Más metros residenciales frente al criterio de los técnicos de Urbanismo y con unas contraprestaciones al Ayuntamiento muy discretas. El Gobierno del PP en Zaragoza llevará a aprobación definitiva una operación urbanística que permitirá levantar junto al estadio de La Romareda una torre de 16 alturas y 204 viviendas en el solar del antiguo Convento de Jerusalén. La promotora, Enta Properties –del Grupo Bancalé–, podrá construir 25.255 metros cuadrados de techo residencial, valorados en hasta 96 millones de euros con los precios de venta de la propia tasación municipal; a cambio, pagará al Consistorio 22,4 millones.

Así consta en el expediente de la modificación aislada del Plan General, al que ha tenido acceso elDiario.es. La aprobación definitiva corresponderá en todo caso al pleno, aunque hasta el momento la iniciativa ha contado con el apoyo de Vox y de la concejal tránsfuga. Por los 1.405 metros que superan lo avalado inicialmente, y que pueden suponer hasta 5,3 millones más en ventas, el Ayuntamiento apenas ingresará una cantidad adicional de 160.600 euros.

La iniciativa con siste en recalificar un solar, hasta ahora de uso religioso privado, para permitir usos residenciales y terciarios. El suelo, adquirido en 2018 por Bancalé por unos 8,8 millones de euros, pasará a albergar 204 viviendas —68 de ellas en alquiler obligatorio durante al menos diez años— y dos residencias asistenciales. A cambio, la empresa promotora abonará al Ayuntamiento 22,4 millones de euros. Las viviendas, con una superficie media superior a los 120 metros cuadrados en una de las zonas más cotizadas de Zaragoza, pueden superar el millón de euros por unidad, a partir de los parámetros del convenio.

La operación recibió el visto bueno previo del Consejo de Gerencia de Urbanismo en junio. Ese aval se refería a una propuesta concreta: 23.850 metros cuadrados de edificabilidad residencia, 15.595 de usos terciarios y un máximo de 204 viviendas, hasta 39.445 metros cuadrados en total.

El promotor aumenta la edificabilidad

El proyecto que Enta presentó más tarde elevó la parte residencial en 1.405 metros, casi un 6% más. Ante esto, el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación, del área de Urbanismo, consideró que se tomara “como referencia” la superficie previa y avisó de que “cualquier alteración sustancial de dichos parámetros” requeriría “una nueva valoración técnica y, en su caso, un nuevo pronunciamiento de los órganos municipales competentes”. El 25 de junio, el pleno aprobó inicialmente la modificación y condicionó la aprobación definitiva a que el nuevo proyecto cumpliera “las prescripciones informadas por los servicios municipales”.

Pero el documento que Enta aportó en septiembre para la aprobación definitiva no rebajó la edificabilidad, sino que la elevó. Así, mantuvo los 25.255 metros residenciales y subió los terciarios a 17.120, con lo que pasó a 42.375 metros, 3.000 más que lo avalado en junio.

Finalmente, el Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística concluyó que la modificación no era “de carácter sustancial”, con lo que la tramitación podía continuar, y solo solicitó que el pleno tomara “conocimiento”..

Preguntado por este medio, el Ayuntamiento atribuyó el lunes el aumento en la edificabilidad a que “en el proyecto inicial no se habían contabilizado los usos previstos en la planta sótano”. Según consta en el expediente, esa explicación solo podría aplicarse a la parte terciaria, en la que el informe técnico da por buena –sin verificarla– la explicación de la entidad promotora. Pero en cuanto al suelo residencial los técnicos de Urbanismo dejan claro que esa superficie “ya figuraba en la documentación sometida a aprobación inicial”.

La compensación para el Ayuntamiento respecto a los 22 millones de euros publicados en junio sube en 398.450 euros.

De cero viviendas a una torre de 16 alturas

Pero el salto respecto al planeamiento vigente es mayor. La parcela está calificada como equipamiento privado –de uso religioso– y no admite viviendas. Su edificabilidad, confirmada en mayo por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en una sentencia, es de 12.241,50 metros cuadrados. La modificación la multiplica por 3,5 y la altura máxima se incrementa “de 8 a 16 alturas”, según los técnicos municipales de Urbanismo. El volumen más alto, de planta baja más 14 plantas y ático, se sitúa en la esquina de la calle de Jerusalén con el paseo de Isabel la Católica.

De las 204 viviendas, 68 se destinarán al alquiler durante un mínimo de diez años y 136 serán libres. Enta Properties pagará la mitad de la compensación en los 15 días siguientes a que el acuerdo sea firme, mientras que el resto deberá desembolsarlo al obtener la licencia de edificación.

Otro lío a la vista con el pelotazo urbanístico para pisos de lujo junto a La Romareda. El Gobierno del PP en Zaragoza ha corregido la nota de prensa en la que informaba este lunes sobre la aprobación definitiva del denominado proyecto 'Living Romareda', el complejo residencial y asistencial que el Grupo Bancalé levantará en el solar del antiguo Convento de Jerusalén. La primera versión del comunicado incluía una referencia explícita a la edificabilidad del proyecto: el texto precisaba que las 220 viviendas anunciadas quedaban “ajustadas en la concreción técnica del convenio en una previsión de 204 viviendas sobre una edificabilidad bruta residencial de 25.255 metros cuadrados de techo”. La segunda versión suprime ese inciso por completo y se limita a indicar que el proyecto contempla “hasta 204 viviendas”.

Hay que recordar que la operación consiste en la transformación del solar del antiguo espacio monástico, en el paseo de Isabel la Católica, mediante una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para cambiar su calificación de equipamiento religioso privado por una nueva zonificación que permite usos residenciales y terciarios. El suelo, adquirido en 2018 por el Grupo Bancalé por unos 8,8 millones de euros, pasará a albergar 204 viviendas —68 de ellas en alquiler obligatorio durante al menos diez años— y dos residencias asistenciales. A cambio, la empresa promotora abonará al Ayuntamiento 22,4 millones de euros. Las viviendas, con una superficie media superior a los 120 metros cuadrados en una de las zonas más cotizadas de Zaragoza, pueden superar el millón de euros por unidad, a partir de los parámetros del convenio.

La modificación en la mencionada nota llega después de que el Ayuntamiento informara de un incremento de casi 3.000 metros cuadrados de techo en relación con la edificabilidad que se contemplaba inicialmente. Con posterioridad, el equipo de gobierno ha eliminado el único pasaje de la nota que ponía en relación el número de viviendas con la superficie edificable que las sustenta. Es precisamente el dato que permite verificar si las cifras que maneja el Gobierno municipal son asimilables lo que establece el convenio urbanístico aprobado y con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón del pasado 19 de mayo. Además, reduce el número máximo de viviendas previstas en el sector de 220 a 204.

Ese fallo judicial, que el Ayuntamiento no ha mencionado en ninguna de sus comunicaciones públicas sobre el proyecto, fijó que la edificabilidad legal de la parcela conforme al PGOU vigente era de 12.241,50 metros cuadrados de techo. Sin embargo, el convenio definitivo aprobado este lunes ha consolidado 17.120 metros cuadrados de techo para usos terciarios, casi 5.000 metros más de lo que el tribunal reconoció como edificabilidad total atribuible al solar, y por encima incluso de los 15.595 metros cuadrados que el propio promotor había reclamado en su solicitud inicial.

Superficie solo para sótanos

El Ayuntamiento ha aclarado, a preguntas de elDiario.es, que el incremento de edificabilidad respecto a la propuesta inicial se debe a que “en el proyecto anterior no se habían computado los usos previstos en la planta sótano, que de acuerdo con la normativa del PGOU computan como edificabilidad”. La institución municipal ha justificado además que el escaso aumento de la compensación económica –apenas 401.839 euros por casi 3.000 metros cuadrados adicionales– tiene que ver con el menor valor unitario de las superficies bajo rasante y a que la ley solo grava el 10% del incremento de aprovechamiento. Esta explicación sin embargo no da respuesta a por qué la edificabilidad total aprobada –42.375 metros cuadrados de techo– triplica los 12.241,50 metros cuadrados que el TSJ fijó en mayo como edificabilidad legal de la misma parcela.

La operación ha recibido el rechazo del PSOE. La concejal socialista Ros Cihuelo ha señalado que “el consejero (Víctor) Serrano ha vendido hoy como una nueva conquista lo que todavía tiene que demostrar con hechos”, y ha criticado que “modificar el planeamiento para facilitar una operación inmobiliaria millonaria no significa que responda al interés general”. Para Cihuelo, las viviendas previstas, con precios que estima en “400.000 o incluso 500.000 euros”, responden a “la política que está impulsando Chueca en nuestra ciudad para el beneficio de los especuladores”, y ha lamentado que “detrás de estas promociones no se encuentran, de forma prioritaria, familias que buscan un hogar”.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este lunes de forma definitiva la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que permite al Grupo Bancalé transformar el antiguo convento de Jerusalén, anexo al estadio de La Romareda, en un complejo residencial y asistencial de 220 viviendas y dos residencias. Una operación, bautizada como 'Living Romareda', que consolida uno de los mayores pelotazos urbanísticos de la ciudad en los últimos años: una parcela adquirida en 2018 por unos 8,8 millones de euros se convierte en un proyecto cuya edificabilidad más que se triplica y cuyas viviendas, con una superficie media superior a los 120 metros cuadrados en una de las zonas más cotizadas de Zaragoza, pueden superar el millón de euros por unidad.

El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, ha presentado el plan como un ejemplo de regeneración urbana. “Zaragoza avanza con determinación en la resolución de cicatrices urbanas que llevaban décadas lastrando la escena urbana de nuestros barrios”, ha declarado este lunes, y ha valorado que su impulso responde “directamente al interés público”.

En junio, cuando se aprobó inicialmente el proyecto, los ingresos para el Ayuntamiento se situaron en 22 millones de euros, la cifra que el promotor había propuesto como tope máximo en diciembre de 2025. El convenio urbanístico aprobado este lunes fija esa compensación en apenas 400.000 euros más. Lo que en ese momento era una estimación del propio interesado sin justificación técnica acreditada –así lo señaló el informe de la arquitecta jefa del Servicio Técnico de Planeamiento, que advirtió de que la propuesta económica no iba acompañada “de valoración técnica que justifique la cantidad señalada”– se ha convertido diez meses después en la cifra definitiva del convenio, incrementada en un 1,8%.

A cambio, la edificabilidad total del proyecto ha crecido. El convenio definitivo recoge 17.120 metros cuadrados de techo para usos terciarios y 25.255 para uso residencial, un total de 42.375 metros cuadrados, frente a los 39.445 metros cuadrados de la propuesta inicial. Así, el promotor obtiene casi 3.000 metros cuadrados adicionales de edificabilidad por 400.000 euros más de compensación. Cuestionadas al respecto, fuentes municipales se limitan a señalar que “la estimación de todo, atada y bien analizada por los técnicos municipales, da el resultado del importe total que se indica”.

El trasfondo judicial

La operación tiene además un trasfondo judicial que el Ayuntamiento no ha mencionado en ninguna de sus comunicaciones públicas sobre el proyecto desde mayo. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón resolvió en una sentencia que la edificabilidad terciaria que consolida el convenio –17.120 metros cuadrados– supera en casi 5.000 metros la que el tribunal reconoció como correcta bajo el planeamiento vigente, e incluso supera los 15.595 metros cuadrados que el propio promotor había reclamado en su solicitud inicial.

El fallo del TSJ resolvió además que la cesión de 1.135 metros cuadrados para la apertura de un nuevo vial entre el paseo de Isabel la Católica y la calle de Álvaro de Bazán debía realizarse de forma gratuita y sin contraprestación. El promotor había litigado durante años para que fuera considerada onerosa y, por lo tanto, generadora de edificabilidad adicional. El convenio hecho público este lunes recoge esa cesión gratuita, que Serrano ha presentado como una aportación del promotor al barrio. “Hemos escuchado a los vecinos y a los grupos políticos para mejorar sustancialmente el proyecto”, ha declarado el consejero, que ha destacado que la cesión “transformará un recinto amurallado en un espacio permeable y con mejores dotaciones de movilidad para todo el barrio.”

La tramitación del expediente ha durado diez meses desde que Enta Properties, la sociedad del Grupo Bancalé propietaria del solar, presentó la solicitud en diciembre de 2025. El proceso ha pasado por el Consejo de Gerencia de Urbanismo, la Comisión de Urbanismo y el período de información pública, en el que solo se presentaron tres alegaciones de vecinos particulares. “Durante el periodo, durante lo que ha sido el expediente y de cara a esta aprobación definitiva solamente ha habido tres alegaciones de tres vecinos”, ha confirmado el propio Serrano. La aprobación definitiva ha contado con el respaldo de PP, Vox y la concejal no adscrita, y con el rechazo de PSOE y Zaragoza en Común.

Más plazas de aparcamiento

Como novedad respecto a la aprobación inicial de junio, el convenio definitivo incorpora la obligación de construir un 20% adicional de plazas de aparcamiento privado por encima del mínimo legal, condición que Vox exigió para apoyar el proyecto. “Esos aprovechamientos vienen a suponer en número aproximadamente unas 100 plazas de aparcamiento más de las que había previsto”, ha explicado Serrano. Las viviendas destinadas a alquiler –entre 68 y 70 de las 220 previstas– deberán mantenerse en ese régimen durante un plazo mínimo de diez años.

El Grupo Bancalé, fundado por el empresario aragonés Juan Ramón Fabre Marqués, adquirió la parcela del antiguo convento en septiembre de 2018. La sociedad compradora, Enta Properties SL, es una filial del grupo cuya administración única corresponde a Bancalé Servicios Integrales SL. La parcela estuvo bloqueada durante años por un procedimiento judicial sobre licencias de demolición y apertura que concluyó con la sentencia del TSJ de mayo de 2026. El Ayuntamiento fue condenado en costas en primera instancia por inactividad administrativa prolongada ante las solicitudes de licencia presentadas por el promotor en 2019.

El primer ministro de Albania, Edi Rama, ha afirmado que no dimitirá, mientras el movimiento de protesta en las calles, que dio inicio hace varios meses en contra de los planes para construir un complejo turístico respaldado por la familia Trump, ha derivado en violencia, con enfrentamientos que sacuden la capital esta semana.

El jueves, tras los llamamientos de los estudiantes —quienes esta semana tomaron el control de las manifestaciones antigubernamentales que han convulsionado Tirana desde junio—, Edi Rama afirmó: “Los gobiernos se cambian mediante elecciones democráticas. Tuvimos elecciones el año pasado, no una revolución”. Las declaraciones de Rama a la agencia Reuters se produjeron horas antes de que estallaran nuevos enfrentamientos frente al Ministerio de Educación, donde la policía antidisturbios respondió al lanzamiento de piedras por parte de algunos manifestantes con gases lacrimógenos y cañones de agua.

“Mi responsabilidad es escuchar, atender las preocupaciones legítimas y hacer que Albania siga avanzando”, añadió el jefe del Gobierno. Añadió que la alternativa equivaldría a “una traición a los albaneses que me otorgaron un mandato sólido para completar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea (...) No permitiré que la violencia descarrile el futuro europeo de Albania”.

Rama, quien el año pasado logró un histórico cuarto mandato, se ha comprometido a integrar su país en el bloque de los 27 para al año 2030. Albania fue en su día el Estado estalinista más aislado del continente europeo.

Los disturbios de esta semana contrastan con las protestas, en gran medida pacíficas, de los últimos meses y representan el mayor desafío al que se ha enfrentado hasta ahora el veterano líder.

El jueves, tras una noche de enfrentamientos callejeros entre manifestantes y la policía antidisturbios, los residentes se despertaron y encontraron las fachadas de los comercios destrozadas, los semáforos destruidos y edificios gubernamentales y bancos incendiados y saqueados. Se estima que 89 personas, incluidos 61 agentes, resultaron heridas.

