Un juzgado de Madrid ha convocado un acto de conciliación entre los representantes legales de Julio Iglesias y de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por la demanda que interpuso por los comentarios que realizó después de que elDiario.es publicara los testimonios de extrabajadoras de las mansiones del cantante que le acusan de agresiones sexuales.

En un escrito al que ha tenido acceso EFE este miércoles, la Sección civil del Tribunal de instancia de Madrid plaza 58 (antiguo Juzgado de primera instancia 58) admite la solicitud presentada por el letrado de Julio Iglesias para interponer demanda contra Yolanda Díaz por comentarios que considera injuriosos y calumniosos, y cita a las partes para un acto de conciliación el día 19 a las 09:30 horas.

A este acto no tienen que acudir ni el demandante ni la demandada, sino solo sus abogados o procuradores, ni es necesario que esté el juez, sino el letrado de la administración de justicia, han precisado a EFE fuentes jurídicas, que recuerdan que en la mayoría de los casos estas oportunidades de conciliación quedan sin efecto y las demandas o querellas siguen adelante. Se trata de un trámite en la jurisdicción civil en la que todas las demandas se admiten si cumplen los requisitos formales, detallan la fuentes, que recuerdan que Yolanda Díez es aforada, y por lo tanto el posible futuro proceso judicial se dirimiría en el Tribunal Supremo.

Fuentes de la vicepresidencia del Gobierno han asegurado a EFE que aún no les ha llegado esta citación.

El cantante Julio Iglesias presentó en febrero una demanda contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo por los comentarios de carácter “injurioso y calumnioso” que esta realizó en relación con la denuncia interpuesta contra él por presuntos delitos de abusos sexuales y que fue archivada por la Fiscalía.

En su escrito al tribunal de instancia de Madrid, el cantante solicitó un acto de conciliación en el que la ministra reconozca el daño, rectifique sus manifestaciones y le indemnice con el importe en el que se fijen “los daños causados en función de la difusión alcanzada” por su comportamiento. En el punto de mira de la demanda están las declaraciones que, al conocerse la denuncia contra Iglesias, realizó la vicepresidenta Díaz en la red social Bluesky el pasado 13 de enero y al día siguiente en una entrevista en el programa 'La Hora de la 1', en el canal público RTVE.

Para el letrado de Iglesias “la demandada, alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública (...) claros prejuicios de culpabilidad contra el sr. Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales de los mismos”.

Julio Iglesias persigue el acceso a una denuncia archivada

La semana pasada, la Audiencia Nacional admitió a trámite la reclamación de Iglesias para acceder a la denuncia que Rebeca y Laura (nombres ficticios para proteger su identidad) interpusieron ante la Fiscalía de ese tribunal, según informaron varios medios y confirmó elDiario.es.

La representación legal de Iglesias denunció, por la vía contencioso-administrativa, ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por no haberle remitido copia de la denuncia por presuntos delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, así como trata de seres humanos y varios delitos contra los derechos de los trabajadores. Rebeca y Laura interpusieron esta denuncia el 5 de enero, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional se limitó a evaluar si España tenía o no jurisdicción para investigar estos presuntos delitos. A los pocos días, la Fiscalía archivó la denuncia por falta de competencia, sin entrar en ningún momento al fondo de los hechos denunciados.

Por ello, la Fiscalía no está de acuerdo y reclamó la inadmisión del recurso presentado por la defensa de Julio Iglesias. En un informe firmado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, el Ministerio Público afirmó que “no existe vulneración de la tutela judicial efectiva”, dado que la decisión de no facilitar la denuncia “no le está impidiendo” a Iglesias el acceso a los tribunales.

La Fiscalía mantendrá este viernes en la Audiencia Nacional que el cantante Julio Iglesias no ha visto vulnerados sus derechos fundamentales por no haber tenido acceso a la denuncia que dos extrabajadoras presentaron contra él por agresión sexual y trata de seres humanos, según informan fuentes fiscales a elDiario.es. El Ministerio Público defenderá, por tanto, que no se le facilite esa denuncia.

La titular de la Plaza 5 de la Sección de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha convocado este viernes a la Fiscalía y a la defensa de Julio Iglesias para una comparecencia sobre el litigio iniciado por la defensa del artista tras la decisión del Ministerio Público de no facilitarle esa denuncia en la que dos exempleadas del cantante relatan haber sufrido agresiones sexuales. La denuncia fue archivada debido a la “falta de competencia” de los tribunales españoles. 

Tras el archivo de la denuncia, la defensa de Julio Iglesias solicitó una copia de la denuncia y del expediente para conocer de qué se le acusaba. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, tras consultar a la Fiscalía General del Estado, determinó que no procedía facilitársela. Se basó, para ello, en una circular del Ministerio Público que recoge que “al margen de la persona sospechosa y de la víctima, no se permitirá el acceso a las actuaciones a quienes manifiesten, o incluso acrediten, tener un interés legítimo”. También argumentó la existencia en la denuncia de “multitud de datos personales y aspectos relativos a la intimidad”, así como el hecho de que se hubiera aplicado la condición de testigos protegidos a las denunciantes. 

La defensa de Julio Iglesias calificó de “arbitrario” y “carente de racionalidad” que se considere al cantante como un tercero ajeno a una denuncia dirigida contra él. Y argumentó que esta negativa había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y de defensa, así como el principio de publicidad procesal. Según la demanda que presentó en la Audiencia Nacional y que motiva la citación de este viernes, la ley del Poder Judicial garantiza el acceso a los expedientes y archivos a los interesados directos y a quienes acrediten un interés legítimo y una circular de la Fiscalía no puede contradecir una ley orgánica. 

Los abogados del cantante alegaron, asimismo, que el hecho de no tener acceso a la denuncia le impedía defenderse o ejercer acciones legales legítimas ante los tribunales, como podría ser interponer una querella por denuncia falsa o simulación de delito contra las extrabajadoras. 

La Fiscalía reclamó la inadmisión del recurso presentado por la defensa de Julio Iglesias. En un informe firmado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, el Ministerio Público afirma que “no existe vulneración de la tutela judicial efectiva”, dado que la decisión de no facilitar la denuncia “no le está impidiendo” el acceso a los tribunales. De hecho, la defensa del artista ha demandado a elDiario.es con acusaciones falsas sobre la denuncia de las dos mujeres y también a la vicepresidenta Yolanda Díaz por sus comentarios sobre la denuncia.

El fiscal también rechazaba que hubiera una vulneración del derecho de defensa dado que en las diligencias abiertas, el cantante nunca llegó a tener la condición de “sospechoso”, ni la de “investigado o encausado”. Y recordaba que “no se ha practicado diligencia alguna para determinar la naturaleza y circunstancias del hecho o de las personas que en él hayan participado” y que solo se practicaron diligencias para “verificar” si los tribunales españoles tenían jurisdicción para investigar esos hechos. 

Vaitiare Hirshon-Asars conoció a Julio Iglesias a los 17 años. Él, que en ese momento tenía 40 años, quiso acostarse con ella la primera noche, pero la joven le hizo esperar hasta el día en el que cumplió la mayoría de edad. Pasaron más de veinte años y ella decidió revelar el interior de esa relación de seis años en una autobiografía titulada con una metáfora de cómo se sintió junto a él: “A veces me pregunto dónde dejé mis sueños. Me he convertido en tu muñeca de trapo, a veces pienso que la gente no alcanza a verme, siento que las miradas me atraviesan para enfocarse en ti, como si yo fuera de cristal, translúcida”.

Muñeca de trapo. Mi vida con Julio Iglesias (Ediciones B, 2010) llamó la atención por las revelaciones de Hirshon sobre el trato que le daba Julio Iglesias: su forma de controlarla, el sexo compartido con otras mujeres o el consumo de drogas. “Mi papel es el de estar de acuerdo con lo que él diga”, dice ella en el libro.

La autora dio entrevistas con motivo del lanzamiento y en alguna otra ocasión en estos más de quince años, siempre reafirmándose en lo que publicó bajo su nombre en el año 2010. Sin embargo, tras las recientes revelaciones de elDiario.es y Univision sobre las presuntas agresiones sexuales cometidas por Julio Iglesias, Vaitiare se ha desmentido a sí misma: “No era mi historia verdadera”, ha dicho en un programa de televisión. En sus redes sociales, ha dicho que el libro fue “un gran error” del que hablaba ahora porque le parecía “injusto lo que los medios de comunicación han dicho sobre Julio Iglesias”. “Tuvimos un amor espectacular y precioso a lo largo de los años”, añadió.

Un ‘ghost writer’ de prestigio

La exnovia de Julio Iglesias cuenta en el libro que en un viaje a Galicia que no ubica en el tiempo, pero ya hacia el final de la relación, a finales de los 80, acordó verse con él en un hotel. En la habitación, lo encontró “acompañado de una niña de 16 años”. “Me quedo con él y hacemos el amor. Ella sigue en la habitación. Me molesta un poco pero ahora no es asunto mío lo que haga con otras”, escribe.

“Era mentira lo de una niña de 16 años”, aseguró Vaitiare en el plató del programa de Telecinco ¡De viernes!, el 16 de enero de este año, tres días después de la publicación de la exclusiva. En la entrevista, Vaitiare dijo que contrató a “un hombre” que le ayudó a escribir el libro. “Él tenía mis memorias, cambió partes de mi historia y lo hizo a su manera”, dijo. “Yo no entendí lo que hizo con mi historia porque el español siempre ha sido muy limitado para mí. Al final fue un desastre ese libro porque me hizo una víctima y eso es mentira”, añadió.

Vaitiare no mencionó su nombre, pero ese hombre era el periodista, poeta, profesor universitario y crítico literario colombiano Fernando Garavito Pardo —conocido también bajo el heterónimo de Juan Mosca—, quien falleció en un accidente de automóvil el 27 de octubre de 2010, tan solo unos días antes de la publicación de Muñeca de trapo. Fue un trabajo por encargo, lo que en el mundo editorial se conoce como ghost writer.

La participación de Garavito era desconocida hasta ahora incluso para los expertos en su obra, ya que él la llevó a cabo con discreción. Fuentes familiares han confirmado a elDiario.es que el prestigioso autor realizó la redacción del libro a partir del material en español que le proporcionó Vaitiare, aunque no lo firmara.

Garavito vivía exiliado en Estados Unidos debido a las amenazas que recibió por parte de líderes paramilitares en el año 2002 a consecuencia de sus columnas en el periódico El Espectador. En ellas, el articulista presentó al entonces candidato a la presidencia Álvaro Uribe como un “ultraderechista cuya elección podría ser peligrosa para el país”, según explicó el Comité para la Protección de los Periodistas. Tan solo un año antes, Garavito había recibido el máximo galardón del periodismo colombiano, el premio Simón Bolívar.

De él, escribió la profesora en la Universidad Javeriana de Bogotá Maryluz Vallejo que era “difícil pescarle errores” porque era “un escritor con Trastorno Obsesivo Compulsivo por la precisión”. Esa universidad, en la que Garavito estudió Derecho, conserva el fondo documental del escritor y periodista, en el que no se encuentra el material para la confección de Muñeca de trapo. Este quedó en el archivo personal de la familia, que defiende que Garavito “escribió lo que ella le pidió que escribiera”.

Maryluz Vallejo destacó la pulcritud profesional de Garavito en el prólogo de Más que Juan Mosca, Fernando Garavito, escritor y hereje (Editorial Universidad de Antioquia, 2016), un libro biográfico realizado por Edison Marulanda Peña. Marulanda define a Garavito como un hombre “contradictorio, pasional, sensible y tozudo”. “Asumió la escritura en el periodismo literario y de opinión, más que como un oficio, como un arte al que siempre hay que dignificar”, explica a elDiario.es. Su biógrafo destaca de él que fue un “buscador de nuevos lenguajes para nombrar lo que observaba o era motivo de su reflexión: el país”. Garavito quería ayudar a “cambiar” Colombia con su palabra: “Cáustica en la crítica, divertida en los temas que quiso tratar con humor y lúcida en la visión descarnada de los hechos y sus múltiples actores”.

Garavito fue un referente para periodistas, así lo considera la escritora, docente y editora colombiana Patricia Iriarte, quien trabajó con él en el diario La Prensa y la revista Cromos. “Fernando era un editor riguroso no solo para asegurarse de que las notas estuvieran bien escritas sino bien pensadas, bien investigadas y siempre teniendo en cuenta el derecho del lector a recibir una información veraz”, explica a elDiario.es. “Siempre he reconocido en él un maestro, de quien aprendí la importancia de la responsabilidad, de la honestidad y del rigor en el trabajo periodístico”. Iriarte admiraba de él “su valentía intelectual y su integridad en el ejercicio del oficio”.

A pesar de la fama y el prestigio de Fernando Garavito, su participación en el libro de Vaitiare Hirshon se hizo sin publicidad. La editorial, por razones que se desconocen, le acreditó como traductor en la información comunicada a la Agencia Española del ISBN, pero no existe un texto en inglés de este libro.

Según fuentes editoriales conocedoras del proceso de publicación de Muñeca de trapo en Ediciones B (una editorial ahora propiedad de Penguin Random House), Vaitiare Hirshon no se quejó a la editorial “de ningún texto incluido en el libro” ni hubo nunca “ningún problema legal” con él. 

Un hombre “despiadado”

“No soy sino una más entre esos millones de mujeres, una mujer que te acompaña, que te hace el amor, que te quiere, que te sonríe y te escucha y sufre tus infidelidades, tus deseos torcidos, tus dudas y tus preguntas”, escribe Vaitiare en ese libro de alto voltaje confesional.

Según pasan las páginas, Vaitiare le llama “despiadado” y dibuja el control que él ejercía sobre ella. Explica que, cuando se instaló en su casa de Miami, él le dio “instrucciones”: no podía salir sin sujetador ni enseñar el escote en sus vestidos, no podía usar zapatos de más de siete centímetros de tacón ni tampoco un maquillaje llamativo. Él le decía que los tacones eran “de prostituta” y la sombra de ojos y el rouge de las mejillas, “costumbres de prostíbulos”.

Tampoco le permitió, según narra en sus memorias, tomar las decisiones de su incipiente carrera como modelo, que había sido propulsada gracias a la notoriedad que tuvo en las revistas del corazón la relación entre ambos. “Llueven los contratos, pero tú no me dejas aceptarlos”, escribe, como si la voz narrativa le hablara al cantante. Cuando él no le da permiso para realizar un anuncio para una línea de cosmética, ella reacciona así: “Me muero por dentro. ¿Podría hacer el anuncio? Ya no estoy segura. Me siento destruida. Abro mi bolso y recurro a la cajita de los Valium”.

Vaitiare utiliza el alcohol, el Valium y las drogas como “un apoyo en medio de la vorágine”, confiesa. Antes de que ese torbellino envolviera su vida, la autora del libro habla del consumo de drogas junto a Julio Iglesias. Escribe que están en su primera cita, en Tahití, cuando Iglesias “saca un enorme cigarrillo de marihuana”. Él le pregunta “¿te tienta?”, a lo que ella contesta que no, que le disgusta el olor. Él dice: “Prueba un poco” y luego le insiste: “Fuma una sola vez”. Ella accede a la petición: “A él le entusiasmaba mostrarme algo desconocido”.

También se habla de consumo de cocaína, algo que, según ha explicado la autora en diferentes entrevistas, era algo “normal” y que “todo el mundo” hacía en los 80. En un momento avanzado del relato, Vaitiare habla de un hombre con el que mantiene una relación, aunque de igual manera se encuentra con Iglesias intermitentemente. “Sé que traiciono a Jan, que es inocente. Cuando entramos en la habitación siento que soy una miserable. Julio me da cocaína. No quiero aceptar: he estado libre de drogas durante muchos meses. Pero él insiste. Finalmente inhalo la raya”. Ella ya la había probado antes de ese día, según indica en el libro y en las entrevistas. 

Iglesias no manifestó su opinión sobre el libro ni tomó ninguna acción legal. elDiario.es y Univision Noticias le remitieron una serie de preguntas entre las que se incluían algunas sobre el libro de Vaitiare Hirshon, pero no las contestó. En un comunicado posterior, el cantante negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.

Un libro “para dar su versión” y un programa de TV para desmentirlo

Al poco de publicarse el libro, el suplemento La Otra Crónica de El Mundo entrevistó a la actriz y modelo. Ahí, Hirshon no se retractó de lo que había dicho en Muñeca de trapo. Cuando le preguntaron si “sufría por los tríos” que Iglesias le proponía, ella contestó: “Bueno, la mayoría de los hombres tienen esa fantasía pero Julio la podía hacer realidad porque entonces estaba en la cima de su popularidad y encantaba a todas las mujeres”. Sobre las drogas, matizó esto: “Él solo me inició en la marihuana porque ya había probado la cocaína antes”, dijo, y añadió que el consumo de esa sustancia era “muy normal en los 80”. “Nuestra historia se ha contado en las revistas pero yo quería dar mi versión”, añadió.

En diciembre de 2010, también realizó una entrevista con El Periódico de Catalunya. “Le aseguro que cuento la verdad”, afirmó Vaitiare. “Sentí que debía ser honesta y limpiarme para poder empezar de nuevo. Era mi autoterapia por reconciliarme con el pasado y perdonarme los errores”, dijo. Al respecto de compartir las relaciones sexuales con otras mujeres, la actriz contestó: “No era algo que deseaba hacer con él, pero intentó ponérmelo fácil. Siempre me sentí incómoda, pero traté de calmar su deseo”. En esa entrevista, tampoco expresó ninguna disconformidad con el libro que se había lanzado a las librerías un mes antes.

Al día siguiente de la publicación de la exclusiva de elDiario.es y Univision Noticias en la que dos mujeres acusaban a Julio Iglesias de agresiones sexuales, Vaitiare Hirshon realizó una conexión con el programa de Telecinco ¡De viernes! “Es la primera vez que escucho esto, no tengo detalles”, dijo la exnovia del cantante, a pesar de que había recibido por parte de elDiario.es un día antes preguntas específicas sobre estas acusaciones, a las que no respondió. En esa videollamada, lo único que comentó Vaitiare sobre su libro es que su relación de amistad con Iglesias se mantuvo antes y después de la publicación: “Somos amigos, no es el Julio que yo he conocido hace muchos años. Mi relación con Julio nunca cambió, también éramos amigos cuando escribí el libro, somos todos amigos también con su familia”, dijo.

Dos días después, el 16 de enero, Vaitiare voló de Los Ángeles a Madrid para estar presente en el plató de ¡De viernes! Esta intervención se fraguó gracias al trabajo de management de Susana Uribarri, según indicó la invitada en un post. Uribarri representa en su agencia a otras personas del entorno de Julio Iglesias como sus hijos Chábeli Iglesias y Julio Iglesias Junior, su sobrina Tamara Falcó o su amiga Ana Obregón.

De manera sorprendente, y por primera vez 15 años después de la publicación de su libro, Vaitiare dio en el programa un giro radical a su testimonio. Según su nueva versión, el relato que hizo de su relación con Iglesias en Muñeca de trapo es falso, o al menos exagerado. “El hombre —en relación a la persona que según ella tradujo sus memorias al español— cambió cosas pensando que va a vender más porque va a ser más escandaloso, pero yo no entendí lo que estaba haciendo por mi español”, explicó Vaitiare. Añadió que el escritor que hizo la traducción al español, que es la única que se ha publicado, quiso “hacerlo como poesía”.

“Era mentira lo de una niña de 16 años. Lo de las drogas y las mujeres en nuestra cama era totalmente falso”, recalcó. Y aseguró que nunca leyó el libro.

Además de retractarse en el programa, la actriz también lo hizo con un comunicado posterior en sus redes sociales: “Cometí un gran error y asumo la responsabilidad completa”, escribió. “Contraté a un escritor fantasma para ayudarme con mis memorias. Lo que sucedió fue que él creó un libro escandaloso, lleno de falsedades, con el fin de que se vendiera más”, aseguró en el mismo comunicado en el que calificaba de “injusto” lo publicado sobre Iglesias y mostraba su alegría por el archivo de la denuncia de las dos mujeres por parte de la Fiscalía por falta de competencia de la justicia española.

elDiario.es contactó por primera vez con Vaitiare Hirshon en junio de 2024 para solicitarle una entrevista sobre su libro. Cuando supo que sus declaraciones formarían parte de una cobertura más grande en la que empleadas de Julio Iglesias reportaban que él había tenido “un comportamiento no ejemplar”, según se le comunicó para no dar más detalles, declinó la petición de entrevista. Más adelante, en octubre de 2025, este periódico volvió a contactar con ella para insistir en la petición de la entrevista. En un mensaje, se le transmitió a Hirshon que Muñeca de trapo resultaba conmovedor y se le planteaba una conversación sobre el libro, apuntando que quizá no había sido tratado bien en su momento. La autora reaccionó a ese mensaje con un corazón, sin proporcionar una cita para una futura entrevista.

Unos días después, aceptó responder unas preguntas por escrito, pero dejó de contestar cuando se le solicitó una dirección de correo electrónico a la que remitirlas. El 13 de enero de 2026, mismo día de la publicación de la exclusiva de elDiario.es y Univision Noticias, este periódico le remitió una serie de preguntas en relación a su libro a las que no respondió. Tampoco lo hizo a posteriores peticiones de comentarios sobre sus intervenciones en televisión. elDiario.es ha solicitado a su representante, Susana Uribarri, una entrevista con Hirshon, pero no ha sido aceptada.

