Women's Link, la organización que representa legalmente a Laura y Rebeca, las extrabajadoras de Julio Iglesias que han presentado una querella contra el cantante por delitos sexuales y laborales, confían en que la justicia española avance después de conocer que el fiscal encargado del caso defiende que la Audiencia Nacional sí tiene competencia para investigar los hechos. “Esperamos y confiamos que la justicia española avance con determinación para garantizar que los hechos denunciados sean investigados y que se protejan la seguridad, la integridad y los derechos de Rebeca y Laura. Nosotras seguiremos acompañándolas en su búsqueda de justicia”, dice Women's Link.

A comienzos de septiembre, las extrabajadoras presentaron una querella contra Julio Iglesias ante la Audiencia Nacional por los mismos hechos que denunciaron a la Fiscalía en enero. Si en esa ocasión, el Ministerio Público archivó el caso porque aseguraba que España no tenía competencia para investigarlos, ahora el fiscal encargado contradice ese criterio. Vicente González Mota, al que le ha correspondido por reparto pronunciarse, defiende que la Audiencia Nacional sí es competente para analizar esos hechos, según confirmaron fuentes jurídicas a elDiario.es. González Mota todavía no ha enviado su informe al magistrado del caso, Antonio Piña. 

“Women’s Link no ha recibido una notificación formal relacionada con ello. Sin embargo, consideramos que ese posible escenario sería positivo, ya que todas las personas tienen derecho a acceder a la justicia y a que los hechos que denuncian sean investigados, sin importar quién sea la persona denunciada”, aseguran las abogadas, que insisten en que se dan todos los elementos que permiten investigar y juzgar estos hechos en España. La querella de Rebeca y Laura, que trabajaron en las mansiones de Iglesias en República Dominicana y Bahamas en 2021, le acusa de varios delitos: trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones abusivas, lesiones y trato vejatorio.

“Hemos insistido en presentar su denuncia en España porque su legislación lo permite y porque así lo establecen las obligaciones internacionales asumidas por España en materia de derechos humanos. Así también lo han establecido personas juristas y académicas de reconocido prestigio que confirman la jurisdicción de los tribunales españoles. En este caso, se dan los elementos para que se pueda juzgar en España: por la nacionalidad del denunciado, porque los hechos, como la trata, la servidumbre y las violencias, están regulados en tratados ratificados por el país, porque las posibles víctimas están presentando una querella, y porque no hay una condena previa por lo mismo”, subraya Women's Link.

En enero de 2026, Laura y Rebeca interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la cual fue archivada diez días después de anunciar la apertura de diligencias y sin entrar al fondo del asunto. El Ministerio Público concluyó que no podía seguir adelante con el proceso por la “falta de competencia” de los tribunales españoles para juzgar los hechos, una decisión que fue discutida por expertos juristas. Sin embargo, esa decisión no se extiende automáticamente a un procedimiento judicial, puesto que el caso nunca llegó a estar en un juzgado: ahora será el juez al que se le ha asignado la querella el que decida si España tiene competencia para investigarlo o no.

Para ello, el magistrado al que le ha correspondido el caso, Antonio Piña, encargó un nuevo informe a la Fiscalía. En él, el fiscal Vicente Mota defiende que España sí puede investigar los hechos. Antes de ser trasladado a la causa, su informe debe ser visado por un superior. Los superiores de González Mota son el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y la teniente fiscal, Marta Durántez, pero ambos se han abstenido. Durántez fue la fiscal que el pasado enero archivó la primera denuncia al considerar que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para examinar el caso.

La decisión de abstenerse se debe a que ambos fueron denunciados por la defensa del cantante por la decisión de no facilitarle esa primera denuncia. Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional falló contra la Fiscalía y obligó al Ministerio Público a entregarle las diligencias preprocesales que llevó a cabo, así como la denuncia de las dos mujeres, anonimizada para evitar su identificación. Esa decisión está recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

La filtración del vídeo con las declaraciones que las dos mujeres hicieron ante la Fiscalía en enero llevó a Women's Link a enviar una comunicación a seis relatores de la ONU en la que pedían “que hicieran un llamado urgente al Estado español para que cumpla con sus obligaciones de investigar de forma efectiva e independiente, además de asegurar las medidas de protección para quienes denuncian”, recuerdan las abogadas.

Hace dos semanas, Laura y Rebeca enviaron una carta dirigida a la Audiencia Nacional en la que pedían que investiguen “los hechos denunciados y que hemos puesto en su conocimiento”. “No estamos pidiendo algo excepcional o un favor. Estamos pidiendo que se nos reconozcan y garanticen los derechos que los Estados, incluido el español, se han comprometido a cumplir: investigar, proteger y garantizar el derecho a la justicia de las personas. Prometer cumplirlos no es suficiente y actuar es necesario”, decían en la misiva, publicada en la página web de Women's Link.

Vicente González Mota, el fiscal al que le ha correspondido por reparto pronunciarse sobre la querella por agresión sexual presentada contra el cantante Julio Iglesias por dos extrabajadoras, contradice el criterio previo de la Fiscalía y defiende que la Audiencia Nacional sí es competente para analizar esos hechos, según ha publicado OkDiario y confirman fuentes jurídicas a elDiario.es. No obstante, su escrito todavía no ha sido enviado al magistrado al que le ha correspondido el caso, Antonio Piña. 

Antes de ser trasladado a la causa, el informe debe ser visado por un superior. Los superiores de González Mota son el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y la teniente fiscal, Marta Durántez, pero ambos se han abstenido. Durántez fue la fiscal que el pasado enero archivó una primera denuncia al considerar que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para examinar el caso dado que los hechos ocurrieron en el extranjero y no se dan los “vínculos” territoriales ni personales que exige la ley para que la Justicia española pueda intervenir. 

La decisión de apartarse se debe a que ambos fueron denunciados por la defensa del cantante por la decisión de no facilitarle esa primera denuncia. Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional falló contra la Fiscalía y obligó al Ministerio Público a entregarle las diligencias preprocesales que llevó a cabo, así como la denuncia de las dos mujeres, convenientemente anonimizada para evitar su identificación. Esa decisión está recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administativo de la Audiencia Nacional.

Las fuentes consultadas por elDiario.es afirman que la encargada de visar el informe del fiscal que considera que los tribunales españoles sí son competentes para analizar estos hechos es Beatriz Sánchez Álvarez, fiscal de Sala Coordinadora de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía General del Estado. 

El criterio de González Mota se aparta del fijado por sus superiores hace unos meses. Tras otorgarles la condición de testigos protegidos y tomarles declaración, la fiscal Durántez concluyó que las extrabajadoras no son españolas, “ni viajaron con el denunciado en algún momento a España”, por lo que no hay “vínculo personal o territorial con nuestro país”. Respecto al artista, afirma que “ni reside en España, ni mantiene en este país su centro de vida, intereses, actividad” a pesar de que tenga aquí propiedades inmobiliarias.

El Tribunal Supremo ha rechazado por falta de competencia la demanda de honor que el cantante Julio Iglesias interpuso contra la Vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por sus declaraciones sobre las informaciones de elDiario.es sobre el artista español. Los jueces de la Sala de lo Civil entienden que esa demanda, en la que Iglesias pide 50.000 euros a la política, debe presentarse ante los juzgados ordinarios y no ante el Supremo ya que “actuó como ciudadana y dirigente política” y no como miembro del Gobierno.

El cantante llevó a Yolanda Díaz ante la sala primera del Tribunal Supremo después de varios mensajes y declaraciones realizados tanto en su perfil de Bluesky como en una entrevista en Televisión Española en las primeras semanas de enero de este año. Los días en los que elDiario.es publicó el resultado de tres años de investigación sobre cómo varias extrabajadoras de las mansiones del artista denunciaban haber sido sometidas a agresiones sexuales en un ambiente de control y acoso.

El Supremo, como ya hizo cuando el juez Manuel García Castellón demandó a Ione Belarra, entiende que las declaraciones de Díaz sobre el caso de Julio Iglesias –que la Fiscalía española rechazó investigar por falta de competencia de los tribunales españoles– no fueron hechas en el ejercicio de su cargo, lo que llevaría su aforamiento ante la Sala de lo Civil, sino “como ciudadana y dirigente política”. El resultado es que la defensa de Julio Iglesias debe presentar esta demanda ante los juzgados ordinarios de Madrid.

“Se manifestó esencialmente como política feminista y dirigente de Sumar, pero no como ministra de Trabajo o vicepresidenta segunda del Gobierno. La condición de ministra quedó limitada a la respuesta dada a determinadas preguntas que efectivamente guardaban relación directa con su cartera (el salario mínimo, las pensiones o la jubilación) y que nada tienen que ver con los hechos que han motivado la demanda”, dicen los jueces. La Ley Orgánica del Poder Judicial, zanjan, solo atribuye la competencia de estos casos al Supremo cuando las declaraciones son realizadas “en el ejercicio de su cargo”.

Querellas a la espera de admisión

elDiario.es reveló en exclusiva el pasado mes de enero los testimonios de varias extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias con denuncias sobre agresiones sexuales así como trato degradante. Una investigación de varias redactoras del periódico a lo largo de tres años en la cual el músico renunció a dar su versión de los hechos cuando fue contactado por el periódico antes de la primera publicación. El caso fue llevado por las mujeres, a través de Women's Link, ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional pero el departamento rechazó directamente abrir diligencias al entender que el caso debía denunciarse en República Dominicana, donde supuestamente habían ocurrido los hechos, y no en España.

Estas mujeres han presentado una segunda acción penal contra Julio Iglesias, esta vez ante los juzgados centrales de la Audiencia Nacional y no ante la Fiscalía, a la espera de una nueva decisión sobre la competencia. Mientras tanto, sus letrados han conseguido una sentencia favorable por la vía contencioso-administrativa para que el Ministerio Público le entregara la denuncia que había sido presentada contra él. Los abogados de Julio Iglesias han presentado también una querella contra elDiario.es, su director y las periodistas que destaparon el caso, una acción penal sobre la que el juzgado de instrucción de Madrid todavía no ha tomado una decisión sobre si abre diligencias o si archiva de plano las quejas del cantante.

Este jueves arrancan las fiestas de San Miguel en el distrito de Chamartín. Además de la tradicional verbena y el reparto de limonada y barquillos, este año los festejos contarán con un programa musical pensado “para todas las generaciones” encabezado por un tributo a Julio Iglesias a cargo de un extorero, un concierto de José Manuel Soto y una sesión de DJ Pulpo.

Entre los nombres que protagonizan el programa destaca el de Diego Ramos, que se presenta a él mismo como la “reencarnación” de Julio Iglesias. Ramos pasó años bajo los focos de las plazas de toros antes de abandonar los ruedos y dedicarse a homenajear al cantante, cuya música, según explica en su página web, le acompañaba desde niño. Ahora recorre escenarios de España y Europa con un espectáculo de más de cien minutos, orquesta en directo y un repertorio que incluye canciones como Me olvidé de vivir, Hey, De niña a mujer, Soy un truhán, soy un señor o Un canto a Galicia.

La programación del tributo a Julio Iglesias llega pocos días depués de la querella presentada por dos extrabajadoras contra esta figura de la canción española, acusado de abusos sexuales por parte de las denunciantes, en un caso del que ha venido informando ampliamente elDiario.es.

En cuanto a Diego Ramos, esta será su segunda actuación en la capital en cuestión de una semana. Ramos cantó el pasado 19 de septiembre en el Teatro Albéniz, con motivo de su nueva gira, dentro de la que incluye el concierto programado para este fin de semana, de acceso libre. En el listado, el cantante la define como una “actuación pública”.

También forma parte del cartel José Manuel Soto, una de las figuras habituales de las programaciones festivas del PP y protagonista de múltiples polémicas en los últimos años. En agosto de 2023 publicó un mensaje en la red social X en el que insultaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a sus votantes.

“Voy a aprovechar este momento de sosiego veraniego junto al mar para hacer uso de mi libertad de expresión y cagarme en Pedro Sánchez, en su puta madre y en los millones de hijos de la gran puta que están de acuerdo con que España esté en en manos de sus peores enemigos”, decía textualmente la publicación, que posteriormente borró. Pidió disculpas, pero como consecuencia varios municipios en los que iba a actuar ese verano como Bormujos o Villacarrillo, cancelaron los conciertos de su gira de verano. La de Chamartín va a ser la primera actuación de Soto contratada por el Gobierno de Almeida.