Rebrote de las protestas

Este rebrote de violencia ha generado un clima de incertidumbre, en medio de los indicadores que sugieren que la paciencia de la opinión pública ante el Gobierno socialista de Rama —que lleva 13 años en el poder— podría estar finalmente agotándose.

“Los jóvenes albaneses están cansados de tanta corrupción y de tanta arrogancia. Quieren vivir en un país mejor y no temen recurrir a la violencia”, afirma Afrim Krasniqi, director del Instituto Albanés de Estudios Políticos en Tirana. “No hay forma de hacer pronósticos. Nadie puede decir qué ocurrirá a continuación”.

Rama, que emergió él mismo del movimiento de protesta, llegando a convertirse en el rostro de la violencia estatal cuando, hace 30 años, se atrevió a criticar al primer Gobierno poscomunista de Albania, ha criticado las actuales movilizaciones.

“Los estudiantes son el futuro. Son quienes miran hacia adelante, quienes quieren ir más lejos y más rápido”, afirmó el jueves durante una visita a las instalaciones del Colegio de Europa en Tirana, dañadas por un incendio. “Hoy, esto es la ruina que han dejado unas manos que no son —y que nunca podrán ser— manos de estudiantes. Son las manos que intentan hundir a Albania cada vez que el país trata de levantarse”.

Si bien se mostró dispuesto a dialogar con las generaciones más jóvenes sobre el aumento de los costes de la educación —una de las principales quejas que ha avivado las protestas—, advirtió de que no se tolerarán los actos de vandalismo.

Durante casi cinco meses, los manifestantes se han reunido a diario frente a la oficina de Rama para protestar por los planes de un polémico complejo turístico promovido por Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump. El proyecto contempla la construcción a lo largo de un litoral virgen (una zona de conservación de una belleza natural excepcional), que incluye la isla deshabitada de Sazan.

Bautizada como la “revolución de los flamencos” —debido al riesgo que el desarrollo urbanístico supondría para la fauna y los ecosistemas delicados—, las manifestaciones han congregado a grupos de diversos tamaños. Los participantes también han exigido la dimisión del primer ministro.

A pesar de la oposición, Rama se ha negado rotundamente a dar marcha atrás, defendiendo el proyecto como un “regalo” que impulsará la economía y generará puestos de trabajo, muy necesarios en Albania, transformando el país en un destino turístico de alto nivel.

¿Un punto de inflexión?

Sin embargo, Krasniqi considera que el movimiento de protesta “ha llegado a un punto de inflexión esta semana”, a pesar de que las manifestaciones también se han visto inspiradas por un descontento estudiantil similar que recorre Europa, especialmente Francia. “El gobierno ha tenido más de cuatro meses para dialogar con la gente que ha estado saliendo a la calle a diario. En lugar de eso, optó por menospreciarla y desestimarla. Ahora, los estudiantes se han sumado al movimiento y parece que llevan la iniciativa”.

Krasniqi señala que, por primera vez, ha escuchado a jóvenes decir que están dispuestos a sufrir daños físicos o a ir a la cárcel si ese es el precio a pagar “para garantizar la democracia” en su país. “Sus reivindicaciones son muy distintas a las de los manifestantes [de la revolución de los flamencos]. Piden una mejor educación, mejores instalaciones universitarias y una sociedad que les ofrezca esperanza. Además, no consideran que Albania deba estar en venta”.

Con un valor de unos 4.000 millones de euros, el complejo turístico respaldado por la familia Trump supondría la mayor inversión que ha recibido el país hasta la fecha. La semana pasada, Kushner defendió el proyecto y reconoció que tanto él como su firma de inversión, Affinity Partners, están “apostando por un país que nunca ha tenido un proyecto de esta envergadura”.

“No hay garantías”, afirmó el yerno de Trump. “Estamos asumiendo ese riesgo porque creemos en Albania y creemos en los albaneses. Si tiene éxito, el proyecto supondría una inversión de aproximadamente 4.000 millones de euros y generaría un número considerable de empleos, actividad económica y visibilidad internacional para Albania”.

Esta semana, los ecologistas —quienes encabezaron inicialmente la oposición al proyecto— expresaron una opinión muy distinta. Meses después del inicio de las protestas, la indignación persiste ante una iniciativa que, según muchos, solo beneficiará a la élite, tal y como denuncia Aleksandër Trajçe, director de la principal organización conservacionista del país: Protección y Preservación del Medio Natural en Albania. “El malestar por el proyecto [de Kushner] ha allanado el terreno para la violencia que estamos presenciando, ya que, día tras día, los manifestantes se han topado con la arrogancia de un gobierno que se ha negado a escucharles o a ceder lo más mínimo”.

La Constitución Española de 1978 es la norma de mayor jerarquía en el ordenamiento jurídico y, sin embargo, es la que tiene el Preámbulo más corto. La concisión respecto a su objetivo reduce al mínimo las interpretaciones interesadas porque lo que quiere es lo que dice: “Garantizar la convivencia democrática (…) conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.” Ese objetivo queda normativizado en el art. 1.1 de la Constitución también de forma clara y concisa: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Lo que hace ese primer artículo es constituir el modelo de Estado (España se constituye…), y del verbo le viene el nombre a la norma: la Constitución. 

Hay dos clases de modelos de Estado que son contrapuestos: el Estado liberal de Derecho y el Estado social y democrático de Derecho. El liberal contempla los Derechos y libertades como un valor individual que se alcanza siempre que los poderes públicos no obstaculicen su ejercicio. En ese modelo, por tanto, no se admite que el Estado ponga límites al ejercicio de los Derechos y de las libertades. En cambio, en el modelo social y democrático de Derecho, la implantación de los derechos y libertades requiere que el Estado remueva cualquier obstáculo económico, social o cultural que dificulte que cualquiera pueda llegar a alcanzarlos. En ese modelo, por tanto, sí se admite que el Estado ponga límites al ejercicio de los derechos individuales para delimitar su función social, permitiendo con ello que todos tengan la oportunidad de alcanzarlos.

El constituyente de 1978 optó por NO constituir a España en un Estado liberal de Derecho, pudiéndolo haber hecho, sino que el modelo que escogió fue su contrapuesto: el social y democrático de Derecho. 

Pues bien, ese modelo lo están desdibujando hoy, y a una alarmante velocidad, algunos sectores empresariales y financieros de nuestro país que intervienen en el mercado inmobiliario, ejerciendo una abrumadora presión política y legislativa para mutar el modelo de Estado social y democrático de Derecho previsto en el artículo 1.1 de la Constitución en el liberal de Derecho que ha descartado. Y lo están haciendo por la vía de los hechos consumados y sin seguir los cauces democráticos previstos en la Constitución para modificarla. El resultado no es sólo que estemos ante una crisis de vivienda sin precedentes, sino ante una auténtica y preocupante crisis de Estado.

Pero, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Para entenderlo hay que comprender la sistemática constitucional que garantiza que España sea un Estado social y democrático de Derecho. Básicamente, lo primero que hace la Constitución es reconocer los derechos y libertades en sus arts.14 al 29. Esos son inherentes a cualquier persona y son de aplicación directa sin necesidad de desarrollo a través de una Ley. Todos, incluso los poderes públicos, deben respetarlos (derecho a la vida, a la igualdad, a la no discriminación, a la reunión, a la asociación, a la manifestación, a la sindicación, a la huelga, a la educación, a la justicia a no ser condenado sin un proceso con garantías o a pedir a las administraciones públicas lo que la Ley permita).

A continuación, la Constitución define y reconoce otros derechos que tienen una proyección menos individual y más colectiva. Abarcan básicamente dos campos de acción principales: el económico y el social. Ejemplo de derechos sociales lo son el derecho al trabajo y a la libre elección de la profesión, a la promoción laboral y a una remuneración suficiente (art. 35) y el derecho a negociación colectiva laboral (art. 37). Ejemplo de derechos económicos los son el derecho a la propiedad privada (art. 33) y el derecho a libertad de empresa (art. 38).

Todos esos derechos van acompañados de principios que son también obligatorios porque están normativizados en otros artículos de la Constitución. Por ejemplo, el art. 40 exige a los poderes públicos fomentar una política orientada al pleno empleo; el art. 41 obliga a los poderes públicos a garantizar un régimen público de seguridad social; el art. 43, a reconocer “el derecho a la protección de la salud”, organizando y tutelando el sistema de salud pública; el art. 44 a reconocer el “derecho de acceso a la cultura” promoviendo y tutelando los sistemas concretos para hacerlo; el art.45 a reconocer el “derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona”, velando por la utilización racional de todos los recursos naturales y sancionando su mal uso; y el art. 47, a reconocer “el derecho de acceso a una vivienda digna”, regulando para ello la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Por tanto, esos principios normativos reconocen derechos, pero su eficacia se hace depender de la elaboración de leyes por parte de los poderes públicos que permitan alcanzarlos tal y como la Constitución los prevé. Por tanto, no es que el derecho no exista desde el inicio, sino que su implementación requiere que los poderes públicos lo desarrollen. Y pueden hacerlo mediante leyes que establezcan regulaciones en sentido positivo (los concretos mecanismos de promoción y tutela del derecho), o en sentido negativo, estableciendo límites en el ejercicio de otros derechos, para permitir que puedan llegar a alcanzarse. 

Y aquí es donde empieza el problema, porque resulta que al mercado inmobiliario le gustan los artículos 33 y 38 pero no soporta el 47, porque obliga a que los poderes públicos establezcan limites su expectativa de negocio para hacer posible el derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada. ¿Qué hace entonces? Negar que el artículo 47 le pueda ser aplicado porque el derecho que reconoce no se ha desarrollado nunca mediante una ley y sin ella el derecho no es derecho sino solo un principio y, como principio, solo tiene carácter programático y no obligatorio. De ese modo, reduciendo el derecho a principio, le quita fuerza al precepto, como el caballo de un picador se la quita a un toro en el tercio de varas, y con el artículo debilitado se minimiza el riesgo de cornada al mercado inmobiliario ante cualquier medida limitativa que pretenda eliminar la especulación. Así es más fácil para el especulador rematar la faena, evitando que se adopte ninguna. Y, si consigue colonizar las instituciones con banderilleros afines que asesten arponazos a cualquier iniciativa legislativa que lo intente, consigue que jamás se aplique el art. 47.

Pero lo que en realidad ocurre, es que el matador y toda su cuadrilla, no solo consiguen borrar de la Constitución el art. 47 que garantiza el derecho de acceso a la vivienda de millones de personas, sino que asestan el golpe de gracia al propio modelo de Estado que, por imperativo constituyente, ha de ser, necesariamente, el social democrático y de Derecho. Sin límites que obstaculicen su derecho individual de propiedad y de empresa, consiguen convertirlo en el Estado democrático liberal que solo ellos prefieren y que la Constitución descartó. En realidad, invocan los arts. 33 y 38 de la Constitución para acabar con el art 1.1 y lo que cimentó la soberanía popular en 1978 desde las urnas, lo demuele el mercado inmobiliario desde los palcos, parasitando las instituciones y el Derecho. 

Pero hoy queda un atisbo de esperanza, porque los titulares de la soberanía se han dado cuenta y han salido a las calles reivindicando que el mercado inmobiliario les devuelva los arts. 1.1 y 47 que les ha arrebatado y amenazan con no volver, hasta que el Derecho vuelva a las instituciones.    

El castillo de San Ramón, levantado entre 1764 y 1768 durante el reinado de Carlos III para proteger la costa de Cabo de Gata (Almería) pierde piedras de sus muros frente al Mediterráneo en El Playazo de Rodalquilar. Parte de la estructura exterior se ha derrumbado y el interior acumula basura, pintadas y vegetación, mientras el deterioro avanza en uno de los enclaves más conocidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Las asociaciones Amigos del Parque Natural y Amigos de la Alcazaba denuncian que el inmueble, protegido como Bien de Interés Cultural (BIC), se encuentra en una situación de abandono cada vez mayor.

La propiedad privada está obligada por ley a conservar el monumento, pero la normativa también permite a la Junta de Andalucía exigir su cumplimiento mediante órdenes de conservación, multas coercitivas o incluso la ejecución subsidiaria de las obras. Las asociaciones aseguran que denunciaron el estado del castillo ante Cultura en mayo y que todavía no han recibido respuesta. La Junta, preguntada por elDiario.es Andalucía, se limita a señalar que son los propietarios quienes tienen la obligación de mantenerlo, mientras el Ayuntamiento de Níjar confirma que existe un expediente en tramitación relacionado con Cultura.

Un castillo del siglo XVIII frente al mar

El castillo de San Ramón forma parte del sistema de fortificaciones construido en la costa durante el reinado de Carlos III para hacer frente a los ataques de piratas y berberiscos y favorecer el poblamiento de este territorio. La fortaleza fue construida entre 1764 y 1768 y está protegida como BIC y tiene la consideración de monumento. Su historia posterior está marcada por la pérdida de su función militar y por sucesivos cambios de propiedad. Tras los daños provocados por el abandono una vez terminada la Guerra de la Independencia, el Estado lo vendió a particulares en 1875. Décadas después, el inmueble fue adquirido en los años setenta por el arquitecto Alejandro Pérez Lastra, que lo rehabilitó como vivienda, según explica Maite Pérez, presidenta de Amigos de la Alcazaba.

La asociación sostiene que durante esa etapa el castillo se mantuvo en unas condiciones razonables, aunque se realizaron modificaciones en el edificio que también considera discutibles. “Mientras estuvo de esta manera, más o menos se conservó”, explica Pérez. El deterioro, tras su reconstrucción, se agravó posteriormente cuando el inmueble pasó a una comunidad de propietarios como consecuencia de un procedimiento judicial. En 2018 el castillo volvió a ponerse a la venta por 3,3 millones de euros, según la presidenta de Amigos de la Alcazaba. Aquella operación abrió también el debate sobre la posibilidad de que la Junta de Andalucía ejerciera el derecho de tanteo y retracto para incorporar el inmueble al patrimonio público. Finalmente, no lo hizo.

Según Pérez, el actual propietario sería un alto cargo de una empresa relevante del país, directamente o a través de una sociedad relacionada con él. La asociación sostiene que la adquisición estaba vinculada a un proyecto para rehabilitar el castillo y convertirlo en alojamiento turístico, pero que la iniciativa no llegó a materializarse. “Se ha quedado, de manera que ni una cosa ni otra”, resume la presidenta de Amigos de la Alcazaba. ElDiario.es Andalucía ha intentado localizar a la propiedad para conocer su versión, sus planes para el inmueble y las actuaciones realizadas para garantizar su conservación, sin que haya sido posible dar con ella. Tampoco las instituciones consultadas han podido facilitar el contacto con el propietario.

Un BIC que se debe conservar

El deterioro no es nuevo. Amigos del Parque Natural explica que el castillo ya presentaba daños antes de la llegada del actual propietario. En algunas zonas exteriores se habían realizado reparaciones con cemento que la asociación considera una mala solución, pero que al menos evitaban que se desprendieran piedras de las torres y los muros exteriores. Ahora, según la denuncia, la piedra está “muy afectada por el ambiente salino y por el viento”, con una fuerte erosión. Parte del muro exterior se derrumbó hace más de tres años y se han perdido sillares y mampostería. Los muros están además cubiertos de grafitis y el interior acumula colchones y basura, con signos de ocupación y vandalismo.

La situación, explica Pérez, es especialmente preocupante en el interior. La puerta de acceso permaneció abierta durante meses y hasta mayo, cuando las asociaciones hicieron pública su denuncia. Según la presidenta de Amigos de la Alcazaba, eso facilitó la entrada de curiosos y ocupantes. “Por dentro está hecho polvo, derruido, con basura, pintadas, con las plantas invadiendo el espacio salvajemente”, señala. Tras la denuncia ante los medios, las asociaciones comprobaron que alguien había cerrado la puerta para impedir el acceso.