Julio Iglesias ha presentado una demanda contra elDiario.es y varios periodistas por publicar acusaciones de agresiones sexuales de extrabajadoras suyas tras una investigación de este medio con Univision Noticias. En su demanda de conciliación, cuestiona el proceso periodístico de los medios. Esta es la historia de cómo fue esa investigación.

A las 14:03 del 17 de enero de 2023, llega un mensaje a elDiario.es de un hombre que se identifica con un pseudónimo y asegura conocer de primera mano un caso “bien gordo” de MeToo –así lo define– relativo a un español relevante. No menciona el nombre de esa persona ni da pistas sobre quién es. 

Cuenta que ha visto el Salvados emitido dos días antes en La Sexta sobre las acusaciones de abuso sexual contra Plácido Domingo y que le han llamado la atención mis palabras durante el programa. En un segmento de contexto que precedía los detalles de la investigación de Carola Solé y Eva Lamarca, yo decía que en España no había habido hasta esa fecha trabajos periodísticos sobre abusos equivalentes a los de los grandes medios en Estados Unidos, e insistía en los estándares y la diligencia con que el New York Times o la agencia de noticias AP habían investigado este tipo de casos tan graves y delicados.

El hombre que contacta con elDiario.es habla de manera explícita de que espera un proceso periodístico cuidadoso. En su primer mensaje, dice que no se trata de una información “que se pueda publicar mañana en un periódico”, sino que tiene detalles para “alguien que tenga la voluntad y los recursos de investigar el asunto”. “Ese alguien es a quien estoy buscando”, dice. 

Ander Oliden, director adjunto de elDiario.es, lee el mensaje y ese mismo día se lo reenvía a Elena Cabrera, la redactora jefa de Cultura. Con la habitual precaución en la redacción ante los contactos espontáneos, Ander sugiere que “puede ser algo interesante” y que merece la pena hablar con esta persona. Después de una primera conversación telefónica, Elena le cuenta sus pesquisas. Sí que parece “algo interesante”. 

La primera cita

El 31 de enero de 2023, Elena se cita con el hombre por primera vez en una ciudad que no es Madrid. La periodista sabe de qué se trata, pero apenas tiene detalles hasta ese encuentro. 

El hombre le habla de exempleadas de Julio Iglesias que, según aseguran ellas, han sido víctimas de agresiones sexuales en años recientes (el cantante negó las acusaciones en un comunicado en enero de 2026). Le enseña mensajes y otra documentación, sugiere nombres y posibles pistas. Pero queda claro que ese contacto no equivale a tener una historia corroborada y publicable y puede que nunca suceda. El hombre duda entonces de que las mujeres que han pasado por el trauma que describe estén preparadas para hablar. Tal vez estén dispuestas si se sienten arropadas por otras que puedan haber tenido experiencias similares, pero la reportera debe buscarlas por su cuenta. 

“Elena me contó la historia a principios de 2023, poco después de conocer las primeras pistas. Le dije que iba a ser muy difícil, pero que lo intentase. En aquel momento me parecía casi imposible que pudiéramos llegar a publicar”, explica ahora Ignacio Escolar, el director de elDiario.es. “Entonces solo teníamos un testimonio indirecto. Ni siquiera habíamos podido hablar con ninguna de las mujeres. Había un océano de por medio y me parecía muy difícil contactar con ellas y lograr que nos contaran lo ocurrido”.

En febrero de 2023, Elena empieza a rastrear a empleadas y exempleadas de las mansiones de Julio Iglesias. Tiene ya algunos nombres, busca fotos, lee artículos y libros sobre el cantante, algunos descatalogados que compra en Wallapop. 

Elena encuentra información en perfiles en redes sociales. Por las interacciones –como mensajes y “me gusta”– empieza a darse cuenta de las relaciones entre personas y a recabar más nombres de mujeres que podrían ser potenciales entrevistadas. “No podía saber si tendrían o no un relato de abusos antes de hablar con ellas, pero cuando me hice una idea de cuál era el patrón, entonces pude identificar a las mujeres”, explica ahora la periodista.

Una vez que localiza a algunas de las mujeres que cree han trabajado para Iglesias o conocen las mansiones, Elena manda mensajes privados desde una cuenta con un perfil profesional que la identifica como periodista de elDiario.es. En los mensajes, según recalca ella al recordar el proceso periodístico, también se presenta como reportera de este medio antes de empezar a preguntar. 

Cómo investigar

Después de casi un año de tarea, Elena identifica a más de 30 mujeres que han trabajado en las mansiones de Iglesias de República Dominicana, Bahamas, Estados Unidos y España. Entre ellas, cree que puede haber víctimas o testigos de abusos. Pero durante meses ninguna de esas mujeres acepta una entrevista formal, es decir, que pueda ser grabada y utilizada para la investigación.

Elena, que durante los dos primeros años sigue a cargo de la sección de Cultura a pleno rendimiento y se dedica a esta investigación casi siempre por las noches, conversa a menudo con Ana Requena, redactora jefa de género y responsable de las grandes investigaciones sobre violencia sexual publicadas por el periódico en los últimos años. Según recuerda Ana, hablan sobre cómo acercarse a mujeres que pueden haber sido víctimas de abusos. Se trata, además, de personas especialmente vulnerables por su situación económica, su juventud y su posición jerárquica. Desde el principio, es evidente la diferencia de poder entre una limpiadora veinteañera y uno de los artistas más ricos y mejor conectados del mundo.

Ana ayuda como experta en esta información especialmente sensible y empieza a investigar sobre legislación y asociaciones locales de empleadas domésticas con sus propios contactos en República Dominicana. 

La llamada

Después de varias conversaciones en la primavera de 2024, una mujer acepta contar su historia a cambio de que su nombre y apellidos no sean citados en el artículo. Elena habla por teléfono con ella una noche mientras en su casa en Madrid todos duermen y la mujer está dentro de su coche aparcado junto a un mar. Para los lectores, un día esa mujer será “Rebeca”. 

La primera entrevista formal con Rebeca –es decir, la primera que se puede grabar y cuyo contenido se puede publicar– sucede la noche del 4 al 5 de junio de 2024 por videollamada. 

Las entrevistadoras son Elena Cabrera y Raquel Ejerique, adjunta al director y veterana de las investigaciones periodísticas que destapó el caso del máster de Cristina Cifuentes en 2018. Esa entrevista es la primera de varias sesiones formales hasta la grabada en vídeo en octubre de 2025. Además, hay múltiples conversaciones de preguntas y repreguntas hasta el momento de la publicación, en enero de 2026. Desde la primera hasta la última entrevista, los detalles que cuenta Rebeca son los mismos. 

Las entrevistas 

Desde la primavera de 2024, Elena Cabrera, Ana Requena y Raquel Ejerique trabajan como un equipo para entrevistar a las mujeres y cotejar si hay pruebas de lo que cuentan o contradicciones en sus testimonios. La primera foto de las tres trabajando juntas en la historia es de ese mayo.

En verano, entrevistan a otras mujeres, entre ellas a la identificada en la investigación con el pseudónimo de Carolina, extrabajadora que relata lo que considera explotación laboral. En el trascurso de toda la investigación, al final con más equipo, hablan con más de una docena de mujeres y hombres que han trabajado para el cantante. Estas personas son en algunos casos testigos de situaciones descritas por las mujeres que han contado abusos y en otros dan contexto general o detalles relevantes.

Pero en aquel verano sigue habiendo mucho camino antes de tomar una decisión sobre la publicación: las dudas de contar la historia incluso sin utilizar el nombre real, el miedo de las mujeres a lo que pueda hacer el afectado y el laborioso trabajo de comprobar algunos detalles clave de lo que dicen. 

Raquel Ejerique empieza a elaborar un esquema de lo que llama la “trazabilidad” de la historia. Es un listado que incluye resultados de pruebas ginecológicas –una de las piezas de documentación que más llama la atención–, mensajes, visados y testimonios de otras personas.

Una de las prácticas esenciales, que desarrollamos después con nuestro socio editorial, Univision, consiste en entrevistar a personas a las que esas mujeres les contaron sus experiencias cuando ocurrieron. En algunos casos, se trata de amigos o de profesionales de la psicología que dieron consejos o tratamiento a las mujeres. 

Hablar con estas personas es una forma de corroboración que formalizaron Jodi Kantor y Megan Twohey en su investigación sobre Harvey Weinstein y sobre la que escriben en su libro She Said: se trata de buscar “testimonios previos consistentes” de lo ocurrido que las mujeres dieran a otras personas poco después de los hechos relatados. 

Las reporteras del New York Times explican que testimonios de este tipo sirven como prueba adicional en un trabajo periodístico sobre hechos en los que rara vez hay testigos directos o denuncias formales. Sirve de respaldo que la mujer haya contado lo que sucedió en ese momento a varias personas en un entorno privado y sin más intención que el desahogo. 

Es habitual que en estos casos no existan denuncias policiales, especialmente en contextos donde, por el país donde ocurren los hechos o por el perfil de poder de la persona en cuestión, las mujeres tienen pocas expectativas de justicia. 

“Las supervivientes recurren a los periodistas para obtener lo que creen que los tribunales les niegan, es decir, una audiencia justa. Verificar los hechos en el periodismo incluye, además, el derecho del acusado a responder. Antes de publicar, se le llama y se le da la oportunidad”, explica a elDiario.es Leigh Gilmore, profesora y autora de un libro sobre la historia del MeToo. 

Gilmore recuerda que aunque en 2017 las redes sociales ofrecieron un desahogo para muchas supervivientes con la etiqueta de #MeToo, en Estados Unidos “los grandes casos que la gente conoce fueron revelados por periodistas: Julie Brown del Miami Herald publicó la historia de Jeffrey Epstein; los periodistas del Indianapolis Star publicaron la historia de Larry Nassar… Esa forma de practicar el periodismo –y ciertamente no todos los medios lo practican así– ofreció a muchas supervivientes la mejor oportunidad de presentar una historia verificada en el espacio público”.

La primera entrevista de elDiario.es con la fisioterapeuta que en el artículo se identifica como Laura sucede en enero de 2025. Elena la entrevista por primera vez de manera formal en dos conversaciones largas, una el 11 de enero y otra el 22 de febrero de ese año. 

Las reporteras tienen más pistas y siguen investigando, pero queda trabajo por hacer y es necesario tener más ayuda fuera de España.

La alianza con Univision

El director de elDiario.es, consciente de la dimensión de una historia así, sugiere buscar otro medio periodístico internacional para compartir y completar la investigación. 

El 11 de marzo de 2025, me llama José Precedo, adjunto al director de elDiario.es, y me pide que utilice mis contactos para buscar un medio en el mundo anglosajón que nos acompañe para completar y publicar la historia. 

El 21 de marzo tengo la primera conversación formal con Federica Narancio y Esther Poveda, reporteras del equipo digital de Univision Noticias, ganadoras de prestigiosos premios periodísticos y con las que trabajé en Estados Unidos hace una década en ese medio cubriendo la política nacional, incluida la primera campaña presidencial de Donald Trump. 

Lo que busca elDiario.es es un medio de mayor tamaño y de fuera de España, preferentemente de Estados Unidos, por su cercanía a la historia y sus estándares periodísticos. Cuando Federica, Esther y José Ángel Gonzalo, responsable del equipo digital de Univision, conocen más detalles, crece su interés por participar en la tarea periodística. Daniel Coronell, periodista de investigación y responsable entonces de la dirección informativa de Univision, se involucra y le da el respaldo necesario al trabajo editorial.

En junio de 2025, antes de firmar el acuerdo de colaboración con Univision, Elena viaja a República Dominicana y Bahamas para conocer en persona a algunas de las mujeres con las que lleva hablando a distancia durante más de un año. Hace más entrevistas y más contactos. 

Para entonces está también en el equipo Izaskun Pérez, directora audiovisual de elDiario.es. Una noche, seguimos a distancia los movimientos de Elena con la localización del móvil compartida en vivo y así sabemos dónde está haciendo las entrevistas. Nos relata sus impresiones en directo y también los miedos de las mujeres al hablar de algo tan sensible que afecta a alguien tan poderoso. 

La investigación conjunta

Ese verano entra a trabajar codo con codo también el equipo de televisión de Univision, liderado por Gerardo Reyes, periodista de investigación y co-ganador del Premio Pulitzer a la mejor investigación cuando era reportero en el Miami Herald. El Pulitzer es uno de los muchos galardones de su carrera.

Al final del verano Univision ayuda a hacer más trabajo para completar la historia, repasando y complementando los testimonios y la documentación que ya tenemos. Gerardo y el resto del equipo encuentran más fuentes en una intensa labor de reporterismo y corroboración.

El equipo legal de Univision exige una comprobación de todos los datos disponibles, y también volver a entrevistar a las mujeres afectadas, un punto que cuesta semanas de negociación por tratarse de un asunto delicado. Las mujeres tienen que volver a compartir detalles desagradables y, en cierto sentido, revivir la historia que ya han contado varias veces a las reporteras de elDiario.es. Lo vuelven a hacer por videollamada con ambos equipos en septiembre. 

A partir de entonces, el equipo editorial de elDiario.es y Univision hacen las llamadas, entrevistas y comprobaciones de manera conjunta. En las entrevistas, a menudo participan personas de los dos medios. En las pocas ocasiones en las que no es así, se comparten transcripciones, grabaciones y notas.

En octubre de 2025, los equipos de elDiario.es y Univision viajan juntos para volver a hacer entrevistas y grabarlas en vídeo. En ese momento, dos de las mujeres ya tienen sus propias abogadas. 

Ante el temor que sienten al compartir su testimonio, dos de las entrevistadas son remitidas a una organización internacional de derechos humanos, Women's Link Worldwide. Las mujeres aceptan este asesoramiento legal por decisión propia y sin participación de los medios. Después de que esta organización hable con sus representadas al margen de los medios, las mujeres deciden emprender acciones legales y presentar una denuncia ante la fiscalía de la Audiencia Nacional en España poco antes de la publicación de la investigación periodística.

El doblaje para proteger 

Las abogadas de dos de las mujeres entrevistadas por elDiario.es y Univision establecen condiciones para las entrevistas en otoño ante las cámaras. Además de no utilizar su nombre y su imagen de manera reconocible, las mujeres no quieren que se difundan en público sus voces. Aceptan que se graben sus manos o su silueta, pero no quieren que se escuche su voz en los vídeos que se publiquen.

Las opciones de distorsionar la voz o utilizar inteligencia artificial no les convencen porque temen que sean reversibles o que el resultado tenga un aire turbio. Prefieren que sean mujeres reales quienes doblen su voz. 

El equipo de Univision, con amplia experiencia en proteger en sus entrevistas a cámara a migrantes o personas vulnerables a la persecución y el acoso en contextos difíciles, busca a profesionales expertas en doblaje que pongan voz a los testimonios palabra por palabra y con la misma entonación de las grabaciones originales, incluidas las pausas, las dudas y los lloros que a veces interrumpen el relato. En los vídeos publicados se indica que se ha usado el doblaje para la protección de las mujeres.

Esta es una práctica periodística habitual para proteger a personas que pueden estar en peligro por dar su testimonio, como hizo el premiado medio estadounidense de investigación ProPublica en su reportaje sobre civiles asesinados por comandos de la CIA en Afganistán y en el documental que hizo después con The New Yorker, la propia Univision con entrevistas a trabajadores explotados en una planta de patatas en Texas, o el periodista español Antonio Pampliega en su pódcast sobre el narcotráfico en la Costa del Sol. Productores de la radio de la BBC están prestando su voz estos días a testimonios de iraníes que siguen en su país.

Las entrevistas completas con las mujeres protagonistas, como las anteriores, están grabadas y transcritas. Se trata de entrevistas extensas. Las que hace Gerardo en cámara a Rebeca y a Laura duran unas tres horas cada una.

Durante el viaje de ambos medios, los equipos hacen más entrevistas, también con extrabajadores hombres, entre ellos algunos que han denunciado al cantante por disputas laborales. Los extrabajadores cuentan haber recibido insultos y se quejan de situaciones que describen como abuso laboral. Comparten su documentación de esos procesos legales y los equipos entrevistan a uno de sus abogados.

No se paga por información

Ni las mujeres piden dinero a los medios a cambio de su testimonio ni elDiario.es ni Univision se lo ofrecen. La publicación Okdiario aseguró hace unas semanas que “el entorno” de Julio Iglesias tiene “pruebas” de que “se ofreció dinero a varias empleadas” para que declararan en su contra. Las periodistas encargadas de la investigación recalcan que eso no sucedió. 

“Nunca he ofrecido ni dinero ni ninguna compensación de tipo alguno por una entrevista. Ni en esta investigación ni en ninguna otra. Ni ninguna de las mujeres a las que he entrevistado para esta historia me lo ha pedido en ninguna ocasión”, explica Elena Cabrera. “Podemos invitar a un café o a una comida, lo cual entiendo como una cortesía normal para alguien que te está dando su tiempo, pero ofrecer dinero a cambio de una entrevista retuerce la relación de confianza entre el periodista y la fuente, y te puede hacer dudar de la veracidad de lo que te cuenta. Por eso no se hace”.

Durante la investigación, una fuente –que no es ninguna de las mujeres– sí solicita dinero como compensación por un posible viaje para encontrar más testimonios, pero Elena le contesta que eso no es posible por los estándares éticos del periódico.

Cualquier petición de dinero a cambio de información va en contra del código ético de elDiario.es y Univision. La única petición recurrente de las mujeres y otros testigos es que se preserve su identidad y su seguridad. 

“En elDiario.es nunca pagamos a las personas que entrevistamos o a las fuentes por información. En ningún caso: ni en esta investigación ni en ninguna otra. Es un criterio ético que también está reflejado en nuestro estatuto”, explica Ignacio Escolar. 

“elDiario.es no compra información: paga a los periodistas, pero nunca a las fuentes. Lo hace así para no fomentar la fabricación de información falsa y el mercadeo de datos obtenidos ilegalmente”, dice el artículo 68 del estatuto.

La revisión de las piezas

Al final del otoño, sigue el proceso de comprobación de los artículos y empieza el del material audiovisual. Durante semanas, las periodistas de elDiario.es y Univision repasamos cada palabra de cada frase para no asumir acusaciones sin pruebas, nos preguntamos sobre fechas, nos aseguramos de que los detalles coinciden en las múltiples entrevistas hechas durante años y de que las citas son literales. Comprobamos los nombres de los lugares, las edades de ellas y lo que recuerdan. 

Nos preguntamos sobre cada detalle que no encaja hasta el último momento, y conseguimos dar respuesta incluso a algunos irrelevantes para la historia.

En ese proceso, también repreguntamos a las mujeres entrevistadas y pedimos más información a las abogadas que las representan. Por ejemplo, se incluyen los textos de los mensajes que Rebeca envió cuando ya no estaba en la casa de Julio Iglesias diciéndole que le “quería mucho” y le pedimos a ella que vuelva a explicar por qué lo hizo. Rebeca cuenta a elDiario.es y Univision que en un momento pensó en reunir pruebas del abuso que cuenta que sufrió y que al poco desistió y trató de olvidar. Los mensajes de Rebeca y sus explicaciones están incluidos desde el principio en la primera información publicada por elDiario.es y Univision.

Parte del trabajo consiste en dar contexto a las situaciones y medir las palabras en este tipo de información. Ana Requena guía a los equipos para cuidar cada frase teniendo en cuenta las connotaciones de las expresiones y los prejuicios sobre las mujeres en este contexto. A veces, hay diferencias de tradiciones periodísticas o incluso del uso del español en España y en Estados Unidos.

Las sesiones de revisión de los textos y fact-checking se repiten durante meses y llegan hasta las últimas horas antes de la publicación. Cada texto lo leen y comentan las tres reporteras principales, además de varios jefes y Natalia Chientaroli, subdirectora y jefa durante años de la sección de Sociedad. Durante ese proceso, yo reviso los textos línea a línea en sus múltiples versiones, comprobando hasta dónde es posible cada hecho con la documentación que tenemos, las transcripciones de las entrevistas y otras fuentes.

Artículos y vídeos pasan la revisión legal de nuestro abogado en elDiario.es y de las abogadas de Univision, que hacen sus propios comentarios. Después, las autoras y yo leemos en voz alta los textos por videollamada para comentar y volver a revisar con las reporteras Federica Narancio y Esther Poveda y, en el caso del programa de televisión, también con Gerardo Reyes y Margarita Rabin, la productora ejecutiva. Estas sesiones de lectura suceden hasta finales de diciembre. Los retoques son continuos.

Horas y horas de llamadas

Cumpliendo con nuestro deber ético, intentamos obtener la versión de Julio Iglesias el 2 de enero de 2026, es decir, 11 días antes de la publicación de la primera historia. 

Elaboramos un cuestionario muy detallado para que el afectado tenga la oportunidad de contestar a las acusaciones concretas de las mujeres y de los hombres que hemos entrevistado. 

Elena marca el número de Julio Iglesias por primera vez ese 2 de enero a las 15:13, hora de Madrid (09:13 en la Costa Este de Estados Unidos, 10:13 en República Dominicana). Comprobamos el número de móvil de Iglesias por varias fuentes, y también llamamos a teléfonos fijos de sus residencias. Ese día pasamos más de cuatro horas seguidas llamando a Iglesias, a varios representantes legales y a las responsables de la gestión de las empleadas que también están citadas en la historia. Lo hacemos en una sesión conjunta entre elDiario.es y Univision, con el equipo conectado desde Madrid, Cuenca, Miami y Washington. 

Esa noche, Russell King, abogado de Iglesias desde hace años y uno de los pocos que contesta al teléfono, confirma por email que está autorizado como representante legal para recibir información sobre las preguntas que queremos hacer a Iglesias.

