La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dejado la primera línea de política justo una década después de fundar Barcelona en Comú y dar el salto desde el activismo en las calles a la administración. Colau, que ya dejó su acta de concejala el pasado 25 de octubre, se ha despedido este sábado de la formación y de su militancia con un discurso que ha reivindicado el camino recorrido durante los últimos año, pero reconocidendo que se va en un “momento difícil”.

“Debemos actualizar nuestras tesis para ser un espacio útil para la transformación social”, ha asegurado en la Asamblea Nacional de los Comuns, en la que el partido afronta una reorganización y un cambio de caras. Hoy, Colau ha hecho la que ha sido su última intervención como coordinadora de la formación, cargo para el que ha renunciado volverse a presentar. “Me voy, pero esto no significa dejar la familia de los Comuns”, ha aclarado.

Ante su marcha, los suyos han tenido que afrontar la búsqueda de nuevos liderazgos en un momento en que las urnas no arropan tanto al partdido como lo hicieron años atrás. Colau ha dejado así un encargo a sus sucesoras: “Tenemos que reforzar nuestra presencia en las instituciones”.

También dejará la coordinación Jéssica Albiach. Colau y ella dirigían el máximo órgano de la ejecutiva junto a Candela López. Ante la falta de relevo, el triunvirato se convertirá, previsiblemente, en un dúo en el que López repite y al que se suma la concejala de Barcelona Gemma Tarafa. Ambas forman parte del círculo de confianza de la exalcaldesa.

Aún así, Albiach no deja la ejecutiva, sino que ocupará un nuevo cargo junto a Ernest Urtasun. Ambos se convertirán en responsables institucionales en el Parlament y el Gobierno. Albiach consolidará así su cargo como máximo responsable del partido en Catalunya, donde los Comuns son pieza clave para construir las mayorías que necesita Salvador Illa. Por otro lado, los diputados del Congreso Aina Vidal y Gerardo Pisarelo se convertirán en portavoces en substitución de Joan Mena.

Los relevos de la ejecutiva, en la que se cambiarán 20 cargos de 47, se presentan en una lista única que la militancia refrendará este domingo, culminando así un relevo amable y sin aspavientos como el que se está viviendo en el seno de otros partidos catalanes. Lo que no se tratará en este encuentro es la reforma del código ético que la formación tiene encima de la mesa desde hace tiempo y que establece que sus líderes sólo puedan combinar un cargo institucional y uno orgánico.

Eso entra en contradicción con diversos nombres como el de Candela López, que ostenta desde hace casi un año tres cargos. Igualmente, hay dos diputados que tambié tienen responsabilidad en ayuntamientos: Luís Mijoler es alcalde de El Prat y Núria Lozano, teniente alcalde de l'Hospitalet.

“Hemos acabado teniendo demasiadas responsabilidades”, ha reconocido López, que ha anunciado que “pronto” dejará el acta de diputada en el Parlament para dedicarse a la coordinación del partido, cargo que combinará con el de vicepresidenta de la Diputación de Barcelona.

La intención del partido es revisar formalmente esta cuestión de la mano de la nueva ejecutiva, una vez finalizada la asamblea de este fin de semana.

La vista puesta en las municipales

Colau ha dejado claro en su discurso que la nueva etapa del partido debe estar enfocada a reforzar el carácter municipalista del partido. “Debemos combatir las élites locales y las globales”, ha aegurado la exalcaldesa, que ha reivindicado que, “aunque a menudo se la vea como el hermano pequeño de la política, el municipalismo es la base de todo”.

Esta tesis es compartida por Jéssica Albiach, que ha asegurado que al partido le falta “base social. Tenemos que crecer en la AMB y en las zonas rurales”. La también excordinadora ha apuntado que la formación no es municipalista “por vocación, sino por estrategia” y ha reivindicado la necesidad de reforzar la presencia en los ayuntamientos como única manera de “perdurar a pesar de las tormentas”.

La única de las tres coordinadoras que se quedará en el cargo, Candela López, es quien se ha tenido más autocrítica, asegurando que los núcleos locales “no han tenido la implantación que deberían haber tenido” y ha coincidido con sus compañeras en que los municipios son clave para el futuro de los Comuns.

La reestructuración de la cúpula se da tras la caída de votos en las elecciones generales y autonómicas, así como la pérdida del Ayuntamiento de Barcelona, el último gran bastión de un partido que llegó a gobernar en diversas ciudades -ahora sólo tienen tres- y que llegó a ser primera fuerza en Catalunya en las elecciones generales de 2016.

Ahora, el objetivo del partido es fortalecerse de cara a las elecciones municipales de 2027, entendiendo que su campo de juego está en los ayuntamientos. Así se entiende el nuevo liderazgo de López y Tarafa. La primera fue alcaldesa de Castelldefels y es vicepresidenta de la Dipiutación de Barcelona; la segunda ocupó la concejalía de salud en Barcelona.

Tal es la apuesta de los Comuns en el ámbito municipal y tan descolocada dejó a la formación la pérdida de la capital catalana a manos de Jaume Collboni, que la exalcaldesa, a pesar de que ha dejado su acta de concejala, no ha descartado explícitamente la posibilidad de volverse a presentar a las elecciones de 2027. Mientras tanto, Colau empezará a dar clases universitarias y ostentará la presidencia de la fundación del partido juntamente al exiministro Joan Subirats, un cargo que carece de remuneración.

Una apuesta por el ecologismo

En la asamblea de este fin de semana, que cuenta con la ausencia destacada de Yolanda Díaz, además de revisar la cúpula, los Comuns también han votado diversas resoluciones que marcarán su postura en las diversas cuestiones.

La militancia ha aprobado, entre otras cosas, que se doblen y se hagan permanentes los impuestos a la banca y a las energéticas. Esta votación se da en el marco del paquete fiscal acordado entre el PSOE y Sumar esta semana, en el que se elimina el impuesto a las energéticas. “Denunciamos la oposición a esta medida por parte de las fuerzas políticas de derechas, así como la timidez del PSOE para actuar con más contundencia en la defensa de los recursos públicos”, afirman.

Igualmente, se ha aprobado que la formación apueste por triplicar el impuesto a las grandes fortunas y el impuesto de transmisiones patrimoniales para las compras de vivienda por parte de grandes tenedores o empresas. Así mismo, en materia de vivienda, insisten en la necesidad de regular el alquiler de temporada, de habitaciones y turístico.

De la misma manera, el partido ha fijado como límite el año 2030 para que Catalunya ya no cuente con escuela concertada. En la misma línea, apostarán porque se invierta un presupuesto extraordinario de 500 millones de euros para la educación inclusiva.

Los Comuns han apostado por posicionarse como bandera en la lucha contra el cambio climático. La formación proponen conseguir el 100% de la producción eléctrica con energías renovables en 2050 y reclaman una moratoria en la construcción de nuevas infraestructuras viarias hasta que Catalunya cuente con la red de trenes “mínima necesaria”. De la misma manera, reafirman su oposición a la ampliación del aeropuerto y al Hard Rock.

Barcelona en Comú, el proyecto político que lidera Ada Colau y que gobernó la capital catalana durante los anteriores dos mandatos, cumple 10 años. No el partido, sino su embrión, la plataforma llamada Guanyem, que se presentó un 26 de junio de 2014 en un colegio público de la ciudad, el Collaso i Gil. El acto reunió a más de 1.500 personas, la mayoría activistas sociales y vecinales. Hoy, algunos de ellos son conocidas figuras políticas de una formación que no atraviesa precisamente su mejor momento. 

De ese cónclave fundacional, con una Colau como cara visible del malestar social acumulado por la crisis económica, emergió un espacio político que en menos de un año consiguió gobernar Barcelona y que llegó a ganar las elecciones generales en Catalunya, en 2015 y 2016, coincidiendo con el auge de Podemos. Sin embargo, ese ciclo, que en la capital catalana incluyó ocho años de alcaldía, se ha cerrado, según reconocen en la formación, y Barcelona en Comú transita actualmente por la oposición en el Ayuntamiento y sin resolver si Colau entregará el relevo en los próximos años.

Conscientes de la necesidad de actualizar el programa político y reforzar sus lazos con entidades y movimientos sociales, lo que fue la base de su crecimiento, en Barcelona en Comú preparan un congreso de cara al primer semestre de 2025. Un proceso que llegará marcado por la previa Asamblea Nacional de Catalunya en Comú, en noviembre de este año, y por las tensiones y movimientos internos dentro de la coalición de Sumar, en la que los Comuns jugaban hasta ahora un papel preponderante.

La esperanza de un nuevo contrato social

En el auditorio de la escuela Collaso i Gil, en el Raval, el ambiente político y emocional que se respiraba distaba mucho del hoy. Lo recuerdan dos de las figuras que junto a Colau o a Jaume Asens cogieron el micro, Gala Pin y Joan Subirats. “Era un clima que permitía pensar en un nuevo contrato social”, señala Pin, actualmente diputada en el Congreso. “Hay que recordar que en ese momento las instituciones parecían secuestradas y la corrupción del PP era galopante”, señala la que por entonces era activista de la PAH y que pronto se convertiría en concejal.

2014 fue el año en que abdicó el rey Juan Carlos I y Podemos irrumpió en unas elecciones europeas en las que el bipartidismo quedó por debajo del 50%. Además de los recortes sociales, la crisis hipotecaria dejó ese año un pico de 68.000 desahucios en España. Un día antes del acto de Guanyem, un integrante de la PAH en Cantabria, Mario, se había suicidado por culpa de un desahucio. “Estamos aquí por necesidad, millones de personas están en una situación límite”, proclamó Colau.

Para Subirats, una de las razones del éxito fue encontrar la tecla del “municipalismo como espacio aglutinador”. Al acto acudieron políticos de Podemos (Juan Carlos Monedero o Pablo Echenique), ICV (Joan Herrera o Ricard Gomà), EUiA (David Companyon) o la CUP (David Fernàndez), aunque estos últimos finalmente se desmarcarían. Pero también estaban entidades sociales como la federación de asociaciones de vecinos, Aigua és Vida o la Alianza contra la Pobreza Energética. 

De la irrupción institucional de Barcelona en Comú, que culminaría con la investidura de Colau como alcaldesa en el verano de 2015, Subirats recuerda algunas llamadas que recibió esos días. “Había gente de la ciudad que me llamaba y me decía que no tenía el teléfono de ninguno de los concejales, que de dónde salían. Esto da una idea de la drástica transformación”, asegura este académico, que inicialmente se mantuvo en segunda fila pero que acabaría dando el salto como comisionado de Cultura en 2017 y en 2021 como ministro de Universidades.

Antes de llegar a la alcaldía, la plataforma de Guanyem inició en 2014 un proceso de debates y asambleas locales con las que fue construyendo la llamada confluencia. Pasaron ocho meses hasta que se cerró la coalición electoral, unos ritmos hoy impensables en política, incluso para el propio espacio de los comuns. “Si lo comparas con Podemos, que se construyó de arriba abajo, permite comprender por qué Barcelona en Comú ha sido más resiliente”, argumenta Subirats. 

Del legado de Colau al papel de oposición

La historia de Barcelona en Comú va unida a la del gobierno municipal de los siguientes ocho años. El intento de trasladar la fuerza municipalista al ámbito autonómico mediante la puesta en marcha de Catalunya en Comú ha sido menos exitosa: a su conflictiva creación le han seguido resultados discretos en las elecciones catalanas. En los últimos comicios de mayo, el partido solo obtuvo representación por la provincia de Barcelona y perdió su escaño por Tarragona y Girona.

La estrategia contra los desahucios, el freno a los desarrollos hoteleros o las peatonalizaciones son parte del legado, marcado también por sus cuitas con el PSC en el Ejecutivo, las tensiones del procés o la investidura de Colau en 2019 con los votos de Manuel Valls. 

