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ANÁLISIS

Por qué investigar a Plácido Domingo (y contarlo) sigue siendo una excepción en España

Plácido Domingo durante un concierto en festival Starlite en Marbella en agosto de 2021.

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El programa Salvados de La Sexta emitió este domingo un reportaje sobre las denuncias de acoso sexual y abuso de poder contra Plácido Domingo. El equipo, que llevaba más de un año y medio trabajando en el caso, ha conseguido por primera vez incluir la denuncia de una cantante española, que ha hablado con el programa a cambio de que su voz se escuche distorsionada y no aparezca su nombre.

El periodista Fernando González ‘Gonzo’, director del programa, también ha entrevistado a dos de las cantantes que ya se habían atrevido a ser identificadas: la soprano uruguaya Luz del Alba Rubio y la mezzosoprano estadounidense Patricia Wulf, la primera que habló con su nombre y apellido en 2019 con la agencia de noticias AP. Casi cuatro años de aquella investigación y pese a que Domingo ya no ocupa puestos directivos –dimitió de sus principales cargos en las óperas de Los Ángeles y Washington–, las entrevistas que ha conseguido hacer el programa siguen siendo una excepción en España. 

Las periodistas Carola Solé y Eva Lamarca, guionistas del programa, explican que les llegó una pista genérica y que la dirección hizo una apuesta “decidida” por su trabajo. Es decir, les dejó tiempo y recursos para investigar sin saber si habría un resultado. En marzo de 2021, empezaron a contactar a las cantantes que habían actuado con Domingo durante los anteriores 20 años en España y después a mujeres en la producción, regiduría y escenografía. “Hablar con ellas ha sido la parte más difícil porque el mundo de la ópera no es precisamente abierto e inicialmente la historia generaba mucho recelo”, explica Solé en nombre de las dos periodistas. En total, hablaron con 25 mujeres. Algunas de sus voces se pueden escuchar en el programa.

En su trabajo, siguieron algunas de las formas de verificación que detalla el libro She Said de las periodistas del New York Times Jodi Kantor y Meghan Towhey, “una biblia” para las reporteras españolas (en España lo publicó Libros del K.O).

Por ejemplo, corroboraron el testimonio de la cantante española con una persona que fue testigo en ese momento de los hechos relatados –y que las periodistas lograron contactar de manera independiente sin la ayuda de la cantante– y con otra persona a la que la afectada se lo contó cuando sucedió. Se fijaron en el patrón de comportamiento y en cómo la motivación principal para hablar no es conseguir dinero ni ningún beneficio personal sino que haya protocolos en los teatros y no les vuelva a pasar a otras mujeres (el argumento que a menudo utilizaban las reporteras del Times para convencer a las fuentes de que contaran el acoso sufrido). También se encontraron hombres que eran sensibles al problema y que las ayudaron para que el trabajo saliera adelante. 

Pero en España falta experiencia e incluso un lenguaje común para informar, como señala también Gonzo al subrayar que en Estados Unidos se evita la palabra “víctima”.

Los estándares, las óperas, los sindicatos

El 13 de agosto de 2019, la agencia de noticias AP arrancaba así su crónica que publicó en inglés y en español: “Durante décadas, Plácido Domingo, uno de los hombres más poderosos y elogiados en el mundo de la ópera, ha intentado presionar a mujeres para que tengan relaciones sexuales con él, prometiendo empleos y en ocasiones tomando represalias contra las carreras de aquellas que rechazan sus proposiciones, dijeron numerosas acusadoras a The Associated Press”. Cada palabra estaba elegida con cuidado, siguiendo el detallado libro de estilo de la agencia estadounidense.

En esta frase, la noticia se refería a la presión para tener relaciones sexuales y utilizaba la palabra recomendada por AP: “acusadora” en lugar de “víctima”. “En nuestros artículos, debemos ser lo más específicos que sea posible en la descripción de los tipos de comportamiento que se alegan o se admiten, como tocamientos, besos no consentidos, desvestir o abuso o asalto verbal o físico”, había escrito el vicepresidente para estándares de la agencia, John Daniszewski, en noviembre de 2017, poco después de la publicación de las exclusivas del New York Times y el New Yorker sobre los casos de abusos sexuales cometidos por el productor Harvey Weinstein (que está ahora en la cárcel por varios cargos, entre ellos violación).