El 5 de enero pasamos otras cinco horas seguidas de llamadas y mensajes. Entre las pocas personas que contestan está una de las antiguas responsables de la gestión de la casa, que no responde a las preguntas concretas que le hacemos, pero elogia a Iglesias y define como “patrañas” las acusaciones de otras extrabajadoras.

Esos dos días y los siguientes, dejamos mensajes de voz, de texto y de WhatsApp, y mandamos el cuestionario por mensajero. Gerardo Reyes lo lleva en mano a las residencias de Iglesias en Indian Creek, una islita enfrente de Miami, y en Punta Cana, República Dominicana. 

Antes de la publicación, tenemos registrados (con su hora exacta) más de 80 contactos o intentos de contacto por teléfono, email y carta con Iglesias y las personas afectadas. En ese tiempo ni Iglesias ni sus abogados contestan a las preguntas ni hacen ningún comentario a elDiario.es o a Univision. 

Después de la publicación, lo seguimos intentando sin éxito. Incluimos a posteriori en las piezas de texto y en los vídeos el comunicado publicado en la cuenta de Instagram de Iglesias unos días después. El texto, que incluye su firma, dice en primera persona que nunca ha “abusado, coaccionado o faltado el respeto” a ninguna mujer y que las acusaciones son falsas.

El 13 de enero de 2026, a las cinco de la mañana hora peninsular, la historia se publica de manera simultánea en elDiario.es y Univision. El hombre que nos contactó ya nos avisó de que esta noticia no se podía publicar de la noche a la mañana. Nos llevó casi tres años.

Puedes leer más sobre esta investigación en nuestro especial.

Aquí puedes leer la versión de este artículo en inglés.

Julio Iglesias filed a legal complaint against elDiario.es and several journalists for publishing accusations of sexual assault from former employees following an investigation by this outlet with Univision Noticias. In his legal complaint, he questioned the journalistic process. This is the story of how that investigation unfolded.

At 2:03 PM on January 17, 2023, elDiario.es received a message from a man who identified himself with a pseudonym and claimed to have firsthand knowledge of a “really big” MeToo case—as he described it—involving a prominent Spaniard. He did not mention the person's name or provide any clues on their identity.

He said he had seen the program Salvados aired two days earlier on La Sexta about the sexual abuse allegations against Plácido Domingo, and that my words during the program caught his attention. In a segment for context that preceded the details of the investigation by Carola Solé and Eva Lamarca, I said that in Spain there had been no journalistic investigation on abuses equivalent to those by the major media outlets in the United States up to that point. I highlighted the standards and diligence with which the New York Times and the AP news agency had investigated these kinds of serious and sensitive cases.

The man who contacted elDiario.es explicitly said that he expected a careful journalistic process. In his initial message, he said that this wasn't information “that could be published in a newspaper tomorrow,” but rather that he had details for “someone with the will and resources to investigate the matter.” “That someone is the one I'm looking for,” he said.

Ander Oliden, deputy director of elDiario.es, read the message and forwarded it that same day to Elena Cabrera, the head of the Culture section. With the usual caution in the newsroom regarding unsolicited contacts, Ander suggested that “it could be something interesting” and that it was worth speaking with this person. After an initial phone conversation, Elena told him what she found. It didn’t seem “something interesting.”

The first meeting

On January 31, 2023, Elena met the man for the first time in a city other than Madrid. The journalist knew what was about, but had few details until that meeting.

The man told her about former employees of Julio Iglesias who, according to them, had been victims of sexual assault in recent years (the singer denied the accusations in a statement in January 2026). He showed her messages and other documentation, suggesting names and possible leads. But it was clear that this contact didn’t equate to having a corroborated, publishable story. It may never happen. The man then doubted that the women who had experienced the trauma he described were ready to speak. Perhaps they would be willing if they felt supported by others who may have had similar experiences, but the reporter must find them on her own.

“Elena told me the story in early 2023, shortly after receiving the first leads. I told her it was going to be very difficult, but to try. At that time, it seemed almost impossible that we would ever be able to publish it,” explained Ignacio Escolar, the director of elDiario.es. “Back then, we only had indirect testimony. We hadn't even been able to speak with any of the women. There was an ocean between us, and it seemed very difficult to contact them and get them to tell us what had happened.”

In February 2023, Elena began tracking down current and former employees of Julio Iglesias's mansions. She already had some names, searched for photos, and read articles and books about the singer, some of them out-of-print, which she bought on Wallapop.

Elena found information on social media profiles. Through interactions—such as messages and “likes”—she began to understand the relationships between people and gathered more names of women who could be potential interviewees. “I couldn't know whether or not they would have a story of abuse before speaking with them, but once I got an idea of what the pattern was, then I was able to identify the women,” she explained.

Once she located some of the women she believed have worked for Iglesias or knew the mansions, Elena sent private messages from an account with a professional profile that identifies her as a journalist for elDiario.es. In the messages, as she emphasized when recalling the journalistic process, she also introduced herself as a reporter for this publication before beginning to ask questions.

How to investigate

After nearly a year of research, Elena identified more than 30 women who had worked in Iglesias's mansions in the Dominican Republic, the Bahamas, the United States, and Spain. She believed there may be victims or witnesses of abuse among them. But for months, none of these women agreed to a formal interview—one that could be recorded and used for the investigation.

Elena, who for the first two years continued to run the Culture section and dedicated herself to this research almost always at night, often talked with Ana Requena, head of gender affairs and responsible for major journalist investigations on sexual violence published by the newspaper in recent years. As Ana recalled, they discussed how to approach women who may have been victims of abuse. These are also women who are especially vulnerable due to their economic situation, their youth, and their hierarchical position. From the beginning, it’s clear the power imbalance between a twenty-something cleaning woman and one of the richest and best connected artists in the world.

Ana helped as an expert on this particularly sensitive information and began to investigate legislation and local associations of domestic workers with her own contacts in the Dominican Republic.

The call

After several conversations in the spring of 2024, a woman agreed to tell her story on the condition that her name not be used in the article. Elena spoke to her on the phone one night while everyone else in her Madrid home was asleep. The woman was in her car, parked by the sea. For readers, one day that woman will be known as “Rebeca.”

The first formal interview with Rebeca – that is, the first one that can be recorded and whose content can be published – took place on the night of June 4-5, 2024 via video call.

The interviewers were Elena Cabrera and Raquel Ejerique, senior editor and investigative journalist who uncovered the scandal about the master's degree case of Cristina Cifuentes in 2018. That interview was the first of several formal sessions up to the one recorded on video in October 2025. In addition, there were multiple conversations with follow-up questions until the time of publication, in January 2026. From the first to the last interview, the details that Rebeca recounts are the same.

The interviews

In the spring of 2024, Elena Cabrera, Ana Requena, and Raquel Ejerique started working as a team to interview women and verify their accounts, checking for evidence or contradictions. The first photo of the three working together in this story was taken that May.

In the summer 2024, they interviewed other women, including the one identified in the investigation with the pseudonym Carolina, a former employee who recounted what she considers to be labor exploitation. Throughout the investigation, and eventually with a larger team, they spoke with more than a dozen women and men who had worked for the singer. These individuals were, in some cases, witnesses to situations described by the women who reported abuse. In other cases, they provided general context or relevant details.

But that summer there was still a long way to go before making a decision about publishing: the doubts about telling the story even without using the real name, the women's fear of what the affected person might do, and the laborious work of verifying some key details of what they said.

Raquel Ejerique began to develop a framework for what she calls the “traceability” of history. It is a list that includes results from gynecological tests–one of the most striking pieces of documentation–, messages, visas and testimonies from other people.

In investigations like this one, one essential practice, which we later developed with our publishing partner, Univision, involves interviewing people to whom these women recounted their experiences when they occurred. In some cases, these are friends or mental health professionals who provided advice or treatment to the women.

Speaking with these people is a form of corroboration that Jodi Kantor and Megan Twohey formalized in their investigation of Harvey Weinstein and about which they write in their book She Said. The aim is to find “consistent prior testimonies” of what happened that the women gave to other people shortly after the events described.

The New York Times reporters explained that testimonies of this kind serve as additional evidence in journalistic work about events where there are rarely direct witnesses or formal complaints. In terms of credibility, it matters that the woman recounted what happened to several people in a private setting, with no other intention than to vent her feelings.

It is common for these cases to go unreported to the police, especially in contexts where, due to the country where the events occur or the power profile of the person in question, women have little expectation of justice.

“Survivors turn to journalists to obtain what they believe the courts are denying them: a fair hearing. Fact-checking in journalism also includes the accused's right to respond. Before publishing, they are contacted and given the opportunity,” she explained to elDiario.es Leigh Gilmore, professor and author of a book about the history of MeToo. 

Gilmore recalled that although in 2017 social media offered an outlet for many survivors with the #MeToo hashtag, in the United States “the big cases that people know about were revealed by journalists: Julie Brown’s The Miami Herald published the Jeffrey Epstein story; journalists from The Indianapolis Star published Larry Nassar's story… That way of practicing journalism—and certainly not all media outlets practice it that way—offered many survivors the best opportunity to present a verified story in the public sphere.”

The first interview by elDiario.es with the physiotherapist identified as Laura in the article took place in January 2025. Elena interviewed her formally for the first time in two long conversations, one on January 11 and the other on February 22 of that year.

The reporters had more leads and kept investigating, but there was still work to be done and more help from outside Spain was needed.

The alliance with Univision

The editor-in-chief of elDiario.es, aware of the magnitude of the story, suggested seeking another international news outlet to share and complete the investigation.

On March 11, 2025, José Precedo, deputy to the editor-in-chief of elDiario.es, called me and asked me to use my contacts to find a media outlet in the English-speaking world to join us in completing and publishing the story.

On March 21, I had my first formal conversation with Federica Narancio and Esther Poveda, reporters from the Univision News digital team and winners of prestigious journalism awards. I had worked with them in the United States a decade ago in Univision covering national politics, including Donald Trump's first Presidential campaign.

What elDiario.es was looking for was a larger media outlet from outside Spain, preferably from the United States, due to its proximity to the story and its journalistic standards. When Federica, Esther, and José Ángel Gonzalo, head of the Univision digital team, learned more details, their interest in participating in the journalistic endeavor grew. Daniel Coronell, an investigative journalist and then head of news at Univision, got involved and provided the necessary support for the editorial work.

In June 2025, before signing the collaboration agreement with Univision, Elena traveled to the Dominican Republic and the Bahamas to meet in person some of the women she had been speaking with remotely for over a year. She conducted more interviews and made more contacts.

By then, Izaskun Pérez, audiovisual director of elDiario.es, was also on the team. One night, we remotely tracked Elena's movements using her mobile phone's location shared live, so we knew exactly where she was conducting the interviews. She shared her impressions at the moment with us, as well as the fears women have when talking about something so sensitive that affects someone so powerful.

The joint investigation

That summer, we were joined too by the Univision television team, led by Gerardo Reyes, investigative journalist and co-winner of the Pulitzer Prize for Best Investigation when he was a reporter at the Miami Herald. The Pulitzer Prize is one of the many awards in his career.

At the end of the summer, Univision helped to complete the story, reviewing and adding to the testimonies and documentation we already had. Gerardo and the rest of the team found more sources through intensive reporting and verification.

Univision's legal team asked for a review of all available documents and re-interviewing the affected women. That’s a point that took weeks of negotiation due to the sensitive nature of the matter. The women had to share again unpleasant details and, in a way, relived the story they had already told several times to reporters from elDiario.es. They did so again via video call with both teams in September.

From then on, the editorial teams of elDiario.es and Univision conducted the calls, interviews, and fact-checks jointly. Interviews often involved people from both outlets. On the rare occasions when this wasn't the case, transcripts, recordings, and notes were shared.

In October 2025, teams from elDiario.es and Univision traveled together to conduct further interviews and record them on video. By that time, two of the women already had their own lawyers.

Due to their fear of sharing their testimony, two of the interviewees were referred to an international human rights organization Women's Link Worldwide. The women accepted this legal advice of their own volition and without media involvement. After this organization spoke with its clients privately, the women decided to take legal action and file a complaint with the National Court prosecutor's office in Spain shortly before the publication of the journalistic investigation.

Protection of sources

The lawyers for two of the women interviewed by elDiario.es and Univision set conditions for the on-camera interviews in the fall of 2025. In addition to not using their names or images in a recognizable way, the women did not want their voices broadcast publicly. They agreed to having their hands or silhouettes recorded, but they did not want their voices heard in the published videos.

The options of distorting the voice or using artificial intelligence didn't appeal to them because they feared the effects might be reversible or the result might sound shady. They preferred real women to dub their voices.

The Univision team, with extensive experience in protecting migrants and vulnerable individuals from persecution and harassment in challenging contexts during on-camera interviews, seeked professional voice-over artists to accurately reproduce the testimonies word for word and with the same intonation as the original recordings, including the pauses, hesitations, and tears that sometimes interrupt the narrative. The published videos indicated that the voice-over was used to protect the women.

This is a common journalistic practice to protect people who may be in danger for giving their testimony. The award-winning US investigative media outlet ProPublica did it in its report on civilians killed by CIA commandos in Afghanistan and in the documentary that he made afterwards with The New Yorker. Univision itself did it with interviews from exploited workers in a potato plant in Texas. Another example is the Spanish journalist Antonio Pampliega in his podcast about drug trafficking on the Costa del Sol. More recently, producers of BBC Radio are lending their voices to testimonies from Iranians who remain in their country.

The complete interviews with the women, like the previous ones, were recorded and transcribed. They are long interviews. Gerardo's on-camera interviews with Rebeca and Laura each lasted about three hours.

During the trip, both media outlets conducted more interviews, including with former male employees, among them some who filed a complaint against the singer due to labor disputes. The former employees reported having been insulted and complained of situations they described as workplace abuse. They shared their documentation of these legal proceedings, and the teams interviewed one of their lawyers.

Neither the women ask the media for money in exchange for their testimony, nor do elDiario.es or Univision offer it to them. The publication Okdiario a few weeks ago claimed that Julio Iglesias's inner circle had “proof” that “several employees were offered money” to testify against him. The journalists in charge of the investigation emphasized that this did not happen.

“I have never offered money or any kind of compensation for an interview. Not in this investigation, nor in any other. Nor has any of the women I have interviewed for this story ever asked me for it,” explained Elena Cabrera. “We can invite someone for coffee or a meal, which I consider a normal courtesy for someone who is giving you their time, but offering money in exchange for an interview undermines the relationship of trust between the journalist and the source, and can make you doubt the veracity of what they tell you. That's why it's not done.”

During the investigation, a source – who is not one of the women – did request money as compensation for a possible trip to find more testimonies, but Elena replied that this was not possible due to the newspaper's ethical standards.

Any request for money in exchange for information violates the ethical code of elDiario.es and Univision. The only recurring request from the women and other witnesses was that their identity and safety be protected.

“At elDiario.es we never pay the people we interview or our sources for information. Under no circumstances: not in this investigation nor in any other. It is an ethical principle that is also reflected in our statutes,” explained Ignacio Escolar.

“elDiario.es does not buy information: it pays journalists, but never sources. It does this to avoid encouraging the fabrication of false information and the marketing of illegally obtained data,” said the Article 68 of the statute.

The fact-checking

At the end of autumn, the process of verifying the articles continued, and the process of verifying the audiovisual material began. For weeks, the journalists from elDiario.es and Univision reviewed every word of every sentence to avoid making accusations without proof. We asked ourselves about dates, ensured that the details match across the numerous interviews conducted over the years, and verified that the quotes are verbatim. We checked the names of places, the women's ages, and what they remember.

We questioned every detail that didn't fit until the very last moment, and we even managed to answer some that were irrelevant to the story.

In that process, we also followed up with the women interviewed and requested more information from their lawyers. For example, we included the text messages Rebeca sent after she left Julio Iglesias's house, telling him she “loved him very much,” and asked her to explain again why she did so. Rebeca told elDiario.es and Univision that at one point she considered gathering evidence of the abuse she claims to have suffered, but soon after decided against it and tried to forget. Rebeca's messages and her explanations were included from the beginning in the first report published by elDiario.es and Univision.

Part of the job involved providing context to situations and carefully choosing words in this type of reporting. Ana Requena guided the teams to craft each sentence with care, considering the connotations of expressions and the prejudices against women in this context. Sometimes, there were differences in journalistic traditions or even in the use of Spanish in Spain and the United States.

The review and fact-checking lasted for months and continued until the final hours before publication. Each piece was read and discussed by the three main reporters, as well as several editors and Natalia Chientaroli, deputy editor and longtime head of the social issues desk. During this process, I reviewed the texts line by line in their multiple versions, verifying each fact as far as possible with the documentation we have, the interview transcripts, and other sources.

Articles and videos underwent legal review by our lawyer at elDiario.es and by Univision's lawyers, who provided their own feedback. Afterward, the authors and I read the texts aloud via video call to discuss and review them further with reporters Federica Narancio and Esther Poveda, and, in the case of the television program, also with Gerardo Reyes and Margarita Rabin, the executive producer. These reading sessions continue until the end of December. Reviews were ongoing until the end.

Calling for hours

In compliance with our ethical duty, we attempted to obtain Julio Iglesias's version on January 2, 2026, that is, 11 days before the publication of the first story.

We prepared a very detailed questionnaire so that he had the opportunity to respond to the specific accusations of the women and men we have interviewed.

Elena dialed Julio Iglesias's number for the first time on January 2nd at 3:13 PM Madrid time (9:13 AM in the US East Coast, 10:13 AM in the Dominican Republic). We verified Iglesias's mobile number through several sources and also called landlines at his residences. 

That day, we spent more than four consecutive hours calling Iglesias, several legal representatives, and the managers of the employees who are also mentioned in the story. We did this together with journalists from elDiario.es and Univision, with the team connected from Madrid, Cuenca, Miami, and Washington.

That night, Russell King, Iglesias' lawyer for years and one of the few people who answered our calls, confirmed by email that he was authorized as a legal representative to receive information about the questions we wanted to ask Iglesias.

On January 5th, we spent another five hours on calls and messages. Among the few people who answered was one of the former managers of the house, who didn't respond to our specific questions but praised Iglesias and dismissed the accusations of other former employees as “lies.”

During those two days and the following ones, we left voice messages, text messages, and WhatsApp messages, and sent the questionnaire by courier. Gerardo Reyes personally delivered it to Iglesias's residences in Indian Creek, a small island across from Miami, and in Punta Cana, Dominican Republic.

Before publication, we listed (with their exact time) more than 80 contacts or attempted contacts by phone, email, and letter with Iglesias and the affected individuals. During that time, neither Iglesias nor his lawyers responded to questions or made any comments to elDiario.es or Univision.

After the publication, we continued trying without success. We later included in the text pieces and videos the statement published on Iglesias's Instagram account a few days later. The text, which includes his signature, says using the first person that he has never “abused, coerced or disrespected” any woman and that the accusations are false.

On January 13, 2026, at five in the morning in Spain, the story was published simultaneously in elDiario.es and Univision. The man who contacted us warned us that this news couldn't be published overnight. It took us almost three years.

You can read here this article in Spanish.

Fue el juicio con más impacto de los últimos años. Johnny Depp y Amber Heard se sentaban frente a frente en un tribunal de Virginia (EEUU) después de que el actor la demandara por haber publicado un artículo en The Washington Post en el que se reconocía como víctima de violencia machista sin mencionar ningún nombre. Tras el juicio, Heard fue condenada a pagarle al que fuera su pareja durante siete años 15 millones de euros por difamación. El caso se convirtió en un auténtico fenómeno atravesado por una intensa campaña de desprestigio hacia ella en redes sociales, que viralizaron la idea de que había mentido y que, en realidad, ella era la agresora. Ocurrió en 2022. Cuatro años después, Depp es presentado en los medios como actor “camaleónico” que prepara su regreso a Hollywood. Heard, alejada de la industria, reapareció hace un mes en el festival de cine Sundance, en Utah: “He perdido la capacidad de hablar”, dijo.

La actriz acudió al estreno de Silenced, un documental que aborda varios casos de “acoso judicial” a través de demandas millonarias por difamación interpuestas por hombres acusados de violencia sexual en los últimos años. Es una de las patas de lo que pensadoras y activistas feministas están planteando como una contraofensiva tras los avances vividos en la última década, marcada por una ruptura histórica del silencio en torno a la violencia sexual que aún permanece, pero que se enfrenta a una reacción. La periodista colombiana Catalina Ruiz-Navarro, creadora de la revista Volcánicas, cree que la demanda de Depp contra Heard fue el punto de inflexión: “Le envió un mensaje a las denunciantes de todo el mundo”.

“Está ocurriendo ya. Es una ofensiva patriarcal grande porque, sin duda, la liberación de la palabra de las mujeres fue enorme. Y no solo de ellas, también de las diversidades y niños y jóvenes abusados en su infancia”, apunta la argentina Luciana Peker, que acaba de publicar La odiocracia (Libros del KO). La periodista, exiliada en España por las amenazas sufridas tras seguir la denuncia por violación de la actriz Thelma Fardín contra Juan Darthés, que fue condenado, recuerda que hace unos años “hubo un momento de conciencia colectiva” y de “consenso” que hoy “está roto” debido al factor decisivo del ascenso de una extrema derecha que desprecia el feminismo.