También fueron polémicas las declaraciones del cantante sobre el consentimiento, después de afirmar que un “no” de una mujer podía significar en ocasiones un “ya veremos” y que había que insistir. En 2025, además, el grupo Por Andalucía llevó a los tribunales la adjudicación de más de 550.000 euros a la fundación del artista sevillano por parte de la Junta de Andalucía para un proyecto de rutas andaluzas, al considerar que podía haber irregularidades y trato de favor. Soto también se pronunció sobre las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias y restó credibilidad a los testimonios de las denunciantes, que atribuyó a una maniobra ideológica para “destruir a las glorias de España”.

La tercera pata del cartel principal será DJ Pulpo, el nombre artístico del locutor de Cope Carlos Moreno. El DJ es un habitual de los actos del Partido Popular y ha puesto música a numerosos eventos de la formación en Madrid desde la etapa de Mariano Rajoy, además de participar en actos de Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo.

Desde la llegada de José Luis Martínez-Almeida a la Alcaldía, también ha recorrido las fiestas de distintos distritos de la capital. De hecho, su última participación en un evento público fue este domingo, como parte del festival gratuito Chamberí Sound, organizado por la Junta del distrito.

Junto a estos tres nombres, la programación musical incluye a Siempre Así, Paula Koops, Candela Gómez, Línea 12, Stendhal Vibes, Schropp Sisters y Andrés Koi, integrante de Dvicio. La concejala del distrito, Yolanda Estrada, asegura que la programación pretende que “la música sea el lazo de unión de todas las generaciones” y destaca la combinación de artistas consolidados y jóvenes.

“No os podéis perder tampoco a los DJs, como El Pulpo y Valiente, que nos harán disfrutar de la música, de su historia y de lo que está por venir, siempre con respeto al descanso vecinal”, señala Estrada. Una reivindicación del descanso que llega después del conflicto que mantuvo con los vecinos del entorno del Santiago Bernabéu por las superaciones de los niveles de ruido durante los conciertos que se celebraron en el estadio antes de su prohibición.

La organización de las fiestas ha sido adjudicada a Ikebana Animación y Ocio SL por 248.069,59 euros. El contrato incluye la programación de los festejos, así como la coordinación y ejecución de las actividades, las infraestructuras y otros servicios necesarios para su desarrollo, además de las actividades deportivas incluidas en el programa de San Miguel.

El cartel no ha convencido a Más Madrid, que critica el tipo de artistas escogidos. “Año tras año, la Junta Municipal de Chamartín demuestra el mismo gusto rancio en el cartel de las fiestas”, señalan fuentes del grupo a Somos Madrid. La formación considera que el PP “siempre recurre a los mismos, a los que les son afines”, mientras “ignora el talento de muchos otros artistas” y restringe la participación de las asociaciones vecinales. Para Más Madrid, el programa es “fiel reflejo de un equipo de Gobierno instalado en la casposidad”.

Por su parte, la concejala del distrito ha aprovechado la ocasión para introducir reivindicaciones políticas, esta vez a través del diseño elegido para el cartel de las fiestas, en el que además de algunos símbolos de Chamartín como el edificio de Torres Blancas o el parque Berlín, aparecen unos banderines con la bandera ceutí. No es la primera vez que Estrada aprovecha los festejos para hacer alusión a algún conflicto de carácter político, ya lo hizo en 2024 cuando, en plena crisis diplomática de España con Venezuela, publicó un texto en el que incluía algunas proclamas como “la Venezuela libre está en Madrid” y metáforas religiosas para hablar de “represión y dictaduras”.

Las fiestas tendrán además como pregoneros al Real Madrid Club de Fútbol, el Club Estudiantes de Baloncesto y el Club de Tenis Chamartín, tres entidades deportivas históricas vinculadas al distrito. El Ayuntamiento destaca que el pregón, previsto para este jueves 24 de septiembre, reconoce el arraigo de los tres clubes en Chamartín. “No se entiende Chamartín sin ellos”, defiende Estrada, que considera que representan tanto “los valores del deporte” como “los valores de los vecinos del distrito”.

Las extrabajadoras de Julio Iglesias que han presentado una querella contra el cantante por varios delitos sexuales y laborales han enviado una carta dirigida a la Audiencia Nacional en la que piden que invesiguen “los hechos denunciados y que hemos puesto en su conocimiento”. “No estamos pidiendo algo excepcional o un favor. Estamos pidiendo que se nos reconozcan y garanticen los derechos que los Estados, incluido el español, se han comprometido a cumplir: investigar, proteger y garantizar el derecho a la justicia de las personas. Prometer cumplirlos no es suficiente y actuar es necesario”, dicen en la misiva, publicada en la página web de Women's Link, la organización que las represena.

En esa carta, Laura y Rebeca se presentan como “dos mujeres latinoamericanas fuertes, con sueños, con valentía y con la esperanza de encontrar justicia en dignidad”. “El 3 de septiembre, con la representación legal de Women’s Link, presentamos una querella ante su entidad, solicitando algo simple pero tan importante a la vez: que se investiguen los hechos que hemos denunciado y puesto en su conocimiento”, dicen.

“Todas las personas tenemos derecho a ser escuchadas con garantías y en un tiempo razonable. Tenemos derecho a que un tribunal de justicia decida sobre lo que nos pertenece por derecho. Sabemos que no estamos solas en esto y que el marco normativo nacional e internacional nos respalda. Por ello, autoridades de esta entidad legal, les pedimos que lo reconozcan e investiguen todo lo que hemos denunciado. Nos despedimos con la esperanza de ser escuchadas, y con la convicción de que exigir justicia no es un privilegio: es un derecho que no vamos a dejar de reclamar”, prosiguen las mujeres.

A comienzo de septiembre, Laura y Rebeca, que trabajaron en 2021 en las mansiones que el cantante tiene en República Dominicana y Bahamas, presentaron una querella en la Audiencia Nacional en la que le acusan de varios delitos: trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones abusivas, lesiones y trato vejatorio. El relato de hechos es el mismo que contenía la denuncia que las mujeres presentaron ante la Fiscalía enero. Aunque en ese momento el Ministerio Público archivó la investigación al entender que España no es competente para investigar estos hechos ocurridos en el extranjero. Su opinión no es vinculante ni se extiende automáticamente a un procedimiento judicial, puesto que el caso nunca ha llegado ante un juzgado, por lo que será el juez a que le ha correspondido el expediente, Antonio Piña, el que decida. 

Amnistía Internacional ha enviado una carta a la Fiscalía General del Estado en la que pide que reconsidere su postura sobre el caso Julio Iglesias para hacer posible que las víctimas de violencia sexual “accedan a la justicia”. “El objetivo es que reconsidere la decisión de no investigar los hechos denunciados por las extrabajadoras de Julio Iglesias. Consideramos que la decisión que tomó el Ministerio Público sobre la no competencia de la justicia española implica una interpretación muy restrictiva de la norma y de lo que dice el Convenio de Estambul en cuanto a la persecución de delitos de violencia de género”, explica la responsable de campañas de derechos de las mujeres de la organización, Beatriz Martos.

La Ley Orgánica del Poder Judicial, argumenta Amnistía Internacional en su misiva dirigida a la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, contempla en su artículo 23 la posibilidad de que la jurisdicción española conozca los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los acusados sean españoles, que los hechos sean punibles en el lugar en el que sucedieron y que no haya habido condena, absolución o indulto al respecto. La organización internacional tambiñen invoca el Convenio Estambul, “que da la potestad a los estados firmantes de perseguir delitos de violencia de género extraterritorialmente cuando son cometidos por ciudadanos de esos estados”, añadía Beatriz Martos.

La semana pasada, Women's Link elevaba el caso de Rebeca y Laura a la ONU tras los “incidentes que han comprometido la intimidad, seguridad y datos personales de Rebeca y Laura”. Ese compromiso alude a la publicación de varios vídeos en Okdiario de de las denunciantes durante su declaración ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en enero, en el cual se habían pixelado su rostro pero no se había modificado su voz.

En esta comunicación a diferentes instancias de la ONU, las abogadas de Rebeca y Laura expresaban “su preocupación de que el Estado español no cumpla con sus obligaciones de investigar los hechos denunciados”. La organización pide que la ONU solicite a España información sobre “cómo garantizará una investigación efectiva e independiente, independiente, imparcial, diligente y exhaustiva” de los hechos que han puesto en conocimiento de la justicia.

La ley del solo sí es sí no fue “la meta” sino “el punto de partida” para conseguir un cambio de paradigma en cómo se previene, se atiende y se investiga la violencia sexual. En Aspacia lo saben bien: la organización feminista lleva años trabajando en incidencia, atención e investigación. Su directora, Virginia Gil, sabe bien que los casos que involucran a personajes muy conocidos, como el de Julio Iglesias, o que, por algún motivo, tienen especial repercusión lanzan mensajes sociales que pueden servir para animar a la denuncia o para desincentivarla.

En enero, la Fiscalía archivó la denuncia de dos extrabajadoras contra Julio Iglesias por falta de competencia, una decisión cuestionada por juristas y por organizaciones como Amnistía Internacional, que le pide ahora que reconsidere su postura ante la querella interpuesta por las mismas mujeres. ¿Qué mensaje cree que envió ese archivo?

De alguna manera, mandó un mensaje desesperanzador para las víctimas, que depositan su confianza en que alguien las escuche. Sabemos efectivamente que, cuando las víctimas buscan justicia, normalmente ponen una gran confianza en que se las escuche y cuando ni siquiera se está dando cauce a una denuncia hay una decepción, porque en esa decisión no se entró ni siquiera a valorar los hechos. Cuando una mujer da el paso de dar a conocer un caso y denunciarlo, pone mucha esperanza en que va a obtener justicia y reparación.

¿Hay problemas para que las víctimas de violencia sexual en España acudan a la justicia o para que encuentren justicia?

Sí, y lo dice la Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer: tan solo el 8% de las mujeres denuncian y eso tiene que ver en gran parte con su falta de confianza para acudir a la justicia y sentir que las van a creer y no se van a sentir juzgadas. Desde 2017 prácticamente se ha duplicado el número de delitos conocidos por violencia sexual y eso no nos habla de que haya más delitos. Lo que ha sucedido es que ha habido más mujeres que han sentido que la sociedad las iba a creer y que la justicia estaba preparada para atenderlas adecuadamente.

Dar el paso a la denuncia es proceso muy complejo. Los casos tardan de media unos tres años en llegar a juicio y en ese proceso no todos los operadores jurídicos están formados como deberían. No está pensado el proceso judicial para poner en el centro los intereses de las víctimas y sus necesidades. El procedimiento tiene que ser muy garantista, pero también tiene que ser una justicia humanizada, consciente de que esas víctimas están contando algo muy complejo, traumático y doloroso.

¿Sigue habiendo prejuicios de género en la justicia, desconocimiento sobre cómo opera la violencia sexual y el trauma?

En nuestra opinión, sí, sigue habiendo mucho desconocimiento. Si bien es cierto que quizá hay planteamientos que se hacían hace años que ahora no se hacen de esa forma, sí son planteamientos que están pero transformados. A lo mejor no se hacen preguntas tan directas de si llevabas minifalda, pero sigue habiendo esa sospecha instalada sobre la víctima en que está contando algo porque tiene algún fin escondido. Y luego también mucho desconocimiento en cuanto cuáles son efectivamente las reacciones dentro de esa teoría del trauma y de cómo impacta la violencia sexual, a pesar de que ya bastante investigación a nivel de neurología y psicología en cuanto cuáles son las respuestas ante una situación que se define por sí misma como estresante. Nadie está esperando ser agredido sexualmente, muchas respuestas operan de manera inconsciente porque son también mecanismos de autodefensa.

Al final, todas las personas, independientemente del puesto en el que estemos, estamos influenciadas por creencias, mitos, estereotipos... y por eso hay que hacer un esfuerzo importante de revisarse y de ser consciente de qué creencias tengo yo sobre la violencia sexual. Sigue operando mucho esa idea de que la violencia sexual es solo la que ocurre en un callejón por la noche a manos de un desconocido y con uso de fuerza física. Y es sorprendente tener que seguir desmontando ese mito de la 'violación auténtica' cuando la evidencia y los datos te siguen diciendo que el grueso de los agresores son personas conocidas por la víctima y muchas veces de su entorno más íntimo.

