigua empresa o a parcelas de su propiedad y para ignorar informes técnicos contrarios a esas ordenaciones urbanísticas. En el caso de Villanueva de la Cañada, Ecologistas en Acción alertó de los “daños ambientales producidos en el desarrollo urbanístico del municipio por las irregularidades cometidas”.

Su periplo judicial se alargó hasta 2009, cuando el juez de Instrucción número 4 de El Escorial le imputó por una prevaricación urbanística debido a una presunta maniobra para bloquear indebidamente, entre 2003 y 2008, la reconversión en hotel de un palacete de El Escorial llamado El Enebral, que se alza sobre suelo no urbano protegido. Según el denunciante, la Comunidad de Madrid retrasó la iniciativa con el objetivo de ampliar el ámbito físico de la recalificación “para favorecer a La Granjilla”, una finca aledaña de la familia Aguirre, aunque esa acusación no aparecía en la denuncia. La causa también acabó archivada.

Contrario a la exhumación de Franco por un supuesto peligro para las personas

Porto volvió a la primera línea mediática diez años después, cuando en 2019 emitió un polémico informe de peritaje a solicitud de la Fundación Francisco Franco. Un documento utilizado en decenas de recursos judiciales para frenar la exhumación del dictador por un supuesto peligro físico para las personas en el Valle de los Caídos (hoy de Cuelgamuros).

Aseguraba Porto que “la ejecución de estas obras constituye una notable alteración en el espacio y la perspectiva interior de la Nave y las condiciones estructurales y de seguridad del suelo del edificio”. Por ello, argumentaba, “afectan de manera muy importante sobre la seguridad de personas y bienes”. Una postura en la que se reiteraba en conversación posterior con elDiario.es: “Allí va a haber turistas, fieles, no es una cosa baladí”.

El ex alto cargo de Aguirre recalcó, además de la cuestión de la seguridad, que “el edificio está protegido por unas normas y las obras que pretenden hacerse no están permitidas por ellas”. Desde su punto de vista, “se intenta hacer pasar por menores unas obras que son mayores y esa calificación de obra mayor implica la obligación de redactar un proyecto, un director de obra o un coordinador de seguridad, ya que la obra tiene sus dificultades”.

“El informe me lo encargó la Fundación Franco y no sé cómo ha llegado a los demás recurrentes. Me contrataron por mi estudio privado, porque soy un experto en temas urbanísticos”, explicaba Porto sobre su participación en el caso. Sus conclusiones sirvieron para poner más trabas a la exhumación del dictador: los recursos se multiplicaron y llegaron a una decena de juzgados, todos ellos con la incorporación del análisis del ex responsable de Urbanismo en el equipo de Aguirre. El arquitecto avisaba que “si los procedimientos llegan a fases posteriores del proceso judicial y se me requiere para confirmar el informe”, solo acudiría “en el caso del recurso de mi cliente, que es la Fundación Franco”. Finalmente, la visión de Porto no se impuso en esta batalla judicial y la exhumación se llevó a cabo.

La oposición en el COAM pide homenajes independientes y a figuras externas

En una nota interna que el área de comunicación del COAM traslada a Somos Madrid, la organización recoge los logros profesionales que a su parecer justifican los honores a Porto: “Profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ha publicado más de 20 libros y 100 artículos sobre la aplicación práctica del urbanismo en España. Ha redactado planes generales de ciudades como Palencia, Burgos, Albacete, La Coruña, Soria, Cáceres o Villanueva de la Cañada [uno de los que desembocó en su periplo judicial]”. En el COAM resaltan su vez su etapa como director general de Urbanismo y Planificación Regional de la Comunidad de Madrid, así como la de presidente de la Academia Española de Urbanistas.

Jesús San Vicente, líder de la candidatura alternativa en los últimos comicios a decano (NEXOCOAM) que se quedó a apenas 176 papeletas de la elección después de un turbulento proceso, explica en conversación con este periódico sus dudas ante el modelo actual de distinciones en la entidad. Lo hace, eso sí, sin entrar a valorar el reconocimiento a Enrique Porto: “La figura del colegiado de honor debería de otorgarse a personalidades de fuera de la profesión y fuera de Madrid para garantizar la independencia del proceso”. Es lo que sucede este año con Pérez Villalta, propuesto por el entorno del propio San Vicente.

Cita otros nombres que lo merecerían por su notable contribución al urbanismo o la arquitectura desde otros sectores, caso de la todavía alcaldesa de París, Anne Hidalgo, o el ingeniero de caminos Manuel Melis, una de las grandes mentes pensantes detrás del soterramiento de la M-30. Escritores como Antonio Muñoz Molina, activistas vecinales como Manuela Navarro o cronistas de la Villa como el periodista Pedro Montoliú han recibido igualmente estas insignias honoríficas.

El PP ha mogut fitxa per apuntalar una de les normes més controvertides de la legislatura a les Balears: l'amnistia urbanística que permetrà legalitzar habitatges construïts de forma il·legal en sòl rústic en determinades condicions sota pretext, segons defensa el Govern de la popular Marga Prohens, de facilitar l'accés a l'habitatge. Vuit mesos després d'aprovar, amb el suport de Vox, la més coneguda com a llei de liberalització del sòl, els conservadors han presentat esmenes que, en la pràctica, no alteren el fons d'una norma que ja ha obert les portes a regularitzar centenars d'edificacions, incloses aquelles situades a les àrees de màxima protecció de la Serra de Tramuntana, el pulmó verd de Mallorca declarat el 2011 Patrimoni Mundial per la UNESCO.

El text va néixer amb el propòsit inicial de liberalitzar sòl i construir 20.000 habitatges a Palma, si bé els conservadors van acabar cedint davant l'extrema dreta en la seva pretensió d'estendre l'aplicació de la norma als 24 municipis de l'arxipèlag que compten amb més de 10.000 habitants. En altres 13, sempre que així ho decideixin els ajuntaments, es podrà requalificar sòl rústic per aixecar més edificacions. Per exigència dels de Santiago Abascal, la normativa permetrà, també amb l'última paraula dels consistoris, construir en sòl rústic sense necessitat d'haver esgotat l'urbanitzable.

Una trentena d'entitats així com 50 diputats d'esquerres van decidir impugnar el text davant el Constitucional en considerar que suposa “l'atac més greu” contra el sòl rústic de les illes i consolida un model que premia les construccions il·legals i incrementa la pressió urbanística sobre el territori. El recurs, que obre un escenari d'incertesa sobre els habitatges que ja es troben en procés de ser regularitzats, va ser admès a tràmit, però encara està pendent de resolució.

Mientras l'Alt Tribunal dirimeix sobre la constitucionalitat de la norma, el PP ha registrat ara diferents correccions amb què busquen esmenar alguns dels punts més vulnerables des del punt de vista jurídic. El principal rau en eliminar el silenci positiu, que permetia donar per aprovada la legalització si l'Administració no resolia en termini, i substituir-lo per un silenci negatiu.

Les esmenes, tanmateix, amplien l'ús de les declaracions responsables no només per iniciar activitats, sinó també per substituir documentació en nombrosos procediments administratius, evitant, com sostenen des del PP, que els ciutadans “hagin d'aportar repetidament documents que ja estan en el seu poder o la verificació dels quals es pot fer posteriorment”. En la pràctica, aquest sistema permetria impulsar activitats sense necessitat d'autorització prèvia, traslladant el control a un moment posterior però reforçant el règim sancionador en cas d'incompliment.

Com explica la formació en una nota de premsa, es tracta d'una mesura que permetrà que ciutadans i empreses puguin “exercir drets sense haver d'esperar autoritzacions administratives prèvies, substituint tràmits llargs per procediments més ràpids i eficaços”. Els populars assenyalen que aquest sistema “es basa en un principi de confiança amb responsabilitat, similar al funcionament de la declaració de la renda”. “El ciutadà declara que compleix els requisits, pot actuar de manera immediata, i l'Administració comprova posteriorment”. En cas de falsedat o incompliment, subratllen, s'estableixen “conseqüències clares”, amb un reforç i increment del règim sancionador i la possibilitat de suspendre l'activitat.

Un altre dels punts de la reforma passa per incorporar a les entitats col·laboradores de certificació -com els col·legis professionals o les cambres de comerç- perquè puguin validar la documentació i els requisits tècnics amb eficàcia administrativa. Es tracta d'un model que, tot i que amb la intenció de reduir temps de revisió, suposarà en la pràctica una externalització parcial de les funcions de control i una major agilització de llicències i tràmits en un context marcat per la creixent saturació turística i el debat sobre els límits del creixement a Balears.

Amb aquestes modificacions, el PP busca apuntalar la norma sense renunciar al seu contingut essencial. No en va, el nucli de la llei roman intacte: la norma possibilita legalitzar habitatges fora d'ordenació en sòl rústic i la infracció del qual hagi prescrit, incloses aquelles ubicades en zones de màxima protecció. La regularització arriba fins i tot a les edificacions construïdes sense llicència abans de 1991, any en què va ser aprovada la llei balear d'espais naturals, que va introduir majors restriccions en matèria mediambiental davant la urgent necessitat de preservar el patrimoni natural i paisatgístic de les illes.

L'Executiu de Prohens presenta aquesta regularització com una eina per tractar de donar solució a la greu situació que travessen les illes en matèria d'habitatge, i defensa taxant que la mesura no suposarà de cap manera l'execució de noves construccions. Les formacions d'esquerres i les entitats socials i ecologistes consideren, tanmateix, que la legalització d'aquests immobles no arribarà a abastar les famílies treballadores.

No en va, els col·lectius consideren aquesta iniciativa com “el major pelotazo urbanístic dels últims 50 anys” i una “bomba demogràfica” dins una illa saturada i amb recursos com l'aigua al límit. En aquesta línia, alerten del biaix ideològic de la norma en posar el focus, denuncien, en la liberalització del sòl i en la reducció de controls públics mentre deixa de banda la urgència de garantir l'accés a un habitatge digne per a la població resident.

En aquesta línia, critiquen que l'Executiu no plantegi mesures ambicioses per regular, entre d'altres, els preus del lloguer en un context en què gran part de la població balear destina més del 40% dels seus ingressos al pagament de l'habitatge i malgrat que més de 105.000 habitatges es troben buits a les illes. Una xifra que el 2021 suposava un 23,9% més dels que hi havia una dècada abans. Els col·lectius també denuncien que el text no contempli frenar la pressió de l'habitatge turístic ni posi coto a la compra de segones residències per part d'estrangers amb elevat poder adquisitiu, garantint per llei un parc d'habitatge per als residents donada l'escassetat de territori i frenant amb això l'increment desbocat dels preus.

Segons l'entitat l'entitat Mallorca per viure, no per especular, la llei de liberalització del sòl aprovada per PP i Vox obre les portes a la construcció de més de 37.400 pisos en sòl rústic a Mallorca i a un creixement demogràfic “sense precedents”. Després de diversos mesos d'investigacions, el col·lectiu va publicar un estudi que per primera vegada quantificava l'impacte territorial i demogràfic del text. Segons el seu diagnòstic, els set municipis afectats per la norma podrien sumar 252.810 noves places residencials, és a dir, un 37% més de població respecte al cens de 2024. Per assolir-ho, la llei permetria aixecar 37.432 nous habitatges en 1.246 hectàrees de sòl rústic fins ara protegit. La totalitat d'hectàrees que passaran a ser edificables serà de 1.246, en la seva majoria sòls agraris i forestals.

Un dels punts més controvertits de la normativa és la possibilitat que les anomenades Àrees de Transició (AT) -franges que, com recorda l'estudi, fins ara actuaven com a cinturó de contenció al voltant dels nuclis urbans- puguin requalificar-se com a sòl urbanitzable per permetre la construcció de nous habitatges. La funció de les AT era clara: frenar l'expansió urbanística i reservar espai per a infraestructures bàsiques. Però la llei les converteix en urbanitzables amb densitats pròpies de ciutat dormitori: fins a 225 habitants per hectàrea.

“La 'Llei d'actuacions urgents destinades a l'obtenció de sòl' és una bomba demogràfica gràfica dins una illa saturada i amb recursos com l'aigua al límit. El Govern l'ha aprovat amb l'excusa de fer més 'habitatge social', però la realitat és que es tracta d'un regal a les grans promotores urbanístiques sense cap previsió de les conseqüències ambientals, territorials i demogràfiques que comportarà la norma”, denuncien des de la plataforma ecologista.

El PP ha movido ficha para apuntalar una de las normas más controvertidas de la legislatura en Balears: la amnistía urbanística que permitirá legalizar viviendas construidas de forma ilegal en suelo rústico en determinadas condiciones so pretexto, según defiende el Govern de la popular Marga Prohens, de facilitar el acceso a la vivienda. Ocho meses después de aprobar, con el apoyo de Vox, la más conocida como ley de liberalización del suelo, los conservadores han presentado enmiendas que, en la práctica, no alteran el fondo de una norma que ya ha abierto las puertas a regularizar cientos de edificaciones, incluidas aquellas situadas en las áreas de máxima protección de la Serra de Tramuntana,  el pulmón verde de Mallorca declarado en 2011 Patrimonio Mundial por la UNESCO.

El texto nació con el propósito inicial de liberalizar suelo y construir 20.000 viviendas en Palma, si bien los conservadores acabaron cediendo ante la extrema derecha en su pretensión de extender la aplicación de la norma a los 24 municipios del archipiélago que cuentan con más de 10.000 habitantes. En otros 13, siempre que así lo decidan los ayuntamientos, se podrá recalificar suelo rústico para levantar más edificaciones. Por exigencia de los de Santiago Abascal, la normativa permitirá, también con la última palabra de los consistorios, construir en suelo rústico sin necesidad de haber agotado el urbanizable.

Una treintena de entidades así como 50 diputados de izquierdas decidieron impugnar el texto ante el Constitucional al considerar que supone “el ataque más grave” contra el suelo rústico de las islas y consolida un modelo que premia las construcciones ilegales e incrementa la presión urbanística sobre el territorio. El recurso, que abre un escenario de incertidumbre sobre las viviendas que ya se encuentran en proceso de ser regularizadas, fue admitido a trámite pero aún está pendiente de resolución.

Mientras el Alto Tribunal dirime sobre la constitucionalidad de la norma, el PP ha registrado ahora distintas correcciones con las que buscan enmendar algunos de los puntos más vulnerables desde el punto de vista jurídico. El principal radica en eliminar el silencio positivo, que permitía dar por aprobada la legalización si la Administración no resolvía en plazo, y sustituirlo por un silencio negativo.

Las enmiendas, sin embargo, amplían el uso de las declaraciones responsables no solo para iniciar actividades, sino también para sustituir documentación en numerosos procedimientos administrativos, evitando, como sostienen desde el PP, que los ciudadanos “tengan que aportar repetidamente documentos que ya están en su poder o la verificación de los cuales se puede hacer posteriormente”. En la práctica, este sistema permitiría impulsar actividades sin necesidad de autorización previa, trasladando el control a un momento posterior pero reforzando el régimen sancionador en caso de incumplimiento.

Como explica la formación en una nota de prensa, se trata de una medida que permitirá que ciudadanos y empresas puedan “ejercer derechos sin tener que esperar autorizaciones administrativas previas, sustituyendo trámites largos por procedimientos más rápidos y eficaces”. Los populares señalan en que este sistema “se basa en un principio de confianza con responsabilidad, similar al funcionamiento de la declaración de la renta”. “El ciudadano declara que cumple los requisitos, puede actuar de manera inmediata, y la Administración comprueba posteriormente”. En caso de falsedad o incumplimiento, subrayan, se establecen “consecuencias claras”, con un refuerzo e incremento del régimen sancionador y la posibilidad de suspender la actividad.

Otro de los puntos de la reforma pasa por incorporar a las entidades colaboradoras de certificación -como los colegios profesionales o las cámaras de comercio- para que puedan validar la documentación y los requisitos técnicos con eficacia administrativa. Se trata de un modelo que, aunque con la intención de reducir tiempos de revisión, supondrá en la práctica una externalización parcial de las funciones de control y una mayor agilización de licencias y trámites en un contexto marcado por la creciente saturación turística y el debate sobre los límites del crecimiento en Balears.