Para Gala Pin, una de las mayores transformaciones fue cambiar la agenda política y mediática de la ciudad. “Antes no se hablaba de vivienda, ni de la masificación turística, ni de municipalizar energía o agua; se cambiaron las prioridades fruto del empuje de los movimientos sociales”, sostiene. 

Desde 2015 a 2023, sin embargo, los Comuns han pasado de 177.000 votos a 132.000 en la ciudad. Tras facilitar la investidura del socialista Jaume Collboni, Barcelona en Comú se fue a la oposición con la aspiración de entrar en el gobierno municipal en algún momento, pero la formación se ha encontrado ahora con que el PSC prefiere pactar una coalición con ERC y dejarles a ellos fuera. Aunque quedan tres años de mandato, actualmente no hay conversaciones en esta dirección entre socialistas y Comuns. 

“No hay voluntad por parte del PSC de formar un gobierno de progreso; les incomoda nuestra presencia porque lo que buscan es desmarcarse del gobierno de los últimos ocho años”, argumenta Max Cahner, actual portavoz de la dirección ejecutiva del partido, que acusa a Collboni de haber girado a la derecha una vez obtuvo la alcaldía. 

Cahner explica que será en 2025 cuando llevarán a cabo el congreso para revisar programa y estrategia. “Debemos seguir trabajando para ser un espacio movimientista, pero eso nos obliga a abrirnos, a conectar con los anhelos de la ciudad y a ser su puerta de entrada a las instituciones”, señala. 

En un contexto de retroceso de las izquierdas, y con un aumento de la extrema derecha en toda Europa, Pin insiste en esa idea. “En momentos de reflujo y de dudas, puede haber una tendencia comprensible a refugiarse en una zona de confort, pero hay que salir de ahí”, señala, y pone como ejemplo la necesidad de buscar alianzas internacionales con la misma eficacia con que lo está haciendo la extrema derecha. 

Pasado ese replanteamiento y no antes, según Cahner, tocará adaptar los liderazgos a la nueva etapa. Si seguirá Colau o no al frente del partido es por ahora una incógnita. Cuando se quedó sin su anhelado tercer mandato, no pocos en el partido dieron por hecho que en algún momento daría un paso atrás, pero finalmente confirmó que se quedaba. Si quisiese encabezar una nueva candidatura en 2027, sin embargo, habría que modificar el código ético. 

Nueve miembros del segundo Gobierno de Pedro Sánchez no formarán parte del nuevo gabinete que el líder del PSOE anunciará este lunes después de su investidura. Los titulares hasta hoy de las carteras de Cultura, Derechos Sociales, Igualdad, Industria, Transportes, Justicia, Consumo, Universidades y Sanidad no repiten el cargo después de la investidura que ha hecho Presidente del Gobierno a Sánchez.

Miquel Iceta. El presidente del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) deja su segunda cartera ministerial, Cultura y Deportes, que ha ocupado desde julio de 2021 después de ser ministro de Política Territorial y Función Pública durante el primer semestre de ese año. De los pocos dirigentes del PSOE que apoyaron explícitamente a Pedro Sánchez durante su negativa a hacer presidente a Mariano Rajoy, en su etapa al frente de Cultura ha puesto en marcha la Ley del Cine, el Bono Cultural Joven y ha afrontado la crisis abierta por el beso no consentido de Luis Rubiales a la jugadora de fútbol Jennifer Hermoso.

Ione Belarra. Secretaria general de Podemos desde junio de 2021, Belarra se puso al frente del ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 tras la salida de Pablo Iglesias del Gobierno central. De los hitos legislativos de su etapa en el departamento quedan la Ley de Vivienda, la de Bienestar Animal, la de Protección integral a la Infancia y también los permisos proyectados en la Ley de Familias así como su papel en la negociación de medidas como el tope al precio del gas o el cheque de 200 euros.

Irene Montero. Ministra de Igualdad desde la llegada de Unidas Podemos al ejecutivo de coalición, Irene Montero ha impulsado durante su mandato la Ley Trans, la reforma de la Ley del Aborto y la Ley de Libertad Sexual, también conocida como ley del 'solo sí es sí', promovida desde antes de que accediera al ejecutivo por el caso de la Manada de Pamplona. La vertiente penal de esta última norma, con la modificación de los delitos sexuales y sus condenas, se ha traducido en la mayor crisis del Ministerio de Igualdad y una de las mayores del Gobierno por las más de 1.000 rebajas de condenas que han firmado jueces de tribunales de todo el país a delincuentes sexuales en una aplicación de la norma. La ley se acabó reformando con la oposición de Montero, que siempre ha considerado errónea la interpretación de los jueces.

Héctor Gómez. El político canario deja la cartera de Industria, Comercio y Turismo que asumió hace ocho meses en sustitución de Reyes Maroto. Arrancó su carrera política hace casi dos décadas como concejal socialista en su Guía de Isora natal y fue portavoz del PSOE en el Congreso durante un año entre 2021 y 2022. Otro de los hombres fuertes de Pedro Sánchez durante su batalla por el liderazgo en 2017, también ha ejercido como secretario de relaciones internacionales del partido.

Raquel Sánchez. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana deja el cargo que asumió en julio de 2021. Fue alcaldesa de la localidad catalana de Gavà por el PSC desde 2014 hasta su salto a la política nacional. Su ministerio redactó junto con Derechos Sociales la Ley de Vivienda, uno de los grandes hitos legislativos de este último periodo del ejecutivo de Pedro Sánchez. Una de las mayores crisis de su Ministerio llegó a principios de este año cuando Renfe y Adif vivieron varias dimisiones y ceses por los errores en el diseño y fabricación de varios trenes destinados para el norte de España.

Pilar Llop. Magistrada especializada en violencia machista, Pilar Llop accedió al Ministerio de Justicia en julio de 2021 después de año y medio como presidenta del Senado, de ser delegada del Gobierno para la Violencia de Género, diputada en la Asamblea de Madrid por el PSOE y letrada del Consejo General del Poder Judicial. Llop ha vivido con perfil bajo una etapa especialmente confusa para el departamento de Justicia: las huelgas y protestas de jueces, fiscales y funcionarios judiciales para acordar mejoras salariales y los efectos que ha tenido la reforma del Código Penal en materia de delitos sexuales han sido dos de los puntos más calientes de su mandato.

Alberto Garzón. Ministro de Consumo desde la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno en 2020, Alberto Garzón fue diputado de Izquierda Unida por Málaga desde 2011, siendo elegido líder del partido en 2016. Llevó las riendas del proceso de coalición electoral con Podemos, entonces bajo mandato de Pablo Iglesias, así como el acuerdo posterior con Sumar, y ha anunciado recientemente que deja todas sus responsabilidades políticas. Desde su Ministerio ha puesto en marcha leyes y medidas para regular y limitar la publicidad de alimentos y bebidas insanos para niños y adolescentes, también la publicidad de las casas de apuestas o regular la cadena alimentaria.

Joan Subirats. Catedrático en Ciencia Política y doctor en Ciencias Económicas, Subirats fue nombrado ministro de Universidades a finales de 2021 después de varias responsabilidades políticas con el PSC en Barcelona. Poco después de asumir el cargo presentó la Ley Orgánica del Sistema Universitaria en busca de reducir la temporalidad y eliminar la segregación en los colegios mayores.

José Miñones. Procedente de la política gallega, donde entre otras cosas fue alcalde del municipio coruñés de Ames y delegado del Gobierno, Miñones asumió la cartera de Sanidad en marzo de este año poco antes de que la OMS decretara el final de la emergencia internacional de la pandemia de COVID-19. Sus dos predecesores, Salvador Illa y Carolina Darias, salieron del ministerio para ser candidatos en Catalunya y Las Palmas, respectivamente.

En 20 días, España tendrá una nueva ley universitaria vigente. El Congreso ha aprobado este jueves la LOSU, una norma que busca rebajar la temporalidad en los campus (que actualmente afecta a la mitad del personal), atajar la endogamia (tres de cada cuatro profesores trabajan en el mismo centro donde leyeron la tesis), abre los requisitos para ser rector, simplifica la carrera docente, topa las tasas públicas e introduce las microformaciones en las universidades y el derecho de huelga (restringido) del estudiantado, entre otras cuestiones.

La ley queda definitivamente aprobada tras ser enmendada en el Senado para solventar un fallo técnico que podía haber dejado en el aire los concursos de contratación durante un par de años. Ha salido adelante con 182 votos a favor del Gobierno y sus socios habituales (la mayoría absoluta está en 175) y la oposición de PP y Vox. Durante el trámite parlamentario ha visto cómo se rebajaban algunas cuestiones, entre ellas las medidas hacer más transparentes las contrataciones. También se ha diluido la obligatoriedad de que la inversión en Universidades alcance el 1% del PIB, que incluían anteriores versiones de la ley. Ahora el gasto queda al albur de que haya disponibilidad presupuestaria a criterio de las comunidades.

Con esta ley, el Gobierno completa su reforma educativa integral: en esta legislatura ha reformado las leyes de Educación (Lomloe), Universidades (LOSU), Formación Profesional (FP) y Ciencia.

Estas son algunas de las principales novedades que incluye la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Menos precariedad

Es uno de los principales objetivos de la ley. La norma reduce al 8% el máximo de personal temporal que pueden tener las universidades. Actualmente este tope es del 40% y ni siquiera se cumple en la mitad de los centros, aunque como con la nueva ley el profesorado asociado dejará de ser temporal será más fácil cumplir ese límite.

Para estos profesionales, las figuras más precarias de toda la docencia universitaria, también hay medidas específicas. La LOSU plantea que convertir muchas de las plazas que ocupan los asociados en fijas y les darán oportunidades para ocuparlas, por ejemplo estableciendo como “mérito preferente” en los concursos de acceso a plazas de Ayudante doctor o figuras equivalentes “haber desempeñado (...) al menos cinco cursos académicos de los últimos siete años a través de los contratos de profesorado asociado u otros contratos de duración igual o inferior a un año”, según establece la disposición transitoria octava.

Además, se intenta racionalizar la carrera académica simplificando las figuras y la escalera laboral. El objetivo, asegura el Ministerio de Universidades, es lograr la estabilización en diez años: cuatro para hacer el doctorado y seis del primer contrato, de ayudante doctor, que da paso al de titular. Además, habrá una carrera laboral paralela y equivalente a la funcionarial.

Contra la endogamia... pero un poco menos

La primera versión de la ley, elaborada por el exministro Manuel Castells, establecía que los tribunales que otorgan las plazas que salen a concurso público estarían formados por una mayoría (al menos tres de los cinco miembros) de profesores externos a la universidad convocante y elegidos por sorteo. Esta parte se mantiene igual, pero durante el trámite se ha modificado ligeramente: “Dicho sorteo se realizará a partir de una lista cualificada de profesorado y personal investigador elaborada por la universidad, en los términos en los que se desarrolle en la normativa interna”. Menos azar, más control de la universidad.

Además la norma propone que todas las plazas que salgan a concurso público en España se centralicen “en una base de datos pública de concursos de personal docente e investigador del Ministerio de Universidades” para que lleguen a todo el mundo, algo que actualmente no sucede.

Fomento de la igualdad

El texto contempla también la posibilidad de establecer medidas de acción positiva “en los concursos de acceso a plazas de personal docente e investigador” –que no especifica– “para favorecer el acceso de las mujeres”, aunque a continuación matiza que realmente podrán ser para el sexo que se encuentren en minoría. Dice así el artículo 65.1: “Se podrán establecer reservas y preferencias en las condiciones de contratación de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas las personas del sexo menos representado en el cuerpo docente o categoría de que se trate”.

Formación a lo largo de la vida y microformaciones

Otra de las grandes apuestas de la ley. Como sucede con la Formación Profesional, el Gobierno quiere flexibilizar las formaciones para abrir estos centros educativos a los trabajadores. Que no todo tenga que ser un grado de cuatro años o un ciclo formativo de dos, periodos de tiempo inasumibles para muchos. Para ello, introduce la posibilidad de crear “microcredenciales, microgrados u otros programas de corta duración”.