Algunos comportamientos de víctimas pueden parecer paradójicos cuando no se tiene la sensibilización y el conocimiento sobre cómo opera la violencia sexual y el hecho de que venga de alguien conocido

A Laura y Rebeca se las ha señalado por enviar mensajes al cantante después de marcharse de sus casas, por ejemplo, o por no irse antes de allí. ¿Sigue habiendo un estereotipo sobre cómo debe comportarse una mujer que ha sufrido violencia sexual?, ¿hay comportamientos que pueden resultar paradójicos?

Pueden parecer paradójicos cuando no se tiene la sensibilización y el conocimiento sobre cómo opera esa violencia y sobre el hecho de que venga de alguien conocido. Cuando alguien te agrede por la noche en un callejón oscuro y es un desconocido, la persona identifica inmediatamente esa situación como una agresión sexual. El problema es cuando hay elementos que separan lo que tú vives de esa idea, cuando no hay uso de fuerza y en su lugar hay manipulación, incluso muy sutil, engaños, coacciones, miedo a perder un empleo que es necesario... Hay toda una serie de factores externos que operan de alguna forma como elementos de coacción, de presión para no contar algo.

También algo muy normal es buscar justificaciones. Muchas mujeres te dicen que no se daban cuenta o que no querían creer que esto les estaba sucediendo, porque no entra dentro de tus repertorios de ideas el que alguien que conoces te vaya a agredir sexualmente. Eso dificulta la identificación cuando la violencia se produce en una relación de amistad, de trabajo, sentimental... Cuanto más íntima es esa relación, más entra también el miedo a no querer perjudicar tampoco a la otra persona.

¿Las mujeres tienden a dudar de sí mismas, de lo que han vivido?

Eso también tiene que ver con que las mujeres hemos sido socializadas para no identificar esa violencia sexual, para creer que nosotras somos las que debemos protegernos y esto te lo comparten muchas mujeres. Dicen 'no debí subir con él a este sitio', 'no debí quedar con él', ' no debí hacer esto'. La falta de denuncia o la tardanza en denunciar tiene mucho que ver también con esto, porque primero tienes que poder identificar lo que has vivido, también con que contarlo sigue conllevando una vergüenza y un estigma para las mujeres. Muchas siente que va a cambiar la visión que tengan de ellas su familia, sus compañeros de trabajo, sus amistades...

Las mujeres hemos sido socializadas para no identificar esa violencia sexual, para creer que nosotras somos las que debemos protegernos y esto te lo comparten muchas mujeres. Dicen 'no debí subir con él a este sitio', 'no debí quedar con él', ' no debí hacer esto'...

¿En ese acceso a la justicia hay sesgos también de clase, procedencia, raza...?

Igual que operan los mitos o los estereotipos de género, si el racismo impregna la sociedad, también se traslada a la justicia. Hemos realizado distintas investigaciones precisamente para intentar documentar cuáles eran las dificultades de las mujeres migrantes para acceder a la justicia particularmente, pero también a otros servicios. Y efectivamente se constata que hay esos sesgos. Es muy habitual que las mujeres migrantes, cuando van directamente a la comisaría a interponer la denuncia, lo primero que les preguntan es por su situación migratoria y si de alguna forma eso que cuentan no es porque estén buscando quedarse o con poder conseguir una indemnización, cuando hasta la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, no existía la posibilidad de solicitar un permiso de residencia por una agresión sexual. A pesar de eso, había una creencia importante entre operadores en que esa era una de las causas de las denuncias. Con la nueva ley, la posibilidad del permiso es muy limitada porque precisas de una sentencia condenatoria y ya vemos las dificultades que hay simplemente en interponer denuncia.

Igual que hay ideas sobre cómo debe ser y comportarse una víctima de violencia sexual, ¿hay también estereotipos sobre los agresores? Cuando el hombre acusado es famoso o rico suele decirse eso de que por qué iba a hacerlo si 'no tiene necesidad'.

Hay que reformular esa idea. Cuando eres rico, famoso o popular, eso se torna de alguna forma en normalizar pensar que cualquier mujer está interesada en tener relaciones con esa persona y en que ellos den por hecho que eso va a ser así. También hay otros mitos que operan ahí, como que cuando las chicas dicen que no, en realidad quieren decir que sí o que para ligar simplemente hay que insistir.

No tiene nada que ver con acceso al sexo, sino con concebir que los hombres tienen derecho a tener sexo cuando ellos quieren, como ellos quieren y donde ellos quieren. Con ese mito de que los hombres tienen una sexualidad y un deseo mucho más activo, que no son capaces de controlar. Por eso se tiende también a culpabilizar a las mujeres y a exonerar a los hombres

¿Hay un intento en los últimos años de silenciar la violencia sexual?

Sí, ante el avance de la legislación, de las políticas y de las reivindicaciones de las mujeres y del movimiento feminista en posicionar la violencia sexual en el centro de la agenda hay un intento de cuestionamiento. Por ejemplo, con esas campañas que surgen muy rápidamente y que son muy agresivas para cuestionar a cualquier víctima de violencia sexual que se atreve a dar la cara. Al final no solo es silenciar a esa persona que decide dar el paso, sino que también busca asustar a otras mujeres que estuvieran pensando en salir públicamente. Por eso, los casos que implican a gente famosa tienen un efecto muy paradigmático. El hecho de que se saliera tan masivamente a denunciar la violencia sexual, su carácter estructural y sistémico, tan arraigado, y se ha vivido por parte de algunos sectores como una amenaza. Al final, implica un cuestionamiento personal, la revisión interna de muchos hombres. Y eso cuesta.

Amnistía Internacional ha enviado una carta a la Fiscalía General del Estado en la que pide que reconsidere su postura sobre el caso Julio Iglesias para hacer posible que las víctimas de violencia sexual “accedan a la justicia”. “El objetivo es que reconsidere la decisión de no investigar los hechos denunciados por las extrabajadoras de Julio Iglesias. Consideramos que la decisión que tomó el Ministerio Público sobre la no competencia de la justicia española implica una interpretación muy restrictiva de la norma y de lo que dice el Convenio de Estambul en cuanto a la persecución de delitos de violencia de género”, explica la responsable de campañas de derechos de las mujeres de la organización, Beatriz Martos.

El pasado jueves, Laura y Rebeca, que trabajaron en 2021 en las mansiones que el cantante tiene en República Dominicana y Bahamas, presentaron una querella en la Audiencia Nacional en la que le acusan de varios delitos: trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones abusivas, lesiones y trato vejatorio. El relato de hechos es el mismo que contenía la denuncia que las mujeres presentaron ante la Fiscalía enero. Aunque en ese momento el Ministerio Público archivó la investigación al entender que España no es competente para investigar estos hechos ocurridos en el extranjero. Su opinión no es vinculante ni se extiende automáticamente a un procedimiento judicial, puesto que el caso nunca ha llegado ante un juzgado, por lo que será el juez a que le ha correspondido el expediente, Antonio Piña, el que decida.

Piña ya ha emitido una resolución en la que solicita a la Fiscalía que se pronuncie sobre si su juzgado es competente para investigar. Será la misma Fiscalía que archivó la investigación al entender que se daba una falta de competencia de los tribunales españoles, quien deberá emitir nuevo informe al respecto. Es en ese contexto que Amnistía pide al Ministerio Público que reconsidere su posición. Lo hace basándose en tres ideas fundamentales: el caso cumple con los requisitos que la norma española exige para juzgar hechos cometidos fuera de nuestras fronteras, el convenio de Estambul -el texto internacional de referencia en violencias machistas, ratificado por España- permite a los estados firmantes extender su capacidad de investigación para ese tipo de delitos cuando son cometidos por ciudadanos españoles, y la justicia de República Dominicana “no ofrece garantías” a las víctimas de violencia sexual, por lo que “el riesgo de impunidad” es muy elevado.

La Ley Orgánica del Poder Judicial, argumenta Amnistía Internacional en su misiva dirigida a la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, contempla en su artículo 23 la posibilidad de que la jurisdicción española conozca los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los acusados sean españoles, que los hechos sean punibles en el lugar en el que sucedieron y que no haya habido condena, absolución o indulto al respecto.

“El convenio de Estambul también da la potestad a los estados firmantes de perseguir delitos de violencia de género extraterritorialmente cuando son cometidos por ciudadanos de esos estados. En este caso, el presunto autor es ciudadano español, y la violencia sexual es un tipo de violencia de género así que España tiene la potestad de perseguir estos delitos”, añade Beatriz Martos. El artículo 44 del convenio dice que los estados firmantes adoptaran las medidas necesarias para ser competentes respecto a los delitos previstos en el texto “cuando el delito sea cometido por uno de sus nacionales”.

La carta incluye también una argumentación sobre por qué el sistema judicial dominicano “no ofrece garantías” a las denunciantes que, además, señalan, no residen actualmente en República Dominicana. “Muchas víctimas cuentan que se han enfrentado a múltiples obstáculos para acceder a la justicia ya sea debido a la falta de recursos económicos, a la discriminación, a la limitación en la aplicación de sanciones... Hay una alta probabilidad de que este caso quedara en total impunidad en República Dominicana y España tiene la facultad de investigarlo. Confiamos en que aquí es más probable que no haya impunidad”, asegura la responsable de Amnistía Internacional. En la misiva mencionan la última reforma del Código Penal de República Dominicana, criticada por distintas organizaciones feministas y de derechos humanos por “no garantizar adecuadamente los derechos de las mujeres y las niñas” y reducir el plazo de prescripción de los delitos sexuales.

“Señalamos lo que menciona la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que manifiesta su preocupación por la discriminación interseccional contra grupos de mujeres desfavoreces y discriminadas y los obstáculos en el acceso a la justicia en República Dominicana”, subraya Martos. La carta también hace referencia a un informe del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación de las Mujeres y las Niñas que criticaba que la falta de datos desagregados por sexo sobre discriminación, violencia de género y feminicidios en el país “contribuye a exacerbar la falta de conciencia sobre la violencia de género a nivel político, legislativo y judicial”.

Women’s Link, la organización que representa a Rebeca y Laura, ha puesto su caso en conocimiento de seis mecanismos especiales de las Naciones Unidas después de los “incidentes que han comprometido la intimidad, seguridad y datos personales” de las mujeres. El pasado miércoles, Okdiario hacía público el vídeo de una de las denunciantes durante su declaración ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en enero, en el cual se había pixelado su rostro, pero no se había modificado su voz, a pesar de la condición de testigos protegidos que les fue otorgada. La organización pide que la ONU solicite a España información sobre “cómo garantizará una investigación efectiva e independiente, independiente, imparcial, diligente y exhaustiva” de los hechos que han puesto en conocimiento de la justicia y requiera medidas urgentes de protección para las dos mujeres.

Women’s Link, la organización que representa a Rebeca y Laura, las denunciantes de Julio Iglesias por delitos sexuales y laborales, ha puesto su caso en conocimiento de seis mecanismos especiales de las Naciones Unidas.

En un resumen de esta acción remitido a los medios de comunicación, Women’s Link justifica este recurso tras los “incidentes que han comprometido la intimidad, seguridad y datos personales de Rebeca y Laura”. Ese compromiso alude a la publicación de un vídeo en Okdiario de una de las denunciantes durante su declaración ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en enero, en el cual se había pixelado su rostro pero no se había modificado su voz.

En esta comunicación a diferentes instancias de la ONU, las abogadas de Rebeca y Laura (nombres ficticios), quienes la semana pasada interpusieron una querella contra Julio Iglesias ante la Audiencia Nacional, expresan “su preocupación de que el Estado español no cumpla con sus obligaciones de investigar los hechos denunciados”.

La organización pide que la ONU solicite a España información sobre “cómo garantizará una investigación efectiva e independiente, independiente, imparcial, diligente y exhaustiva” de los hechos que han puesto en conocimiento de la justicia.

Además, Women’s Link requiere que los mecanismos a los que se han dirigido recomienden medidas urgentes de protección para Rebeca, Laura, sus familias y los testigos que aparecen en la querella, para así prevenir “cualquier acto de intimidación, represalia o revictimización, preservar la confidencialidad, protección de sus datos personales y garantizar su participación segura y efectiva en los procesos judiciales”.

También solicita que se trate el caso con perspectiva de género, “prestando especial atención a la intersección entre el género, la pobreza, la condición migratoria y la racialización”.

Por último, reclaman que se transmita al Estado español cuáles son sus obligaciones relativas a “la prevención, investigación con debida diligencia reforzada, juzgamiento y reparación” de los hechos denunciados.