Con estas modificaciones, el PP busca apuntalar la norma sin renunciar a su contenido esencial. No en vano, el núcleo de la ley permanece intacto: la norma posibilita legalizar viviendas fuera de ordenación en suelo rústico y cuya infracción haya prescrito, incluidas aquellas ubicadas en zonas de máxima protección. La regularización alcanza incluso a las edificaciones construidas sin licencia antes de 1991, año en que fue aprobada la ley balear de espacios naturales, que introdujo mayores restricciones en materia medioambiental ante la urgente necesidad de preservar el patrimonio natural y paisajístico de las islas.

El Ejecutivo de Prohens presenta esta regularización como una herramienta para tratar de dar solución a la grave situación que atraviesan las islas en materia de vivienda, y defiende tajante que la medida no supondrá de ningún modo la ejecución de nuevas construcciones. Las formaciones de izquierdas y las entidades sociales y ecologistas consideran, sin embargo, que la legalización de estos inmuebles no llegará a alcanzar a las familias trabajadoras.

No en vano, los colectivos consideran esta iniciativa como “el mayor pelotazo urbanístico de los últimos 50 años” y una “bomba demográfica” dentro de una isla saturada y con recursos como el agua al límite. En esta línea, alertan del sesgo ideológico de la norma al poner el foco, denuncian, en la liberalización del suelo y en la reducción de controles públicos mientras deja de lado la urgencia de garantizar el acceso a una vivienda digna para la población residente.

En esta línea, critican que el Ejecutivo no plantee medidas ambiciosas para regular, entre otros, los precios del alquiler en un contexto en el que gran parte de la población balear destina más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda y a pesar de que más de 105.000 viviendas se encuentran vacías en las islas. Una cifra que en 2021 suponía un 23,9% más de las que había una década antes. Los colectivos también denuncian que el texto no contemple frenar la presión de la vivienda turística ni ponga coto a la compra de segundas residencias por parte de extranjeros con elevado poder adquisitivo, garantizando por ley un parque de vivienda para los residentes dada la escasez de territorio y frenando con ello el incremento desbocado de los precios.

Según la entidad la entidad Mallorca per viure, no per especular, la ley de liberalización del suelo aprobada por PP y Vox abre las puertas a la construcción de más de 37.400 pisos en suelo rústico en Mallorca y a un crecimiento demográfico “sin precedentes”. Tras varios meses de investigaciones, el colectivo publicó un estudio que por primera vez cuantificaba el impacto territorial y demográfico del texto: según su diagnóstico: los siete municipios afectados por la norma podrían sumar 252.810 nuevas plazas residenciales, es decir, un 37% más de población respecto al censo de 2024. Para alcanzarlo, la ley permitiría levantar 37.432 nuevas viviendas en 1.246 hectáreas de suelo rústico hasta ahora protegido. La totalidad de hectáreas que pasarán a ser edificables será de 1.246, en su mayoría suelos agrarios y forestales.

Uno de los puntos más controvertidos de la normativa es la posibilidad de que las llamadas Áreas de Transición (AT) -franjas que, como recuerda el estudio, hasta ahora actuaban como cinturón de contención alrededor de los núcleos urbanos- puedan recalificarse como suelo urbanizable para permitir la construcción de nuevas viviendas. La función de las AT era clara: frenar la expansión urbanística y reservar espacio para infraestructuras básicas. Pero la ley las convierte en urbanizables con densidades propias de ciudad dormitorio: hasta 225 habitantes por hectárea.

La 'Ley de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo' es una bomba demográfica gráfica dentro de una isla saturada y con recursos como el agua al límite. El Govern la ha aprobado con la excusa de hacer más 'vivienda social', pero la realidad es que se trata de un regalo a las grandes promotoras urbanísticas sin ninguna previsión de las consecuencias ambientales, territoriales y demográficas que comportará la norma“, denuncian desde la plataforma ecologista.

La Guàrdia Civil ha denunciat el responsable de comercialitzar un habitacle de vuit metres quadrats per 695 euros al municipi mallorquí de Maria de la Salut. La barraca s'oferia a Internet com si en tingués 25. Davant la indignació generada, l'anunci va acabar sent retirat.

La investigació es va iniciar després que agents del Servei de Protecció a la Natura (Seprona) detectassin que la publicació havia generat ressò mediàtic. El comercialitzador presentava l'espai com a “ideal per a una persona que busqui tranquil·litat i contacte amb la natura”, amb “espai suficient” fins i tot per rebre familiars o amics els caps de setmana i amb “possibilitat de fer barbacoes”.

L'oferta va aixecar sospites tant per les dimensions com per les condicions de l’immoble, ubicat en sòl rústic. En la inspecció practicada el passat 10 de març, els agents varen constatar que la suposada vivenda era, en realitat, una caseta d’eines reconvertida per a ús residencial sense complir la normativa.

La construcció amb prou feines superava els 10 metres quadrats i només vuit eren habitables, molt lluny dels 25 que s’anunciaven. A més, presentava modificacions recents per fer-la habitable i instal·lacions exteriors pròpies d’un ús residencial, fet que apunta a una utilització irregular del sòl rústic.

Arran de la inspecció, l’Institut Armat ha aixecat diverses actes: una per incompliment de la normativa de cèdules d’habitabilitat, remesa a la Conselleria d’Habitatge; una altra per infracció urbanística, traslladada a l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca; i una tercera per vulneració de la Llei d’Aigües, en detectar-se un pou sense autorització.

El cas torna a posar el focus en l’auge de les infravivendes a Balears, un fenomen cada vegada més visible en un mercat tensionat per la manca d'oferta i els preus disparats. La proliferació d’anuncis d’espais mínims, sovint en condicions irregulars, evidencia fins a quin punt l’accés a una vivenda digna s’ha convertit en un dels principals problemes socials de l’arxipèlag.

La greu situació de l'habitatge a Balears, travessada des de fa anys per l'especulació -alimentada per les successives bombolles immobiliàries-, la voracitat dels fons d'inversió, la polarització econòmica i la turistització, està abocant nombroses persones a l'amuntegament en aquest tipus d'infrahabitatges i en caravanes, fenòmens agreujats, entre altres causes, per la creixent irrupció de compradors estrangers -principalment alemanys, britànics i francesos amb gran solvència financera- que compren immobles a preus inabastables per a la majoria dels residents.

La Guardia Civil ha denunciado al responsable de comercializar un habitáculo de ocho metros cuadrados por 695 euros en el municipio mallorquín de Maria de la Salut. La barraca se ofertaba en Internet como si tuviera 25 metros. Ante la indignación generada, y en medio de la grave crisis habitacional que atraviesa Balears, el anuncio fue retirado de inmediato.

La investigación se inició después de que agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) detectaran que la publicación estaba siendo objeto de atención mediática. El comercializador la ofertaba como “ideal para una persona que busque tranquilidad y contacto con la naturaleza, con espacio suficiente para disfrutar también de fines de semana con familiares o amigos” y “con posibilidad de realizar barbacoas”.

Tras una inspección realizada el pasado 10 de marzo, los agentes comprobaron que la supuesta vivienda era en realidad una caseta de aperos situada en suelo rústico que había sido transformada para uso residencial sin cumplir la normativa. La superficie total apenas superaba los 10 metros cuadrados, de los cuales solo ocho eran habitables.

Además, la edificación presentaba modificaciones recientes destinadas a hacerla habitable, así como instalaciones exteriores propias de una vivienda, lo que refuerza la hipótesis de un uso irregular del suelo rústico.

Como resultado de la inspección, el Instituto Armado ha levantado varias actas: una por incumplir la normativa de cédulas de habitabilidad y vivienda, remitida a la Conselleria de Vivienda; otra por infracción urbanística, trasladada a la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca, y una tercera por vulnerar la Ley de Aguas, al detectarse un pozo sin autorización.

En Balears, la especulación inmobiliaria -alimentada por las sucesivas burbujas inmobiliarias-, la voracidad de los fondos de inversión, la polarización económica y la turistización están abocando a cientos de personas al hacinamiento en infraviviendas y caravanas. Se trata de un fenómeno agravado, entre otras causas, por la creciente irrupción de compradores extranjeros -principalmente alemanes, británicos y franceses- con gran solvencia financiera.

Las operaciones las concentran inversores y grandes propietarios que compran inmuebles a precios inalcanzables para la mayoría de los residentes, quienes se ven abocados a la expulsión residencial en un mercado cada vez más orientado al lujo y a la inversión. Balears es, de hecho, la provincia de España con mayor concentración de viviendas de lujo, con precios superiores al millón de euros, y de ultralujo, aquellas con precio superior a los tres millones de euros, según datos de Idealista publicados en agosto de 2025.

Una imagen que contrasta con la proliferación de anuncios de espacios mínimos, muchas veces en condiciones irregulares, reflejando con ello hasta qué punto el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del archipiélago.

El pasado mes de septiembre, el Servicio de Inspección de Vivienda del Govern balear y el Grupo de Extranjería de la Policía Nacional detectaron la existencia de 11 infraviviendas en un asentamiento chabolista en el municipio mallorquín de Manacor. El propietario de las mismas había levantado los habitáculos para ponerlos en alquiler sin los suministros básicos y sin las condiciones necesarias de salubridad. Mientras tanto, en 2024 un policía local fue detenido por alquilar ilegalmente trasteros como si de viviendas se tratasen y sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Palma ha reactivado en las últimas semanas el desalojo de las más de 200 personas que desde hace años malviven en la antigua prisión de la capital balear: son, principalmente, residentes sin recursos, trabajadores precarizados y migrantes. Muchos de los afectados no tienen alternativa habitacional ni ingresos suficientes para pagar el alquiler de una habitación, cuyo precio en algunos casos llega a superar los 1.000 euros.

El Govern balear (PP) eludeix pronunciar-se sobre el possible conflicte d'interessos derivat del nou planejament urbanístic del municipi mallorquí d'Estellencs, que, com a denúncia l'oposició, permetrà requalificar de sòl rústic a urbà terrenys propietat de l'alcalde, Bernat Isern (PP), i de l'entorn familiar del regidor Miquel Rosselló, recentment nomenat director general de Turisme de l'Executiu autonòmic.

Durant el ple del Parlament celebrat aquest dimarts, la diputada socialista Mercedes Garrido ha exposat l'assumpte amb una pregunta directa al conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo: “Creu que és ètic i legal que el director general de Turisme d'aquest Govern i l'alcalde d'Estellencs converteixin en sòl urbà els terrenys rústics propietat seva i dels seus familiars?”. Davant la qüestió formulada, el titular d'Habitatge s'ha limitat a assenyalar que la competència urbanística correspon a les corporacions municipals, acusant tot seguit els socialistes de “tornar a embullar”: “Aquest Govern no ha intervingut en cap procediment de classificació del sòl. L'aprovació d'un planejament municipal correspon a cada ajuntament, com vostè sap perfectament”.

Garrido, no obstant això, ha anat més enllà, recriminant a l'Executiu que hagi normalitzat els conflictes d'interessos: “Aquest Govern ens té massa acostumats a barrejar el que és interès general amb el seu interès propi i particular”. Sobre la tramitació del pla urbanístic d'Estellencs, ha criticat que fa dues setmanes “el director general i l'alcalde van decidir no votar el Pla General perquè, en paraules seves, eren beneficiaris”. No obstant això, cinc dies després van votar a favor: “Havia desaparegut el conflicte d'interessos? No. Havia desaparegut la vergonya, perquè si ells no votaven, els familiars no es beneficiaven”, ha etzibat la socialista.

En aquesta línia, Garrido ha recriminat que “més que davant l'especulació, estem davant el PP de sempre, amb els seus pelotazos urbanístics a la carta que no deceben mai”. “Sap vostè qui va ser l'última persona que va convertir sòl rústic directament en sòl urbà?”, ha continuat la socialista, responent tot seguit: “Un tal Jaume Massot, arquitecte d'Andratx i director general també del govern del senyor [Jaume] Matas”, en al·lusió a un dels ex alts càrrecs del PP que van acabar empantanats en els fangs de la corrupció urbanística en Balears.

El conseller d'Habitatge, al PSOE: “Estan vostès desesperats”

En la seva segona intervenció en Parlament, Mateo ha evitat de nou entrar en el fons de la qüestió: “Estan vostès desesperats. Comencen a ser preocupants els seus intents d'atacar al Govern per qualsevol via, fins i tot quan el Govern no té cap competència”. El conseller ha asseverat, amb tot, que el pla ha estat redactat pel Consell de Mallorca en virtut d'un conveni signat en 2018, quan governava l'esquerra en la institució insular, assegurant que els terrenys als quals es refereix l'oposició “ja estaven classificats com a sòl urbà directe” en les Normes Subsidiàries de 2006. “La base del pla actual és de 2021 i va ser redactada pel Consell quan vostès governaven”, ha incidit.

El debat, no obstant això, no gira entorn de qui va redactar la base del document o quan es va signar el conveni, sinó entorn de l'abast real de l'ordenació ara proposada així com els efectes jurídics i econòmics reals sobre el territori i el valor del sòl afectat, és a dir, si el nou pla es limita a actualitzar tècnicament una classificació ja existent o si, sota aquesta cobertura, introdueix canvis que incrementen la superfície edificable, intensifiquen usos, faciliten desenvolupaments i obren les portes a una materialització efectiva d'edificacions que fins ara no s'havien executat.

El conseller ha subratllat, finalment, que el document preveu habitatges de protecció oficial per a residents, a més d'assenyalar que l'aprovació actual és només inicial: “Es tracta d'una aprovació inicial que ara entra en un període d'exposició pública de 60 dies. Es pot canviar un 100% del projecte inicial”.

Des de fa mesos, Per Estellencs denuncia l'adopció de decisions que estarien afavorint determinats interessos polítics mitjançant l'ampliació d'aparcaments i l'obertura de vials que “tècnicament no es justifiquen” i que “no estan adaptats a la realitat d'un municipi situat a la Serra de Tramuntana”. “No volen destapar el que faran i el que no faran. Tampoc ens deixen tenir accés a les actes. I el que temem, sobretot, és que les polítiques que es duguin a terme siguin per a afavorir a segones residències amb tot el que això provoca: l'abandó dels serveis públics i la pèrdua dels col·legis, els centres de salut... Tot això va en detriment quan fas un creixement urbanístic d'aquest calibre”, van posar de manifest des de la coalició a elDiario.es en ocasió d'aquest reportatge. Aquest periòdic va intentar en aquest moment posar-se en contacte amb l'alcalde d'Estellencs, Bernat Isern, però no va atendre la petició d'aquest mitjà.

Increment del sòl urbà: de 5,28 a 6,52 hectàrees

Segons el parer de la coalició, el nou planejament i les Normes Subsidiàries (NNSS) impulsades per l'equip de govern del PP a l'Ajuntament “destrueixen el paisatge cultural” del municipi i suposen un atac directe als valors que van donar lloc a la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial per la UNESCO. No sols això. Un dels eixos centrals de la seva denúncia és la requalificació de terrenys rústics a urbans que afectarien propietats vinculades a l'alcalde i al recentment nomenat director general de Turisme. Segons la coalició, el pla s'ha tramitat “contra la voluntat ciutadana” i amb “greus incoherències tècniques”, tot i que durant la passada legislatura es va desenvolupar un procés participatiu inèdit en el municipi, les conclusions del qual, recriminen, han estat ignorades per l'actual equip de govern.

Tal com sosté el grup municipal, el model aprovat multiplica de manera exponencial el valor del sòl i permet la seva edificació per a ús residencial, en aquest cas per a la construcció d'habitatges unifamiliars en parcel·les que fins ara no podien desenvolupar-se urbanísticament, la qual cosa, afegeix l'oposició, no respon a les necessitats reals del poble sinó que prioritza l'interès d'inversors enfront de l'habitatge assequible i els equipaments per a residents.

Per Estellencs també alerta, a més, d'un increment del sòl urbà respecte al que es preveu en el Pla Territorial de Mallorca, passant de 5,28 hectàrees a 6,52, una ampliació que consideren injustificada i que podria encobrir la regularització de desenvolupaments urbanístics irregulars. El pla preveu a més la creació d'un nou vial de connexió i una rotonda d'accés, actuacions que, segons els crítics, afectaran els horts històrics i a un olivar en producció que, asseveren, formen part del paisatge agrícola i hidràulic que sustenta el reconeixement internacional de la Serra. En conjunt, la coalició reclama la retirada del planejament i l'obertura d'un nou procés “transparent, participatiu i respectuós amb el patrimoni i amb la gent del poble”.