La Ley 4/2026 de Patrimonio Cultural de Andalucía establece en su artículo 48 que las personas propietarias, titulares de derechos o poseedoras de bienes integrantes del patrimonio cultural tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos para garantizar la salvaguarda de sus valores. La misma norma contempla qué puede ocurrir cuando quienes están obligados no cumplen las órdenes de conservación. La Consejería competente puede imponer multas coercitivas de hasta el 10% mensual del coste de las obras o actuaciones exigidas o recurrir a la ejecución subsidiaria, con cargo al obligado.

Las asociaciones esperan respuesta

Amigos del Parque Natural y Amigos de la Alcazaba presentaron en mayo un escrito ante Cultura para denunciar el estado del castillo. “La denunciamos a Cultura en mayo, se presentó un escrito denunciando la situación del deterioro”, explica Maite Pérez. Desde entonces, asegura, no han recibido respuesta. Las asociaciones tenían además solicitada desde antes del verano una reunión con Cultura para abordar la situación general del patrimonio de la provincia y, en concreto, la del castillo de San Ramón. “Ni nos han contestado, ni nos han dicho”, lamenta Pérez.

La presidenta de Amigos de la Alcazaba critica que las organizaciones patrimonialistas no reciban información sobre los procedimientos que afectan a los bienes cuya conservación defienden: “Creemos que tenemos un papel bastante relevante en cuanto a la discusión y el intento de preservación del patrimonio, sin embargo, a la hora de la verdad no pintamos absolutamente nada, ni nos informan, ni nos consultan”.

Las asociaciones reclaman que la Administración actúe ante el incumplimiento de las obligaciones de conservación. “El dueño del castillo está obligado por ley a ello. Si no lo hace, como es el caso, la Junta de Andalucía debe exigirle que lo haga e imponerle las multas pertinentes”, sostiene Amigos del Parque Natural. La organización también plantea que desde la Administración pública podría iniciarse un expediente de expropiación.

En su denuncia, ambas asociaciones rechazan que el reparto de responsabilidades entre propietarios y Administración sirva para prolongar el deterioro. “No podemos aceptar el típico peloteo entre Cultura y los propietarios en cuanto a las responsabilidades de mantenimiento como excusa de que esta vergüenza se mantenga”, sostienen. Pérez asegura que las asociaciones estudian ahora nuevas vías de presión y no descartan acudir a los tribunales o a la Fiscalía si no obtienen respuesta. “O hay una presión ciudadana o hay una denuncia ya ante la Fiscalía o lo que sea, o no sé, en la cuestión del patrimonio, pues no se mueven”, afirma.

El Ayuntamiento señala a Cultura

El Ayuntamiento de Níjar, gobernado por el PP, sostiene que tiene “pocas competencias” sobre el castillo al tratarse de un inmueble privado y protegido como BIC. El Consistorio asegura que está a favor de su conservación y puesta en valor y que está dispuesto a colaborar tanto con la propiedad como con otras administraciones. Inicialmente, el Ayuntamiento no tenía localizada ninguna solicitud concreta de rehabilitación, pero tras consultar con el concejal de Urbanismo confirmó a este medio que sí existe un expediente en tramitación relacionado con Cultura y que también hay contacto con la propiedad. El Consistorio no ha concretado el contenido del procedimiento.

La Junta de Andalucía, por su parte, ha sido mucho más escueta ante las preguntas de este medio. Cultura se limita a señalar que el castillo tiene propietarios privados y que son ellos quienes tienen la obligación de mantenerlo. La Administración autonómica no ha aportado información sobre el expediente mencionado por el Ayuntamiento ni ha detallado si ha realizado requerimientos, inspecciones, abierto expedientes sancionadores o dictado órdenes de conservación.

Es precisamente ahí donde las asociaciones sitúan el problema: no cuestionan que la conservación corresponda inicialmente a la propiedad, sino que reclaman que la Administración utilice los instrumentos que tiene a su alcance cuando esa obligación no se cumple. Para Amigos del Parque Natural y Amigos de la Alcazaba, el castillo de San Ramón es también un ejemplo del estado de conservación del patrimonio cultural del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. En su denuncia mencionan expresamente otros elementos como el castillo de San Pedro, Los Alumbres y Los Escullos, además de la arquitectura popular y el patrimonio relacionado con la cultura del agua.

“Nuestro parque natural es una de las joyas del patrimonio almeriense y uno de los iconos más reconocidos de nuestra provincia”, sostienen las asociaciones, que reclaman evitar que este patrimonio “se deteriore de forma irreversible”. Las dos organizaciones mantienen desde enero de este año un acuerdo de hermanamiento para unir esfuerzos en la defensa del patrimonio natural y cultural del Parque Natural. En el caso de San Ramón, mientras las asociaciones esperan una respuesta de Cultura, el Ayuntamiento confirma la existencia de un expediente y la Junta remite a la obligación de los propietarios. El castillo, entretanto, continúa frente a El Playazo de Rodalquilar, con los muros cada vez más erosionados y partes de su estructura ya desprendidas.

Les primeres pluges de la tardor han tornat a deixar a sa Pedruscada una imatge que els veïns coneixen massa bé: problemes amb les clavegueres, abocaments i arena arrossegada cap a les platges. En aquest racó de Capdepera, on des de fa anys es lliura una batalla contra la construcció de 57 habitatges repartits en 15 blocs, 17 piscines i 95 places d'aparcament, el calendari afegeix ara una nova data al conflicte. Les obres de dotació de serveis avancen i el següent pas serà la llicència que permeti aixecar els edificis. Però els tribunals encara s'han de pronunciar sobre la reparcel·lació dels terrenys.

L'associació Salvem sa Pedruscada ha presentat aquesta setmana una nova demanda contra la revisió d'ofici de l'expedient i reclama a l'Ajuntament de Capdepera que no concedeixi noves llicències mentre romanguin oberts els procediments judicials sobre l'actuació. En una carta oberta dirigida a l'alcaldessa, Núria Garcia, el col·lectiu demana “responsabilitat i prudència” abans d'autoritzar la construcció de la urbanització.

La transformació urbanística d'aquesta parcel·la situada devora la mar fa anys que enfronta part del veïnat amb l'Ajuntament i la promotora. El projecte va arribar a plantejar la construcció de 72 habitatges i blocs de fins a quatre altures, cosa que va despertar les protestes de veïns i ecologistes, que denunciaven que l'actuació canviaria per complet la fisonomia de sa Pedruscada i reclamaven una revisió del planejament.

El 2024, l'Ajuntament va suspendre durant un any les llicències per a edificacions de més de dues plantes a la zona, en el marc de la revisió de les condicions urbanístiques. El projecte va acabar reduint les altures fins a planta baixa més un pis. Per als veïns, aquesta mesura no resol el problema de fons: l'associació considera que s'està produint una transformació urbanística de gran intensitat en una zona que, segons denuncia, encara presenta importants mancances de serveis municipals.

Els veïns recriminen, a més, que la parcel·la es troba en una zona identificada com a inundable en el Pla de Gestió del Risc d'Inundació de Balears i adverteixen que el projecte no hauria tingut prou en compte el seu impacte climàtic: la pèrdua de vegetació autòctona, l'augment de les superfícies construïdes i del trànsit i el denominat efecte d'illa de calor, a més de la transformació del paisatge de sa Pedruscada.

La reparcel·lació, als tribunals

El febrer del 2025, el Consistori va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació 11 (UA-11) de sa Pedruscada, que cinc mesos abans havia presentat la promotora del projecte, Residencial Vista Alegre SA, una empresa constituïda el 1985 i controlada al 100% des del 2011 per Torreblanca del Mediterráneo Sol SL, la societat que articula TM Grupo Inmobiliario. És en aquesta zona on preveu desenvolupar el projecte residencial.

L'expedient reorganitza les finques incloses en l'àmbit i estableix les condicions per executar la urbanització i la dotació de serveis necessàries per al desenvolupament residencial. La finca resultant que correspon a la promotora queda, a més, vinculada a l'execució de les obres de dotació de serveis.

L'acord municipal, tanmateix, va ser recorregut davant els tribunals per Salvem sa Pedruscada i l'entitat ecologista GOB després que el Consistori desestimés les seves al·legacions. Les entitats sostenen que l'actuació suposa en realitat una transformació urbanística que no estaria avalada per l'instrument de planejament que consideren necessari i denuncien l'absència d'una avaluació ambiental, d'una memòria de sostenibilitat econòmica i d'un informe sobre la disponibilitat de recursos hídrics.

El conflicte es va ampliar el juliol del 2025, quan el GOB va fer pública una anàlisi dels expedients municipals en què qüestionava com s'havia posat en marxa l'operació. Segons la seva investigació, l'Ajuntament de Capdepera havia aprovat el 6 de setembre del 2022 la delimitació de la UA-11 basant-se en un projecte redactat el 2013 per l'arquitecte Mateu Carrió, que no havia arribat a executar-se. Tanmateix, una setmana després, Residencial Vista Alegre va presentar un altre projecte, diferent de l'anterior i molt més concret, que és el que posteriorment s'ha tramitat per desenvolupar la urbanització. Aquesta proposta incloïa ja un projecte de reparcel·lació i de dotació de serveis i contemplava inicialment fins a 78 habitatges.

Per als ecologistes, la qüestió rellevant és que la delimitació de la unitat es va aprovar prenent com a referència un projecte que no era el que finalment es pretenia executar. L'organització sosté, a més, que el nou projecte de Vista Alegre no va ser esmentat en els primers acords municipals ni en les comunicacions trameses a altres administracions. Així mateix, qüestiona la competència de l'òrgan municipal que va aprovar inicialment la delimitació i la posterior convalidació de l'acord.

Les excavadores arriben a sa Pedruscada

Malgrat les crítiques i la judicialització del procés, el passat mes de febrer les excavadores van entrar a la parcel·la per iniciar els treballs de dotació de serveis, cosa que va revifar les protestes veïnals. L'Ajuntament va explicar que es tractava de les obres de dotació i que els habitatges no podien començar fins que aquestes estiguessin acabades, llevat que se sol·licitàs una execució simultània. Així mateix, el Consistori va defensar que es guia pel criteri dels seus serveis jurídics i que no pot paralitzar l'actuació mentre aquesta es trobi dins la legalitat administrativa. Una vegada acabada la dotació de serveis, haurà de decidir sobre la llicència d'edificació, segons va informar en el seu moment IB3.

Aquest mateix mes, l'alcaldessa, en una entrevista amb Cap Vermell, va manifestar que l'única via possible per aturar el projecte seria la compra o l'expropiació del terreny, una operació que, va assenyalar, suposaria una despesa mínima d'entre vint i vint-i-cinc milions d'euros.

Ara el conflicte ha entrat en una nova fase. Salvem recorda que està pendent de sentència el procediment que va interposar contra l'expedient de reparcel·lació i anuncia que aquesta setmana ha presentat, a més, una segona demanda contra la revisió d'ofici. El litigi es produeix mentre les actuacions sobre el terreny han continuat endavant.

La falta d'aigua, un dels arguments

En la seva nova carta, la plataforma torna a situar al centre del debat dos documents que considera essencials per a una transformació urbanística d'aquestes característiques: l'informe o memòria de sostenibilitat econòmica i l'informe sobre la disponibilitat de recursos hídrics. L'associació sosté que ambdós documents són imprescindibles i que la seva absència podria determinar la nul·litat de l'actuació. El col·lectiu cita el criteri del seu advocat, especialista en urbanisme, tot i que reconeix que seran els tribunals els que hauran de determinar finalment si les irregularitats denunciades tenen conseqüències sobre la validesa del projecte.

La qüestió dels recursos hídrics ja formava part de les al·legacions presentades contra la reparcel·lació. El GOB va denunciar el 2025 l'absència d'un informe sobre la suficiència de recursos hídrics, a més d'una memòria de viabilitat econòmica i una avaluació ambiental. L'Ajuntament, per la seva banda, ha defensat que la reparcel·lació permetrà executar infraestructures relacionades amb els recursos hídrics que també beneficiaran l'entorn i que l'actuació inclou la cessió d'un 5% del solar municipal.

La por a construir i haver de desfer

La principal preocupació dels veïns rau en què passaria si comencen les obres i posteriorment els tribunals estimen els recursos. L'associació considera que permetre que el projecte avanci mentre estan pendents les resolucions judicials podria generar un problema econòmic per a les arques municipals si posteriorment els tribunals anul·lassin l'actuació. Per això reclama esperar abans d'adoptar una decisió que considera potencialment irreversible.

El col·lectiu arriba a plantejar que, si l'Ajuntament utilitza un informe jurídic extern per concedir la llicència, haurien de quedar clarament delimitades les responsabilitats professionals en cas que posteriorment la promotora reclamàs una indemnització. Salvem sa Pedruscada demana que l'Ajuntament quedi protegit davant una eventual reclamació econòmica.

La qüestió és especialment rellevant per als veïns, ja que la dotació de serveis constitueix el pas previ a la llicència d'edificació. El Consistori ja va explicar, a més, que les obres d'urbanització s'havien de completar abans que poguessin començar els habitatges.

“Capdepera necessita solucions, no més problemes”, recriminen els veïns en la seva carta. Salvem esmenta els problemes de sanejament que tornen a fer-se visibles amb les pluges per reclamar a l'Ajuntament una planificació urbanística que, al seu parer, hauria de resoldre primer les mancances existents abans d'incorporar noves pressions sobre el territori.

L'associació reclama, a més, que Capdepera impulsi una planificació urbanística i una ordenança de patrimoni verd que permetin afrontar el creixement del municipi a llarg termini. “Abans de transformar Capdepera per sempre”, sosté el col·lectiu, l'Ajuntament hauria d'assegurar-se que l'actuació millora la vida dels qui ja hi viuen i protegeix l'interès general.

Mentrestant, el projecte segueix avançant administrativament i la Justícia encara ha de resoldre els recursos plantejats contra la seva tramitació.

Las primeras lluvias del otoño han vuelto a dejar en sa Pedruscada una imagen que los vecinos conocen demasiado bien: problemas con las alcantarillas, vertidos y arena arrastrada hacia las playas. En este rincón de Capdepera, donde desde hace años se libra una batalla contra la construcción de 57 viviendas repartidas en 15 bloques, 17 piscinas y 95 plazas de aparcamiento, el calendario añade ahora una nueva fecha al conflicto. Las obras de dotación de servicios avanzan y el siguiente paso será la licencia que permita levantar los edificios. Pero los tribunales todavía tienen que pronunciarse sobre la reparcelación de los terrenos.

La asociación Salvem Sa Pedruscada ha presentado esta semana una nueva demanda contra la revisión de oficio del expediente y reclama al Ayuntamiento de Capdepera que no conceda nuevas licencias mientras permanecen abiertos los procedimientos judiciales sobre la actuación. En una carta abierta dirigida a la alcaldesa, Núria Garcia, el colectivo pide “responsabilidad y prudencia” antes de autorizar la construcción de la urbanización.

La transformación urbanística de esta parcela situada junto al mar lleva años enfrentando a parte del vecindario con el Ayuntamiento y la promotora. El proyecto llegó a plantear la edificación de 72 viviendas y bloques de hasta cuatro alturas, lo que encendió las protestas de vecinos y ecologistas, preocupados por el impacto que tendría sobre un paisaje que consideran uno de los últimos reductos del litoral tradicional de Capdepera.

Después de que el Ayuntamiento suspendiera durante un año las licencias para edificios de más de dos plantas mientras revisaba las condiciones urbanísticas de la zona, la propuesta acabó reduciendo las alturas a planta baja más un piso. Para Salvem Sa Pedruscada, sin embargo, el cambio no resuelve la cuestión de fondo. La asociación sostiene que se pretende impulsar una transformación urbanística de gran intensidad en un entorno que todavía arrastra importantes carencias de servicios municipales. También alerta del impacto ambiental, paisajístico y social de la actuación y considera que la urbanización puede suponer una alteración irreversible de la imagen y el carácter mediterráneo de sa Pedruscada.

