Joan Subirats: “Madrid y Catalunya son las comunidades que menos invierten en universidades, y se nota”

El no tan nuevo ministro de Universidades, Joan Subirats (Barcelona, 1951), recibe a elDiario.es en su despacho, pero evita parapetarse tras la mesa en la que trabaja. Relajado, reclinado hacia atrás en la silla, Subirats responde con tranquilidad, se deja interrumpir y mira a su jefa de gabinete cuando duda de algún tecnicismo de la ley o dato concreto.

Con una trayectoria que combina el trabajo en la Universidad y la labor política, aunque su bagaje previo es municipalista, Subirats ha sido la persona elegida por Pedro Sánchez (bajo recomendación de los comunes de Ada Colau) para sustituir a Manuel Castells y acabar de aprobar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que su predecesor redactó. El ministro ha dedicado estos seis meses a hacer un poco suya la ley, según explicó él mismo, y pretende que el Consejo de Ministros la apruebe en una de las dos sesiones que le quedan antes del verano para que esté lista en el primer semestre de 2023, tal y como se ha comprometido.

Antes de empezar propiamente con la entrevista, Subirats desgrana todo el trabajo previo a esta ley que ha realizado el Ministerio (“Se habían hecho unos decretos importantes: el de tasas, el de creación de universidades, el de estudios, el de becas, se crearon tres programas especiales”) y sostiene que cuenta con los apoyos necesarios para sacarla adelante en el Congreso porque “la ley es bien valorada en relación a la alternativa, que es mantener la anterior”.

En los 52 minutos de conversación el ministro detalla todas las medidas que van a implementar para acabar con la precariedad de buena parte del profesorado universitario, se muestra convencido de que las comunidades harán por cumplir el límite de temporalidad que impone la LOSU –aunque no explica bien cómo– y señala a algunas comunidades por invertir poco en Universidades. También adelanta que el Gobierno está preparando un decreto para actualizar las exigencias a las tesis, en la picota últimamente por algunos trabajos de dudosa calidad, y califica de “fraude” que haya universidades que no cumplan los requisitos que les exige la normativa.

Hablemos de financiación. La ley fija que habrá de dedicarse el 1% del PIB a la Universidad (estamos en el 0,7%), pero todavía hay que aprobarla y luego da un plazo de un año para negociarlo con las comunidades. ¿Existe algún mecanismo para que mientras tanto las comunidades incrementen su financiación?

La financiación de las universidades corresponde en un 77% a las comunidades autónomas, en un 6% al Estado y el resto son ingresos propios. Las transferencias del Estado a las comunidades no son finalistas, cada comunidad decide. Si miras la distribución de inversión pública para universidades, varía mucho entre comunidades. Las hay que ya están en el 1% y hay otras en el 0,5%. Esto se nota en el funcionamiento de las universidades. Donde hay menos inversión hay más dificultades de todo tipo. Las dos comunidades que menos invierten en porcentaje de PIB ahora mismo son Madrid y Catalunya, mientras Navarra, La Rioja, Comunitat Valenciana o Galicia están muy cerca del 1%.

Últimamente han salido casos de tesis plagiadas, se habla de cierta falta de control en la calidad de los trabajos en algunas universidades o de ciertos perfiles de personas... ¿Le preocupa? ¿Cómo se puede controlar esto?

Los que valoran y controlan la calidad de las tesis son las comisiones de investigación y doctorado de cada universidad y luego los comités que se crean para valorar esas tesis. Es una cuestión interna de las universidades. Sin embargo, estamos preparando un decreto de doctorado, vamos a poner unas condiciones. El texto estará aprobado en unos tres o cuatro meses.

Menciona el gobierno de las universidades. ¿Definitivamente se queda el mandato de los rectores en seis años sin la exigencia de ser catedrático?

Han de ser funcionarios. Pero la ley lo deja en manos de los estatutos de las universidades, que podrán definir qué características habrá de cumplir el candidato a rector. No obliga a que sean catedráticos, pero no lo impide tampoco.