Medidas de protección

Sus abogadas indican que Rebeca y Laura han expresado “su temor a represalias”, lo cual exige “medidas de protección inmediatas”. “La gravedad de los hechos denunciados, la posición de poder económico y social del querellado, así como la actual falta de protección del Estado, aumentan la vulnerabilidad de las querellantes y de los testigos”, señalan.

Las abogadas han dirigido la comunicación a seis mecanismos de las Naciones Unidas: la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y la Relatoría de trata de personas.

Women's Link señala cuáles son las situaciones de “riesgo” de este caso, además de la “gravedad y tipología” de los presuntos hechos por los que se formula querella, “su repercusión pública, el impacto sufrido por las querellantes y la ”singular posición de superioridad económica, de poder y de recursos“ de Julio Iglesias. ”Este riesgo se puede consumar en situaciones que atenten directamente contra su seguridad, pero también sobre su participación en el proceso, desalentando además a otras potenciales víctimas a formular acciones legales y/o denunciar, así como a los testigos a exponer lo ocurrido“.

“Denuncia” es el mensaje que más escuchan las víctimas de violencia de género y sexual. Ese lema, que busca que las mujeres confíen en la Justicia, obvia, sin embargo, todo lo que sucede después y que quita brillo a ese eslogan fácil. Lo saben Laura y Rebeca, las extrabajadoras que denunciaron a Julio Iglesias por trata y varios delitos sexuales y laborales y que acaban de presentar una querella en la Audiencia Nacional.

Días después de esta nueva acción para reclamar que España investigue los hechos, un medio de comunicación ha publicado el vídeo de la declaración que una de ellas hizo ante la Fiscalía, a pesar de que el Ministerio Público les concedió un estatus de especial protección y de que la ley prohíbe difundir datos que permitan reconocer a víctimas de violencia sexual. Mientras la justicia española decide, otra vez, si investiga los graves hechos que denuncian las dos extrabajadoras, estas mujeres soportan una revictimización sin que nadie parezca hacer nada al respecto.

Hagamos una secuencia de hechos. En enero, dos extrabajadoras de las mansiones del cantante en República Dominicana y Bahamas le denuncian ante la Fiscalía por trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores y lesiones. El Ministerio Público les concede el estatus de testigos protegidas y comienza sus indagaciones. Días después, Julio Iglesias, desde su cuenta de Instagram, revela la identidad de dos mujeres que, asegura, corresponde a las denunciantes.

Hasta la fecha, nadie ha investigado esa acción del cantante, a pesar del estatus del que gozaban las mujeres en ese momento. Lo que sí hace la Fiscalía es archivar el caso: no entra al fondo del asunto pero asegura que España no es competente para investigar esos hechos, una decisión discutida por distintos expertos y expertas. El abogado de Iglesias inicia un procedimiento contencioso-administrativo para conseguir acceso a la denuncia y a todo el expediente de la Fiscalía. Lo gana y toda la información, también las indagaciones preprocesales del Ministerio Fiscal, pasa a estar disponible para la representación legal del cantante.

La semana pasada, Laura y Rebeca, representadas por la organización Women's Link, vuelven a buscar justicia: presentan una querella en la Audiencia Nacional por los mismos delitos. Días después de esa presentación, en la que las mujeres también piden protección, este miércoles la página web Okdiario publicaba el vídeo de la declaración que una de ellas hizo ante la Fiscalía en enero, cuando era testigo protegida. Aunque la imagen de la mujer aparece pixelada, en el vídeo puede escucharse su voz. La investigación publicada por elDiario.es y Univision protegió la imagen de las dos mujeres pero también la voz para evitar su identificación: se sustituyó por doblajes literales.

A la espera de lo que haga el juez, Rebeca y Laura atraviesan esa contradicción del sistema de la que nadie se hace cargo: denunciaron, pero, de momento, nadie investiga; denunciaron, pero se han revelado datos personales e información que permite identificarlas, sin que parezca haber consecuencias. Denunciaron, y aunque esa denuncia se archivó y no llegó a abrirse una investigación propiamente dicha, el denunciado ha tenido acceso a todo el expediente, mientras ellas siguen esperando a que la justicia española las escuche.

Pronunciar un lema es fácil, sostenerlo es mucho más complicado. Para hacerlo, la justicia y la protección deben ser efectivas. Si no, instar a las mujeres a que denuncien es pedirles que sostengan una acusación en un mundo que dudará de ellas, que las atacará, las volverá a victimizar y les hará pagar un precio por hablar. Cuando un caso tiene una gran relevancia mediática, como sucede con el de Julio Iglesias, el proceso, para bien o para mal, se convierte en una lección para todas. Asistir a la desprotección de unas mujeres que rompieron su silencio a pesar de tenerlo todo en contra es el mejor estímulo para permanecer en silencio. Y es lo que buscan quienes instigan los ataques.

“Los jueces pueden admitir la querella porque son competentes para conocer de este asunto. En Derecho muchas veces las cosas son discutibles, pero en este caso concreto hay una base clara para que los tribunales españoles sean competentes para iniciar un procedimiento”, asegura la catedrática de Derecho Penal de la Universitat de València Lucía Martínez Garay. La experta subraya que el caso cumple con los requisitos que marca la ley para ser investigado en España: los hechos se atribuyen a un ciudadano español, son considerados delito tanto en los países donde se produjeron como aquí, y no han sido investigados en ningún otro lugar.

Mercedes García Arán, profesora de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, Juan Antonio Lascuraín de la Universidad Autónoma de Madrid, o Victoria Rosell, magistrada y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, también piensan que la Fiscalía se equivocó al archivar el caso y consideran que España es competente.

El juez en el que ha recaído el caso, Antonio Piña, ya ha emitido una resolución en la que pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre si su juzgado es competente para investigar los hechos, un procedimiento habitual. Será la misma Fiscalía que archivó en enero la que elabore ese informe, que no es vinculante para el juez, quien tiene la última palabra.

El magistrado de la Audiencia Nacional al que le ha correspondido este caso, Antonio Piña, ha emitido una resolución en la que solicita a la Fiscalía que se pronuncie sobre si su juzgado es competente para investigar los hechos que relata la querella presentada contra el cantante Julio Iglesias por dos extrabajadoras la semana pasada.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es indican que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 dio este paso el pasado martes. Ahora, será la misma Fiscalía que ya en enero archivó la investigación al entender que se daba una falta de competencia de los tribunales españoles, quien deberá emitir nuevo informe al respecto.

La petición de informes al Ministerio Público para que se pronuncie sobre la competencia de este tribunal especial respecto a la competencia en determinadas causas es algo habitual y recurrente, si bien los mismos no son vinculantes para los magistrados.

Rebeca y Laura (nombres ficticios para proteger su identidad), son las dos extrabajadoras de las mansiones de Iglesias en República Dominicana y Bahamas que han presentado una querella en la que le acusan de varios delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre; delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y delitos contra los derechos de las trabajadoras por la imposición de condiciones laborales abusivas. Así lo comunicó la organización Women’s Link que ejerce la defensa legal de las extrabajadoras.

Según los testimonios de Rebeca y Laura, Julio Iglesias “habría aprovechado su posición de poder” y la “vulnerabilidad” de ellas para “captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades, en un clima de intimidación constante”, dijo la organización. Las abogadas comunicaron que en la querella Rebeca y Laura describen “que Iglesias las habría sometido a situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas y les habría impuesto condiciones laborales forzadas y degradantes”. Unos testimonios coincidentes con los que publicó elDiario.es y Univision Noticias en sus entrevistas a estas mujeres.

Cuándo puede investigar la justicia española

La primera acción legal de Rebeca y Laura contra Julio Iglesias fue poner en conocimiento de una autoridad estos hechos. Eligieron la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que las tomó declaración. Unos días después, la Fiscalía tomó la decisión de no investigar los hechos porque consideró que España no tenía competencia jurisdiccional.

La decisión fue controvertida y diferentes juristas explicaron su punto de vista contrario. Aunque la base general es que los delitos se juzgan en el territorio en el que se cometen, existen excepciones cuando el investigado tiene nacionalidad española. Según la catedrática de Derecho Penal en la Universitat de Valencia Lucía Martínez Garay, el caso de Julio Iglesias cumple los requisitos tanto para el principio de la personalidad activa como en el de la justicia universal.

Para que España pueda juzgar hechos cometidos fuera del territorio español por ciudadanos españoles no vale cualquier crimen. Tiene que ser uno que sea considerado delito por las leyes españolas y también por las leyes del país donde ese hecho se haya cometido. Este aspecto se cumple. El siguiente requisito es que el delincuente no haya sido ya absuelto, indultado o penado en otro país; este también se cumple. Por último, el Ministerio Fiscal o el propio perjudicado por el delito tiene que interponer una querella ante la Audiencia Nacional. El Ministerio Fiscal no interpuso querella, pero Rebeca y Laura, sí.

El principio de justicia universal, aunque quedó muy reducido desde el año 2014, sí se puede aplicar a este caso, según Martínez Garay. Los delitos que se atribuyen forman parte del reducido listado que admite la justicia universal. Y los requisitos no piden que tanto la víctima como el investigado tengan nacionalidad o residencia española, basta con que se cumpla una de las dos condiciones.

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Juan Antonio Lascuraín también defendió en un artículo en El País que España sí tiene jurisdicción para investigar las acusaciones contra el cantante y calificó la interpretación de la ley que hace la Fiscalía como “desobediente”.

La catedrática de Derecho Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona Mercedes García Arán señaló que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo están haciendo interpretaciones “restrictivas” sobre la ley. “Son las interpretaciones judiciales restrictivas de la ley y no la ley misma las que obstaculizan la competencia española en este caso”, señaló en un artículo en este medio.

España tiene jurisdicción para investigar los hechos denunciados en la querella presentada contra Julio Iglesias por dos mujeres por presuntos delitos de violencia sexual, física, psíquica y de trata de seres humanos con fines de servidumbre. A pesar del decreto de archivo del fiscal jefe de la Audiencia Nacional de 23 de enero de 2026, dictado en las diligencias preprocesales 2/2026.

Sin entrar a valorar el contenido de los indicios racionales de criminalidad sobre los hechos, que compete a la plaza que corresponda de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (antes Juzgado Central de Instrucción), es importante conocer que nuestro país sí tiene potestad para investigar y juzgar, entre otros, los delitos sexuales y de trata de seres humanos cometidos por españoles en el extranjero.

Es cierto que, después de que la España democrática fuera pionera en la persecución de los crímenes contra la humanidad de otros países - eso sí, sin perseguir nunca los crímenes del franquismo-, las sucesivas mayorías parlamentarias fueron restringiendo la jurisdicción universal. Primero en 2009, después con recortes drásticos en 2014. Por presiones políticas y económicas de países como Israel, EEUU o China, abandonamos la persecución de crímenes cometidos contra víctimas españolas o por españoles en el extranjero en demasiados casos.

Pero seguimos firmando tratados internacionales, y pese a las restricciones que condicionaron la perseguibilidad en España de delitos como el genocidio, el vigente artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) es claro al respecto: la jurisdicción española es competente para conocer de los hechos cometidos por españoles fuera del territorio nacional con unos requisitos que se cumplen en este caso: que sean hechos susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (apartado l) o delitos de trata de seres humanos (apartado m), siempre que el procedimiento se dirija contra un español. Con la excepción, que no concurre en el presente caso, de que ya se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en un Tribunal Internacional o en el Estado del lugar en que se hubieran cometido los hechos o de nacionalidad de la persona a que se impute su comisión, exigiendo además que sea un proceso efectivo.

Dicho de modo muy simple: un tribunal español -en concreto la Audiencia Nacional- pudo juzgar a Luis Rubiales por agresión sexual cometida en Australia no porque la víctima Jenny Hermoso fuera española: bastaba con que lo fuera el investigado.

Profundizando en la fundamentación jurídica, el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia 140/2018 avaló la reducción drástica de la jurisdicción universal llevada a cabo por la LO 1/2014 -desestimando el recurso interpuesto por 50 diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Socialista-. Pero dejó un resquicio importante para la decisión de cada caso por los juzgados y tribunales a través del control de convencionalidad. Con base en los artículos 96 y 10 de la Constitución, y los art. 30 y 31 de la Ley 25/2014, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, el TC dice que el artículo 96 no atribuye superioridad jerárquica a los tratados sobre las leyes internas, pero un juez ordinario puede inaplicar una norma interna contraria a la protección de los derechos humanos establecida en los tratados internacionales, en este caso las limitaciones de la jurisdicción universal del artículo 23 de la LOPJ: “No supone un juicio sobre la validez de la norma interna, sino sobre su mera aplicabilidad, por lo que no se plantea un problema de depuración del ordenamiento de normas inválidas, sino una cuestión de determinación de la norma aplicable en la solución de cada caso concreto, aplicación que deberá ser libremente considerada por el juez ordinario”.