En España, aquel momento tuvo su eclosión en 2016 con la violación de 'la manada' en los Sanfermines –de la que este verano se cumplen diez años– y las movilizaciones feministas alrededor del caso. Casi al mismo tiempo, el MeToo estallaba en Estados Unidos logrando consolidar una conversación global sin precedentes. Antes, en 2015, las argentinas ya habían enarbolado su Ni Una Menos y la ola alcanzaba a varios países latinoamericanos. El punto culmen llegó con las huelgas del 8M de 2018 y 2019, de las que este domingo se cumplen siete y ocho años, en un momento de enorme efervescencia feminista. Todo ello confluyó y actuó como un catalizador: por primera vez, había una toma de conciencia colectiva sobre la magnitud de la violencia sexual que viven las mujeres, que empezaban a contarlo.

Apenas han pasado unos pocos años, pero esa etapa parece lejana en el tiempo por lo mucho que ha cambiado el escenario: “En aquel momento se empezó a hablar de violencia sexual, que había sido ignorada e históricamente naturalizada e invisibilizada. Comenzó así un recorrido social, político y mediático que abrió unas ventanas de oportunidad que situaron en la agenda la violencia sexual como algo incuestionable. Al principio fue una demanda más general, pero luego hubo un señalamiento de quienes la ejercen de manera concreta. El sistema se ha revuelto de forma proporcional a cómo se ha avanzado”, explica Bárbara Tardón, una de las voces que más tiempo lleva estudiando la violencia sexual.

Objetivo: disciplinar

Como parte de esta reacción, las expertas identifican varias estrategias que buscan “acallar a las mujeres que hablaron o a quienes las defendieron”, apunta Peker. Entre ellas, una “intensificación” del acoso en redes sociales, precisamente uno de los espacios usados por las víctimas para hablar. “Las mujeres tomaron las redes, pero hoy sabemos que ya no son canales de libertad de expresión y no nos van a proteger”, señala la periodista sobre la alineación de los propietarios de las compañías tecnológicas con el auge de discursos contra el feminismo, con mucha presencia especialmente en el ámbito online.

“Ahora mismo las circunstancias sociales y políticas son diferentes y eso hace más difícil hablar en un contexto en el que crece una corriente que es de extrema derecha, pero también antifeminista”, recalca Tardón. Esto provoca un “repliegue” del consenso en torno a la importancia de visibilizar y combatir la violencia sexual y un aumento de relatos que señalan a los hombres como víctimas de supuestas denuncias falsas, como ha ocurrido con la denuncia interpuesta por una exedil del PP en Móstoles (Madrid) que el partido intentó enterrar poniendo el foco en ella para acusarla de una “vendetta personal y política”.

El intento de desacreditar a las víctimas no es nuevo, pero emerge con fuerza. Así ha ocurrido también tras la investigación publicada por elDiario.es y Univisión sobre las denuncias de violencia sexual contra Julio Iglesias, que llegó a difundir en redes sociales los nombres, apellidos y supuestas conversaciones de dos mujeres a las que, según su versión, identifica como responsables. Esta semana el cantante ha interpuesto una demanda de conciliación –paso previo a una querella– contra elDiario.es citando acusaciones falsas sobre la investigación periodística realizada por este medio.

Se dejó de hablar de muchos temas y, aunque los procesos judiciales suelen llevar mucho tiempo, ya solo poner la denuncia, independientemente del resultado, genera un chilling effect [efecto disuasorio].

Catalina Ruiz-Navarro — Directora de Volcánicas

Esta, la de recurrir a la Justicia es otra de las estrategias en alza, resumen las expertas. “A veces son demandas de millones de euros, de forma que la libertad de expresión queda cercenada. Prácticamente hoy no se puede escribir de violencia sexual sin esa amenaza. Hay que tener en cuenta que muchas periodistas feministas trabajan en medios pequeños o de forma independiente y no tienen cómo responder. El resultado es un silenciamiento, un abandonar las redes y un volver a callarse”, afirma Peker. Tardón añade: “El objetivo es asustar y disciplinar. Dejar muy claro qué es lo que te puede pasar si hablas, publicas, investigas o difundes una denuncia”.

Este último es el caso de Cristina Fallarás, la periodista que puso en marcha en 2018 el hashtag 'Cuéntalo' y que ahora publica testimonios de mujeres en su Instagram por los que el rapero Ayax la ha denunciado por injurias y calumnias –en concreto, por uno en el que no aparecía el nombre de él–. A la comunicadora feminista Yolanda Domínguez fue el youtuber 'Un Tío Blanco Hetero' el que la llevó a juicio por acusarle de “ser machista y violento con las mujeres”. En su caso, el Tribunal Constitucional ya puso punto y final al proceso rechazando el recurso del youtuber. “La narrativa feminista de la violencia sexual no ha desaparecido, pero ahora nos enfrentamos a argumentos falaces reforzados para generar un clima de impunidad”, subraya la activista feminista y antirracista Tatiana Romero.

Catalina Ruiz-Navarro, que dirige desde Colombia la revista Volcánicas, remarca que la tendencia es global, se extiende en diferentes países y ya está teniendo su impacto buscado: “Se dejó de hablar de muchos temas y, aunque los procesos judiciales suelen llevar mucho tiempo, ya solo poner la denuncia, independientemente del resultado, genera un chilling effect [efecto disuasorio]. Suelen ser denuncias que no aportan pruebas de calado pero que asumen que las mujeres mienten”, explica la periodista, que recuerda que el fenómeno “ha llegado a un punto” que, cuando su equipo hace investigaciones periodísticas a raíz de denuncias, “les compartimos a las víctimas estas posibles consecuencias”.

Sabe de lo que habla Ruiz-Navarro, pues junto a otra compañera ha sido denunciada por el director de cine colombiano Ciro Guerra después de investigar y publicar en 2020 nueve denuncias por acoso contra él. El director interpuso tres demandas, una de ellas dio lugar ya a una sentencia de la Corte Constitucional Colombiana que respaldó el trabajo de Volcánicas y del periodismo feminista, señaló la violencia sexual como un discurso “especialmente protegido por la libertad de expresión” y reconoció “el acoso judicial como una forma de censura”. Otros dos procesos más siguen abiertos, entre ellos la demanda civil por la que Guerra les reclama un millón y medio de dólares: “Por supuesto, no lo tenemos”, dice Ruiz-Navarro.

Hay un nivel de relato sobre violencia sexual que no había antes y hay cosas que pasaban hace años que no pasarían hoy, que nos decían que era natural y no se tolerarían. Los avances están conviviendo con la reacción

Luciana Peker — Periodista

Lo que ya “no podemos dejar de ver”

Que el clima social y político haya cambiado tan rápido en la última década, no conlleva que los muchos avances logrados hasta ahora hayan desaparecido. Las expertas ven, de hecho, que varios fenómenos conviven al mismo tiempo y que las posibilidades de hablar de violencia sexual son mucho mayores que hace 15 años aunque haya un “intento organizado” por silenciar estas voces. “Ya no podemos dejar de ver el acoso sexual como un problema estructural y eso no tiene vuelta atrás. Antes no teníamos ni el lenguaje, ni las palabras para nombrarla ni éramos conscientes del impacto de la violencia sexual en la sociedad.”, cree Ruiz-Navarro.

De hecho, la percepción y autoperceción del acoso sexual “es diferente ahora”, apunta Tardón, que subraya los “avances evidentes” alcanzados en los últimos años en “materialización” de derechos, entre ellos la 'ley del sólo sí es sí'. Las mujeres denuncian más violencia sexual, lo demuestran los datos y también los casos que trascienden a la opinión pública y que en los últimos meses han afectado al PSOE, en el que a finales de año se acumularon varias denuncias, al PP con el caso de Móstoles y al exDAO de la Policía, acusado de violación por una subordinada.

“Hay un nivel de relato sobre violencia sexual que no había antes y hay cosas que pasaban hace años que no pasarían hoy, que nos decían que era natural y no se tolerarían. Los avances están conviviendo con la reacción. Las mejoras son una realidad al mismo tiempo que el retroceso y eso hace a veces difícil ser conscientes de su verdadera magnitud”, zanja Peker. Bárbara Tardón coincide y termina con un “mensaje optimista” frente a este 8M: “Las feministas seguimos estando”.

Julio Iglesias ha interpuesto una demanda contra cinco periodistas de elDiario.es por las informaciones publicadas a partir del 13 de enero, cuando este medio reveló los testimonios de dos extrabajadoras que le acusan de agresiones sexuales. Estas dos mujeres, de nombres ficticios Rebeca y Laura, le denunciaron ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional el pasado 5 de enero. La denuncia fue archivada cuando la Fiscalía consideró que España no tenía jurisdicción para investigar a Iglesias, pese a ser un ciudadano español.

La demanda es un escrito que solicita un acto de conciliación y que todavía no ha sido notificado a Diario de Prensa Digital SL, la empresa editora de elDiario.es y a la que también se dirige la demanda. Esta acción legal es un paso previo obligatorio antes de presentar una querella. La demanda fue adelantada por Okdiario, pero elDiario.es ha accedido a su contenido este martes.

Iglesias acusa a los periodistas de elDiario.es de hacer un “supuesto trabajo de investigación”, califica las informaciones publicadas como “opiniones”, atribuye al medio el haber “participado” en la elaboración de la denuncia judicial y acusa a sus periodistas de actuar con un “manifiesto desprecio a la verdad” al realizar “un montaje con actrices profesionales”.

elDiario.es entrevistó a las denunciantes en diferentes ocasiones durante los años 2024 y 2025, siempre grabando las entrevistas en audio. En 2025, tras la incorporación de Univision Noticias a la investigación, se volvieron a repetir las entrevistas, esta vez realizando una grabación en vídeo para que se pudieran difundir los testimonios en formato audiovisual. Con el objetivo de preservar la identidad de Rebeca y Laura, y a petición de sus abogadas, tal y como este medio explicó desde el primer día de la publicación, se encargó un doblaje profesional que reprodujera de manera exacta sus palabras. Antes de la publicación, se cotejó que la pista de audio del doblaje se correspondiera con el original de las entrevistas.

Garantizar el anonimato

En su demanda, Iglesias afirma que las entrevistas son “vídeos prefabricados” que hacen “creer a la opinión pública que comparecían ante la cámara las supuestas víctimas, ocultando, sin embargo, que se trataba de una recreación con actrices profesionales que se hacían pasar por las denunciantes”. Pero como se indicó en el reportaje, las mujeres que aparecen en los vídeos son Rebeca y Laura, las dos extrabajadoras que denunciaron a Iglesias.

La demanda de Julio Iglesias sugiere que “la opinión pública” pudo descubrir “con posterioridad que no se trataba realmente de las denunciantes, sino de personajes figurados”. Pero tal y como se ha explicado en repetidas ocasiones y desde el primer día de la publicación, las mujeres que aparecen en los vídeos son las denunciantes. La medida de protección de su identidad que supone modificar su voz no se ha ocultado en ningún momento.

“La imagen, aún distorsionada, la voz y el nombre real estaban modificados y correspondían a las actrices. Sin embargo, este dato no es incluido en ningún momento a lo largo del texto de la noticia”, prosigue la demanda. Esta afirmación es rotundamente falsa: la imagen corresponde a Rebeca y a Laura, estos nombres son ficticios (no corresponden a ninguna actriz) para evitar las represalias contra las demandantes y proteger su intimidad, y esta advertencia se ha señalado desde el primer día y en todos los vídeos y podcast publicados por elDiario.es.

“Nos encontramos ante un caso sin precedentes en el periodismo español que (...) choca frontalmente con la ética de dicha profesión”, dice Iglesias en su demanda al respecto de proteger la identidad de las mujeres entrevistadas utilizando un doblaje. No es cierto. Por nombrar un caso reciente, el reportero Antonio Pampliega utilizó el mismo método de doblaje en el podcast Costa Nostra al entrevistar a un sicario que temía por la revelación de su identidad. “Lo que dice es real, es la conversación que tuvimos él y yo, pero era un actor de doblaje porque él no permitía que su voz real apareciese en ningún sitio”, explicó Pampliega en el podcast de la Fundación Gabo El diván del periodismo.

Otros documentales han recurrido a técnicas similares. El que realizó el español de Pablo de la Chica Infiltrada en el búnker (Prime Video, 2025) sobre la experiencia de Carlota Saorsa, nombre ficticio de una activista animal que mostró el funcionamiento de un laboratorio de experimentación animal y cuyo testimonio fue interpretado por una actriz, después de que los periodistas hicieran la entrevista. Medios de prestigio como BBC recurren con frecuencia a esta técnica de protección de sus fuentes, como en este testimonio de una mujer que afirmaba ser víctima de los abusos sexuales del presentador Jimmy Savile.

No es una sorpresa. Sabíamos que podía suceder, como pasa casi siempre con las grandes exclusivas de investigación. Cuanto más incómoda es una noticia para alguien con poder, más probable es que acabemos siendo los periodistas quienes tengamos que responder ante un tribunal.

Esta semana, el abogado de Julio Iglesias ha dado el primer paso en esa dirección, tras nuestras informaciones sobre dos extrabajadoras que acusan al cantante de agresiones sexuales. Es una demanda de conciliación contra elDiario.es, un trámite previo obligatorio para poder presentar después una querella penal por injurias y calumnias que sus abogados ya anuncian. Entre las dos vías posibles para llevarnos a los tribunales –la demanda civil, la querella penal–, Julio Iglesias ha optado por la única donde, además de una indemnización, puede pedir una condena de cárcel contra los periodistas de elDiario.es.

Para evitar la querella, en esa demanda de conciliación, Julio Iglesias exige algo que no va a suceder: que nos disculpemos, que rectifiquemos, que reconozcamos que, como periodistas, no lo hicimos bien. No somos infalibles y podemos cometer errores, pero en este caso no tenemos nada que rectificar. Nos reafirmamos en todos los artículos que hemos publicado. Aunque amenace con un proceso penal, no nos vamos a retractar.

El archivo de las investigaciones preprocesales por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional tampoco desmiente nuestra información. La Fiscalía no ha seguido por una cuestión de competencias: porque considera que no hay jurisdicción, a pesar de que Iglesias es español, porque los presuntos delitos ocurrieron fuera de España. 

La información que publicamos es rigurosa, contrastada y veraz. Es un trabajo meticuloso que empezó hace tres años, en enero de 2023, cuando nos llegó la primera pista sobre esta información. No solo recogemos el testimonio de estas dos denunciantes que le acusan de agresiones sexuales, dos mujeres a las que hemos entrevistado en distintas ocasiones a lo largo de un año y medio para comprobar la coherencia de su versión. También aportamos documentos, como las pruebas médicas de enfermedades de transmisión sexual que tuvieron que pasar. Hemos entrevistado a más de una docena de extrabajadores de las mansiones de Julio Iglesias, y a otras personas a las que estas mujeres relataron previamente lo que vivieron. Y también le dimos al afectado el tiempo suficiente para ofrecernos su versión. Contactamos con Julio Iglesias once días antes de publicar la primera información: ni él ni sus abogados quisieron responder. Posteriormente el cantante ha negado las acusaciones, que ahora califica de “montaje”.

Toda nuestra información no ha pasado solo por el filtro de elDiario.es. En 2025, se sumó a la investigación el equipo de Univision, en Estados Unidos. Sus periodistas –Federica Narancio, Esther Poveda y el co-ganador del premio Pulitzer Gerardo Reyes– volvieron a revisar cada detalle. Volvieron a entrevistar a las mujeres, esta vez en vídeo, y aportaron nuevas fuentes. 

La demanda de conciliación de Iglesias incluye varias afirmaciones que son falsas. No es verdad que los periodistas de elDiario.es participáramos en la elaboración de la denuncia ante la Fiscalía: fue una decisión de las mujeres, asesoradas por sus abogadas. Tampoco es verdad, como se afirma en la demanda, que los testimonios en vídeo que difundimos correspondan a “personajes figurados” o “un montaje con actrices profesionales”. Las mujeres que aparecen ante la cámara son las propias denunciantes. Modificamos la voz por medio de doblaje y cambiamos sus nombres reales para proteger su identidad. Es algo que en elDiario.es y Univision nunca ocultamos: está contado desde el primer día y así aparece también en cada vídeo. 

Julio Iglesias no solo da el primer paso para presentar una querella por lo penal contra varios de nuestros periodistas: estoy como “futuro querellado” –así se nos califica– junto a Elena Cabrera, Ana Requena, María Ramírez y Juanlu Sánchez. También pide una indemnización económica que no detalla en la demanda. Según han publicado distintos medios, sus abogados aseguran que reclamarán 200 millones de euros por los daños y perjuicios. Esta cifra supondría el cierre por quiebra de elDiario.es. 

No es fácil enfrentarse a un proceso judicial así, por mucho que supiera que podría ocurrir, por mucho que hayamos hecho las cosas bien. No es la primera ocasión, no será la última, pero nunca te acostumbras a esta forma de presión. 

Está en juego todo lo que tenemos, todo lo que hemos construido. Te quita el sueño, pero no las ganas de seguir. 

Empieza ahora un largo, caro y complejo proceso penal, pero estoy convencido de que los tribunales nos acabarán dando la razón. No me arrepiento en absoluto de haber publicado esta noticia; era nuestra obligación.

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Julio Iglesias ha presentado una demanda contra elDiario.es por publicar los testimonios de dos mujeres que denunciaron al cantante ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por agresiones sexuales, según ha difundido este lunes su abogado a través de Okdiario. elDiario.es ha confirmado con el despacho de José Antonio Choclán que la demanda de conciliación se ha interpuesto este lunes en Madrid, pero el abogado se ha negado a facilitar una copia a este periódico.

La demanda, según Okdiario, cita los delitos de injurias y calumnias. “El medio reconoce haber fabricado la denuncia que luego difunde con grave desprecio hacia la verdad”, dice ese medio atribuyendo la cita a la demanda, la cual contiene acusaciones falsas.

elDiario.es nunca ha reconocido haber “fabricado” la denuncia presentada por las dos extrabajadoras de Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Esta denuncia fue archivada tras recabar el testimonio de las dos mujeres no porque los fiscales encargados de la investigación entendieran que su versión de lo ocurrido fuera falsa, sino porque consideraron que la justicia española carecía en ese caso de jurisdicción para juzgar unos hechos ocurridos en el extranjero. Este criterio ha suscitado un debate jurídico y catedráticas de derecho penal como Lucía Martínez Garay valoran que España sí es competente para investigar y juzgar a Iglesias. Las abogadas de las extrabajadoras aseguraron que a pesar de este archivo, continuarán con su batalla legal para acceder a la justicia.

La denuncia de las extrabajadoras Rebeca y Laura (nombres ficticios) presentada ante la Fiscalía el pasado 5 de enero hacía referencia a hechos sucedidos en 2021 que podrían constituir “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre” junto con “varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual y agresión sexual”, así como lesiones y varios delitos contra los derechos de los trabajadores “por la imposición de condiciones laborales abusivas”, unas acusaciones que Julio Iglesias niega.

La demanda de conciliación por injurias y calumnias es el paso previo a la interposición de la querella que Julio Iglesias dice tener voluntad de llevar adelante, según informa Okdiario. La demanda de conciliación ha sido presentada contra el director de elDiario.es, Ignacio Escolar; contra las periodistas que han firmado algunas de las informaciones: Ana Requena Aguilar, María Ramírez y Elena Cabrera; contra el autor del podcast Un Tema Al Día y subdirector de elDiario.es, Juan Luis Sánchez, así como contra Diario de Prensa Digital S.L., empresa editora de elDiario.es.

Okdiario asegura que la demanda de 33 páginas acusa a elDiario.es de “elaborar un montaje periodístico que supuso una grave lesión a los derechos fundamentales de Julio Iglesias, al honor, a la intimidad personal y familiar, a la imagen y a la presunción de inocencia” del cantante. elDiario.es no elaboró ningún montaje periodístico. Informó sobre la denuncia de dos mujeres por graves agresiones sexuales contra Julio Iglesias, al que este medio de comunicación ofreció reiteradamente su derecho a dar su versión sobre la información que se iba a publicar, un derecho que el artista no quiso utilizar.

Señala la demanda que la publicación de la noticia por elDiario.es se hizo “a sabiendas de que no se había comprobado su veracidad”. Para comprobar su veracidad, el trabajo de las redactoras de elDiario.es, al que se sumó en 2025 un equipo de cinco periodistas de Univision Noticias, se prolongó durante tres años. Este medio realizó las debidas comprobaciones periodísticas para chequear la credibilidad de los testimonios: entrevistó a las mujeres en repetidas ocasiones a lo largo de dos años, que ofrecieron siempre testimonios consistentes, buscó testimonios secundarios de personas que confirmaron que habían tenido noticia de los hechos en el momento en el que se produjeron, y recabó toda una serie de pruebas documentales que afianzaban el relato de estas mujeres.

Entre esas pruebas estaban los exámenes ginecológicos que se mandaba hacer a las trabajadoras de la casa de Julio Iglesias en Punta Cana, incluyendo pruebas de enfermedad de transmisión sexual, como hepatitis C o VIH, y eran conocedores de los resultados, algo que es ilegal en República Dominicana.

Además, tanto elDiario.es como Univision Noticias contactaron con 15 extrabajadores de Julio Iglesias, incluyendo personal doméstico y otros profesionales especializados que trabajaron en distintos periodos, entre finales de los años 90 y 2023, en las casas del cantante en República Dominicana, Bahamas y España.

El requisito de veracidad

La injuria es una lesión a la dignidad o a la fama de una persona. Solo suponen un delito cuando se consideran “graves”, según el Código Penal. Y son graves si se realizan con conocimiento de su falsedad o desprecio por la verdad. Por su parte, el delito de calumnias se da cuando se imputa un delito concreto a sabiendas de su falsedad, lo cual se castiga en España con penas de multa e incluso prisión.