Los vecinos recriminan, además, que la parcela se encuentra en una zona identificada como inundable en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de Balears y advierten de que el proyecto no habría tenido suficientemente en cuenta su impacto climático: la pérdida de vegetación autóctona, el aumento de las superficies construidas y del tráfico y el denominado efecto de isla de calor, además de la transformación del paisaje de sa Pedruscada.

Una reparcelación recurrida ante los tribunales

El último capítulo de esta batalla urbanística comenzó en febrero de 2025, cuando el Ayuntamiento aprobó definitivamente el proyecto de reparcelación de la Unidad de Actuación 11 (UA-11) de sa Pedruscada. La propuesta había sido presentada cinco meses antes por Residencial Vista Alegre SA, la promotora que prevé desarrollar la actuación. La empresa, constituida en 1985, está controlada por Torreblanca del Mediterráneo Sol SL, sociedad que articula TM Grupo Inmobiliario. Es en esa zona donde prevé desarrollar la construcción. El expediente reorganiza las fincas incluidas en el ámbito y establece las condiciones para ejecutar la urbanización y la dotación de servicios necesarias para el desarrollo residencial. La finca resultante que corresponde a la promotora queda además vinculada a la ejecución de las obras de dotación de servicios.

El acuerdo municipal fue recurrido ante los tribunales por Salvem Sa Pedruscada y la entidad ecologista GOB después de que el Consistorio desestimara sus alegaciones. Las entidades sostienen que la actuación supone en realidad una transformación urbanística que no estaría respaldada por el instrumento de planeamiento que consideran necesario y denuncian la ausencia de evaluación ambiental, de una memoria de sostenibilidad económica y de un informe sobre disponibilidad de recursos hídricos.

El conflicto se amplió en julio de 2025, cuando el GOB hizo público un análisis de los expedientes municipales en el que cuestionaba cómo se había puesto en marcha la operación. Según sus investigaciones, el Ayuntamiento de Capdepera había aprobado el 6 de septiembre de 2022 la delimitación de la UA-11 basándose en un proyecto redactado en 2013 por el arquitecto Mateu Carrió, que no había llegado a ejecutarse. Sin embargo, una semana después, Residencial Vista Alegre presentó otro proyecto, distinto del anterior y mucho más concreto, que es el que posteriormente se ha tramitado para desarrollar la urbanización. Esta propuesta incluía ya un proyecto de reparcelación y de dotación de servicios y contemplaba inicialmente hasta 78 viviendas.

Para los ecologistas, la cuestión relevante es que la delimitación de la unidad se aprobó tomando como referencia un proyecto que no era el que finalmente se pretendía ejecutar. La organización sostiene además que el nuevo proyecto de Vista Alegre no fue mencionado en los primeros acuerdos municipales ni en las comunicaciones remitidas a otras administraciones. Asimismo, cuestiona la competencia del órgano municipal que aprobó inicialmente la delimitación y la posterior convalidación del acuerdo.

Las excavadoras llegan a Sa Pedruscada

Pese a las críticas y a la judicialización del proceso, el pasado mes de febrero las excavadoras entraron en la parcela para iniciar los trabajos de dotación de servicios, reavivando las protestas vecinales. El Ayuntamiento explicó que se trataba de las obras de dotación y que las viviendas no podían comenzar hasta que estas estuvieran terminadas, salvo que se solicitara una ejecución simultánea. Asimismo, el Consistorio defendió que se guía por el criterio de sus servicios jurídicos y que no puede paralizar la actuación mientras esta se encuentre dentro de la legalidad administrativa. Una vez terminada la dotación de servicios, deberá decidir sobre la licencia de edificación, informó en su momento IB3.

Ese mismo mes, la alcaldesa, en una entrevista con Cap Vermell, manifestó que la única vía posible sería la compra o la expropiación del terreno, una operación que, señaló, supondría un gasto mínimo de veinte o veinticinco millones de euros.

Ahora el conflicto ha entrado en una nueva fase. Salvem recuerda que está pendiente de sentencia el procedimiento que interpuso contra el expediente de reparcelación y anuncia que esta semana ha presentado además una segunda demanda contra la revisión de oficio. El litigio se produce mientras las actuaciones sobre el terreno han seguido adelante.

La falta de agua, uno de los argumentos

En su nueva carta, la plataforma vuelve a colocar en el centro del debate dos documentos que considera esenciales para una transformación urbanística de estas características: el informe o memoria de sostenibilidad económica y el informe sobre disponibilidad de recursos hídricos. La asociación sostiene que ambos documentos son imprescindibles y que su ausencia podría determinar la nulidad de la actuación. El colectivo cita el criterio de su abogado, especialista en urbanismo, aunque reconoce que serán los tribunales quienes deberán determinar finalmente si las irregularidades denunciadas tienen consecuencias sobre la validez del proyecto.

La cuestión de los recursos hídricos ya formaba parte de las alegaciones presentadas contra la reparcelación. El GOB denunció en 2025 la ausencia de un informe sobre la suficiencia de recursos hídricos, además de una memoria de viabilidad económica y una evaluación ambiental. El Ayuntamiento, por su parte, ha defendido que la reparcelación permitirá ejecutar infraestructuras relacionadas con los recursos hídricos que también beneficiarán al entorno y que la actuación incluye la cesión de un 5% del solar municipal.

El temor a construir y tener que deshacer

La principal preocupación de los vecinos reside en qué ocurriría si comienzan las obras y posteriormente los tribunales estiman los recursos. La asociación considera que permitir que el proyecto avance mientras están pendientes las resoluciones judiciales podría generar un problema económico para las arcas municipales si posteriormente los tribunales anulan la actuación. Por eso reclama esperar antes de adoptar una decisión que considera potencialmente irreversible.

El colectivo llega a plantear que, si el Ayuntamiento utiliza un informe jurídico externo para conceder la licencia, deberían quedar claramente delimitadas las responsabilidades profesionales en caso de que posteriormente la promotora reclamara una indemnización. Salvem Sa Pedruscada pide que el Ayuntamiento quede protegido frente a una eventual reclamación económica. La cuestión es especialmente relevante para los vecinos ya que la dotación de servicios constituye el paso previo a la licencia de edificación. El Consistorio ya explicó, además, que las obras de urbanización debían completarse antes de que pudieran comenzar las viviendas.

“Capdepera necesita soluciones, no más problemas”, recriminan los vecinos en su carta. Salvem menciona los problemas de saneamiento que vuelven a hacerse visibles con las lluvias para reclamar al Ayuntamiento una planificación urbanística que, a su juicio, debería resolver primero las carencias existentes antes de incorporar nuevas presiones sobre el territorio. La asociación reclama además que Capdepera impulse una planificación urbanística y una ordenanza de patrimonio verde que permitan afrontar el crecimiento del municipio a largo plazo. “Antes de transformar Capdepera para siempre”, sostiene el colectivo, el Ayuntamiento debería asegurarse de que la actuación mejora la vida de quienes ya viven allí y protege el interés general.

Mientras tanto, el proyecto sigue avanzando administrativamente y la Justicia tiene todavía que resolver los recursos planteados contra su tramitación.

La empresa de Desocupación García Seguridad Integral, junto al dueño de la propiedad, ha encerrado a varias personas en el interior de la Fábrica de Sombreros de Sevilla durante, al menos, una hora, a raíz de un conflicto con una persona, M., que acudía al espacio. El recinto industrial, frente de los corralones de Castellar, ha sido escenario este miércoles de un nuevo episodio de tensión entre los usuarios y la propiedad, como ha venido ocurriendo en los últimos meses a causa del interés de una promotora en comprar tanto los corralones como la Fábrica, inmueble protegido, para construir nuevos edificios de uso turístico y residencial.

Los sucesos comenzaron alrededor de la 13.30 horas cuando M., antigua inquilina de los corralones de Castellar que fue desalojada de uno de los locales que alquilaba, visitaba a una compañera que mantiene su taller en la Fábrica de Sombreros, según ha podido saber este medio hablando con la afectada y con las personas que se congregaron rápidamente a las puertas del edificio para apoyar a los compañeros que se quedaron en el interior. “Identificaron mi bicicleta y fue entonces que vinieron para acá para sacarme de aquí también”.

Fue entonces cuando la libre circulación de esta persona se vio amenazada. En representación de la propiedad, Garajes Santa Inés S.A., se personó uno de los dueños, Miguel, junto a un miembro de la empresa de desokupación y cerraron los portones de la puerta “para impedir que entrara la gente”. A escasos metros, se encontraba la acampada en las Setas con motivo del decreto Maricarmen contra la especulación urbanística, por lo que el llamamiento corrió como la pólvora en escasos minutos. Así, a las puertas del edificio, había varias personas, dueños de los locales que denunciaban lo que había ocurrido y que habían podido salir con minutos de diferencia, y medios de comunicación.

“Debo dar un preaviso”

Alrededor de una hora después, sobre las 14.22 horas, dos agentes de la Policía Nacional se personaron en la calle Heliotropo. Una de los agentes pidió que se dejara de grabar y que actuaría solo cuando las cámaras se apagaran, sin embargo, un joven respondió que “era un espacio público”. Inmediatamente, le pidieron que se identificara aunque no hubiera cometido ningún delito ni existiera indicios de que lo fuera a cometer, contrario a lo que dicta la Ley de Seguridad Ciudadana. Una vez identificada, procedieron a entrar en la Fábrica y mediaron en el conflicto.

Minutos más tarde, y con el refuerzo de otros dos policías nacionales, finalmente se abrió el portón y M. explicó que se había llegado a un acuerdo con la propiedad: “Debo dar un preaviso cada vez que vaya a venir”.

En el interior del edificio conviven alrededor de unos 30 artesanos con talleres de fotografía, joyería, danza y pintura, entre otros. Una de las afectadas que se encontraban por fuera del inmueble aseveró que desde febrero del año pasado se ha requisado la llave a los inquilinos de los espacios. “Cuando entré aquí, el portón estaba abierto 24 horas y los usuarios tenían la llave, pero por las lluvias decidieron remodelar una fachada, para lo que se cerró la calle Heliotropo. Pero no se hizo nada. Cuando reabrieron la calle, pusieron a una persona a abrir y cerrar la Fábrica”, critica.

La construcción de un hotel y viviendas

V., la afectada, que fue desalojada hace meses del corralón de Castellar, ha vivido esta presión en una jornada en la que iba a participar en un taller de danza, aseguró, tras haberse reconocido su bicicleta en las inmediaciones. Un nuevo episodio en los alrededores de los corralones que se suma a los enfrentamientos que se han vivido este verano con varios momentos violentos, como el allanamiento de morada de Estefi, la inquilina del espacio industrial, agresiones, o las continuas amenazas recibidas. Todo ello, bajo la vigilancia a la que está sometida por parte de la empresa de Desocupación García Seguridad Integral, que tiene un trabajador sentado en su portal.

Así, se acumulan los signos de tensión que vive en centro histórico. El motivo, publicado por este medio, es que hay un acuerdo para la compra por 12 millones de euros de los solares por parte de la compañía onubense Arenas de la Bellida S.L., que proyecta un hotel de cuatro estrellas con 90 habitaciones y 29 viviendas libres. El acuerdo expiraba en junio de este año en función de la aprobación del Plan de Reforma Interior de los terrenos, que debe aprobar la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, pero fuentes próximas aseguran que el promotor “está dispuesto a esperar”.

En el proyecto presentado al Consistorio hispalense por la constructora, se adelante que en la Fábrica de Sombreros no se han desarrollado las actuaciones de reforma interior contempladas en la planificación, pero sería “impulsado contemporáneamente por este mismo promotor” para llevar a cabo una remodelación.

Catalunya es, de lejos, la comunidad autónoma que más ha intervenido en el mercado de la vivienda. Los precios disparados del alquiler y el fuerte rechazo social a los desahucios han empujado al Parlament y a la Generalitat a sacar adelante medidas para frenar una crisis habitacional que, pese a la intensa actividad legislativa, persiste.

La comunidad fue la primera en topar los precios del alquiler, con una ley propia en 2020, y en 2024 lo volvió a hacer, en base a la Ley de Vivienda. Ha aprobado una regulación de arrendamientos de temporada y de habitaciones, y en el horizonte está una reducción de los pisos turísticos. En paralelo, Salvador Illa fía la salida de la crisis a la construcción de 50.000 viviendas asequibles antes de 2030, para lo que ha modificado también normativa urbanística.

De toda esta batería de políticas de vivienda, ¿cuáles han funcionado y cuáles han fracasado? A continuación, las más destacadas. 

Dos años de tope a los alquileres

Alumna aventajada de la Ley de Vivienda, Catalunya ha limitado desde marzo de 2024 la subida de los precios del alquiler en 271 municipios, declarados como zona de mercado tensionado. Dos años y medio después, algunos han salido al verse mejorada su situación, como Lleida, pero las principales ciudades continuarán con el tope. 

Desde su aplicación, los precios de los nuevos contratos regulados ha frenado su espiral de subidas. En Barcelona, donde todavía se pagan 1.137 euros al mes de media, el descenso ha sido del 4,3% entre el primer trimestre de 2026 y el de 2024. En el resto de Catalunya, en las zonas tensionadas ha bajado un 1,2%, mientras que en las que tienen precios libres (en su mayoría, municipios pequeños) han crecido un 9,5%. 

Esta medida, sin embargo, tiene dos derivadas que han dado pie a las críticas. Una es la fuga hacia el alquiler de temporada para esquivarlo, lo que empujó a aprobar un decreto que regulara estos arrendamientos, cuyos precios están muy por encima de los de larga duración y suelen quedar fuera de los análisis. La otra tiene que ver con la disminución de la oferta, y es más compleja. 

Qué pasa con la oferta

La caída de los contratos que se firman cada trimestre es una realidad, del 17% desde el inicio de la regulación en Barcelona. Con todo, esto se puede deber a una mayor estabilidad: la población se mueve menos. A nivel global, el saldo entre contratos que acaban y empiezan sigue siendo ligeramente positivo (salvo en el tercer trimestre de 2026). 

Sea como sea, lo que acreditan las plataformas de anuncios es que su oferta de alquiler de larga duración se ha desplomado, y en ciudades como Barcelona es habitual ver colas de cientos de personas para aspirar a pisos que, de otro modo, son adjudicados en minutos.

Unos juegos del hambre que se intuyen a través de la creciente demanda: un 19% de los catalanes busca “activamente” piso, y entre los jóvenes se ha disparado solo en un año del 27% al 37%, según la encuesta del Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (OH-B). 

Regulación de temporada e inspecciones

El disparado crecimiento de los alquileres de temporada, como forma de evitar las limitaciones de precio, llevó al Parlament a aprobar en diciembre su sujeción al tope del resto de alquileres residenciales, con los votos de PSC, ERC, Comuns y CUP. Desde entonces, han descendido en los registros oficiales, aunque menos de lo que se esperaba. En Barcelona, además, siguen copando mayoritariamente los anuncios en webs como Idealista. 

En cuanto a las habitaciones, cuyo precio sumado ahora no puede superar el del conjunto del piso con el índice de precios, es una incógnita su impacto. Muchas se alquilan de forma irregular, con un solo contrato y subarriendos, y hay empresas de colivings que continúan operando. 

Tras su batería legislativa, Catalunya ha constatado que no tiene suficientes inspectores para hacerla cumplir. Ahora existe el compromiso de la Generalitat de crear un cuerpo de inspectores que controle mejor el cumplimiento del tope de precios, que detecte alquileres de temporada fraudulentos, o anuncios que no incluyen los requisitos necesarios. 

El golpe a los pisos turístico, por llegar

Es la promesa estrella de Jaume Collboni: afirma que suprimirá todos los pisos turísticos de Barcelona, unos 10.000, en 2028. Esta medida, que deberá acometer si gana de nuevo la alcaldía, descansa sobre un decreto ley catalán cuyos efectos están todavía por ver. 