El artículo 23.4. l) y m) cuando reconoce la competencia de España para enjuiciar violencia sexual, no fue una locura del legislador: se basó en las obligaciones asumidas en el Convenio de Estambul aplicable a la violencia física, psíquica y sexual contra las mujeres, y el Convenio de Varsovia sobre trata de seres humanos. El artículo 44 del Convenio de Estambul, regula precisamente la extensión de la jurisdicción penal (o extraterritorialidad), con el objetivo de evitar que los agresores utilicen las fronteras para quedar impunes. Esta norma obliga a los Estados firmantes a perseguir penalmente los delitos cometidos en el extranjero si el presunto agresor es nacional (entre otros supuestos). Es el principio de personalidad activa. Es más, este Convenio del Consejo de Europa, que es el tratado más importante vigente en España sobre derechos de las mujeres, contiene incluso para los delitos más graves, incluyendo la violencia sexual y la violación de su artículo 36, la excepción al principio de doble incriminación: obliga a perseguir penalmente al autor español incluso si ese acto no es considerado delito en el país donde se cometió, y sin exigir denuncia previa de la víctima que se encuentra en el extranjero.

Las feministas defendemos el derecho de las querellantes a obtener justicia, y reivindicamos que estas normas nacionales e internacionales no solo protegen a las mujeres contra las violencias machistas, que a su vez son consecuencia histórica de la desigualdad. La jurisdicción universal es una consecuencia de los derechos inalienables propios de la dignidad humana. En tiempos en los que otros países parecen renegar del consenso civilizatorio alcanzado tras una guerra contra los fascismos europeos, y regresar a la “ley del más fuerte”, defendemos con orgullo estas normas contra la impunidad, la justicia, que es la herramienta que creamos frente a los abusos de los más poderosos. El Estado de Derecho no se concibió para que lo cumpliera el pueblo, este cumple las normas también en los regímenes autoritarios. Se concibió para que el Estado cumpla su propio Derecho. Que no se rompa.

El pasado jueves, la organización internacional Women's Link, en representación de las extrabajadoras de Julio Iglesias Laura y Rebeca, presentó una querella contra el cantante en la Audiencia Nacional por delitos laborales y sexuales. Tras el archivo de la Fiscalía en enero, que no entró al fondo del asunto y consideró que España no es competente para investigar estos hechos, las extrabajadoras inician ahora una nueva vía para buscar justicia.

La directora ejectiva de Women's Link, Jovana Ríos, y la abogada Clara Serra Baiget, explican en qué consiste esta nueva acción judicial.

¿Por qué Women's Link, en representación de Laura y Rebeca, presenta ahora esta querella?

Rebeca y Laura solicitan a la justicia española y concretamente a la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional que investigue y enjuicie hechos que describen en su querella y que habrían ocurrido en 2021 en residencias del cantante español Julio Iglesias, ubicadas en las Bahamas y en la República Dominicana. Ellas están presentando esta querella ahora porque el decreto de la Fiscalía que archivó su denuncia inicial solo estableció que la investigación no procedería. Sin embargo, ese mismo decreto también establece que esa decisión no tiene efectos de cosa juzgada, que en términos legales significa que no se han juzgado los hechos por un tribunal o tomado una decisión final, ni se ha resuelto sobre el fondo del asunto. Además, el decreto también menciona que Rebeca y Laura podrán reproducir su denuncia ante los órganos judiciales que correspondan. Eso es lo que ellas han elegido hacer ahora.

¿Hay alguna diferencia entre la querella que presentan ahora y la denuncia de enero ante la Fiscalía?

Esta acción legal es distinta a la presentada el 5 de enero de 2026 ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En esa ocasión, Rebeca y Laura solicitaban que fuera el Ministerio Fiscal español el que iniciara una investigación de los hechos denunciados. Lo que se presentó el jueves es una acción legal liderada por ellas, donde participarán activamente del procedimiento (podrán pedir diligencias, intervenir) pero también les permitirá acceder a medidas de protección específicas mientras son acompañadas en su búsqueda de justicia.

¿Cuál es el contenido de esta querella?

La querella sostiene que el querellado habría aprovechado la situación de vulnerabilidad de ambas mujeres para captarlas, trasladarlas y alojarlas bajo un clima de intimidación constante, con el propósito de imponerles condiciones laborales forzadas y degradantes, así como someterlas a acoso y agresiones sexuales continuas. Los hechos descritos por las querellantes podrían constituir delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre; delitos contra la libertad y la indemnidad sexual; lesiones; trato degradante; y delitos contra los derechos de las trabajadoras por la imposición de condiciones laborales abusivas.

Esta acción legal es distinta a la presentada el 5 de enero de 2026 ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. en la que Rebeca y Laura solicitaban que el Ministerio Fiscal español iniciara una investigación. Esta es una acción legal liderada por ellas, donde participarán activamente del procedimiento

Los hechos denunciados también podrían constituir vulneraciones de derechos humanos recogidas en tratados internacionales ratificados por España tales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Convenio para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Protocolo de Palermo, el Convenio de Varsovia de lucha contra la trata de personas, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y su Resolución 201.

¿Por qué incluyen ahora el delito de trato degradante que no estaba presente en la denuncia de enero?

Sin perjuicio de cualquier otra calificación jurídica que pudiera corresponder a juicio del órgano de instrucción, los testimonios de Rebeca y Laura incluidos en la querella describen humillaciones reiteradas y actuaciones vejatorias, abusando de una situación de superioridad y menoscabando la integridad moral, que podrían ser encuadrables en el delito de trato degradante previsto en el artículo 173.1 del Código Penal.

¿Por qué se optó entonces por esa vía, la de acudir a la Fiscalía, y no por esta que toman ustedes ahora, presentar directamente la querella?

Son vías legales distintas. En un inicio se esperaba que fuese el Ministerio Fiscal español quien iniciara la investigación por los hechos denunciados por Rebeca y Laura. Rebeca y Laura son quienes tienen la autonomía para decidir cómo y en qué términos avanzar en su búsqueda de justicia, y esta nueva vía responde a esa decisión. Al principio, Rebeca y Laura vieron en el Ministerio Fiscal español la posibilidad de que actuaran como intermediarios en su búsqueda de justicia. Con la nueva querella, ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Rebeca y Laura liderarán el proceso y participarán activamente en él.

¿Cuál es la diferencia entre una vía y otra?

A nivel técnico, la querella requiere una mayor precisión técnico-jurídica, con una exposición de los hechos mucho más concreta y detallada. Además, exige representación legal y, por regla general, la intervención de abogado/a y procurador/a. Sin embargo, la diferencia fundamental entre denuncia y querella radica en quién ejercita la acción y qué posición ocupa dentro del procedimiento: mientras que la denuncia consiste principalmente en poner unos hechos presuntamente delictivos en conocimiento de la autoridad, la querella supone el ejercicio formal de la acción penal y permite al querellante intervenir como parte en el procedimiento.

Piden medidas de protección para Laura y Rebeca, ¿por qué y cuáles podrían ser esas medidas?

Rebeca y Laura nos han expresado que temen por represalias. Por tanto, hemos solicitado de forma urgente medidas de protección para salvaguardar su identidad e integridad, especialmente porque las desigualdades de poder entre el querellado y las querellantes son un factor que debe ser tenido en cuenta por las instituciones. Cuando existen diferencias significativas de influencia, recursos o exposición pública, los mecanismos de protección adquieren una importancia aún mayor para garantizar un acceso efectivo a la justicia.

Hemos solicitado de forma urgente medidas de protección para salvaguardar su identidad e integridad, especialmente porque las desigualdades de poder entre el querellado y las querellantes son un factor que debe ser tenido en cuenta por las instituciones

Concretamente, hemos solicitado la anonimización de datos personales que permitan su identificación directa o indirecta, tanto de ellas como de sus familiares y de los testigos; así como que se prohíba al querellado aproximarse a las querellantes en el lugar donde residan, trabajen o frecuenten. También la prohibición de comunicarse con ellas por cualquier medio, ya sea telefónico, correo electrónico, redes sociales, etc.; todo ello tanto de manera directa como a través de terceras personas.

La Fiscalía archivó el caso porque entendía que España no tiene competencia para investigarlo, ¿están convencidas de que España puede juzgar este caso? ¿Por qué? ¿Por qué España debe investigar?

Women's Link y personas juristas y académicas de gran prestigio en España sostenemos que los tribunales españoles sí tienen jurisdicción y competencia para actuar en este caso, por tres razones principalmente: en virtud de la nacionalidad del querellado (principio de personalidad activa), por la naturaleza de los delitos (principio de jurisdicción universal) y por estar incluidos ellos en tratados internacionales ratificados por España.

La legislación española plantea el principio de territorialidad –previsto en el artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)– como criterio para determinar la jurisdicción, pero coexiste con otros principios que permiten investigar y perseguir presuntos delitos cometidos fuera del territorio nacional siempre que se den una serie de circunstancias que entendemos concurren, todas ellas, en el presente caso.

Ni en República Dominicana ni en Bahamas existen las condiciones mínimas para garantizar a las denunciantes seguridad, protección efectiva e investigación diligente conforme a los estándares internacionales de derechos humanos

En primer lugar, España puede ejercer jurisdicción por la nacionalidad española del presunto autor, siempre que se cumplan requisitos como que la víctima presente querella, que no haya sido investigado o juzgado el mismo hecho en otro país y que exista la doble incriminación, es decir, que los mismos hechos estén también tipificados en los países donde ocurrieron.

En segundo lugar, España puede conocer de determinados delitos que, por su gravedad y naturaleza, están previstos en convenios internacionales, como los relativos a la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica o la trata. Finalmente, en virtud del derecho internacional vinculante para España (art. 23.4.p de la LOPJ) también existe jurisdicción española cuando los hechos pueden constituir vulneraciones de derechos humanos previstas en tratados internacionales ratificados por el Estado español.

¿Por qué no han acudido a República Dominicana o Bahamas, lugares donde ocurrieron los hechos?

Principalmente, sostenemos que esta acción puede y debe investigarse y enjuiciarse en España. En segundo lugar, tras nuestros análisis y experiencia y teniendo en cuenta las voluntades de Rebeca y Laura, hemos concluido que en ninguno de los dos países existen las condiciones mínimas para garantizar a las denunciantes seguridad, protección efectiva e investigación diligente conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Por eso no se presentó la denuncia en esos foros.

¿Es posible judicialmente que, aunque la Fiscalía ya sentara su criterio, un juez de la Audiencia Nacional considere que sí puede juzgarse?

Por supuesto, legalmente un tribunal puede determinar que el caso sí puede juzgarse en España. Es justo el órgano judicial el competente para decidir sobre la jurisdicción y competencia, no el Ministerio Fiscal. La potestad jurisdiccional corresponde en exclusiva a los Tribunales en virtud del artículo 117.3 de la Constitución española.

¿Con qué apoyos cuentan?

Rebeca y Laura cuentan con el apoyo de una gran cantidad de personas juristas y académicas de gran prestigio, así como de muchas organizaciones de derechos humanos tanto en España como en América Latina y el Caribe, que han expresado su solidaridad con su proceso legal y de búsqueda de justicia. Ellas también han recibido muchísimo apoyo social para que los hechos que alegan sean investigados.

¿Por qué es importante este caso?

La querella interpuesta por Rebeca y Laura podría mirarse dentro de un panorama más amplio en cuanto a lo que podrían estar enfrentando miles de trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe y en Europa: un sector profundamente feminizado, racializado y precarizado, donde las relaciones de poder pueden facilitar distintas formas de violencia y explotación.

La querella interpuesta por Rebeca y Laura podría mirarse dentro de lo que podrían estar enfrentando miles de trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe y Europa: un sector profundamente feminizado, racializado y precarizado, donde las relaciones de poder pueden facilitar distintas formas de violencia y explotación

Lo que Rebeca y Laura denuncian importa tanto por ellas como por todas las trabajadoras que podrían enfrentar violencias. Su querella invita a reflexionar sobre cuáles son las condiciones necesarias para que todas las trabajadoras remuneradas del hogar puedan realizar su trabajo con dignidad, libres de violencias, y con la garantía plena de sus derechos.