Cuando las noticias suponen un menoscabo del crédito de una persona, para que prevalezca el derecho a la información se exige que las noticias cumplan con el requisito de la veracidad. “Por veracidad debe entenderse el resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información, con el transcurso del tiempo, puede más adelante ser desmentida o no resultar confirmada”, según una de las muchas sentencias del Tribunal Supremo al respecto de los conflictos entre honor e información.

“El requisito de la veracidad deberá entenderse cumplido en aquellos casos en los que el informador haya realizado, con carácter previo a la difusión de la noticia, una labor de averiguación de los hechos sobre los que versa la información y la referida indagación la haya efectuado con la diligencia exigible a un profesional de la información”, dice la jurisprudencia del Supremo y el Constitucional. “Es suficiente, por tanto, que exista una diligencia en la búsqueda de los datos para elaborar el trabajo periodístico. Es suficiente con demostrar la seriedad en la constatación de la existencia de las pruebas y en la recopilación de los materiales para la elaboración de la correspondiente información”, señalan las sentencias judiciales.

La primera de las informaciones de la investigación sobre Julio Iglesias se publicó el 13 de enero, junto a la cadena de televisión estadounidense Univision, la cual no ha sido mencionada en la demanda de conciliación, según Okdiario.

Durante los 10 días previos a su publicación, los periodistas de elDiario.es y Univision Noticias intentaron por diferentes medios recabar la versión del cantante denunciado, sin obtener respuesta suya ni de sus representantes legales. Posteriormente a la publicación de la primera de las informaciones, el cantante negó en un comunicado a través de sus redes sociales “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

Rogelio (59 años) y Eleuterio Villanueva (58), dos extrabajadores de la villa de Punta Cana de Julio Iglesias que fueron despedidos en pandemia, acudieron el pasado miércoles 25 de febrero al juzgado en busca de una resolución de la demanda por despido improcedente que interpusieron hace más de cinco años y que ha sufrido varias apelaciones. Una vez más, se fueron a casa de vacío.

El juzgado de lo laboral había dado un plazo de tres meses para que hubiera una conciliación entre Iglesias y los Villanueva, pero no se ha conseguido. Estos hermanos ganaron en primera instancia el reconocimiento de su despido y su derecho a indemnización, pero Iglesias apeló y un tribunal superior les negó ese derecho. Ahora son los Villanueva los que han apelado, y el caso, que comenzó en un pequeño juzgado de lo laboral en La Altagracia (la provincia en la que está situada Punta Cana), ha alcanzado la Corte de Trabajo del Distrito Nacional.

El abogado de Rogelio y de Eleuterio Villanueva explica que ha pedido llegar a un acuerdo con los representantes legales de Iglesias, lo cual intentará en las próximas semanas. El tribunal les ha emplazado al 14 de mayo para resolver el caso. En un vídeo grabado a la salida del juzgado, Rogelio Villanueva explica que él y su hermano “lo único” que desean es que les paguen “sus prestaciones laborales”.

De acuerdo a la sentencia del juzgado de trabajo de San Pedro de Macorís, capital de la provincia en la que se sitúa Punta Cana, en junio de 2024 que les fue favorable a los Villanueva, les corresponden unos 3.850.000 pesos dominicanos (unos 53.000 euros). Esta cantidad incluye el finiquito pero también una indemnización por no haberlos inscrito en el sistema dominicano de Seguridad Social y una compensación por los salarios impagados desde la demanda hasta la sentencia.

Pero Iglesias interpuso un recurso de casación y es eso lo que ahora se está dirimiendo. elDiario.es contactó con una de las abogadas laboralistas del equipo de Julio Iglesias para conocer su opinión sobre este proceso, pero no ha recibido respuesta.

Dos décadas al servicio del cantante

Rogelio Villanueva trabajó para Julio Iglesias durante 21 años. Reparaba los suelos, los techos, la pintura o lo que fuera necesario en las casas de su lujosa villa dominicana. Incluso hacía de chófer para traer y llevar al pueblo o al aeropuerto a las visitas. Al iniciar la pandemia, él y su hermano, que llevaba nueve años realizando el mismo tipo de trabajo, fueron despedidos sin mayor explicación.

Con tantos años al servicio del cantante, los Villanueva esperaban una buena indemnización, lo que en República Dominicana se conoce como prestaciones laborales, pero no fue así. ¿El motivo? Julio Iglesias los considera empleados domésticos, una categoría con menos derechos que el resto de trabajadores asalariados por cuenta ajena. La indemnización por despido improcedente es uno de esos derechos de los que no gozan los trabajadores del hogar.

Pero Rogelio Villanueva no se considera “un doméstico”, una categoría que su abogado Eloy Bello equipara con la de “criados” y que no cree que encaje para el trabajo de albañilería, pintura o carpintería. “El empleado doméstico es el que barre, el que tiende la cama, el que cocina. Y nosotros no éramos empleados de eso”, señaló Rogelio Villanueva en una entrevista con elDiario.es y Univision Noticias el pasado verano.

Antes de la publicación del primer artículo sobre las reclamaciones de los extrabajadores de mantenimiento, elDiario.es y Univision Noticias se pusieron en contacto con Julio Iglesias por diferentes vías y se le preguntó por esta reclamación laboral, pero los medios no obtuvieron respuesta. En un comunicado público, el artista respondió a las acusaciones de dos exempleadas que relataban abusos y agresiones sexuales, asegurando que eran “absolutamente falsas”, pero no se pronunció sobre estas otras denuncias del ámbito laboral.

Rebeca (nombre ficticio), una de las mujeres que acusaron a Julio Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional el pasado mes de enero, ha denunciado ante la policía del país en el que reside que tanto ella como su marido están siendo seguidos y vigilados por un detective privado.

Según explica esta extrabajadora del servicio doméstico de Julio Iglesias a elDiario.es, hace menos de un mes un hombre la estuvo vigilando en la puerta de su domicilio, y después la siguió desde un automóvil mientras ella conducía el suyo propio en dirección a su trabajo.

Cuando Rebeca detectó que alguien la seguía, detuvo su coche. En ese momento, el otro conductor se paró también a una cierta distancia, y ella comprobó que no solo estaba siendo observada, sino también grabada con un móvil.

La mujer solicitó ayuda por teléfono y su marido acudió al lugar en el que se había detenido. Cuando él llegó, se dirigió hacia el hombre que estaba realizando el seguimiento, le preguntó qué es lo que estaba haciendo y le tomó fotografías con su teléfono móvil. El hombre negó que estuviera siguiendo a Rebeca.

A pesar de que hablaron en inglés, el marido de Rebeca estaba seguro de haber reconocido el acento español, incluso de una región concreta de España, del hombre que estaba haciendo el seguimiento. Tras hacer una búsqueda en internet con estos indicios, la pareja de Rebeca reconoció el rostro del hombre con el que había hablado gracias a la fotografía de su página LinkedIn, una plataforma de perfiles profesionales. De esa manera, los denunciantes pudieron identificar el nombre, la procedencia y la profesión de la persona, que se dedica a la seguridad privada. Esta información fue puesta en conocimiento de la policía local.

Según averiguaron Rebeca y su marido, el detective identificado es un hombre español y con licencia para ejercer la seguridad privada en España, aunque la vigilancia y el seguimiento se han realizado en otro país, y así lo han comunicado en su denuncia. elDiario.es ha comprobado esta información.

elDiario.es ha preguntado al representante legal de Julio Iglesias si ha solicitado los servicios de un detective privado para seguir o vigilar a Rebeca y a Laura, pero no ha recibido respuesta.

Un GPS en el coche

No es solo Rebeca quien ha detectado estar siendo espiada. Su marido encontró un dispositivo geolocalizador instalado en el coche al llevarlo al taller para una revisión. Esta persona también denunció a la policía el hallazgo de ese dispositivo, imantado a los bajos de su vehículo.

Según la Ley de Seguridad Privada que rige en España, “en ningún caso se podrá investigar la vida íntima de las personas que transcurra en sus domicilios u otros lugares reservados, ni podrán utilizarse en este tipo de servicios medios personales, materiales o técnicos de tal forma que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones o a la protección de datos”. Este es el precepto por el cual cualquier detective privado español debe regirse.

Aunque esta ley no especifica si los detectives españoles pueden utilizar dispositivos rastreadores sin consentimiento, hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que lo impide. Así lo explica Miguel Bustos Rubio, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR): “En España, puede constituir un delito e invadir la intimidad de las personas”, señala. “Hay que ponderar si en términos de proporcionalidad se vulnera un derecho fundamental y yo creo que sí”, explica sobre la utilización de un GPS para conocer la ubicación de una persona.

El penalista Iñaki Esparza señala también que, según la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las “medidas de investigación” deben de estar sujetas “a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad”. “Si la policía judicial necesita todo eso para poner una baliza de seguimiento, un detective privado no puede hacerlo por sus propios medios”, señala Esparza. 

Además, en España, colocar un rastreador GPS en el coche de una persona sin su consentimiento puede vulnerar tanto la ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales como la ley que protege el derecho al honor, intimidad y propia imagen. En el país en el que se ha colocado el geolocalizador existe una ley de protección de datos personales que señala que es ilegal recolectar datos sin el consentimiento del individuo o sin una orden judicial.

“Si fuera en España, la conducta sería delictiva”, apunta Bustos Rubio. No obstante, la actividad se ha desarrollado en otro país, el cual se omite de esta información para proteger la identidad de la denunciante. La investigación policial tendrá que determinar si estas actividades profesionales de seguridad privada las ha realizado un profesional acreditado únicamente en España. “Si está en un país en el que no está habilitado para hacerlo, el riesgo es aún mayor y puede constituir una sanción grave”, señala el penalista. Según la Ley de Seguridad Privada, las consecuencias de ejercer fuera del territorio para el que está habilitado pueden ir desde multas de 3.000 a 30.000 euros a la suspensión temporal o la prohibición para ocupar cargos de representación legal en empresas de seguridad privada por un plazo de entre seis meses y un año.

Una persona enviada “para ayudar”

Laura (nombre ficticio), otra mujer que denunció a Julio Iglesias por agresiones sexuales, también explica a este medio que una persona de su entorno ha sido contactada con pretextos que han resultado falsos. Hace menos de diez días, explicó, un hombre preguntó por ella a un familiar suyo utilizando como referencia el nombre de una periodista de elDiario.es. De acuerdo con este familiar, con el que ha hablado elDiario.es, el hombre dijo que había sido enviado “para ayudar”, sin especificar para qué, y pidió “una entrevista” con ella aunque no se identificó como periodista. elDiario.es no ha enviado a ninguna persona para contactar con el entorno de Laura. Ese hombre proporcionó un número de teléfono, mediante el cual este periódico ha intentado localizarle, sin éxito.

Ese hombre de unos 30 años y origen venezolano, le indicó al familiar –cuya identidad parecía conocer por una persona en común– que quería saber si alguien había “coaccionado” u “obligado” a Laura para hacer declaraciones a elDiario.es y Univision Noticias sobre sus experiencias como fisioterapeuta para Julio Iglesias en Punta Cana.

Este periódico publicó los testimonios que ofrecieron libremente Laura y Rebeca y que recogían presuntos abusos y agresiones sexuales por parte del cantante.

Antes de las publicaciones, Iglesias tuvo la oportunidad de responder a las preguntas que le hicieron llegar elDiario.es y Univision Noticias sobre estas acusaciones, pero no respondió. En un comunicado posterior a la primera publicación, el cantante negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”. Iglesias ha manifestado este miércoles a un medio de comunicación su intención de presentar “en los próximos días” una “demanda de conciliación por injurias y calumnias” contra elDiario.es y Univision.

Laura explica que unos días antes recibió mensajes por parte de un desconocido para solicitarle una sesión de fisioterapia. Esta persona le dijo que había encontrado su número en internet, pero la profesional aclara que sus datos no están disponibles online.

Hace más de 35 años, Julio Iglesias contrató a un detective privado español, Juan de Dios Vargas, para investigar a María Edite, la mujer que reclamaba al cantante la paternidad de su hijo Javier Santos. El informe que hizo el detective para Iglesias, incluía el testimonio de hombres que afirmaban haberse acostado con Edite en las mismas fechas. Este fue el material del que partió un reportaje en la revista Interviú en 1994. Para Santos, la contratación de este detective y la alianza con los periodistas supuso “una campaña de desprestigio” hacia su madre y la reclamación que ella llevaba a cabo, según explicó a elDiario.es.

Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por los comentarios que realizó después de que elDiario.es publicara los testimonios de extrabajadoras de las mansiones del cantante que le acusan de agresiones sexuales, según ha publicado OkDiario. En un escrito remitido al tribunal de primera instancia de la sección civil que corresponda, la defensa del cantante solicita la celebración de un acto de conciliación, que es un acto previo a la presentación de una querella. 

“Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”, escribió la vicepresidenta y ministra de Trabajo en un mensaje en su perfil de la red social Bluesky, en el que adjuntó un link de la primera información publicada por este periódico. 

Un día después, en una entrevista en el programa La Hora de la 1, de TVE, Díaz afirmó que la investigación sobre las denuncias de dos extrabajadoras “da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema”. 

“Condena rotunda, apoyo inmediato a las víctimas y animarlas a que prosigan, felicitaciones a las periodistas que han llevado adelante este magnífico trabajo, y por tanto, enhorabuena y desde luego contundencia. Esto es lo que tenemos que decir y también una reflexión sobre las mujeres que estamos hartas, completamente hartas del maltrato sistémico que estamos sufriendo”, añadió después la vicepresidenta del Gobierno. 

La vicepresidenta ha respondido al cantante que “con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos”. “Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo”, ha escrito en un post en Bluesky.

Julio Iglesias no ha respondido a las preguntas que le han hecho llegar elDiario.es y Univision Noticias. En un comunicado público posterior, el cantante ha negado “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.

Jamileth Chavarría reconoce que la investigación sobre Julio Iglesias le ha causado un gran impacto. Y no habla de ella desde la distancia. Habla desde la cocina en la que trabajó sin contrato, desde los cuerpos de otras compañeras a las que apenas nadie escuchó, desde el feminismo antirracista que teje redes de apoyo para autoprotegerse. La activista feminista nicargüense, trabajadora doméstica y fundadora de una cooperativa de empleadas del hogar, contextualiza el impacto de la denuncia por trata de personas y agresión sexual contra el cantante español, que la Fiscalía ha archivado por falta de jurisdicción, desde el lugar de quien conoce qué significa trabajar en casas ajenas y el valor de enfrentarse a relaciones de poder difíciles de cuestionar.

Para Chavarría, el paso de Laura, Rebeca y Carolina, los pseudónimos tras los que se encuentran ex empleadas que hablaron en la investigación de elDiario.es junto a Univision Noticias, es “una ventana abierta” en “un muro” de silencios que esconde a tantas mujeres racializadas.

Para evitar ese aislamiento y unir fuerzas para defender sus derechos, la nicaragüense fundó junto a varias compañeras la cooperativa del sector cuidados La Comala, formada por trabajadoras migrantes. Desde Madrid, adonde emigró en su huida de la persecución en su país hace más de una década, Chavarría celebra y agradece la valentía de Laura y Rebeca por “hablar por las que aún no pueden hacerlo”.

Como trabajadora interna, durante muchos años en España, ¿qué supone que salga a la luz una investigación como la de Julio Iglesias? ¿Qué supone para usted y para el colectivo?

Supone una ventana abierta, porque acompaño a muchas mujeres que aún no se atreven a hablar. Y que las denunciantes del caso de Julio Iglesias lo hagan frente a un poder tan grande... No es solamente Julio Iglesias, es todo lo que le acompaña. Para una mujer hablar es como abrir una pequeña ventana en un muro gigante. Y para mí es esperanzador. 

La noticia me remontó a hace 20 años, en Radio Palabra de Mujer —un programa comunitario en el que participaba en Nicaragua—, donde analizamos la canción de Julio Iglesias que dice: “Me gustan las mujeres y me gusta el vino”. Hace 20 años, una niña del campo, de unos 14 años, decía que la letra parecía mostrar que las mujeres no valemos nada, porque el vino después se orina. Aquello me quedó en la memoria, y verlo hoy me parece increíble. Hay tanta verdad escondida en todos los mensajes que nos mandan con el amor romántico...

Profundizando en los testimonios de estas mujeres, ¿le resuenan a situaciones vividas por las trabajadoras domésticas en España, ya sea usted u otras compañeras?

Creo en esos testimonios porque he escuchado relatos similares de varias compañeras que no tienen papeles, y no pueden denunciar. Ahora que yo tengo una situación regularizada y con condiciones laborales justas, escucho a comentaristas en televisión que preguntan por qué esas mujeres no denunciaron antes a Julio Iglesias… Y me cabrea. ¿En qué momento va a denunciar una mujer que no tiene papeles, que es vulnerable, que su situación económica es la que es, que está viviendo con las uñas? Cada vez que se les pregunta eso se las revictimiza.

Usted acompaña a otras trabajadoras internas que están en esa situación de mayor vulnerabilidad. ¿Recuerda casos de abusos sexuales o laborales que, por sus circunstancias, no llegaron a ser denunciados?

Muchas se lo tragan por la situación de vulnerabilidad en la que están. Por ejemplo, muchas son madres aquí y son madres allá, donde se encuentran sus hijos. Tienen que llegar a fin de mes para tener resuelta su vida aquí y su vida allá. Si denuncian, ¿cómo van a salir adelante? 

Hoy conocí un caso de una joven que fue a una entrevista de trabajo tras ver una oferta de trabajadora doméstica. Ella iba con otra compañera, pero la obligaron a entrar sola. Estaban ahí dos hombres que le dicen que tiene que quitarse la ropa, que tienen que ver su silueta. Era un trabajo de cuidados. Ella salió corriendo de allí. Le dije de denunciarlo. Me dijo que no, que estaba buscando trabajo y no tenía ni tiempo ni dinero para denunciarlo. O me acuerdo de aquella mujer interna que dormía en su habitación con la silla detrás de la puerta. ¿Para qué? Para que el señor no entrara cada noche. 

Quienes denunciaron a Iglesias se están arriesgando a un montón de cosas. ¿Cómo se las puede proteger cuando van contra un aparato agresor tan grande, con muchos medios de comunicación favorables? Es como ir a la montaña descalza.

Desde su experiencia como activista feminista y también como trabajadora doméstica organizada, ¿cómo operan las lógicas coloniales y racistas, además del género y la clase?

El agresor [de las trabajadoras domésticas] siempre tiene ventaja y evidencia la construcción colonial. Y, a su vez, muchas trabajadoras domésticas latinas no hemos deconstruido esa relación colonial porque la hemos mamado. De entrada, en las casas hay un patrón de servicio al señor. Y, como él es un señor, pues nosotras hasta cierto punto acabamos indirectamente al servicio del señor.

La reacción de Julio Iglesias tiene que ver con que el señorito cree que mantiene ese poder, esa superioridad, esa blanquitud sobre un sector de las mujeres, sobre las empleadas de hogar. Y es injusto. Es asqueroso.

En el caso de Iglesias, las denunciantes aseguran que literalmente no podían salir de las mansiones donde trabajaban. Los colectivos de trabajadoras domésticas migrantes en España suelen denunciar que algunos empleadores se aprovechan de la vulnerabilidad y apenas cumplen con los días de descanso mínimos. ¿Cómo afecta trabajar en esas condiciones?

Nosotras decimos que el trabajo de interna es como la esclavitud moderna, como la cárcel moderna. Y es precisamente porque las personas somos el tiempo que tenemos. Trabajas ocho horas y las otras horas son para dormir, para estar con tu gente, para salud personal... Pero cuando estás 24 horas en una casa, sin salir, sin tener redes de apoyo, dejas de vivir. Incluso hay mujeres a las que se les niega el uso del móvil en sus horas de tiempo libre. Y cuando vendés el tiempo, te olvidás de tu intimidad.

Lo más terrible es que ese encierro te va bajando la autoestima. Te va minando. Cuando tienes la autoestima baja, cualquiera te puede invadir. Y ahí has perdido las ganas de defenderte.

Por todo esto admiro a estas mujeres que se han atrevido a hablar porque ya han empezado a sanar. Cuando una habla, empieza a sanar. Si no se habla estamos guardando el secreto. ¿Y sabes lo que es secreto? Es toda la mierda que hay ahí adentro de uno. 

¿Cómo le ha afectado a usted emocionalmente esa falta de intimidad, esa “venta del tiempo”, ese encierro casi constante que describe de su tiempo como interna?

Yo siempre he sido una mujer optimista, siempre me he querido creer que me como el mundo. Pero a veces el mundo te come, por muy optimista que seas. Yo en Nicaragua era activista y vivía en un campo con un río. Y aquí ni tienes el río ni tienes el campo. Tu vida es insignificante cuando caminas por las calles, cuando vas a la compra y ni levantas la mirada, dejas de mirar el cielo.

Recuerdo que un día tendí la ropa en la terraza después de seis meses de trabajar como interna. Miré para arriba y vi la luna. ¡Cómo lloré ese día! Mirar la luna me trastornó. Porque me vinieron todas esas cosas que no valoras cuando las tenés a diario. Me di cuenta de que hacía tanto que no podía ni ver la luna. 

Yo venía de ser activista, de no parar. Y se me fue apagando esa luz. Cuando me di cuenta de lo que había pasado, ya era externa, ya había salido de interna. Como interna ni siquiera puedes analizar lo que te toca vivir, porque es que se te alborotan tus propios demonios ahí adentro. 