Cambios en la elección de rector y la gobernanza

Una de las cuestiones que más titulares ha provocado. El sistema de elección del máximo mandatario ha ido evolucionando en las diferentes versiones de la ley hasta llegar al actual modelo: se elimina el requisito imprescindible de ser catedrático y podrán dirigir los campus trabajadores laborales, lo que abre la puerta a una mayor profesionalización del cargo. Sin embargo, como cada universidad deberá establecer sus propios requisitos para acceder al cargo también es posible que se mantenga ese según el caso. Además, tendrán un mandato único para evitar las disfunciones que genera la perspectiva de repetir, pero se alarga hasta los seis años.

Huelgas de estudiantes y representatividad

La norma recoge el derecho de los estudiantes de realizar paros académicos (las huelgas son para los trabajadores). Las universidades tendrán que desarrollar la normativa que los ampare, pero no podrán realizarse en fechas señaladas para la evaluación.

También se fija en el texto la representatividad que tendrán los estudiantes en los distintos órganos de gobierno de los centros, hasta ahora no establecidas. Serán como mínimo un 25% en el claustro, un 10% en el Consejo de Gobierno y un 25% en los consejos de facultad y departamento.

El fin de los colegios mayores segregados

La LOSU ha incluido una enmienda de Más País por la que se prohíbe que los colegios privados no mixtos o segregados se adscriban a universidades públicas y con ello obtengan los beneficios asociados a estarlo, como por ejemplo exenciones fiscales. Esta medida afectará a la mitad de estos centros, que tendrán que decidir si mantienen su modelo y se quedan sin universidad pública a la que asociarse o se pasan a una privada.

Tasas públicas y creación de nuevas universidades

Por último, se han incorporado a la ley dos elementos que no son estrictamente novedosos porque ya se habían aprobado.

Por un lado, queda fijado en la norma que el precio de los créditos, el coste de estudiar en la Universidad, no podrá subir, tal y como se pactó en su momento (que ese acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas tuviese un resultado desigual en aspectos como cerrar la brecha entre comunidades es otra cosa).

La ley también incluye en su articulado el Real Decreto, aprobado ya hace dos años por Manuel Castells, que regulará la creación de nuevas universidades, tanto públicas como privadas. Este texto endurece los requisitos mínimos para que un centro sea considerado Universidad (más investigación, más doctores, más oferta formativa básica, etc.) y amenaza con retirar esa condición a quien no cumpla, públicas incluidas.

Casi tres años después de que el anterior ministro, Manuel Castells, empezara a hablar de renovar normativa universitaria, el Congreso ha aprobado este jueves la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) con 176 votos a favor (necesitaba 176), 156 en contra y 11 abstenciones (han faltado cuatro votos de los 350 totales). Lo ha hecho tras aprobar dos enmiendas menores (una sobre gobernanza y otra sobre presupuestos) a última hora y con el apoyo a la ley de los partidos que habitualmente secundan al Gobierno (PSOE, UP, ERC, PNV, Más País-Equo) y otras formaciones como PdCat y con el rechazo de la derecha (PP, Vox, Ciudadanos), BNG y CUP. Bildu, Junts y Coalición Canaria se han abstenido.

El texto pasará ahora al Senado, donde –a tenor de las intervenciones de unos y otros durante el último debate de la ley este pasado miércoles– aún es susceptible de ser modificada. Si se aprueban cambios en la Cámara Alta, la norma volverá al Congreso, que deberá validarlos o rechazarlos y la dejará definitivamente aprobada. Con la actualización de la normativa, el Gobierno completa su reforma educativa integral, al menos en cuanto a leyes se refiere: en esta legislatura se ha renovado la ley de Educación (Lomloe), la de Formación Profesional y la de Ciencia.

La nueva ley pretende mejorar la situación de precariedad que viven muchos profesores en los campus derivada de la anterior crisis, intenta poner coto a la endogamia y favorecer la igualdad, además de topar los precios universitarios y cambiar el sistema de elección del rector, entre otras medidas que puedes consultar aquí.

De “reconoce la diversidad” a “es insuficiente”

Durante el debate de este miércoles, el ministro Subirats destacó que la LOSU “reconoce la diversidad del sistema universitario, democratiza el acceso, garantiza estándares de calidad en docencia, investigación y transferencia” y limitará la temporalidad, entre otras cuestiones. Entre los partidos que la apoyan se escucharon argumentos como que la norma “supone una mejora respecto a la anterior” (ERC) o que presenta “avances significativos y no impide el desarrollo normativo que nuestros sistemas universitarios requieren para avanzar (PNV). El PSOE ha subrayado que la LOSU significa ir a ”más calidad y con mejores derechos laborales“.

Desde los partidos situados más a la izquierda del Congreso, que han rechazado la norma, se ha criticado, que la ley es “insuficiente e inadecuada y sirve para impulsar la privatización por varias vías”, como igualar derechos para universidades públicas y privadas, pero no obligaciones (BNG), o la falta de una memoria económica que garantice la mejora propuesta de las condiciones laborales de los profesores asociados (CUP). El PRC también votará en contra, muy crítico con que “la mayoría de las enmiendas [aprobadas durante el trámite parlamentario] son concesiones a sus socios de investidura”.

Desde el otro lado –ideológico– de la Cámara, el PP ha lamentado que la ley “no es de consenso” y ha calificado la ley de “paradoja”. “Es la ley antisistema universitario”, ha sostenido la diputada popular María Jesús Moro, en alusión a que la apoyan partidos como ERC.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha agradecido al ministro de Universidades, Joan Subirats, su actitud “receptiva” a la hora de “entender” los problemas de la Comunidad Autónoma con respecto a la financiación llegada desde el Gobierno de España en materia universitaria y ha expresado su deseo de formalizar un acuerdo con el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez en este sentido de cara a la puesta en marcha de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

García-Page, que ha formalizado este miércoles en Guadalajara el contrato programa con la Universidad de Alcalá (UAH) para el periodo entre los años 2022 y 2026, ha explicado que en la reunión que mantuvo con Subirats hace unas semanas encontró en el ministro una actitud “razonable y de perspectiva”, agradeciéndole que expresara en público su compromiso de “arreglar una parte sustancial” del sistema universitario como es la financiación.

“Nos hemos encontrado una buena predisposición, hay un principio de acuerdo y esperamos una solución a la financiación en el trámite de la ley y que se abran conversaciones con el mundo universitario para hacer ajustes”, ha comentado, considerando que “no se puede cambiar de la noche a la mañana un sistema que funciona” y hacerlo además “a espaldas del mundo universitario”.

“Hay que entenderse”, ha enfatizado, poniendo como ejemplo el acuerdo logrado entre la Junta y la UAH para la firma del contrato-programa y manifestando que “no hay salida a ninguna crisis sin la formación y la educación”.

El contrato-programa, dotado con más de 64 millones de euros, es la base de un amplio plan para asegurar la estabilidad financiera y el crecimiento de la UAH en su Campus de Guadalajara. Este contrato-programa incorpora una programación plurianual de los recursos a emplear para los gastos generales de la UAH, a través de una transferencia nominativa, garantizando así los recursos para la financiación estructural en el Campus de Guadalajara, así como para ampliar su oferta formativa desde el curso 2023-2024.

También cuenta con una financiación por objetivos, adicional, en función del cumplimiento de objetivos estratégicos. De esta forma, se condiciona la financiación a la consecución de objetivos.

Por otra parte, se asignan los recursos necesarios para el desarrollo del programa de lucha contra la despoblación denominado ‘Viv@LoRural’.

El caso Elías Ahuja crece, se multiplica y amenaza con llevarse por delante varios colegios mayores, o al menos su actual modelo. El grupo de Más País-Verdes Equo ha registrado este jueves una enmienda a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en el Congreso por la que quiere que las universidades públicas no tengan colegios mayores que segregan por sexo.

Aunque en los últimos años algunos han cambiado su modelo para pasar a ser mixtos, en España la mitad de los colegios mayores todavía admite solo colegiales de un sexo, según calcula el Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España. La enmienda –acotada a los centros públicos– tiene visos de salir adelante ya que cuenta con el respaldo del Gobierno, según han confirmado el Ministerio de Universidades que encabeza Joan Subirats a este periódico. La futura norma les obligará a cambiar el modelo o a perder la condición de colegios mayores para pasar a ser residencias u otras figuras, un cambio que tiene consecuencias más allá de las legales.

La propuesta de modificación de la disposición adicional séptima de la LOSU donde se regulan los colegios mayores, dice: “Los colegios mayores privados que tengan un régimen no mixto o segregado no podrán adscribirse a una universidad pública. Aquellos convenios que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta Ley, podrán mantenerse hasta su vencimiento, pero no renovarse”.

El momento para introducir este cambio, justo cuando el Congreso tramita la reforma de la ley universitaria, no puede ser más apropiado. Justo este jueves acababa el plazo para presentar enmiendas, que Más País-Verdes Equo ha apurado. De salir adelante, la norma supondrá un cambio de calado en el panorama de los colegios mayores universitarios adscritos a los centros públicos.

De los 109 colegios mayores adscritos al Consejo, 59 segregan por sexo. Esto es, más de la mitad de estos centros admiten solo chicos o solo chicas, un 54,1%. El total en España, calculan fuentes del Consejo, ronda los 130 colegios mayores en total y dos de cada tres son privados.

Tres de cada cuatro colegios están en centros públicos

La amenaza para muchos centros es muy real. Fuentes del Consejo explican que el 75% de los colegios mayores están adscritos a universidades públicas, aunque no reciben fondos directos de los presupuestos del Estado o las comunidades. Y estar adscrito a alguna universidad es condición sine qua non para ser colegio mayor.

Sin universidad a la que asociarse se pierde la categoría de colegio mayor y con ella sus beneficios, como las exenciones fiscales. Una cuenta de trazo grueso dice que si con carácter general el 54% de los centros segrega por sexo y tres de cada cuatro están asociados a un centro público, 52 colegios mayores verían su existencia, tal y como se gestionan actualmente, en riesgo.

Por poner un ejemplo: la Universidad Complutense, el campus más grande de España y al que está vinculado el Elías Ahuja, tiene 31 colegios mayores adscritos además de cinco propios, estos últimos todos mixtos. De los privados, 10 solo admiten mujeres y 7 solo acogen hombres. Los 17 perderían la adscripción a la Complutense si la enmienda sale adelante como todo apunta, y con ello perderán la categoría de colegios mayores.

Para mantener su modelo solo les quedaría, en ese caso, buscar la adscripción a un centro privado, aunque buena parte del éxito de estos colegios es su habitual cercanía a la universidad a la que están adscritos, y además suelen dar prioridad a los estudiantes de esa institución.

Adiós derechos, adiós deberes

Perder la categoría de colegio mayor, que otorga el Ministerio de Universidades previa solicitud del rectorado en el que se quiere instalar un proyecto de colegio mayor, tiene implicaciones. El más evidente es la pérdida de los beneficios fiscales de los que disfrutan estos centros como entidades sin ánimo de lucro que son.

Estos centros aparecen en la Ley de Mecenazgo de 2002, que en su artículo 7 los incluye en el listado de entidades exentas del Impuesto sobre Sociedades.

Con las ventajas también se irían las obligaciones, por ejemplo la de ser instituciones sin ánimo de lucro. Los colegios mayores suelen destacar como un valor añadido que son más que meras residencias de estudiantes porque deben tener un proyecto educativo con actividades extracurriculares, deportivas o científicas, entre otras, y están constituidos como fundaciones en su mayoría.

Según datos del Consejo de Colegios Mayores la mayoría de estos centros están en la Comunidad de Madrid, que tiene 43 (31 solo en la Complutense). Andalucía (20 centros), Navarra (12), Castilla y León (9, cinco de ellos en Salamanca), Catalunya (7, todos en Barcelona), la Comunitat Valenciana y Aragón (6 cada una), Galicia (4) y Euskadi (2) son las otras que aparecen referenciadas en la web del organismo que aúna a la mayoría de centros.