Julio Iglesias ha amenazado con denunciar a Rebeca y Laura y a Women’s LInk por denuncia falsa, ¿han recibido alguna notificación?

Women’s Link no ha recibido ninguna notificación legal con acusaciones sobre una denuncia falsa. El acompañamiento legal que estamos dando a las querellantes responde al legítimo derecho de toda persona a ser representada legalmente y acceder a la justicia. Entendemos que las demandas contra el interés público (los llamandos SLAPPs) representan un riesgo que se monitorea constantemente.

Más allá de las distintas posiciones sobre el caso, creemos que el punto central es que la querella de Rebeca y Laura, que alega hechos tan graves, merece una investigación por parte de las autoridades competentes, y que quienes denuncian deben poder hacerlo con garantías de protección y seguridad.

Las extrabajadoras de Julio Iglesias Rebeca y Laura (nombres ficticios) que denunciaron al cantante ante la Fiscalía por delitos sexuales y laborales, han presentado personalmente una querella ante la Audiencia Nacional por los mismos delitos, después de que la Fiscalía decidiera en enero no investigar por entender que España no tenía jurisdicción para hacerlo.

Las abogadas que las representan, de la organización Women's Link, no lo ven de la misma manera y han optado por buscar una vía directa de acceso a la justicia. La catedrática de Derecho Penal de la Universitat de València Lucía Martínez Garay fue una de las juristas que más claramente se posicionaron en su momento “en contra” de esa decisión, porque “los tribunales españoles sí son competentes para conocer de estas acusaciones”. Ahora será un juzgado de la Audiencia Nacional quien decida sobre la admisión.

Al cerrarse la vía de la denuncia ante la Fiscalía, Rebeca y Laura toman la determinación de seguir buscando justicia. ¿Con este paso, qué cambia para ellas desde el punto de vista jurídico? ¿Por qué creen que al interponer personalmente una querella sí puede ser admitida?

Es que a ellas no les ha dicho que no un juez. La Audiencia Nacional ni siquiera ha podido llegar a pronunciarse sobre este caso porque nadie le ha presentado la querella que es necesaria para que se inicie un procedimiento. No sabemos la opinión de los jueces sobre esto, solo sabemos lo que opina la Fiscalía. Al presentar la querella, ellas cumplen con el último requisito que les faltaba, según indica la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 23.2. Se podían querellar ellas o el Ministerio Fiscal. El fiscal dijo que no, pues bien, ahora van ellas. La Audiencia Nacional todavía no ha dicho si es competente o no, y no podía decirlo si nadie le presentaba una querella.

¿Debería la Audiencia Nacional admitir esta querella?

Creo que los jueces pueden admitirla porque son competentes para conocer de este asunto. Obviamente, además de tener competencia, para admitir una demanda hace falta que los jueces consideren que hay indicios racionales de criminalidad en los hechos. Yo no conozco el caso más que por las publicaciones periodísticas, pero a priori parecen hechos graves y relatados con apariencia de verosimilitud y seriedad. La Fiscalía no ha dicho lo contrario porque en ningún momento ha entrado en el fondo del asunto; se ha limitado a la cuestión meramente formal de la competencia. Si el juez le quita la razón a la Fiscalía y dice que sí, que son competentes, lo normal sería que la Fiscalía se sume al carro de la querella y reme a favor, que ellas no se queden tan solas. Es decir, ante unos hechos tan graves, y suponiendo que quedara despejada la cuestión de la competencia, pienso que la obligación de la Fiscalía es promover que se investiguen, por supuesto sin prejuzgar que tras esa investigación se consiga o no suficiente material probatorio como para condenar, que eso ahora es imposible de saber, y a Iglesias le asiste la presunción de inocencia.

Si el juez le quita la razón a la Fiscalía y dice que sí, que son competentes, lo normal sería que la Fiscalía se sume al carro de la querella y reme a favor, que ellas no se queden tan solas

¿Puede la Fiscalía cambiar su criterio ahora respecto a lo que dijo en enero?

Sí, desde luego. Además, la propia naturaleza de la fase de instrucción, que es averiguar las circunstancias del delito, puede hacer que salgan a la luz datos o informaciones que justifiquen un cambio de criterio.

¿Piensa que la Fiscalía se equivocó al archivar en enero la denuncia contra Julio Iglesias?

Yo creo que sí se equivocó. Creo que la ley dice una cosa y la interpretación que hizo la Fiscalía en ese decreto no la comparto, creo que no está bien fundamentada. Y no soy la única que lo piensa, compañeros como Mercedes García Arán, profesora de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona o Juan Antonio Lascuraín de la Universidad Autónoma de Madrid opinan igual. En Derecho muchas veces las cosas son discutibles, pero en este caso concreto hay una base clara para que los tribunales españoles sean competentes para iniciar un procedimiento. A lo mejor, una vez iniciado, acaba en una absolución o en un archivo, no lo sé, pero que hay competencia para poder iniciarlo, yo lo veo claro.

Yo creo que la Fiscalía se equivocó. La ley dice una cosa y la interpretación que hizo la Fiscalía en ese decreto no la comparto, creo que no está bien fundamentada

¿Por qué España sí tiene jurisdicción para investigar esta denuncia?

La regla general es que los tribunales españoles sean competentes para juzgar los delitos que se cometen en el territorio español. Ahora bien, hay un par de reglas adicionales que permiten a los tribunales españoles juzgar hechos cometidos fuera de España. La Ley Orgánica del Poder Judicial recoge tres supuestos excepcionales, y en el caso de Julio Iglesias resultan aplicables dos. Uno es el principio de personalidad activa: España es competente para juzgar hechos cometidos fuera del territorio español por ciudadanos españoles. No cualquier hecho, sino uno que sea considerado delito por las leyes españolas y también por las leyes del país donde ese hecho se haya cometido. Y siempre que el delincuente no haya sido ya absuelto, indultado o penado en otro país. En este caso, a mi juicio, los tres requisitos se cumplen. Además, el propio perjudicado por el delito o el Ministerio Fiscal tiene que interponer una querella ante la Audiencia Nacional, no basta con una denuncia.

La querella la podían haber presentado las propias mujeres, pero me parece comprensible que valoraran en aquel momento que no querían asumir el coste personal y económico de hacerlo. Ahora bien, lo raro es que cuando tú cuentas esto a la Fiscalía, que también puede presentar esa querella, decida no hacerlo. ¿Por qué? Porque creyó o argumentó que los tribunales españoles no eran competentes. Pero lo único que faltaba para que lo fuéramos era precisamente que la propia Fiscalía presentara la querella.

En cambio, la Fiscalía argumentó que aun siendo Julio Iglesias un ciudadano de nacionalidad española, no tenía los suficientes vínculos con España, y eso que él tiene propiedades, tiene negocios y solía veranear aquí.

A mi juicio, requerir eso es completamente innecesario. La ley no pide que tengas vínculos con España, salvo obviamente, el vínculo esencial que es que tu nacionalidad sea española.

Para juzgar crímenes cometidos en el extranjero, además del supuesto de la personalidad activa, está el de la justicia universal. ¿Es necesario cumplir con los requisitos de ambas vías?

Basta con que se cumpla una de las dos. Si se dan las dos, mayor motivo hay para ser considerado competente. La regulación de la justicia universal desde el año 2014, cuando sufrió una reforma muy importante, es complicada, farragosa y ha quedado bastante desnaturalizada respecto a lo que era la idea inicial. Ahora se aplica a un listado de delitos entre los que están el de trata de seres humanos y los que regula el Convenio de Estambul para la lucha contra todas las formas de violencia contra la mujer, por lo que en las acusaciones contra Julio Iglesias sí es aplicable el principio de justicia universal.

Pero además hay otros requisitos. La ley también exige que el procedimiento se dirija contra un español o contra un extranjero que reside habitualmente en España o que se hubiera cometido contra una víctima que en el momento de los hechos tuviera nacionalidad española o residencia aquí. Está redactado de manera alternativa: una cosa o la otra. Cuando la Fiscalía argumenta por qué no era competente, da la sensación de que lo interpreta de manera copulativa, como si se requiriera una cosa y la otra.

Además, también es necesario en este principio de justicia universal que no se haya iniciado un procedimiento ya por estos mismos hechos en otro tribunal. La ley no exige como requisito que ningún otro Estado sea competente, lo que exige es que se esté ya juzgando el hecho en algún otro Estado, y eso no está pasando. Por lo tanto, España sí que tiene competencia para juzgarlo.

En las clases de Derecho Penal enseñamos el principio de justicia universal todos los años y decimos lo contrario de lo que se ha estado interpretando en este caso. Hay muchas cosas en Derecho que son interpretables u oscuras, pero aquí, lo mires por donde lo mires, no se acaba de ver dónde estaba el problema

¿Esta reticencia a investigar, qué dice sobre nosotros, qué mensaje manda nuestra justicia?

Yo creo que no es un buen mensaje. En las clases de Derecho Penal todos los años enseñamos el principio de justicia universal y decimos lo contrario de lo que se ha estado interpretando en este caso. Hay muchas cosas en Derecho que son interpretables u oscuras, pero aquí, la verdad, es uno de esos casos donde lo mires por donde lo mires, no se acaba de ver dónde estaba el problema.

Es verdad que ejercer tu jurisdicción sobre delitos cometidos en otros Estados a veces le genera a España conflictos de política internacional, tiene un coste diplomático, por eso se reformó la ley en 2014. Lo llamativo de este caso es que Bahamas o República Dominicana, salvo error por mi parte, no parece que hayan estado ejerciendo este tipo de presión.

Mi opinión personal es que lo que se está teniendo en cuenta es la relevancia del acusado, porque si no es difícil entender la resistencia a juzgar esto. Basta ver cuál ha sido la reacción una vez que la Fiscalía ha decidido que no seguía adelante: demanda contra el periódico, querella contra la vicepresidenta del Gobierno… También puede haber otra razón y es que este es un caso complicado porque es difícil saber en qué quedaría un juicio con tantas conexiones internacionales, con tanta desigualdad entre las partes y en un tema que ya sabemos lo difícil que es por la prueba y por la perspectiva de género en este tipo de delitos.

Las dos extrabajadoras de Julio Iglesias que el pasado enero denunciaron al cantante ante la Fiscalía por delitos laborales y sexuales han presentado este jueves una querella contra él en un juzgado de la Audiencia Nacional, según ha anunciado en un comunicado Women’s Link, la organización que las representa. La querella de Rebeca y Laura (nombres ficticios para proteger su identidad), que trabajaron en las mansiones de Iglesias en República Dominicana y Bahamas en 2021, le acusa de varios delitos: trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones abusivas, lesiones y trato vejatorio.

“Según sus testimonios, el querellado habría aprovechado su posición de poder y su situación de vulnerabilidad para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades, en un clima de intimidación constante. De acuerdo con la querella interpuesta, Rebeca y Laura describieron que Iglesias las habría sometido a situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas y les habría impuesto condiciones laborales forzadas y degradantes”, dice la organización en el comunicado.

Rebeca y Laura han solicitado acceder a medidas de protección específicas “mientras son acompañadas en su búsqueda de justicia”. “Ahora, un tribunal especializado será el encargado de revisar la información puesta en su conocimiento para determinar si inicia una investigación, respetando todas las garantías legales para acceder a la justicia, a la reparación y a la no repetición, según corresponda”, prosigue Women's Link.

En enero de 2026, Laura y Rebeca interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la cual fue archivada diez días después de anunciar la apertura de diligencias y sin entrar al fondo del asunto. El Ministerio Público concluyó que no podía seguir adelante con el proceso por la “falta de competencia” de los tribunales españoles para juzgar los hechos, una decisión que fue discutida por expertos juristas. Sin embargo, esa decisión no se extiende automáticamente a un procedimiento judicial, puesto que el caso nunca llegó a estar en un juzgado: ahora será el juez al que se le asigne la querella el que decida si España tiene competencia para investigarlo o no.

La querella que ha presentado Women's Link ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) incluye el mismo relato de hechos y la misma calificación de delitos que ya se presentaba en la denuncia ante la Fiscalía, aunque con un añadido: un delito de trato degradante. El texto recoge también una amplia recopilación de jurisprudencia para reforzar la tesis de que la justicia española sí es competente para indagar estos hechos.

“Rebeca y Laura esperan que se adopte una interpretación amplia, comprometida con la protección de sus derechos, en línea con la opinión de personas juristas y académicas de reconocido prestigio que confirman la jurisdicción de los tribunales españoles”, asegura la organización en su comunicado.