¿No es un poco lío que cada universidad tenga unas reglas?

No. Debemos ser conscientes de que estamos en un sistema complejo de gobierno. La ley quiere proteger una cierta igualdad del sistema, pero sin confundirla con homogeneidad.

Dice su borrador que corresponde al rector “definir las directrices fundamentales de la planificación estratégica de la universidad”. Esta competencia en la LRU de 1983 era del claustro, pasó al Consejo de Gobierno en la LOU en 2001 y ahora es decisión del rector. ¿No es esto ir para atrás?

No es solo del rector. El Consejo Social aprobará un programa trianual de objetivos estratégicos de la universidad. No estará solo en manos del rector.

No estamos quitando democracia interna, entonces.

Creo que no, porque al rector se le elige democráticamente. Luego tiene que pasar por el Consejo de Gobierno, que deberá aprobar las directrices. El Consejo Social tiene su programa trianual, cada año tiene que aprobar los presupuestos... Está muy fragmentada la capacidad decisoria. Lo que hemos hecho con los seis años es que tenga una estrategia más larga y pueda desplegarla sin estar preocupado por la reelección. Tiene más recorrido, y al no poder presentarse no está pendiente de hacer los favores necesarios para volver a ser elegido. Creo que eso le da una mayor fuerza, pero siempre limitado por los contrapesos del Consejo de Gobierno o del claustro.

Los estudiantes han protestado por su parte de representatividad.

Todo el mundo tiene derecho a protestar y a querer más, y es obvio que los estudiantes harían otra ley, los rectores también y los profesores también. Pero el aumento en derechos de los estudiantes es histórico. Se les reconoce el paro académico, que nunca les había sido reconocido, tienen el 25% reservado en el claustro y sí, piden más, pero no tenían esa garantía antes. Tienen el 10% en el Consejo de Gobierno, prioridad para matricularse en los cursos de formación permanente a lo largo de la vida, pueden gestionar servicios en la universidad, se les reconocen las mentorías, tutorías, orientación profesional, equilibrio emocional y psicológico... El listado de derechos creo que es impresionante.

Queremos transparentar el proceso de contratación, más del 70% de los profesores han hecho el doctorado en la misma universidad en la que están

Acaban de comunicar que modifican el borrador para limitar la temporalidad docente a un 8%, en línea con otros sectores del Estado. ¿Cómo pretenden hacerlo?

La LOU define la temporalidad máxima en el 40%, pero estamos por encima de ese porcentaje. ¿Por qué? A nivel de financiación pública aún no hemos recuperado los niveles de 2009. Durante todos estos años, con tasas de reposición del 0%, las universidades han tenido que abordar el incremento de estudiantes y el aumento de títulos sin poder contratar profesores permanentes, sino sobre la base de aumentar la precariedad y la temporalidad sobre todo con la figura del asociado o el falso asociado. Hay universidades muy por encima del 40%.

Lo que hemos querido es buscar una fórmula para reducir esa temporalidad. De esa gran masa de 25.000 profesores asociados, un 40% son doctores, por lo que tienen la base para que los que quieran puedan seguir la carrera docente. Los hay hasta acreditados, que podrían concursar a posiciones permanentes. Vimos que había una posibilidad notable de cambiar esa situación sobre la base de considerar a los asociados –que van renovando cada año– indefinidos. Esto mejora rápidamente el índice de temporalidad, pero además permite reconocer por ejemplo la antigüedad, incorporar criterios económicos como los quinquenios, aumentar la lógica de seguridad y de los derechos. Es un win-win. No es solo un cambio de etiqueta, de temporales a indefinidos. Les reconocemos derechos, pueden promocionar.

Pero el problema de los asociados no es solo de temporalidad, aunque ese sea importante.

Hay un problema de carácter salarial que también hay que tener en cuenta, pero esto no forma parte del debate de la LOSU, sino del estatuto del Personal Docente Investigador que vamos a empezar a negociar a finales de este mes con los sindicatos. Ahí hablaremos de horarios, de salarios, de condiciones de trabajo.

