UGT insiste en reducir las ratios a 20 alumnos en todos los cursos y niveles tras conocer los datos de escolarización porque esta bajada por aula “mejora la atención a la diversidad, refuerza la inclusión y permite una respuesta más individualizada al alumnado”. Así, y tras conocer los datos de escolarización, la formación sindical reclama esta reducción y demanda la creación de aulas de 0 a 3 años en todos los colegios públicos para garantizar la continuidad del alumnado en el sistema educativo desde la primera infancia.

En la actualidad, las ratios se sitúan en 20 alumnos en Infantil, 25 en Educación Primaria, 28 en ESO y 30 en Bachillerato. La normativa educativa vigente apuesta por la atención a la diversidad y por una educación inclusiva, “pero estos principios no se pueden cumplir con ratios tan elevadas en las diferentes etapas superiores, por lo que es necesario avanzar hacia una homogeneización a la baja y situar todas las etapas en 20 alumnos por aula”.

Esta medida, explican desde UGT, permitiría mejorar la atención a la diversidad, facilitar la inclusión del alumnado con más necesidades de apoyo y ofrecer una atención más individualizada dentro del aula, además de mejorar las condiciones de trabajo del profesorado y la convivencia en los centros. “El contexto demográfico actual con la bajada de la natalidad y el descenso de alumnado en las aulas hace posible y necesario dar este paso para adaptar el sistema educativo a la realidad existente y mejorar su calidad”.

Por otro lado, UGT advierte de los datos de escolarización que reflejan que casi un tercio de las plazas ofertadas en la región han quedado vacantes, frente a una cuarta parte en el caso de Logroño, lo que a juicio de UGT evidencia los desequilibrios existentes entre el medio urbano y el rural.

En este sentido, UGT reclama la supresión de la zona única de escolarización en Logroño, Villamediana de Iregua y Lardero al considerar que este sistema actúa como un elemento centrifugador que concentra la demanda en los centros urbanos y debilita la escuela pública y la escuela rural en el conjunto de La Rioja. “No se trata de mantener ratios en Infantil, sino de extender esa mejora al conjunto del sistema educativo para garantizar igualdad de condiciones en todas las etapas y una verdadera atención a la diversidad en el alumnado”.

Hablando ayer con mi compañero Pau Rodríguez, que aunque ahora cubre Local lleva muchos años echándole un ojo a la educación desde Barcelona, me dice que la huelga del pasado viernes en Catalunya fue poco menos que histórica. “No sé si había visto antes una mani de 35.000 personas solo docentes”, se sorprendía. Y eso que la concertada pinchó un poco, aunque también estaba convocada.

Todo esto pese a que se supone que hay un acuerdo firmado hace pocos días que tendría que haber desactivado la protesta. O quizá precisamente por eso, porque aunque dos sindicatos –UGT y CCOO– han firmado, el resto no –USTEC, ASPEPC, CGT y la Intersindical–. Y los claustros arden ante lo que consideran una cierta claudicación sindical. Illa, tienes un problema.

Los docentes catalanes se han pasado toda la semana de paros en lo que es la última muestra del malestar docente que, con huelgas convocadas o sin ellas, se vive –me atrevo a decir– en todo el país. En los últimos meses, os lo hemos venido contando puntualmente, ha habido paros, entre otros, en Asturias, Aragón, Euskadi (quizá el mejor ejemplo de cómo llevar una huelga) o Madrid, además de la citada Catalunya; en las próximas semanas habrá en la Comunitat Valenciana o Galicia (¡por sexta vez este curso!). La España docente se revuelve.

Cada paro tiene su por qué y sus peculiaridades, pero en general los docentes protestan por las condiciones en las que ejercen su trabajo, las suyas laborales propias, y las del sistema, que son un poco la misma cosa. Una creciente burocracia, ley tras ley, que les aplasta, aulas masificadas y las faltas de respeto son algunas de las quejas específicas que se suman a las genéricas sobre los salarios. El profesorado cree que la profesión se ejerce cada vez en peores condiciones y, como consecuencia, crecen los problemas de salud mental entre el colectivo.