La regulación, aprobada en 2023, acaba con las licencias a perpetuidad, fija un máximo de 10 viviendas turísticas por cada 100 habitantes y obliga a los ayuntamientos con más viviendas turísticas (a partir de 5 por cada 100 habitantes) a regularlos con licencia urbanística, que se puede pedir y conceder hasta noviembre de 2028. 

Los 50.000 pisos y la regulación urbanística

La promesa estrella de la legislatura de Salvador Illa es ganar 50.000 pisos asequibles para el mercado de la vivienda antes de 2030, una apuesta de ampliación del parque protegido que considera ineludible para salir de la crisis de precios y accesibilidad. Para ello, busca construir nuevas VPO públicas, con ayudas a privados, y acelerar compras directas o mediante tanteo y retracto (como los pisos de Criteria o Divarian). 

También en este punto hay novedades normativas, pensadas para agilizar la construcción, pero de nuevo es pronto para calibrar su eficacia. Entre otros, plantea externalizar algunos trámites en licencias de obras para descargar de trabajo a los ayuntamientos. 

En materia urbanística y para ampliar el parque, destaca además la reserva del 30% que impulsó para Barcelona Ada Colau, y que Collboni no ha modificado –pese a quererlo– por falta de apoyos. La norma obliga a las nuevas construcciones y a la gran rehabilitación de destinar uno de cada tres pisos a uso protegido, pero no ha logrado las cifras esperadas. 

Liderazgo en desahucios

Catalunya fue también pionera en aprobar una ley que obligaba a los grandes propietarios a ofrecer alquiler social antes de desahuciar. La primera norma fue en 2014, luego vendrían otras, pero las tumbó el Tribunal Constitucional. Con esa ley, la Generalitat forzó 20.000 alquileres sociales que iban a ser desalojos entre 2017 y 2023. 

A pesar de tener programas también innovadores como la unidad antidesahucios de Barcelona, Catalunya nunca ha dejado de ocupar los puestos más destacados en cuanto a desahucios, a expensas del escudo social del Gobierno desde el revés del Constitucional. En 2025, Catalunya sufrió 13 desalojos por impago de hipoteca por cada 100.000 habitantes, solo superada por Murcia, y 61,7 por alquileres, por encima de todas las demás comunidades. 

La “compra especulativa”, en negociación

La prohibición de las compras especulativas centró parte del debate político de vivienda este año en Catalunya, a raíz de la propuesta de un abogado experto en urbanismo que posteriormente abanderaron los Comuns.

Ahora que se plantea el veto a los fondos buitre en el decreto estatal de vivienda, cabe recordar que esta propuesta, aunque con diferencias, se tramitó en el Parlament por lectura única. Pero un duro revés del Consejo de Garantías Estatutarias, que cree que vulnera el derecho a la propiedad, la dejó congelada. 

La propuesta catalana, distinta a la estatal, pasaba por permitir a los ayuntamientos que, mediante la normativa urbanística, puedan prohibir la adquisición de inmuebles si no es para vivir en ellos. Inicialmente, no distinguía entre grandes o pequeños compradores, pero el Govern pactó dejar fuera a quienes no son grandes tenedores, así como las compras de fincas enteras si son para destinar a alquiler asequible. 

La fiscalidad y las ayudas a la compra

En el capítulo fiscal, quizás la menos vistosa de las políticas de vivienda, Catalunya cuenta con deducciones del alquiler, con ciertos requisitos de vulnerabilidad, y un impuesto de transmisiones patrimoniales del 10%, entre los más elevados del estado. Recientemente, se aprobaron rebajas al 5% para jóvenes en primera compra, que ahora se valora extender. 

Además de contar con ayudas al alquiler para familias pobres, para facilitar la compra de un primer piso la Generalitat ha puesto en marcha un crédito a interés 0%, de un máximo de 50.000 euros, para cubrir la entrada. Por ahora ha servido a unos 2.000 jóvenes, cuyo nuevo piso a cambio solo se podrá vender a precio limitado de VPO.

El proyecto Olucas Surf Center continúa avanzando en su tramitación para su declaración como proyecto de interés regional con su presentación ante el Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTU), un nuevo paso dentro del procedimiento previo a la aprobación de un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR).

Esta presentación se produce después de la exposición del proyecto este jueves ante el Parlamento de Cantabria y de la fase de audiencia en la que se han recabado las valoraciones de las administraciones y direcciones generales implicadas, tal y como marca la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria.

El consejero del área, Roberto Media, ha dado cuenta al COTU de que la documentación analizada durante esta primera fase del procedimiento ha recibido valoraciones “favorables” y aportaciones “positivas” desde las direcciones generales de Deporte, Turismo y Cultura y del Ayuntamiento de Ribamontán al Monte.

“Todos los informes técnicos que hemos recabado hasta ahora ponen en valor las aportaciones positivas que este proyecto puede hacer en diferentes ámbitos, y nos permiten seguir adelante con su declaración de interés regional”, ha manifestado.

Así, la Dirección General de Deporte considera que la iniciativa puede contribuir a reforzar la práctica del surf durante todo el año, impulsar la formación y tecnificación y favorecer el posicionamiento de Cantabria en el ámbito nacional e internacional.

Desde Turismo se destaca su potencial para complementar la oferta turística vinculada al surf, contribuir a reducir la estacionalidad y atraer visitantes durante todo el año, además de descongestionar las playas en los periodos de mayor afluencia.

Según el Gobierno, el Ayuntamiento de Ribamontán al Monte considera que concurren elementos que pueden justificar su interés supramunicipal, entre ellos la singularidad de la infraestructura, su dimensión territorial y su capacidad para generar actividad económica y turística, y ha respaldado la continuidad de la tramitación.

Tener en cuenta el patrimonio arqueológico

La Dirección General de Cultura no ha formulado observaciones a la declaración de interés regional, si bien apunta que deberá tenerse en cuenta el patrimonio arqueológico en las posteriores fases urbanísticas y ambientales.

Así, una vez informado al COTU, el siguiente paso será que el Consejo de Gobierno apruebe la declaración de interés regional. Y, posteriormente, se iniciará la fase de tramitación, correspondiente al PSIR, que seguirá su propio procedimiento de aprobación.

Media ha destacado la “oportunidad” que supone para Cantabria la puesta en marcha de una infraestructura de estas características y la importancia de aprovechar su potencial para seguir desarrollando la industria del surf en la Comunidad.

Además, ha destacado que el proyecto “se alinea con los objetivos de las políticas públicas en materia deportiva” y ha señalado que “el surf constituye en Cantabria una modalidad deportiva de carácter estratégico”, tanto por la implantación que tiene en la Comunidad como por el crecimiento de su práctica.

En este sentido, ha señalado que la futura instalación permitirá ampliar las posibilidades de práctica, entrenamiento y tecnificación durante todo el año, ofreciendo nuevas oportunidades para deportistas, clubes, escuelas y federaciones y complementando los espacios naturales en los que actualmente se desarrolla esta actividad.

El consejero ha puesto también en valor las posibilidades que ofrece el proyecto para favorecer “la desestacionalización de la actividad deportiva” y ampliar las posibilidades de practicar surf más allá de las condiciones y limitaciones propias del medio natural.

A su juicio, disponer de una infraestructura de estas características permitirá complementar la oferta deportiva y turística existente en Cantabria y generar nuevas oportunidades vinculadas a este deporte durante todo el año. Por ello, ha insistido en que esta combinación de factores hace que el proyecto trascienda el ámbito municipal y deportivo y pueda tener una dimensión de interés para el conjunto de la Comunidad.

Abastecimiento garantizado

En relación con el abastecimiento de agua, Media ha asegurado que el desarrollo de Olucas Surf Center no comprometerá los recursos destinados al consumo de la población y ha afirmado que “el agua no va a ser un problema” para el desarrollo del proyecto.

Si bien el alcalde de Ribamontán al Monte, Rául Ruiz (PRC), reconocía en junio su preocupación sobre este tema, ya que “en verano hay restricciones de agua en algunos pueblos del municipio”, Media ha señalado que las necesidades de la instalación han sido analizadas por la empresa promotora y la Dirección General de Aguas y ha asegurado que “el abastecimiento de los vecinos está garantizado”.

El PSOE de Cantabria ha criticado el “timo millonario” del Gobierno autonómico (PP) con el proyecto para instalar una piscina de olas en Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte), una iniciativa privada que pone el patrimonio natural “único” de la región “a merced de los intereses particulares y el negocio y la especulación de unos pocos”.

“Lo que para el PP y Buruaga es un proyecto estrella, para los demás es una estafa”, ha enfatizado este viernes la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, en rueda de prensa, en la que ha acusado a los 'populares' de tratar de impulsar un proyecto privado con un “enorme impacto ambiental y paisajístico”.

Quiñones ha advertido de este “macroproyecto turístico que se plantea sobre suelo rústico” y para cuyo impulso el Gobierno cántabro pretende utilizar un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) sin explicar “dónde esta el interés general en una iniciativa privada de estas características”. La portavoz ha subrayado que este tipo de planeamiento solo encaja para proyectos empresariales estratégicos y esta piscina de olas “no alcanza el umbral de 50 millones de inversión exigido ni acredita los 100 empleos requeridos para este tipo de proyectos”.

Inversión transformadora “en Albacete o Ciudad Real”

“Sería una inversión transformadora en Albacete o Ciudad Real, lejos del mar, pero no a menos de cinco kilómetros de nuestra costa. Una piscina de olas artificial al lado de la mayor piscina natural es una estafa”, ha remarcado la portavoz socialista, que ha considerado que el Ejecutivo tiene que dar “muchas explicaciones” sobre este proyecto.

Quiñones ha apuntado que los 'populares' tampoco han dado respuesta a una pregunta “fundamental” en torno a este proyecto y que es de dónde saldrán los recursos hídricos para su abastecimiento, más cuando el propio Gobierno del PP ha alertado este mismo verano de la sequía y la escasez de agua en Cantabria.

Y, en tercer lugar, ha pedido una estimación realista de usuarios porque la documentación aportada de este proyecto apunta a 4,8 millones de usuarios potenciales cuando actualmente en Cantabria hay “aproximadamente 120.000 residentes y visitantes vinculados directamente al surf”.

“Cantabria no necesita más anuncios ni proyectos presentados como estrellas que son inviables y tienen un enorme impacto ambiental y paisajístico, ni tampoco necesita que el PP siga destrozando el litoral y las zonas rurales, convirtiendo todo en pasto de especulación y en un bien de mercado para el mejor postor”, ha espetado la socialista.

Por ello, ha rechazado el “relato eufórico” sobre este proyecto del consejero de Fomento, Roberto Media, en el Parlamento, con el que, a su juicio, “ha demostrado que lo único que tiene el PP a estas alturas de legislatura son prisas por hacer anuncios porque van a ir a las urnas sin nada que ofrecer a los cántabros más allá de haber gestionado la herencia recibida del anterior Gobierno”.

En este sentido, Quiñones ha apuntado que Buruaga anunció en junio esta iniciativa privada en el Debate del Estado de la Región porque “no tenía nada más que contar”, pero solo fue “humo” porque “la realidad administrativa es muy distinta” y evidencia que, aunque los 'populares' consiguiesen impulsar este proyecto, “no vería la luz como pronto hasta 2030”.

“Nuestra tierra necesita menos anuncios y más realidades”, ha insistido la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, que ha reivindicado que los socialistas quieren para Cantabria “proyectos de futuro, empleo, deporte y que el surf siga creciendo pero con planificación, transparencia y respeto por el territorio y nuestros espacios naturales”.

Buruaga “se entrega a la derecha extrema”

Por otro lado, la portavoz socialista ha lamentado que la actual presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, ha demostrado que se “entrega a la derecha extrema que representa Miguel Tellado” y ha pasado de estar “escondida y de perfil” para intentar “salir del paso sin hacer ruido” a “abrazarse a los insultos y las mentiras”.

“Solo habla para atacar a la oposición en vez de para defender sus políticas”, ha denunciado Quiñones, que ha criticado que Buruaga “no defiende sus políticas e inversiones porque más allá de destrozar los servicios públicos y ralentizar el crecimiento de la economía y el empleo, no está haciendo nada”.

La socialista también ha criticado la utilización de los 'populares' de la situación de Ceuta y que “llamen invasores a niños y niñas de 10 años”. “Es indecente su racismo y es indecente que, en vez de trabajar en la defensa de la convivencia y la solidaridad, lo único que haga es insultar, mentir y engañar a los cántabros”, ha manifestado.

En este sentido, Quiñones ha reivindicado que “todos y todas estamos con Ceuta”. “Unos haciendo inversiones y buscando soluciones a un problema migratorio sin precedentes y otros como ella utilizando a Ceuta como llama de la crispación”, ha concluido.

“Soy la última vecina de la calle”. La que lo dice es Paloma Navarro, una mujer de Granada que se enfrenta al desahucio de la que es su casa desde hace 35 años. Lo dice con la voz entrecortada, mirando con la rabia de quien se siente injustamente tratada, pero convencida de que antes de expulsarla de su vivienda ella va a dar batalla. No en vano, el propietario del inmueble, Estudios y Gestión Integral de Inmuebles, es un gran tenedor que adquirió todo el edificio —seis pisos en total— en el año 2024 y que, desde entonces, trata de echar a esta vecina del centro histórico granadino.

Pretende expulsarla del que es su hogar desde hace más de tres décadas pese a que tanto ella como su familia han vivido siempre en él sin dejar nunca de pagarlo. “Ahora mismo estoy sola y saben que soy más vulnerable”, lamenta Paloma, asumiendo que su batalla legal va a ser complicada. De hecho, este 21 de septiembre tiene el juicio por la demanda de desahucio interpuesta por los propietarios y no es optimista con el resultado. Según explica, el principal problema que tiene es que, además del interés de la empresa por expulsarla para remodelar el edificio para sacar más dinero por los pisos, el contrato que tiene lo firmó su padre en 1991, pero él falleció en 2002 sin que se haya subrogado. Algo a lo que se agarra Estudios y Gestión Integral de Inmuebles para afirmar que la casa en la que vive Paloma desde que tenía 7 años no es su casa.

Sin empleo estable, sin familia próxima, ya que sus padres fallecieron y sus hermanas no viven cerca, la situación económica de Paloma es de extrema vulnerabilidad. Paga una mensualidad que ronda los 350 euros y, pese a sus problemas monetarios, ha intentado negociar con la propiedad para subir la renta y acercarla al precio de mercado. “Soy consciente de que vivo en una zona donde el precio es más alto y aunque me cueste por mis ingresos, quiero llegar a un acuerdo, pero se niegan a escucharme”, lamenta. De hecho, cuenta que, tras hablar en persona con el propietario del inmueble, este le dijo que entendía su situación, pero que le entendiese a él, que ya había contratado la licencia para hacer obras y adaptar el edificio para sus proyectos inmobiliarios.

Paloma recuerda incluso el momento en el que el actual propietario conoció el interior de su casa. Fue antes de que el edificio cambiase de manos. Según cuenta, los antiguos propietarios le avisaron de que iba a acudir un arquitecto para estudiar la posibilidad de instalar un ascensor. El hombre que se presentó en su vivienda fue Rubens Cortés, al que identifica como la persona vinculada a la actual propiedad. Entró en la casa, recorrió las habitaciones y tomó fotografías. “Él ha estado aquí, él tiene las pruebas de que sabe que yo vivía aquí”, asegura Paloma, que conserva en su memoria aquella visita.

La escena, recuerda, tuvo lugar poco antes de que el inmueble fuese vendido. Paloma estaba en casa cuando el arquitecto, que es también el CEO de la inmobiliaria que posee su edificio, le pidió permiso para hacer fotografías en el interior. Ella accedió, aunque le llamó la atención que quisiera retratar distintas estancias. “Me preguntó, soy el arquitecto, ¿puedo echar unas fotos?”, relata. Después, asegura que el hombre le explicó que necesitaba comprobar las características del edificio y estudiar un posible acceso.

