El secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, considera que hechos tales como la querella del artista español Julio Iglesias contra el director de elDiario.es, Ignacio Esolar; y la que ha anunciado Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, contra el director editorial de infolibre.es, Jesús Maraña, son un intento de amedrentar a los citados profesionales para que no informen sobre ellos, o lo que es igual, no pretenden aclarar informaciones que consideren erróneas o perjudiciales sino atemorizar o infundir cierto miedo.

Lo ha escrito Yanel en un artículo publicado en un digital de Casilla la Mancha, titulado Contra el periodismo y contra el derecho a la información:

“Cuando un personaje millonario, o poderoso por otros motivos, se querella contra unos periodistas porque no le gusta algo que han publicado o han dicho, o porque lo consideran inexacto y perjudicial para él, no lo hace para aclarar los hechos. No. Si quisiera corregir lo erróneo de una información, les enviaría un escrito de rectificación, acogiéndose a la Ley Orgánica 2/1984, que regula ese derecho. Pero si interpone una querella y solicita penas de cárcel para los informadores, su objetivo está claro: amedrentar a esos profesionales para que no informen sobre él”.

Ese es el camino emprendido por el cantante y por el novio de la presidenta madrileña que se querellará, según ha anunciado, contra Maraña, si no rectifica unas afirmaciones que hizo en TVE. El director de infolibre.es, en su opinión, aprecia una doble vara de medir por parte de la Justicia y la diferente velocidad en la que son tramitados los asuntos en sede judicial, dependiendo de quién sea la persona acusada.

A la vista de los argumentos de las partes y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la prevalencia del derecho a la información frente a otros, el criterio principal es que cuando el periodista recaba información que es de interés general con la diligencia profesional exigible, como parece ser que han hecho en elDiario.es, se puede presumir -a la espera de la decisión de sus señorías- ninguno de los dos casos concluirá favorablemente para sus promotores en los juzgados.

Por eso, la FeSP ha sostenido públicamente que las acciones legales afrontadas ranto por Julio Iglesias como por González Amador representan un ataque al periodismo y al derecho a la información. “Los periodistas deben rectificar cuando se equivocan pero no se les puede pedir que dejen de informar sobre un asunto de interés general”, consigna Agustín Yanel en su análisis.

A primera vista, se trata de dos claros de las conocidas como ‘demandas estratégicas’ contra la participación pública. Claro, que la normativa de aplicación parece gustar poco, como lo prueba que, por un lado, el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios debería estar incorporada a la legislación española desde el 7 de mayo del presente año pero ni, por otro, tal reglamento ni otra directiva relacionada, también de rango comunitario, básicos para defender el derecho a la información, se están valorando y teniendo en cuenta tal inhibición, por llamarla de alguna manera, no es de extrañar que las previsiones explicitadas sean pura ilusión.

El respaldo a elDiario.es por parte de diferentes organizaciones de la profesión periodística sigue en aumento. Este martes, las Federaciones Internacional y Europea de Periodistas (FIP-FEP) han mostrado su solidaridad ante la querella que ha presentado Julio Iglesias contra el medio, su director y cuatro de sus periodistas.

“Resulta profundamente alarmante que se estén utilizando procedimientos penales por difamación contra periodistas por informar sobre graves acusaciones de interés público”, dicen ambas organizaciones en un comunicado. Este tipo de demanda penal “constituye un ataque al periodismo y al derecho del público a la información”, recalcan.

El pasado 21 de julio, el cantante presentó una querella en la que acusa a Ignacio Escolar, director de elDiario.es y presidente de su empresa editora, y los periodistas Juan Luis Sánchez, María Ramírez, Ana Requena y Elena Cabrera, de la presunta comisión de delitos de injurias con publicidad y calumnias, y de un delito contra la integridad moral. El motivo es la publicación de una serie de informaciones en las que dos extrabajadoras del cantante le denunciaban por presuntas agresiones sexuales.

“La persistencia del acoso sexual contra las mujeres pone de relieve el papel fundamental que desempeña el periodismo a la hora de informar sobre este tipo de casos, especialmente cuando el presunto autor es una figura pública”, dice María Ángeles Samperio, presidenta del Consejo de Género de la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

Debido a este indispensable papel de los medios de comunicación, el Consejo de Género de la FIP “apoya plenamente a los y las periodistas de elDiario.es en su investigación”. Este Consejo anima a otros periodistas “a que sigan dando voz a las mujeres que sufren acoso sexual, al tiempo que mantienen los más altos estándares de ética periodística mediante una verificación rigurosa y precisa de los hechos”.

elDiario.es publicó esta investigación, que se realizó durante tres años, conjuntamente con el medio estadounidense Univision Noticias. Ambos medios practicaron un proceso de verificación periodística e intentaron contrastar con todas las partes los principales detalles de lo difundido. De igual manera, con el objetivo de incorporar la respuesta del aludido, se realizaron 80 contactos o intentos de contacto con Julio Iglesias o personas de su entorno desde once días antes de publicar.

Recientemente, la Fundación Gabo nominó esta cobertura a sus prestigiosos premios de periodismo, entre los diez mejores trabajos publicados en español en el último año.

“Esta demanda abusiva pone claramente de manifiesto un desequilibrio de poder y pretende no solo intimidar a los y las periodistas de elDiario.es, sino también disuadir a otros de investigar a quienes ocupan puestos de poder. No se debe criminalizar el periodismo. Nos solidarizamos con elDiario.es, su director y sus periodistas, que se enfrentan a un proceso penal simplemente por cumplir con su labor de informar al público”, recalcan desde las organizaciones FIP y FEP, que engloban entidades españolas como FAPE, FeSP, FSC-CCOO, FeSMC-UGT y ELA.

En días anteriores, elDiario.es y sus periodistas también han recibido el amparo del Instituto Internacional de Prensa, de la Asociación de la Prensa de Sevilla, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), el Club Abierto de Editores (CLABE) o el Sindicato de Periodistas de Madrid.

El Instituto Internacional de Prensa (IPI) ha expresado su apoyo elDiario.es tras la querella por difamación presentada por el cantante Julio Iglesias en relación con nuestras informaciones sobre las denuncias de agresión sexual. En un comunicado, el IPI afirma que esta querella constituye “un claro intento de intimidar a los periodistas y silenciar el periodismo legítimo de interés público” y añade que “supone una importante prueba para las garantías jurídicas que protegen la libertad de prensa y los derechos de los periodistas a informar sobre figuras públicas en España”.

La querella, por la vía penal, tiene su origen en un reportaje publicado por elDiario.es en enero de 2026, en colaboración con la cadena de televisión estadounidense en español Univision, en el que dos antiguas empleadas acusaron públicamente a Iglesias de agresión sexual. Los presuntos hechos tuvieron lugar en 2021, mientras las dos mujeres trabajaban como personal doméstico interno en las mansiones caribeñas del cantante español. Iglesias niega rotundamente las acusaciones.

En marzo de 2026, el equipo legal de Iglesias presentó una demanda de conciliación en España con el fin de que se retiraran los artículos de Internet. Como parte de ese proceso judicial, elDiario.es defendió su labor de periodismo de investigación, subrayó que había seguido las normas periodísticas profesionales a la hora de verificar la información y rechazó la exigencia de retractarse de la noticia.

En respuesta, el cantante presentó una demanda penal, tachando la noticia de “invención periodística” y demandando al medio por difamación, injurias y atentado contra su integridad moral. La demanda manifiesta su intención de reclamar una “indemnización económica significativa» a los demandados, aunque la cuantía exacta aún no se ha detallado en el expediente del caso.

Una “prueba de fuego” para la libertad de prensa

“El IPI y nuestra red global respaldamos firmemente a elDiario.es y su labor periodística, que se llevó a cabo durante un periodo de tres años y con los más altos estándares periodísticos. Al presentarse ante un tribunal penal en lugar de mediante un procedimiento civil, esta demanda tiene claramente un carácter intimidatorio y tendrá un efecto disuasorio sobre el periodismo de investigación y el ejercicio de la libertad de prensa en España”, declara en la nota el director ejecutivo del IPI, Scott Griffen, quien añade: “Se trata de una prueba de fuego para las garantías jurídicas que protegen la libertad de prensa en España. Además, supone un nuevo recordatorio de la urgente necesidad de despenalizar por completo la difamación en el Código Penal español, en consonancia con las normas europeas e internacionales sobre libertad de expresión —una reforma que el IPI lleva mucho tiempo reclamando—”.

El comunicado agrega que el IPI seguirá supervisando “de cerca” el proceso y que ha ofrecido a elDiario.es apoyo financiero para sufragar los gastos legales, “con el fin de ayudar a reducir los costes de lo que probablemente serán unos procedimientos judiciales prolongados”. También se hace eco esta organización internacional del apoyo ofrecido a elDiario.es por entidades como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) o la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

El IPI es una asociación de profesionales de los medios de comunicación que representa a los principales medios de información digitales, impresos y audiovisuales de casi 100 países. Su misión es fomentar las condiciones que permitan al periodismo cumplir su función pública, siendo la más importante de ellas la capacidad de los medios de comunicación para operar sin interferencias y sin temor a represalias. El IPI defiende la libertad de los medios de comunicación y la libre circulación de la información allí donde se vean amenazadas.

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y el Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM) han expresado su solidaridad con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, y los cuatro periodistas de ese medio contra quienes ha presentado una querella Julio Iglesias. Ambas organizaciones piden el archivo de la querella y advierten de que acusar a los periodistas de tres delitos, como hace el cantante, en lugar de presentar una demanda civil, constituye, según señala la FeSP, “un intento de amedrentar y, por ello, un ataque al periodismo y al derecho a la información de la ciudadanía”.

El SPM, que forma parte de la FeSP, destaca en su comunicado que “informar sobre agresiones machistas, especialmente cuando quien es señalado ostenta poder, notoriedad o capacidad económica, expone sistemáticamente a las y los periodistas a este tipo de represalias judiciales” y subraya que la defensa de los informadores en casos como este supone también “una forma de defender a las víctimas y su derecho a ser escuchadas”.