Las protestas son cada una contra su consejería de Educación y coinciden en que no tienen ideología. Hay y ha habido para el PSOE, para el PP y hubo para el PNV. El Gobierno no tiene competencias sobre los funcionarios ajenos, pero la exministra Pilar Alegría se permitió llamar a esta la “legislatura del profesorado” y a su sucesora, Milagros Tolón, no le ha quedado otra que darle continuidad. Es un colectivo de casi 800.000 personas a nivel nacional sin contar la universidad; al Gobierno le sale a cuenta tenerlos contentos aunque solo sea por el cálculo electoral.

Educación lo confía todo al estatuto docente, que se comprometió a sacar durante este mandato, pero ni está claro que lo vaya a conseguir ni hay garantías de que con ello llegue la paz social. De momento está en trámite una reducción de las ratios y de las jornadas lectivas (las horas de clase semanales), pero no se espera un gran impacto porque en buena medida esta norma lo que hará será fijar a nivel nacional dos cuestiones que muchas comunidades ya han implementado.

Lo indiscutible es que las administraciones necesitan hacer algo. El problema es serio y no tiene pinta de estar en fase de resolución. En algunas materias, como las científicas, hace tiempo ya que faltan profesores, lo que está llevando a meter en un aula casi a cualquiera, y eso no parece la mejor idea. Claro que es peor tener al estudiantado sin profesor durante meses, algo que ya sucede en determinados casos. Y de los que están, uno de cada cinco se plantea dejarlo. Es un problema mundial, trasciende a España, pero ya se sabe que mal de todos...

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El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha bajado de 25 a 22 la ratio de alumnos por aula en educación Infantil para el próximo curso escolar, que el 1 de marzo abrió el proceso de matriculación. La medida ha generado expectativas en la comunidad educativa, pero también muchas dudas.

Se trata de una bajada de ratio “instrumental” aprobada por resolución para el próximo curso, revisable cada año, condicionada a la demanda de plazas y “dentro de los límites” del decreto de admisión de alumnos, que sigue manteniendo la ratio máxima como estaba (25 por aula), según consta en la orden dictada por la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta.

La bajada de alumnos por clase se hará efectiva, por tanto, siempre que los colegios no reciban más demanda de plazas que oferta, en cuyo caso, rige el artículo 5.1 del decreto de escolarización (21/2020, de 17 de febrero): “En la programación de la oferta educativa, el número máximo de alumnos y alumnas a considerar por unidad escolar será de 25 en el segundo ciclo de Infantil y en Primaria”. La orden de la consejería supedita la planificación escolar de 22 por aula a la “oferta educativa existente y a la disponibilidad de espacios públicos”, entre otros factores.

Un colegio concertado de Sevilla ha hecho una consulta a la Inspección Educativa porque, con el plazo de inscripción recién abierto para alumnos de nuevo ingreso (3 años), “ya tiene comprometidas 16 de esas 22 plazas por hermanos ya matriculados en su centro”. “Hay familias inquietas porque viven al lado del cole, pero sus hijos no tienen hermanos aquí, y no saben si tendrán plaza incluso con todos los puntos por cercanía de domicilio”, explica la directora.

Fuentes del departamento de Educación subrayan que la ratio escolar será de 22 niños por aula, pero admiten que la nueva orden permite “excepcionalmente” subir a 25 por clase si el número de solicitudes rebasa “la oferta de plazas de la zona”. La Junta no contempla que ocurra este escenario, porque la población escolar andaluza lleva encadenando seis años de descensos debido al desplome de la natalidad. La bajada de la ratio ya es, de hecho, una realidad de facto en muchos colegios provocada precisamente por el escaso número de nacimientos.

Pero la incertidumbre de las familias tiene una razón de ser: el Gobierno de Moreno no ha topado la ratio escolar por ley. De hecho, ha votado dos veces en contra de hacerlo en el Parlamento, una a principio de esta legislatura, cuando vetó una iniciativa legislativa popular impulsada por sindicatos y agentes de la comunidad educativa; y otra a finales del año pasado, a propuesta del PSOE.