Cuando dejó de trabajar como interna creó junto a otras compañeras empleadas domésticas una cooperativa de cuidados. ¿Por qué?

Para protegernos las unas a las otras. Lo bueno de la cooperativa es que quien nos contrata también lo hace porque le gusta el modelo cooperativo, que se asegura de que se respetan los derechos humanos de las trabajadoras, que estamos en el régimen general y se cumple la ley. Entonces, eso ya es una ventaja.

Pero cuando empezó la cooperativa, para protegernos, íbamos a hacer limpiezas de dos en dos. Por agilidad del trabajo pero sobre todo porque era menos riesgo para nosotras ir acompañadas. Cuando una persona mete a alguien a su casa sabe quién va, porque le ha pedido una carta de recomendación, pero nosotras no sabemos a qué casa vamos ni quién vive allí.

¿Qué le diría a las mujeres que denunciaron a Julio Iglesias?

Primero, agradecerles y mandarles un montón de fuerza, de energía positiva. Les diría que no paren, que hay que denunciar, porque su voz es la voz de otras que están silenciadas, de las que no pueden denunciar, por las circunstancias que sean. La palabra es la que nos ayuda a liberarnos, a empezar a tirar del hilo y cambiar esta sociedad.

La lucha judicial de la artista María Edite para que Julio Iglesias reconozca la paternidad de su hijo, Javier Santos, se inició en febrero de 1990. Una exclusiva vendida a la revista Pronto —después de haberlo intentado antes con la revista Tiempo del Grupo Zeta— y una demanda judicial hicieron estallar el caso. “Julio y María Edite vivieron una intensa historia de amor”, decía el titular, debajo de una foto de la madre con el hijo, a la que se había añadido al cantante con un corta y pega.

Al año siguiente, un juzgado de Valencia falló a favor de Edite, pero Iglesias recurrió y esta vez ganó. Se negó a someterse a una prueba de ADN que pudiera verificar la reclamación de la bailarina. Según contó María Edite, había conocido a Julio Iglesias en el verano de 1975 en Girona cuando ella tenía 19 y él, 31 años; tuvieron una relación romántica —aunque breve, apenas una semana— y sexual. Nueve meses después nació Javier.

“Cuando mi madre pone la demanda de paternidad y le dan la razón en primera instancia, mi padre empieza a hacer funcionar la maquinaria de desprestigio hacia ella”, explica Santos a elDiario.es. Para este hombre de 50 años, el mecanismo de Julio Iglesias para desacreditar el testimonio de su madre funciona gracias a la contratación de un detective privado y a la participación de dos periodistas que firman un reportaje en la desaparecida revista Interviú en el año 1993. El artículo consiguió que ese ejemplar fuera uno de los números más vendidos de la historia de la publicación pero también llevó a sus responsables al banquillo de un juzgado en Barcelona.

Un detective joven y desconocido

Juan de Dios Vargas Ramos es un detective que admite que su “cliente más famoso” es Julio Iglesias. Aunque nacido en Salamanca, había establecido la base de operaciones de su empresa Distrito 46 en Valencia. En febrero de 1990, cuando Pronto soltó el bombazo del “hijo secreto” —como escribió en su titular— no tenía ningún cliente de ese calibre. A pesar de ello, recibió la llamada de Joaquín Domingo Martorell, un expolicía que había liderado la brigada antiterrorista durante la Transición y se había hecho célebre por dirigir el dispositivo que liberó a Julio Iglesias Puga, padre del cantante, de su secuestro por ETA. Después de este éxito, Julio Iglesias lo fichó como mánager y jefe de seguridad.

Vargas explica a elDiario.es que Julio Iglesias le contrató para “investigar a María Edite” y emitir “un primer informe” para “el equipo jurídico” del cantante, con “vigilancias” a Edite, a su marido y a Javier Santos, que en ese momento tenía 14 años. “Un informe típico de detectives privados de la época”, señala, con el objetivo de saber “quién estaba detrás de la demanda”. Ese informe se remitió “a los abogados de Iglesias, que era el bufete Falomir”, de Castellón.

Después de este primer trabajo, basado en seguimientos y preguntas en el entorno de María Edite en Valencia, donde vivía, llegó un nuevo encargo. “Se hizo una investigación posterior que sirvió para el procedimiento principal, que se detalló en la revista Interviú, y que sirvió para acreditar, desde el punto de vista judicial, algo en lo que yo ni entro ni salgo: la no paternidad de Iglesias”, explica el detective.

El “pelotazo periodístico”

En este nuevo encargo, el detective se traslada de Valencia al pueblo de Girona Sant Feliu de Guíxols, donde María Edite había trabajado de bailarina en la sala Las Vegas. Julio Iglesias había actuado allí el 19 de julio de 1975, y esa sería la fecha en la que Edite e Iglesias se conocieron. Vargas fue a buscar a trabajadores de la sala, y allí encontró al propietario, Dionis Recolons; al técnico de luces Félix Coll; al dueño de un restaurante en el mismo pueblo y al gerente de una sala de fiestas de Platja d'Aro. A los dos primeros se los llevó a una notaría de Tarragona para que firmaran allí su declaración.

Miguel Ángel Pastor, exredactor del periódico Las Provincias y colaborador de Canal 9, conocía la noche valenciana. En el periódico, había dirigido un suplemento semanal dedicado a la vida social de la ciudad, las galas y la jet set. Además, estaba vinculado a Julio Iglesias desde que trabajó para él como teclista en 1973. Posteriormente, entre 2009 y 2012, Pastor se convertiría en jefe de prensa del cantante y responsable de la producción de algunos conciertos. En torno a 1991, dos empresarios de la noche, según relata Pastor a elDiario.es, le contaron que había un detective haciendo preguntas sobre una mujer portuguesa que afirmaba tener un hijo de Julio Iglesias.

Miguel Ángel Pastor se puso en contacto con un periodista de investigación especializado en temas de extrema derecha y le dijo que "había un buen reportaje, un pelotazo periodístico, como así fue"

Con esa información en la mano, llamó al mánager del artista, Joaquín Domingo Martorell. “Le dije que me gustaría entrar, meter la nariz en esa investigación, porque ahí hay un gran reportaje”, dice. Martorell le dijo que lo consultaría con Iglesias y, unos días después, le llamó para decirle que adelante. No fue hasta que recibió el ok del entorno del cantante, que el detective accedió a darle información. Pastor se puso en contacto con un periodista de investigación especializado en temas de extrema derecha al que conocía, Joan Cantarero, que trabajaba en la delegación valenciana del Grupo Zeta, y le dijo que “había un buen reportaje, un pelotazo periodístico, como así fue”. Cantarero ya conocía la historia porque, antes de dirigirse a Pronto, Edite les había ofrecido a ellos la exclusiva, pero desde la dirección del grupo en Madrid se decidió no comprarla. Aunque Muñoz recuerda que fueron ellos los que ofrecieron el reportaje a Interviú, Cantarero recuerda más bien que fue el director de la revista, Francisco Mora, quien lo encargó.

Con el encargo hecho, Miguel Ángel Pastor, Joan Cantarero y Juan de Dios Vargas se montaron juntos en un coche y se fueron los tres a Sant Feliu de Guíxols dos o tres días “a conocer a estos testigos, a estas personas que decían que ellos habían mantenido relaciones con María Edite”, dice Pastor.

La portada del millón de copias

En el número de enero de 1993 Interviú, una cabecera del Grupo Zeta que combinaba investigación, política y mujeres semidesnudas, publicó un reportaje basado en el material que había reunido Juan de Dios Vargas en la investigación pagada por Julio Iglesias. El titular de portada decía: “La supuesta paternidad del cantante, cuestionada por las declaraciones ante notario del electricista Félix Coll: Yo y varios más nos acostamos con la madre del ‘hijo’ de Julio Iglesias”. Vargas, en conversación con este periódico, se considera a sí mismo “el protagonista del reportaje” porque “ahí se relataba su investigación”.

Cantarero y Pastor, según explican ambos, recibieron copia de los papeles notariales y conocieron, entrevistaron y comieron con Félix Coll y Dionis Recolons. Vargas pagó la comida. Se hicieron una foto, que aparecería en la revista. El reportaje lo redactó sobre todo Cantarero, en casa de Pastor. Lo firmaron ambos, y les acabó costando una querella por derechos personales que les interpuso el abogado de Edite. La revista no les quiso defender, por ser colaboradores, y fue la organización colegial de periodistas de Catalunya la que les pagó el abogado, según recuerda Pastor. Interviú vendió ese mes un millón de copias, según los periodistas, que salieron absueltos de la demanda.

El reportaje lo redactó sobre todo Joan Cantarero, en casa de Miguel Ángel Pastor. Lo firmaron ambos, y les acabó costando una querella por derechos personales que les interpuso el abogado de Edite

“No había un interés especial en perseguir a nadie”, señala Joan Cantarero, que explica que el reportaje se lo encargó el director de Interviú porque había un interés público en la historia de Edite y su hijo.

Cantarero recuerda que fue Joaquín Domingo Martorell quien “encargó directamente” que los testimonios pasaran por un notario. En la biografía profesional de Martorell consta que, tras abandonar el cuerpo policial y convertirse en representante de artistas y futbolistas, negoció para Antena 3 los derechos de televisión de la liga de fútbol, por orden del fallecido Antonio Asensio, por entonces presidente del grupo Zeta. Zeta era el grupo editor de revistas como Tiempo o Interviú. elDiario.es ha solicitado a Martorell una entrevista por mediación de la empresa de representación de futbolistas Bahía Internacional, de la cual es máximo accionista, pero el empresario ha declinado la propuesta. No obstante, ha querido indicar que no tiene “relación alguna” con Julio Iglesias, por lo que “poco o nada” puede “decir al respecto”. Para él, el tema de la reclamación de paternidad es “único y exclusivo” del cantante y que “los tribunales sentenciaron en su momento que no era hijo de Julio” por lo que “no se puede juzgar otra vez”.

La declaración cambiante del técnico de luces

La declaración notarial del técnico de luces Félix Coll afirma que Iglesias actuó en la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols el 19 de julio de 1975, que después hubo una cena y que al día siguiente siguió su viaje a Barcelona, por lo que estimaba “imposible que tuviera relaciones con María Edite Santos”. Además, añadió que Edite “con frecuencia tenía relaciones sexuales con empleados de la sala y con otros hombres” y que él “en diferentes ocasiones mantuvo relaciones sexuales con María Edite, las que indudablemente ya venía practicando desde hacía ya mucho tiempo”. Además, en entrevista con Interviú, Coll añadió una serie de detalles sobre las relaciones sexuales que decía haber mantenido con Edite.

El programa de Telecinco ¿Quién es mi padre?, presentado por Carlota Corredera, localizó y entrevistó a Félix Coll en 2022. Este hombre, que moriría poco después, contradijo su declaración de casi 30 años atrás afirmando que nunca tuvo “ninguna relación” ni se había “acostado” con María Edite. También aseguró que no sabía que existía aquella declaración notarial: “Eso lo habrán falsificado. Yo nunca lo he dicho”. Afirmó que no recibió dinero y pidió perdón porque no sabía “ni la cuarta parte de lo que la liaron”. elDiario.es no ha podido localizar a Dionis Recolons.

María Edite se considera "maltratada psicológicamente" por Julio Iglesias. "Cuando estuve con él le dije que no tomaba ninguna precaución porque yo no estaba con nadie y no quería hijos. Yo lo dije ten tú la precaución. Pues mira el caso que ha hecho", dice

María Edite, en conversación con elDiario.es, no solo niega haber mantenido relaciones sexuales con Félix Coll sino que afirma que no sabía “quién era” y que nunca “habló con él”. Edite niega “tajantemente” que mantuviera relaciones sexuales en ese tiempo con otro hombre que no fuera Julio Iglesias.

Edite se considera “maltratada psicológicamente” por Julio Iglesias. “Cuando estuve con él le dije que no tomaba ninguna precaución porque yo no estaba con nadie y no quería hijos. Yo lo dije ten tú la precaución, porque yo quiero seguir con mi vida. Pues mira el caso que ha hecho”, dice. La exbailarina afirma que antes de que se publicara la exclusiva de Pronto y del intento que hizo para que Iglesias conociera a su hijo, ella le hizo saber, por mediación de una amiga, que Javier existía. Esperó que algún día Iglesias fuera a Valencia a conocerle, pero eso no sucedió. “Cuando yo le conocí no era tan famoso, era más bien un chico normal. Eso de que regalaba relojes, a mí no me pasó, no tenía tanto dinero. A mí me regaló un pantalón vaquero”, recuerda. “Bueno, me regaló algo más, más bonito, que es mi hijo”, añade.

Una paternidad sin demostrar

Tanto para María Edite como para su hijo, las sospechas de lo que pasó en aquellos tres primeros años de la década de los noventa van más allá de lo que contó Interviú. “Eso hizo mucho daño a mi madre, porque en el Tribunal provincial fueron aceptados esos testigos, cosa que a mí me parecía muy extraño”, dice Javier Santos. Afirma que vio “sufrir mucho” y “llorar muchísimo” a su madre en aquellos tiempos, por lo que siempre ha querido “desenmascarar” a los hombres que orquestaron este reportaje titulado Demasiados padres para un solo hijo, a quienes él tacha de “mentirosos”.

En el año 2017, Santos intentó reabrir la demanda de paternidad, consiguiendo una muestra de ADN de Julio José Iglesias. Un detective que trabajaba para Santos rescató una botella que el hijo mayor de Isabel Preysler y Julio Iglesias había arrojado a una papelera. Esa muestra se mandó a analizar y el resultado arrojó una probabilidad de hermandad del 99%.

Dos años después, un juzgado de Valencia declaró que Javier Santos es hijo de Julio Iglesias, utilizando la prueba de ADN y señalando el “evidentísimo parecido físico”, a pesar de que el cantante seguía negándose a participar en una prueba genética. Además, la sentencia consideró acreditado que al menos un día de julio de 1975, Iglesias y Edite actuaron en el mismo espectáculo en la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols. Varias fotografías de ellos se publicaron en un periódico francés.

Un juzgado de Valencia declaró que Javier Santos es hijo de Julio Iglesias, utilizando la prueba de ADN y señalando el “evidentísimo parecido físico", a pesar de que el cantante seguía negándose a participar en una prueba genética

Como parte de su investigación, Juan de Dios Vargas acudió a la hemeroteca y reconstruyó el calendario de galas de Julio Iglesias en julio de 1975. Como según este calendario era imposible que el artista hubiera pasado más de un día en Sant Feliu de Guíxols, concluyó que María Edite mentía cuando decía que había pasado una semana viviendo un romance con él, en una casa de esa localidad, tal y como contó en la exclusiva de Pronto. Edite dice que la conclusión del detective es “mentira”: “Julio estaba viviendo en una casa que ni siquiera era la suya”. Según ella, esta casa, en lo alto de una montaña, pertenecía al fallecido futbolista del Real Madrid Pedro de Felipe, que se la había prestado para que Iglesias tuviera un lugar cercano de residencia para desplazarse a las diferentes ciudades de Catalunya en las que tenía galas durante esas semanas, en lugar de ir de hotel en hotel.

Finalmente, Javier Santos no consiguió confirmar judicialmente la seguridad que él tiene de que Julio Iglesias es su padre. Tras un recurso del cantante, la Audiencia Provincial de Valencia y el Tribunal Supremo anularon la sentencia porque consideraron que el caso ya había sido juzgado en los años 90, lo cual impide que vuelva a evaluarse, aunque aparezcan nuevas pruebas, como fue el caso.

elDiario.es ha solicitado a uno de los representantes legales de Iglesias si podría contestar preguntas sobre este tema, pero no ha tenido respuesta. Por su parte, el despacho de abogados de Fernando Falomir Maristany celebró que prosperara el “recurso interpuesto” y que se “desestimara la paternidad” reclamada a Julio Iglesias de la Cueva.

Puedes leer más sobre esta investigación en nuestro especial.

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El 23 de enero la Fiscalía de la Audiencia nacional dictó un Decreto de archivo, en el que declara que los tribunales españoles no tienen competencia para juzgar los hechos por los que la organización Women’s Link Worldwide, en representación de varias mujeres, ha acusado recientemente al cantante Julio Iglesias, y a otras dos personas. Los hechos son conocidos y, según recoge el escrito de la propia Fiscalía, podrían ser constitutivos de delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, acoso sexual, agresión sexual, lesiones, y contra los derechos de los trabajadores.

Pues bien, en contra de lo que afirma la Fiscalía, los tribunales españoles sí son competentes para conocer de estas acusaciones, al menos las que van dirigidas contra el Sr. Iglesias (puede que no las que afectan a las otras dos personas acusadas, que al parecer no tienen nacionalidad española), porque así lo establece el principio de personalidad activa regulado en el art. 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este precepto dispone que “conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles […] y concurrieren los siguientes requisitos: a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, […] b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los tribunales españoles. […] c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero […].”.

El Sr. Iglesias tiene nacionalidad española, por lo que el primer requisito está cumplido. Por lo que hace al segundo (que los hechos sean punibles tanto en España como en el lugar en el que se han cometido; es lo que se suele denominar “doble incriminación”), no conozco con detalle la legislación de República Dominicana y Bahamas, países en los que tuvieron lugar los hechos, pero cabe pensar que al menos delitos tan básicos como las lesiones y las agresiones sexuales estarán tipificados en cualquier código penal (y respecto del resto, es algo que se puede comprobar una vez iniciada la investigación). Por otro lado, es evidente que el Sr. Iglesias no ha sido aún juzgado, y por tanto no ha sido absuelto, indultado ni penado en el extranjero, de manera que se respeta también la letra c) del art. 23.2 LOPJ. El único requisito que faltaría por cumplir es (letra b) que las agraviadas o el Ministerio Fiscal interpongan querella antes los tribunales españoles.

Las mujeres directamente agraviadas tienen por tanto expedita la vía judicial en España, aunque es comprensible que no quieran asumir en primera persona la responsabilidad exclusiva de llevar adelante un juicio tan complicado, largo y costoso —a todos los niveles— como previsiblemente sería este.

Y también el Ministerio Fiscal puede interponer la querella, si le consta —como es el caso— que las mujeres quieren que se juzguen los hechos. Nótese que el art. 23.2 LOPJ no exige nada más: ni que el acusado se encuentre en territorio español, ni que estén aquí las víctimas, ni que el estado en el que ocurrieron los hechos se haya negado a juzgarlos… Nada más. Solo los cuatro requisitos que acabo de reproducir.

¿Cómo se explica, entonces, que la Fiscalía haya afirmado lo contrario? Pues no es fácil de entender. Como único argumento para no aplicar el principio de personalidad activa previsto del art. 23.2 LOPJ, la Fiscalía cita una sentencia del Tribunal Supremo, la número 974/2016, de 23 de diciembre, que afirmó que el art. 23.2 LOPJ debe aplicarse restrictivamente, “pues no implica que un ciudadano «lleve consigo la ley penal española» más allá de las fronteras del Estado. La sentencia destaca que la extensión de jurisdicción exige estricta concurrencia de requisitos, especialmente el de doble incriminación, y que el legislador no contempla una competencia automática por el solo hecho de ser el investigado español”.

Desde luego, es muy cierto que la ley no contempla una competencia automática de los tribunales penales españoles por el mero hecho de ser el acusado español, al contrario: como acabamos de ver, exige que concurran otros requisitos, especialmente el de doble incriminación. La Sentencia del Tribunal Supremo 974/2016 se refiere a un caso en el que faltaba, precisamente, este requisito: era un supuesto de pesca ilegal en aguas internacionales, y el Tribunal entendió que esas aguas, puesto que ningún Estado tiene soberanía sobre ellas, no eran un territorio en el que pudiera considerarse tipificada como delito la pesca ilegal. Ahora bien, el caso de Julio Iglesias es muy distinto: los hechos se han cometido en el territorio de dos países (República Dominicana y Bahamas) cuyos códigos penales es muy probable que sí regulen como delito, igual que hace España, los comportamientos por los que se le acusa. El precedente de la Sentencia 974/2016 no es, por tanto, aplicable aquí.

El resto de razones que ofrece la Fiscalía para argumentar que España no puede juzgar estos hechos se centran en que no concurrirían en este caso los requisitos del principio de justicia universal, regulado en otros apartados del art. 23 LOPJ. Creo que tampoco aquí tiene razón la Fiscalía: los delitos de violencia contra las mujeres y de trata de seres humanos sí están contemplados en las letras l) y m) del art. 23.4, que confiere competencia a España para juzgarlos en virtud del principio de justicia universal siempre que “el procedimiento se dirija contra un español”, circunstancia que evidentemente se cumple en el caso de Julio Iglesias. El Decreto de archivo de la Fiscalía cita aquí como precedente la Sentencia del Tribunal Supremo nº 387/2022, pero se equivoca otra vez: esa sentencia denegó la competencia de los tribunales españoles (por delitos, además, distintos de los que se ventilan en el caso de Julio Iglesias) en un caso en el que los autores eran colombianos. Siendo Julio Iglesias español, obviamente estamos ante un precedente que no es aplicable a su caso. Es más, en esa Sentencia de 2022 parece que los hechos ya habían sido juzgados y condenados en el país en el que ocurrieron (Colombia), mientras que en el caso de Julio Iglesias no consta que se haya iniciado ninguna investigación judicial ni en República Dominicana ni en Bahamas, por lo que tampoco eso es impedimento para juzgarlos en España (art. 23.5 LOPJ).