Fuentes del Consejo han declinado valorar la enmienda que ha presentado la coalición Más País-Verdes Equo hasta conocer de manera oficial el redactado de la misma, que además puede ser modificado durante el trámite parlamentario, o conocer las intenciones del Ministerio. Fuentes de la cartera que dirige Joan Subirats y del grupo que lidera Iñigo Errejón han coincidido en señalar la “buena sintonía” entre ambas partes. La enmienda, salvo sorpresa de última hora, saldrá adelante a falta de conocer el detalle o la forma final de la redacción.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha abogado este martes por un acuerdo entre el Gobierno y las autonomías sobre la Ley de Universidades. “Hay un pacto o será una ley hueca”.

Así se ha pronunciado el presidente castellanomanchego durante su intervención en la apertura del curso académico de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), donde ha avanzado que en noviembre se reunirá con el ministro de Universidades, Joan Subirats.

Es por ello por lo que se ha mostrado convencido de que habrá un pacto porque, de lo contrario, abocará a un conflicto que “podría ser de carácter jurisdiccional”.

“Creo que llegaremos y hay espacio para arrimar posiciones y que entre todos mejoremos el sistema universitario pero no sobre la base de que unos inviten y paguemos los demás”, ha concluido.

El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha matizado sus declaraciones de la semana pasada en las que afirmó que estaba “justificado” aumentar el gasto militar, al tiempo que ha animado a abordar de manera constructiva “tensiones” que son normales entre los dos socios de coalición, dado que “nadie” dentro del Ejecutivo está interesado que este Gobierno rompa.

Subirats ha abogado por coordinar mejor dentro de la Unión Europea los diferentes presupuestos en materia de Defensa ante la guerra de Ucrania, pues sumando el conjunto de los países arroja un importe mucho mayor que el de Rusia. Por tanto, ha zanjado que aumentar el gasto militar “no está en estos momentos claramente justificado”.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación tras asistir a la inauguración del curso 'La evaluación de la investigación: retos y oportunidades para el sistema universitario español', de la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander y cuestionado por las diferencias en el Ejecutivo sobre el aumento del presupuesto en Defensa, que motivaron a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a pedir la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento del pacto de coalición.

Subirats ha rebajado el alcance de las discrepancias dentro del Ejecutivo y ha explicado que trabajan con “serenidad” para debatir los aspectos que defiende cada organización, pero conscientes en primer lugar que lo que les “preocupa y ocupa” es el bienestar de la gente.

“La legislatura se completará”

Por tanto, el también miembro de los 'comunes' ha resaltado que en estos momentos de “tensión en todo el mundo” por la guerra de Ucrania y sus consecuencias socioeconómicas, la prioridad es la protección de la ciudadanía en el apartado social. También ha dicho que hay que normalizar que surjan tensiones dentro del Ejecutivo y apela a abordarlas con calma porque “no se acaba el mundo” a raíz de esas fricciones, que deben abordarse desde los cauces adecuados, de manera “serena y constructiva”.

“Yo creo que no hay nadie en el Gobierno que tenga interés en que este Gobierno acabe”, ha remachado Subirats para defender que el actual Ejecutivo es que garantiza una mejor protección social y la atención a las necesidades de la ciudadanía. Por ello, ya ha dicho por “activa y por pasiva” que el Gobierno va a acabar la legislatura.

También ha querido dejar claro que la guerra de Ucrania ha cambiado las coordenadas en materia internacional y la UE debe replantearse su política de defensa, lo que “no tiene que obligar a aumentar el gasto militar ni emprender una carrera armamentística”, sino a una mejor coordinación a nivel comunitario.

El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha defendido los “compromisos concretos” de financiación incluidos en el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobado el pasado 21 de junio en Consejo de Ministros, tras años de una “infrafinanciación evidente” durante el Gobierno del Partido Popular.

“En la Ley de Ciencia se habla del 1,25% del PIB y en la LOSU del 1% del PIB, eso son compromisos concretos que implicarán en su implementación una mejora evidente de un tema que durante los años del Gobierno del PP las universidades sufrieron un nivel de infrafinanciación evidente”, ha justificado Subirats.

Así lo ha manifestado este miércoles el ministro de Universidades en declaraciones a los medios en Santander, donde ha asistido a la inauguración del curso 'La evaluación de la investigación: retos y oportunidades para el sistema universitario español', de la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo (UIMP).

En este contexto, ha explicado que es “la primera vez” que una ley de este tipo incorpora un compromiso de gasto del 1% del PIB en el sistema universitario y además incorpora un mecanismo de relación entre Estado y comunidades autónomas “para que esto se pueda implementar de manera conjunta”.

Subirats ha asegurado que han trabajado “muy bien” la LOSU, que empezará su tramitación parlamentaria “en septiembre”, con la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, “para evitar contradicciones”.

La ley de universidades, en sus palabras, “incorpora muchos elementos de interdisciplinaridad, incorpora ciencia abierta, ciencia ciudadana y trabaja con un espíritu innovador también en materia de ciencia y de innovación”.

En referencia a la ley de ciencia, Subirats ha señalado que “es probable” y que espera que pueda “aprobarse definitivamente en el mes de julio” tras su discusión en el Senado. “La hemos hecho en colaboración Ciencia y Universidades, hemos trabajado conjuntamente con los dos proyectos de ley”, ha precisado.

Respecto a la reducción de la temporalidad que refleja la LOSU, el ministro ha insistido en que el texto incorpora la previsión de que las 25.000 personas que están en situación de temporalidad y de interinidad “tengan un cauce en el cual se pueda reducir al 8%”. “Incorporamos la idea de que todos los asociados tuvieran un contrato indefinido”, ha comentado.

Como ejemplo de colaboración científica, apertura de datos y trabajar con ciencia abierta, Subirats ha resaltado que un ejemplo “muy claro” fue al inicio de la pandemia, cuando los investigadores que estaban trabajando “compartieron la información”.

Así, ha asegurado que gracias a ello “se pudo avanzar muy rápidamente en la vacuna y se pudo en muy poco tiempo conseguir la vacuna adecuada para el Covid”. “Relacionar mejor investigación y necesidades sociales es importante”, ha concluido.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), con la que el Gobierno pretende acabar con la precariedad que asola los campus desde la anterior crisis. Con la actividad parlamentaria a punto de suspenderse por el verano, el trámite parlamentario ya queda para septiembre. El ministro, Joan Subirats, sostiene que cuenta con los apoyos necesarios para sacarlo adelante porque su propuesta “es mejor que la alternativa, que es seguir con la ley actual”.

La aprobación del texto por parte del Gobierno se ha retrasado respecto a lo previsto inicialmente por el cambio de ministro que se dio hace seis meses. El nuevo titular, Subirats, anunció al tomar posesión que quería darle su toque personal a la ley, y ha incluido algunas modificaciones respecto al texto que recibió de Manuel Castells.

Con carácter general, la ley pretende acabar con la precariedad de los profesores asociados, fija un mínimo de inversión en la Universidad y aspira a revolucionar quién acude a los campus y para qué: la apuesta pasa por romper la “rigidez” de la oferta académica actual –limitada a los grados y posgrados– impulsar la formación continua a lo largo de la vida con microformaciones más flexibles e incluso coquetear con la Formación Profesional, además de incrementar la “internacionalización” de los centros atrayendo a estudiantes y profesionales extranjeros.

Las principales novedades que ha incluido el nuevo equipo ministerial en el documento son rebajar la temporalidad máxima permitida en los campus desde el actual 40% hasta un 8%; se simplifica la carrera docente, tanto funcionarial como laboral, limitando y acotando los diferentes escalones; se pretende “transparentar” el proceso de contratación para romper con la endogamia, según explicó Subirats en una entrevista reciente con este diario; se le reconocen al estudiantado derechos como el del paro académico y se ha incluido la obligatoriedad de que todos los nuevos docentes tengan que realizar un curso de formación docente en su primer año.

Hacia un 8% de temporales

La quizá principal apuesta de la reforma universitaria –que sustituirá, si se aprueba, a la actual LOU, de finales de 2001– es la rebaja de la temporalidad máxima permitida hasta un 8%, aunque se excluye de este cómputo a los ayudantes doctores (el primer escalón en la carrera). Este dato está actualmente en el 40% y ni siquiera se cumple en el conjunto del sistema. Para esto el problema está en el profesorado asociado, una figura pensada para usos temporales pero de la que se ha abusado en la última década ante los problemas financieros y de contratación que han tenido las universidades, que han confiado su docencia a estos profesionales a 300 euros al mes.

Para rebajar esta temporalidad, el ministerio da dos años a sus universidades para estabilizar a 25.000 personas contratadas bajo esta figura, que pasarán a ser indefinidas. Con esta medida estos profesionales dejarán atrás la incertidumbre de renovar cada año y ganarán en derechos como generar antigüedad u optar a complementos salariales. También se reserva para ellos un cupo en los procesos de contratación y podrán acceder, en función de su nivel formativo y acreditación, a la carrera universitaria. Otras cuestiones relacionadas con la precariedad laboral, como salarios y condiciones de trabajo, quedan fuera de la ley para ser negociadas en un futuro cercano a través del esperado Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI).

Además, la LOSU simplifica la carrera docente simplificando las figuras de contratación y el paso de unas a otras para hacer la carrera más privisible: habrá profesor ayudante doctor (durante un máximo de seis años y con 180 horas lectivas por año para que no se abuse de ellos y puedan investigar también), profesor titular y catedrático, tanto en versión funcionario (excepto los ayudantes doctores, que no pueden serlo) como laboral.

La otra gran apuesta es dar transparencia a los procesos de contratación para reducir la endogamia universitaria, que se traduce en que un 77% del profesorado universitario ejerce en el mismo lugar en el que se sacó la tesis. Para ello, el texto propone crear un registro centralizado de las ofertas públicas que van saliendo para facilitar el acceso, que las comisiones de selección estén formadas por una mayoría de miembros de fuera de la universidad convocante y que estas se seleccionen por sorteo y no por designación directa.

Más financiación y diferentes formaciones

El anteproyecto de ley también contempla fijar la financiación del Sistema Universitario Español (SUE) en un mínimo del 1% del PIB. Actualmente esta cifra es del 0,7% y el Gobierno tendrá que convencer a las comunidades autónomas de esta subida. La propia ley da un año de margen para que empiecen estas negociaciones.

Además, por primera vez se ligará parte de la financiación de los centros a objetivos. Dice la propuesta de ley que “dichos objetivos estarán vinculados, entre otros, a la mejora de la docencia, la investigación, incluyendo los programas de Ciencia Abierta y Ciencia Ciudadana, la transferencia e intercambio del conocimiento, la innovación, la formación a lo largo de la vida, la internacionalización, la cooperación interuniversitaria y la participación en proyectos y redes, la igualdad de género, el reconocimiento de la diversidad y la accesibilidad universal”.

Otro de los grandes cambios que pretende introducir el Gobierno es la inclusión de nuevos perfiles de estudiantes en los campus. Explica Subirats que la caída de la natalidad va a provocar un descenso del grupo poblacional de entre 18 y 25 años de un 20%. Añade el ministro que las universidades están muy limitadas. Para revertir esta situación, Universidades quiere ampliar el uso de sus centros para crear nuevas modalidades formativas que atraigan a personas de más de 30 años, “incluidas microcredenciales, microgrados u otros programas de corta duración”.

En esta línea de ampliación del tipo de alumnado, la ley abre la puerta a que personas que no cumplen los requisitos previos para estudiar un grado pero cuentan con la experiencia laboral necesaria para ello (que tendrán que acreditar mediante algún tipo de prueba) puedan hacerlo. También pretende ahondar en la “internacionalización” del sistema, atrayendo a más estudiantes extranjeros, con un mención especial para los europeos y latinoamericanos.