El sindicato de periodistas subraya que “frente a ese trabajo riguroso”, la querella presentada por Julio Iglesias contra el director y cuatro informadores de elDiario.es “no busca la verdad judicial, sino desgastar, atemorizar y encarecer el ejercicio del periodismo”. “Se trata de una querella con voluntad manifiestamente intimidatoria”, concluye.

En ese sentido, ambas organizaciones expresan su preocupación por la cada vez mayor frecuencia con la que “personas e instituciones poderosas” están recurriendo a las llamadas SLAPP o demandas estratégicas contra la participación pública para “tratar de silenciar, mediante el desgaste económico y psicológico de largos procesos judiciales, a medios y profesionales que incomodan”.

Por ello, además del archivo de la querella presentada por Julio Iglesias, reclaman la inmediata trasposición a la legislación española de la Directiva anti-SLAPP del Parlamento Europeo, aprobada en abril de 2024 y que debía haber sido incorporada a las leyes de nuestro país desde el pasado 7 de mayo. El SPM pide, además, que la incorporación de la Directiva amplíe su alcance e “incorpore mecanismos para que sean desestimadas, con la correspondiente imposición de costas, las querellas manifestamente infundadas para que ningún poderoso pueda usar la vía penal como atajo de intimidación”.

La FeSP y el SPM se suman así a tras organizaciones nacionales como Club Abierto de Editores (CLABE), la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE), la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Asociación de la Prensa de Sevilla que han amparado a elDiario.es y sus periodistas en diversos comunicados. También lo han hecho organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras y el International Press Institute, IPI.

Querella contra elDiario.es, Ignacio Escolar y cuatro periodistas

Julio Iglesias se ha querellado contra el medio, su director y cuatro periodistas, Juan Luis Sánchez, María Ramírez, Ana Requena y Elena Cabrera, “por la presunta comisión de delitos de injurias con publicidad y calumnias, y de un delito contra la integridad moral”.

Según la representación legal de Iglesias, la publicación de artículos que recogían el testimonio de dos extrabajadoras del artista español que denunciaban haber sido sometidas a agresiones sexuales “menoscaba gravemente” su dignidad personal. La querella se presenta trufada de valoraciones contra elDiario.es basadas en hechos falsos.

Iglesias ha decidido querellarse contra este medio después de que hace un mes se celebrara el acto de conciliación entre la representación legal del cantante y la de elDiario.es.

José Antonio Choclán, el abogado del cantante –que también ejerce la defensa legal del empresario Víctor de Aldama– solicitó entonces que este periódico rectificara las informaciones publicadas “reconociendo el contenido injurioso y calumnioso”, y que fueran eliminadas de la web. Además, solicitaba una indemnización sin cuantificar, pero que se anticipaba “en cifras de importante cuantía económica”. elDiario.es no aceptó las exigencias de Julio Iglesias ni rectificó la información publicada, basada en hechos ciertos. Por tanto, no se realizó el acto de conciliación y el abogado del cantante ha presentado ahora la querella.

El cantante acusa en falso y sin ninguna prueba a los periodistas de elDiario.es de haber “participado en la promoción y elaboración de un montaje periodístico, bajo la aparente cobertura que le ofrece el derecho a difundir opiniones y expresiones e informaciones sobre hechos”.

La querella de Julio Iglesias sostiene que “se han difundido hechos a la opinión pública manipulando la información, reelaborando y recreando supuestas declaraciones de las víctimas de delitos graves, que no se identifica”.

elDiario.es no ha manipulado ni recreado supuestas declaraciones de víctimas. Este medio cuenta con horas de grabaciones y abundante documentación recopilada durante tres años de investigación que avala las informaciones sobre este caso publicadas junto a Univision Noticias.

La Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) ha expresado este viernes su adhesión al acuerdo de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que ha concedido el amparo solicitado por Ignacio Escolar ante la querella interpuesta por el cantante Julio Iglesias contra él, en su calidad de director de elDiario.es, y los periodistas Elena Cabrera, Ana Requena, María Ramírez y Juanlu Sánchez.

La APS muestra en un comunicado su preocupación ante una acción judicial dirigida contra un medio de comunicación por la publicación de una serie de reportajes, elaborados por elDiario.es junto con Univisión Noticias, en los que varias extrabajadoras domésticas del cantante denunciaban presuntas agresiones sexuales y trata de personas. Según recoge el comunicado de la FAPE, Iglesias acusa al digital de “los delitos de injurias con publicidad y calumnias, y de un delito contra la integridad moral”, mientras que el cantante calificó las acusaciones de “rotundamente falsas”.

La Asociación de la Prensa de Sevilla comparte la valoración de la FAPE y entiende que esta querella “atenta contra los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la información, pilares indiscutibles de nuestra democracia”.

Asimismo, la APS considera que iniciativas de este tipo pueden tener un efecto disuasorio sobre el ejercicio profesional del periodismo y considera, al igual que la Federación, que se trata de “una acción abusiva e intimidatoria cuyo objetivo es impedir el libre ejercicio del periodismo, silenciar al medio y a sus periodistas y coartar el derecho de la sociedad a estar informada”.

La APS recuerda que el derecho a informar y a recibir información veraz constituye una garantía esencial en una sociedad democrática, especialmente cuando los hechos publicados han sido objeto de contraste diligente y revisten interés general.

El acrónimo SLAPP es tan poco conocido en España como el problema que esconde y que afecta a todos los ciudadanos. SLAPP son las siglas en inglés de “strategic lawsuit against public participation”, es decir, litigio estratégico contra la participación pública. Se refiere a acciones legales interpuestas por personas y entidades ricas y poderosas que están destinadas sobre todo a intimidar o desalentar a periodistas, activistas, investigadores u otras personas que difunden asuntos de interés público.

El término fue utilizado por primera vez por los catedráticos de la Universidad de Denver Penelope Canan y George Pring en los años 80. Su libro SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out (SLAPPs: Que te denuncien por levantar la voz) recuerda la larga historia de persecución legal a la prensa y otras voces incómodas. Pero no es casual que estos profesores de Sociología y Derecho se pusieran a estudiar este fenómeno en esa década de consolidación de las grandes corporaciones. El acrónimo es un juego de palabras con slap, bofetada, en inglés.

La bofetada cuando los más ricos y poderosos se gastan su tiempo y su dinero en procedimientos judiciales costosos y desmoralizadores no es solo para los reporteros y los medios para los que trabajan, sino para todo el público y su derecho fundamental a estar informado. Los periodistas tienen el deber de trabajar con diligencia para acercarse lo más posible a la verdad cuando es de interés público. Pero incluso cumpliendo con su tarea de la manera más cuidadosa pueden sufrir estos procesos que en España, a diferencia de otros países, incluso pueden ser penales, es decir, por delitos castigados con la cárcel.

Para evitar estos litigios que debilitan la democracia, la Unión Europea aprobó una directiva en 2024 que obliga a los Estados miembros a asegurarse de que no se abusa del sistema legal contra los periodistas. España es uno de los países que sigue incumpliendo con esta directiva.

Las buenas palabras del Gobierno sobre la libertad de prensa y la lucha contra la desinformación no se han traducido ni siquiera en el cumplimiento de esta orden europea. Este mes, la Comisión Europea abrió un expediente a España (y a otros 13 países, entre ellos algunos de los que tienen los peores historiales de libertad de prensa, como Hungría y Grecia) por no adaptar de manera completa y correcta la directiva contra estas “acciones legales abusivas e infundadas que están dirigidas a silenciar a quienes trabajan para el interés público”, en particular “periodistas, defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil”. La directiva importa porque da herramientas tanto a los objetivos de estas demandas para que se defiendan como a los tribunales para “desestimar de forma temprana las demandas manifiestamente infundadas”. También garantiza protección ante acciones de terceros países fuera de la Unión Europea.

La realidad es que esto sigue pasando y, en algunos casos, de manera muy grave.

La querella que ha interpuesto Julio Iglesias contra este periódico, su director y otros cuatro periodistas –Elena Cabrera, Ana Requena, Juanlu Sánchez y yo misma– es un ejemplo más del riesgo de investigar y publicar cuando una noticia afecta a alguien poderoso.

El apoyo inmediato de organizaciones nacionales, como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación de la Prensa de Madrid, e internacionales, como Reporteros Sin Fronteras y el Instituto Internacional de Prensa, recuerda que es un caso transversal y que afecta al derecho a la información de todos. España ha caído este año seis puestos en la clasificación mundial de la libertad de prensa, entre otras cosas, por seguir permitiendo demandas abusivas y la persecución penal del periodismo.

Nuestro trabajo periodístico concienzudo y transparente, aquí explicado, es nuestra mejor defensa. Pero tener que pasar por esto muestra un problema más grave que va más allá de esta investigación y este periódico. Ojalá este trance al menos sirva para concienciar a los ciudadanos y a las autoridades públicas de lo que falta en España para mejorar la calidad de nuestra democracia. Para empezar, ahí está la directiva de la UE para cumplirla.

Julio Iglesias nos ha llevado a los tribunales. No con una demanda civil, como las que cada día se presentan contra muchos medios de comunicación. Lo ha hecho con una querella, por lo penal, contra cinco periodistas de elDiario.es: Elena Cabrera, Ana Requena, María Ramírez, Juanlu Sánchez y también contra mí como director.

Nos acusa de tres delitos que suponen penas de prisión: injurias, calumnias e incluso un delito contra su integridad moral. Y para hacerlo, su abogado sostiene algo que es sencillamente falso. Dice que las mujeres que aparecen en nuestros vídeos son “actrices profesionales”, “personajes figurados”; que nos inventamos sus testimonios, que sus palabras son “ficciones”, que se trata de “un montaje”.

Simplemente, no es verdad. Estas mujeres de los vídeos son las dos extrabajadoras de sus mansiones que también denunciaron a Julio Iglesias por agresión sexual ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Una denuncia que la Fiscalía archivó porque consideró que no era competente para investigar algo ocurrido fuera de España, no porque concluyera que esas mujeres no existieran o que sus testimonios fueran inventados.