El debat territorial s'estén a la proposició de llei que tramita el Consell de Mallorca per a regular la protecció de la Serra de Tramuntana. El PSIB ha acusat el PP de voler “turistificar” el territori i convertir-lo en un “parc temàtic”, mentre que Mateo defensa que la norma busca preservar els valors que van motivar la seva declaració com a Patrimoni Mundial. No obstant això, ha reconegut que la protecció ha d'anar acompanyada de “viabilitat econòmica”, asseverant que la Serra “no pot ser un museu intocable”. Amb tot, ha assegurat que la nova llei no permetrà “ni un pam més” de construcció.

En plena tramitació del nou planejament d'Estellencs i amb la llei de la Serra en exposició pública, el xoc polític situa de nou l'urbanisme en el centre del debat sobre la gestió territorial i els possibles conflictes d'interessos a l'illa.

El Govern balear (PP) elude pronunciarse sobre el posible conflicto de intereses derivado del nuevo planeamiento urbanístico del municipio mallorquín de Estellencs, que, como denuncia la oposición, permitirá recalificar de suelo rústico a urbano terrenos propiedad del alcalde, Bernat Isern (PP), y del entorno familiar del regidor Miquel Rosselló, recientemente nombrado director general de Turismo del Ejecutivo autonómico.

Durante el pleno del Parlament celebrado este martes, la diputada socialista Mercedes Garrido ha expuesto el asunto con una pregunta directa al conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo: “¿Cree que es ético y legal que el director general de Turismo de este Govern y el alcalde de Estellencs conviertan en suelo urbano los terrenos rústicos propiedad suya y de sus familiares?”. Ante la cuestión formulada, el titular de Vivienda se ha limitado a señalar que la competencia urbanística corresponde a las corporaciones municipales, acusando acto seguido a los socialistas de “volver a enredar”: “Este Govern no ha intervenido en ningún procedimiento de clasificación del suelo. La aprobación de un planeamiento municipal corresponde a cada ayuntamiento, como usted sabe perfectamente”.

Garrido, sin embargo, ha ido más allá, recriminando al Ejecutivo que haya normalizado los conflictos de intereses: “Este Govern nos tiene demasiado acostumbrados a mezclar lo que es interés general con su interés propio y particular”. Sobre la tramitación del plan urbanístico de Estellencs, ha criticado que hace dos semanas “el director general y el alcalde decidieron no votar el Plan General porque, en palabras suyas, eran beneficiarios”. Sin embargo, cinco días después votaron a favor: “¿Había desaparecido el conflicto de intereses? No. Había desaparecido la vergüenza, porque si ellos no votaban, los familiares no se beneficiaban”, ha espetado la socialista.

En esta línea, Garrido ha recriminado que “más que ante la especulación, estamos ante el PP de siempre, con sus pelotazos urbanísticos a la carta que no decepcionan nunca”. “¿Sabe usted quién fue la última persona que convirtió suelo rústico directamente en suelo urbano?”, ha continuado la socialista, respondiendo acto seguido: “Un tal Jaume Massot, arquitecto de Andratx y director general también del gobierno del señor [Jaume] Matas”, en alusión a uno de los ex altos cargos del PP que acabaron empantanados en los fangos de la corrupción urbanística en Balears. 

El conseller de Vivienda, al PSOE: “Están ustedes desesperados”

En su segunda intervención en Parlament, Mateo ha evitado de nuevo entrar en el fondo de la cuestión: “Están ustedes desesperados. Empiezan a ser preocupantes sus intentos de atacar al Govern por cualquier vía, incluso cuando el Govern no tiene ninguna competencia”. El conseller ha aseverado, con todo, que el plan ha sido redactado por el Consell de Mallorca en virtud de un convenio firmado en 2018, cuando gobernaba la izquierda en la institución insular, asegurando que los terrenos a los que se refiere la oposición “ya estaban clasificados como suelo urbano directo” en las Normas Subsidiarias de 2006. “La base del plan actual es de 2021 y fue redactada por el Consell cuando ustedes gobernaban”, ha incidido.

El debate, sin embargo, no gira en torno a quién redactó la base del documento o cuándo se firmó el convenio, sino en torno al alcance real de la ordenación ahora propuesta así como los efectos jurídicos y económicos reales sobre el territorio y el valor del suelo afectado, es decir, si el nuevo plan se limita a actualizar técnicamente una clasificación ya existente o si, bajo esa cobertura, introduce cambios que incrementan la superficie edificable, intensifican usos, facilitan desarrollos y abren las puertas a una materialización efectiva de edificaciones que hasta ahora no se habían ejecutado.

El conseller ha subrayado, finalmente, que el documento prevé viviendas de protección oficial para residentes, además de señalar que la aprobación actual es solo inicial: “Se trata de una aprobación inicial que ahora entra en un periodo de exposición pública de 60 días. Se puede cambiar un 100% del proyecto inicial”.

Desde hace meses, Per Estellencs denuncia la adopción de decisiones que estarían favoreciendo determinados intereses políticos mediante la ampliación de aparcamientos y la apertura de viales que “técnicamente no se justifican” y que “no están adaptados a la realidad de un municipio situado en la Serra de Tramuntana”. “No quieren destapar lo que harán y lo que no harán. Tampoco nos dejan tener acceso a las actas. Y lo que tememos, sobre todo, es que las políticas que se lleven a cabo sean para favorecer a segundas residencias con todo lo que ello provoca: el abandono de los servicios públicos y la pérdida de los colegios, los centros de salud... Todo esto va en detrimento cuando haces un crecimiento urbanístico de este calibre”, pusieron de manifiesto desde la coalición a elDiario.es con ocasión de este reportaje. Este periódico intentó en ese momento ponerse en contacto con el alcalde de Estellencs, Bernat Isern, pero no atendió a la petición de este medio.

Incremento del suelo urbano: de 5,28 a 6,52 hectáreas

A juicio de la coalición, el nuevo planeamiento y a las Normas Subsidiarias (NNSS) impulsadas por el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento, al aseverar que “destruyen el paisaje cultural” del municipio y suponen un ataque directo a los valores que dieron lugar a la declaración de la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial por la UNESCO. No solo eso. Uno de los ejes centrales de su denuncia es la recalificación de terrenos rústicos a urbanos que afectarían a propiedades vinculadas al alcalde y al recién nombrado director general de Turismo. Según la coalición, el plan se ha tramitado “contra la voluntad ciudadana” y con “graves incoherencias técnicas”, a pesar de que durante la pasada legislatura se desarrolló un proceso participativo inédito en el municipio, cuyas conclusiones, recriminan, han sido ignoradas por el actual equipo de gobierno.

Tal como sostiene el grupo municipal, el modelo aprobado multiplica de forma exponencial el valor del suelo y permite su edificación para uso residencial, en este caso para la construcción de viviendas unifamiliares en parcelas que hasta ahora no podían desarrollarse urbanísticamente, lo que, añade la oposición, no responde a las necesidades reales del pueblo sino que prioriza el interés de inversores frente a la vivienda asequible y los equipamientos para residentes.

Per Estellencs también alerta, además, de un incremento del suelo urbano respecto a lo previsto en el Plan Territorial de Mallorca, pasando de 5,28 hectáreas a 6,52, una ampliación que consideran injustificada y que podría encubrir la regularización de desarrollos urbanísticos irregulares. El plan prevé además la creación de un nuevo vial de conexión y una rotonda de acceso, actuaciones que, según los críticos, afectarán a los huertos históricos y a un olivar en producción que, aseveran, forman parte del paisaje agrícola e hidráulico que sustenta el reconocimiento internacional de la Serra. En conjunto, la coalición reclama la retirada del planeamiento y la apertura de un nuevo proceso “transparente, participativo y respetuoso con el patrimonio y con la gente del pueblo”.

El debate territorial se extiende a la proposición de ley que tramita el Consell de Mallorca para regular la protección de la Serra de Tramuntana. El PSIB ha acusado al PP de querer “turistizar” el territorio y convertirlo en un “parque temático”, mientras que Mateo defiende que la norma busca preservar los valores que motivaron su declaración como Patrimonio Mundial. No obstante, ha reconocido que la protección debe ir acompañada de “viabilidad económica”, aseverando que la Serra “no puede ser un museo intocable”. Con todo, ha asegurado que la nueva ley no permitirá “ni un palmo más” de construcción.

En plena tramitación del nuevo planeamiento de Estellencs y con la ley de la Serra en exposición pública, el choque político sitúa de nuevo el urbanismo en el centro del debate sobre la gestión territorial y los posibles conflictos de intereses en la isla.

Todo empezó con una operación contra el blanqueo de capitales por narcotráfico, para la que el juez de turno autorizó unos pinchazos telefónicos en los que un día apareció un personaje inesperado. Tras la intermediación de un conocido, una de las personas objeto de investigación en el municipio sevillano de Gines hablaba con Rafael Pineda, por entonces jefe de gabinete del actual delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández (PSOE).

La historia no tenía nada que ver con drogas, sino que le pedía su mediación para regularizar la situación de uno de sus trabajadores, una persona inmigrante, y que le echara una mano para agilizar la licencia de su restaurante. Meses después, el pasado martes, Pineda era detenido por su presunta implicación en una operación urbanística irregular, por la que se investigan posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares. Menos de 24 horas después era puesto en libertad con cargos, a lo que se añade el bloqueo y embargo de todas sus cuentas.

El epicentro está en una parcela de uso terciario propiedad de Emvisesa, la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla, que salió a la venta en 2011, el concurso quedó desierto y años después se sacó en arrendamiento, adquiriéndola en 2017 (con el socialista Juan Espadas como alcalde) Olga P., esposa de Pineda. Fue la única que presentó una oferta en una operación en la que contó con dos socios, uno de ellos directivo de Burguer King en Andalucía.

Precisamente, en el terreno se instaló un local de esta cadena (junto a una gasolinera y luego otro restaurante), que pagaba por ello un alquiler pero que curiosamente no optó a comprar el solar cuando salió a la venta de manera definitiva en 2024, ya con José Luis Sanz (PP) como regidor. De nuevo, la única oferta fue la de Olga P., que se la quedó en propiedad.

Para ello abonó 1,7 millones de euros, pero obtuvo una plusvalía fulminante: cinco meses después, la vendía por 3,9 millones de euros –con un beneficio de 2,2 millones– y el que compraba el solar era... Burguer King. Los beneficios se repartieron entre los socios, pero la Guardia Civil ha puesto el foco en que también recibió un pago de 78.650 euros un empleado de Emvisesa, Daniel M.L., que en ese momento era jefe de Sección de Terciarios. El importe lo recibió a través de una sociedad en la que consta como administrador único, una operación que le costó el despedido al considerar el Ayuntamiento que no dio explicaciones convincentes sobre el origen de un dinero que para la UCO es una comisión pura y dura.

Ayuntamiento y Delegación del Gobierno

Rafael Pineda (Sevilla, 1973) no es ningún desconocido de la vida política sevillana. Entró en el Ayuntamiento de Sevilla en 2003 con Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) como alcalde, y lo hizo de la mano del actual vicepresidente primero del Congreso, el también socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, uno de los nombres clave entonces del gobierno local. Había ido en la lista socialista en las elecciones municipales de ese año, pero no logró acta de concejal hasta 2005, tras la renuncia de un compañero de filas. En 2007 no repitió en el que fue último mandato de Monteseirín, pero fue nombrado gerente de Lipasam, la empresa municipal de limpieza.

Fue el propio Gómez de Celis el que lo nombró su jefe de gabinete cuando, en 2018, tomó posesión como delegado del Gobierno en Andalucía. Celis duró en el puesto menos de un año para poner rumbo a Madrid, pero Pineda se mantuvo en su cargo con sus sucesores, incluido el actual, Pedro Fernández, que aterrizó en 2021. Pineda siguió ahí hasta que estalló el caso que ha llevado a su detención, que saltó a la opinión pública cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró en septiembre la sede de Emvisesa.

¿Y cómo se pasó de una investigación por narcotráfico a otra por irregularidades urbanísticas? Pues porque se separó una pieza (que lleva el Juzgado de Instrucción Nº 10 de Sevilla) después de que la UCO considerara que Pineda hacía gestiones para terceros ante distintas administraciones públicas a cambio de prestaciones. La Guardia Civil apunta a que habría recibido dinero por estas gestiones, aunque las escuchas telefónicas lo que revelaron es que habría aceptado un par de cenas en el restaurante de Gines.

Por cierto, que el alcalde de este municipio, el socialista Romualdo Garrido, no ha sido detenido pero está también imputado por prevaricación y cohecho, en teoría por presionar para acelerar la licencia de este establecimiento. El regidor, que ya ha testificado ante la Guardia Civil acogiéndose a su derecho a no declarar, se defiende insistiendo en que ni ha dado trato de favor ni ha recibido contraprestaciones de nadie.

Única que se presenta a los concursos

Pero volvamos al epicentro de esta historia, que tiene su corazón en una parcela municipal de uso terciario propiedad de Emvisesa en El Higuerón, en la zona norte de Sevilla. Tras un intento fallido de venta en 2011, en 2016 se opta por la figura del arrendamiento, adjudicándose a Olga P., esposa de Rafael Pineda. La Guardia Civil cree que el exconcejal ejerció su influencia para ello, aunque lo cierto es que no hubo ninguna oferta más ni cuando se arrendó ni cuando se puso a la venta pese a que se publicitó esta oferta pública.

Fue en 2022 (con el socialista Antonio Muñoz como alcalde, tras la renuncia de Espadas para liderar el PSOE andaluz) cuando el gobierno local decidió la enajenación mediante permuta de la parcela para así tener más suelo disponible para viviendas. Olga P., que hasta entonces pagaba 108.000 euros más IVA de renta anual según un contrato con vigencia durante 40 años, no se presentó al concurso que sacó a la venta el terreno por unos dos millones de euros. Quedó desierto.

Dos años después, ya con el PP en el gobierno municipal, se puso de nuevo a la venta por un precio sensiblemente menor (1,7 millones) y esta vez sí se presentó Olga P., que se llevó el gato al agua al ser la única oferta. A los cinco meses, revendió los suelos por 3,9 millones de euros a la misma cadena Burguer King que estaba allí en alquiler desde 2017.

¿Por qué redujo el PP el precio de salida en 2024? El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, alega que el hecho de que hubiera inquilinos devaluaba las opciones, de ahí que se fijase un precio de 1,7 millones de euros tras hacer un estudio de tasación. Para los populares, el pecado original está en el contrato de arrendamiento de 2017 con el PSOE, que ahora les habría atado las manos. El grupo municipal socialista, por su parte, insiste en que está muy tranquilo con este caso.

Piden la imputación de concejales del PP

Además de recordar que la Empresa Municipal de la Vivienda “es la principal perjudicada”, y de hecho está personada en la causa (como el propio Rafael Pineda, por cierto), De la Rosa ha anunciado una auditoría de “todas las operaciones comerciales de Emvisesa de suelo de los últimos ocho años”. De paso, señala que se despidió al jefe implicado “por el presunto cobro de la comisión”, para lo que se abrió una investigación interna en la que “no pudo justificar los hechos”. “El despido se ha hecho con todo el proceso garantista tras no dar las explicaciones oportunas”.

Si la historia es de por sí enrevesada, todavía puede dar una vuelta de tuerca más porque este empleado de Emvisesa, Daniel M.L. ha pedido la imputación del propio De la Rosa y también del primer teniente de alcalde y delegado de Hacienda, Juan Bueno, porque forman parte de la comisión ejecutiva de Emvisesa que validó la venta del solar. Por ello, la jueza ha pedido las actas de la empresa relacionadas con el caso, que el gobierno local ya le ha remitido.