Como parte de una investigación periodística publicada en enero por elDiario.es y Univision Noticias, estas dos mujeres aseguraron que Iglesias las agredió sexualmente en un ambiente de control e intimidación continuo mientras trabajaron para el cantante en 2021 en régimen interno en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. Las extrabajadoras contaban que el cantante las presionaba para mantener encuentros sexuales y describen penetraciones, tocamientos, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Según sus relatos, recibían insultos y humillaciones durante su jornada laboral.

La decisión de la Fiscalía

La Fiscalía decidió no investigar los hechos denunciados al entender que los tribunales españoles carecen de jurisdicción porque ocurrieron exclusivamente en el extranjero y no se daban los “vínculos” que exige la ley para que la Justicia española pueda intervenir, a pesar de que Julio Iglesias tiene nacionalidad española. La decisión fue discutida por juristas y catedráticos, que entendían que España sí tiene competencia para investigarlo.

Women’s Link sostiene que los tribunales españoles tienen jurisdicción y competencia para actuar en este caso bajo el amparo del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual permite investigar y perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España.

Las abogadas se apoyan, además, en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España. Estos serían el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención contra la Esclavitud, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, la Convención contra la Tortura, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Social Europea, el Convenio 169 de la OIT y su Resolución 201.

La decisión de la Fiscalía se produjo sin atender tres diligencias clave solicitadas por Women's Link Worldwide, la organización que asesora legalmente a las denunciantes. Según fuentes del caso, las abogadas habían hecho llegar a la Fiscalía tres escritos. En uno pedían medidas contra la difusión de información por parte del cantante de quien él identificaba como las denunciantes. En el segundo aportaban más evidencia para reforzar la idea de que podía aplicarse la jurisdicción española. En un tercero pedían que se tuvieran en cuenta nuevas informaciones que vinculaban la causa con España. Ninguno de los tres obtuvo respuesta.

En un primer momento, las abogadas de Laura y Rebeca optaron por denunciar ante la Fiscalía para no asumir en solitario la presentación de una querella. Después del archivo de la Fiscalía, presentan ahora personalmente esa querella ante la Audiencia Nacional.

El asunto de la jurisdicción

La catedrática de Derecho Penal en la Universitat de Valencia Lucía Martínez Garay aseguraba tras conocer la decisión de la Fiscalía que los tribunales españoles “sí son competentes”. Así lo establece, dice Garay, el principio de personalidad activo recogido en el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este precepto dispone que “conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminales responsables fueren españoles” (…) y que concurran ciertos requisitos: que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los tribunales españoles y que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero.

Garay señalaba que Iglesias es español, que los hechos son también punibles en República Dominicana y Bahamas –donde se produjeron– y que el cantante no ha sido juzgado ni, por tanto, condenado, absuelto o indultado.

El catedrático de Derecho Penal de la Univesidad Autónoma de Madrid Juan Antonio Lascuraín también defendía en un artículo en El País que España tiene jurisdicción para investigar las acusaciones contra el cantante. Si bien los jueces penales, explica, no se ocupan de instruir todos los casos con independencia de dónde se hayan cometido y quién sea el autor, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sí se compromete a juzgar los delitos cometidos por españoles en el extranjero “si la conducta es también delictiva allí donde se produjo y no ha sido aún juzgada”.

Desde el año 2014, prosigue, el principio de justicia internacional exige “una determinada conexión con España” para que nuestro país pueda conocer esos hechos. “¿No es acaso español –‘el más universal’, dice el tópico– y no son acaso la agresión sexual y la trata de personas que se le atribuyen delitos en la República Dominicana, sin que el imputado haya sido ya ‘absuelto, indultado o penado en el extranjero?”, se pregunta Lascuraín, que asegura que la Fiscalía llamó “interpretación restrictiva de la ley a lo que no es sino su desobediencia” y se apoyó en precedentes en los que sí era evidente que faltaban requisitos para poder juzgar los hechos en España.

La investigación periodística

Durante tres años de investigación periodística, elDiario.es y Univision Noticias contactaron con 15 extrabajadores de Julio Iglesias, incluyendo personal doméstico y otros profesionales especializados que trabajaron en distintos periodos, entre finales de los años 90 y 2023, en las casas del cantante en República Dominicana, Bahamas y España. En estas entrevistas se describieron las condiciones laborales en las residencias, y hablaron de aislamiento, conflictos, trato degradante, salarios insuficientes y un clima de tensión ambiental generado por el carácter irascible de Iglesias.

Al menos en dos de estas entrevistas afloraron otros relatos en los que las extrabajadoras describían situaciones de acoso y agresiones sexuales. Los testimonios de estas dos mujeres fueron consistentes y estables a lo largo del tiempo, y la investigación periodística los contrastó con abundantes pruebas documentales, como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos.

Los hechos que relatan Rebeca y Laura tuvieron lugar en las residencias de Julio Iglesias con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal, según afirman estas dos extrabajadoras. Una encargada gestionó también la realización de reconocimientos médicos a las trabajadoras del servicio doméstico, que incluían exámenes ginecológicos y pruebas de enfermedades de transmisión sexual y embarazos. Esta encargada no contestó a las preguntas que le realizó este medio.

Periodistas de elDiario.es y Univision Noticias se pusieron en contacto en repetidas ocasiones y por diferentes vías con Julio Iglesias y con su abogado, sin obtener respuesta a las preguntas que estos medios le hicieron llegar por email, mensajes telefónicos y cartas entregadas en sus residencias. En un comunicado público posterior a la publicación de la primera de las informaciones, el cantante ha negado “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

En el mes de febrero, Rebeca denunció a la policía del país en el que reside que ha estado vigilada por un detective español tras la presentación de su denuncia ante la Fiscalía y la publicación de los reportajes.

La abogada del Estado y exdiputada de Vox Macarena Olona ha anunciado este martes su incorporación al bufete de José Antonio Choclán, abogado del empresario Víctor de Aldama y del cantante Julio Iglesias. Según ha indicado en su cuenta en la red social 'X', la exdiputada se pasa a la abogacía privada “para seguir luchando, a uno y otro lado del Atlántico”, y estar “con la ley y el orden”.

“José Antonio Choclán Montalvo, magistrado en excedencia, es uno de los abogados más prestigiosos de España. Desde hoy, también es mi jefe. Me incorporo al Bufete Choclán”, ha señalado.

Olona, que inició en 2009 su andadura en la Abogacía del Estado, dio el salto a la política una década después y fue diputada por Vox en el Congreso desde mayo de 2019 a julio de 2022, cuando anunció su adiós por motivos de salud y tras ser la candidata del partido de Santiago Abascal a las elecciones de Andalucía celebradas ese año.

Por su parte, Choclán --familiar de Olona-- es conocido por ejercer la representación legal de personas de carácter mediático como Iglesias y Aldama, comisionista del 'caso Koldo'. Anteriormente fue abogado, entre otros, del futbolista Cristiano Ronaldo.

Los Online Journalism Awards (OJA) destacan cada año, desde hace más de 25, lo mejor del periodismo digital en el mundo. Este viernes, la Online News Association (ONA), la organización de Estados Unidos que concede los premios, ha anunciado sus finalistas de 2026. Entre ellos, y en dos categorías, se encuentra la investigación sobre Julio Iglesias llevada a cabo por elDiario.es junto a N+ Univision (antes, Univision Noticias, la división informativa de la cadena TelevisaUnivision).

La ONA, con sede en Washington y fundada en 1999, es la mayor asociación de prensa digital del mundo.

Las categorías en las que ha sido seleccionada la investigación son Digital Video Storytelling (narrativa de vídeo digital), dentro de la subsección Long Form (piezas largas), y en Feature (crónica), en la subsección Small Newsroom (medios de tamaño pequeño).

La investigación que desveló en enero de 2026 las acusaciones de agresiones sexuales de Julio Iglesias por parte de dos de sus extrabajadoras, compite, en la categoría de vídeo, con los prestigiosos medios NBC (por el documental Filmed in Gaza), BBC (por Meow Meow: Inside Russia’s Mephedrone Teen Crisis, sobre la drogadicción de los jóvenes en Rusia), ProPublica (por Status: Venezuelan, sobre los venezolanos en EEUU), Business Insider (por The true cost of data centers, sobre qué esconden los centros de datos) y una alianza entre Bellingcat, Evident, FRONTLINE (PBS) y The Washington Post, para Strike on Iran: The Nuclear Question, sobre los ataques de Israel a las infraestructuras nucleares iraníes.

En la categoría de crónica (medios pequeños), además del artículo Sexual assault allegations at Julio Iglesias´ mansions (traducción al inglés de Testimonios de agresiones sexuales contra Julio Iglesias) han quedado finalistas Saving Sinking Homes & Mourning Land that Leaves de The Margin, The Price of Progress: The Dark Side of Critical Minerals in the Amazon de Amazon Underworld y The State of Coca también de Amazon Underworld.

Los testimonios de dos mujeres que acusaron a Julio Iglesias de agresiones sexuales se publicaron como parte de una investigación que se prolongó durante tres años y en la que fue entrevistada cerca de una quincena de extrabajadores del cantante en sus residencias de Punta Cana, Bahamas y España. Estas dos extrabajadoras del cantante presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la cual fue archivada por falta de competencia de la Justicia española. Aun así, Rebeca y Laura anunciaron que seguirían buscando una vía de acceso a la justicia.

En esta serie de reportajes participaron las periodistas Elena Cabrera, Ana Requena Aguilar, Raquel Ejerique, María Ramírez, Natalia Chientaroli e Izaskun Pérez de elDiario.es y Federica Narancio, Esther Poveda, Gerardo Reyes, Margarita Rabin, Jose Ángel Gonzalo y Daniel Coronell, de TelevisaUnivision.

El pasado mes de julio, Julio Iglesias presentó una querella contra elDiario.es, su director Ignacio Escolar y los periodistas Juan Luis Sánchez, María Ramírez, Ana Requena y Elena Cabrera “por la presunta comisión de delitos de injurias con publicidad y calumnias, y de un delito contra la integridad moral”, una querella plagada de falsedades y acusaciones sin fundamento. Organizaciones periodísticas nacionales e internacionales, desde la Federación de Asociaciones de Periodistas de España hasta el Instituto Internacional de Prensa, entre muchas otras, han respaldado el trabajo de este periódico y han señalado el “carácter intimidatorio” de acciones penales como esta. Unas ofensivas judiciales que buscan “silenciar el periodismo legítimo de interés público”.

Los premios OJA, que se suman de esta manera al reconocimiento de la integridad de este trabajo periodístico, reconocen a los principales medios de comunicación, sitios web internacionales e independientes, y a los profesionales que producen trabajos innovadores en el ámbito de la narración digital. Los evaluadores y jueces de estos premios dan especial importancia a las candidaturas que demuestran dominio de las características específicas y las tecnologías emergentes del periodismo digital, según indican en sus bases.

Los finalistas y ganadores se seleccionan mediante un proceso de dos fases. Primero, periodistas y profesionales de los medios digitales líderes en la industria evalúan las candidaturas para determinar a los semifinalistas. Segundo, un jurado compuesto por profesionales del periodismo de alto nivel se reunió en el mes de agosto para seleccionar a los finalistas y ganadores.

El secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, considera que hechos tales como la querella del artista español Julio Iglesias contra el director de elDiario.es, Ignacio Esolar; y la que ha anunciado Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, contra el director editorial de infolibre.es, Jesús Maraña, son un intento de amedrentar a los citados profesionales para que no informen sobre ellos, o lo que es igual, no pretenden aclarar informaciones que consideren erróneas o perjudiciales sino atemorizar o infundir cierto miedo.

Lo ha escrito Yanel en un artículo publicado en un digital de Casilla la Mancha, titulado Contra el periodismo y contra el derecho a la información:

“Cuando un personaje millonario, o poderoso por otros motivos, se querella contra unos periodistas porque no le gusta algo que han publicado o han dicho, o porque lo consideran inexacto y perjudicial para él, no lo hace para aclarar los hechos. No. Si quisiera corregir lo erróneo de una información, les enviaría un escrito de rectificación, acogiéndose a la Ley Orgánica 2/1984, que regula ese derecho. Pero si interpone una querella y solicita penas de cárcel para los informadores, su objetivo está claro: amedrentar a esos profesionales para que no informen sobre él”.