En esa nota, el encargado de estándares aconsejaba utilizar el término “sexual misconduct” (algo así como “mal comportamiento sexual”) en lugar de “acoso sexual” en investigaciones donde no había un proceso judicial y había acusaciones que podían ir mucho más allá de la definición de acoso. La palabra recomendada “no corre el riesgo de minimizar algunos de los actos que se citan”, escribía. También recordaba sus prácticas profesionales básicas: “Las acusaciones deben estar bien documentadas y corroboradas de alguna forma antes de que informemos sobre ellas, incluyendo el esfuerzo de que comenten los individuos acusados y sus representantes”.

El uso de fuentes no identificadas con nombres y apellidos para el lector, como sucedió en la primera noticia sobre Plácido Domingo, debe cumplir con las normas de la agencia: “El material es información y no opinión o especulación, y es vital para la noticia. La información no está disponible salvo bajo las condiciones de anonimato impuestas por la fuente. La fuente es fiable y está en posición de tener información correcta. Los reporteros que pretenden utilizar material de fuentes anónimas deben tener la aprobación de sus jefes”.

Para ese primer artículo, la reportera Jocelyn Gecker entrevistó a ocho cantantes y una bailarina que acusaban a Domingo de tocarlas y besarlas contra su voluntad y con otras seis que reportaron incidentes que les hicieron sentir “incómodas”. También habló “con cerca de una treintena de cantantes, bailarines, músicos de orquesta, personal técnico, maestros de canto y administradores que dijeron haber presenciado comportamiento inapropiado de índole sexual por parte de Domingo, y que el cantante perseguía a mujeres más jóvenes con impunidad”.

En esa primera historia sólo Patricia Wulf aceptó ser identificada por la agencia. Gecker, que se había puesto a investigar al escuchar un comentario casual de una cantante en una fiesta en San Francisco, contaba igual que Solé y Lamarca que su principal obstáculo era lograr que las mujeres se atrevieran a hablar en público: las demás tenían miedo a represalias, humillación y acoso. Unas semanas después, en el segundo artículo de AP, otra cantante, Angela Turner Wilson, accedió a contar detalles publicando su identidad. 

El peso de la información explica por qué unas horas después de la publicación de la primera historia de AP la ópera de Los Ángeles –dirigida desde 2003 por Domingo, cantante, ejecutivo y gran fuente de recaudación tanto en venta en taquilla como en grandes donaciones– anunció una investigación independiente de las acusaciones, dirigida por una persona externa a la organización. Una semana después, Debra Wong Yang, ex fiscal de Estados Unidos y ex jueza del tribunal superior de Los Ángeles, tomó el caso como abogada especializada en investigaciones de malas prácticas laborales y abusos de autoridades públicas. 

El sistema estaba en marcha. 

Qué pasa en España... y en Europa

Una de las preguntas habituales, que también se hace el equipo de Salvados, es por qué en España, y en Europa, las acusaciones de abuso, acoso o mal comportamiento sexual no han tenido a menudo la misma atención que en Estados Unidos. Sobre todo en los casos con más grises. Es decir, cuando no se trata de los hechos más graves como la violación, cuando no existen denuncias ante la justicia –entre otras cosas porque no hay un vínculo laboral permanente de los protagonistas con la misma empresa, como sucede a menudo en la ópera, el cine o la televisión– o cuando las personas afectadas no tienen ni ganas ni incentivos para hablar.

Una respuesta común y perezosa es que se trata de una cultura diferente y que los estadounidenses son más “puritanos” que los europeos. Otra más seria es que en Estados Unidos ya existe un sistema donde las organizaciones de protección de los trabajadores tienen más capacidad de luchar contra posibles abusos y las empresas saben que los tropiezos les pueden costar caros en términos de reputación y de denuncias por todo tipo de daños ante los tribunales (de cualquier parte, incluidas las personas más poderosas que pueden ser las acusadas de irregularidades). 

En cambio, uno de los obstáculos con los que se encontraron las periodistas de Salvados fue lo poco transparentes que se mostraron compañías como el Teatro Real, el Liceu de Barcelona y el Palau de las Artes de Valencia, que están financiadas en gran parte con dinero público. Lentamente, a través de la ley de transparencia, consiguieron más información sobre entidades subvencionadas, pero faltan organizaciones fuertes a las que pedir cuentas o que puedan investigar. Es significativo que la cantante española que habla con Salvados pida algo tan sencillo como “una figura” en los teatros a la que acudir y que vele por un entorno laboral donde un colega no te pueda forzar a un beso en un descuido cuando cae el telón.