Para la defensa de Pineda, su arresto fue innecesario y considera que su cliente ha sido objeto de una investigación prospectiva tras aparecer en los pinchazos telefónicos por cuestiones que nada tenían que ver con el narcotráfico. El exconcejal, su esposa, los dos socios de ésta y el exjefe de Emvisesa fueron detenidos el martes y, tras acogerse a su derecho a no declarar, fueron puestos en libertad un día después afrontando los cargos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares. Lo cierto es que lo que en Sevilla ya se ha bautizado como 'caso Pineda' parece que va para largo.

Los cinco detenidos por la trama urbanística de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa), relacionada con la venta de una parcela en Higuerón Norte, en Pino Montano, han quedado este miércoles en libertad con cargos. Entre los arrestados en una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, llevada a cabo este martes, se encuentra Rafael Pineda, ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía y exconcejal socialista, y un exempleado de Emvisesa, todos ellos por su supuesta vinculación con la trama.

Pineda, que junto a las otras cuatro personas había pasado este miércoles a disposición judicial, ha quedado libre sin medidas cautelares tras acogerse a su derecho a no declarar. Así lo ha afirmado su abogado, Alberto Castejón, en declaraciones a los medios. “Lo único que nos sorprende muchísimo es que se haya procedido a la detención habiendo estado personado desde hace más de seis meses en unas diligencias previas en las cuales la UCO no ha aportado en el día de hoy absolutamente nada nuevo que no conociésemos hace ya más de cinco meses”, ha añadido el letrado.

El abogado ha asegurado que, de todas maneras, estudiarán “muy bien lo último que han aportado, que no es novedoso ni sorprendente, simplemente es redundando en la investigación inicial que habían hecho” y que, posteriormente, analizarán toda esa documentación y “procederemos a la declaración de nuestro clientes en el sede judicial”.

Se trata de un caso que vio la luz tras una denuncia por el proceso de enajenación de una parcela mediante subasta pública, comprada por 1,7 millones de euros y vendida al poco tiempo por casi 3,9 millones, lo que supuso un beneficio de 2,2 millones en sólo cinco meses. De la investigación se ocupa el Juzgado de Instruccion número 10 de Sevilla.

El informe en cuestión está centrado en unos terrenos de Pino Montano cuya venta quedó “numerosos años desierta” durante la época del exalcalde Juan Espadas (PSOE), que empezó en el año 2017, como consecuencia de que “era un precio alto porque, desgraciadamente, había tres inquilinos en esa parcela, y así lo reconoce la UCO”, tal como ha señalado el actual delegado municipal de Urbanismo, Juan de la Rosa (PP).

Un “lastre” la presencia de inquilinos

El edil recordaba que cuando vieron el “lastre” de esa parcela se hizo una tasación que “bajaba” porque había unos inquilinos en la misma “y la venta estaba sujeta a aquellos”. “Nos dan una tasación de 1,7 millones y estos inquilinos que la compran, la venden cinco meses después por casi cuatro millones de euros, que es lo sospechoso”, añadía el concejal de Urbanismo preguntado sobre este asunto.

El Ayuntamiento hispalense abría el pasado mes de noviembre una investigación interna y suspendía de empleo a un trabajador de Emvisesa tras tener acceso a un informe de la UCO al respecto después de constatar que formaba parte, presuntamente, del proceso “desierto y continuado” de la parcela, de esa venta posterior. Además, “recibió más de 78.000 euros en su condición de personal responsable de esta empresa municipal”.

El Consistorio, a través de la empresa pública de la vivienda, se personó en este caso el pasado 20 de octubre una vez que se levantó el secreto de las actuaciones. El grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, desde el primer momento en el que trascendió este caso en los medios, mantiene que, tras revisar el expediente de la operación urbanística en Emvisesa, “este se ajusta en todo momento a la legalidad”.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes a Rafael Pineda, exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, por su supuesta vinculación en una operación urbanística relacionada con una parcela de Emvisesa en Pino Montano, en los terrenos del Higuerón. Un caso que vio la luz tras una denuncia por el proceso de enajenación de la misma mediante subasta pública, adquiriendo la empresa de la mujer de Pineda un solar de la Empresa Municipal de Vivienda por 1,7 millones de euros para venderlo sólo cinco meses después por 3,9 millones.

Según confirman a Europa Press fuentes conocedoras de las diligencias, hay al menos cinco detenidos en esta operación, entre ellos Rafael Pineda, su esposa y empleados de la empresa pública de la vivienda. Se trata de una investigación del Juzgado de Instruccion número 10 de Sevilla.

En este sentido, el Ayuntamiento abría el pasado mes de noviembre una investigación interna y suspendía de empleo a un trabajador de Emvisesa tras tener acceso a un informe de la UCO al respecto tras constatar que formaba parte, presuntamente, del proceso “desierto y continuado” de la parcela, de esa venta posterior, y que, además, “recibió más de 78.000 euros en su condición de personal responsable de esta empresa municipal”.

El informe en cuestión está centrado en una parcela de Pino Montano que se quedó “numerosos años desierta” durante la época del exalcalde Juan Espadas (PSOE), que empezó en el año 2017, como consecuencia de que “era un precio alto porque, desgraciadamente, había tres inquilinos en esos terrenos, y así lo reconoce la UCO”, tal como señalaba entonces el delegado municipal de Urbanismo, Juan de la Rosa (PP).

El edil recordaba que cuando vieron el “lastre” de esa parcela se hizo una tasación que “bajaba” porque había unos inquilinos en la misma “y la venta estaba sujeta a aquellos”. “Nos dan una tasación de 1,7 millones y estos inquilinos que la compran, la venden cinco meses después por casi cuatro millones de euros, que es lo sospechoso”, añadía el concejal de Urbanismo preguntado sobre este asunto.

El Consistorio, a través de la empresa pública de la vivienda, se personó en este caso el pasado 20 de octubre una vez que se levantó el secreto de las actuaciones. Al hilo de esta cuestión, el alcalde, José Luis Sanz (PP), destacaba que en los ocho años en los que el PSOE gobernó Sevilla capital “solo se construyeron 83 viviendas de protección oficial”. “Quizás estaban más preocupados de otros temas que de construir viviendas para los jóvenes que lo necesitaban”.

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, desde el primer momento en el que trascendió este caso en los medios, mantiene que, tras revisar el expediente de la operación urbanística en Emvisesa, “este se ajusta en todo momento a la legalidad”.

El exalcalde del municipio almeriense de Cantoria (Almería), Pedro Llamas, del Partido Popular, se sentará en el banquillo acusado de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por la compra irregular de una parte del Palacio de Almanzora, un inmueble declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Así lo ha acordado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Huércal-Overa, que ha decretado la apertura de juicio oral y ha remitido la causa a la Audiencia Provincial por la gravedad de las penas solicitadas. Una causa sobre la que el PP guarda silencio.

Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, ejercida por el propio Ayuntamiento de Cantoria -ahora gobernado por el PSOE-, coinciden en que el entonces alcalde firmó en diciembre de 2009 un contrato privado de compraventa para adquirir parte del palacete por un importe de 360.000 euros sin seguir ningún procedimiento legal y comprometiendo fondos públicos al margen de los controles administrativos. Hechos por los que habría cometido los delitos que se le imputan y por el que la acusación y la Fiscalía piden penas de prisión de entre cuatro y seis años de cárcel.

Según los escritos de acusación, a los que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, la compraventa que se investiga se realizó de manera opaca porque se llevó a cabo sin expediente de contratación, sin informes técnicos ni jurídicos que avalaran la compra, sin consignación presupuestaria y pese a los reparos reiterados y por escrito del secretario municipal y de la Intervención, que advirtieron de la ilegalidad de la operación y trataron de impedir su tramitación.

La apertura de este juicio sitúa en otra causa al Partido Popular de Almería, tras las investigaciones del caso Mascarillas que obligaron a que Javier Aureliano tuviese que dimitir como presidente del partido y de la Diputación por su presunta implicación en el cobro de mordidas a través de contratos públicos. No en vano, Pedro Llamas fue alcalde de Cantoria durante una década y ha sido una figura destacada del Partido Popular en la comarca del Almanzora.

De hecho, políticamente se le considera un hombre muy relevante dentro del organigrama de los populares, pese a que abandonó la esfera pública en 2015 tras un largo historial de causas judiciales relacionadas con su gestión municipal, especialmente en materia urbanística. Una de esas causas le obligó a dejar la Alcaldía en 2013 por presunta falsedad documental.

Avisos ignorados

En esta trama concreta, uno de los elementos centrales de la investigación por la que Llamas tendrá que comparecer ante la Audiencia de Almería son los llamados informes de reparo, una herramienta de control interno de la administración local. Se trata de advertencias formales y por escrito que emiten la Secretaría o la Intervención municipal cuando detectan que una actuación política no se ajusta a la legalidad, ya sea por falta de presupuesto, por ausencia de informes preceptivos o por vulnerar la normativa administrativa o financiera.

En el caso del Ayuntamiento de Cantoria y el exalcalde Llamas, el secretario municipal certificó que no llegaron a ser elevados al pleno porque el propio regidor, como presidente del órgano colegiado y responsable de fijar el orden del día, omitió deliberadamente su inclusión, impidiendo así que el máximo órgano de decisión municipal conociera las advertencias sobre la ilegalidad de la compra.

Pese a ello, y siempre según la acusación, Pedro Llamas siguió adelante con la operación y dictó resoluciones expresas rechazando los reparos formulados por los órganos de control, ordenando continuar con los pagos sin dar cuenta al pleno, tal y como estaba legalmente obligado a hacer.

Pago opacos

Aunque el contrato se firmó en 2009, los pagos comenzaron a realizarse a partir de 2011 a través de pagos fraccionados y con cargo a partidas inexistentes o no presupuestarias, según consta tanto en el escrito de acusación como en el del Ministerio Fiscal. En total, el Ayuntamiento abonó 40.400 euros al vendedor entre 2011 y 2012. A estas cantidades se le sumaron además intereses a favor del particular, pese a que la Intervención municipal advirtió expresamente de que no existía base legal alguna para que una administración pública pagara intereses derivados de un contrato que nunca debió formalizarse. Sin embargo, el alcalde ignoró las advertencia que recibía a través de los citados reparos.

No solo eso, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este medio, los pagos se produjeron justo cuando las arcas municipales se encontraban en una peor situación financiera. Tanto que el Consistorio tuvo que pedir un crédito de 200.000 euros para cubrir necesidades básicas de liquidez en esas mismas fechas, lo que, para la acusación, agrava la irresponsabilidad de la operación. Este medio se ha puesto en contacto en reiteradas ocasiones con el PP para conocer su versión de los hechos, sin haber obtenido respuesta.

Por todo, la Fiscalía acusa al exalcalde de un delito de prevaricación administrativa y de un delito de malversación de caudales públicos. Por su parte, la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Cantoria, eleva la petición de condena hasta los seis años de prisión y diez años de inhabilitación por cada uno de los delitos. Ambas partes coinciden en reclamar que Pedro Llamas indemnice al Ayuntamiento con los 40.400 euros abonados, además de los intereses legales correspondientes.

El solar és avui una ferida oberta en un barri que es transforma a cop d'enderroc. On durant dècades es va aixecar una de les desenes sales de cinema amb què va arribar a comptar Palma, ara només queden pols, tanques i el ressò d'una vida quotidiana que s'apaga. Per als veïns d'Es Coll d'en Rabassa, no es tracta tan sols de la demolició de l'enclavament que un dia va ser punt de trobada de famílies, amics i generacions senceres, sinó el símbol d'un barri que es queda sense les seves referències més visibles mentre el preu de l'habitatge es dispara i el comerç tradicional desapareix. Ara, una empresa dedicada al negoci del coliving -que a una finca adjacent ofereix habitacions per 900 euros al mes amb bany compartit- planteja un nou projecte al mateix lloc al qual centenars d'espectadors acudien cada setmana, accelerant la sensació que El Coll es desfà, a poc a poc, de la seva pròpia història.

“No és només la pèrdua de l'antic cinema, és que s'està perdent l'essència del barri”, resumeix Joana Ruiz, presidenta de l'associació de veïns Ses Cases Noves. Juntament amb altres dos residents de tota la vida, Luis i Domingo, observa el terreny que les excavadores han deixat pràcticament buit, a l'espera d'un ressorgiment que, temen, canviarà part del paisatge -i la vida- d'aquest barri. La seva ubicació -a prop del mar, de l'aeroport i ben connectat amb el centre- ha convertit Es Coll d'en Rabassa, tradicional refugi de la classe obrera, en un enclavament cada vegada més cobejat per la inversió immobiliària i els nous models d'allotjament.

Un cop d'ull al portal d'Idealista permet comprovar que, en aquests moments, el pis de lloguer més barat s'ofereix per 1.300 euros al mes, una xifra inassumible per a gran part de la ciutadania. A les proximitats del cinema, una nova promoció immobiliària a càrrec de Wwress Real Estate ofereix pisos els preus dels quals oscil·len entre els 519.000 i els 775.000 euros, una “oportunitat única per viure en un entorn envejable”, segons diu el seu anunci. El reclam reflecteix el canvi de cicle que perceben els veïns: un barri que durant dècades va ser accessible per a famílies treballadores que es reconfigura amb una rapidesa que la memòria col·lectiva no arriba a processar, mentre l'accés a l'habitatge s'estreny i la vida quotidiana s'encareix.

“No és una cosa amb la que voldrem especular”

elDiario.es s'ha posat en contacte amb Far Home per a conèixer quines són les pretensions de l'empresa al solar que durant dècades va ocupar l'antic cinema. Daniel Ruiz, director d'expansió de la companyia, assegura que la intenció d'aquesta passa per posar en marxa “un projecte residencial” els habitatges del qual no es destinaran a la venda, sinó al lloguer, en part mitjançant la modalitat de coliving. “A nosaltres el que ens interessen sobretot són el que jo definiria com a zones frontereres a les quals, depenent del que facis, i no és necessari que siguin grans projectes, pots inclinar la balança cap a un costat o cap a un altre”, subratlla. En ser consultat sobre el concepte de 'zona fronterera', assenyala que el seu focus se centra “en els barris obrers o de classe mitjana que estan sofrint gentrificació”, on busquen “donar una solució al problema de l'habitatge”.

Preguntat sobre si considera si comercialitzar habitacions per 900 euros -com en el cas de l'immoble contigu que explota la mateixa companyia- és “donar una solució a l'habitatge”, el responsable de Far Home admet que aquesta “no és una solució, això és clar”, però, afegeix, “moltes vegades es fa el que es pot fer o et deixen fer”, asseverant que aquest tipus d'oferta respon més bé a la falta d'alternatives existent. Encara que reconeix que encara no pot concretar com serà el projecte perquè es troba en fase d'obtenció de llicència, defensa que el model de negoci de l'empresa no es basa a comprar per a revendre: “Nosaltres ho explotarem. No és una cosa que vendrem, ni amb la que voldrem especular”. Tampoc, assegura, preveuen destinar-ho a l'ús turístic. El directiu assenyala que Far Home busca desenvolupar “un edifici singular” que mantingui el caràcter d'Es Coll d’en Rabassa, al qual defineix com un barri “treballador”.

En aquesta línia, subratlla que el futur edifici no es concep com un producte “de luxe”, sinó com una proposta que dialogui amb l'entorn i “jugui” amb els elements del barri, com l'església o les construccions militars. “Tindrà un pati interior bastant bonic, una mica en la línia dels palaus mallorquins”, descriu. “Si ho vols explotar, has de pensar en la ciutadania, perquè en definitiva també són ells els que faran que funcioni. Si tu et surts del mercat, perquè llavors no funcionarà”, afegeix el director d'expansió, qui es mostra crític amb determinades normatives que empenyen a la construcció d'habitatges “molt grans”, dificultant amb això una oferta més flexible i que “realment no es doni una solució clara”, al mateix temps que sosté que el seu objectiu és contribuir a una millora urbana: “Intentarem que canviï cap a tan bé com sigui possible”.