Ese es el camino emprendido por el cantante y por el novio de la presidenta madrileña que se querellará, según ha anunciado, contra Maraña, si no rectifica unas afirmaciones que hizo en TVE. El director de infolibre.es, en su opinión, aprecia una doble vara de medir por parte de la Justicia y la diferente velocidad en la que son tramitados los asuntos en sede judicial, dependiendo de quién sea la persona acusada.

A la vista de los argumentos de las partes y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la prevalencia del derecho a la información frente a otros, el criterio principal es que cuando el periodista recaba información que es de interés general con la diligencia profesional exigible, como parece ser que han hecho en elDiario.es, se puede presumir -a la espera de la decisión de sus señorías- ninguno de los dos casos concluirá favorablemente para sus promotores en los juzgados.

Por eso, la FeSP ha sostenido públicamente que las acciones legales afrontadas ranto por Julio Iglesias como por González Amador representan un ataque al periodismo y al derecho a la información. “Los periodistas deben rectificar cuando se equivocan pero no se les puede pedir que dejen de informar sobre un asunto de interés general”, consigna Agustín Yanel en su análisis.

A primera vista, se trata de dos claros de las conocidas como ‘demandas estratégicas’ contra la participación pública. Claro, que la normativa de aplicación parece gustar poco, como lo prueba que, por un lado, el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios debería estar incorporada a la legislación española desde el 7 de mayo del presente año pero ni, por otro, tal reglamento ni otra directiva relacionada, también de rango comunitario, básicos para defender el derecho a la información, se están valorando y teniendo en cuenta tal inhibición, por llamarla de alguna manera, no es de extrañar que las previsiones explicitadas sean pura ilusión.

El respaldo a elDiario.es por parte de diferentes organizaciones de la profesión periodística sigue en aumento. Este martes, las Federaciones Internacional y Europea de Periodistas (FIP-FEP) han mostrado su solidaridad ante la querella que ha presentado Julio Iglesias contra el medio, su director y cuatro de sus periodistas.

“Resulta profundamente alarmante que se estén utilizando procedimientos penales por difamación contra periodistas por informar sobre graves acusaciones de interés público”, dicen ambas organizaciones en un comunicado. Este tipo de demanda penal “constituye un ataque al periodismo y al derecho del público a la información”, recalcan.

El pasado 21 de julio, el cantante presentó una querella en la que acusa a Ignacio Escolar, director de elDiario.es y presidente de su empresa editora, y los periodistas Juan Luis Sánchez, María Ramírez, Ana Requena y Elena Cabrera, de la presunta comisión de delitos de injurias con publicidad y calumnias, y de un delito contra la integridad moral. El motivo es la publicación de una serie de informaciones en las que dos extrabajadoras del cantante le denunciaban por presuntas agresiones sexuales.

“La persistencia del acoso sexual contra las mujeres pone de relieve el papel fundamental que desempeña el periodismo a la hora de informar sobre este tipo de casos, especialmente cuando el presunto autor es una figura pública”, dice María Ángeles Samperio, presidenta del Consejo de Género de la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

Debido a este indispensable papel de los medios de comunicación, el Consejo de Género de la FIP “apoya plenamente a los y las periodistas de elDiario.es en su investigación”. Este Consejo anima a otros periodistas “a que sigan dando voz a las mujeres que sufren acoso sexual, al tiempo que mantienen los más altos estándares de ética periodística mediante una verificación rigurosa y precisa de los hechos”.

elDiario.es publicó esta investigación, que se realizó durante tres años, conjuntamente con el medio estadounidense Univision Noticias. Ambos medios practicaron un proceso de verificación periodística e intentaron contrastar con todas las partes los principales detalles de lo difundido. De igual manera, con el objetivo de incorporar la respuesta del aludido, se realizaron 80 contactos o intentos de contacto con Julio Iglesias o personas de su entorno desde once días antes de publicar.

Recientemente, la Fundación Gabo nominó esta cobertura a sus prestigiosos premios de periodismo, entre los diez mejores trabajos publicados en español en el último año.

“Esta demanda abusiva pone claramente de manifiesto un desequilibrio de poder y pretende no solo intimidar a los y las periodistas de elDiario.es, sino también disuadir a otros de investigar a quienes ocupan puestos de poder. No se debe criminalizar el periodismo. Nos solidarizamos con elDiario.es, su director y sus periodistas, que se enfrentan a un proceso penal simplemente por cumplir con su labor de informar al público”, recalcan desde las organizaciones FIP y FEP, que engloban entidades españolas como FAPE, FeSP, FSC-CCOO, FeSMC-UGT y ELA.

En días anteriores, elDiario.es y sus periodistas también han recibido el amparo del Instituto Internacional de Prensa, de la Asociación de la Prensa de Sevilla, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), el Club Abierto de Editores (CLABE) o el Sindicato de Periodistas de Madrid.

El Instituto Internacional de Prensa (IPI) ha expresado su apoyo elDiario.es tras la querella por difamación presentada por el cantante Julio Iglesias en relación con nuestras informaciones sobre las denuncias de agresión sexual. En un comunicado, el IPI afirma que esta querella constituye “un claro intento de intimidar a los periodistas y silenciar el periodismo legítimo de interés público” y añade que “supone una importante prueba para las garantías jurídicas que protegen la libertad de prensa y los derechos de los periodistas a informar sobre figuras públicas en España”.

La querella, por la vía penal, tiene su origen en un reportaje publicado por elDiario.es en enero de 2026, en colaboración con la cadena de televisión estadounidense en español Univision, en el que dos antiguas empleadas acusaron públicamente a Iglesias de agresión sexual. Los presuntos hechos tuvieron lugar en 2021, mientras las dos mujeres trabajaban como personal doméstico interno en las mansiones caribeñas del cantante español. Iglesias niega rotundamente las acusaciones.

En marzo de 2026, el equipo legal de Iglesias presentó una demanda de conciliación en España con el fin de que se retiraran los artículos de Internet. Como parte de ese proceso judicial, elDiario.es defendió su labor de periodismo de investigación, subrayó que había seguido las normas periodísticas profesionales a la hora de verificar la información y rechazó la exigencia de retractarse de la noticia.

En respuesta, el cantante presentó una demanda penal, tachando la noticia de “invención periodística” y demandando al medio por difamación, injurias y atentado contra su integridad moral. La demanda manifiesta su intención de reclamar una “indemnización económica significativa» a los demandados, aunque la cuantía exacta aún no se ha detallado en el expediente del caso.

Una “prueba de fuego” para la libertad de prensa

“El IPI y nuestra red global respaldamos firmemente a elDiario.es y su labor periodística, que se llevó a cabo durante un periodo de tres años y con los más altos estándares periodísticos. Al presentarse ante un tribunal penal en lugar de mediante un procedimiento civil, esta demanda tiene claramente un carácter intimidatorio y tendrá un efecto disuasorio sobre el periodismo de investigación y el ejercicio de la libertad de prensa en España”, declara en la nota el director ejecutivo del IPI, Scott Griffen, quien añade: “Se trata de una prueba de fuego para las garantías jurídicas que protegen la libertad de prensa en España. Además, supone un nuevo recordatorio de la urgente necesidad de despenalizar por completo la difamación en el Código Penal español, en consonancia con las normas europeas e internacionales sobre libertad de expresión —una reforma que el IPI lleva mucho tiempo reclamando—”.

El comunicado agrega que el IPI seguirá supervisando “de cerca” el proceso y que ha ofrecido a elDiario.es apoyo financiero para sufragar los gastos legales, “con el fin de ayudar a reducir los costes de lo que probablemente serán unos procedimientos judiciales prolongados”. También se hace eco esta organización internacional del apoyo ofrecido a elDiario.es por entidades como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) o la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

El IPI es una asociación de profesionales de los medios de comunicación que representa a los principales medios de información digitales, impresos y audiovisuales de casi 100 países. Su misión es fomentar las condiciones que permitan al periodismo cumplir su función pública, siendo la más importante de ellas la capacidad de los medios de comunicación para operar sin interferencias y sin temor a represalias. El IPI defiende la libertad de los medios de comunicación y la libre circulación de la información allí donde se vean amenazadas.

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y el Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM) han expresado su solidaridad con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, y los cuatro periodistas de ese medio contra quienes ha presentado una querella Julio Iglesias. Ambas organizaciones piden el archivo de la querella y advierten de que acusar a los periodistas de tres delitos, como hace el cantante, en lugar de presentar una demanda civil, constituye, según señala la FeSP, “un intento de amedrentar y, por ello, un ataque al periodismo y al derecho a la información de la ciudadanía”.

El SPM, que forma parte de la FeSP, destaca en su comunicado que “informar sobre agresiones machistas, especialmente cuando quien es señalado ostenta poder, notoriedad o capacidad económica, expone sistemáticamente a las y los periodistas a este tipo de represalias judiciales” y subraya que la defensa de los informadores en casos como este supone también “una forma de defender a las víctimas y su derecho a ser escuchadas”.

El sindicato de periodistas subraya que “frente a ese trabajo riguroso”, la querella presentada por Julio Iglesias contra el director y cuatro informadores de elDiario.es “no busca la verdad judicial, sino desgastar, atemorizar y encarecer el ejercicio del periodismo”. “Se trata de una querella con voluntad manifiestamente intimidatoria”, concluye.

En ese sentido, ambas organizaciones expresan su preocupación por la cada vez mayor frecuencia con la que “personas e instituciones poderosas” están recurriendo a las llamadas SLAPP o demandas estratégicas contra la participación pública para “tratar de silenciar, mediante el desgaste económico y psicológico de largos procesos judiciales, a medios y profesionales que incomodan”.

Por ello, además del archivo de la querella presentada por Julio Iglesias, reclaman la inmediata trasposición a la legislación española de la Directiva anti-SLAPP del Parlamento Europeo, aprobada en abril de 2024 y que debía haber sido incorporada a las leyes de nuestro país desde el pasado 7 de mayo. El SPM pide, además, que la incorporación de la Directiva amplíe su alcance e “incorpore mecanismos para que sean desestimadas, con la correspondiente imposición de costas, las querellas manifestamente infundadas para que ningún poderoso pueda usar la vía penal como atajo de intimidación”.

La FeSP y el SPM se suman así a tras organizaciones nacionales como Club Abierto de Editores (CLABE), la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE), la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Asociación de la Prensa de Sevilla que han amparado a elDiario.es y sus periodistas en diversos comunicados. También lo han hecho organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras y el International Press Institute, IPI.

Querella contra elDiario.es, Ignacio Escolar y cuatro periodistas

Julio Iglesias se ha querellado contra el medio, su director y cuatro periodistas, Juan Luis Sánchez, María Ramírez, Ana Requena y Elena Cabrera, “por la presunta comisión de delitos de injurias con publicidad y calumnias, y de un delito contra la integridad moral”.

Según la representación legal de Iglesias, la publicación de artículos que recogían el testimonio de dos extrabajadoras del artista español que denunciaban haber sido sometidas a agresiones sexuales “menoscaba gravemente” su dignidad personal. La querella se presenta trufada de valoraciones contra elDiario.es basadas en hechos falsos.

Iglesias ha decidido querellarse contra este medio después de que hace un mes se celebrara el acto de conciliación entre la representación legal del cantante y la de elDiario.es.

José Antonio Choclán, el abogado del cantante –que también ejerce la defensa legal del empresario Víctor de Aldama– solicitó entonces que este periódico rectificara las informaciones publicadas “reconociendo el contenido injurioso y calumnioso”, y que fueran eliminadas de la web. Además, solicitaba una indemnización sin cuantificar, pero que se anticipaba “en cifras de importante cuantía económica”. elDiario.es no aceptó las exigencias de Julio Iglesias ni rectificó la información publicada, basada en hechos ciertos. Por tanto, no se realizó el acto de conciliación y el abogado del cantante ha presentado ahora la querella.

El cantante acusa en falso y sin ninguna prueba a los periodistas de elDiario.es de haber “participado en la promoción y elaboración de un montaje periodístico, bajo la aparente cobertura que le ofrece el derecho a difundir opiniones y expresiones e informaciones sobre hechos”.

La querella de Julio Iglesias sostiene que “se han difundido hechos a la opinión pública manipulando la información, reelaborando y recreando supuestas declaraciones de las víctimas de delitos graves, que no se identifica”.

elDiario.es no ha manipulado ni recreado supuestas declaraciones de víctimas. Este medio cuenta con horas de grabaciones y abundante documentación recopilada durante tres años de investigación que avala las informaciones sobre este caso publicadas junto a Univision Noticias.