Lo único que hicimos fue doblar sus voces para proteger su identidad. No cambiamos una sola palabra de lo que dijeron. Ni una coma. Tampoco añadimos más emoción o dramatismo a sus testimonios. Tenemos los vídeos originales y horas de entrevistas grabadas con ellas. Podemos demostrar que no manipulamos sus palabras.

Tampoco ocultamos que la voz era doblada. Lo explicamos desde el primer día, tanto en los vídeos como en los reportajes.

Doblar la voz de una fuente para proteger su identidad no es un invento de elDiario.es. Es una práctica cada vez más habitual en el periodismo de investigación internacional; hay decenas de ejemplos previos, como este premiado reportaje de ProPublica sobre civiles asesinados por comandos de la CIA en Afganistán, que después se convirtió en este documental junto a The New Yorker. O en decenas de informaciones de la BBC, o de la radio pública estadounidense NPR, o de la televisión pública francesa.

La BBC –el estándar del rigor en Europa– tiene una guía sobre buenas prácticas periodísticas, que es de obligado cumplimiento para sus redactores y también un referente en la profesión. Incluye un apartado sobre cómo proteger el anonimato de una fuente. Y allí recomienda justo lo que hicimos: doblar la voz, en vez de distorsionarla –como se hacía antes– precisamente porque la tecnología ahora permite revertir una voz distorsionada para descubrir la voz real. Con la IA, estas herramientas son hoy aún más accesibles.

La querella también nos acusa de publicar de forma apresurada, sin contrastar. El delito de calumnias, según el Código Penal, requiere “un temerario desprecio hacia la verdad”; que los periodistas de elDiario.es publicáramos estas informaciones “con conocimiento de su falsedad”. Es exactamente lo opuesto a lo que hicimos.

Esta investigación llevó tres años y, junto a los periodistas de Univision Noticias –incluyendo a un coganador del premio Pulitzer, Gerardo Reyes–, aplicamos los mejores estándares internacionales en periodismo de investigación. En este artículo de María Ramírez –otra de nuestras periodistas querelladas– explicamos cómo fue este meticuloso trabajo. Tenemos documentados con fecha y hora 80 contactos o intentos de contacto con Julio Iglesias o personas de su entorno para tratar de recabar su versión desde once días antes de publicar: correos, llamadas o incluso la entrega de una carta en persona en su casa.

Recientemente, la Fundación Gabo nominó esta cobertura a sus prestigiosos premios de periodismo, entre los diez mejores trabajos publicados en español en el último año.

No es la primera vez que intentan llevarnos por la vía penal por publicar una investigación incómoda. Ya ocurrió antes, cuando destapamos el máster fraudulento de Cristina Cifuentes. Raquel Ejerique y yo pasamos dos años y medio imputados, pero la Justicia acabó dándonos la razón.

Esta querella busca algo más que discutir la veracidad de una información. Busca intimidar a quienes investigamos y contamos hechos de interés público; hoy contra los periodistas de elDiario.es, mañana contra cualquier otro. Por eso utiliza la vía penal.

La FAPE –Federación de Asociaciones de Periodistas de España– ha salido en nuestra defensa (gracias, compañeros). Asegura que esta querella “atenta contra los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la información”; “una acción abusiva e intimidatoria cuyo objetivo es impedir el libre ejercicio del periodismo, silenciar al medio y a sus periodistas y coartar el derecho de la sociedad a estar informada”.

Como también recuerda la FAPE, “la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional establece que prevalece el derecho a la libertad de expresión y a la información sobre otros derechos cuando la noticia es veraz, está diligentemente contrastada y es de interés general”.

Vamos a demostrar el rigor y la veracidad de nuestras informaciones en el juzgado; tenemos pruebas que respaldan todo lo publicado. Las mujeres de estos vídeos existen, sus testimonios son reales y su historia merece ser contada. Eso es lo que hicimos. Y lo volveríamos a hacer.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) amparan a elDiario.es y a su director, Ignacio Escolar, frente a la “abusiva e intimidatoria” querella presentada por Julio Iglesias contra este medio, su director y cuatro de sus periodistas. También ha expresado su apoyo a elDiario.es y sus informadores Club Abierto de Editores, CLABE, la asociación más importante del sector de medios en España con más de 230 grupos empresariales asociados, que alerta del “efecto disuasorio” que pueden producir estas acciones contra los periodistas.

FAPE y APM consideran que la querella interpuesta por el cantante “atenta contra los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la información, pilares indiscutibles de nuestra democracia”. “Se trata de una acción abusiva e intimidatoria cuyo objetivo es impedir el libre ejercicio del periodismo, silenciar al medio y a sus periodistas y coartar el derecho de la sociedad a estar informada”, aseguran.

En ese sentido, FAPE recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional “establece que prevalece el derecho a la libertad de expresión y a la información sobre otros derechos cuando la noticia es veraz, está diligentemente contrastada y es de interés general o público”.

Tras el comunicado de FAPE, la APM se ha unido también a este posicionamiento. “La Asociación de la Prensa de Madrid se adhiere al comunicado de la FAPE y considera igualmente que la querella [...] atenta contra los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la información”, señala la asociación madrileña en un comunicado hecho público este miércoles.

CLABE, que representa a más de 1.500 cabeceras periodísticas, ha indicado este jueves en un comunicado que “comparte la preocupación manifestada por la FAPE y la APM” ante las consecuencias que acciones como la querella presentada por Julio Iglesias contra elDiario.es “pueden tener para el ejercicio del periodismo y para el derecho de la ciudadanía a recibir información”.

“Sin prejuzgar el contenido del procedimiento judicial y desde el máximo respeto al derecho de cualquier persona a acudir a los tribunales para defender sus derechos, CLABE considera necesario advertir del efecto disuasorio que pueden producir estas iniciativas contra periodistas por la publicación de informaciones de interés general, especialmente cuando incorporan la posibilidad de imponer penas privativas de libertad”, señala la organización. “Las acciones judiciales no deben convertirse en un mecanismo para intimidar a los profesionales, condicionar las decisiones editoriales, dificultar la investigación periodística o desalentar la publicación de asuntos relevantes para la sociedad”, añade.

Querella contra elDiario.es, Ignacio Escolar y cuatro periodistas

El cantante se ha querellado contra el medio, su director y cuatro periodistas, Juan Luis Sánchez, María Ramírez, Ana Requena y Elena Cabrera, “por la presunta comisión de delitos de injurias con publicidad y calumnias, y de un delito contra la integridad moral”.

Según la representación legal de Iglesias, la publicación de artículos que recogían el testimonio de dos extrabajadoras del artista español que denunciaban haber sido sometidas a agresiones sexuales “menoscaba gravemente” su dignidad personal. La querella se presenta trufada de valoraciones contra elDiario.es basadas en hechos falsos.

Iglesias ha decidido querellarse contra este medio después de que hace un mes se celebrara el acto de conciliación entre la representación legal del cantante y la de elDiario.es.

José Antonio Choclán, el abogado del cantante –que también ejerce la defensa legal del empresario Víctor de Aldama– solicitó entonces que este periódico rectificara las informaciones publicadas “reconociendo el contenido injurioso y calumnioso”, y que fueran eliminadas de la web. Además, solicitaba una indemnización sin cuantificar, pero que se anticipaba “en cifras de importante cuantía económica”. elDiario.es no aceptó las exigencias de Julio Iglesias ni rectificó la información publicada, basada en hechos ciertos. Por tanto, no se realizó el acto de conciliación y el abogado del cantante ha presentado ahora la querella.

El cantante acusa en falso y sin ninguna prueba a los periodistas de elDiario.es de haber “participado en la promoción y elaboración de un montaje periodístico, bajo la aparente cobertura que le ofrece el derecho a difundir opiniones y expresiones e informaciones sobre hechos”.

La querella de Julio Iglesias sostiene que “se han difundido hechos a la opinión pública manipulando la información, reelaborando y recreando supuestas declaraciones de las víctimas de delitos graves, que no se identifica”.

elDiario.es no ha manipulado ni recreado supuestas declaraciones de víctimas. Este medio cuenta con horas de grabaciones y abundante documentación recopilada durante tres años de investigación que avala las informaciones sobre este caso publicadas junto a Univision Noticias.

La demanda de protección civil del derecho al honor que ha interpuesto Julio Iglesias contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se basa en dos comentarios –uno publicado en la red social Bluesky y otro en TVE– a cuenta de las informaciones publicadas en elDiario.es que recogían las denuncias de agresión sexual de dos extrabajadoras contratadas por el cantante. La demanda señala que Yolanda Díaz se refirió en sus comentarios a unos “escalofriantes testimonios”, de las dos mujeres, “de los que no había constancia oficial, sino lo únicamente referenciado por el medio de comunicación elDiario.es., sin corroboración objetiva alguna”.

La corroboración objetiva a la que se refiere el abogado de Iglesias eran vídeos grabados a las dos mujeres donde detallaban las agresiones sufridas, y la constancia oficial era la publicación en un medio de comunicación que había intentado conseguir, sin éxito, la versión de la persona a la que se referían las denunciantes. Yolanda Díaz escribió. “Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a los periodistas de elDiario.es por denunciarlo”.

A continuación, la demanda de Julio Iglesias se detiene en un conjunto de acusaciones sin fundamento contra elDiario.es: “Hay que significar que el propio medio de comunicación había provocado la noticia, como resultado de un supuesto trabajo de investigación, y no se trataba, según amplia jurisprudencia constitucional de un reportaje neutral, que además se difundía de forma reelaborada, porque el medio acabó reconociendo, ocultando la plena identificación de la fuente, manteniendo el anonimato de las supuestas denunciantes que no se reproducían los testimonios de las denunciantes, sino el emitido por actrices profesionales que se hacían pasar por las denunciantes, acreditándose que la imagen, aún distorsionada, la voz y el nombre real estaban modificados y correspondían a las actrices”.