Por último, también se introducen cambios en la gobernanza de las universidades. El más llamativo es que se suprime la obligatoriedad de que los rectores tengan que ser catedráticos y además se limita su mandato a seis años no prorrogables, con el doble objetivo de que tengan más tiempo para desarrollar sus proyectos y además se vean liberados de la tentación de tomar medidas destinadas a asegurarse su reelección.

El no tan nuevo ministro de Universidades, Joan Subirats (Barcelona, 1951), recibe a elDiario.es en su despacho, pero evita parapetarse tras la mesa en la que trabaja. Relajado, reclinado hacia atrás en la silla, Subirats responde con tranquilidad, se deja interrumpir y mira a su jefa de gabinete cuando duda de algún tecnicismo de la ley o dato concreto.

Con una trayectoria que combina el trabajo en la Universidad y la labor política, aunque su bagaje previo es municipalista, Subirats ha sido la persona elegida por Pedro Sánchez (bajo recomendación de los comunes de Ada Colau) para sustituir a Manuel Castells y acabar de aprobar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que su predecesor redactó. El ministro ha dedicado estos seis meses a hacer un poco suya la ley, según explicó él mismo, y pretende que el Consejo de Ministros la apruebe en una de las dos sesiones que le quedan antes del verano para que esté lista en el primer semestre de 2023, tal y como se ha comprometido.

Antes de empezar propiamente con la entrevista, Subirats desgrana todo el trabajo previo a esta ley que ha realizado el Ministerio (“Se habían hecho unos decretos importantes: el de tasas, el de creación de universidades, el de estudios, el de becas, se crearon tres programas especiales”) y sostiene que cuenta con los apoyos necesarios para sacarla adelante en el Congreso porque “la ley es bien valorada en relación a la alternativa, que es mantener la anterior”.

En los 52 minutos de conversación el ministro detalla todas las medidas que van a implementar para acabar con la precariedad de buena parte del profesorado universitario, se muestra convencido de que las comunidades harán por cumplir el límite de temporalidad que impone la LOSU –aunque no explica bien cómo– y señala a algunas comunidades por invertir poco en Universidades. También adelanta que el Gobierno está preparando un decreto para actualizar las exigencias a las tesis, en la picota últimamente por algunos trabajos de dudosa calidad, y califica de “fraude” que haya universidades que no cumplan los requisitos que les exige la normativa.

Hablemos de financiación. La ley fija que habrá de dedicarse el 1% del PIB a la Universidad (estamos en el 0,7%), pero todavía hay que aprobarla y luego da un plazo de un año para negociarlo con las comunidades. ¿Existe algún mecanismo para que mientras tanto las comunidades incrementen su financiación?

La financiación de las universidades corresponde en un 77% a las comunidades autónomas, en un 6% al Estado y el resto son ingresos propios. Las transferencias del Estado a las comunidades no son finalistas, cada comunidad decide. Si miras la distribución de inversión pública para universidades, varía mucho entre comunidades. Las hay que ya están en el 1% y hay otras en el 0,5%. Esto se nota en el funcionamiento de las universidades. Donde hay menos inversión hay más dificultades de todo tipo. Las dos comunidades que menos invierten en porcentaje de PIB ahora mismo son Madrid y Catalunya, mientras Navarra, La Rioja, Comunitat Valenciana o Galicia están muy cerca del 1%.

Últimamente han salido casos de tesis plagiadas, se habla de cierta falta de control en la calidad de los trabajos en algunas universidades o de ciertos perfiles de personas... ¿Le preocupa? ¿Cómo se puede controlar esto?

Los que valoran y controlan la calidad de las tesis son las comisiones de investigación y doctorado de cada universidad y luego los comités que se crean para valorar esas tesis. Es una cuestión interna de las universidades. Sin embargo, estamos preparando un decreto de doctorado, vamos a poner unas condiciones. El texto estará aprobado en unos tres o cuatro meses.

Menciona el gobierno de las universidades. ¿Definitivamente se queda el mandato de los rectores en seis años sin la exigencia de ser catedrático?

Han de ser funcionarios. Pero la ley lo deja en manos de los estatutos de las universidades, que podrán definir qué características habrá de cumplir el candidato a rector. No obliga a que sean catedráticos, pero no lo impide tampoco.

¿No es un poco lío que cada universidad tenga unas reglas?

No. Debemos ser conscientes de que estamos en un sistema complejo de gobierno. La ley quiere proteger una cierta igualdad del sistema, pero sin confundirla con homogeneidad.

Dice su borrador que corresponde al rector “definir las directrices fundamentales de la planificación estratégica de la universidad”. Esta competencia en la LRU de 1983 era del claustro, pasó al Consejo de Gobierno en la LOU en 2001 y ahora es decisión del rector. ¿No es esto ir para atrás?

No es solo del rector. El Consejo Social aprobará un programa trianual de objetivos estratégicos de la universidad. No estará solo en manos del rector.

No estamos quitando democracia interna, entonces.

Creo que no, porque al rector se le elige democráticamente. Luego tiene que pasar por el Consejo de Gobierno, que deberá aprobar las directrices. El Consejo Social tiene su programa trianual, cada año tiene que aprobar los presupuestos... Está muy fragmentada la capacidad decisoria. Lo que hemos hecho con los seis años es que tenga una estrategia más larga y pueda desplegarla sin estar preocupado por la reelección. Tiene más recorrido, y al no poder presentarse no está pendiente de hacer los favores necesarios para volver a ser elegido. Creo que eso le da una mayor fuerza, pero siempre limitado por los contrapesos del Consejo de Gobierno o del claustro.

Los estudiantes han protestado por su parte de representatividad.

Todo el mundo tiene derecho a protestar y a querer más, y es obvio que los estudiantes harían otra ley, los rectores también y los profesores también. Pero el aumento en derechos de los estudiantes es histórico. Se les reconoce el paro académico, que nunca les había sido reconocido, tienen el 25% reservado en el claustro y sí, piden más, pero no tenían esa garantía antes. Tienen el 10% en el Consejo de Gobierno, prioridad para matricularse en los cursos de formación permanente a lo largo de la vida, pueden gestionar servicios en la universidad, se les reconocen las mentorías, tutorías, orientación profesional, equilibrio emocional y psicológico... El listado de derechos creo que es impresionante.

Queremos transparentar el proceso de contratación, más del 70% de los profesores han hecho el doctorado en la misma universidad en la que están

Acaban de comunicar que modifican el borrador para limitar la temporalidad docente a un 8%, en línea con otros sectores del Estado. ¿Cómo pretenden hacerlo?

La LOU define la temporalidad máxima en el 40%, pero estamos por encima de ese porcentaje. ¿Por qué? A nivel de financiación pública aún no hemos recuperado los niveles de 2009. Durante todos estos años, con tasas de reposición del 0%, las universidades han tenido que abordar el incremento de estudiantes y el aumento de títulos sin poder contratar profesores permanentes, sino sobre la base de aumentar la precariedad y la temporalidad sobre todo con la figura del asociado o el falso asociado. Hay universidades muy por encima del 40%.

Lo que hemos querido es buscar una fórmula para reducir esa temporalidad. De esa gran masa de 25.000 profesores asociados, un 40% son doctores, por lo que tienen la base para que los que quieran puedan seguir la carrera docente. Los hay hasta acreditados, que podrían concursar a posiciones permanentes. Vimos que había una posibilidad notable de cambiar esa situación sobre la base de considerar a los asociados –que van renovando cada año– indefinidos. Esto mejora rápidamente el índice de temporalidad, pero además permite reconocer por ejemplo la antigüedad, incorporar criterios económicos como los quinquenios, aumentar la lógica de seguridad y de los derechos. Es un win-win. No es solo un cambio de etiqueta, de temporales a indefinidos. Les reconocemos derechos, pueden promocionar.

Pero el problema de los asociados no es solo de temporalidad, aunque ese sea importante.

Hay un problema de carácter salarial que también hay que tener en cuenta, pero esto no forma parte del debate de la LOSU, sino del estatuto del Personal Docente Investigador que vamos a empezar a negociar a finales de este mes con los sindicatos. Ahí hablaremos de horarios, de salarios, de condiciones de trabajo.

Luego hemos establecido elementos de promoción, que siendo asociados rasos no tenían y ahora como profesores permanentes sí. Los que sean doctores podrán, por ejemplo, entrar en la convocatoria de ayudantes doctores (uno de los tres grandes momentos que hemos establecido para estabilizar la carrera) y los que estén acreditados podrán hacerlo en lógicas de promoción a posiciones permanentes laborales.

Fijar porcentajes está muy bien, pero si nadie los cumple como ahora... ¿Por qué cree que las comunidades sí van a cumplir la ley ahora?

Cuando la ley entre en vigor, ya no se podrá hacer contratos temporales a los asociados y tendrán que ser indefinidos.

Pero ¿y en general? ¿Cómo se va a asegurar el Gobierno de que se cumpla la ley?

Si son indefinidos, no serán temporales.

¿No va a haber temporales?

Sustitutos, visitantes, los profesores distinguidos... Para estos es el límite.

¿Y cómo se asegura que se cumpla?

Como todas las leyes se aseguran... Ya ha pasado esto. Ha habido asociados que se han ido a los tribunales. La base de los asociados es que estaban ocupando una posición no estructural, y se han ido a los tribunales a decir que sí lo estaban haciendo y el tribunal les ha dado la razón.

Si una universidad no cumple las condiciones para serlo, sus títulos no tienen validez legal, es un fraude

Pero esa solución es dejar a la persona que se busque la vida.

Cada categoría que he nombrado tiene su condición. Si eres sustituto, estás sustituyendo a alguien y durará lo que dure. Si eres visitante, durará lo que dure. El distinguido tendrá un tiempo también.

Ahora la ley también fija que un profesor visitante tiene que ser una figura de reconocido prestigio en su campo y luego te encuentras que la URJC contrata como visitante a la hermana de Cristina Cifuentes, que era administrativa en esa misma universidad.

Esto es otro problema, cómo las universidades utilizan de manera perversa estas cosas. Puede darse que de aquí a unos años nos encontremos situaciones, pero pueden pasar cosas entre medias importantes. El 53% de los profesores permanentes va a jubilarse en ocho años. Las universidades van a necesitar reclutar gente. Tenemos una tasa de reposición del 120% y las vías de acceso con los ayudantes doctores. Hemos ido incorporando elementos en la ley que permitan que las universidades puedan utilizar diferentes elementos sin pervertir esas figuras. Trabajamos con esa hipótesis. Pero si en diez años llegamos a la conclusión de que está pasando esto (y tenemos datos constantes de las universidades), se tomarán medidas.

Hace un año se aprobó un Real Decreto que eleva las exigencias de lo que debe ser una universidad y da cinco años para adaptarse a las que no cumplan (que son casi todas) si no quieren verse cerradas. ¿De verdad se van a cerrar universidades en cuatro años? Porque hay algunas, sobre todo privadas, que lo tienen muy difícil.

El decreto puede permitir que se genere una acción judicial porque se incumple la ley y hay personas que pueden estar afectadas por esto. Si alguien se matricula en una universidad que no cumple las condiciones, aquí hay un fraude.

Pero esto es como la temporalidad, también hay ya una ley que actualmente no se cumple. Había un decreto de mínimos de universidades más laxo que tampoco se cumple.

Esto ya sí que no lo controlo. Pero puede darse esta situación. Si tú te estás matriculando en un sitio que te dicen que es una universidad, pero no cumple las condiciones, ese título no tiene la validez legal que debería tener, por lo tanto esto genera una situación irregular desde el punto de vista jurídico.

La (alta) endogamia es otro de los lastres de la Universidad. ¿Esta ley la va a corregir?