Hace una semana, Andalucía se alineó con otras comunidades del PP (también alguna del PSOE) que rechazaron, en el seno de la Conferencia Sectorial, el anteproyecto de ley del Ministerio de Educación para bajar de 25 a 22 el número de estudiantes por aula, una reforma legal pactada con los sindicatos docentes que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere empezar a aplicar de forma escalonada desde septiembre.

La Junta va por delante porque su bajada de ratio escolar también entra en vigor en septiembre, pero no está blindada por ley. Tiene “carácter instrumental”, es decir, “no establece un nuevo derecho ni cambia las leyes educativas principales, sino que actúa como un medio o herramienta para aplicar, gestionar o facilitar la ejecución de una norma superior, a la que seguirá supeditada”, explican fuentes de la Inspección Educativa. Se trata, por tanto, de una herramienta de gestión administrativa y organizativa del curso escolar, subordinada a una ley de rango superior que sigue fijando el tope máximo en 25 por aula.

¿Cómo se va a traducir esta medida en el proceso de escolarización en curso? El efecto real de la bajada a 22 niños por aula (a través de una modificación puntual de la orden de admisión) será desigual: se aplicará en los centros donde el descenso de la natalidad ya ha actuado recortando considerablemente el número de alumnos por clase.

Otro efecto colateral ha sido, de hecho, la eliminación de miles de unidades escolares y, en algún caso, el cierre de escuelas por parte de la Junta, una medida muy criticada por los sindicatos y formaciones de izquierdas. Pero está por ver cómo gestiona la Junta la nueva ratio en centros donde la demanda supere la oferta.

Según la resolución de la Consejería de Educación para la admisión de alumnos de nuevo ingreso el próximo curso, aprobada el pasado 27 de febrero, “se han habilitado 3.713 unidades, lo que supone un incremento de más de 150 unidades respecto al curso escolar actual 2025/2026, como consecuencia de la reducción de la ratio máxima de alumnado por grupo de 25 a 22”.

Es decir, la Junta cuenta con un colchón de 150 aulas disponibles para posibles “desdobles”, en caso de que el número de solicitudes rebase la oferta de plazas. Desde la consejería aseguran a este periódico que podrían llegar incluso a 250 unidades más, lo que implica contar con más profesorado. Una bajada de la ratio estructural, por ley, suele llevar aparejado un desdoble de aulas -donde antes había una clase de 25 niños, ahora habrá dos de 12 y 13 (hasta 22)-, y eso implica contratar más personal y sacar más plazas de empleo público.

La Junta no ha dado ese paso, es más, sus reticencias respecto al proyecto de ley de bajada de ratio del Gobierno va en ese sentido, de ahí que hayan pedido al Ministerio que aporten fondos extraordinarios para financiar una medida que compete a las comunidades autónomas.

“El derecho de familias a elegir plaza” donde no hay más plazas

La escolarización opera de forma muy distinta en el territorio andaluz. La Junta puede controlar los nacimientos que, en más del 95% de los casos, se traducen en solicitudes de ingresos en el sistema educativo a los tres años. Pero es más difícil controlar los movimientos de las familias con niños, de un barrio a otro, de una ciudad a otra, y menos aún la elección libre del colegio que les gusta.

El PP siempre ha defendido esa “libertad de elección de las familias del colegio de sus hijos”, un derecho que no existe como tal, porque topa con la limitación física de las escuelas. En la oposición, los populares tendían a presionar junto a muchas familias para que se aumentase la ratio en aquellos colegios con sobredemanda de plazas, habitualmente privados concertados ubicados en grandes urbes, en barrios de clase media alta, donde estas escuelas terminaban teniendo hasta 28 niños por clase en Infantil y Primaria.

Los populares han seguido defendiendo este criterio desde que gobiernan en Andalucía, hace ya seis años, aunque justo este periodo experimentó un descenso de la natalidad que ha amortiguado los problemas de muchas familias para encontrar plaza en el colegio elegido para sus hijos.

En el curso pasado, el 96,62% de las familias obtuvo plaza en el centro elegido como primera opción, mientras que el 99,39% logró el puesto escolar en alguno de los centros preferidos. En realidad estos datos siempre han estado en esos parámetros altos, superiores al 94%.