“Al cinema venia fins i tot gent de Son Banya”

Mentrestant, els veïns rememoren i reflexionen. “El barri ha canviat molt”, comenta Luis. Juntament amb Domingo, parla de l'antic cinema com d'un costum familiar que estructurava el temps i donava vida al barri. Tots dos anaven amb freqüència al Cine Nou -o Principal Cinema, com era coneguda la sala-. “Els dijous, dissabtes i diumenges hi havia sessió des de les tres. Projectaven dues pel·lícules, primer una normaleta i després una clàssica, com Rocky”, comenta amb nostàlgia. L'espai, a més, tenia jerarquies: “Hi havia tres zones. Les llotges del fons, la part normal i el 'gallinero', que era el més barat: 25 pessetes... Els nens primer anàvem al 'gallinero' i després, a l'hora de fer el canvi, t'anaves cap avall i acabaves veient diverses vegades la mateixa pel·lícula, fins que apareixia 'el linterna' i ens feia fora”.

Domingo pren la paraula: “Aquí venia moltíssima gent, fins i tot de Son Banya [poble xabolista ubicat a les proximitats] i mai no hem tingut problemes amb ells. Veritat que no?”, li pregunta a Luis. I prossegueix: “S'asseien i després agafaven i se n'anaven. I si hi havia alguna baralla, això era cosa de nens”.

Com recorda, per la seva banda, l'investigador històric Pere Galiana Veiret, el Principal Cinema es va inaugurar el 13 de desembre del 1942 amb una funció de sarsuela: “Va venir una companyia amb cantants, cors i orquestra i van representar Los Gavilanes”, rememora. Als pocs dies es van projectar dues pel·lícules: La culpa del otro, d'Ignacio F. Iquino, i l'argentina Riachuelo“. La sala comptava amb ”dues màquines sonores marca OSA de 35 mm i arc voltaic amb carbons d'acostament manual“ que, recorda el cronista en un dels seus articles, ”donaren molt bon resultat i les tingueren uns 21 anys“. Després, prossegueix, ”les canviaren per dues Western de carbons d'ajustament automàtic“. ”En tenir dues màquines, el canvi de bobines es feia sense necessitat de parar la projecció. I per prevenir els talls d'electricitat amb motiu de les freqüents restriccions durant la postguerra i no veure's afectats com succeïa en el [cinema] Rosales, hi havia un grup electrogen mogut per un motor de gasolina“.

I és que, molt abans que el Cine Nou es convertís en un dels principals punts de trobada del barri, ja hi va haver un primer espai pensat específicament per projectar pel·lícules: el Cinema Edison -anomenat més endavant Cine Rosales-, impulsat per un veí, Pedro Suasi, al voltant del 1920, com recorda Galiana. En els seus inicis era un recinte a l'aire lliure, fins que el 1922 es van iniciar els tràmits per transformar-lo i recobrir-lo sota la batuta de l'arquitecte Carles Garau, una prova que el setè art ja començava a formar part de la vida quotidiana d'Es Coll. A l'època del cinema mut, la música la posava un piano i el públic comentava en veu alta. Amb l'arribada del sonor, els veïns van començar a guardar silenci. La posada en marxa del Principal Cinema, que acabaria per consolidar-se com la gran sala cinematogràfica d'Es Coll d'en Rabassa i la que més va perdurar en la memòria col·lectiva, el va abocar al tancament el 1945. Amb una programació regular que marcava el ritme de la setmana, el Cine Nou es va convertir durant dècades en un punt de trobada intergeneracional.

La irrupció del VHS i dels videoclubs als anys vuitanta, a més de l'oferta creixent de pel·lícules per televisió, van provocar que l'afluència de públic i la rendibilitat menguessin fins a tal punt que, el 24 de març de 1984, la sala abaixaria finalment les persianes, com succeiria amb tants altres temples del cel·luloide de Palma. Després, en el mateix edifici es va posar en marxa una bolera, que amb prou feines va viure un breu miratge. “Llavors hi havia molt poques. Aquí van fer tornejos i tot. Però no va durar gaire”, recorda Luis, qui apunta a més que, en els seus últims anys, l'immoble arrossegava problemes materials: “Hi havia fins i tot amiant en el recobriment”.

Una empresa de 'coliving' entra en escena

Des del 2011, l'emblemàtic edifici va romandre tancat fins que, el 2024, una empresa madrilenya, Far Home Group, especialitzada en hostels, apartaments i allotjaments d'estada flexible, va presentar davant l'Ajuntament de Palma un projecte de demolició de l'immoble, com va informar al seu moment Última Hora. Es tracta d'una companyia que, en un immoble dels afores, ja comercialitza habitacions sota el règim de coliving, un model a mig camí entre el lloguer residencial i l'allotjament temporal: es tracta d'habitacions privades dins un immoble amb zones comunes i serveis inclosos, pensat sobretot per a estades de durada variable i amb una rotació d'inquilins molt més gran que la del lloguer tradicional. La seva expansió ha obert un debat creixent a Espanya sobre l'accés a l'habitatge: mentre els seus defensors el presenten com una forma de donar ús a edificis infrautilitzats i oferir allotjament en àrees ben connectades, els seus crítics adverteixen que el coliving no és més que una fórmula de lloguer “emmascarat” que redueix l'oferta d'habitatge estable i contribueix a tensionar -encara més- els preus en barris ja sotmesos a la pressió immobiliària.

El coliving consisteix a oferir habitacions privades dins un immoble amb zones comunes i serveis inclosos, pensat sobretot per a estades de durada variable i amb una rotació d'inquilins molt més gran que la del lloguer tradicional

A Balears, la llei de mesures urgents per facilitar l'accés a l'habitatge aprovada el 2023 pel Govern balear del PP permet el coliving i el cohousing, una tipologia residencial que, a judici dels populars, “dona resposta a nous models de convivència”, això és, compartir pis amb altres persones.

L'operació per part de Far Home Group, que posa fi a dècades d'història, es va materialitzar a mitjans de l'any passat: les excavadores van entrar a la parcel·la i, en qüestió de setmanes, el solar va quedar reduït a runa. Sobre el terreny ja no queda res dempeus, només un buit que resumeix el canvi de cicle del Coll d'en Rabassa.

L'enderroc de l'antic cinema, tanmateix, no és un episodi aïllat, sinó una escena més dins un fenomen més gran: el debilitament dels mecanismes de protecció del patrimoni urbà a Palma. En els últims anys, la ciutat s'ha vist atrapada en un limbe urbanístic després del decaïment del Pla d'Ordenació Detallat (POD), el document que desenvolupava el Pla General i que, en la pràctica, servia de paraigua per blindar edificis singulars. Encara que a finals del 2023 l'Ajuntament, governat per PP i Vox, va anunciar que vetaria l'enderroc dels 350 immobles catalogats pel seu valor històric o arquitectònic, la pressió immobiliària no cessa de sobrevolar-los.

El forn, amenaçat per la pressió immobiliària

Precisament, a mig centenar de metres del solar on s'ubicava el Cine Nou, un altre edifici resumeix aquesta tensió entre memòria i mercat. Es tracta de l'antic forn d'Allà Dalt, el més antic del barri, una construcció lligada al passat rural d'Es Coll d'en Rabassa que explica com es treballava i s'organitzava el territori abans de l'expansió immobiliària. A finals del passat mes de novembre, una promotora va presentar davant el Consistori una proposta d'enderroc de l'edifici per a la construcció de 12 habitatges, com va informar Diario de Mallorca i han confirmat fonts municipals a elDiario.es, que precisen que, en el seu moment, l'estructura tenia una qualificació de tipus ambiental, però aquesta es va diluir amb el buit legal que va deixar el POD. La Comissió de Centre Històric (CCH) va votar la proposta de forma favorable i per unanimitat, sempre i quan se sol·licités un estudi històric i que l'actuació se supedités al que reflectís el mateix.

Els veïns lamenten la pèrdua d'aquest tipus de construccions, però també la dels tradicionals locals que donaven vida al barri. “Aquí, les grans superfícies han fet mal als petits comerços, que han hagut de tancar”, lamenta Joana. “Ja no hi ha res. Estaven els dos forns de la plaça i els dos han hagut de tancar”. Sí que sobreviu el forn-pastisseria Mir, un negoci familiar de més de mig segle que continua elaborant de forma artesanal tots els seus productes, especialment l'ensaïmada. Va ser fundada el 1971 per Pedro Mir Gomila juntament amb la seva dona, Catalina Homar.

Aquí, les grans superfícies han fet mal als petits comerços, que han hagut de tancar. Ja no hi ha res. Estaven els dos forns de la plaça i els dos han hagut de tancar

Joana — Veïna del Coll d'en Rabassa

Els veïns assenyalen un altre punt neuràlgic d'Es Coll d'en Rabassa: la Torre d'en Pau, una de les històriques fortificacions de la badia de Palma reconvertida, durant els anys setanta, en lloc d'activitats veïnals. “Va ser utilitzat per les associacions, que fins i tot hi van muntar un bar, amb els seus banys i tot”, recorda Joana. La remodelació d'aquest espai -el deteriorament del qual representa la distància entre la vida comunitària d'abans i la Palma que avança sense mirar enrere- porta anys sobre la taula. La frustració veïnal, tanmateix, no neix només de l'abandonament del lloc, sinó del laberint burocràtic i de la sensació que les inversions promeses s'evaporen: “Encara estem esperant. Quan es va fer el FAN [centre comercial proper] se'ns va prometre 800.000 euros al barri per reformar la Torre d'en Pau”.

Arrel de la construcció de la gran superfície, l'Ajuntament de Palma va acordar destinar 800.000 euros de compensació urbanística a la restauració de la Torre i la seva adaptació per a ús públic, un projecte llargament reclamat per associacions veïnals que veien en aquesta estructura un punt de trobada cultural i social i una connexió amb la història d'Es Coll d'en Rabassa. Tanmateix, aquesta inversió mai no s'ha materialitzat en millores visibles per al barri, i per a molts residents s'ha convertit en un altre exemple de compromisos urbans que queden en paper mullat mentre la pressió immobiliària i els interessos privats marquen el rumb del barri. “No sabem on són aquests diners”, lamenten, mentre continuen mirant el terreny nu que ocupava l'antic cinema. El silenci que queda després del pas de les excavadores pesa gairebé tant com el que es van emportar: no només parets i butaques, sinó una forma de viure el barri que s'esfilaga entre la memòria i el ciment.

El solar es hoy una herida abierta en un barrio que se transforma a golpe de derribo. Donde durante décadas se levantó una de las decenas salas de cine con las que llegó a contar Palma, ahora solo quedan polvo, vallas y ecos de una vida cotidiana que se apaga. Para los vecinos de Es Coll d'en Rabassa, no se trata tan solo de la demolición del enclave que un día fue punto de encuentro de familias, pandillas y generaciones enteras, sino el símbolo de una barriada que se queda sin sus referencias más visibles mientras el precio de la vivienda se dispara y el comercio tradicional desaparece. Ahora, una empresa dedicada al negocio del coliving -que en una finca colindante oferta habitaciones por 900 euros al mes con baño compartido- plantea un nuevo proyecto en el mismo lugar al que cientos de espectadores acudían cada semana, acelerando la sensación de que Es Coll se deshace, poco a poco, de su propia historia.

“No es solo la pérdida del antiguo cine, es que se está perdiendo la esencia del barrio”, resume Juana Ruiz, presidenta de la asociación de vecinos Ses Cases Noves. Junto a otros dos residentes de toda la vida, Luis y Domingo, observa el terreno que las excavadoras han dejado prácticamente vacío, a la espera de un resurgimiento que, temen, cambiará parte del paisaje -y la vida- de esta barriada. Su ubicación -cerca del mar, del aeropuerto y bien conectada con el centro- ha convertido Es Coll d'en Rabassa, tradicional refugio de la clase obrera, en un enclave cada vez más codiciado por la inversión inmobiliaria y los nuevos modelos de alojamiento.

Un vistazo al portal de Idealista permite comprobar que, en estos momentos, el piso de alquiler más barato se oferta por 1.300 euros al mes, una cifra inasumible para gran parte de la ciudadanía. En las proximidades del cine, una nueva promoción inmobiliaria a cargo de Wwress Real Estate ofrece pisos cuyos precios oscilan entre los 519.000 y los 775.000 euros, una “oportunidad única para vivir en un entorno envidiable”, según reza el anuncio. El reclamo refleja el cambio de ciclo que perciben los vecinos: un barrio que durante décadas fue accesible para familias trabajadoras que se reconfigura con una rapidez que la memoria colectiva no alcanza a procesar, mientras el acceso a la vivienda se estrecha y la vida cotidiana se encarece.

“No es algo que vayamos a vender, ni con lo que vayamos a especular”

elDiario.es se ha puesto en contacto con Far Home para conocer cuáles son las pretensiones de la empresa en el solar que durante décadas ocupó el antiguo cine. Daniel Ruiz, director de expansión de la compañía, asegura que la intención de ésta pasa por poner en marcha “un proyecto residencial” cuyas viviendas no se destinarán a la venta, sino al alquiler, en parte mediante la modalidad de 'coliving'. “A nosotros lo que nos interesan sobre todo son lo que yo definiría como zonas fronterizas en las que, dependiendo de lo que hagas, y no es necesario que sean grandes proyectos, puedes inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro”, subraya Ruiz. Al ser consultado sobre el concepto de 'zona fronteriza', señala que su foco se centra “en los barrios obreros o de clase media que están sufriendo gentrificación”, donde buscan “dar una solución al problema de la vivienda”.

Preguntado sobre si considera si comercializar habitaciones por 900 euros -como en el caso del inmueble contiguo que explota la misma compañía- es “dar una solución a la vivienda”, el responsable de Far Home admite que esa “no es una solución, eso está claro”, pero, añade, “muchas veces se hace lo que se puede hacer o te dejan hacer”, aseverando que este tipo de oferta responde más a la falta de alternativas existente. Aunque reconoce que aún no puede concretar cómo será el proyecto porque se encuentra en fase de obtención de licencia, defiende que el modelo de negocio de la empresa no se basa en comprar para revender: “Nosotros lo vamos a explotar. No es algo que vayamos a vender, ni con lo que vayamos a especular”. Tampoco, asegura, prevén destinarlo al uso turístico. El directivo señala que Far Home busca desarrollar “un edificio singular” que mantenga el carácter de Es Coll d’en Rabassa, al que define como un barrio “trabajador”.

Daniel Ruiz, director de expansión de Far Home, defiende que el modelo de negocio de la empresa no se basa en comprar para revender: “Nosotros lo vamos a explotar. No es algo que vayamos a vender, ni con lo que vayamos a especular"

En esta línea, subraya que el futuro edificio no se concibe como un producto “de lujo”, sino como una propuesta que dialogue con el entorno y “juegue” con los elementos del barrio, como la iglesia o las construcciones militares. “Va a tener un patio interior bastante bonito, un poco en la línea de los palacios mallorquines”, describe. “Si vas a explotarlo, tienes que pensar en la ciudadanía, porque en definitiva también son ellos los que van a hacer que funcione. Si tú te sales del mercado, pues entonces no funcionará”, añade el director de expansión, quien se muestra crítico con determinadas normativas que empujan a la construcción de viviendas “muy grandes”, dificultando con ello una oferta más flexible y que “realmente no se dé una solución clara”, al tiempo que sostiene que su objetivo es contribuir a una mejora urbana: “Vamos a intentar que cambie hacia lo mejor posible”.

“Al cine venía incluso gente de Son Banya”

Mientras tanto, los vecinos rememoran y reflexionan. “El barrio ha cambiado mucho”, apunta Luis. Junto a Domingo, habla del antiguo cine como de una costumbre familiar, algo que estructuraba el tiempo y daba vida a la barriada. Ambos iban con frecuencia al Cine Nou -o Principal Cinema, como era conocida la sala-. “Los jueves, sábados y domingos había sesión desde las tres. Proyectaban dos películas, primero una normalita y después una clásica, como Rocky”, comenta con nostalgia. El espacio, además, tenía jerarquías: “Había tres zonas. Los palcos del fondo, la parte normal y el gallinero, que era lo más barato: 25 pesetas... Los críos primero íbamos al gallinero y después, a la hora de hacer el cambio, te ibas para abajo y acababas viendo varias veces la misma película, hasta que aparecía el linterna y nos echaba”.

Domingo toma la palabra: “Aquí venía muchísima gente, incluso de Son Banya [poblado chabolista ubicado en las proximidades] y nunca hemos tenido problemas con ellos. ¿Verdad que no?”, le pregunta a Luis. Y prosigue: “Se sentaban y después cogían y se iban. Y si había alguna pelea, eso era cosa de críos”.