Hemos incorporado en la ley que en las comisiones de acceso en la contratación haya transparencia, que se publiquen las plazas. Que en la comisión que ha de valorar ese concurso la mayoría sean externos (si son cinco tiene que haber tres externos, si son tres, dos) y que se elijan los integrantes por sorteo, que no puedan ser designados por la universidad. También que haya paridad entre hombres y mujeres. Y luego que la universidad tenga un sistema para que se pueda presentar un recurso en primera instancia sin que esto evite que pueda ir a los tribunales.

El 53% de los profesores permanentes va a jubilarse en ocho años. Las universidades van a necesitar reclutar gente

Nos preocupa que si miras las cifras solo hay un 6% de profesores extranjeros en todo el sistema o que más del 70% de los profesores de las universidades han hecho el doctorado en la universidad en la que están. Nos interesa que haya un poco de equilibrio y la internacionalización es un elemento muy importante. Los títulos europeos están al caer, va a haber un carné de estudiante europeo... La lógica europea está avanzando y ahí es donde la movilidad de estudiantes, de egresados, va a ser muy importante. Hemos incorporado que las personas extranjeras que vayan a venir a España puedan tener un permiso de residencia que dure lo que su estancia, no como ahora, que hay que renovarlo cada año. Y al acabar podrán pedir una prórroga de un año por si quieren buscar trabajo aquí o seguir estudiando.

¿Qué porcentaje de profesores extranjeros le parece razonable?

Si llegáramos a tener un 20% de profesores extranjeros no estaría mal, sería una forma de mantener el acceso a posiciones docentes para la gente de aquí y también favorecer la contratación de extranjeros.

Otro de los cambios que quieren impulsar es que la Universidad se abra a más gente que los estudiantes de grado y que tenga un papel en la formación continua para toda la vida. ¿Cómo pretenden hacerlo?

Tenemos solo un 5-6% de estudiantes de grado de más de 30 años. Tenemos que ampliarlo, porque además el porcentaje de estudiantes de 18 a 25 va a bajar un 20% por razones demográficas, mientras en África o América Latina es al revés, va a duplicarse la cifra de potenciales estudiantes de esas edades. Igual que se dice que necesitamos que vengan personas a trabajar, necesitamos también ser un sitio de recepción de estudiantes. Tenemos un sistema muy rígido de grados y posgrados y necesitamos fórmulas más flexibles. Las microcredenciales, programas de corta duración de actualización de conocimientos que relacionen más a universidades y empresas. Es una demanda de Europa, que está en esa línea totalmente.

Hablando de atraer estudiantes extranjeros, Reino Unido ha creado una visa para egresados de las 50 mejores universidades del mundo y, dado como se hacen esos rankings, España nunca va a tener una ahí. ¿Le preocupa que en un momento histórico de aumento de las desigualdades en tantos campos esto ocurra con la educación superior y España se quede un poco en terreno de nadie?

Creo que tenemos un buen nivel. Siempre hablamos de Yale, Stanford o Harvard, pero EEUU tiene miles de universidades. Las nuestras están todas entre las 1.000 primeras del mundo. Estamos viendo ahora que hay una voluntad muy importante de invertir aquí y atraer talento. Hoy [por el martes] se ha presentado un plan de atracción de talento en el Consejo de Ministros con 3.000 millones de euros y que puede reclutar 700 investigadores cada año. Hay universidades que ya lo están haciendo: las Ikerbasque, las ICREAS, todas estas figuras de atracción de talento son importantes. La creación del espacio iberoamericano de educación superior también, si somos capaces de generar redes de universidades con los países hispanohablantes de América Latina.

Una de las primeras medidas que anunció que incluiría en la ley es un curso de formación docente obligatorio para los nuevos profesores. ¿Han elaborado más la propuesta?

La ley dirá que en el primer curso de acceso los ayudantes doctor tendrán que hacer ese curso, pero será cada universidad la que determine cómo. Era meternos en un lío definirlo, cuando además sabemos que cada universidad tiene sus sistemas de innovación docente. Lo que queríamos evitar era que algunas lo hicieran y otras no, y la ley establece que el primer año tendrá que producirse ese curso.

Pero solo los nuevos profesores.

Sí. Los estudiantes también nos lo habían pedido.

A los 140 días de desembarcar en el Ministerio de Universidades, Joan Subirats ya tiene su versión de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). El ministro ha presentado este lunes el borrador del texto, que espera llevar al Consejo de Ministros en las próximas semanas y al Congreso antes del verano.

La norma, siguiendo la línea que estableció Manuel Castells, pretende atajar la precariedad y temporalidad en las universidades, simplificar la carrera docente y hacerla predecible, aumentar la financiación de los centros (“no han recuperado el nivel de 2009”, ha advertido el ministro), aspira a cambiar la relación del estudiantado con los campus a través de las microformaciones breves y la formación a lo largo de la vida y otorga más derechos a los alumnos, como el derecho a paro o tener voz en las guías docentes. También mantiene las medidas feministas que incluyó su predecesor en el texto, como las medidas de acción positiva para el sexo menos representado en ciertos ámbitos si se dan determinadas circunstancias (sexo menos representado que también pueden ser varones).

Además, se introducen novedades en la ley en cuanto a la elección del rector. O más bien se quitan requisitos. Tras dar varios tumbos en las primeras versiones del borrador de Castells, Subirats ha optado por dejar la cuestión en manos de las universidades. Han desparecido de la ley los requisitos que fijaban anteriores textos –como la acumulación de sexenios de investigación o quinquenios docentes– y ya la única certeza común es que ha de ser un funcionario de amplia experiencia. Las condiciones específicas las decidirán los claustros universitarios, ha informado el ministro.

Además, Subirats ha recordado que la ley establece una financiación del 1% del PIB para el sistema universitario: “Todo esto no será posible si no conseguimos mejorar la financiación pública, que ha bajado un 20% en diez años. Es obvio que una ley que quiera ser ambiciosa o consigue mejorar la financiación o estamos pidiéndole imposibles al sistema”. En un plan que proviene de la Lomloe (la ley de Educación) el Gobierno tiene que negociar con las Comunidades Autónoma un pacto de estado para aumentar la financiación global educativa al 5% del PIB. El 20% de ese 5% (o sea el 1% del PIB) se dedicará a la educación superior universitaria. La ley da este decenio para alcanzar la cuota del 5%.

Se incumple la ley

El ministro ha explicado en rueda de prensa que la Universidad tiene un problema con la temporalidad y la precariedad en sus plantillas. En cuanto a la primera, la actual ley permite un 40% de trabajadores temporales, cifra que las universidades ni siquiera cumplen. La LOSU rebaja esa cifra al 20%, ha explicado Subirats, dato que no incluye a los contratados doctores ni a los predoctorales. El problema con esta propuesta es que las responsables de velar por el cumplimiento de este máximo son las comunidades autónomas, las mismas que no han vigilado que se cumpla el actual del 40%. El ministerio tiene fe en que ahora lo hagan.

La precariedad tiene su cara en el profesorado asociado, disparado desde la anterior crisis y utilizado para sostener la docencia en muchos campus, una labor para la que no está pensada esta figura. Universidades quiere que estos profesores –profesionales destacados en sus campos que imparten docencia asociada a su especialidad, en teoría– recuperen “el sentido primigenio” que tenía esta figura, ha explicado el ministro. Se hará, por ejemplo, limitando su docencia a 120 horas anuales (ahora dan hasta 180) y, según han explicado fuentes del ministerio, intentando que ejerzan allí donde pueden aportar valor añadido: en los cursos más altos. Para estas figuras temporales que llevan años en la Universidad, en muchos casos fuera de la ley, se reserva un 15% de las futuras plazas que se convoquen.

La propuesta de ley pretende diseñar ahora una carrera universitaria “predecible”, en palabras del secretario de Estado de Universidades, José Manuel Pingarrón, que dure un máximo de diez años hasta la estabilización. La idea es que la evolución profesional empiece con un contrato predoctoral (en cualquiera de sus formas) de cuatro años para realizar la tesis, continúe con un contrato de ayudante doctor de seis (que será evaluado a la mitad) y de ahí se pase, acreditación mediante pero de una manera muy “mecánica”, a un contrato indefinido, sea como funcionario o como personal laboral, otra de las novedades que incluye esta ley, en este caso desde la primera versión de Castells.

El ministerio defiende que las figuras laborales ya existen en la forma de contratados doctores, pero que existe “confusión” en cuanto a su rol. La nueva LOSU pretende despejar el panorama y establecer que tendrán exactamente los mismos derechos y obligaciones que sus pares funcionarios equivalentes (sean profesores o catedráticos). La ley no impone la creación de estas figuras, sin embargo; quedan en manos de las comunidades desarrollarlas o no.

“Estas medidas rejuvenecerán las plantillas”, ha destacado Pingarrón. Actualmente, los ayudantes doctores –una figura que teóricamente es de acceso a la Universidad– rondan los 40 años y la edad de estabilización está en torno a los 45. En ocho años, ilustra el ministerio el problema del envejecimiento, se jubilan algo más de la mitad de todos los profesores permanentes.

Llegan las microformaciones

También hay novedades en el texto para el estudiantado, al que Subirats ha asegurado que se le reconocerán más derechos. Entre estos aparece blindado en la ley su el derecho a los paros académicos (la versión estudiantil de la huelga, que no pueden hacer porque no son trabajadores) o su opinión “vinculante” a la hora de participar en la elaboración de las guías docentes, entre otros. El Ministerio ha aclarado por la tarde que esto no significa que vayan a influir en la aplicación de los exámenes o su diseño.

La norma pretende también cambiar la relación del estudiantado con los campus. Por un lado, el ministerio quiere hacer de las universidades espacios para toda la vida. “Tenemos que superar la idea de que una vez has estudiado vas a vivir toda la vida de eso. La Universidad hay que conseguir situarla en esa idea de que es para todas las edades. Ahora solo el 6% de todo el estudiantado tiene más de 30 años, entre grado y posgrado. Hay abordar el reto de llegar a la mayor parte de la población posible”, ha explicado Subirats.

Para ello, la LOSU introduce las microformaciones. A falta de una mayor definición –esta versión de la ley, en general, es menos cerrada que la de Castells y buena parte de su desarrollo queda pendiente de los decretos que vendrán detrás–, serán pequeños cursos de una duración de cuatro o seis meses que podrán hacer graduados o profesionales que demuestren los conocimientos necesarios para suplir el título universitario requerido. Esta idea se alinea con el objetivo presentado en el Plan 2050 de la Oficina Prospectiva de Moncloa.

Además, Subirats quiere que las alma máter “cuiden especialmente” a sus alumni, los antiguos graduados. Para ellos, ha explicado, habrá “procesos de actualización de las carreras universitarias que se pueden ir incorporando. La idea es que las universidades den prioridad a los estudiantes para actualizar sus estudios”, ha explicado el ministro. “Hay un claro desajuste entre las necesidades formativas y de actualización de la sociedad y una cierta estructura rígida de las formaciones”, ha comentado Subirats con carácter general.

El ministro también ha abierto la puerta a la realización de los polémicos grados de tres años con másteres de dos, concepto que introdujo el espacio superior europeo universitario y que ha sido recurrentemente rechazado por los estudiantes, que habían logrado una moratoria en su aplicación. Ahora, la nueva ley contempla estos grados cortos para proyectos de alianzas europeas entre universidades.

En lo que el ministro ha vendido como una medida en favor del estudiantado, el ministro ha recordado que la norma incluye la obligación para todo el profesorado de primer año de realizar un curso docente, una medida que se justificó en el momento en el que se presentó porque la docencia universitaria es la única que no evalúa si sus profesores saben dar clase o no. A este respecto también se le da una vuelta a las evaluaciones que realizan los estudiantes de sus profesores. Actualmente no sirve para nada, ha reconocido el ministro. A partir de la aprobación de la ley el estudiantado podrá “hacer los seguimientos de estos procesos”, ha explicado Subirats.