La demanda se basa, al igual que la querella contra elDiario.es, en hechos falsos al acusar a este medio de comunicación de “no reproducir el testimonio de las denunciantes sino el emitido por actrices profesionales que se hacían pasar por las denunciantes”. elDiario.es reprodujo fielmente el testimonio de las denunciantes, con su imagen –producto de la grabación de entrevistas con las dos mujeres– y con sus palabras, pero doblando sus voces para proteger su identidad. Pese a este, la demanda considera acreditado que “la imagen, aún distorsionada, la voz y el nombre real estaban modificados y correspondían a las actrices”. La imagen de los videos que complementaban la información corresponde a las dos mujeres que denunciaron los hechos ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Tras ser admitida a trámite la denuncia, la Fiscalía decidió no seguir adelante por haber sucedido los hechos en el extranjero y no tener competencia para investigarlos en España.

La demanda llega a acusar a la vicepresidenta segunda de actuar con “temeridad evidente” al dar “por ciertos los ”escalofriantes testimonios“, que no eran tales”. Los testimonios eran ciertos y así lo acreditan las grabaciones realizadas por los periodistas de elDiario.es y Univisión. El abogado de Julio Iglesias sostiene en la demanda que Yolanda Díaz “realizó valoraciones propias, dando por ciertos los hechos con grave desprecio a la presunción de inocencia, y situando a mi mandante como autor de la comisión de graves de delitos de agresiones sexuales y de explotación laboral y trata de personas vulnerables, sin hacerlo en términos de presunción”.

El abogado pide 50.000 euros

Díaz declaró en TVE: “Creo que la investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias”. A continuación, preguntada por el apoyo que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, había dado al cantante, rechazando así el testimonio de las mujeres, la vicepresidenta contestó: “La Presidenta de la Comunidad de Madrid lo que ha hecho ayer no ha sido condenar si quiere con carácter presunto lo que ha hecho el señor Julio Iglesias no, no, lo que ha dicho es colocarse por la pasiva del lado del presunto agresor, por tanto, eso es machismo”.

Al finalizar la entrevista, y cuando el periodista le preguntó si respetaba el principio de presunción de inocencia para el cantante, Díaz contestó: “Una cosa es la responsabilidad penal en la que por supuesto presunción de inocencia, derecho a un proceso justo, tutela judicial efectiva y un millón de cosas más, artículo 24 y siguientes de la Constitución y otra cosa es la responsabilidad de carácter político o ético que uno o una tenga, y en este sentido parece que todo lo que estamos conociendo requiere de una actuación ejemplarizante en esta materia”.

El escrito de demanda termina reclamando a la vicepresidenta segunda que “se avenga a reconocer que las manifestaciones realizadas constituyen una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante, absteniéndose de realizar en lo sucesivo nuevas manifestaciones de tenor similar (...) que se retracte públicamente de las mismas en la misma forma en la que estas fueron difundidas, y que indemnice por daño moral al cantante con la cantidad de 50.000 euros además de los intereses que correspondan”.

El cantante Julio Iglesias ha interpuesto una querella contra elDiario.es, contra su director, Ignacio Escolar, y contra cuatro de sus periodistas, Juan Luis Sánchez, María Ramírez, Ana Requena y Elena Cabrera, “por la presunta comisión de delitos de injurias con publicidad y calumnias, y de un delito contra la integridad moral”. Según su representación legal, la publicación de artículos que recogían el testimonio de dos extrabajadoras del artista español que denunciaban haber sido sometidas a agresiones sexuales “menoscaba gravemente” su dignidad personal.

La querella se presenta trufada de valoraciones contra elDiario.es basadas en hechos falsos. Julio Iglesias ha tomado esta decisión después de que hace un mes se celebrara el acto de conciliación entre la representación legal del cantante y la de elDiario.es.

José Antonio Choclán, el abogado del cantante -que también lleva la defensa legal del empresario Víctor de Aldama- solicitó entonces que este periódico rectificara las informaciones publicadas “reconociendo el contenido injurioso y calumnioso”, y que fueran eliminadas de la web. Además, solicitaba una indemnización sin cuantificar, pero que se anticipaba “en cifras de importante cuantía económica”. elDiario.es no aceptó las exigencias de Julio Iglesias ni rectificó la información publicada, basada en hechos ciertos. Por tanto, no se realizó el acto de conciliación y el abogado del cantante ha presentado ahora la querella.

El cantante acusa en falso y sin ninguna prueba a los periodistas de elDiario.es de haber “participado en la promoción y elaboración de un montaje periodístico, bajo la aparente cobertura que le ofrece el derecho a difundir opiniones y expresiones e informaciones sobre hechos”. Destaca que esas publicaciones “no pueden encontrar amparo” en el derecho a la información que recoge la Constitución Española y que ha supuesto “una grave lesión de los derechos fundamentales al honor, a la imagen, a la intimidad personal y familiar, y a la presunción de inocencia”. El cantante cita una jurisprudencia que no se corresponde con las noticias denunciadas y obvia las sentencias del Supremo y del Constitucional sobre hechos parecidos donde se subraya la prevalencia del derecho a la libertad de información cuando las informaciones difundidas sean de relevancia pública y de interés general aunque redunden en el descrédito del afectado. La relevancia pública del cantante es evidente. Además, la jurisprudencia protege al medio de comunicación que haya hecho el trabajo con la diligencia debida. elDiario.es trabajó durante tres años en el contraste de los datos y hechos contenidos en la información. Durante los 11 días previos a la publicación de los reportajes intentó, sin éxito, obtener una respuesta del cantante Julio Iglesias.

Choclán denuncia en la querella las “informaciones inveraces” de elDiario.es y de Univision que daban cuenta de la denuncia de dos mujeres que habían trabajado en el servicio doméstico de Julio Iglesias. La denuncia por agresión sexual se presentó en la Fiscalía de la Audiencia Nacional que, tras admitirla a trámite, decidió archivarla por falta de competencia dado que los hechos se habían producido en el extranjero. Ni la Fiscalía ni ningún tribunal han investigado los hechos denunciados por estas dos mujeres.

La confección de la denuncia

La querella de Julio Iglesias sostiene que “se han difundido hechos a la opinión pública manipulando la información, reelaborando y recreando supuestas declaraciones de las víctimas de delitos graves, que no se identifican, y que, de acuerdo con la más reciente jurisprudencia, no pueden encontrar amparo en el derecho fundamental a difundir información veraz”. Acusa a los periodistas sin pruebas y en falso de recrear supuestas declaraciones de las víctimas cuando elDiario.es y Univision las entrevistaron, grabaron esas conversaciones y las difundieron sin manipular en ningún momento las palabras de las mujeres.

Además, el escrito apunta que elDiario.es reelaboró la noticia “ocultando la plena identificación de la fuente, manteniendo el anonimato de las supuestas denunciantes que cita como fuente de información, que mantiene indeterminada, y utilizando ficciones y la actuación de actrices profesionales para confundir a la opinión pública, haciéndolas pasar por declaraciones emitidas por las denunciantes”. La querella pone el foco en que hubo una teatralización y dramatización realizada por actrices profesionales porque “las voces que se oyen en los vídeos no se corresponden con las de las personas entrevistadas”. elDiario.es entrevistó a las denunciantes en diferentes ocasiones durante los años 2024 y 2025, siempre grabando las entrevistas en audio donde se puede acreditar que no se manipularon sus declaraciones. En 2025, tras la incorporación de Univision Noticias a la investigación, se volvieron a repetir las entrevistas, esta vez realizando una grabación en vídeo para que se pudieran difundir los testimonios en formato audiovisual. Con el objetivo de preservar la identidad de Rebeca y Laura, y a petición de sus abogadas, tal y como este medio explicó desde el primer día de la publicación, se encargó un doblaje profesional que reprodujera de manera exacta sus palabras. Antes de la publicación, se cotejó que el audio del doblaje se correspondiera con el original de las entrevistas. El doblaje es una práctica habitual para proteger testigos empleada por la BBC, Univision y medios de EEUU.

El abogado de Iglesias adelanta que los querellados deberán indemnizar al artista por los perjuicios materiales causados y por el daño moral causado. Esto último, explica, se valorará “atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida” y teniendo en cuenta “la difusión o audiencia del medio a través del que se ha producido la ilegítima intromisión”. Y explica que esto se determinará pericialmente, una vez que los querellados aporten los datos económicos que permitan esa cuantificación.

Iglesias solicita que, tras la admisión de la querella por parte de un juzgado de Madrid, sean llamados a declarar los periodistas a los que denuncia, que se cite a declarar en calidad de testigos a las actrices “utilizadas para la recreación de las manifestaciones” de las denunciantes, y que se solicite al medio datos acreditativos del alcance de la difusión de las noticias y podcasts relacionados con el tema.

La querella presentada por el abogado de Julio Iglesias contra elDiario.es relata hechos falsos, denuncia determinadas conductas de los profesionales del medio que nunca se produjeron y se apoya en jurisprudencia que no se corresponde con lo publicado sobre la denuncia de dos mujeres contra el cantante por supuesta agresión sexual. El escrito comienza considerando la investigación de elDiario.es como un “montaje periodístico” y sostiene que dicho trabajo “no puede encontrar amparo en los derechos fundamentales establecidos en el artículo 20 de la Constitución, de acuerdo con reiterada jurisprudencia constitucional, y que han supuesto una grave lesión de los derechos fundamentales de Julio Iglesias, al honor, a la imagen y a la intimidad personal”.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre este tipo de noticias ampara el trabajo desarrollado durante tres años por los periodistas de elDiario.es:

Relevancia pública para que prevalezca el derecho a la libertad de información

“La relevancia pública o interés general de la noticia constituye un requisito para que pueda hacerse valer la prevalencia del derecho a la libertad de información cuando las noticias comunicadas o las expresiones proferidas redunden en descrédito del afectado”. La relevancia pública de Julio Iglesias es más que evidente.

El requisito de la veracidad

“La libertad de información, dado su objeto de puesta en conocimiento de hechos, cuando comporta la transmisión de noticias que redundan en descrédito de la persona, para que pueda prevalecer sobre el derecho al honor exige que la información cumpla el requisito de la veracidad, a diferencia de lo que ocurre con la libertad de expresión, que protege la emisión de opiniones. Por veracidad debe entenderse el resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información, con el transcurso del tiempo, puede más adelante ser desmentida o no resultar confirmada”.

elDiario.es, junto a Univision Noticias, publicó una serie de reportajes que partían de los testimonios de varias de las extrabajadoras domésticas al servicio de Julio Iglesias en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. Estos reportajes se publicaron después de tres años de investigación periodística en los que los profesionales de elDiario.es y Univision acreditaron los datos incluidos en las informaciones e intentaron contrastar con todas las partes los principales detalles de lo difundido.