Como recuerda, por su parte, el investigador histórico Pere Galiana Veiret, el Principal Cinema se inauguró el 13 de diciembre del 1942 con una función de zarzuela: “Vino una compañía con cantantes, corazones y orquesta y representaron Los Gavilanes, rememora. A los pocos días se proyectaron dos películas: La culpa del otro, de Ignacio F. Iquino, y la argentina Riachuelo”. La sala contaba con “dos máquinas sonoras marca OSA de 35 mm y arco voltaico con carbones de acercamiento manual” que, recuerda el cronista en uno de sus artículos, “dieron muy buen resultado y las tuvieron unos 21 años”. Tras ello, prosigue, “las cambiaron por dos Western de carbones de ajustamiento automático”. “Al tener dos máquinas, el cambio de bobinas se realizaba sin necesidad de parar la proyección. Y para prevenir los cortes de electricidad con motivo de las frecuentes restricciones durante la posguerra y no verse afectados como sucedía en él [cine] Rosales, había un grupo electrógeno movido por un motor de gasolina”.

Y es que, mucho antes de que el Cine Nou se convirtiera en uno de los principales punto de encuentro del barrio, ya hubo un primer espacio pensado específicamente para proyectar películas: el Cinema Edison -denominado más adelante Cine Rosales-, impulsado por un vecino, Pedro Suasi, alrededor de 1920, como recuerda Galiana. En sus inicios era un recinto al aire libre, hasta que en 1922 se iniciaron los trámites para transformarlo y recubrirlo bajo la batuta del arquitecto Carlos Garau, una prueba de que el séptimo arte ya empezaba a formar parte de la vida cotidiana del Coll. En la época del cine mudo, la música la ponía un piano y el público comentaba en voz alta. Con la llegada del sonoro, los vecinos comenzaron a guardar silencio. La puesta en marcha del Principal Cinema, que terminaría por consolidarse como la gran sala cinematográfica de Es Coll d’en Rabassa y la que más perduró en la memoria colectiva, lo abocó al cierre en 1945. Con una programación regular que marcaba el ritmo de la semana, el Cine Nou se convirtió durante décadas en un punto de encuentro intergeneracional.

La irrupción del VHS y de los videoclubes en los años ochenta, además de la creciente oferta de películas por televisión, provocaron que la afluencia de público y la rentabilidad menguasen hasta tal punto que, el 24 de marzo de 1984, la sala bajaría finalmente sus persianas, como sucedería con tantos otros templos del celuloide de Palma que durante décadas habían hecho las mieles de miles de espectadores. Tras ello, en el mismo edificio se puso en marcha una bolera, que apenas vivió un breve espejismo. “Entonces había muy pocas. Aquí hicieron torneos y todo. Pero no duró mucho”, recuerda Luis, quien apunta además que, en sus últimos años, el inmueble arrastraba problemas materiales: “Había incluso amianto en el recubrimiento”.

Una empresa de 'coliving' entra en escena

Desde 2011, el emblemático edificio permaneció cerrado hasta que, en 2024, una empresa madrileña, Far Home Group, especializada en hostels, apartamentos y alojamientos de estancia flexible, presentó ante el Ayuntamiento de Palma un proyecto de demolición del inmueble, tal como informó en su día el periódico local Última Hora. Se trata de una compañía que, en un inmueble de los aledaños, ya comercializa habitaciones bajo el régimen de coliving, un modelo a medio camino entre el alquiler residencial y el alojamiento temporal: se trata de habitaciones privadas dentro de un inmueble con zonas comunes y servicios incluidos, pensado sobre todo para estancias de duración variable y con una rotación de inquilinos mucho mayor que la del alquiler tradicional. Su expansión ha abierto un debate creciente en España sobre el acceso a la vivienda: mientras sus defensores lo presentan como una forma de dar uso a edificios infrautilizados y ofrecer alojamiento en áreas bien conectadas, sus críticos advierten que el coliving no es más que una fórmula de “alquiler encubierto” que reduce la oferta de vivienda estable y contribuye a tensionar -aún más- los precios en barrios ya sometidos a la presión inmobiliaria.

El coliving consiste en ofrecer habitaciones privadas dentro de un inmueble con zonas comunes y servicios incluidos, pensado sobre todo para estancias de duración variable y con una rotación de inquilinos mucho mayor que la del alquiler tradicional

En Balears, la ley de medidas urgentes para facilitar el acceso a la vivienda aprobada en 2023 por el Govern balear del PP permite el coliving y el cohousing, una tipología residencial que, a juicio de los populares, “da respuesta a nuevos modelos de convivencia”, esto es, compartir piso con otras personas.

La operación por parte de Far Home Group, que pone fin a décadas de historia, se materializó a mediados del año pasado: las excavadoras entraron en la parcela y, en cuestión de semanas, el solar quedó reducido a escombros. Sobre el terreno ya nada queda en pie, solo un vacío que resume el cambio de ciclo de Es Coll d’en Rabassa.

El derribo del antiguo cine, sin embargo, no es un episodio aislado, sino una escena más dentro de un fenómeno mayor: el debilitamiento de los mecanismos de protección del patrimonio urbano en Palma. En los últimos años, la ciudad se ha visto atrapada en un limbo urbanístico tras el decaimiento del Plan de Ordenación Detallado (POD), el documento que desarrollaba el Plan General y que, en la práctica, servía de paraguas para blindar edificios singulares. Aunque a finales de 2023 el Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, anunció que vetaría el derribo de los 350 inmuebles catalogados por su valor histórico o arquitectónico, la presión inmobiliaria no cesa de sobrevolarlos.

El horno, amenazado por la presión inmobiliaria

Precisamente, a medio centenar de metros del solar donde se ubicaba el Cine Nou, otro edificio resume esta tensión entre memoria y mercado. Se trata del antiguo horno d’Allà Dalt, el más antiguo de la barriada, una construcción ligada al pasado rural del Coll d’en Rabassa que explica cómo se trabajaba y se organizaba el territorio antes de la expansión inmobiliaria. A finales del pasado mes de noviembre, una promotora presentó ante el Consistorio una propuesta de demolición del edificio para la construcción de 12 viviendas, como informó Diario de Mallorca y han confirmado fuentes municipales a elDiario.es, que precisan que, en su momento, la estructura tenía una calificación de tipo ambiental, pero ésta se diluyó con el vacío legal que dejó el POD. La Comisión de Centro Histórico (CCH) votó la propuesta de forma favorable y por unanimidad, siempre y cuando se solicitase un estudio histórico y que la actuación se supeditase a lo reflejado por el mismo.

Los vecinos lamentan la pérdida de este tipo construcciones, pero también la de los tradicionales locales que daban vida a la barriada. “Aquí, las grandes superficies han hecho daño a los pequeños comercios, que han tenido que cerrar”, lamenta Juana. “Ya no hay nada. Estaban los dos hornos de la plaza y los dos han tenido que cerrar”. Sí sobrevive la panadería-pastelería Mir, un negocio familiar de más de medio siglo que continúa elaborando de forma artesanal todos sus productos, en especial la ensaimada. Fue fundada en 1971 por Pedro Mir Gomila junto con su mujer, Catalina Homar.

Aquí, las grandes superficies han hecho daño a los pequeños comercios, que han tenido que cerrar. Ya no hay nada. Estaban los dos hornos de la plaza y los dos han tenido que cerrar

Joana — Vecina del Coll d'en Rabassa

Los vecinos señalan otro punto neurálgico de Es Coll d'en Rabassa: la Torre d’en Pau, una de las históricas fortificaciones de la bahía de Palma reconvertida, durante los años setenta, en lugar de actividades vecinales. “Fue utilizado por las asociaciones, que incluso montaron un bar ahí, con sus baños y todo”, recuerda Juana. La remodelación de este espacio -cuyo deterioro representa la distancia entre la vida comunitaria de antes y la Palma que avanza sin mirar atrás- lleva años sobre la mesa. La frustración vecinal, sin embargo, no nace solo del abandono del lugar, sino del laberinto burocrático y de la sensación de que las inversiones prometidas se evaporan: “Todavía estamos esperando. Cuando se hizo el FAN [centro comercial próximo] se nos prometió 800.000 euros a la barriada para reformar la Torre d’en Pau”.

A raíz de la construcción de la gran superficie, el Ayuntamiento de Palma acordó destinar 800.000 euros de compensación urbanística a la restauración de la Torre y su adaptación para uso público, un proyecto largamente reclamado por asociaciones vecinales que veían en esta estructura un punto de encuentro cultural y social y una conexión con la historia d'Es Coll d’en Rabassa. Sin embargo, esa inversión nunca se ha materializado en mejoras visibles para el barrio, y para muchos residentes se ha convertido en otro ejemplo de compromisos urbanos que quedan en papel mojado mientras la presión inmobiliaria y los intereses privados marcan el rumbo del barrio. “No sabemos dónde está ese dinero”, lamentan, mientras continúan mirando el terreno desnudo que ocupaba el antiguo cine. El silencio que queda tras el paso de las excavadoras pesa casi tanto como lo que se llevaron: no solo paredes y butacas, sino una forma de vivir el barrio que se deshilacha entre la memoria y el cemento.

Vuelve el desaosiego sobre el futuro del histórico edificio que alojaba el mítico restaurante senegalés Baobab. Solo un día después de la calma aportada por el anuncio de José Luis Martínez-Almeida, que avanzó la suspensión de la licencia del derribo programado en los números 1 y 3 de la calle Cabestreros, varios operarios han demolido con piquetas y martillos parte del tejado de este histórico inmueble. Así lo acreditaban a primera hora de la mañana imágenes filmadas y compartidas por vecinos de Lavapiés, que ha podido comprobar in situ este periódico.

Hasta cinco operarios trabajaban a la vez este miércoles en el derribo del tejado del edificio más antiguo, dejando expuesto su forjado a las inclemencias del tiempo. Lo hacían mientras varios vecinos les gritaban que lo que estaban haciendo era ilegal desde este martes, cuando se produjo el anuncio del alcalde y el área de Urbanismo detuvo la licencia. Incluso alguno de los viandantes llamaba a la Policía Municipal para que detuvieran los trabajos.

Fuentes del PSOE confirmaban a este periódico que la obra estaba detenida, pero la orden de paralización no llegaba. Finalmente y en torno a las 12.00 horas personal de la Agencia de Actividades y agentes de la policía local se personaban en la calle Cabrestreros para detener los trabajos, aplicando un precinto a las instalaciones. Los socialistas eran los que habían forzado al Ayuntamiento a parar la obra ante el posible perjuicio patrimonial que se podía alcanzar con el derribo de un edificio que podría haber sido construido al menos en el siglo XVII.

“El delegado me confirmó que se notificó al propietario ayer pero no habían avisado a la empresa de demolición”, contaba en el lugar de los hechos el concejal del PSOE Antonio Giraldo, que colgaba un vídeo en redes mostrando el estado de las obras.

Horas antes, el avance del derribo era denunciado por la concejala Lucía Lois, de Más Madrid: “Da igual lo que diga Almeida, en Madrid cada cual hace lo que le da la gana, porque el beneficio siempre es mayor que la multa”, critica en una publicación de Instagram la edil de Más Madrid Lucía Lois. “Nos hemos levantado con el ruido de las piquetas cargándose el edificio del antiguo Baobab. Estas prácticas son una muestra de cómo funciona la disciplina urbanística en nuestra ciudad”, cuestionaba Lois. A la vez, recordaba que el Baobab fue “lugar de encuentro y cruce de culturas”, hasta que “fue comprado por un fondo de inversión que subió el alquiler de manera estratosférica y el restaurante tuvo que cerrar”.

El proyecto que sustituirá a la actual construcción junto a la plaza Nelson Mandela es un hotel cápsula con 260 camas de la empresa inversora Urbex, enfocado a aumentar la actividad turística en el centro de Madrid. El freno del derribo, compartido por el regidor después de que el Grupo Municipal Socialista judicializara el asunto por el posible valor histórico y necesidad de protección del lugar, queda ahora en entredicho.

El PSOE de Madrid presentó este martes una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo para intentar frenar el derribo “inminente” de estos edificios y evitar “un atentado patrimonial”. El escrito solicitaba la paralización cautelar, urgente e inmediata del proceso. Según una carta elevada por el concejal socialista Antonio Giraldo al Consistorio, los bloques podrían datar del siglo XVII y merecer dicha protección por sus especiales características, en especial la baja altura de uno de ellos. Giraldo apunta incluso que, “con alta probabilidad”, existía “ya en 1656, momento en que es recogido en el propio plano de Pedro de Teixeira fechado en 1656”.

En un mensaje publicado en X, el edil socialista exponía que se ampara para su denuncia en el artículo 46 de la Constitución: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.”

Almeida confirmó después que el edificio donde se encontraba el restaurante “no tiene protección urbanística en el Plan General”. “Sin embargo, como nosotros no tenemos ningún problema en repensar las decisiones si es necesario, lo que hemos hecho es hablar con la Comunidad de Madrid para que desde la Dirección General de Patrimonio Histórico nos den su criterio”, trasladó a los medios sobre un paso que considera “razonable” y “adecuado”.

“Esta mañana se han dado prisa para cargarse el tejado del edificio más antiguo. El siguiente paso, declaración del inmueble en ruinas y para alante”, lamentaba un vecino de la zona, a la vista de que ahora el interior de la construcción ha quedado expuesto a las lluvias que se prevén para los próximos días en Madrid. Una opinión que era compartida por otros paseantes de la zona. A la mayoría no les gusta el proyecto de hotel cápsula, que eleva varias alturas la disposición actual y promueve un tipo de turismo que favorezca “el botellón y la droga”.

L'emblemàtica façana dels antics cines Metropolitan Palace, un dels temples del cel·luloide que durant dècades va albergar Palma, ha aparegut vandalitzat amb pintades. Es tracta d'uns fets que, tal com denuncien les entitats, se sumen al progressiu abandonament d'altres històrics edificis ubicats al barri de Pere Garau, tradicional refugi de la classe obrera reconvertit en l'actualitat en una de les zones de l'extraradi més afectades per l'especulació immobiliària.

La plataforma Flipau amb Pere Garau ha lamentat la contínua vandalització de determinats espais malgrat que el passat 9 de desembre l'entitat va remetre a l'Ajuntament un informe amb 326 pintades detectades, cosa que, en la seva opinió, demostra una manca de resposta municipal “àgil i eficient” i contribueix a donar una sensació d'“inseguretat i degradació que no conviden al civisme”.

A les pintades se sumen, segons assevera l'entitat, l'abandonament de solars i edificis, voreres trencades, brutícia i fems acumulats, una afectació que, “quan s'allarga en el temps, modifica la percepció dels espais” al barri amb més densitat de població de Palma. En un comunicat, el col·lectiu recrimina que moltes de les pintades romanen visibles a l'espai públic malgrat haver estat notificades “després d'una laboriosa feina de camp”.

Flipau amb Pere Garau ha fet una crida a la col·laboració ciutadana per preservar el barri i denunciar aquest tipus de comportaments, recordant que l'espai públic “és un bé comú que ha de ser respectat per tots i totes”. La plataforma recorda que els ciutadans tenen a la seva disposició la seva 'Antena Pere Garau 629 63 33 95', que, mitjançant WhatsApp, ajuda a canalitzar les incidències a l'administració.

El cas de l'antic Metropolitan posseeix, a més, una dimensió històrica i urbanística: inaugurat el 1944 com a cinema Metropol, va ser una de les sales cinematogràfiques més significatives de la capital balear, convertida el 1975 en la ciutat espanyola amb un major nombre de sales d'estrena i cinemes de barri per habitant, amb desenes d'elles repartides al llarg i ample de la ciutat.

Només a Pere Garau s'ubicaven, al costat del Metropolitan, l'Hispania, el Fantasio i els Chaplin, entre d'altres. Cinquanta anys després, res o gairebé res queda ja d'aquells temples del cel·luloide després d'escombrar amb ells la irrupció del VHS i el furor dels videoclubs, que, de passada, es van endur els comerços i negocis que havien florit a la calor del tràfec dels espectadors. Després del declivi de les sales tradicionals enfront dels centres comercials d'oci i cinemes multisales, el Metropolitan va tancar el 2011 i fa més de 15 anys que està abandonat.