El estudiantado universitario tendrá por primera vez derecho a su versión de la huelga. La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) va a incluir en su articulado el reconocimiento al paro académico como derecho subjetivo del estudiantado, según ha podido saber este periódico y confirma el Ministerio de Universidades. La medida no estaba incluida hasta ahora entre los derechos de los universitarios, que la hacen de facto y sin respaldo legal y se arriesgan a sanciones en los centros que no lo tienen reconocido en su normativa interna, que los hay.

“El reconocimiento de un derecho es un cambio de paradigma grande”, explican fuentes del Ministerio de Universidades, que destacan además que así se da respuesta a una reivindicación histórica del estudiantado. Los estudiantes han recibido la noticia con satisfacción. “Era una reivindicación histórica para garantizar nuestros derechos”, valora Nicolás Hernández, presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup).

“Se garantiza con esto tanto el derecho a parar como el de asistir a clase. Éramos uno de los pocos colectivos que no tenían reconocido el derecho a reivindicar sin sufrir consecuencias”, cuenta.

Aunque no es muy habitual, explica Hernández, en algunas situaciones los estudiantes han visto cómo se les ponían pruebas en jornadas de protestas o se les apuntaban faltas injustificadas “que te pueden acabar costando una asignatura”, explica. Cuando se apruebe la ley, estas prácticas quedarán prohibidas, a falta de ver la concreción del articulado.

La medida supone un avance en la democratización de la Universidad y se suma en esta línea a otras como la actualización de la Ley de Convivencia Universitaria, que databa de la época franquista, y fue aprobada definitivamente el pasado febrero. En el caso de esta norma, la primera versión del texto contaba con el respaldo de los rectores a través de la Crue y del estudiantado mediante sus organismos de representación, pero algunas enmiendas aprobadas durante el trámite parlamentario alejaron a estos actores del acuerdo y finalmente salió adelante sin su apoyo.

Reconocer por ley el derecho al paro académico –el derecho a huelga como tal no existe propiamente para universitarios– “es un derecho relevante para el estudiantado, en la medida en que potencia el ejercicio efectivo de la libertad de expresión, y de los derechos de reunión y asociación en el ámbito universitario; su reconocimiento y desarrollo deben fundarse en los principios democráticos de convivencia, la autonomía universitaria y el respeto a los derechos fundamentales”, explican fuentes universitarias.

El derecho al paro académico –que deberá cumplir una serie de requisitos, como que sea convocado por el órgano de representación estudiantil legitimado, preaviso, formalización de las reivindicaciones, etc, similar a las huelgas– amparará la inasistencia a clase, la realización de actividades de información y difusión, de protesta o la prohibición de realizar exámenes en los días señalados.

La cuestión viene debatiéndose –y siendo exigida por el estudiantado– desde hace tiempo. En 2020, el Síndic de Greuges catalán (el defensor del pueblo) pidió que se regulara este derecho a raíz de las protestas universitarias por las sentencias de los juicios del proceso independentista catalán. Entonces, en medio de un clima de crispación en la comunidad, muchos estudiantes reivindicaron que su derecho a manifestarse fuera acompañado de medidas de flexibilización de los criterios de evaluación en sus universidades, de la obligación de asistir a las clases o participar en prácticas externas, mientras otros veían vulnerado su derecho a disfrutar la actividad académica lectiva con normalidad.

Muchas universidades tienen regulado el derecho al paro académico en sus normativas internas, pero no todas. Y si el derecho no está específicamente reconocido ejercerlo puede, sobre el papel, tener consecuencias para el estudiante que lo lleve a cabo. La Universidad de Sevilla, por ejemplo, establece que el paro puede ser parcial (solo algunas asignaturas) o total (toda la actividad docente), que deben pasar dos días desde su convocatoria hasta su inicio y que el periodo de máxima duración es de dos semanas, entre otras cuestiones.

Con esta medida, el ministro de Universidades, Joan Subirats, avanza en la personalización de la ley que anunció llevaría a cabo, tras heredar el texto de su predecesor, Manuel Castells.

Las circunstancias económicas son el principal factor a la hora de seguir estudiando en la Universidad o dejar los estudios a medias. Un informe del Ministerio de Universidades presentado este martes calcula que un 11% de los estudiantes de grado abandona la carrera antes de concluirla, un dato sensiblemente más bajo que el ofrecido en los últimos informes del propio ministerio, en los que la tasa global de abandono estaba en un 21% para el conjunto del sistema universitario y un 14,7% para las universidades presenciales y sin contar los que cambian de grado. Contándolos, el porcentaje de abandono sube hasta afectar a más de uno de cada cuatro estudiantes: un 27% de ellos dejó la carrera o se cambió.

El texto señala que el rendimiento académico previo, el coste de la matrícula del grado cursado, la edad del estudiante y su origen socioeconómico y procedencia son los factores que más condicionan seguir en los campus o abandonarlos. “La existencia de estas desventajas sociales, económicas y culturales hacen que no se puedan permitir no tener un buen rendimiento en la universidad”, sostiene el texto, elaborado por María Fernández Mellizo-Soto, socióloga y profesora en la Facultad de Educación en la Universidad Complutense de Madrid. Aproximadamente la mitad de los que dejan la universidad lo hace tras o durante el primer curso.

La experta ha comentado durante la presentación del informe que una posible solución para mitigar los problemas económicos que le produce la Universidad a algunos estudiantes es eliminar la penalización económica que implica repetir una asignatura. El precio de las segundas y terceras matrículas, y en adelante, se dispara en la universidad.

El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha valorado la importancia del informe en que permitirá averiguar “si el abandono de este país se diferencia del de otros, que podría ser una variable significativa, y por otro lado las diferencias entre universidades o dentro de ellas el tipo de estudios”. El informe responde al ministro: los datos son homologables a los de los países vecinos y cuánto más grande es la universidad, más probabilidades tiene el universitario de dejarlo. Lo que no tiene tanta relación es la titularidad del centro: “Quienes estudian en universidades públicas no tienen más probabilidades de abandono que los estudiantes de universidades privadas. Incluso se puede decir que las y los estudiantes con un rendimiento medio tienen más posibilidades de abandonar en las universidades privadas que en las públicas”, describe el informe. En el enfoque regional, los estudiantes de las islas, tanto Canarias como Baleares, también tienen más opciones de abandonar.

Una cohorte reducida

Para elaborar el informe se ha seguido la evolución de la cohorte de estudiantes que ingresó en la Universidad el curso 2015-2016, pero se ha limitado la muestra a los estudiantes presenciales, menores de 30 años y de nacionalidad española porque, según la autora, estudiar online es muy diferente y distorsiona la estadística porque las casuísticas son muy diferentes para extranjeros o estudiantes a distancia.

Se considera que alguien deja los estudios cuando lo ha hecho durante los tres primeros cursos del grado. Para el conjunto de la población universitaria, la tasa de abandono sube desde el 11% hasta el 13%. Según el ministerio, ambos datos son homologables con los de los vecinos europeos.

El informe del ministerio no entra a cuantificar el coste que tiene para el Estado, o las familias, el abandono de los estudios. Sí lo hicieron el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Fundación BBVA en una de sus últimas ediciones del URanking: el abandono le cuesta a España unos 680 millones de euros anuales, cifra que sube hasta casi mil millones si se incluyen los 296 que dedicaron las familias a pagar su parte de las matrículas, aunque este cálculo estaba realizado para un porcentaje de personas que abandona bastante más alto porque incluía a los que se cambian de grado, cosa que el ministerio no ha hecho porque considera que se agarra a la literalidad del significado de “abandono”. Sin embargo, cambiar de estudios sí tiene ese coste para familias y estado, en tiempo en el primer caso y en dinero en ambos.

Más becas y tasas más baratas

El Ministerio de Universidades saca pecho en el texto de las medidas que ha tomado para reducir el abandono de los estudios universitarios, y remarca que no han tenido efecto en el estudio presentado porque se han aplicado después de que la cohorte de estudiantes analizada saliera de los campus, que se centran en dos líneas de actuación.

Por un lado, se alcanzó un acuerdo con las comunidades autónomas para reducir y homogeneizar entre ellas los precios de las tasas universitarias. Como resultado de aquel pacto y de otro posterior, diez comunidades tienen que bajar el precio de los grados y todas menos Asturias el de los másteres.

Por otro, explica Universidades, se ha cambiado el sistema de becas para ensancharlo sobre todo por abajo, entre el alumnado más desfavorecido, una medida que se acabó traduciendo en que el doble de personas que antes recibe la mayor cuantía posible. Esta reforma se ha completado este curso con el adelanto de la convocatoria habitual de becas, que pasa a este mes de marzo para que quede resuelta antes de que empiece el curso y las familias sepan de antemano si les va a corresponder una ayuda o no.

El nuevo ministro de Universidades, Joan Subirats, explicó cuando desembarcó en el Ministerio que quería darse un tiempo para hacer un poco suyo el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Ya tiene una primera idea: los profesores de universidad tendrán que hacer un curso de formación docente el primer año de acceso a los campus, cuando son ayudantes doctores.

Lo ha anunciado Subirats esta tarde a las puertas del Congreso, minutos antes de explicar ante la Comisión de Universidades las líneas generales que guiarán su actuación durante el año y medio que le queda de legislatura. A los diputados les ha explicado Subirats que su idea es corregir la “anomalía” de que en España haga falta formarse en metodologías docentes para impartir clase en cualquier etapa, desde Infantil hasta los módulos superiores de Formación Profesional, pero no en la Universidad, donde hasta ahora no hay requisitos ni comprobaciones de la capacidad de dar clase de los profesores. “Quiero que la Universidad deje de ser una excepción”, ha explicado.

Subirats ha explicado que la idea está aún por concretarse en forma y fondo, pero que será un curso de un año de duración durante el primero de los seis años que contempla un contrato de ayudante doctor. La intención de Universidades no es “poner una carga” a los profesores, ha detallado el ministro, sino que exista algún tipo de formación inicial. En principio, han detallados fuentes del Ministerio, no se trata de un curso que se tenga que aprobar o suspender.

La mayor concreción acerca de los detalles de esta iniciativa es que la idea del ministro es que sean las unidades de formación e innovación docente que ya tienen prácticamente todas las universidades las que se encarguen de impartir estas formaciones. No ha explicado Subirats si será un curso único para todo el país o si dependerá de cada comunidad o incluso de cada universidad.

Subirats ha explicado que esta propuesta llega a partir de su propia experiencia en la Universidad, donde ejerce hace 47 años, y que avanza en la idea de reforzar la importancia de la docencia frente a la investigación. “Hay que reforzar el aspecto docente en las universidades, no pueden ser academias en las que solo la docencia sea importante, pero tampoco laboratorios donde lo único importante sea la investigación”, ha explicado. El Ministerio quiere tener aprobada la LOSU durante el primer cuatrimestre del año 2023.

El negocio de la educación superior marcha. Con la aprobación este jueves de una nueva universidad privada en Madrid –que ya cuenta con 13–, cuatro comunidades –Galicia, Euskadi, Andalucía y Madrid– han validado (o están en proceso de hacerlo) cinco nuevos campus de iniciativa particular en los últimos meses. Que varias de ellas tengan informes desfavorables –aunque no vinculantes– de sus propios órganos autonómicos no ha paralizado a los distintos gobiernos regionales, que han dado el visto bueno a los proyectos.

Tampoco alcanzan estos centros, por el momento, los mínimos que el Ministerio estableció para que una universidad pudiera considerarse como tal (y no un centro de estudios, por ejemplo), que incluyen un mínimo de oferta académica y de proyecto de investigación. Han salido adelante porque su trámite se inició antes de que el decreto estuviera aprobado y porque el propio texto, publicado en el BOE el pasado verano, otorga cinco años a los campus para adaptarse a estos requisitos sobre docencia e investigación antes de retirarles la licencia.