Dos mujeres que trabajaron para el cantante, identificadas para su protección con los nombres ficticios de Rebeca y Laura, interpusieron una denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual y trata de personas. Pese a los reiterados intentos para conseguir, durante los 11 días previos a la publicación del primer reportaje, una respuesta de Julio Iglesias, el cantante no respondió a las preguntas que le trasladaron los periodistas de elDiario.es y Univision Noticias. Posteriormente, emitió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram en el que negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

Investigación con la diligencia debida aunque no se declare probado el hecho

La jurisprudencia señala que “la protección de la libertad de información no resulta condicionada por el resultado del proceso penal, de modo que no es obstáculo que el hecho denunciado no se haya declarado probado en un proceso de esta naturaleza”. Y concluye: “De este modo el requisito de la veracidad deberá entenderse cumplido en aquellos casos en los que el informador haya realizado, con carácter previo a la difusión de la noticia, una labor de averiguación de los hechos sobre los que versa la información y la referida indagación la haya efectuado con la diligencia exigible a un profesional de la información. Es suficiente, por tanto, que exista una diligencia en la búsqueda de los datos para elaborar el trabajo periodístico. Es suficiente con demostrar la seriedad en la constatación de la existencia de las pruebas y en la recopilación de los materiales para la elaboración de la correspondiente información”.

Las dos mujeres supuestamente agredidas por Julio Iglesias presentaron una denuncia en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que decidió archivarla unos días después de admitirla a trámite por considerar que no tenía competencia sobre unos hechos ocurridos en el extranjero. Ni la Fiscalía ni ningún tribunal ha investigado los hechos denunciados por las dos mujeres.

Iglesias denuncia actuaciones de los periodistas que nunca se produjeron

La querella considera inveraz la información publicada por elDiario.es y para argumentar su acusación denuncia comportamientos de los periodistas que firmaron las noticias que nunca se produjeron. “No se trata de una acción penal contra un periodista que emite un reportaje neutral”, escribe el abogado que defiende a Julio Iglesias. “Los querellados han participado en la promoción y confección de la denuncia, y han difundido hechos a la opinión pública manipulando la información, reelaborando y recreando supuestas declaraciones de las víctimas de delitos graves, que no se identifican, y que, de acuerdo con la más reciente jurisprudencia, no pueden encontrar amparo en el derecho fundamental a la difundir información veraz”.

Los periodistas no recrearon supuestas declaraciones de nadie. Todas las declaraciones de las víctimas, cuyas grabaciones conserva este medio para acreditarlo, no se reelaboraron ni se recrearon; ni tampoco participaron en la confección de la denuncia hecha por un despacho de abogadas.

La querella acusa en falso a elDiario.es de usar actrices profesionales para presentar la denuncia contra Julio Iglesias: “Se produce la reelaboración de la noticia, ocultando la plena identificación de la fuente, manteniendo el anonimato de las supuestas denunciantes que cita como fuente de información, que mantiene indeterminada, y utilizando ficciones y la actuación de actrices profesionales para confundir a la opinión pública, haciéndolas pasar por declaraciones emitidas por las denunciantes”. Es falso que elDiario.es utilizase “actrices profesionales para confundir a la opinión pública”. Los vídeos que acompañaron a la información recogían la imagen (sin mostrar su rostro para evitar que su identificación pudiera ponerlas en peligro) y el testimonio, sin ningún tipo de manipulación, de las mujeres que habían denunciado las supuestas agresiones sexuales de Julio Iglesias. Tan sólo se dobló la voz de las dos mujeres, pero sin modificar ni una sola de las palabras que pronunciaron durante las entrevistas, para evitar un posible reconocimiento de las mismas, tal y como se explicó desde la primera información.

La querella señala que “era exigible a los querellados un deber de diligencia en su máxima intensidad, ya que la noticia que se transmitió suponía la atribución de la comisión de delitos graves”. La diligencia de elDiario.es fue de máxima intensidad, hasta el punto de dedicar tres años del trabajo de varias de sus periodistas a la investigación de los hechos denunciados por las mujeres y el intento infructuoso durante días para conocer la respuesta de Julio Iglesias a sus acusaciones. El cantante nunca quiso responder a las reiteradas llamadas, mensajes y el cuestionario enviado por correo y entregado en mano por elDiario.es y Univision. Sólo reaccionó a la denuncia de las mujeres una vez publicada por ambos medios.

La querella cita una jurisprudencia que elDiario.es respetó hasta el final: “La salvaguardia que el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos otorga a los periodistas en relación con la información sobre cuestiones de interés general está sujeta a la condición de que actúen de buena fe para proporcionar información precisa y fiable de acuerdo con la ética del periodismo”.

Un juzgado de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha fallado contra la Fiscalía y esta tendrá que dar acceso a Julio Iglesias a la denuncia que dos mujeres presentaron contra él el pasado enero por delitos de violencia sexual. Esta denuncia fue archivada al poco de iniciarse las pesquisas por falta de jurisdicción de España.

Dos extrabajadoras del cantante en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas interpusieron contra Julio Iglesias una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional a principios de enero, por presuntos delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores que podrían incluso constituir trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre.

El Ministerio Público concedió una especial protección a las denunciantes e inició unas pesquisas que le llevaron a tomar declaración a estas dos mujeres, de nombres ficticios Laura y Rebeca. Tras estas primeras actuaciones, la Fiscalía decidió archivar la investigación al encontrar que no tenía competencia, por falta de jurisdicción del Estado español ante unos hechos que habrían sucedido en República Dominicana y Bahamas. La Fiscalía no entró a investigar al fondo de los hechos y archivó a pesar de que Julio Iglesias conserva la ciudadanía española.

Iglesias alegó “manifiesta indefensión” y solicitó personarse en la causa, una petición que la Fiscalía denegó al tratarse de unas pesquisas preprocesales dirigidas a discernir si España podía o no investigarle. Al no concedérsele y una vez la denuncia archivada, Iglesias solicitó formalmente acceso al texto de la denuncia. La Fiscalía realizó una consulta sobre ello a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y resolvió que no procedía dar acceso, basándose en una circular de la Fiscalía sobre el carácter de las preprocesales y al acceso de terceros.

Por ello y para recurrir ese auto de la Fiscalía, el cantante interpuso una demanda contra ella. Este jueves, una magistrada ha fallado a favor del recurso presentado por Iglesias, por lo cual la Fiscalía tendrá que entregarle las diligencias preprocesales que llevó a cabo este órgano, así como la denuncia de las dos mujeres, convenientemente anonimizada para evitar su identificación, según indica el auto al que ha tenido acceso elDiario.es.

Las partes —tanto Fiscalía como las abogadas de las denunciantes— tienen 15 días para interponer un recurso de apelación a esta decisión.

La Fiscalía y la representación legal de Laura y Rebeca intentaron que no se admitiera el recurso de Iglesias por lo contencioso administrativo, al entender que esta no era la vía competente para una reclamación de derechos fundamentales. El abogado del cantante alegó que no tener acceso a la denuncia le impedía defenderse o ejercer acciones legales legítimas ante los tribunales, como podría ser interponer una querella por denuncia falsa o simulación de delito contra las extrabajadoras. El fallo inadmite la “inadecuación de procedimiento”.

La Fundación Gabo, un referente en el periodismo iberoamericano, ha anunciado hoy los nominados a sus prestigiosos premios Gabo 2026. La investigación de elDiario.es y Univision Noticias que desveló las acusaciones de agresiones sexuales de Julio Iglesias por parte de dos de sus extrabajadoras, ha sido seleccionada como finalista en la categoría de cobertura, en la que han participado las periodistas Elena Cabrera, Ana Requena Aguilar, Raquel Ejerique, María Ramírez, Natalia Chientaroli, Izaskun Pérez, Federica Narancio, Esther Poveda, Gerardo Reyes, Margarita Rabin, Jose Ángel Gonzalo y Daniel Coronell.

Estos testimonios se publicaron como parte de una investigación que se prolongó durante tres años y en la que fue entrevistada cerca de una quincena de extrabajadores del cantante en sus residencias de Punta Cana, Bahamas y España.

Dos de estas extrabajadoras presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la cual fue archivada por falta de competencia de la Justicia española. Aun así, Rebeca y Laura anunciaron que seguirían buscando una vía de acceso a la justicia.

La Fundación Gabo ha seleccionado 50 trabajos periodísticos que representan lo mejor del periodismo iberoamericano. En la categoría de cobertura, donde ha seleccionado la investigación sobre Julio Iglesias bajo el título La casita del terror entre 405 trabajos presentados, participan otras nueve grandes coberturas periodísticas, entre las que se incluyen Sanidad, policía, prisiones: la investigación que abrió los algoritmos del Estado español de Civio; Radiografía del mercado de carbono, una colaboración entre el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), InfoAmazonia y OjoPúblico; El patio trasero de la IA; de El País; Las promesas incumplidas de la crisis forense de N+ Focus o A política da bala, una serie sobre la violencia policia publicada por Metrópoles.

El objetivo de los premios es promover “referentes de excelencia, coherencia ética e innovación” para el periodismo iberoamericano, para apoyar “a periodistas y contadores de historias para alcanzar una sociedad mejor informada, participativa y libre”.

Este año se han postulado al premio Gabo 1.914 trabajos periodísticos, que han sido evaluados primero por un jurado de 51 periodistas que realizó una preselección de 135 trabajos. Posteriormente, un jurado internacional compuesto por 15 periodistas de reconocida trayectoria —tres por categoría— se reunió para escoger los 50 nominados, así como los tres finalistas y el ganador de cada categoría.

Los trabajos finalistas, tres en cada categoría, se anunciarán el 25 de junio. El ganador se conocerá el viernes 24 de julio en la primera jornada Festival Gabo, que tendrá lugar en Bogotá (Colombia).