Aun así, a pesar de haber menos nacimientos, menos matrículas y una ratio inferior, sigue habiendo determinadas escuelas muy populares donde la demanda excede a la oferta. Las familias que no consiguen la plaza escolar que quieren para su hijo se concentran en un puñado de colegios de cierto renombre en las grandes ciudadanos (privados concertados), pero sus protestas siempre han encontrado un eco sobredimensionado precisamente por el PP y la prensa conservadora.

Para estos casos, los populares también han defendido siempre que se ningunee la ratio, apurando los márgenes que permite la ley estatal y aumentando hasta tres niños más por aula (hasta 28 en Infantil y Primaria). Por ley, la subida de la ratio se puede aplicar en un colegio concreto, con sobredemanda, o en todo su distrito escolar.

La Consejería de Educación sostiene, en conversación con este periódico, que ahora que la ratio está en 22 por aula, sólo se aumentará el margen en un colegio si no quedan plazas libres en otros centros del mismo distrito. “Si un colegio recibe 22 solicitudes, la número 23 se derivará al colegio más próximo con plazas disponibles. Sólo si no hay espacio en toda la zona escolar, nos plantearíamos aumentar la ratio”, advierten. En realidad esto siempre ha sido así.

Lo que genera dudas ahora no es lo que establece la nueva orden, sino su aplicación práctica, y las contradicciones del discurso político del PP en defensa del “derecho de las familias a elegir libremente el colegio de sus hijos”. Si una familia no logra plaza en el colegio que quiere, tendrá que conformarse con la escuela de al lado, ¿o la administración que defiende la libre elección de centro sacrificará su nueva ratio de 22 por aula para satisfacer ese “derecho”?

“Sólo carácter instrumental”

Sobre el papel, la orden que fija el tope en 22 niños por clase está condicionada a las necesidades de escolarización de cada distrito, también como ocurría antes. “La determinación del número de alumnos por unidad escolar a efectos del procedimiento de admisión tendrá en todo caso carácter instrumental para la planificación educativa y se efectuará dentro de los límites máximos establecidos en la normativa básica estatal y en el artículo 5.1 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero”, reza la modificación de la orden de admisión, aprobada por la Consejería de Desarrollo Educativo el pasado enero.

La bajada de la ratio escolar es una constante en el debate educativo, una de las propuestas más consolidadas en la comunidad científica para mejorar el trabajo docente y el aprendizaje del alumnado. En esta legislatura, la iniciativa se ha estrellado dos veces contra la mayoría absoluta del PP en el Parlamento andaluz.

En 2022, los populares vetaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por 30 colectivos de la comunidad educativa para modificar la Ley de Educación de Andalucía con el objetivo de reducir de 25 a 20 el número máximo de alumnos por aula en Infantil y Primaria. En diciembre de 2025, el PSOE andaluz lo volvió a intentar, impulsando una reforma legal con el mismo objetivo, avalada por sindicatos de profesores, asociaciones de padres y madres de alumnos, de directores de institutos y de escuelas rurales.

La iniciativa, que llevaba aparejada la contratación de 13.000 profesores nuevos, era una réplica autonómica de la propuesta que días antes había anunciado el presidente Pedro Sánchez, mandatando al Ministerio de Educación a topar el número de estudiantes por aula, que ahora está en 25 para Infantil y Primaria; 30 para Secundaria y 35 en Bachillerato y FP. Los populares de Juanma Moreno volvieron a vetarla.

Sin embargo, dos meses antes, el mismo Gobierno andaluz había firmado un acuerdo con tres de los cinco sindicatos mayoritarios del sector educativo -CSIF, ANPE y UGT- con una serie de compromisos para la mejora de la calidad en la enseñanza, incluida una bajada de la ratio en Infantil. El Consejo de Gobierno del 4 de marzo aprobó una modificación parcial de la orden de escolarización de este curso, que incluía esa bajada, pero que dista mucho de las dos reformas legales discutidas y vetadas en el Parlamento andaluz.