Es cierto, efectivamente —y en esto es en lo único en lo que a mi juicio tiene razón la Fiscalía— que, tras la muy discutida reforma del año 2014, el principio de justicia universal quedó configurado (o desfigurado) de una manera tan restrictiva, que es bastante difícil que por esa vía España pueda juzgar hechos cometidos fuera de sus fronteras, aunque uno de los resquicios que aún lo permiten es, precisamente, que la persona acusada sea de nacionalidad española. Y, en todo caso: una cosa es el principio de justicia universal, y otra muy distinta el de personalidad activa. Basta con que se cumplan los requisitos o bien de uno, o bien del otro, para que los tribunales españoles sean competentes. Y en este caso se cumplen sin duda los del principio de personalidad, previsto en el art. 23.2 de la LOPJ.

En definitiva, los tribunales españoles son competentes para conocer los hechos por los que se acusa a Julio Iglesias, probablemente en virtud del principio de justicia universal (art. 23.4 LOPJ), y con toda seguridad en virtud del principio de personalidad activa (art. 23.2 LOPJ), si la Fiscalía o las personas agraviadas interponen una querella ante la Audiencia Nacional. Que las mujeres víctimas no quieran hacerlo directamente, se comprende por muchos motivos. Que no quiera hacerlo el Ministerio Fiscal, es bastante más difícil de entender.

“No se cuida a la persona que realiza el trabajo doméstico”, dice Rafaela Pimentel, una activista feminista dominicana que lleva años liderando el asociacionismo de empleadas domésticas en España. Son 75,6 millones de personas en el mundo las que trabajan en el empleo doméstico, la inmensa mayoría mujeres y migrantes, como confirman los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Un empleo “poco valorado”, de “salarios bajos” y “condiciones precarias”, añade Pimentel.

Los trabajos en el hogar y de cuidados son algo “fundamental para gestionar las vidas y sostener la sociedad”, señala la activista, pero que “sigue sin estar reconocido socialmente”. Ese es el sector en el que trabajan Rebeca, Laura y Carolina, nombres ficticios de tres ex empleadas de Julio Iglesias en Punta Cana con las que ha podido hablar elDiario.es y Univision Noticias. Ellas refieren unas jornadas maratonianas, salarios bajos, un régimen interno aislado de la familia y una escasez de libranzas que no solo se dan en República Dominicana.

Rebeca y Laura trabajaban internas para Julio Iglesias, un régimen que abre aún más la puerta a la explotación, según los expertos. Estas mujeres presentaron ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional una denuncia por vulneraciones laborales durante su tiempo como empleadas, así como por agresiones sexuales. Esta denuncia fue archivada por la falta de jurisdicción de España sobre el caso. Iglesias no respondió a las preguntas que se le han hecho llegar a él y a sus representantes legales. En un comunicado posterior a la primera publicación de elDiario.es y Univision Noticias, el cantante ha negado “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

Violencia oculta y normalizada

Hasta 29 asociaciones de empleadas domésticas y de derechos humanos han hecho público un manifiesto en el que aseguran que este caso revela “cómo la violencia sexual en el ámbito del trabajo de hogar permanece oculta y normalizada, sigue siendo un tabú y muchas víctimas no se atreven a hablar”. “Se aprovecha la indefensión de las víctimas, siempre cuestionadas por el sistema patriarcal y racista que domina las relaciones laborales de las trabajadoras extranjeras”, dicen organizaciones como Servicio Doméstico Activo (Sedoac), Oxfam Intermón, la Asociación Mujeres Cuidadoras Sin Papeles o Territorio Doméstico.

Aunque en los últimos años el activismo ha presionado para que España apruebe mejoras para equiparar los derechos de las trabajadoras de hogar al del resto de sectores, la informalidad y la precariedad sigue siendo la norma. También el acoso, las faltas de respeto o la violencia. España ratificó el convenio 189 de la OIT, que obliga a los países firmantes a ampliar sus derechos, por ejemplo, el de paro, que apenas se ha puesto en marcha en nuestro país.

Un informe de Oxfam Intermón y la Asociación Por ti Mujer muestra que el 49% de las trabajadoras que encuestaron en España afirmaba haber vivido algún tipo de violencia en el trabajo a lo largo de su trayectoria laboral y el 70% conocía algún caso cercano. El 49% había vivido exceso de control mediante cámaras de vigilancia, llamadas y mensaje constantes, incluso durante el tiempo libre. El 48% ha recibido faltas de respeto, insultos y discriminación. El 17% ha recibido proposiciones de naturaleza sexual, y el mismo porcentaje ha sufrido violencia física. El 8,5% ha recibido tocamientos de naturaleza sexual sin consentimiento.

“Las consecuencias de las condiciones en las que trabajamos son cuerpos rotos, muchas mujeres enfermas, mujeres migrantes empobrecidas que trabajan para sobrevivir, muchas situaciones complicadas de salud mental, internas a las que no empadronan o trabajadoras a las que no dan de alta en la Seguridad Social, que no tienen vacaciones o tiempo libre. Seguimos luchando para que, por ejemplo, se nos reconozcan las enfermedades profesionales”, critica Rafaela Pimentel.

Por eso, las asociaciones destacan que no puede entenderse el acoso y la violencia sexual que viven las trabajadoras de hogar sin señalar “la precariedad estructural del sector; la vulnerabilidad jurídica, económica y social de las mujeres migrantes en España, el régimen de explotación y abuso que significa la disponibilidad las 24 horas del día los siete días de la semana de trabajadoras internas, y de condiciones y horarios abusivos de trabajadoras externas”. “La inestabilidad laboral y las condiciones abusivas no son un accidente, son el terreno que facilita y perpetúa la violencia”, subrayan. Denunciar esa violencia es tremendamente difícil, prosiguen, una circunstancia que se agrava porque la relación laboral se desarrolla en este caso en el ámbito privado del domicilio, “donde existen relaciones de poder, dependencia económica y emocional, y una fiscalización limitada, lo que incrementa el miedo a represalias, despido o pérdida de derechos”.

En República Dominicana

Aunque el Gobierno dominicano está dando pasos para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar, estas seguirán por detrás en derechos en comparación con otras profesiones. Y sin duda lo estaban entre 2021 y 2023, los años en los que trabajaban en la casa de Julio Iglesias en Punta Cana mujeres como Rebeca, Laura o Carolina (nombres ficticios), a las que este diario ha podido entrevistar.

Sin la obligación de contratarlas, sin inscribirlas en la Seguridad Social, sin derecho a indemnización por despido, plan de pensiones, subsidio de desempleo ni preaviso. “Hablamos de la esclavitud en pleno siglo XXI”, define la dominicana Kathy Cabrera, del área de Juventud de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (Conamuca). “Y esa esclavitud moderna tiene rostro: el de las trabajadoras del hogar”, reitera. “Puedes durar 30 años trabajando en una casa y cuando dices que te vas, te vas con lo mismo que llegaste. Al no estar regulado ante la ley, no existe”, añade esta defensora de derechos de las mujeres.

Cuando hablamos de trabajo interno, como sucede en las mansiones del cantante, las mujeres duermen en la casa familiar y sus horarios no se concretan o se desdibujan según las necesidades de la casa: comienzan pronto en la mañana y terminan cuando la familia se acuesta. Cuando trabajan para familias con alto nivel adquisitivo, a veces las acompañan en cruceros y otro tipo de viajes, donde la atención a sus empleadores se vuelve casi permanente. En el caso de Julio Iglesias, dos de sus empleadas domésticas de Punta Cana eran seleccionadas para viajar a Málaga durante el mes de vacaciones del cantante y su familia, según ha podido comprobar elDiario.es, al menos en 2020 y 2021. De cara a ese traslado, no se mejoraban sus condiciones laborales ni mucho menos se equiparaban a las que tienen las trabajadoras del hogar en España.

La escasa regulación del trabajo doméstico en República Dominicana garantiza únicamente los descansos: deben tener nueve horas ininterrumpidas entre jornadas. El resto del tiempo, cumplirán el horario que acuerden con su empleador. Semanalmente, deben descansar un periodo ininterrumpido de 36 horas cualquier día de la semana, que si no se determina, comenzará el sábado al mediodía. Por lo que explican las antiguas empleadas del cantante, el acuerdo de libranzas cada tres semanas que había en la casa tampoco cumplía el Código de Trabajo. Los extensos horarios en la casa de España, según relata Carolina, que atendió a la familia Iglesias durante un mes de verano, que empezaban a las seis de la mañana y terminaban después de cenar y recoger —podían ser las diez, las once o las doce de la noche—, tampoco.

Intentos de mejora

República Dominicana lleva varios años trabajando sobre una reforma del Código de Trabajo, que data de 1992. Entre 2020 y 2022 comenzaron las reuniones entre el Gobierno, la patronal y los representantes de los trabajadores para modernizar este estatuto laboral. La incorporación del teletrabajo era un objetivo prioritario y de consenso pero también se contemplaba la mejora del trabajo doméstico, adaptando el Convenio 189 de la OIT, que se promulgó en 2011 y que Dominicana ratificó tan solo dos años después. Pero los trámites para mejorar las condiciones del trabajo doméstico por esta vía no están siendo nada fáciles.

Javier Suárez es un abogado dominicano que participó en el equipo técnico-jurídico que armó el Ministerio de Trabajo para impulsar la reforma: “Se hablaba de los descansos, de respetar su dignidad, de su seguridad y salud en el trabajo. O sea, se adecuaba el Convenio 189 de la OIT a la legislación nacional”. En el informe en el que él participó se regulaba la jornada y los descansos de las trabajadoras domésticas, también se abordaban temas como la seguridad y la salud. Unos abogados plantearon un recurso de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional dictaminó que una resolución del ministro de Trabajo no era la forma legislativa de impulsar esa reforma, sino que había que modificar la ley. La reforma volvía al punto de partida y debía iniciar un nuevo camino por las cámaras alta y baja.

Finalmente, el 16 de octubre del pasado año, el nuevo texto que actualiza el Código de Trabajo ha saltado del Senado al Congreso, y se espera una pronta aprobación. Incorpora mejoras en el trabajo del hogar, pero no tantas como se esperaba.

No obstante, el debate social para regularizar mejor a las trabajadoras del hogar ha sido bronco. Uno de los puntos que hizo “implosionar a la sociedad”, en palabras del abogado Javier Suárez, fue que se pretendiera limitar la jornada de la trabajadora doméstica a ocho horas, si no duerme en el centro de trabajo, y a diez si es interna, a quienes se les reconoce “una intermitencia”. Se propuso que la jornada semanal fuera de un máximo de 44 horas, con un descanso de 12 horas entre jornadas si duerme en su casa o de 54 si lo hace en la residencia de su empleador. Además, reconoce el derecho a un preaviso de cinco días antes de un despido y, mientras que en el Código de Trabajo de 1992 se permitía que en el pago del salario se incluyeran la alimentación o el alojamiento, estos beneficios ya no se considerarán parte del sueldo.

El texto que ha aprobado finalmente el Senado recoge todas estas mejoras. No obstante, deja fuera una que impide que las trabajadoras del hogar se equiparen al resto de profesiones: no incluye indemnización por despido (denominado cesantía en República Dominicana) ni subsidio de paro, en un sector que supone la tercera rama de actividad económica más importante para las mujeres en el país (ellas realizan el 92,31% del servicio doméstico, según datos del Gobierno dominicano recogidos en 2021), y que además es un sustento de cuidados para que otras muchas personas puedan acceder al mercado laboral.

Informalidad

Pero la foto real del trabajo en el hogar ajeno ahora mismo es el retrato de la informalidad, una situación en la que se mueve la práctica totalidad de sus trabajadores (el 94,8%,según la misma fuente). Hablamos de contratos verbales (tan solo un 5,3% son escritos), de que solo cuatro de cada diez mujeres tienen las vacaciones pagadas, de que sus sueldos están un 57% por debajo de la media y de que el pago de las horas extras es un unicornio que solo han visto el 0,31% de las más de 245.000 empleadas que componen esta fuerza de trabajo.

Para Estephany Encarnación, experta en incidencia y políticas del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), una ONG feminista dominicana, hay una evidente “traba cultural” que ha impedido conseguir mejores avances para las mujeres en la negociación que ha llevado al poder legislativo hasta ese punto, pues se trata de un país “muy machista” que evita identificar los problemas de las mujeres

Cabrera, que dentro de dentro de Conamuca trabaja en la asociación Eufemia Rodríguez, de Semana Santa, una comunidad rural cercana a Yaguate, al sudoeste de Santo Domingo, conoce bien a qué se enfrentan las mujeres en su país, en especial en el campo. Y, por ello, explica la cadena de explotación y vulnerabilidad que se genera a partir del trabajo doméstico. “Encontramos en la mayoría de las comunidades a niñas de 15 años cuidando niños para que mamá salga a trabajar a la ciudad. Niñas que tienen que salir de la escuela a cocinar, a fregar, a trapear, a limpiar”, señala. “Entonces tenemos una mamá violentada en un trabajo con un salario mínimo paupérrimo, que no da para las canastas básicas y unas niñas que se quedan a cargo de sus hermanos y que son vulnerables a sufrir violencia sexual o a terminar en uniones forzosas con hombres que les llevan diez o veinte años”, añade la defensora. Y si esas circunstancias interseccionan con los cuerpos migrantes, el riesgo de violencias y vulnerabilidades es aún mayor.

“La realidad es que en República Dominicana el doméstico es un trabajo que tiene casi características de trabajo esclavo”, remata Estephany Encarnación, coincidiendo con Kathy Cabrera, y señalando que en su país, “el tema de la violencia sexual tiene características de pandemia”, con cerca de 70.000 denuncias por año de violencia sexual, y la estimación “de un subregistro de estas denuncias cercano al 95%”

Cuando Carolina vio la oferta de trabajo para empleada de hogar en una mansión en Punta Cana (República Dominicana) no dudó un momento. Ella vivía en Los Alcarrizos, uno de los barrios más pobres de Santo Domingo. Tenía 27 años y buscaba trabajo en las redes sociales. Encontró el anuncio en Instagram. Se ofrecían 25.000 pesos dominicanos –el triple del salario medio para servicio doméstico en 2021, unos 350 euros al cambio– y alojamiento incluido.

Contactó con el número de WhatsApp que se indicaba. “Le dije que necesitaba el empleo. Le envié mi currículum y me dijeron que enviara una foto de mí completa”, dice esta mujer dominicana en entrevista con elDiario.es. Como ella, Rebeca y Laura (los tres son nombres ficticios para proteger su identidad por temor a represalias) llegaron a la casa de Julio Iglesias todavía en pandemia atraídas por unas buenas condiciones laborales. 

Envió las fotos y, al día siguiente, consiguió el puesto. El lunes empezaba a trabajar. Carolina organizó las cosas en casa y le dijo a su madre que se marchaba a vivir y trabajar a Punta Cana, que está a tres horas por carretera.

Pero en el complejo de inspiración balinesa de Punta Cana en el que Julio Iglesias pasa gran parte de su tiempo, las condiciones laborales que encontraron estas mujeres fueron otras, según tres testimonios recabados por elDiario.es y Univision Noticias en una investigación conjunta sobre el cantante español, que ha hecho aflorar presuntas irregularidades administrativas en el traslado a España de trabajadoras como Carolina, así como denuncias de agresiones sexuales por parte de otras dos extrabajadoras, Rebeca y Laura (nombres ficticios).

Ambas mujeres denunciaron esos presuntos delitos ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha archivado la denuncia por falta de jurisdicción del Estado español. elDiario.es y Univision Noticias se pusieron en contacto en repetidas ocasiones y por diferentes vías con Julio Iglesias y con sus abogados para preguntar por las acusaciones de agresión sexual y abusos laborales, sin obtener respuesta. En un comunicado público posterior a la primera publicación, el cantante ha negado “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

Viaje a Europa en el jet privado

Después de unos meses trabajando en República Dominicana, a Carolina le dijeron que viajaría a la finca que el cantante tiene en Ojén, una localidad cercana a Marbella, en el verano de 2021. Aunque Iglesias es muy celoso de su intimidad, a través de la prensa del corazón se conoce que la finca –denominada Cuatro Lunas y donde se casó con Miranda Rijnsburger– tiene 450 hectáreas, tres piscinas, estudio de grabación, cuadra de caballos, “huerto orgánico” y “cuatro millas de senderos privados”, relataba en 2024 ¡Hola! en un reportaje exclusivo dentro de la mansión.

El viaje se lo propuso una de las gobernantas de la casa de Punta Cana: “Me dijo que yo era buena empleada, que estaban viendo si mandaban a unas chicas a Bahamas [donde el cantante tiene una residencia] y otras a España, y que a mí querían mandarme a España”. Carolina puso una sola condición antes de viajar a Europa: poder ver a su hija pequeña, ya que desde marzo –cuando entró a trabajar en la villa dominicana– hasta junio no había podido salir de la mansión del cantante: “Le dije que no sabía cuánto iba a durar sin yo siquiera poder ver a mi hija. Entonces, ahí él me dio la opción de que el chófer podía venir a buscar a mi hija para que ella durara un par de días conmigo en la villa sin que saliéramos. Yo acepté y fueron a buscar la niña”. Estuvieron juntas “10 o 15 días”.

Unos días después se realizaron los trámites consulares para que Carolina pudiera viajar a España. Su nombre y el de otra mujer aparecen en una carta dirigida al cónsul de Santo Domingo. Según ha podido comprobar elDiario.es, Julio Iglesias solicitó mediante esa carta un visado Schengen tipo C para el traslado de su empleada a Europa; una autorización que permite visitas de turismo, negocios, tratamientos médicos, prácticas no laborales y estudios cortos, pero no el empleo remunerado. Este tipo de visado se suele utilizar para el personal doméstico contratado en origen que es trasladado temporalmente a España junto con su empleador, no únicamente para Julio Iglesias, según han confirmado a elDiario.es fuentes diplomáticas.

Tras la publicación de la noticia que revelaba en qué condiciones trasladaba Julio Iglesias a sus trabajadoras, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha abierto una inspección de oficio para aclarar el proceder del Consulado con los visados de turista solicitados por Julio Iglesias en Santo Domingo, según han confirmado fuentes del departamento a elDiario.es.

A Carolina le propusieron ir unos tres meses, aunque calcula que estuvo aproximadamente dos. El viaje se realizó en el avión privado que posee el cantante. “Recuerdo que en España me permitieron salir una sola vez, fui a una plaza que se llama La Cañada”, en referencia a un conocido centro comercial de Ojén.

Carolina asegura que la promesa que le hicieron de aumentar su salario a 40.000 pesos (575 euros al cambio de 2021) por trabajar en la mansión de Ojén nunca se materializó una vez llegó, aunque sí relata que le dieron 200 euros extra al mes para gastos personales. Tampoco le hicieron contrato, igual que relatan las otras dos mujeres que fueron también trasladadas a España, como ha publicado elDiario.es.

Jornadas de catorce horas

Las condiciones de trabajo que confirma tanto Carolina como otras dos mujeres que fueron trasladadas desde Punta Cana a Málaga, son contrarias a la norma española: sin contrato ni alta en la Seguridad Social, con jornadas de más de 12 horas, casi sin posibilidad de libranza o de salir fuera de la casa en la que se encontraban, y con remuneraciones muy por debajo del salario mínimo en España.

“En España fue mucho más difícil para mí porque se trabajaba de ocho de la mañana hasta las diez u once de la noche, todos los días. Tuve un solo día de descanso. Allí atendí a su esposa Miranda y también a sus hijos [tres chicos y dos chicas que están en la veintena]. Le hacíamos la limpieza en las habitaciones, lavandería, cocina…”, dice Carolina. “Yo tenía que trabajar en la cocina, porque era ayudante de cocina y también era camarista, porque me tocaba hacer las habitaciones”. elDiario.es y Univision Noticias han contactado con Miranda Rijnsburger, esposa de Julio Iglesias, pero no han recibido respuesta. 

Yo estaba totalmente convencida de que me estaban explotando a nivel laboral

Carolina (nombre ficticio) — Exempleada de Julio Iglesias

En España no se le hizo contrato, asegura Carolina: “Yo recuerdo que supuestamente cuando cumpliéramos los tres meses nos iban a hacer el contrato. Me enviaron a trabajar a España y no me hicieron el contrato en ningún momento”, recuerda. Aunque estaba previsto que el cantante viniera también en aquel verano de 2021, finalmente esta trabajadora hizo el viaje sin él, según ha contado la exempleada y reflejan las publicaciones y medios de comunicación de ese año, que recogen que Iglesias canceló su viaje previsto a Marbella en esas fechas.

“Yo estaba totalmente convencida de que me estaban explotando a nivel laboral, porque ellos pusieron a trabajar en España a chicas que vivían en España y tenían un mejor sueldo y un mejor horario. Las chicas que trabajaban en la casa en España junto con nosotras entraban a trabajar a las nueve y terminaban a las cinco de la tarde y a las seis. Entonces las únicas que nos quedábamos trabajando éramos nosotras, las que habían mandado desde aquí”, cuenta esta exempleada, en referencia a República Dominicana.