Pero esta eclosión confirma los temores que arguyó el anterior equipo directivo del Ministerio cuando endureció las condiciones para ser universidad: “Se nos acumulan en la mesa propuestas para crear centros sin un mínimo de calidad”, explicaron entonces. El Ministerio no quiere centros con la palabra Universidad en su nombre que se limiten a ofrecer unos pocos estudios (sobre todo posgrados, que dan más dinero) y nada más.

Al calor de un mercado cautivo que demanda cada vez más formación, la educación superior es un negocio al que no le van a faltar clientes, y los inversores lo saben. La capacidad de expedir títulos está muy cotizada (y valorada) en un sector que solo ve sus cifras crecer: en 2017 facturó 2.255 millones de euros, según un estudio del Observatorio DBK. En 2020 fueron 2.715 millones de euros, según la misma fuente, una subida del 20% en tres años. Así, los interesados en tener su propia universidad se multiplican, animados también porque los centros privados cada vez le ganan más alumnado a los públicos.

Lo saben en el fondo CVC, por ejemplo, que adquirió hace unos años la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid por unos mil millones de euros. El centro ha ganado en los tres últimos ejercicios declarados 24, 33 y 36 millones de euros, según las cuentas de la universidad recogidas en infocif.es. Lo saben también en Pemira, otro fondo, que compró la Universidad Europea –que va a abrir un nuevo campus en Málaga– hace cuatro años por unos 770 millones.

De Abanca a Imbroda pasando por Aznar

La Universidad Intercontinental de la Empresa, impulsada por Abanca en Galicia, fue la primera de esta nueva hornada de centros en ser aprobada. Fue el pasado julio, con el rodillo del PP en la cámara gallega. La propuesta de campus tenía al Consello Consultivo de la Xunta en contra, también al Consello Galego de Universidades y a toda la oposición. Pero también tenía al Gobierno autonómico a favor, que es lo que cuenta. Del proyecto en sí se sabe poco –más allá de que está impulsado por un banco– pese a que en teoría entra en funcionamiento en septiembre. Contará con dos campus, uno en A Coruña y otro en Vigo, y ofrecerá titulaciones en dos de las cinco ramas del conocimiento, la de ciencias sociales y jurídicas y la de ingeniería y arquitectura. Habrá cuatro grados, cuatro másters universitarios y dos programas de doctorado. Con esta estructura no llega a los mínimos que le exige el Gobierno: 10 títulos de grado, seis masters y tres programas de doctorado, correspondientes a tres de las consideradas cinco áreas del conocimiento. Y eso sin entrar en los requisitos de investigación, los que más incumplen las universidades privadas.

En Euskadi el agraciado con un campus ha sido Josean Querejeta, presidente del grupo desde el que dirige los clubes deportivos vitorianos de élite Baskonia (baloncesto) y Deportivo Alavés (fútbol). Desde ese punto de vista, parece tener sentido que la futura Euneiz se centre en los estudios sobre deporte, salud y videojuegos. Como su predecesora gallega, este nuevo centro tiene un informe “desfavorable”, pero en este caso de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco y otro de la pública Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Desde el centro público se recuerda que “no está justificada” la demanda para una nueva universidad y que además esta, a diferencia de las otras dos privadas en Euskadi (Deusto y Mondragón), tendrá ánimo de lucro. La matrícula costará 8.000 euros anuales. A diferencia de Galicia, Euneiz no se ha impuesto por el deseo de un solo partido: PNV, PSE-EE, PP+Cs y Vox la respaldan.

En Andalucía no son uno ni dos ni tres, sino siete los proyectos de universidad privada que se acumulan esperando trámite. El pasado lunes 7 de febrero el Consejo de Gobierno autorizó a la Consejería a iniciar dos de ellos, los de la Universidad Fernando III el Santo y la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed). En el caso andaluz se da la circunstancia de que este segundo campus está impulsado por una empresa fundada en su momento por el actual consejero de Educación, Javier Imbroda, que se retiró de la compañía justo antes de asumir el cargo. Además, es una universidad online, el perfil de centro que más preocupa en el Ministerio. Tampoco debió convencer al Consejo Andaluz de Universidades, que en diciembre rechazó la propuesta. Como su informe no es vinculante, pesó más el visto bueno de la Consejería de Universidades. El centro proyecta empezar con 14 titulaciones: seis grados, siete másteres y un título de doctorado.

Andalucía también ha sido el lugar elegido para expandirse por dos de las universidades privadas más rentables de España: la UAX y la Europea tendrán nuevo campus en Málaga, sobre suelo municipal, para escándalo de la oposición en el Ayuntamiento.

La aprobación este jueves en la Asamblea de Madrid cierra el círculo de nuevos centros (por el momento, hay varios esperando su momento). La Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT), hasta este jueves un centro asociado a la Universidad Camilo José Cela, se convierte ahora en la decimotercera universidad privada de la región, más del doble que públicas (seis). Los cinco informes en contra de organismos madrileños por falta de infraestructuras y por escasa oferta académica e investigadora parecen haber pesado menos que el deseo del PP y los buenos padrinos que amparan al centro: altos cargos de grandes compañías como Telefónica, el Banco Santander, Deloitte o FAES y nombres como el expresidente José María Aznar, o los exmandatarios madrileños Joaquín Leguina y Alberto Ruiz-Gallardón firmaron una carta de apoyo a la UDIT, según Infolibre.

La eclosión al amparo de la LOU

Históricamente, España tuvo cuatro universidades privadas (Deusto, Pontificia de Comillas, Pontificia de Salamanca y Navarra), situación que duró hasta principios de los 90, cuando comenzaron a dispararse. Primero, despacio. En 1995 había siete. A partir de ahí, el crecimiento fue ganando velocidad: eran 22 en 1994, 28 en 2010, 33 en 2014.

Así, en los últimos 27 años, el número de centros de educación superior de iniciativa particular se ha multiplicado por casi seis. De las siete universidades privadas existentes en 1995 se ha pasado a las 40 actuales. En el lado contrario, no se inaugura una nueva universidad pública desde 1998, cuando se abrió la de Cartagena. La balanza se equilibra: 50 públicas, 40 privadas. Y otras seis esperan su aprobación en algún despacho, según El País.

Muchos señalan a la Ley Orgánica de Universidades (LOU) que impulsó el segundo gobierno de Aznar como facilitadora de esta eclosión. “El incremento exponencial de las universidades privadas es consecuencia inequívoca de la cobertura legal que se comienza a dar a estas con la LOU”, escriben Esther Simancas, profesora de la Universidad de Cádiz, y Marcial García López, de la Universidad de Málaga, en el estudio Historia de un secuestro: de la Iglesia a la Marca. Evolución Histórica de la Universidad en España.

“Las modificaciones más importantes se pueden resumir en que las universidades privadas tendrán personalidad jurídica y adquirirán idénticas competencias que las públicas, se regirán por las mismas normas de organización y funcionamiento y estarán sujetas a los mismos mecanismos de evaluación; se reconoce la participación de sus rectores en el Consejo de Universidades y, por otra parte, se introducen cambios en la financiación y en la gestión de todo el sistema universitario que incrementan la participación privada y que desplazan los costes hacia el usuario final”, añade Simancas.

Joan Subirats (Barcelona, 1951) se había visto obligado a jubilarse de la Universidad este verano, cuando dejó la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona. Pero la vida laboral de este catedrático de Ciencia Política de la Autónoma de Barcelona, uno de los cerebros de los comuns, tiene un último capítulo. Subirats sustituirá a Manuel Castells al frente del ministerio de Universidades.

El nuevo titular del ministerio comparte con su antecesor una trayectoria académica de prestigio, pero su perfil es más político. Además de haber ocupado ya puestos de gestión y de salida en las listas electorales, Subirats es una figura reconocida e implicada en el mundo de los comuns desde el origen de la formación allá por 2014.

Politólogo y catedrático de la UAB especializado en gobernanza de instituciones y políticas públicas, Subirats, además de uno de sus ideólogos, llegó a ser portavoz del proyecto Guanyem, embrión del actual partido de Ada Colau. De plena confianza de la alcaldesa de Barcelona, pasó de la teoría a la práctica en 2017, cuando ocupó el comisionado de cultura de la ciudad.

Su ascendente sobre la formación se plasmó primero en el tándem electoral que hizo con la alcaldesa en las municipales de 2019 y después, una vez Colau revalidó la vara de mando, en su ascenso a sexto teniente de alcaldía, responsable de las áreas de Cultura, Educación y Ciencia en el Ayuntamiento de Barcelona entre 2019 y 2021.

Obligado a jubilarse a los 70 años de la Universidad, el pasado verano dejó también su puesto institucional, pero ello no le impidió seguir siendo una de las voces de referencia de este espacio político desde distintos medios de comunicación, entre ellos elDiario.es.

De su paso por el consistorio barcelonés destaca su papel como ideólogo, entre otros proyectos, de la bienal barcelonesa de pensamiento, filosofía, artes vivas, al estilo del Festival de Filosofía de Módena (Italia), que la capital catalana estrenó en octubre de 2017 con un gran éxito de público y que repitió en 2020 aunque con un formato reducido debido a la pandemia.

Lector voraz y gran melómano (acude al Liceu desde hace años), este hijo de lecheros del Raval ya militó en su juventud en los ambientes más progresistas de Barcelona, primero en Bandera Roja y luego en el PSUC. Llegó a estar encerrado en La Modelo por su militancia antifranquista en la Assemblea de Catalunya.

La mayoría de su carrera profesional se ha desempeñado en el ámbito académico. Ha sido profesor visitante en diversas universidades europeas e internacionales y fue el fundador y director entre 2006 y 2009 del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) de la Autónoma de Barcelona. También es autor de numerosos libros de municipalismo, gobernanza y políticas públicas.

Padre de tres hijas, su primer contacto con Ada Colau se remonta a la época en la que la actual alcaldesa era la cara visible de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El interés de Subirats por los movimientos sociales le llevó tanto a interesarse por el movimiento 15M como a conocer a la que años después sería su jefa en el Ayuntamiento. Ahora afronta el reto de terminar la reforma iniciada por Castells y que soliviantó a buena parte de la comunidad universitaria.

La LOSU le espera en su despacho

El principal reto que se va a encontrar Subirats encima de la mesa cuando desembarque en su despacho del Paseo de la Castellana será acabar de sacar adelante la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Su antecesor Castells deja el trabajo enfilado: la primera versión del texto se aprobó en el Consejo de Ministros el pasado 31 de agosto.

Pero el anteproyecto se encontró con la oposición de rectores, estudiantes y al menos una parte del profesorado a ciertos aspectos. Cuestiones como la posibilidad de que se designase un comité para elegir al rector, con una cierta semejanza en el proceso a una contratación laboral, o la menor representatividad en los órganos de gestión universitaria que decían sentir los estudiantes alejaron a Castells de estos colectivos y encallaron la ley. Los profesores asociados, los más precarios de todos los docentes universitarios, tampoco estaban satisfechos con las propuestas de la ley para mejorar su situación, pese a que acabar con su situación laboral había sido una de las grandes apuestas del ya exministro.

Tras la previsible y futura aprobación de la LOSU –Castells afirmaba que tenía los apoyos necesarios para sacarla adelante y que si no lo había hecho ya fue en busca de más consenso con rectores y estudiantes–, el siguiente asunto para Subirats será sacar adelante el estatuto del personal docente e investigador (PDI, los profesores de universidad), quizá el gran debe en la gestión del ministro ya retirado.

Castells llegó a mover algo parecido a un borrador del texto, aunque nunca se presentó formalmente a los sindicatos y finalmente él mismo optó por retirarlo para centrarse en aprobar primero la LOSU para luego incluir en ella el estatuto. Los sindicatos denuncian que el estatuto debería estar aprobado desde 2012, según la ley todavía vigente, y que Castells no lo desarrolló porque no estaba de acuerdo con lo que había pactado el exministro Ángel Gabilondo y prefirió hacer otro texto nuevos.