La nueva redacción del artículo que se ha modificado establece que la Dirección General competente en materia de planificación educativa fijará mediante resolución anual, previa al inicio del procedimiento ordinario de admisión, dentro de los límites establecidos en el artículo 5.1 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, el número de alumnos y alumnas por unidad escolar que se utilizará en el proceso de admisión para cada curso escolar.

Hoy quería abordar una cuestión recurrente y es un buen día para tratarlo. Esta semana algunos os habéis enfadado un poco porque básicamente todos los medios nos hemos hecho eco de un estudio de EsadeEcPol sobre el efecto de bajar las ratios en el aula, porque, ha sido el argumento, colaboramos en expandir la agenda neoliberal.

Antes de seguir, para que sepamos de qué hablamos: el estudio mide el efecto de reducir cinco estudiantes por aula en –y el matiz es importante– clases ya no muy grandes, como las españolas, de entre 20 y 30 estudiantes, y con alumnos de Primaria, una etapa menos centrada en el rendimiento académico que la Secundaria, lo que puede ser una limitación para tener el cuadro completo.

En cuanto a los resultados, dice que académicamente apenas tiene efectos en el rendimiento de los estudiantes porque reducir en cinco alumnos una clase no tiene tanto efecto sobre las disrupciones y el profesorado tampoco cambia tanto su práctica docente (por ejemplo, individualizando más la atención) porque ya la practica masivamente. En el lado positivo, sí mejora algo el bienestar de los docentes y provoca que las familias paguen menos clases particulares, que ya es algo.

Aquí te dejo el artículo que sacamos nosotros, por si te lo perdiste.

El estudio es pertinente –Esade es especialista en eso– porque el Gobierno se dispone justamente ahora a rebajar las ratios que subió Wert hace 14 años y que, aunque algunas comunidades autónomas han bajado motu proprio, no se había hecho con carácter estatal. El anteproyecto de ley ya se está tramitando y el Gobierno se lo explicó el pasado viernes a las comunidades autónomas, que le han pedido, sin éxito, que espere un poco antes de aplicarlo.

El caso es que la bajada de ratios es una de las medidas más populares entre profesorado y familias para mejorar la educación, pero más allá de la intuición (menos alumnos, menos disrupción, mejores clases) o las experiencias personales que muchos referisteis no hay tanta información científica sobre el tema. Por ese lado Esade viene a aportar algo de luz en base a datos concretos y medibles.

Se puede objetar, como habéis hecho algunos, que al estudio le “falta aula”. Una profesora me escribía: “Han estudiado datos, pero no niños o niñas, y no han ido a un aula, eso te lo garantizo. Tengo la fortuna de tener dos grupos desdoblados y la evolución es increíble, niños y niñas condenados que en el segundo trimestre emergen”. Le agradecí el mensaje, bienvenido sea el debate, y por eso en los próximos días también publicaremos una tribuna contraargumentando al estudio.

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Es caro, es poco eficaz y beneficia sobre todo a docentes y familias, pero no al alumnado. Bajar el número de estudiantes por clase, una de las medidas más populares y exigidas por el profesorado, no tiene los efectos que se pensaba sobre el rendimiento del alumnado, principal motivo que se suele ofrecer cuando se defiende esta medida, según el informe Clases más pequeñas, impactos limitados para inversiones elevadas, de Esade EcPol. Esto sucede al menos en el contexto español, con clases de entre 20 y 30 estudiantes, y para el caso de Primaria, que es el abordado en este estudio.

El informe, realizado en base a datos de la Comunidad de Madrid pero extrapolable al resto de España, concluye que reducir en cinco alumnos el tamaño de una clase baja cuatro puntos porcentuales la probabilidad de que la disrupción, uno de los principales problemas en clase que señala el profesorado, sea un problema moderado o grave, pero apenas impacta en la práctica docente y además implica que las familias “relajan ligeramente su esfuerzo cuando las clases son más pequeñas”.