Los hermanos Villanueva fueron despedidos de manera fulminante por Julio Iglesias en plena pandemia de coronavirus, en julio de 2020, cuando el cantante temía por el contagio y se desprendió de gran parte de los trabajadores de su casa de Punta Cana. Ambos demandaron a su empleador al considerar que el despido merecía una indemnización y, tras seis años de juicios y apelaciones, la Justicia dominicana les ha dicho que no les corresponde, según la sentencia consultada por elDiario.es.

El abogado de los extrabajadores de Julio Iglesias, Eloy Bello, confirma a este medio que apelará esta sentencia en la Suprema Corte de Justicia. La abogada laboralista que representa a Iglesias no ha contestado a las preguntas de este medio.

Este largo enfrentamiento judicial entre los Villanueva y Julio Iglesias ha dado varias victorias al artista y una a los trabajadores, en las diversas instancias que ha recorrido el expendiente. Ese se inició en un juzgado de trabajo de La Altagracia, que no aceptó la reclamación de despido improcedente. Se recurrió y un juzgado de San Pedro de Macorís se puso de parte de los trabajadores y condenó a Iglesias a indemnizarles. Este interpuso un recurso de casación y se envío el expediente al juzgado laboral del Distrito Nacional. Allí, después de diferentes postergaciones y un periodo de conciliación en el que no se llegó a un acuerdo, el tribunal se ha puesto de parte de Julio Iglesias.

Ser o no ser 'doméstico'

El código laboral de República Dominicana establece una mayor protección hacia los trabajadores regulares que hacia los que considera “domésticos”, algo que está en vías de cambio mediante una demorada reforma de esta legislación.

Rogelio (59 años) y Eleuterio Villanueva (58), que trabajaron para Iglesias durante 21 y nueve años respectivamente, realizaban el mantenimiento de suelos, cubiertas, pintura, ebanistería o lo que fuera necesario en las casas de la lujosa villa dominicana. Además, el hermano mayor ejercía de chófer de manera puntual.

El Código de Trabajo de República Dominicana considera que el trabajador doméstico es aquel que se dedica “de modo exclusivo y en forma habitual y continúa a labores de cocina, aseo, asistencia y demás, propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular”. Según esta definición, el abogado que ha representado a los Villanueva, Eloy Bello, entendía que no era el caso de sus representados. 

“Julio Iglesias y su familia entendían que estábamos en la época de la colonización porque han llamado criados y domésticos a dos empleados que trabajan en su empresa como albañiles, como carpinteros, como pintores o como choferes”, dijo Eloy Bello en una entrevista realizada en su despacho en La Altagracia con elDiario.es y Univision Noticias el pasado mes de septiembre.

“El empleado doméstico es el que barre, el que tiende la cama, el que cocina. Y nosotros no éramos empleados de eso”, señaló Rogelio Villanueva en una entrevista con ambos medios el pasado verano.

La definición del Código laboral añade una salvedad más para definir qué es el trabajo doméstico: “Que no importen lucro o negocio para el empleador o sus parientes”. Para reforzar la posición de sus clientes, Bello intentó demostrar que la villa de Punta Cana funcionaba como “una empresa”: que había personas que se alojaban ocasionalmente en las casitas pagando en mano y que el estudio de grabación instalado dentro de la gran parcela tenía actividad comercial. “Los subordinados ciertamente ejercían las labores de pintura y mantenimiento de propiedades utilizadas para generar beneficios económicos” dice la demanda contra Julio Iglesias. Pero más allá de las declaraciones de los testigos y una publicación en prensa, la representación legal de los hermanos Villanueva no pudo aportar pruebas conclusivas sobre ello.

Para reforzar el trabajo como conductor por parte de Rogelio Villanueva, una ocupación que considera especializada y no doméstica, este presentó la documentación relativa a un accidente de tránsito conduciendo un coche de Iglesias en el año 2014. Pero el argumento le vino de vuelta a Villanueva como un bumerang. La sentencia afirma que esa documentación “no prueba nada” en relación a las alegaciones de Villanueva sino más bien “todo lo contrario”: “La calidad de chófer del recurrente de Julio Iglesias, parte del servicio doméstico, por lo cual se prueba la existencia de un contrato de tipo doméstico”.

Las pretensiones de los hermanos

Rogelio Villanueva ganaba 50.000 pesos dominicanos al mes (850 euros al cambio de 2020) mientras que su hermano Eleuterio recibía 25.000 (420 euros). En su demanda, él primero reclamaba a Iglesias un total de 1.513.960 pesos dominicanos (25.650 euros), mientras que el hermano pequeño pedía al cantante 537.205 pesos dominicanos (9.100 euros). Estas cantidades incluían cesantía (la indemnización correspondiente tras un despido improcedente, que son 23 días por cada año trabajado, a partir del quinto), vacaciones, paga de Navidad y bonificaciones. A ellas, sumaron el monto correspondiente a seis salarios (desde el despido a la demanda) y el pago de una indemnización por no haberles dado de alta en la Seguridad Social, la cual valoraron en un millón de pesos (16.900 euros).

Esta petición por daños y perjuicios tampoco no ha sido admitida en la sentencia por un defecto en la forma, ya que se incluyó en una apelación, mientras que en la demanda original esta indemnización no era por no haber estado dados de alta sino por “trabajar sin descanso y sin visita de la familia”.

Antes de la publicación del primer artículo sobre las reclamaciones de los extrabajadores de mantenimiento, elDiario.es y Univision Noticias se pusieron en contacto con Julio Iglesias por diferentes vías y se le preguntó por esta reclamación laboral, pero los medios no obtuvieron respuesta. En un comunicado público, el artista respondió a las acusaciones de dos exempleadas que relataban abusos y agresiones sexuales, asegurando que eran “absolutamente falsas”, pero no se pronunció sobre estas otras denuncias del ámbito laboral.

Este jueves se ha celebrado en un juzgado de Madrid un acto de conciliación entre la representación legal de Julio Iglesias y la de elDiario.es, su director y cuatro de sus periodistas. El cantante solicitó que este periódico rectificara las informaciones publicadas sobre él a partir del pasado 13 de enero, “reconociendo el contenido injurioso y calumnioso”, y que fueran eliminadas de la web. Además, solicitaba una idemnización sin cuantificar pero que se anticipaba “en cifras de importante cuantía económica”. elDiario.es y sus periodistas, que no han acudido al juzgado y han estado representados por un procurador, se han negado a todo ello.

Al no realizarse la conciliación solicitada, Iglesias ya puede querellarse en cualquier momento contra este medio, como anticipaba el propio escrito que dirigió al tribunal de instancia, anunciando que le seguiría la “interposición de querella por la presunta comisión de delitos de injurias con publicidad y calumnias”. Los periodistas contra los que Julio Iglesias pretende querellarse son Ignacio Escolar, Juanlu Sánchez, María Ramírez, Ana Requena y Elena Cabrera.

Hace más de cuatro meses, elDiario.es, junto a Univision Noticias, comenzó la publicación de una serie de reportajes que partían de los testimonios de varias de sus extrabajadoras domésticas al servicio del cantante en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. Dos de estas mujeres, conocidas bajo los nombres ficticios de Rebeca y Laura, interpusieron una denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual y trata de personas. Además, se distribuyó en plataformas tres episodios especiales del podcast Un tema al día.

Tres años de investigación

Julio Iglesias no respondió a las preguntas que le hicieron los periodistas de elDiario.es y Univision Noticias de manera previa a la publicación. Posteriormente, emitió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram en el que negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

Rebeca, empleada del servicio doméstico en Punta Cana y Lyford Cay (Bahamas), relató a ambos medios que fue presionada para mantener encuentros sexuales con Julio Iglesias y describió penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Ella y Laura, cuyo desempeño en la casa era el de fisioterapeuta, contaron que, además de tocamientos, recibían insultos y humillaciones durante su jornada laboral, en un ambiente de control y acoso continuo. Los hechos, según las entrevistadas, ocurrieron en 2021. La más joven tenía entonces 22 años.

elDiario.es inició esta investigación tres años antes de su publicación, a la que se unió la división informativa de la cadena de televisión Univision en 2025. Durante ese tiempo, las periodistas que trabajaron en la investigación entrevistaron en repetidas ocasiones a Rebeca y a Laura, las cuales prestaron un testimonio sólido y sin contradicciones. Además, se contactó en total con una quincena de extrabajadores de Julio Iglesias, incluyendo personal doméstico y otros profesionales especializados que trabajaron en distintos periodos, entre finales de los años 90 y 2023, que pudieron confirmar diferentes puntos de la investigación.

Intento de descrédito de las denunciantes

Como demostró la investigación, aportando capturas de WhatsApp y fotografías, la encargada responsable de la selección de empleadas en las casas de Julio Iglesias gestionó también la realización de reconocimientos médicos a las trabajadoras del servicio doméstico, que incluían exámenes ginecológicos y pruebas de enfermedades de transmisión sexual, como VIH, hepatitis o clamidia, así como detección de embarazos. La Ley del Sida de República Dominicana sanciona con multas económicas e indemnizaciones la solicitud de realización de pruebas para la detección del VIH o de sus anticuerpos por parte de cualquier empleador privado.

Con la incorporación de Univision Noticias, se volvieron a realizar las entrevistas a Rebeca y a Laura en formato audiovisual, emitiéndose con diferentes medidas para proteger su identidad, como planos a contraluz o el doblaje de sus voces para evitar su reconocimiento. Este doblaje se realizó respetando cada palabra y entonación original durante la entrevista.

Después de que se hiciera pública la interposición de la denuncia, Iglesias intentó desacreditar a las mujeres divulgando sus identidades —que habían sido protegidas por la Fiscalía—, mensajes personales y fotografías que las demandantes habían publicado en sus redes sociales.

Archivo de la denuncia

Unos 20 días después de la interposición de la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y tras tomar declaración a las denunciantes, este órgano decidió archivarla al no entender que existieran los suficientes “vínculos” entre Julio Iglesias y España como para que este país tuviera jurisdicción para investigarle.