Sensación de encierro en Punta Cana

También describe una fuerte sensación de encierro trabajando en las casas de Julio Iglesias. Recuerda que una de las gobernantas de Punta Cana le hizo una advertencia: “En un momento nos dijo que había cámaras en la casa. Ellos decían que ellos se daban cuenta de todo. Que escuchaban todo”. La responsable “llegó a hacer reuniones para ver si nos molestaba algo y le dijimos que necesitábamos más tiempo libre para descansar o que por lo menos nos dejaran salir a caminar por los alrededores o que incluyeran algunas cosas más en la compra”. Carolina recuerda que en el alojamiento no tenían incluidos “frutas, pescado y aves”. elDiario.es y Univision Noticias contactaron con las encargadas de la residencia para recabar su versión. Una no contestó y la otra calificó las acusaciones contra Julio Iglesias de “patrañas”.

“También les dijimos que si había posibilidad de que nosotras pudiéramos salir fuera de la villa a hacernos algún arreglo, tal vez para ir al salón de belleza o algo así, y lo único que ella [la gobernanta] hizo fue que en ocasiones que el señor no estaba en la villa nosotras sí pudimos salir alrededor a caminar, pero no fuera”. Carolina recuerda un día en el que le permitieron hacer una excursión: “El día de las madres, a las que éramos madres nos llevaron a un lugar que se llama Reserva Ecológica Ojos Indígenas. Pero no fui sola. Siempre, siempre iba una de las asistentes con nosotros”.

Carolina fue testigo de los paseos de Iglesias en el carrito de golf acompañado de algunas de sus empleadas, así como de los mensajes o las llamadas para que Rebeca, una de las mujeres que relata haber sufrido agresiones sexuales por parte del cantante y que interpuso una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, acudiera a su habitación. Tiempo después, cuando ninguna de las dos trabajaba ya en la casa, supo lo que realmente había sucedido. “Ella me confirmó que tuvieron una relación íntima, pero que no fue por voluntad propia, como yo pensaba. Ella me confirmó que no, que fue un abuso en verdad”, afirma Carolina, que asegura que ella nunca sufrió abusos sexuales por parte de Julio Iglesias.

Finalmente, Carolina decidió dejar la casa. Pero buscó una excusa para evitar que le insistieran en que debía quedarse: “Lo que más me afectaba era que no teníamos días libres y durábamos demasiado tiempo ahí encerradas. Entonces yo dije, yo no puedo aguantar dos meses más aquí sin ver a mi familia”. Refiere que una de las gobernantas le intentó convencer y le dijo que esa situación se iba a resolver. “Pero al final yo sentía que no, y la única forma que encontré de renunciar fue diciéndoles que creía que estaba embarazada”, algo que no era cierto.

Después de renunciar me dijeron que podíamos trabajar horas extra para tener un mejor sueldo. Ellos pudieron haberme dicho eso al principio y todas las horas extras que trabajé pudieron pagármelas, pero nunca lo hicieron

Carolina (nombre ficticio) — Exempleada de Julio Iglesias

“Luego de que yo decidí renunciar fue que me dijeron que podíamos trabajar horas extra para tener un mejor sueldo. Ellos pudieron haberme dicho eso al principio y todas las horas extras que yo trabajé después de las seis pudieron pagármelas, pero nunca lo hicieron. Yo trabajé muchas horas extra. Y las demás chicas también trabajaron muchas horas extra”, recuerda Carolina.

República Dominicana está en proceso de aprobar un reglamento para dar más seguridad a las empleadas domésticas, un ámbito en el que es común trabajar sin contrato. No pagar horas extra tampoco supone una ilegalidad en ese país.

Tanto Laura como Rebeca, las dos exempleadas que han denunciado al cantante por agresión sexual y una agresión física ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, trabajaron también sin contrato y coinciden en que los horarios no se cumplían. En el caso de Laura, fisioterapeuta, la disposición tenía que ser total: “Aunque se suponía que íbamos a hacer ejercicio dos veces al día, yo no sabía cuál era el horario”, cuenta. Ambas han referido insultos y han narrado sentir dificultad a la hora de abandonar la casa. Rebeca asegura que también mintió a Julio Iglesias diciéndole que quería volver con su familia y que iba a estudiar, aunque en realidad solo quería abandonar la mansión porque se sentía mal. Tiempo después Rebeca acudió a un psicólogo, con el que elDiario.es y Univision Noticias han confirmado el relato de los hechos que denuncia y el diagnóstico de depresión. Laura fue despedida, bajo el argumento de que él no la “toleraba” ni la “soportaba”, pero relata llamadas diarias del cantante: “A las doce del mediodía me llamaba y yo tenía que atender la llamada”. Necesitada de trabajo, acabó volviendo a Punta Cana, pero pocos meses fue ella quien decidió abandonar definitivamente. Ahora define la situación que se vivía en esa casa como “maltrato”.

Comprobación de datos y edición: María Ramírez y Natalia Chientaroli

Puedes leer más sobre nuestra investigación en nuestro especial aquí. 

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El Ministerio de Exteriores ha abierto una inspección de oficio para aclarar lo sucedido con los visados de turista con los que Julio Iglesias trasladó a varias trabajadoras de República Dominicana a España en 2021, según han confirmado fuentes del departamento a elDiario.es. Como adelantó este medio, en julio de 2021 el cantante envió una carta al consulado de España en República Dominicana para solicitar ayuda “con la tramitación de los visados Schengen” para varias internas que iba a traer temporalmente a su casa de Ojén, cerca de Marbella, para atender a su familia. “Tras tener conocimiento de la información se inició una inspección por la Inspección General de Servicios”, aseguran en Exteriores, donde remarcan que se trata de una inspección sobre la actuación del consulado. El procedimiento está aún en la fase de recopilación de información.

Los visados que expidieron fueron Schengen tipo C, un permiso de corta estancia que no permite el trabajo remunerado, a pesar de que las mujeres trabajaron como internas a su llegada a España. Lo hicieron con unas condiciones contrarias a la norma española: sin contrato ni alta en la Seguridad Social, con jornadas de más de 12 horas, casi sin posibilidad de libranza o de salir fuera de la casa en la que se encontraban, y con salarios de apenas unos cientos de euros mensuales, tal y como confirmaron tres mujeres a elDiario.es.

En la página web que el consulado español en República Dominicana pone a disposición de los ciudadanos para tramitar sus visados puede leerse la advertencia de que el visado Schengen tipo C “no es un permiso de trabajo”. Diversas fuentes consultadas confirman que este visado de corta estancia no permite el trabajo, pero que se utiliza con cierta frecuencia para trasladar a personal de manera temporal, por ejemplo, asistentes personales o trabajadoras internas.

Sin embargo, quien los solicita no suele explicar abiertamente que esas personas acuden a trabajar, sino que simplemente se desplazan por turismo o como parte de su unidad familiar. En este caso, Julio Iglesias admitió abiertamente en su carta al cónsul que la finalidad del viaje era laboral.

La inspección de Exteriores busca aclarar lo sucedido con los visados que se concedieron para que Iglesias moviera a sus empleadas entre sus mansiones de República Dominicana y España. El organismo encargado de hacerla es la Inspección General de Servicios, que puede actuar aleatoriamente –inspecciones periódicas para comprobar trámites administrativos– o de oficio cuando tienen información que arroja dudas sobre alguna gestión, como ha sucedido en este caso.

elDiario.es se puso en contacto con el cónsul de España en República Dominicana en 2021, Pablo Gómez de Olea. El diplomático aseguró que este visado es el que suele utilizarse para el personal doméstico contratado en origen que es trasladado temporalmente a España junto con su empleador. “No se hizo solo con Julio Iglesias, si tienes una empleada y quieres llevarla a España se da un visado de corta duración, no un visado de trabajo, siempre que se cumplan las condiciones para ese visado de corta duración”, señala. Esas condiciones son, por ejemplo, tener arraigo en el país de origen o contar con medios económicos suficientes. En este caso, asegura Gómez de Olea, un tercero se responsabilizaba de todos los gastos.

La carta

“Querido Consul [sic], por medio de la presente, solicito tu ayuda en la solicitud de los visados Schengen para mis empleados (personal interno) que estarán viajando a España en los próximos días para atender a mi familia”, decía el comienzo de la carta que Iglesias envió al consulado español en República Dominicana el 6 de julio de 2021, a la que ha accedido elDiario.es. “Confirmo que cubriré su alojamiento, alimentación, viaje, seguro de viaje, cualquier emergencia médica, así como otros gastos que se les presenten. Si necesitas mayor información, que no duden en comunicarse conmigo en el siguiente teléfono”, continuaba la carta.

Carolina (nombre ficticio) es una de las mujeres cuya identidad aparecía en la misiva. Había entrado a trabajar en la mansión de Punta Cana en marzo de 2021 y, después de unos meses, una de las gobernantas le ofreció moverse temporalmente a Ojén, un pueblo cerca de Marbella. Le dijeron que la estancia fuera duraría unos tres meses.

Además de esa carta enviada al cónsul, Carolina, junto a otras mujeres, acudió al consulado para tramitar el visado. “Ellos [el personal de Julio Iglesias] hicieron todo. Nosotras simplemente vinimos a que nos tomaran las huellas, la firma, la foto y a entregar los papeles. Yo recuerdo que no nos querían aceptar los papeles en el consulado porque faltaba más evidencia de lo que íbamos a hacer allá, porque en República Dominicana es muy difícil conseguir una visa, ya sea de trabajo o de turismo. Entonces ellos vieron que faltaban más cosas y al final le dijeron que ese proceso no podía hacerse como visa de trabajo, sino que era mejor hacerlo de turismo. Y así lo hicieron”, recuerda la mujer, que nunca tuvo contrato formal en República Dominicana ni cotizó por ese trabajo, algo que todavía es legal en el país.

Según el relato de Carolina, confirmado por otras dos mujeres que también fueron trasladadas temporalmente a Marbella, sus condiciones incumplían con creces los derechos laborales mínimos de España: sin contrato ni cotización, con jornadas que superaban las 12 horas, sin libranzas establecidas, sin poder salir de la mansión para pasear o relacionarse con gente, por salarios de unos 25.000 pesos dominicanos, unos 340 euros al mes.

Periodistas de elDiario.es y Univision Noticias se pusieron en contacto en repetidas ocasiones y por diferentes vías con Julio Iglesias y con su abogado para preguntarle sobre este y otros asuntos, sin obtener respuesta a las preguntas que estos medios le hicieron llegar por email, mensajes telefónicos y cartas entregadas en sus residencias. En un comunicado público posterior a la publicación de la primera información, el cantante ha negado “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

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Alana S. Portero lleva, desde que publicó en 2023 La mala costumbre, cabalgando en semanas espitosas, llenas de actividad y de exposición mediática. Miles de entrevistas hablando sobre esas 250 páginas que narran el desgarrador proceso de crecimiento de una mujer trans en el barrio madrileño de San Blas. Por eso, la participación que esta mujer en el ciclo 'Poetas en la Abadía', no puede llegar en mejor momento. Alana leerá poemas de La habitación de las ahogadas, libro tan hermoso como negro donde la poeta se busca en cada palabra.

El teatro de La Abadía lleva tres años convocando a poetas a ese espacio de encuentro que es el escenario. El ciclo se ha consolidado a través de una propuesta ecléctica donde caben poetas del pop arcaico como Luis Alberto de Cuenca, la poesía entrometida de Fernando Beltrán o poetas más jóvenes, sónicos y expansivos como María Salgado o Mario Obrero. Este año será Alana S. Portero quien abrirá el ciclo al que posteriormente acudirán el madrileño Antonio Lucas y la cordobesa Elena Medel.

Portero está a la espera de que se estrene la versión que ha escrito con la productora de Javier Calvo y Javier Ambrossi, Suma Content, de la película de los años setenta Mi querida señorita, un clásico que por primera vez tocaba de frente el universo de una persona intersexual en España. Y, al mismo tiempo, anda tranquila escribiendo su próxima novela, “una historia que tiene que ver con brujas y que ocurre en Andalucía”, revela a este periódico.

Su poesía busca las palabras de lo todavía no nombrado, es una poesía telúrica que defiende la abolición de la división de poderes entre naturaleza, cuerpo y espíritu. Pero si bien Portero ya había publicado tres libros anteriores de poesía, la poeta afirma que este libro de 2017, que ha sido reeditado por La Bella Varsovia el año pasado, “es literariamente es muy superior”.

¿Por qué superior?

La temática, desde el principio, es mucho más clara, se utiliza lo poético como trampolín, no para esconderse. Las metáforas, muy a menudo y eso pasaba en mis anteriores libros, tienen que ver con una estrategia de esconderse detrás de parapetos poéticos. La habitación de las ahogadas es justo lo contrario, las metáforas y el lenguaje poético son caja de resonancia.

¿Quiere decir que en este libro su exposición es mayor?

Es total y absoluta. Creo que es el libro en el que más me he expuesto y probablemente me expondré en toda mi vida, con mucha diferencia. Mucho más que en La mala costumbre, que erróneamente se tiene por más autobiográfico. El libro más autobiográfico que yo he escrito en mi vida es La habitación de las ahogadas.

¿Cómo le explicaría a alguien que no la conoce qué es la “habitación de las ahogadas”?

Le contaría que cuando lo escribí pensaba que sería mi testamento literario y mi testamento vital. No esperaba sobrevivir a ese libro. Lo escribí en un momento en el que quería terminar con mi propia vida. Fue un proceso muy oscuro, no tenía ganas de seguir viviendo y había reunido las fuerzas para acabar. El libro es lo último que tenía que decir, un grito de desesperación reclamando mi lugar en el mundo o mi lugar en el otro mundo. Está escrito en mi etapa de transición y aborda la imposibilidad y la angustia de no poder vivir la vida que me correspondía, de vivir la vida del único modo que yo la entendía.

'La habitación de las ahogadas' es el libro en el que más me he expuesto y probablemente me expondré en toda mi vida, con mucha diferencia

Alana S. Portero — Escritora

Con esta participación en el ciclo de la Abadía vuelve, en cierto modo, a la escena. Es algo menos conocido, pero antes de La mala Costumbre era directora y actriz de teatro. Hace diez años, por ejemplo, estrenó una versión del Blasted de Sarah Kane, Hambre. ¿Sigue con el proyecto de su compañía, Striga?

La compañía ya no existe, pero en un futuro me encantaría volver a hacer teatro. Paramos por falta de tiempo, por la avalancha que produjo La mala costumbre. Pero el teatro es algo que me hace feliz. Está en mis planes y seguro que será con ellas, con mis compañeras de Striga, que siguen ligadas al mundo escénico, pero sería otro proyecto. Para La Abadía cuento con mi gente de Striga, con Lua Quiroga Paúl a las luces y con Mar del Valle, que estará diciendo conmigo en escena.

¿Sigue vinculada al teatro?

Como espectadora, sí, es una de las cosas que mejor hago: ser espectadora de teatro.

¿Cuáles son sus grandes hits?

Difícil porque soy una entusiasta y me gusta casi todo, el teatro me lleva a un lugar casi de entusiasmo infantil. Me acuerdo de El público que estrenó Irene Escolar con Rigola, de una obra de Peris-Mencheta, La continuidad de los parques; y luego hace ya más tiempo fui una enamorada del teatro de Tomás Pandur. También me acuerdo de La odisea de Stathis Livathinos, aquello fue de los eventos teatrales más impresionantes que he visto en mi vida. Y la última, pero primerísima: Angélica Liddell. A mí, Liddell me parece un milagro, un referente. Y me gustaría parecerme a ella. Lo que pasa es que hay que tener mucho valor.

¿Qué le parece todo lo que ha pasado en torno a la exclusiva que sacó este periódico sobre Julio Iglesias?

Que queda muchísimo trabajo por hacer. La palabra de las mujeres que sirven, y cualquiera que sea hija de una limpiadora esto lo sabe, sigue valiendo menos. Me queda la sensación muy amarga de que la palabra de las mujeres, sobre todo de clase obrera, valen menos que la de otras mujeres y desde luego que la de cualquier hombre poderoso.

Decía Samantha Hudson en este periódico una frase que quizá esté definiendo esta época en muchos sentidos, no sé qué piensa de ella, la frase es: “No posicionarte en estos momentos es catastrófico, la imparcialidad no existe”.

Personalmente, no tengo ningún miedo a posicionarme y lo que dice Samantha siempre me parece bastante juicioso, es una persona a la que le tengo mucha admiración. Pero la cuestión es que se ha desplazado tanto el marco ideológico, y con él la sociedad, que cuando defiendes un mínimo de ética respecto a los derechos humanos se considera que te estás posicionando. Es lamentable que tener el sentido común mínimo se considere tomar partido. Es decir, me parece catastrófico que por decir que está mal abusar del servicio, por ejemplo, te digan que te estás posicionando ideológicamente.

En la velada en el Teatro de la Abadía también leerán fragmentos del poeta palestino Mahmoud Darwish, ¿otra manera, quizá, de posicionarse?

Claro, a veces hay otros modos de posicionarse. Y en este caso es a través de la belleza.

“El PP de La Rioja utiliza fondos públicos para aplaudir a un agresor”. Así lo denuncia la portavoz de Izquierda Unida, Henar Moreno, en referencia a la participación de Plácido Domingo en La Rioja Festival, un evento patrocinado por el Gobierno de La Rioja que se celebrará el próximo mes de mayo. En las últimas horas, se ha presentado el cartel de esta edición, y desde la organización del mismo destacan la presencia del tenor como “el gran hito de esta edición”. De hecho, Plácido Domingo aparece en la portada del dosier elaborado para promocionar la edición de este año. La actuación será el sábado 23 de mayo en el Riojaforum.

La presentación de la programación artística tuvo lugar ayer miércoles por tarde. Este jueves, Izquierda Unida ha censurado la participación del Gobierno de La Rioja en este evento. Denuncia que se destinen fondos públicos en un festival que “blanquea a Plácido Domingo, acusado por decenas de mujeres de acoso sexual y cuya conducta abusiva fue ratificada por una investigación independiente en Estados Unidos”. La presencia del tenor en La Rioja y en un evento financiado por el Gobierno de La Rioja supone para la formación política “una agresión directa a las víctimas y una muestra más del desprecio del PP hacia la lucha contra la violencia machista”.

“Se están utilizando fondos públicos para aplaudir a un agresor”, reitera Moreno que señala directamente al presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, por “permitir y amparar” esta programación. “Es una vergüenza que el Gobierno de La Rioja utilice dinero público para respaldar a un agresor sexual. Mientras las víctimas cargan con el estigma, el miedo y las consecuencias profesionales de haber hablado, las instituciones gobernadas por el Partido Popular les dan la espalda y aplauden a los agresores”.

Porque las mujeres que denunciaron a Plácido Domingo “siguen sufriendo una doble y triple victimización. Primero por los hechos vividos, después por el silencio institucional y ahora por la ovación pública financiada con dinero de todas y todos. Programar a Plácido Domingo en un festival público es un mensaje claro de impunidad para los agresores y de abandono para las víctimas”, señala la portavoz de Izquierda Unida.

Y además consideran que lo ocurrido en La Rioja no es una excepción, sino una forma de actuar “constante” del Partido Popular. “En los últimos días, tanto PP como Vox han votado en el Ayuntamiento de Madrid para mantener el título de Hijo Predilecto a Julio Iglesias, ignorando los testimonios de las trabajadoras que le han denunciado. Lo mismo que ocurrió con Plácido Domingo. Siempre hacen lo mismo. Presumen de presunción de inocencia para justificar la impunidad social de los hombres poderosos. El PP siempre acaba posicionándose del lado de los agresores y nunca del lado de las mujeres”, reitera Moreno.

elDiario.es y Univision Noticias publicaron el pasado 13 de enero una investigación en el que dos extrabajadoras de Julio Iglesias acusaron al cantante de agresiones sexuales. Estas mujeres presentaron ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional una denuncia, que fue archivada por falta de jurisdicción de España para investigar los hechos, sin entrar al fondo de estos. En un comunicado, Iglesias ha negado “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

Por todo ello, exigen explicaciones al Gobierno de La Rioja, la retirada del apoyo institucional a este evento mientras Plácido Domingo continúe formando parte de la programación y una revisión urgente de los criterios éticos para la programación de actividades culturales financiadas con fondos públicos. “La cultura no puede ser el refugio del machismo ni el escenario donde se premia a agresores. Lo que ha hecho el Gobierno de La Rioja no es apostar por la música, es validar la violencia contra las mujeres”, concluye Moreno.

En la edición de 2025, la colaboración del Gobierno de La Rioja con este festival se tradujo en algo más de 387.000 euros. El expediente de patrocinio recogido en Contratación Electrónica del Gobierno de La Rioja desglosa el acuerdo de 2025 firmado con La Rioja 360, Avanza Sociedad de Promoción de La Rioja como órgano de contratación. La cantidad, 387.200 euros por la promoción de La Rioja como destino turístico como actividad principal para patrocinar el festival de música clásica La Rioja Festival 2025.

Vetado en Estados Unidos, no en España

La primera noticia saltó en agosto de 2019, cuando la agencia de noticias Associated Press sacó a la luz los testimonios de nueve cantantes y una bailarina que visibilizaban proposiciones incómodas, besos y caricias inadecuadas en el entorno laboral. En Estados Unidos, donde Domingo residía y trabajaba dirigiendo el Teatro de la Ópera de Los Ángeles, se abrieron investigaciones independientes. Esto no ha sucedido en España, país de origen del tenor y en el que mantiene lazos de colaboración con instituciones. Según la información obtenida por el programa Salvados, Plácido Domingo recibió en torno a 100.000 euros por protagonizar Nabucco en el Palau de les Arts de Valencia, cuatro meses después de la publicación de los hechos.

Y así, el tenor ha seguido actuando en diversos lugares de España, al contrario que en Estados Unidos donde fue vetado de los escenarios. La cita en La Rioja está prevista para este mes de mayo.