Unos meses después, cuenta, llegó la operación de compraventa y, con ella, el cambio de escenario para los vecinos que todavía permanecían en el inmueble. Paloma asegura que poco después recibió un burofax en el que se ofrecía a los residentes la posibilidad de comprar el edificio, una operación que cifraba en unos 800.000 euros. “Sabían que no teníamos 800.000 euros para comprar el edificio entero”, recuerda. Además, se da la circunstancia de que tres de los seis pisos de la finca llevan años vacíos y que los otros dos que quedan cuentan con alquileres temporales que acaban el próximo mes de abril, por lo que Paloma es la única residente fija que queda. La última vecina, junto a su gata, y la más vulnerable.

Dos años de presiones

Desde que se produjo la compra del edificio, la relación con la nueva propiedad ha estado marcada por los burofaxes. El primero que Paloma recuerda llegó en 2023 y tenía como asunto el pago del alquiler: incluía un número de cuenta al que debía seguir ingresando la mensualidad. Después llegó la comunicación de que el contrato no sería renovado. Hasta ese momento, el alquiler se había ido prorrogando anualmente y, según cuenta, la familia había seguido pagando con normalidad. En marzo de 2024 recibió el aviso de que la propiedad prescindía de esa renovación y que debía abandonar la vivienda.

Paloma no aceptó. Bajó a las oficinas que la empresa tiene en el mismo entorno de Plaza Nueva e intentó hablar con sus responsables. Primero con una empleada y después, según relata, con la mujer del propietario. La respuesta fue que no habría un nuevo contrato porque se iban a realizar obras en el edificio. Ella llegó incluso a hablar personalmente con Rubens para explicarle que llevaba toda su vida allí. “Él me entendía a mí, pero que lo entendiera yo a él”, recuerda que le dijo el propietario, según su versión, mientras le explicaba que tenía una licencia solicitada para realizar las obras.

La negociación no llegó a ninguna parte. Paloma asegura que estaba dispuesta incluso a asumir una subida del alquiler para adaptar la mensualidad al nuevo precio de la zona. Pagaba menos de 360 euros al mes y, pese a su situación económica, estaba dispuesta a hacer un esfuerzo para seguir viviendo en la casa. “Yo le dije que incluso estaba dispuesta a pagar más, que yo lo entiendo, que las cosas han subido, pero nada, nada”, explica.

La propiedad optó finalmente por acudir a los tribunales. El procedimiento iniciado contra Paloma es un desahucio por precario, una acción con la que la empresa reclama recuperar la posesión de la vivienda al considerar que ella carece de título para ocuparla. El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Granada identifica expresamente a Estudio y Gestión Integral de Inmuebles como una entidad mercantil con condición de gran tenedora.

La situación económica de Paloma ha quedado además recogida en el propio procedimiento. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granada emitieron en junio de 2025 un informe en el que concluyeron que se encontraba en situación de vulnerabilidad social y económica. Un mes después, el juzgado dejó constancia de que estaba desempleada, no tenía bienes inmuebles y no había recibido una alternativa habitacional por parte de la Administración.

La jueza rechazó la suspensión extraordinaria que Paloma había solicitado al amparo de una de las medidas previstas para determinados hogares vulnerables, al considerar que no cumplía los requisitos específicos establecidos por esa norma. Pero, al mismo tiempo, acordó suspender el procedimiento durante un máximo de cuatro meses en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y ordenó poner la resolución en conocimiento de los Servicios Sociales para promover el acceso de Paloma a los recursos necesarios, incluida una solución habitacional.

Ese tiempo, sin embargo, no ha resuelto el problema. Paloma tiene ahora que enfrentarse al juicio y a la posibilidad de perder la vivienda en la que se crio. Mientras tanto, ha rechazado, según cuenta, una oferta de 5.000 euros para abandonar el piso. Asegura que inicialmente se le ofrecieron 2.000 euros y que la cantidad aumentó después hasta los 5.000. “Como si me estuvieran haciendo un favor”, lamenta.

La alternativa que le queda pasa por resistir mientras se resuelve el procedimiento y tratar de encontrar una solución habitacional. Está inscrita como solicitante de vivienda protegida y asegura que se le ha aplicado un mecanismo que le permite tener prioridad cuando haya una vivienda disponible, pero ella misma señala la dificultad de que ese recurso llegue a tiempo. “Fíjate la de edificios vacíos que hay, pudiendo empezar por ahí”, lamenta.

Paloma no está sola

En su defensa no está sola. Stop Desahucios, el Sindicato de Vivienda y colectivos como Albayzín Habitable y Realejo Habitable la acompañan en el proceso. Para Ariadna, integrante de Stop Desahucios, la cuestión trasciende el caso concreto de Paloma. El colectivo asegura haber identificado otros edificios completos vinculados al entorno empresarial de Rubens Cortés y sitúa el caso dentro de la transformación residencial que, a su juicio, está experimentando el centro histórico de Granada. Según explica, el grupo ha localizado cuatro edificios completos en el entorno de calle Elvira y Plaza Nueva. Esta información, que procede del colectivo y que aparece en una web vinculada a la empresa, no ha podido ser contrastada con la propiedad.

La organización considera que el conflicto refleja una transformación más amplia del Albaicín y del centro de Granada, donde cada vez resulta más difícil que quienes han vivido históricamente en el barrio puedan seguir haciéndolo. “El barrio se cuida con vecinas”, resume Ariana, portavoz de Stop Desahucios y una de las personas que está más cerca de Paloma en todo este caso. Desde la plataforma sostienen que el problema ya no es solamente el precio de la vivienda, sino la progresiva desaparición de vivienda disponible para residentes en Granada capital.

La transformación del centro histórico también ha ido borrando la vida de barrio que Paloma recuerda. Cuenta que cada vez quedan menos vecinos de toda la vida, mientras las maletas y los turistas se han convertido en una imagen habitual de Plaza Nueva y el Albaicín. A su alrededor, dice, han desaparecido comercios tradicionales y han proliferado alojamientos y negocios orientados al turismo, haciendo cada vez más difícil que las familias puedan seguir viviendo en el barrio.

En el caso de Paloma, además, Stop Desahucios plantea que el hecho de que el contrato figure a nombre de su padre no debería cerrar necesariamente la puerta a su permanencia. Ariana explica que el colectivo ha defendido en otros procedimientos la subrogación de contratos de padres a hijos y considera relevante que Paloma nunca abandonase la vivienda. “Cuando su padre firmó el contrato, Paloma ya estaba dentro”, señala.

La organización admite, en todo caso, que la vía judicial será complicada. El auto dictado en julio ya estableció que Paloma no reunía los requisitos concretos para acogerse a una de las suspensiones extraordinarias previstas para determinados ocupantes vulnerables. Pero Stop Desahucios considera que existen otros argumentos jurídicos que deben ser estudiados y que, incluso en caso de una sentencia desfavorable, todavía habría margen para recurrir y negociar con la propiedad.

Paloma afronta así un juicio que para ella va mucho más allá de una disputa sobre un contrato. En las paredes de su casa siguen las fotografías familiares: sus padres, sus hermanas, los antiguos vecinos y las vivencias que se han desarrollado en esas habitaciones. Son imágenes de una vida que se ha desarrollado casi entera en esas estancias. Ella llegó con siete años y ahora, con 42, se enfrenta a la posibilidad de tener que marcharse.

“Que me he criado aquí, que llevo aquí desde los 7 años, y que este señor no necesita la vivienda para vivir”, dice cuando se le pregunta qué le pediría a la jueza. Y añade una frase que resume su situación: “Jamás en la vida hemos faltado un pago, que hay pruebas”. Ni Estudio y Gestión Integral de Inmuebles ni el propietario al que Paloma identifica como responsable de la operación han respondido a las preguntas formuladas por este medio. Tampoco el Ayuntamiento de Granada ha respondido a las cuestiones planteadas sobre el caso y la situación habitacional de Paloma.

Este fin de semana se estrena el flamante circuito de Fórmula 1 en Madrid, con la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1, y lo hará en un circuito urbano que atraviesa varios barrios, discurre a pocos metros de calles donde vive y trabaja gente. Vecinos que no han conseguido impedir que este evento siga adelante. Es inevitable no acordarse de lo que pasó en Valencia, donde en 2008 se construyó otro gran circuito urbano de Fórmula 1 que hoy es una gran cicatriz con cientos de millones de euros de deuda para las arcas públicas.

Hablamos con Guillermo Hormigo, de la edición local de elDiario.es Somos Madrid, para conocer mejor los detalles de este proyecto que se ha caracterizado por la opacidad en su tramitación y financiación. Con Sergi Pitarch, director de elDiario.es en Valencia, recordamos brevemente lo que ha supuesto para la ciudad de Valencia aquel circuito construído en época de Rita Barberá. Con Constantino Blanco, vecino afectado por el circuito madrileño, nos acercamos al sentir de miles de personas cuyos barrios han cambiado para siempre. 

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En la Costa Tropical granadina, entre Salobreña y el mar, la antigua azucarera del Guadalfeo sigue en pie como una estructura detenida en el tiempo y como testigo de cómo las intenciones urbanísticas pueden acabar incluso con un bien protegido. Cerró en 2006, pero su historia no terminó ahí porque una de sus naves fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2016, aunque continúa sin un proyecto de conservación o musealización y con buena parte de sus instalaciones deteriorándose. Una degradación que ocurre a la par que se aprueban proyectos de construcción que derribarán parte de las instalaciones para levantar nuevas edificaciones aledañas.

La propuesta lanzada en la pasada campaña electoral andaluza desde Por Andalucía para convertir la nave más importante de la azucarera en un gran museo andaluz ha vuelto a situarla en el debate público en los últimos meses. No es una idea nueva. Tampoco una promesa inédita. Durante los últimos veinte años, la azucarera ha aparecido y desaparecido del discurso institucional mientras su futuro quedaba suspendido entre la protección patrimonial, el planeamiento urbanístico y la propiedad privada. Y es que pese a ser un conjunto industrial considerado único en su tipología en Europa sigue sin un destino definido dos décadas después de su cierre.

Todo ello a pesar de que se trata de unas instalaciones que tienen más de siglo y medio de historia. La fábrica tiene su origen en el siglo XIX. Fue fundada en 1861 y llegó a convertirse en uno de los principales motores de la economía azucarera andaluza. La caña de azúcar fue la base durante décadas la vida agrícola de la Vega de Salobreña y la Costa Tropical, condicionando el paisaje, el trabajo y las relaciones sociales de toda la comarca.

Según quienes trabajaron en ella, la azucarera no era sólo una fábrica, sino el centro de un sistema económico completo. La campaña de la caña movilizaba a agricultores, cooperativas, cortadores y personal técnico en un engranaje estacional que marcó generaciones. “Era un trabajo salvaje, salvaje. No se atrevía la gente a hacerlo porque te destroza”, recuerda Alejandro Espinosa, cooperativista que participó en las negociaciones del cierre y trabajó en la gestión del sector cañero.

Un terreno atractivo para el urbanismo costero

El punto de inflexión llegó en 2006. La producción dejó de ser rentable y la actividad industrial se acabó deteniendo, en parte por la competencia exterior. Pero, según relatan varias personas que estuvieron muy ligadas a ella, el contexto económico de aquellos años no puede separarse del entorno inmobiliario que se estaba gestando en la zona. “Los cantos de sirena eran los campos de golf y la construcción”, cuenta Espinosa al recordar las negociaciones de la época.

Así, la caída del cultivo de la caña coincidió en ese momento con el auge de las expectativas urbanísticas sobre los suelos agrícolas más próximos al litoral. No en vano, eran los años de la burbuja inmobiliaria. En ese proceso, la continuidad de la actividad azucarera acabó dejando paso a una reconfiguración del territorio: parte de la Vega perdió su uso agrícola tradicional y se abrió la puerta a nuevos desarrollos residenciales y turísticos. Desarrollos que más de dos décadas después sí se van a llevar a cabo, mientras el uso cultural de la vieja fábrica sigue en el aire.

No obstante, desde dentro del sector, hubo intentos de buscar alternativas. Se exploraron cultivos sustitutivos, mejoras en los sistemas de riego o la reconversión hacia productos derivados de mayor valor añadido, como el azúcar moreno o usos industriales de la caña. Pero la viabilidad económica del modelo no terminó de sostenerse. “Yo luché por que se mantuviera al menos una parte de la Vega”, señala Espinosa. “Se hicieron estudios, alternativas, pero aquello ya no era rentable”.

En paralelo al cierre industrial, el futuro del complejo quedó vinculado a un desarrollo urbanístico más amplio en la zona. Según relatan fuentes implicadas en el proceso, sobre los terrenos se proyectaban operaciones residenciales que incluían cientos de viviendas y la transformación del entorno. En ese contexto, la azucarera quedó condenada a un futuro entre operaciones inmobiliarias que jugaban con su desaparición. Por eso, la Junta Andalucía otorgó en 2016 la figura de BIC a una de las naves, intentando así una protección patrimonial que pretendía frenar la demolición completa del complejo.

“Se estaba planteando tirar la fábrica, dejar el solar a cero y construir viviendas”, explica el histórico dirigente de IU en Salobreña, Ángel Coello. No en vano, la declaración BIC obliga a conservar los elementos protegidos y bloquea su demolición, aunque no resuelve automáticamente su uso futuro. Sin embargo, pese a ser un espacio protegido, lo que ocurra con la azucarera está condicionado por los planes urbanísticos que sí se están empezando a ejecutar en las naves y zonas no protegidas de la propia fábrica, mientras el uso museístico sigue olvidado.

Un museo que nunca llega

Desde la declaración como BIC, la idea del museo industrial ha estado presente de forma recurrente. Sin embargo, nunca ha llegado a materializarse. Tanto Coello como otras fuentes consultadas coinciden en que, por las características del complejo y la maquinaria conservada, el uso museístico es prácticamente la única alternativa viable. “El ayuntamiento no tiene capacidad ni para invertir ni para gestionar un museo”, apunta Coello. “Por eso la Junta debería integrarlo en su red de museos”. Pero la realidad administrativa actual es otra.

Según la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, no consta la presentación de proyectos de conservación o musealización del bien. Tampoco se han emitido órdenes de ejecución por parte del Ayuntamiento. La Junta recuerda además que el planeamiento urbanístico vigente prevé un mecanismo para la cesión del complejo como dotación cultural dentro del desarrollo del sector SUT-1 de Salobreña. Sin embargo, ese proceso depende de que la propiedad inicie el desarrollo urbanístico correspondiente.

Mientras eso no ocurra, la responsabilidad del mantenimiento recae en la empresa propietaria, Azucareras del Guadalfeo S.A., que debe cumplir con las obligaciones de conservación establecidas en la legislación de patrimonio histórico. El Ayuntamiento de Salobreña, por su parte, sostiene que el margen de actuación es limitado, ya que el planeamiento está aprobado y el conjunto forma parte de un ámbito urbanizable en manos privadas. El resultado de esta arquitectura administrativa es un escenario de responsabilidades cruzadas.

Así, la Junta señala la falta de proyectos por parte de la propiedad, el Consistorio sostiene que el planeamiento está cerrado desde hace años y la propiedad no ha respondido a las solicitudes de este medio para conocer su posición. Mientras tanto, el complejo continúa deteriorándose. La imagen es la de un espacio protegido en el papel, pero sin intervención real sobre el terreno. Un Bien de Interés Cultural que no se ha llegado a consolidar ni a tener un proyecto de uso público ni una estrategia de conservación estable. “Eso está ahí en el aire”, lamenta Alejandro Espinosa sobre el futuro del museo.