Este rápido archivo se produjo sin entrar al fondo de los hechos y sin responder a tres peticiones clave que habían hecho las abogadas de Rebeca y Laura. La primera, que se tomaran medidas contra la difusión de información por parte del cantante sobre las denunciantes. La segunda consistía en la aportación de más evidencia para reforzar la idea de que podía aplicarse la jurisdicción española. Y la tercera, que se tuvieran en cuenta nuevas informaciones que vinculaban la causa con España. Ninguna de las tres obtuvo respuesta.

La tercera petición estaba relacionada con la información que publicó elDiario.es sobre los visados de turista que permitían trasladar a España a empleadas domésticas para trabajar en verano en la casa que Julio Iglesias tiene en Málaga, sin contrato y con sueldos de 340 euros. Así era el caso de Carolina (nombre ficticio), otra de las extrabajadoras entrevistadas.

Yolanda Díaz no se retracta

A pesar del archivo, Women's Link Worldwide, la organización que defiende a Rebeca y Laura, anunció que estás mujeres seguirán adelante en la búsqueda de justicia. Pocos días después, Rebeca denunció a la policía del país en el que vive que estaba siendo objeto de vigilancia y seguimiento por parte de un detective privado español y que su marido había encontrado una baliza GPS en su automóvil. La investigación policial tendrá que determinar si estas actividades de seguridad privada las ha realizado un profesional acreditado únicamente en España, ya que de ser así, constituiría una sanción “grave”, según los expertos.

Ya en marzo, Iglesias demandó a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo Yolanda Díaz por sus opiniones al respecto de los testimonios de Rebeca y Laura, que calificó de “escalofriantes”. El acto de conciliación previo a la interposición de la querella se celebró el pasado 19 de mayo y, en él, la representación legal de Díaz rechazó retractarse de sus comentarios.

El Instituto Internacional de Prensa apoya a elDiario.es

El Instituto Internacional de Prensa (IPI) ha mostrado su apoyo a elDiario.es en un comunicado. La organización dedicada a proteger la libertad de prensa en el mundo, con sede en Viena, dice que espera que se abandone la posibilidad de “una demanda por difamación y no se presente ninguna acusación penal tras la vista”.

Además, el IPI “respalda” al medio de comunicación y sus periodistas, y afirma estar dispuesto a ofrecer asistencia jurídica para hacer frente a lo que “parece ser una acción legal abusiva”.

“Ninguna querella ni intento de amedrentar va a evitar que la vicepresidenta haga ejercicio de su libertad de expresión, en este caso concreto para referirse a una información periodística”. Estas contundentes declaraciones vienen del equipo de comunicación de Yolanda Díaz, y las informaciones periodísticas a las que hace alusión las publicó elDiario.es y Univision Noticias a partir del pasado 13 de enero.

Estamos hablando de la exclusiva en la que dos exempleadas de Julio Iglesias acusaron al cantante de agresiones sexuales. Muchas personas se preguntan en qué punto está este tema. Hay varios frentes judiciales abiertos, así que vamos uno a uno:

Iglesias contra la Fiscalía

Rebeca y Laura (nombres ficticios), extrabajadoras de Julio Iglesias (del hogar y fisioterapeuta, respectivamente) acudieron a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España para denunciar unos hechos presuntamente ocurridos en Bahamas y República Dominicana. Para ellas, se trataba de diversos delitos de violencia sexual y contra los derechos de los trabajadores. Después de tomarles declaración y tras un breve periodo de reflexión, la Fiscalía archivó esta denuncia al considerar que España no tiene jurisdicción para investigar estos hechos. Dijo que no había suficientes “vínculos” de Julio Iglesias con España como para abrir una investigación.

A pesar del archivo, Iglesias no ha parado de solicitar el texto de la denuncia. Como no se lo dieron, ha acudido a la vía judicial contencioso-administrativa. La Fiscalía se opone a ello. Se espera en breve una resolución de este caso.

Iglesias contra la vicepresidenta del Gobierno

Yolanda Díaz fue citada a un acto de conciliación esta semana, el martes. Iglesias consideró que había emitido unas declaraciones injuriosas y calumniosas, debido a un mensaje en Bluesky y una intervención en La Hora de la 1. No deja de ser curioso que de las miles de personas que dieron su opinión sobre los testimonios en aquellos días, la única contra la que se quiera demandar sea un alto cargo del Gobierno de España.

“Las declaraciones de la vicepresidenta han respetado en todo momento la presunción de inocencia de Julio Iglesias y se han limitado a calificar de escalofriantes los testimonios de las extrabajadoras del artista, que le acusaban, en el marco de la investigación llevada a cabo por elDiario.es, de agresiones sexuales, insultos y humillaciones durante su jornada laboral, y que denunciaban un ambiente de control y acoso continuo”, comentaban las fuentes del entorno de Díaz. Cabe recordar que Iglesias calificó las acusaciones de Rebeca y Laura como de “absolutamente falsas”. El cantante madrileño ya anunció en un comunicado que defendería su “dignidad” ante un “agravio tan grave”.

En el acto en sede judicial, la representación legal de Yolanda Díaz no se retractó. ¿Y ahora qué? Iglesias tiene un año para querellarse. La agencia Efe y la página web de agitación que habitualmente goza de exclusivas en relación a la representación legal de Julio Iglesias, aseguraron que el cantante se iba a querellar. Cuando elDiario.es se puso en contacto con su abogado, desde su despacho nos dijeron que no habían tomado ninguna decisión.

Iglesias contra las periodistas

Con el mismo procedimiento que Yolanda Díaz, Julio Iglesias ha puesto una demanda de conciliación a elDiario.es, a cuatro periodistas (Ana Requena, María Ramírez, Juanlu Sánchez y Elena Cabrera) y al director del periódico, Ignacio Escolar. Nos acusa falsamente de hacer “un montaje” con “personajes figurados”. Tenemos el acto de conciliación la semana que viene y, de igual manera, ya hemos anunciado que no nos vamos a retractar. Veremos si finalmente hay o no hay querella.

Los extrabajadores contra Julio Iglesias (y viceversa)

Son dos hermanos, Rogelio y Eleuterio Villanueva, que trabajaron para Iglesias en el mantenimiento de la villa de Punta Cana durante años y fueron despedidos de manera fulminante cuando llegó la pandemia. Ellos consideran que merecen una indemnización por despido improcedente y por eso le denunciaron en República Dominicana.

Los Villanueva perdieron el primer juicio, recurrieron y ganaron en la siguiente instancia, que fue apelada por Iglesias. Ahora están esperando la resolución pues la semana pasada acabó el plazo de conciliación del último juicio. La sentencia puede tardar dos o tres meses en llegar, según su abogado. En declaraciones a elDiario.es, Rogelio Villanueva dijo hace unos días: “Hasta ahora solo tenemos esperanza. Nada más”. La representación legal de Julio Iglesias rechazó comentar sobre este caso.

Las mujeres denunciantes contra Julio Iglesias

Aunque la fiscalía archivó la causa, tal y como dijeron sus abogadas Laura y Rebeca seguirán buscando una vía de acceso a la justicia. Su batalla no ha terminado.

Yolanda Díaz ha rechazado retractarse de sus manifestaciones sobre Julio Iglesias, que este consideraba de caracter “injurioso y calumnioso”. Esa ha sido la posición de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en un acto de conciliación que se ha producido este martes por la mañana en un juzgado de Madrid entre la representación legal de ambas partes.

En su escrito al tribunal de instancia de Madrid, Iglesias solicitó un acto de conciliación en el que la ministra reconociera el daño, rectificase sus manifestaciones y le indemnizara con el importe en el que se fijaran “los daños causados en función de la difusión alcanzada”. Este acto es el paso previo obligatorio antes de la interposición de una querella. Fuentes del despacho de la defensa de Julio Iglesias no confirman a elDiario.es que vaya a proceder a la presentación de una querella ante el Tribunal Supremo, como afirman algunos medios.

La vicepresidenta no reconoce haber “ocasionado daño alguno ni directa ni indirectamente al artista”, según fuentes de su Ministerio. Díaz considera que sus intervenciones “se limitaron a comentar las declaraciones de terceros y los contenidos de los reportajes de prensa que se publicaron acerca de Julio Iglesias” y no considera haber “injuriado o calumniado al artista”. “Ninguna querella ni intento de amedrentar va a evitar que la vicepresidenta haga ejercicio de su libertad de expresión, en este caso concreto para referirse a una información periodística”, añaden estas fuentes.

“Testimonios escalofriantes”

El cantante presentó en febrero una demanda de conciliación contra Díaz por unos comentarios realizados por la vicepresidenta a raíz de la exclusiva publicada por elDiario.es y Univision Noticias, en la que dos extrabajadoras del cantante le acusaban de agresiones sexuales. Estas dos mujeres, de nombres ficticios Rebeca y Laura, interpusieron contra Iglesias una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por presuntos delitos de abusos sexuales y laborales. Esta denuncia fue posteriormente archivada por la Fiscalía, sin entrar al fondo de los hechos y al entender que España carecía de jurisdicción para investigarlos.

“Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”, escribió Yolanda Díaz en un mensaje en su perfil de la red social Bluesky, en el que adjuntó un link de la primera información publicada por este periódico. 

Un día después, en una entrevista en el programa La Hora de la 1, Díaz afirmó que la investigación sobre las denuncias de dos extrabajadoras “da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema”. 

“Las declaraciones de la vicepresidenta han respetado en todo momento la presunción de inocencia de Julio Iglesias y se han limitado a calificar de escalofriantes los testimonios de las extrabajadoras del artista, que le acusaban, en el marco de la investigación llevada a cabo por elDiario.es, de agresiones sexuales, insultos y humillaciones durante su jornada laboral, y que denunciaban un ambiente de control y acoso continuo”, indican las fuentes relacionadas con Yolanda Díaz.

“Desde el Ministerio de Trabajo se va a velar siempre por los derechos de las mujeres trabajadoras, sea cual sea el ámbito o el contexto, y se va a denunciar cualquier abuso de cualquiera que atente contra su integridad”, añaden.