En Estados Unidos, los sindicatos, aunque perezca paradójico por las batallas que tienen que dar para incluso existir en algunos sectores, son a menudo la clave que puede avergonzar a las empresas, especialmente las expuestas al público. 

En septiembre de 2019, el sindicato de artistas musicales del país (American Guild of Musical Artists, AGMA) lanzó su propia investigación sobre las quejas contra Domingo con otro antiguo fiscal federal a cargo. En febrero de 2020, el sindicato concluyó que “los relatos de 27 personas mostraron un patrón claro de mal comportamiento sexual y abuso de poder por parte de Domingo durante por lo menos dos décadas”. Además de estas 27 personas, otra docena de personas hablaron del “conocimiento aceptado” sobre la actitud del cantante y director. 

A principios de marzo de 2020, la investigación de la ópera de Los Ángeles llegó a conclusiones parecidas. Su investigadora entrevistó a 44 personas y documentó 10 acusaciones de “conducta inapropiada” entre 1986 y 2019. Aunque el informe no fue publicado, la investigadora dejó claro que las políticas contra el acoso sexual en la ópera de Los Ángeles eran insuficientes y que no había comunicación clara con los empleados. 

Unos días después, en medio de la explosión de la pandemia, Domingo dejó el sindicato y donó 500.000 dólares, según la organización para ayudar a financiar las óperas cerradas y para programas de prevención de acoso sexual. El New York Times había publicado que se trataba de un acuerdo extrajudicial para que el sindicato guardara silencio mientras que el grupo lo describió como “una multa”. El Times se enteró de que había un trato por un miembro del sindicato que arriesgó su carrera para contarlo, Samuel Schultz, que también ha sido entrevistado por Salvados.

Más protocolos, más diversidad

Desde entonces, en un debate que no ha terminado, hay más protocolos, más conciencia y más diversidad en las principales óperas de Estados Unidos, que también han investigado casos más graves que el de Domingo. Entre ellos, está el de una de las figuras más poderosas y talentosas, James Levine, el director y alma musical durante décadas de la ópera metropolitana de Nueva York, la Met. Levine fue acusado de abusos a jóvenes, incluidos menores, en numerosos episodios y fue despedido en 2018 después de una investigación interna. Levine y la Met se denunciaron mutuamente y llegaron a un acuerdo extrajudicial por el que el director recibió más de tres millones de dólares del seguro de la ópera. Levine murió en marzo de 2021.

En Estados Unidos, las compañías de ópera, que tienen sus propios retos de supervivencia para conquistar los gustos de las nuevas audiencias y que no dependen de las subvenciones públicas, también están haciendo un esfuerzo por parecerse más a la población de un país cada vez más variado y por alejarse del cliché de distancia y cerrazón.

Pese a los hombres célebres en la cúspide de la escena, la ópera ya no es un mundo mayoritariamente masculino. Las mujeres tienen el 61% de los empleos en las compañías y el 54% de las posiciones de liderazgo, según los últimos datos de un estudio de Opera America, una organización independiente al servicio de las compañías. Una quinta parte de los trabajadores pertenecen a minorías (frente al 39% de la población general). 

En España, no hay datos de estudios equivalentes que se puedan consultar más allá de las quejas anecdóticas sobre la falta de mujeres y del vistazo a patronatos que aparecen marcadamente masculinos y homogéneos en origen, edad y trayectoria.

En una sociedad democrática y transparente no está todo codificado en leyes ni todas las normas sociales tienen que pasar por un tribunal o por otra autoridad pública para hacerse cumplir. Parte del pacto social es que los entornos laborales y educativos sean lugares de convivencia segura, que es lo que garantiza también la igualdad de oportunidades. Y esto, que se adapta a los tiempos casi siempre para mejor, depende en gran parte de la sociedad civil. 

Para que funcione ese pacto, siguen haciendo falta normas con estándares como los de AP o los de las investigaciones de las óperas y los sindicatos que tienen como parte de su misión velar por el bienestar de sus trabajadoras y trabajadores. Ese sistema que vemos en Estados Unidos, imperfecto pero donde tantas piezas cumplen su función (la prensa, las empresas, los sindicatos y la justicia, si hace falta), no existe en España y en Europa. Al menos hasta ahora.

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