En conjunto, explica el texto, “no se identifican efectos significativos sobre el rendimiento, el bienestar subjetivo del alumnado ni en la repetición”. Tampoco “se generan subgrupos con beneficios sustanciales (...) ni por nivel socioeconómico ni por curso o materia ni por características de centros docentes ni por la frecuencia de prácticas individualizadas”. Esto es, no hay beneficio significativo ni para el conjunto del estudiantado ni para algún pequeño grupo de alumnos, normalmente los más desfavorecidos, en básicamente ningún tipo de centro. El tamaño del aula –siempre dentro de ciertos parámetros– apenas importa.

Si el objetivo [de reducir las clases] es mejorar el rendimiento medio de los estudiantes, hay políticas mucho mejores", explica José Montalbán Castilla. El programa 'mentores', por ejemplo, es 20 veces más eficaz

“Si el objetivo [de reducir las clases] es mejorar el rendimiento medio de los estudiantes, hay políticas mucho mejores”, explica José Montalbán Castilla, investigador asociado de Oportunidades y Movilidad Social de Esade EcPol y autor del informe. “Por ejemplo, si quieres mejorar el rendimiento de los estudiantes que van más rezagados o que tienen menos recursos, hay políticas como tutorías individualizadas en pequeños grupos, programas PROA [de refuerzo] o mentores que son mucho más efectivas. Un ejemplo: el efecto medio que nosotros encontramos de disminuir cinco alumnos por clase es de un 1,25% sobre la desviación estándar. El programa de mentores tiene un efecto sobre el rendimiento académico del 26% de la desviación estándar, que es casi un curso entero académico medido según el examen PISA (33 puntos son un curso completo). Mentores tiene 20 veces más efecto en los alumnos de bajos recursos a un coste mucho menor”, desarrolla el también profesor asistente de Economía en la Universidad de Estocolmo.

Su estudio sí encuentra que “los principales beneficiados” de esta medida son el profesorado y las familias –“los adultos–, lo cual ”ayuda a entender la alta demanda social de esta política y la receptividad institucional ante ella, pese a su impacto limitado en el aprendizaje“ y lo cara que resulta (reducir las ratios implica, obviamente, abrir más clases, lo que exige contratar profesores, un aspecto que ya consume entre tres y cada cuatro euros de todo el presupuesto educativo). En global, un mensaje ”incómodo pero relevante“, concede su autor.

El informe sale justo cuando, tras haberse negado a hacerlo en la Lomloe en 2021 y los años posteriores, el Gobierno ha decidido abordar la reducción de las ratios, tal y como le estaban exigiendo los sindicatos educativos. El anteproyecto de ley, destinado a revertir la ampliación de ratios que aprobó el exministro popular José Ignacio Wert en 2012, va camino del Congreso. Si el Ejecutivo consigue sacarlo adelante, supondrá pasar de 25 a 22 estudiantes por clase en Primaria y de 30 a 25 en Secundaria.

Desde Maimónides hasta hoy

El asunto del tamaño de las clases es tan antiguo casi como la propia educación. Montalbán explica en su estudio que el polifacético Maimónides ya se ocupó del tema en el SXII. Maimónides, escribe el investigador, interpretó “el Talmud de la Babilonia del siglo VI, en la que se discute el tamaño máximo de la clase y las ratios alumno-profesor, donde argumenta que el tamaño máximo de la clase debería estar en 40 alumnos”.

Ha llovido desde entonces, pero el debate sigue sin resolverse y tanto los sindicatos en sus demandas como el Gobierno en su ejecución están apostando por su aplicación universal, pese a la falta de evidencias sobre la medida, que este informe trata de mitigar.

Motalbán explica en su artículo que los posibles efectos de reducir el tamaño de las clases son dos: los economistas de la educación suelen apelar a la bajada de la disruptividad en el aula que se le supone a la medida; la investigación educativa recurre a cómo reaccionan los docentes, si cambian su práctica docente y, por ejemplo, recurren a una enseñanza más personalizada.

Ni una ni otra se ven afectadas significativamente por sacar cinco estudiantes de clase, según el informe, aunque en el segundo caso puede deberse en parte a que maestras y maestros de Primaria ya practican una atención bastante individualizada: un 93% de ellos ya revisa los cuadernos de ejercicios o los deberes y un 70% recurre a la enseñanza en pequeños grupos. Si dos de los principales elementos que influyen en el rendimiento académico no cambian, tampoco lo hace este, sostiene el informe en base a los resultados estudiados en pruebas estandarizadas de Matemáticas, Lengua e Inglés.