Porque la azucarera del Guadalfeo no es sólo un edificio en desuso, sino que se trata de uno de los últimos vestigios de la industria azucarera en la península, con maquinaria casi única que formó parte de un sistema productivo que marcó durante más de un siglo la economía de la Costa Tropical. Pero también es un caso de estudio sobre cómo se gestionan -o se bloquean- instalaciones claves cuando entran en conflicto distintos intereses: la protección patrimonial, la planificación urbanística y la propiedad privada.

Lo que lleva años siendo una promesa sigue siendo precisamente eso, una promesa, sin que termine de ver la luz, pero avanzando a pequeños pasos, pese a su controvertido proceso. ‘Alovera Beach’, el futuro Parque de Ocio proyectado en esta localidad de Guadalajara, en pleno secarral del Corredor del Henares y a unos 50 kilómetros de Madrid, necesita ahora un préstamo hipotecario de 15 millones de euros para salir adelante.

Es el siguiente y también polémico paso de este proyecto, llevado a cabo por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ablanquejo-Rayet Medio Ambiente, que ahora ha solicitado el visto bueno del Ayuntamiento para hacerse realidad. La solicitud la ha aprobado hoy el pleno municipal con 13 votos a favor, los de Alternativa Alovera -el partido que gobierna apoyado por el PP- y los de Vox, con tres abstenciones del PSOE.

El concejal de Unidas por Alovera, Alberto Pérez, única oposición al proyecto, no ha estado presente en el pleno por motivos personales, pero considera que con ello el equipo da un “aval” relevante al proyecto.

La petición de la promotora se realiza para acometer la construcción del proyecto. No afecta a la titularidad del suelo sobre el que va a construirse la macroplaya, que seguirá siendo municipal, sino a la concesión obtenida por la promotora para construir y explotar la playa artificial durante un plazo de 40 años. Cuenta con el informe favorable del secretario municipal.

La hipoteca deberá dedicarse exclusivamente a la financiación de la fase uno de construcción y explotación del Parque de Ocio. Según fuentes municipales, una vez constituida, debe firmarse el contrato y la UTE dispondrá de seis meses para presentar el proyecto definitivo ante el Ayuntamiento, con nuevo pleno que lo apruebe.

Después, los promotores dispondrán de un mes para iniciar los trabajos y de dos años para terminar completamente las obras. Con este calendario, no cuadran las fechas para que se cumpla la promesa de la alcaldesa, Purificación Tortuero, de que la macroplaya se inaugure en la primavera de 2027, precisamente coincidiendo con las próximas elecciones municipales.

Se trata de un cebo para vender viviendas a precios de primera línea de playa

Alberto Pérez — Concejal de Unidas por Alovera

Al igual que en anteriores ocasiones, el único grupo municipal en pronunciarse al respecto ha sido Unidas por Alovera, que ha criticado duramente el proyecto desde sus inicios. Considera que la petición de la hipoteca es “una prueba más” de que este parque de ocio tiene como única finalidad la “especulación urbanística”, puesto que los terrenos que la rodean pertenecen al mismo grupo empresarial que la UTE. “Se trata de un cebo para vender viviendas a precios de primera línea de playa”.

Se pregunta además qué pasaría en caso de que no se cumplan los pagos del préstamo, puesto que la concesión iría a parar a otra entidad fuera del control municipal.

El concejal Alberto Pérez sigue criticando el apoyo que ‘Alovera Beach’ recibe por parte del Ayuntamiento, que “se ha prestado gustoso” a la utilización de suelo municipal para “hacer negocios privados durante 40 años”, en vez de destinarlo a desarrollos y usos gratuitos para los vecinos.

El proyecto pretende construir una laguna de 20.000 metros cuadrados dedicados al baño y la navegación, que sería, según los promotores, la playa artificial más grande de Europa. Sin embargo, precisará de 43 millones de agua potable para su llenado en una provincia, Guadalajara, en la que las lluvias se han reducido un 20% en los últimos 25 años.

Asimismo, planteará “graves problemas de movilidad” en el municipio y los desplazamientos en coche desde la Comunidad de Madrid crearán “una gran huella de carbono”.

Esta polémica construcción resucitó hace casi dos años, en agosto de 2024, cuando el pleno dio luz verde a un nuevo proceso de adjudicación después de que los anteriores técnicos municipales echaran abajo la primera licitación. Quedó desierta tras su informe desfavorable, pero posteriormente, con nuevo equipo técnico municipal, consiguió salir adelante.

La parcela total ocupará unos 105.000 metros cuadrados: además del espacio dedicado a la laguna artificial las previsiones cuentan con que otros 16.000 metros cuadrados se dediquen de playa de arena blanca artificial, la mayor de Europa de estas características. El complejo incluirá asimismo atracciones acuáticas, restaurantes, un mercado gastronómico, salas de cine y un aparcamiento con 1.000 plazas.

En el pleno que aprobó la licitación definitiva, celebrado a finales de septiembre de 2025, el acuerdo se adoptó por unanimidad, pero con la ausencia del concejal de Unidas por Alovera, en ese momento de baja por enfermedad. Es el único edil que rechaza de plano el proyecto, de la mano de la oposición frontal de Ecologistas en Acción. El acuerdo sí recibió el visto bueno de los tres concejales del PSOE, que se habían abstenido en anteriores votaciones.

El Gobierno de Castilla-La Mancha dio el visto bueno

El impulso al proyecto también ha venido de la mano del Gobierno de Castilla-La Mancha. Cuenta con un informe de impacto ambiental favorable, pero que fue emitido por la Dirección General de Economía Circular hace cinco años. En dicho informe se concluyó que el proyecto no debía someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria, “al no apreciarse efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas correctoras y de seguimiento establecidas”.

Esa Declaración de Impacto Ambiental Simplificada establecía una vigencia de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), con posibilidad de prórroga de dos años adicionales.

La empresa promotora solicitó formalmente esa prórroga el 23 de octubre de 2024, argumentando que el proyecto aún no había podido ejecutarse porque el Ayuntamiento de Alovera declaró desierto el procedimiento de licitación y estaba pendiente de iniciar un nuevo expediente de licitación.

Los promotores siempre han defendido que 'Alovera Beach' es un proyecto “sólido y viable” y que además “responde a una demanda real de los ciudadanos, al ampliar las opciones de ocio de la zona y favorecer el desarrollo económico del propio Corredor del Henares”. Aseguran que el proyecto tiene “un respaldo institucional y ciudadano rotundo”

“Es un modelo probado en más de 60 países, incluso en zonas con condiciones meteorológicas extremas, como Egipto y Emiratos Árabes, en las que se mantiene un mínimo consumo de agua. Se trata de una tecnología eficiente, sostenible y con un funcionamiento contrastado”, afirman.

El Govern de Marga Prohens (PP) ha sortit en defensa d'una de les mesures introduïdes en la seva recentment aprovada llei òmnibus: la que permetrà a empreses, societats i altres persones jurídiques adquirir habitatges de preu taxat per destinar-los al lloguer. Mentre l'esquerra l'acusa de posar l'“estola vermella” als fons voltor i als grans capitals, l'Executiu ha insistit a assegurar que la iniciativa ampliarà l'oferta residencial assequible i ha aprofitat per carregar contra l'‘okupació’, tot i representar una part mínima del problema d'accés a l'habitatge. “No tots els que ocupen un habitatge es troben en situació de vulnerabilitat”, ha etzibat el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo.

Durant el ple d'aquest dimarts, el diputat de Més per Mallorca Ferran Rosa ha acusat el Govern d'agreujar els problemes estructurals del mercat residencial balear. “En lloc de protegir les famílies, empitjoren els problemes que ja tenim de concentració de propietats en poques mans, especulació, fons voltor i empreses que, amb la seva reforma, podran competir amb les persones en l'accés a l'habitatge”, ha retret durant una pregunta parlamentària dirigida al conseller.

Rosa ha qüestionat especialment que el Govern consideri una millora de l'accés a l'habitatge permetre que societats mercantils puguin adquirir habitatges de preu taxat. En aquest sentit, ha recriminat al PP que hagi assumit una lògica que ja ha provocat problemes en altres territoris. “Esperaria que donàs la cara per les mesures que ha pres, que digués clarament que està d'acord amb els fons voltor i que li és igual que d'aquí a quinze anys comencin els desnonaments, que és el que ha passat a Madrid”, ha afirmat. “Són uns cínics, s'omplen la boca parlant d'habitatge assequible per a la 'gent d'aquí' mentre posen l'estola vermella als fons voltor”, ha asseverat.

Al seu judici, les mesures impulsades per l'Executiu autonòmic no ataquen les causes reals de la crisi habitacional i es limiten a rebaixes fiscals com la supressió de l'impost de successions. “Com si la solució per arribar a final de mes fos esperar que es mori un familiar per poder pagar la llum o fer la compra”, ha ironitzat.

Mateo ha rebutjat les acusacions i ha defensat que la modificació respon a la mateixa configuració jurídica de l'habitatge de preu taxat. Segons ha explicat, aquesta figura ja contemplava el lloguer i el lloguer amb opció de compra des que va ser regulada per l'anterior Pacte. La novetat incorporada mitjançant una esmena permet que la gestió de promocions completes pugui ser assumida per promotors o persones jurídiques que posteriorment lloguin els habitatges a aquells que compleixin els requisits establerts. “El que aconseguim és que els ciutadans puguin accedir a preus per sota del mercat”, ha argumentat el conseller.

El debat s'ha produït només uns dies després que PP i Vox aprovassin una llei òmnibus que, a més d'introduir canvis en matèria d'habitatge, endureix l'accés a determinades ajudes socials, flexibilitza el requisit de català en la funció pública, reserva places de policia local per a militars i crea una Oficina d'Atenció a les Persones Afectades per l'Ocupació Il·legal. Precisament sobre aquesta qüestió, Mateo s'ha tornat a alinear amb Vox en sostenir que “no totes les persones que ocupen un habitatge de manera il·legal es troben en situació de vulnerabilitat”.

Durant una pregunta formulada per la diputada de Vox Patricia de las Heras, el conseller ha defensat que tant l'ocupació com l'anomenada “inquiocupació” constitueixen “un problema real” que contribueix a les dificultats d'accés a l'habitatge. Mateo ha reivindicat la creació d'una oficina antiocupació i ha assegurat que la legislació estatal deixa els propietaris “en clara indefensió”. Després de ser pressionat per Vox, ha asseverat de manera explícita que no tots els ocupants il·legals es troben en situació de vulnerabilitat i ha reclamat canvis legislatius per reforçar la protecció de la propietat privada.

El Govern de Marga Prohens (PP) ha salido en defensa de una de las medidas introducidas en su recién aprobada ley ómnibus: la que permitirá a empresas, sociedades y otras personas jurídicas adquirir viviendas de precio tasado para destinarlas al alquiler. Mientras la izquierda le acusa de poner la “alfombra roja” a los fondos buitre y a los grandes capitales, el Ejecutivo ha insistido en asegurar que la iniciativa ampliará la oferta residencial asequible y ha aprovechado para arremeter contra la 'okupación' a pesar de representar una mínima parte del problema de acceso a la vivienda: “No todos los que ocupan una vivienda están en situación de vulnerabilidad”, ha espetado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo.

Durante el pleno de este martes, el diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa ha acusado al Govern de agravar los problemas estructurales del mercado residencial balear: “En lugar de proteger a las familias, empeoran los problemas que ya tenemos de concentración de propiedades en pocas manos, especulación, fondos buitre y empresas que, con su reforma, podrán competir con las personas en el acceso a la vivienda”, ha reprochado durante una pregunta parlamentaria dirigida al conseller.

Rosa ha cuestionado especialmente que el Govern considere una mejora del acceso a la vivienda permitir que sociedades mercantiles puedan adquirir viviendas de precio tasado. En este sentido, ha recriminado al PP que haya asumido una lógica que ya ha provocado problemas en otros territorios. “Esperaría que diera la cara por las medidas que ha tomado, que dijera claramente que está de acuerdo con los fondos buitre y que le da igual que dentro de quince años empiecen los desahucios, que es lo que ha pasado en Madrid”, ha afirmado. “Son unos cínicos, se llenan la boca hablando de vivienda asequible para la 'gente de aquí' mientras ponen la alfombra roja a los fondos buitre”, ha aseverado.

A su juicio, las medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico no atacan las causas reales de la crisis habitacional y se limitan a rebajas fiscales como la supresión del impuesto de sucesiones. “Como si la solución para llegar a fin de mes fuera esperar a que se muera un familiar para poder pagar la luz o hacer la compra”, ha ironizado.

Mateo ha rechazado las acusaciones y ha defendido que la modificación responde a la propia configuración jurídica de la vivienda de precio tasado. Según ha explicado, esta figura ya contemplaba el alquiler y el alquiler con opción a compra desde que fue regulada por el anterior Pacte. La novedad incorporada mediante una enmienda permite que la gestión de promociones completas pueda ser asumida por promotores o personas jurídicas que posteriormente alquilen las viviendas a quienes cumplan los requisitos establecidos. “Lo que conseguimos es que los ciudadanos puedan acceder a precios por debajo del mercado”, ha argumentado el conseller.

El debate se ha producido apenas unos días después de que PP y Vox aprobaran una ley ómnibus que, además de introducir cambios en materia de vivienda, endurece el acceso a determinadas ayudas sociales, flexibiliza el requisito de catalán en la función pública, reserva plazas de policía local para militares y crea una Oficina de Atención a las Personas Afectadas por la Ocupación Ilegal. Precisamente sobre esta cuestión, Mateo ha vuelto a alinearse con Vox al sostener que “no todas las personas que ocupan una vivienda de forma ilegal están en situación de vulnerabilidad”.

Durante una pregunta formulada por la diputada de Vox Patricia de las Heras, el conseller defendió que tanto la ocupación como la denominada “inquiokupación” constituyen “un problema real” que contribuye a las dificultades de acceso a la vivienda. Mateo reivindicó la creación de una oficina antiokupación y aseguró que la legislación estatal deja a los propietarios “en clara indefensión”. Tras ser presionado por Vox, respondió de forma explícita que no todos los ocupantes ilegales se encuentran en situación de vulnerabilidad y reclamó cambios legislativos para reforzar la protección de la propiedad privada.

Los derribos de Estébanes 12-14, el antiguo edificio de Correos del Portillo o el colegio de Jesús y María han vuelto a abrir en Zaragoza un debate recurrente sobre el abandono y la destrucción del patrimonio histórico de la ciudad. En apenas unos años han desaparecido o quedado sentenciados edificios renacentistas, ejemplos de arquitectura brutalista y conjuntos racionalistas mientras avanzan nuevas operaciones urbanísticas e inmobiliarias.

Pero estos casos recientes no son episodios aislados: forman parte de décadas de pérdida de memoria urbana en las que Zaragoza ha ido borrando buena parte de su patrimonio civil, industrial, arqueológico y arquitectónico, desde Averly y los palacios renacentistas del casco histórico hasta barrios enteros transformados por el desarrollismo y la especulación.

Los casos más recientes han sido especialmente polémicos. Entre 2025 y 2026 se produjo el derribo de Estébanes 12-14, en pleno corazón de El Tubo. El inmueble, con origen en el siglo XVI, llevaba décadas degradándose mientras asociaciones como APUDEPA denunciaban una ruina inducida por abandono. Tras el colapso parcial de la estructura, el Ayuntamiento declaró la ruina inminente y ha autorizado su demolición completa, incluida la fachada histórica. En esta calle se habla de construir 28 pisos turísticos.

También este año ha comenzado la demolición del antiguo edificio de Correos del Portillo, uno de los principales ejemplos de arquitectura brutalista de Aragón. Catalogado en el registro internacional DOCOMOMO, el edificio quedó condenado por la transformación urbanística de la zona ferroviaria del Portillo. Pese a las protestas vecinales y a las solicitudes de protección patrimonial, el Gobierno de Aragón rechazó declararlo Bien de Interés Cultural y las excavadoras retomaron el derribo.