A març de 2025, l'Ajuntament de Palma va adquirir l'immoble i dos locals adjacents per 3,6 milions d'euros amb l'objectiu de posar en marxa un nou equipament públic que revertís el seu estat d'abandonament i respongués a les necessitats del barri.

El Consistori contempla transformar els antics cinemes en un gran espai multiserveis d'uns 7.000 m² amb equipaments culturals i socials i una comissaria de la Policia Local amb capacitat per a uns 30 efectius orientada a “combatre l'incivisme” i millorar la seguretat ciutadana al barri. El complex, l'execució del qual dependrà del projecte guanyador i de licitació prevista per al 2026, també inclouria una unitat bàsica de salut, una escoleta, una biblioteca, un casal de barri, un centre de dia, una oficina d'atenció ciutadana i un aparcament subterrani.

Per a molts veïns, la conversió de l'antic cinema en un equipament públic suposa una oportunitat per revitalitzar Pere Garau, un barri amb una llarga història popular i demogràfica: durant dècades ha estat considerat el de la multiculturalitat i també el de més densitat demogràfica de la capital balear, amb un 40% de residents extracomunitaris procedents, en la seva majoria, de la Xina i Bolívia.

En l'actualitat, i malgrat haver aconseguit durant anys mantenir-se al marge de la pressió turística i la mercantilització urbana, convertint-se en un dels barris d'acollida dels qui no podien permetre's viure en ple centre de Palma, Pere Garau veu com els seus veïns, incapaços de fer front als desorbitats preus de l'habitatge, han acabat sent expulsats i reemplaçats per estrangers d'elevat poder adquisitiu -procedents sobretot d'Alemanya i del nord d'Europa- mentre grans grups inversors -suecs, francesos i alemanys, principalment- s'expandeixen pels seus carrers a la recerca del màxim rendiment.

La grúa muerde el hormigón y fragmenta lo que una vez fue sólido. El voladizo de la última parte del edificio que sigue en pie salta por los aires cuando lo presionan las tenazas de la gran máquina amarilla. Los cascotes caen sobre la montaña que ha crecido, metro a metro, desde que empezó la demolición a principios de noviembre. Una parte de la memoria del boom turístico mallorquín se entierra bajo los escombros: en menos de un mes se han desvanecido sesenta años de vacaciones. 

El Ajuntament de Calvià, gobernado por PP y Vox, decidió a principios de 2025 comprar un hotel –construido en 1963 y bautizado con el nombre de uno de los picos de la Serra de Tramuntana: Teix– para derribarlo. El objetivo, afirman los comunicados de prensa municipales, es “esponjar” –es decir, abrir espacios en zonas de alta densidad urbana– en una zona consagrada durante décadas al turismo de borrachera: Magaluf. La operación se cifró en seis millones de euros y está financiada con fondos europeos. Incluye la compra de otro establecimiento, más pequeño y también en desuso, y ha generado polémica. El equipo de gobierno –que no ha respondido a las preguntas de elDiario.es– enmarca estas demoliciones hoteleras –las primeras datadas en el siglo XXI– en la reconversión –menos plazas hoteleras, hoteles de más estrellas– de un municipio con prácticamente las mismas camas turísticas (51.000) que habitantes (53.000).

Calvià es un monocultivo turístico donde chocan realidades antagónicas, repartidas en una veintena de núcleos de población muy diferentes. Posesiones millonarias en el monte, urbanizaciones de lujo en la costa, ristras de adosados pensados en su momento para la clase media, y bloques de pisos y apartamentos, en tercera y cuarta línea de mar. Encajonados entre hoteles y construidos en los sesenta, setenta y ochenta, hoy se venden a casi 7.000 euros el metro cuadrado. 

Esta burbuja inmobiliaria provoca una lista de espera interminable: hay 1.300 vecinos de Calvià buscando una vivienda pública en el registro del Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI). Este organismo autonómico sólo gestiona actualmente 25 pisos de alquiler social. Tiene otras 36 “en tramitación”, como explican desde la Conselleria d’Habitatge del Govern. “La previsión” es que “las obras comiencen en 2026”. Esa promoción del Institut Balear De La Vivienda (IBAVI) se construirá en Peguera. El mismo tramo de costa donde se alzaba el Hostal Colón. Así se llama el otro establecimiento hotelero que compró el Ajuntament de Calvià. Tras derrumbarlo, en ese solar, rodeado de edificios, PP y Vox proyectan “un aparcamiento” donde apenas entrarán catorce coches.

Políticas sociales olvidadas

“Habría sido mejor que esos dos hoteles, ya que estaba construido, en vez de derribarlo, se hubiera dedicado a hacer vivienda social con una buena rehabilitación”, dice Ángela Pons, portavoz mallorquina de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Y prosigue: “Ahora mismo, las promociones de vivienda [de precio limitado] que está desarrollando el Govern son inasequibles para el perfil de personas a las que ayudamos desde nuestra plataforma. En los noventa sí que se hicieron algunas promociones para obreros en Calvià, pero, luego, como en todos los municipios, las políticas sociales se olvidaron. Hablamos de uno de los municipios más caros, para alquilar o comprar una vivienda, de España… y más ricos”. 

Motivos similares son los que esgrime Nati Francés, concejal del PSIB, único partido de la oposición en el Ajuntament de Calvià, para criticar la demolición de los hoteles:

–Si están llevando a cabo este proyecto es gracias al trabajo que hizo Iago Negueruela como conseller de Turisme durante el pacto de progreso para conseguir fondos europeos que se pudieran destinar a comprar hoteles u hostales para cubrir necesidades que en ese momento tuviera la ciudadanía. Las 99 VPO que han entregado, con mucho retraso, en Santa Ponça y que se construyeron con fondos municipales [se presupuestaron 14 millones de euros] también es un proyecto que les dejamos en la legislatura pasada. El esponjamiento como apertura de espacios está muy bien en momentos en los que no hay otras necesidades. Si al grupo socialista nos preguntan ahora, hombre, habría que pensar en clave de vivienda. 

A excepción del período 2003-2015 (con los mandatos de Carlos Delgado y Manuel Onieva), Calvià fue uno de los feudos más fiables para la izquierda mallorquina. Hoy es un espejo de su fracaso. Hace dos años, en las últimas municipales, Podem, Esquerra Unida y Més per Mallorca decidieron romper su coalición electoral. Sacaron, en dos listas, los mismos votos que habían obtenido, juntos, en 2019, pero perdieron su representación pese a que, debido a un aumento poblacional que no cesa –los habitantes se han multiplicado por veinte en Calvià desde los años sesenta– el pleno repartía dos asientos más: pasaba de 21 a 23 con concejales. Los dos regidores que aquel pacto progresista sacó en 2019 se fueron al PSIB, que rozó la mayoría absoluta. No la consiguió, faltó un voto en la investidura. La pinza PP y Vox –ocho más cinco, trece concejales– sí sumó y Juan Antonio Amengual Guasp –consultor turístico y ex director de hoteles– se convirtió en el tercer alcalde conservador del municipio.

Para Alfonso Rodríguez Sánchez, coordinador de Esquerra Unida, que considera “un grave error la división de la izquierda en las elecciones”, el equipo de gobierno actual “no tiene política de vivienda”. “Más allá de los eslóganes que salen en prensa, no existe porque no tienen interés en que haya vivienda pública en el municipio. Ha habido una dejación de competencias enorme porque el suelo público urbanizable se ha cedido al IBAVI, que está acumulando terrenos y no pone en marcha ningún proyecto. Conozco gente que está totalmente desesperada por los alquileres. Se les acaban los contratos de alquiler y los sacan de los pisos”.

Recoge ese hilo Nati Francés: “Estos hoteles servirían para realizar pequeñas acciones: apartamentos de una habitación, para personas solas, explorar el tema del co-living… ¿Un parking, una plaza que no tiene acceso al mar? No me parece que sean políticas transformadoras. Y luego está el conflicto con los propietarios del pub…”.

El pub de la discordia

El pub se llama Prince William y, bajo los mordiscos de la grúa, anuncia cócteles de nombres exóticos (blue lagoon, pink panther), buena música y mejor ambiente, pero está cerrado. Una situación extraordinaria para un negocio tan clásico –lleva abierto desde 1982– que, ahora, se ha convertido en un obstáculo para los planes urbanísticos de la derecha y la ultraderecha en Calvià. Cuando el equipo de gobierno llegó a un acuerdo de compraventa con los anteriores propietarios –que tenían el hotel cerrado desde antes de la pandemia– tuvieron que asumir un contrato de alquiler –del que no han trascendido detalles en cuanto a su duración– que ha permitido a los dueños del Prince William explotar su pub, una planta baja con acceso independiente situada en la misma parcela que el Teix, cambiando únicamente al casero que, desde el pasado invierno, es el Ajuntament de Calvià.

Según apuntan desde el grupo socialista, en el último debate sobre los presupuestos municipales “se habló de una previsión de ingresos fruto a un alquiler en un hotel de Magaluf: 28.694,88 euros anuales”. Menos de 2.400 euros al mes, “un precio muy competitivo para las dimensiones del local y para lo que se está pagando en la zona”, razona Nati Francés. La concejala del PSIB explica que ha pedido “registros oficiales” para conocer “cómo se hizo la transacción, a dónde se han derivado los ingresos del alquiler recaudados desde la compra del hotel” y en qué situación “está el conflicto con los dueños de un pub”, al que, según ella, los británicos que viven en Magaluf consideran “una institución”. 

El Prince William de los pocos negocios que permanecen abiertos todo el año en Punta Ballena, una pequeña península llena de bares, discotecas, bodegas de licores y locales de streptease que dormita de noviembre a marzo. Además de no conocer la temporada baja, el pub es incansable. Hasta que empezó la demolición, daba servicio todos los días de la semana todos los días del año a casi todas horas: de once de la mañana –sirven desayunos y almuerzos– hasta las cuatro de la madrugada. “Yo entiendo”, dice la socialista, “que los dueños quieren seguir adelante con su negocio, pero el Ayuntamiento no les está poniendo facilidades; todo lo contrario”.

La impotencia de los dueños

Consultados por elDiario.es, los propietarios del Prince William –al que llamaron así porque lo abrieron el mismo año en que nació el primogénito del actual monarca británico, Carlos III–, prefieren “no hacer declaraciones al respecto” hasta que se lo aconseje su abogado. Sí se han manifestado en redes sociales. Desde que empezó a caer a pedazos el Teix –un hotel que ellos mismos gestionaron, entre 1991 y 2011– han dejado varios comentarios –bilingües: inglés y castellano– y han publicado varios mensajes en Instagram. También pueden leerse sobre papel en la puerta del local. Bastante contundentes. El 29 de octubre, previendo lo que estaba a punto de ocurrir, escribieron: “Lamentamos la forma en que el Ayuntamiento de Calvià ha gestionado la situación, pero, por desgracia, no podemos hacer nada al respecto. El cierre es necesario por motivos de salud y seguridad. Todo el personal seguirá cobrando su salario durante este periodo. Nuestro objetivo es reabrir antes de Navidad”. No han podido hacerlo todavía. 

El jueves, 4 de diciembre, subieron un vídeo –unas gaviotas se posan sobre el letrero azul del pub; detrás, el vacío, las últimas paredes rojizas del Teix ya eran escombros– acompañando un mensaje: “Estimados amigos y clientes. Nos complace informarles que, después de un largo proceso, la demolición del hotel contiguo a nuestro pub está ya en su etapa final. Este avance representa un paso muy importante para nosotros y para la seguridad y comodidad de todos. Sin embargo, nuestra fecha de apertura continúa siendo incierta, ya que dependemos de que las autoridades competentes nos otorguen el visto bueno para reanudar nuestras actividades. Agradecemos profundamente su paciencia, comprensión y el apoyo constante que nos han brindado durante todo este tiempo”.

El tiempo esclarecerá cómo se resuelve el embrollo jurídico. Fuentes consultadas por elDiario.es consideran que, ante todo, se “debe respetar el contrato de arrendamiento si el inquilino está al corriente de todos los pagos”. En caso de no esperar a que acabara el contrato, el nuevo propietario –en este caso, el Ajuntament de Calvià– “debería indemnizar”. ¿A cuánto ascendería la compensación? “Sería lógico que los dueños del negocio pidieran a cambio de la extinción del contrato el pago de un promedio de los beneficios declarados durante los últimos cinco años, a excepción de 2020 y 2021” por los contratiempos que representó la pandemia. Hasta que no cayó el hotel, el Covid 19 había sido el único enemigo capaz de secar los barriles de cerveza del Prince William.

Una poderosa familia belga asentada en Tenerife guarda en sus manos un nuevo proyecto para construir un bloque de viviendas de lujo en una montaña protegida. El plan, bautizado como ‘The Cliff’ (El Acantilado), está congelado en el Ayuntamiento de Arona a la espera de la documentación ambiental necesaria, al afectar a un espacio de la Red Natura 2000. Detrás de la obra para urbanizar parte de la ladera del Monumento Natural Montaña de Guaza está el grupo ‘Los Menceyes’, liderado por el cónsul honorario de Países Bajos en la isla, Stan Weytjens, y cuyo nombre hace referencia a los reyes guanches que gobernaban Tenerife.

La parcela afectada por este proyecto inmobiliario es la 17 y está junto a la Avenida del Palm-Mar, en el mismo lugar donde la empresa madrileña Metrovacesa también prevé construir un edificio de viviendas y garajes. En este barrio del sur de Tenerife se han multiplicado en los últimos años los alojamientos y negocios dedicados al turismo, así como también la población extranjera, que supone un 51% del total, con la nacionalidad belga y la alemana como las mayoritarias solo después de la española. Esta zona es, además, uno de los grandes nichos de negocio del grupo ‘Los Menceyes’, que ya tiene en el Palm-Mar otros alojamientos turísticos exclusivos, además de oficinas y locales comerciales.

El solar donde se proyecta The Cliff está atravesado por la Red Natura 2000, impulsada por la Unión Europea para conservar la biodiversidad. Además, este enclave forma parte de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Rasca y Guaza, distinguida con esta categoría por ser una de las mejores áreas para las aves esteparias de Tenerife y por albergar algunas colonias de aves marinas como el camachuelo trompetero, la pardela cenicienta, el petrel de Bulwer o el guincho, en peligro de extinción. En la Montaña de Guaza también habita el lagarto gigante, otro animal en riesgo de desaparecer.

Por esta razón, tal y como han confirmado desde el Ayuntamiento de Arona a este periódico, el procedimiento “está paralizado”. “El proyecto que se comercializa en redes como ‘The Cliff’ tiene por objeto la construcción de un bloque de viviendas entre la playa de Palm-Mar y la Montaña de Guaza. Este procedimiento está paralizado, ya que está incluido dentro del ámbito de la Red Natura 2000. Se está a la espera de que se presente el documento ambiental para la tramitación de la evaluación. Mientras tanto, no puede otorgarse la licencia”, aseguran desde la corporación municipal. Ya en junio de 2025, y después de que ‘Los Menceyes’ hubieran promocionado en redes el proyecto ‘The Cliff’, un periódico belga de centroderecha publicó que “pardelas y lagartos gigantes” habían frenado un proyecto de lujo belga en el sur de Tenerife. 

Tal y como consta en el expediente del proyecto, al que ha tenido acceso este medio, la licencia de obra mayor fue solicitada en marzo de 2022 para “bloque de viviendas, locales y garaje”. Un año más tarde, el Ayuntamiento dio a la promotora un plazo de diez días para adjuntar una serie de documentos clave: una autorización emitida por el área del Gobierno canario competente en materia de ordenación del territorio, al afectar las actuaciones a la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre; una autorización para trabajar en la parcela al estar esta afectada por el cauce de un barranquillo, y la solicitud de inicio de evaluación de impacto ambiental simplificada acompañada del documento ambiental.

Ante la imposibilidad de aportar en tiempo todos estos informes, la empresa pidió en abril de 2023 al Ayuntamiento la suspensión de la tramitación de la licencia. Este periódico ha preguntado al área de Costas del Gobierno autonómico si se llegó a conceder la autorización para actuar en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, pero no ha obtenido respuesta.