Demanda contra los periodistas

Julio Iglesias también demandó a elDiario.es por las informaciones publicadas sobre las acusaciones de violencia sexual contra él. Un juzgado madrileño citó para el próximo 28 de mayo a los cinco periodistas de este periódico contra los que pretende querellarse Julio Iglesias a un acto de conciliación en los juzgados.

elDiario.es ya ha anunciado que no se va a retractar de lo publicado. “Para evitar la querella, Julio Iglesias exige algo que no va a suceder: que nos disculpemos y borremos nuestras informaciones sobre él. Nos reafirmamos en todo lo publicado porque nuestra investigación fue impecable”, afirma el director del medio, Ignacio Escolar. “No vamos a rectificar y tampoco tenemos nada que conciliar. Si tras esta demanda se querella contra nosotros, nos defenderemos en los tribunales. Allí demostraremos que nuestra información fue rigurosa, contrastada y veraz”.

Paralelamente, Julio Iglesias demandó también a la Fiscalía por no permitirle acceder al texto de la denuncia archivada. Este proceso se está llevando a cabo en una sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. La posición de la Fiscalía considera que el cantante no ha visto vulnerados sus derechos fundamentales por no haber tenido acceso a la denuncia.

Un juzgado madrileño ha citado este 28 de mayo a los cinco periodistas de elDiario.es contra los que pretende querellarse Julio Iglesias a un acto de conciliación en los juzgados, un trámite legal obligatorio antes de interponer la querella.

elDiario.es no se va a retractar de lo publicado. “Para evitar la querella, Julio Iglesias exige algo que no va a suceder: que nos disculpemos y borremos nuestras informaciones sobre él. Nos reafirmamos en todo lo publicado porque nuestra investigación fue impecable”, responde el director de este periódico, Ignacio Escolar. “No vamos a rectificar y tampoco tenemos nada que conciliar. Si tras esta demanda se querella contra nosotros, nos defenderemos en los tribunales. Allí demostraremos que nuestra información fue rigurosa, contrastada y veraz”.

Iglesias demanda a elDiario.es por las informaciones publicadas a partir del 13 de enero, cuando este medio reveló los testimonios de dos extrabajadoras que le acusan de agresiones sexuales. Para llevar a cabo esa investigación se entrevistó a más de una docena de extrabajadores de las mansiones de Julio Iglesias, y a otras personas a las que estas mujeres relataron previamente lo que vivieron. Ambas, de nombres ficticios Rebeca y Laura, le denunciaron ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional el pasado 5 de enero. La denuncia fue archivada cuando la Fiscalía consideró que España no tenía jurisdicción para investigar a Iglesias, pese a ser un ciudadano español.

La investigación se publicó tras un trabajo de tres años y su contenido es riguroso, contrastado y veraz. El archivo de las investigaciones preprocesales por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional tampoco desmiente la información. La Fiscalía no ha seguido por una cuestión de competencias: porque considera que no hay jurisdicción, a pesar de que Iglesias es español, porque los presuntos delitos ocurrieron fuera de España.

La demanda de Iglesias acusa a elDiario.es de delitos de injurias con publicidad y calumnias, y se dirige contra el director de este periódico, Ignacio Escolar, otros cuatro periodistas y la empresa editora. La defensa del cantante solicita, entre otras cosas, que elDiario.es reconozca “el comportamiento ilícito y el daño producido”, la “inmediata eliminación” de las noticias y que los demandados paguen una indemnización solidaria por los “daños causados”, que se cuantificarán “en función de la expansión nacional e internacional del daño causado”, lo que “se anticipa en cifras de importante cuantía económica”.

Un juzgado de Madrid ha convocado un acto de conciliación entre los representantes legales de Julio Iglesias y de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por la demanda que interpuso por los comentarios que realizó después de que elDiario.es publicara los testimonios de extrabajadoras de las mansiones del cantante que le acusan de agresiones sexuales.

En un escrito al que ha tenido acceso EFE este miércoles, la Sección civil del Tribunal de instancia de Madrid plaza 58 (antiguo Juzgado de primera instancia 58) admite la solicitud presentada por el letrado de Julio Iglesias para interponer demanda contra Yolanda Díaz por comentarios que considera injuriosos y calumniosos, y cita a las partes para un acto de conciliación el día 19 a las 09:30 horas.

A este acto no tienen que acudir ni el demandante ni la demandada, sino solo sus abogados o procuradores, ni es necesario que esté el juez, sino el letrado de la administración de justicia, han precisado a EFE fuentes jurídicas, que recuerdan que en la mayoría de los casos estas oportunidades de conciliación quedan sin efecto y las demandas o querellas siguen adelante. Se trata de un trámite en la jurisdicción civil en la que todas las demandas se admiten si cumplen los requisitos formales, detallan la fuentes, que recuerdan que Yolanda Díez es aforada, y por lo tanto el posible futuro proceso judicial se dirimiría en el Tribunal Supremo.

Fuentes de la vicepresidencia del Gobierno han asegurado a EFE que aún no les ha llegado esta citación.

El cantante Julio Iglesias presentó en febrero una demanda contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo por los comentarios de carácter “injurioso y calumnioso” que esta realizó en relación con la denuncia interpuesta contra él por presuntos delitos de abusos sexuales y que fue archivada por la Fiscalía.

En su escrito al tribunal de instancia de Madrid, el cantante solicitó un acto de conciliación en el que la ministra reconozca el daño, rectifique sus manifestaciones y le indemnice con el importe en el que se fijen “los daños causados en función de la difusión alcanzada” por su comportamiento. En el punto de mira de la demanda están las declaraciones que, al conocerse la denuncia contra Iglesias, realizó la vicepresidenta Díaz en la red social Bluesky el pasado 13 de enero y al día siguiente en una entrevista en el programa 'La Hora de la 1', en el canal público RTVE.

Para el letrado de Iglesias “la demandada, alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública (...) claros prejuicios de culpabilidad contra el sr. Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales de los mismos”.

Julio Iglesias persigue el acceso a una denuncia archivada

La semana pasada, la Audiencia Nacional admitió a trámite la reclamación de Iglesias para acceder a la denuncia que Rebeca y Laura (nombres ficticios para proteger su identidad) interpusieron ante la Fiscalía de ese tribunal, según informaron varios medios y confirmó elDiario.es.

La representación legal de Iglesias denunció, por la vía contencioso-administrativa, ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por no haberle remitido copia de la denuncia por presuntos delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, así como trata de seres humanos y varios delitos contra los derechos de los trabajadores. Rebeca y Laura interpusieron esta denuncia el 5 de enero, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional se limitó a evaluar si España tenía o no jurisdicción para investigar estos presuntos delitos. A los pocos días, la Fiscalía archivó la denuncia por falta de competencia, sin entrar en ningún momento al fondo de los hechos denunciados.

Por ello, la Fiscalía no está de acuerdo y reclamó la inadmisión del recurso presentado por la defensa de Julio Iglesias. En un informe firmado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, el Ministerio Público afirmó que “no existe vulneración de la tutela judicial efectiva”, dado que la decisión de no facilitar la denuncia “no le está impidiendo” a Iglesias el acceso a los tribunales.

La Fiscalía mantendrá este viernes en la Audiencia Nacional que el cantante Julio Iglesias no ha visto vulnerados sus derechos fundamentales por no haber tenido acceso a la denuncia que dos extrabajadoras presentaron contra él por agresión sexual y trata de seres humanos, según informan fuentes fiscales a elDiario.es. El Ministerio Público defenderá, por tanto, que no se le facilite esa denuncia.

La titular de la Plaza 5 de la Sección de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha convocado este viernes a la Fiscalía y a la defensa de Julio Iglesias para una comparecencia sobre el litigio iniciado por la defensa del artista tras la decisión del Ministerio Público de no facilitarle esa denuncia en la que dos exempleadas del cantante relatan haber sufrido agresiones sexuales. La denuncia fue archivada debido a la “falta de competencia” de los tribunales españoles. 

Tras el archivo de la denuncia, la defensa de Julio Iglesias solicitó una copia de la denuncia y del expediente para conocer de qué se le acusaba. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, tras consultar a la Fiscalía General del Estado, determinó que no procedía facilitársela. Se basó, para ello, en una circular del Ministerio Público que recoge que “al margen de la persona sospechosa y de la víctima, no se permitirá el acceso a las actuaciones a quienes manifiesten, o incluso acrediten, tener un interés legítimo”. También argumentó la existencia en la denuncia de “multitud de datos personales y aspectos relativos a la intimidad”, así como el hecho de que se hubiera aplicado la condición de testigos protegidos a las denunciantes. 

La defensa de Julio Iglesias calificó de “arbitrario” y “carente de racionalidad” que se considere al cantante como un tercero ajeno a una denuncia dirigida contra él. Y argumentó que esta negativa había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y de defensa, así como el principio de publicidad procesal. Según la demanda que presentó en la Audiencia Nacional y que motiva la citación de este viernes, la ley del Poder Judicial garantiza el acceso a los expedientes y archivos a los interesados directos y a quienes acrediten un interés legítimo y una circular de la Fiscalía no puede contradecir una ley orgánica. 

Los abogados del cantante alegaron, asimismo, que el hecho de no tener acceso a la denuncia le impedía defenderse o ejercer acciones legales legítimas ante los tribunales, como podría ser interponer una querella por denuncia falsa o simulación de delito contra las extrabajadoras. 

La Fiscalía reclamó la inadmisión del recurso presentado por la defensa de Julio Iglesias. En un informe firmado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, el Ministerio Público afirma que “no existe vulneración de la tutela judicial efectiva”, dado que la decisión de no facilitar la denuncia “no le está impidiendo” el acceso a los tribunales. De hecho, la defensa del artista ha demandado a elDiario.es con acusaciones falsas sobre la denuncia de las dos mujeres y también a la vicepresidenta Yolanda Díaz por sus comentarios sobre la denuncia.

El fiscal también rechazaba que hubiera una vulneración del derecho de defensa dado que en las diligencias abiertas, el cantante nunca llegó a tener la condición de “sospechoso”, ni la de “investigado o encausado”. Y recordaba que “no se ha practicado diligencia alguna para determinar la naturaleza y circunstancias del hecho o de las personas que en él hayan participado” y que solo se practicaron diligencias para “verificar” si los tribunales españoles tenían jurisdicción para investigar esos hechos.