En 2025 arrancó igualmente la demolición del antiguo colegio de Jesús y María, entre la avenida de Goya y Cortes de Aragón. El complejo, diseñado por Isidre Puig Boada —discípulo de Gaudí y figura destacada de la arquitectura escolar de posguerra—, llevaba cerrado desde 1998. Aunque distintos informes demostraban que el edificio podía rehabilitarse e integrarse en futuros equipamientos públicos, el Ayuntamiento aprobó un convenio urbanístico para construir 160 viviendas y nuevas dotaciones. La piqueta acaba con uno de los conjuntos racionalistas y humanistas más singulares de Zaragoza.

Más allá de estas grandes demoliciones, barrios como San Pablo, la Magdalena o el Gancho viven desde hace años un proceso más silencioso de “ruina por omisión”. Numerosos edificios históricos permanecen vacíos y sin mantenimiento hasta que Urbanismo decreta su ruina por motivos de seguridad, facilitando su sustitución por promociones inmobiliarias y acelerando la gentrificación del casco histórico.

El gran precedente contemporáneo de esta dinámica fue Averly en 2016. La histórica fundición fundada en 1863 en el paseo María Agustín era uno de los conjuntos industriales mejor conservados de Europa, con talleres, maquinaria y archivos originales del siglo XIX. La operación urbanística sobre los terrenos acabó destruyendo aproximadamente el 70% del complejo y convirtió Averly en símbolo de una idea cada vez más extendida en Zaragoza: el patrimonio pierde frente al ladrillo. La ciudad ha perdido además harineras, talleres ferroviarios, industrias del Arrabal y buena parte de su arquitectura industrial histórica.

A este deterioro del patrimonio visible se suma otro conflicto menos conocido: la gestión de los hallazgos arqueológicos del subsuelo zaragozano. Bajo el centro de la ciudad permanecen enterradas amplias zonas de la antigua Caesaraugusta romana y de la Saraqusta islámica. En 2001, durante las obras del aparcamiento subterráneo del Paseo Independencia, aparecieron restos del arrabal islámico de Sinhaya, un barrio musulmán desarrollado entre los siglos X y XII. Las excavaciones sacaron a la luz calles, viviendas y estructuras urbanas medievales que obligaron a replantear parcialmente el proyecto.

En el entorno de la plaza del Pilar y la Seo aparecieron también importantes restos del Foro Romano y del Puerto Fluvial de Caesaraugusta, mientras que en 1972 las obras de la calle San Jorge descubrieron accidentalmente el Teatro Romano de Caesaraugusta, uno de los mayores de Hispania. Las sucesivas excavaciones urbanas han seguido revelando murallas, cloacas, necrópolis y restos medievales e islámicos, alimentando el debate sobre si Zaragoza integra realmente su patrimonio arqueológico o simplemente lo gestiona como un obstáculo para el desarrollo urbano.

La destrucción patrimonial de Zaragoza no comenzó recientemente. Durante el desarrollismo de los años sesenta y setenta desapareció gran parte de la arquitectura burguesa de Ruiseñores y Paseo Sagasta. Muchas de las villas diseñadas por Regino Borobio y José Borobio Ojeda fueron demolidas o profundamente transformadas. Entre las pérdidas más simbólicas estuvo la Casa Faci, derribada en 1971.

El desarrollismo arrasó también buena parte del casco histórico renacentista. Grandes palacios como la Casa Palafox o la Casa de los Torrellas desaparecieron junto a numerosas residencias históricas de calles como Manifestación, Don Jaime o Predicadores. La apertura de grandes vías y la adaptación de la ciudad al automóvil alteraron radicalmente la escala urbana histórica y destruyeron buena parte del tejido medieval y renacentista.

En paralelo, Zaragoza perdió gran parte de su patrimonio cultural popular. Desaparecieron o fueron profundamente transformados cines históricos como el Elíseos, el Goya, el Coliseo o el París. El Teatro Fleta, inaugurado en 1955 y una de las grandes obras de la arquitectura racionalista de posguerra, permaneció durante décadas abandonado entre litigios, promesas incumplidas y deterioro progresivo.

Todavía más atrás, las operaciones urbanísticas del franquismo arrasaron barrios históricos enteros en el entorno de la Seo, el barrio del Sepulcro y zonas medievales próximas al Ebro. También desaparecieron numerosos conventos, iglesias y edificios religiosos históricos, como parte del antiguo convento de Jerusalén.

El gran trauma patrimonial moderno de Zaragoza fue, sin embargo, el derribo de la Torre Nueva en 1892. La torre mudéjar inclinada del siglo XVI, uno de los grandes símbolos civiles de la ciudad, fue demolida alegando problemas estructurales pese a las protestas de numerosos arquitectos e intelectuales. Muchos historiadores consideran aquel episodio el origen de una lógica urbanística que todavía persiste: en Zaragoza siempre ha resultado más fácil derribar que rehabilitar.

La ciudad que se destruye a sí misma

Expertos en patrimonio han puesto estos días el grito en el cielo tras el anuncio de derribo del edificio del siglo XVI de la calle Estébanes. El historiador Daniel Aquillué, ironiza y apunta que “Zaragoza, que ha sobrevivido a guerra, revoluciones y contrarrevoluciones en su larga historia parece empeñada en no sobrevivir a sí misma y destruirse a sí misma bajo la piqueta”.

Sostiene que “la época contemporánea ha sido desastrosa, desde el paradigmático derribo de la bella Torre Nueva en 1892, que debería haber hecho reflexionar y no cometer los mismos errores”.

A su juicio, los últimos 90 años “han sido una catástrofe”, especialmente de los años 40 a los 70, con el franquismo y un desarrollismo mal entendido, cuando se arrasó el corazón histórico de la ciudad para hacer la gran plaza del Pilar, se abrió San Vicente de Paul y se tiró la antigua universidad. Recuerda que todavía hubo un destrozo posterior cuando se arrancó el foro romano en 1990 pero creía que aquello había quedado atrás. Sin embargo, desde 2016 con el “fundicidio”, la destrucción del 68% de la fundición Averly, “todo ha vuelto a empeorar”.

Aquillué recuerda la demolición del convento de Santa María Jerusalén, obra de Borobio, en Casablanca en 2023, el colegio Jesús y María en 2025, los restos arqueológicos no conservados del pasado andalusí, los todavía no visitables cubos de la muralla del siglo XI en Paseo María Agustín (salvados in extremis junto al muro de 1808)... O el próximo derribo del edificio brutalista de Correos en el Portillo, las casas del siglo XVI en la Magdalena por las que pasaba la muralla romana, o la más reciente casa de 1500 de calle Estébanes.

Para Aquillué “el panorama es desolador y las administraciones no actúan. Yo ruego desesperadamente que actúen en conservar nuestra historia”. El historiador sostiene que no debe priorizarse el interés económico sobre el cultural porque ambos pueden ser perfectamente compatibles, como se ha podido demostrar en iniciativas de otras ciudades. A su juicio, se puede ir perdiendo la identidad de la ciudad y acabar siendo como cualquier otra si tan solo se prioriza la rentabilidad de las residencias turísticas, que es donde suelen acabar numerosas iniciativas urbanísticas.

“Lo que prima es el suelo y la corrupción”

Belén Boloqui, presidenta de la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), tiene claro que el interés que domina es el suelo. “Salvo algunos bienes intocables, siempre se trata de lo mismo: la especulación urbanística y la corrupción”. Y vaticina que “mientras el suelo siga siendo la prioridad, el patrimonio seguirá cayendo como un castillo de naipes”.

La historiadora lamenta la trayectoria de sentencias judiciales que priorizan las medidas de seguridad por encima del interés patrimonial, hasta el punto que muchos expertos se quedan a las puertas de presentar los informes que les han encargado cuando ya se ha decidido el derribo de edificios como el caso de la calle Estébanes o del Colegio Jesús y María.

Boloqui muestra su malestar porque “siempre hay alguna excusa que lo impide y la de las medidas de seguridad es una táctica que comienza por dejar que se deterioren los edificios, actuando solo al final serrando maderas, quitando cubiertas, etc. Siempre van a concurrir criterios de seguridad”.

A pesar de su pesimismo por lo que considera una falta de conciencia general, la presidenta de Apudepa sostiene que “esto no funciona ni funcionará mientras esté todo bien atado” pero anima a mantenerse firmes y exigir que en todas las decisiones se convoquen a expertos y a la sociedad “ocupada y preocupada” por el patrimonio aragonés.

En las últimas semanas, ha copado titulares el PEM (Plan Estratégico Municipal) de la ciudad de Madrid, el nuevo marco urbanístico destinado a sustituir el Plan General de Ordenación Urbana de 1997. Las primeras noticias sobre el contenido de la novedosa “norma magna” del urbanismo madrileño ya han generado los primeros debates al otro lado de los foros del sector inmobiliario. Las asociaciones de Tetuán, por ejemplo, han levantado la voz contra la inclusión del distrito entre los espacios susceptibles de aumentar su parque residencial por ser ya unas barriadas muy densas de Madrid.

Si echamos unos pasos hacia atrás para tomar perspectiva, nos daremos cuenta de que la norma en preparación viene acompañada de otras ya aprobadas y alguna por venir cuya motivación de fondo obedece a un mismo análisis: la región y la ciudad de Madrid van a crecer mucho y es necesario movilizar suelo. O, dicho de otra manera, las reglas urbanísticas deben cambiar para facilitar la construcción de más vivienda.

En estos momentos, la Comunidad de Madrid se asoma a la sustitución de la actual Ley del Suelo (ley del 9/2001) por una nueva, que además integrará las competencias de la vigente Ley 9/95 de Ordenación del Territorio. Con esta nueva dualidad el gabinete de Ayuso pretende agilizar el urbanismo madrileño.

La Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER) se presentó en noviembre del año pasado y va quemando plazos hacia su aprobación final, que se espera a finales de 2026. El Anteproyecto es ya consultable y ha estado –Semana Santa mediante– en periodo de información pública y trámite de audiencia (entre el 7 de marzo y el lunes 6 de abril).

Normativas que agradan a la patronal de la construcción

El texto se ha venido presentando en los dos últimos meses con la presencia de Sara Aranda (Directora General de Urbanismo en la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior) y otros responsables de la Comunidad de Madrid. Así ha sucedido en el Colegio Oficial de Aparejadores de Madrid, el ilustre Colegio de la Abogacía (sección Urbanismo), el Colegio de Economistas de Madrid o el Colegio Arquitectos de Madrid, entre otros.

El debate sobre la norma se ha visto contenido, hasta el momento, dentro de los círculos estrictamente profesionales. Pero los foros y publicaciones especializadas del sector de la construcción y las inversiones, sin embargo, vienen celebrando lo que enuncian como un “cambio de paradigma” en el urbanismo madrileño.

Algunas de las frases que se repiten en las presentaciones se refieren a “agilizar el urbanismo en la región”, “activar suelo”, “generar vivienda”, “reducir cargas burocráticas”, “acortar los plazos” o “simplificar los instrumentos de planeamiento y el régimen jurídico del suelo”. La norma en ciernes parece ser del agrado de la patronal de la construcción. Así lo expresaba recientemente en un debate sobre el tema el director de Estrategia de Crea Madrid Nuevo Norte cuando expresaba que, legislativamente “la Comunidad de Madrid ya está en lo que espera el mercado”.

Una de las novedades técnicas más llamativas de la ley, que se asienta sobre la figura del PEM para los diferentes municipios, es la introducción de los llamados Planes Ejecutivos. Este instrumento de ordenación urbanística reflejará las condiciones concretas para que el suelo pueda ser transformado o edificado. Los particulares –es decir, los promotores– formularán estos plantes directamente ante los ayuntamientos, que podrán activar una tramitación abreviada de unos 12 meses a través de Ordenanza Municipal. Lo que se busca es “la puesta en el mercado de suelo finalista”.

Prepararse para crecer a través del boletín oficial

La Ley LIDER (un acrónimo que parece pensado desde el convencimiento de su importancia) se asienta sobre novedades legislativas precias que, soto vocce, han andamiado el nuevo edificio.

La Ley 7/2024, de Medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio, incorporaba la figura del PEM (Plan Estratégico Municipal) para fijar la estrategia del municipio a futuro, que es uno de los elementos clave de LIDER. Se considera que los detallados Planes de Ordenación Urbana en vigor son aparatajes demasiado pesados y se crea por ello el nuevo instrumento de ordenación urbanística, que tiene más que ver con unas directrices generales que con una lista pormenorizada de usos. Ya no será necesario introducir cambios puntuales en la macronorma cada vez que se quiera llevar a cabo un uso del suelo que no encaje con el marco.

Antes, se había introducido en la Ley 3/2024, de 28 de junio de la Comunidad de Madrid, la posibilidad de convertir fácilmente edificios de uso terciario (oficinas/industrial) a residencial (viviendas) sin modificar el planeamiento urbanístico, con el objetivo de fomentar la vivienda protegida en alquiler. La llegada de los usos mixtos, la flexibilidad y la simplificación de pasos para acometer cambios de uso están en el espíritu de toda la panoplia de normas.

Elocuente es el nombre de otra de las novedades recientes del sector: la Aceleradora urbanística. Se trata de un órgano colegiado que opera en la capa de los informes sectoriales. Es decir, de los documentos técnicos obligatorios emitidos por organismos públicos que evalúan cómo un plan o proyecto urbanístico afecta a materias específicas (carreteras, costas, medio ambiente, cultura, etc.).

Se aprobó en diciembre del año pasado, se constituyó en enero y su objeto es dar seguridad jurídica y agilidad a todo el proceso a través de un repositorio electrónico. A la intención de acelerar los plazos se une el hecho de que el proyecto de construcción de vivienda o servicios puede declararse de interés general, entrando en una vía urgente que permite acelerar los plazos en la mitad de tiempo.

Todos estos documentos y normas son, por supuesto, prolijos y tocan numerosos aspectos sobre lo que una ciudad debe ser, pero la idea rectora que sobresale por encima del resto –y que resaltan en las presentaciones a los profesionales del sector sus responsables políticos– es la de preparar Madrid para acoger a nuevos vecinos.

Los responsables de organizar la región manejan proyecciones que llevarán la población de los actuales siete millones de personas a 8,5 y hasta 10 millones en los próximos 15 o 20 años. En el caso de la ciudad de Madrid la tendencia es menos clara que en el de la región y crece con altibajos que hacen más complicado hacer esas proyecciones tan rotundas para la ciudad más allá de la obvia –e importante– eclosión de los nuevos desarrollos inmobiliarios.

La mirada política articulada para afrontar la tendencia al alza de la población es la de que el crecimiento es una gran oportunidad para incrementar aún más el peso político de Madrid a nivel estatal. Para ello, se mira a su corona metropolitana y se piensa en términos de un nuevo Gran Madrid –así se llamaba en el siglo XX al Madrid expandido anterior a la importante anexión de municipios de mediados de siglo–. Un espacio mancomunado de facto de 12 o 20 municipios que, unidos, se considera la gran conurbación del sur de Europa.

La idea de la recentralización española a través del peso de la región, para competir con las grandes metrópolis globales, es un asunto que se ha visto con buenos ojos en los últimos años en ámbitos de la derecha política y empresarial. Un buen ejemplo de este debate es el libro Madrid DF (en referencia a Distrito Federal), del arquitecto Fernando Caballero.

Las presentaciones de la nueva Ley del suelo y de otras normas en preparación, como el propio PEM para la ciudad de Madrid, abundan en enunciar la centralidad social del problema de la vivienda. Agarrados a las lógicas más evidentes de las leyes de la oferta y la demanda, los rectores de Madrid (ciudad y autonomía) apuntan con decisión hacia la construcción masiva como solución. Tanto en las áreas de crecimiento periurbano como dentro de la ciudad consolidada. El debate sobre la conveniencia (o inconveniencia) del crecimiento ilimitado es habitual también en los foros teóricos sobre la ciudad y no está cerrado pero, mientras los que saben se aclaran, los textos que se publican en los boletines oficiales ya parecen albergar certezas.