Proyecto de contención de la ladera

Entre otras actuaciones, el proyecto contempla desviar el cauce del barranquillo que atraviesa la parcela, así como realizar labores de contención de la ladera para “impedir la potencial caída de rocas procedentes de la montaña”, tal y como se desprende de un informe elaborado por el Cabildo de Tenerife como órgano gestor del Espacio Natural Protegido. El escrito de la corporación insular responde a una “escueta memoria técnica” aportada por la empresa, que incluye la previsión de ejecutar “un paseo peatonal” en la ladera para poder realizar el mantenimiento de las instalaciones de contención y para ejecutar el canal de desvío del Barranquillo del Callado de Las Arenitas.

El documento del Cabildo, que data de marzo de 2023, dice que las nuevas edificaciones y construcciones constituyen “un uso permitido”. Sin embargo, concluye que “debe ser el Ayuntamiento de Arona” el que aplique las Normas de Conservación del Monumento Natural Montaña de Guaza y el planeamiento municipal. Sobre la afección a la Red Natura 2000, la corporación insular indicó que, “considerando la dimensión y ubicación de la parcela afectada y la naturaleza de las intervenciones [...], no pueden descartarse afecciones directas apreciables del presente proyecto a los valores que motivaron la inclusión de esta zona en la Red Natura 2000”. 

Asimismo, recuerda que “es de prever” que la urbanización de esta parcela y su “puesta en funcionamiento”, así como las actuaciones previstas sobre la ladera, “generen un incremento de la presión sobre el espacio protegido que podría tener efectos negativos sobre las especies protegidas en general y, particularmente, sobre la avifauna objeto de protección europea”. 

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Fuentes de la zona apuntan que en julio de 2025 se procedió al cierre de toda la zona colindante a la parcela por un supuesto riesgo de desprendimiento desde la Montaña de Guaza hacia la Avenida del Palm-Mar. Sin embargo, estas fuentes aseguran que ni siquiera durante la borrasca Claudia se produjeron derrumbes y temen que la adaptación de la ladera justificada en el riesgo de desprendimientos pueda poner en jaque los valores naturales de la zona y dar así vía libre a los proyectos urbanísticos.

En esta línea, desde el Ayuntamiento afirman que existe un estudio que alerta del riesgo de desprendimientos en la Montaña de Guaza que ha obligado a acotar un espacio de seguridad en el Palm-Mar. Desde Arona añaden que se ha pedido licencia para colocar unas mallas que eviten los desprendimientos y que están “en el trámite de solicitud de informe al órgano gestor del Espacio Natural Protegido, dependiente del Cabildo”, sobre la procedencia de sujetar esta intervención a evaluación ambiental. 

Desde el Cabildo de Tenerife aseguran que por parte de la corporación insular “no hay ninguna autorización ni licencia para ese vallado porque es competencia municipal”. “Nuestros técnicos están valorando el entorno de la montaña para valorar riesgos de desprendimientos”, añaden. 

Enjambre empresarial

Aunque el proyecto fue promocionado por el grupo ‘Los Menceyes’ a través de un vídeo que ya ha sido retirado de la plataforma ‘Vimeo’, la empresa que solicitó la licencia al Ayuntamiento de Arona es Lemwey Inversiones S.L., cuyas administradoras mancomunadas son Aline Lemaire y Risco del Mar Tenerife Sur S.L. Esta última empresa fue constituida en 2014 y entre sus administradores estaban David y Timothy Weytjens, hijos de Stan Weytjens y parte de ‘Los Menceyes’. Tanto esta sociedad como Lemwey Inversiones tienen su domicilio social en el Edificio Playa de Los Menceyes, situado en la Avenida del Palm-Mar y donde también se localiza el consulado honorario de Países Bajos.

En la actualidad, según los datos que figuran en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, la empresa Risco del Mar Tenerife Sur S.L. tiene como administradoras mancomunadas a las sociedades Antida Mar S.L., Inversiones Dawe Sur, Inversiones Awey Tenerife y Weyro Inversiones. Las mismas que aparecen como administradoras mancomunadas de la empresa Club Los Menceyes, cuyo domicilio social también está en el 91 de la Avenida del Palm-Mar. El proyecto básico fue elaborado por el estudio W Arquitectos, creado por Stan y Timothy Weytjens y localizado en el mismo edificio. 

Además, Lemwey Inversiones ha contratado como consultora a la empresa Anitya Consultores, fundada en el año 2019 por el expresidente del Cabildo de Tenerife con Coalición Canaria (CC) Carlos Alonso. “Lemwey Inversiones es cliente de Anitya Consultores, actuando como asistente al ‘Project Manager’ junto al resto del equipo técnico y jurídico en sus proyectos de inversión”, ha confirmado Alonso a este periódico. Preguntado por si la consultora realiza algún tipo de intermediación entre la empresa y el Cabildo insular sobre el proyecto The Cliff, el expresidente ha respondido: “No realizamos labores de intermediación, sino de apoyo técnico y económico en la gestión de proyectos”.

Un total de ocho desarrollos urbanísticos previstos en la costa valenciana que suman una superficie total de 7,9 millones de metros cuadrados de territorio litoral e implicarían la construcción de 24.000 viviendas, campos de golf o zonas hoteleras y comerciales, podrían quedar definitivamente bloqueados. Esto se debería al vencimiento de los plazos establecidos por el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), según AE-Agró, la organización ecologista que ha impulsado su revisión.

Se trata de planes lanzados en las localidades de Torreblanca, Cullera, Borriana, el Puig, Gandia, Orihuela y Tavernes de la Valldigna. Y según advierte el colectivo ecologista la normativa del Pativel exige que las obras de urbanización se inicien dentro de los cinco años posteriores a su aprobación (mayo de 2018), y que finalicen en un plazo máximo de diez años si quieren conservar la clasificación de suelo urbanizable. Al no haberse iniciado las obras en muchos de estos casos, los terrenos pasarían a tener régimen de protección, bloqueando los proyectos.

AE-Agro pide la desclasificación de los suelos afectados en los municipios de Torreblanca, Burriana, Tavernes de la Valldigna, Gandia, Orihuela y Cullera. Así lo ha plasmado la entidad ecologista en un escrito dirigido a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, en el cual, además, solicita que en aquellos casos, en que se hayan incumplido los plazos de ejecución de las obras y haya pasado el término de caducidad de las declaraciones de impacto ambiental, se proceda a la caducidad de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA).

Los ecologistas insisten en que todos los documentos de programación y gestión de los PAI Doña Blanca Golf, el PAI Sant Gregori, los sectores SP3-SP4/SP5/SP6 del Puig, el sector 17 de Tavernes, el Sector Marenys de Rafalcaid, la UE-2 Alameda de Mar, las UE de ‘El brosquil’ y el 'El Manhattan' de Cullera, están a estas alturas caducados u obsoletos. Según sus representantes, la reprogramación de los sectores, lleva implícita la constatación de ser programas caducados que nunca podrían iniciar las obras, como es el caso.

Estos serían los proyectos afectados:

PAI Doña Blanca Golf, Torreblanca

Se trata de uno de los desarrollos más antiguos y ambiciosos, casi dos décadas desde que se presentó el proyecto. Consiste en un complejo turístico residencial que plantea urbanizar dos millones de metros cuadrados en primera línea de playa entre las poblaciones de Alcossebre y Torreblanca. En este proyecto, junto al campo de golf, se tenía previsto el desarrollo de 4.400 viviendas, 124.500 metros cuadrados hoteleros y 55.000 comerciales.

A pesar de sus diversas propuestas, nunca llegó a materializarse. Su prolongada inactividad y la entrada en vigor del Pativel hacen improbable su reactivación.

PAI Sant Gregori Golf, Borriana

El PAI Sant Gregori Golf, era un proyecto que permaneció dormido hasta la llegada del nuevo gobierno de PP y Vox (ahora ya sin Vox) que quiso convertirlo en su principal caballo de batalla para el enfoque hacia el turismo de la economía local. Ha conseguido la luz verde de la Generalitat para continuar en el avance para la tramitación, ha obtenido un informe ambiental y territorial estratégico favorable.

Las características son muy parecidas a su cercano vecino deTorreblanca: se trata de un proyecto que abarca 2,5 millones de metros cuadrados en primera línea de mar e incluye un campo de golf de 18 hoyos, capacidad para 6.000 viviendas y un paseo marítimo de dos kilómetros.

Proyecto urbanístico en el litoral, el Puig

Este proyecto en el Puig en primera línea de mar ya es más modesto. Reactivado por el Ayuntamiento en 2024, se trata de 105.000 metros cuadrados donde se prevé construir entre 400 y 450 viviendas, de las cuales 200 irían en torres, 200 en adosados y unas 25 unifamiliares.

Acció Ecologista-Agró solicitó la paralización de las obras, ya que, según denunciaron, afectan a terrenos que forman parte de la Marjal del Puig y que, son suelo no urbanizable de especial protección.

'Manhattan' de Cullera

Posiblemente el más famoso por su espectacularidad, este proyecto preveía numerosas torres, viviendas, puerto deportivo y zonas residenciales: un megaproyecto urbanístico típico de la burbuja inmobiliaria. La normativa actual lo sitúa en suelo transitorio, y su desarrollo es cuestionable si no se acreditan condiciones esenciales, como disponibilidad de agua.

El 'Manhattan de Cullera', planeaba levantar en la desembocadura del río Júcar junto al mar 35 torres, 33 de ellas de viviendas de hasta 25 alturas y dos rascacielos de 40 para hoteles, con capacidad para 20.000 personas en un espacio de 610.000 metros cuadrados.

Cala Mosca, Orihuela

La Cala Mosca es el último kilómetro y medio de costa sin urbanizar de Orihuela. El proyecto prevé la urbanización de 456.000 metros cuadrados para construir 1.500 viviendas en la zona próxima al acantilado.

El proyecto llegó a estar judicializado precisamente por su ubicación y la afectación ambiental, y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) desestimó los últimos recursos contra este.

Marenys de Rafalcid, Gandia

Es un proyecto urbanístico con una historia larga y compleja, muy conocido a Gandia por haber sido encallado durante años. No es un proyecto nuevo de grandes infraestructuras, sino más bien la finalización de una urbanización pendiente. El proyecto hace referencia en el Plan de Reforma Interior (PRI) o Programa de Actuación Integral (PAI) de Marismas de Rafalcaid.

El objetivo principal no era construir un nuevo barrio de cero, sino finalizar la urbanización de una zona ya habitada o con propietarios de suelo, que llevaba años sin concluir sus trámites legales y las obras básicas.

Marenys de Tavernes de la Valldigna

Otro de los sectores, el de Tavernes de la Valldigna, también tiene su origen en la burbuja inmobiliaria. Se trata del Sector 17-Marenys, un espacio de 510.000 metros cuadrados que el pasado verano la Conselleria de Territorio resolvió mantener como suelo urbanizable, siendo así más dificil su caída, y constituye una de las mayores bolsas de suelo de la comarca en primera línea de playa.

Conselleria atribuyó que el proyecto no avanzara al “bloqueo” del anterior gobierno del Botànic, y no es imputable ni al consistorio ni al promotor, por lo que considera que no le afecta la legsilación del Pativel.

Planes del Brosquil, Cullera

En lo que respecta a los PRR9, PRR 10 y PRR 11 (Brosquil) de Cullera, el Pativel los desclasifica como suelos no urbanizables de protección litoral al considerar que no tiene un programa de actuación aprobado o, que han transcurrido ya los plazos previstos.

Desde el ayuntamiento se señaló en las alegaciones que el planeamiento citado ya se habría desarrollado de no ser por un conflicto con el Gobierno de España en 2010 por el deslinde, lo que llevó a un proceso judicial a varios propietarios que frenó el desarrollo inmediato de la urbanización al quedar bloqueados estos planes.

El futuro

Para los promotores, la caducidad de los derechos urbanísticos implicaría la pérdida de la edificabilidad concedida, la conversión del suelo a rústico o protegido y, en consecuencia, la inviabilidad de las viviendas y edificaciones previstas. Muchas de estas iniciativas datan de la época de la burbuja inmobiliaria, cuando los planes se aprobaron sin tener en cuenta los nuevos desafíos ambientales, la presión sobre el litoral y la necesidad de sostenibilidad.

En definitiva —y si no se da una reprogramación o un nuevo impulso legal—, estos ocho megaproyectos urbanísticos que durante décadas han prometido transformar amplias zonas del litoral podrían acabar desclasificados. No obstante para ello hace falta la colaboración de una Generalitat que no tiene como prioridad la protección del urbanismo de la costa valenciana y ya ha dado luz verde la continuidad de alguno de ellos.

La Generalitat de Catalunya ya estudia la viabilidad de limitar las compras de vivienda entre particulares con finalidades especulativas. Este miércoles se ha constituido el grupo de trabajo entre el Ejecutivo catalán y los Comuns, que presionan desde hace semanas para aprobar esta medida, para evaluar cómo se puede llevar a cabo una regulación para impedir la especulación inmobiliaria, siguiendo la estela del que se conoce como modelo Ámsterdam. 

El grupo de trabajo lo conforman la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque; los secretarios de urbanismo y vivienda de su departamento, Víctor Puga y Lídia Guillén, y la diputada Susana Segovia y Xavier Martínez por parte de los Comuns. Además, la intergran juristas como Pablo Feu, autor del informe que avaló por primera vez esta propuesta, Fuensanta Alcalà o Rosa Fornals. También investigador del instituto IDRA Jaime Palomera. 

El debate sobre prohibición de la adquisición de viviendas más allá de los usos residenciales del propio comprador ha entrado con fuerza en la política catalana. El Parlament, que tiene en trámite una proposición de ley de los Comuns para habilitar estas limitaciones, aprobó la semana pasada una moción que insta al Govern a tener listo este 2025 un informe sobre esta novedosa medida. Salió adelante con votos de PSC, ERC, la CUP y los propios Comuns. Estos últimos han defendido además que esta será una de sus principales peticiones para negociar los presupuestos de 2026 del Govern de Salvador Illa. 

En una breve atención a prensa, Paneque no ha querido adelantar conclusiones y simplemente ha afirmado que la comisión tiene el compromiso de valorar los distintos aspectos que rodean esta medida. Su impacto sobre el mercado del alquiler, su recorrido normativo o su calendario, por ejemplo. “El objetivo es que exista un parque de alquiler asequible y que los catalanes no destinen más del 30% de lo que ingresan a pagar la vivienda”, ha expresado. 

Lo que plantea el informe inicial elaborado por Feu, en el marco del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB), es que existen fórmulas jurídicas viables para prohibir la compra de vivienda que no sea para uso propio. El abogado defiende la constitucionalidad de la medida, dado que se aplicaría solo en las zonas de mercado tensionado –las que tienen el precio regulado–, y con excepciones como la compra de segundas residencias o de fincas enteras para destinarlas a alquiler. 

Casi 2.000 pisos comprados a InmoCaixa

También en el capítulo de vivienda, la Generalitat ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con InmoCaixa para completar la compra de prácticamente toda su cartera de vivienda de protección oficial, cuya cualificación vencía en los próximos años. El pacto anunciado por Illa supone la adquisición de 1.064 pisos de la filial inmobiliaria de CriteriaCaixa por un precio de 87,2 millones de euros. 

Este paquete de adquisiciones, que se suma a otras tres operaciones anteriores –la primera, bajo el Govern de Pere Aragonès–, supone que la Administración catalana se ha hecho con cerca del 90% de la vivienda de protección de InmoCaixa para engrosar el parque público de alquiler. En total, 1.900 pisos que mayoritariamente ya están habitados. Se da el caso que en algunas en algunas de estas fincas los inquilinos estaban en huelga de alquileres, la primera que se lleva a cabo en Catalunya. 

Los pisos en cuestión están ubicados en Barcelona, Cornellà de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Mataró, Montornés del Vallés, Sant Just Desvern, Sentmenat, Sitges, Terrassa, Tordera, Olot, Lleida, Tarragona y Sabadell. “De esta forma ampliamos el parque público de alquiler por la vía rápida, sin esperar a los tempos de la construcción, y con precios por debajo de mercado”, ha afirmado Paneque.