Luego hemos establecido elementos de promoción, que siendo asociados rasos no tenían y ahora como profesores permanentes sí. Los que sean doctores podrán, por ejemplo, entrar en la convocatoria de ayudantes doctores (uno de los tres grandes momentos que hemos establecido para estabilizar la carrera) y los que estén acreditados podrán hacerlo en lógicas de promoción a posiciones permanentes laborales.

Fijar porcentajes está muy bien, pero si nadie los cumple como ahora... ¿Por qué cree que las comunidades sí van a cumplir la ley ahora?

Cuando la ley entre en vigor, ya no se podrá hacer contratos temporales a los asociados y tendrán que ser indefinidos.

Pero ¿y en general? ¿Cómo se va a asegurar el Gobierno de que se cumpla la ley?

Si son indefinidos, no serán temporales.

¿No va a haber temporales?

Sustitutos, visitantes, los profesores distinguidos... Para estos es el límite.

¿Y cómo se asegura que se cumpla?

Como todas las leyes se aseguran... Ya ha pasado esto. Ha habido asociados que se han ido a los tribunales. La base de los asociados es que estaban ocupando una posición no estructural, y se han ido a los tribunales a decir que sí lo estaban haciendo y el tribunal les ha dado la razón.

Si una universidad no cumple las condiciones para serlo, sus títulos no tienen validez legal, es un fraude

Pero esa solución es dejar a la persona que se busque la vida.

Cada categoría que he nombrado tiene su condición. Si eres sustituto, estás sustituyendo a alguien y durará lo que dure. Si eres visitante, durará lo que dure. El distinguido tendrá un tiempo también.

Ahora la ley también fija que un profesor visitante tiene que ser una figura de reconocido prestigio en su campo y luego te encuentras que la URJC contrata como visitante a la hermana de Cristina Cifuentes, que era administrativa en esa misma universidad.

Esto es otro problema, cómo las universidades utilizan de manera perversa estas cosas. Puede darse que de aquí a unos años nos encontremos situaciones, pero pueden pasar cosas entre medias importantes. El 53% de los profesores permanentes va a jubilarse en ocho años. Las universidades van a necesitar reclutar gente. Tenemos una tasa de reposición del 120% y las vías de acceso con los ayudantes doctores. Hemos ido incorporando elementos en la ley que permitan que las universidades puedan utilizar diferentes elementos sin pervertir esas figuras. Trabajamos con esa hipótesis. Pero si en diez años llegamos a la conclusión de que está pasando esto (y tenemos datos constantes de las universidades), se tomarán medidas.

Hace un año se aprobó un Real Decreto que eleva las exigencias de lo que debe ser una universidad y da cinco años para adaptarse a las que no cumplan (que son casi todas) si no quieren verse cerradas. ¿De verdad se van a cerrar universidades en cuatro años? Porque hay algunas, sobre todo privadas, que lo tienen muy difícil.

El decreto puede permitir que se genere una acción judicial porque se incumple la ley y hay personas que pueden estar afectadas por esto. Si alguien se matricula en una universidad que no cumple las condiciones, aquí hay un fraude.

Pero esto es como la temporalidad, también hay ya una ley que actualmente no se cumple. Había un decreto de mínimos de universidades más laxo que tampoco se cumple.

Esto ya sí que no lo controlo. Pero puede darse esta situación. Si tú te estás matriculando en un sitio que te dicen que es una universidad, pero no cumple las condiciones, ese título no tiene la validez legal que debería tener, por lo tanto esto genera una situación irregular desde el punto de vista jurídico.

La (alta) endogamia es otro de los lastres de la Universidad. ¿Esta ley la va a corregir?

Hemos incorporado en la ley que en las comisiones de acceso en la contratación haya transparencia, que se publiquen las plazas. Que en la comisión que ha de valorar ese concurso la mayoría sean externos (si son cinco tiene que haber tres externos, si son tres, dos) y que se elijan los integrantes por sorteo, que no puedan ser designados por la universidad. También que haya paridad entre hombres y mujeres. Y luego que la universidad tenga un sistema para que se pueda presentar un recurso en primera instancia sin que esto evite que pueda ir a los tribunales.

El 53% de los profesores permanentes va a jubilarse en ocho años. Las universidades van a necesitar reclutar gente

Nos preocupa que si miras las cifras solo hay un 6% de profesores extranjeros en todo el sistema o que más del 70% de los profesores de las universidades han hecho el doctorado en la universidad en la que están. Nos interesa que haya un poco de equilibrio y la internacionalización es un elemento muy importante. Los títulos europeos están al caer, va a haber un carné de estudiante europeo... La lógica europea está avanzando y ahí es donde la movilidad de estudiantes, de egresados, va a ser muy importante. Hemos incorporado que las personas extranjeras que vayan a venir a España puedan tener un permiso de residencia que dure lo que su estancia, no como ahora, que hay que renovarlo cada año. Y al acabar podrán pedir una prórroga de un año por si quieren buscar trabajo aquí o seguir estudiando.

¿Qué porcentaje de profesores extranjeros le parece razonable?

Si llegáramos a tener un 20% de profesores extranjeros no estaría mal, sería una forma de mantener el acceso a posiciones docentes para la gente de aquí y también favorecer la contratación de extranjeros.

Otro de los cambios que quieren impulsar es que la Universidad se abra a más gente que los estudiantes de grado y que tenga un papel en la formación continua para toda la vida. ¿Cómo pretenden hacerlo?

Tenemos solo un 5-6% de estudiantes de grado de más de 30 años. Tenemos que ampliarlo, porque además el porcentaje de estudiantes de 18 a 25 va a bajar un 20% por razones demográficas, mientras en África o América Latina es al revés, va a duplicarse la cifra de potenciales estudiantes de esas edades. Igual que se dice que necesitamos que vengan personas a trabajar, necesitamos también ser un sitio de recepción de estudiantes. Tenemos un sistema muy rígido de grados y posgrados y necesitamos fórmulas más flexibles. Las microcredenciales, programas de corta duración de actualización de conocimientos que relacionen más a universidades y empresas. Es una demanda de Europa, que está en esa línea totalmente.

Hablando de atraer estudiantes extranjeros, Reino Unido ha creado una visa para egresados de las 50 mejores universidades del mundo y, dado como se hacen esos rankings, España nunca va a tener una ahí. ¿Le preocupa que en un momento histórico de aumento de las desigualdades en tantos campos esto ocurra con la educación superior y España se quede un poco en terreno de nadie?

Creo que tenemos un buen nivel. Siempre hablamos de Yale, Stanford o Harvard, pero EEUU tiene miles de universidades. Las nuestras están todas entre las 1.000 primeras del mundo. Estamos viendo ahora que hay una voluntad muy importante de invertir aquí y atraer talento. Hoy [por el martes] se ha presentado un plan de atracción de talento en el Consejo de Ministros con 3.000 millones de euros y que puede reclutar 700 investigadores cada año. Hay universidades que ya lo están haciendo: las Ikerbasque, las ICREAS, todas estas figuras de atracción de talento son importantes. La creación del espacio iberoamericano de educación superior también, si somos capaces de generar redes de universidades con los países hispanohablantes de América Latina.

Una de las primeras medidas que anunció que incluiría en la ley es un curso de formación docente obligatorio para los nuevos profesores. ¿Han elaborado más la propuesta?

La ley dirá que en el primer curso de acceso los ayudantes doctor tendrán que hacer ese curso, pero será cada universidad la que determine cómo. Era meternos en un lío definirlo, cuando además sabemos que cada universidad tiene sus sistemas de innovación docente. Lo que queríamos evitar era que algunas lo hicieran y otras no, y la ley establece que el primer año tendrá que producirse ese curso.

Pero solo los nuevos profesores.

Sí. Los estudiantes también nos lo habían pedido.