Docentes y familias contentos

El texto incide en que los docentes sí se benefician de la reducción de estudiantes en clase, aunque sea por la idea de que es una medida que quieren y les da satisfacción conseguirla. El informe cita un estudio de EEUU en 2025 que equipara una reducción de diez alumnos en el aula, de 30 a 20, con un aumento de 6.000 dólares anuales de salario. Traspasado a España y sus datos, esto quiere decir que sacar cinco estudiantes de cada clase equivaldría para las y los maestros a un aumento de 1.800 euros anuales.

Dicho de otra manera, siguiendo esta teoría, a los docentes les parecería igual de bien que les subieran el salario 1.800 euros al año que una reducción de cinco estudiantes por clase. Pero subir las nóminas en esa cantidad, un 6% aproximadamente, sería mucho más barato que contratar docentes para las clases más pequeñas a razón de más de 30.000 euros anuales, razona el informe. “Podría ser más eficiente destinar esos recursos a otros márgenes de la política retributiva”, razona el informe.

También las familias sacan partido de clases más pequeñas, aunque lo hace en magnitudes pequeñas o incluso no significativas en algunos casos. Pero los padres y madres cuyos hijos acuden a colegios con mayores ratios tienden a implicarse más en su educación y matricularlos más en academias o ponerles profesores particulares, sostiene el texto. Y al revés: clases más pequeñas significa familias más relajadas y menos hijos en academias.

Pese a los resultados generales, Montalbán no descarta en su estudio que deban descartarse por sistema las clases más pequeñas. “Estos resultados no implican necesariamente que las reducciones del tamaño de la clase deban descartarse para ciertos contextos. Los resultados obtenidos son potencialmente compatibles con una estrategia más focalizada, donde se concentren las bajadas de ratio en contextos donde la disrupción es alta y donde enseñar es objetivamente más difícil. Queda por ver, además, si determinadas políticas complementarias (por ejemplo, de formación docente) pueden contribuir a que las clases más reducidas se traduzcan en beneficios efectivos para los resultados del alumnado”, concluye.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley por el que se reducirán las ratios de alumnado por clase y las horas lectivas semanales del profesorado (las horas de docencia en el aula). El texto, negociado en los últimos meses con los sindicatos más representativos, propone reducir el número máximo de alumnos por aula a 22 en Primaria (frente a los 25 actuales) y a 25 en la ESO (ahora son 30). En primera instancia quedan fuera las etapas no obligatorias (Educación Infantil o Bachillerato), pero el texto da un plazo de seis meses a partir de su aprobación para abordar una posible reducción en esas otras etapas.

Además, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) contará doble a la hora de establecer estas ratios, de manera que las clases que cuentan con estos estudiantes tendrán menos alumnos.

Respecto a las horas lectivas, pasarán de 25 a 23 semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 20 a 18 horas en el resto de enseñanzas, aunque se deja abierta la puerta a que “de manera excepcional (...) podrá alcanzarse un máximo de 20 horas”. Esta medida tendrá menos repercusión que la anterior porque la mayoría de las comunidades autónomas han ido reduciendo las horas lectivas motu proprio hasta los máximos que ahora quiere marcar el Gobierno.

“El objetivo es corregir las desigualdades detectadas entre autonomías y mejorar las condiciones de trabajo del profesorado, así como conseguir una atención más individualizada”, explica el Ministerio de Educación ambas medidas. El Gobierno da así el paso que rehusó dar cuando aprobó la ley educativa en 2020 (Lomce). Entonces decidió “recomendar” la reducción de ratios, pero no la impuso, como sí había hecho el exministro de Educación, José Ignacio Wert, cuando las elevó aprovechando la crisis de 2008 y los subsiguientes recortes. “No todas la adoptaron (la recomendación)”, admite Educación, “por eso ahora con este anteproyecto de ley se fija una regulación máxima legal de horas para garantizar homogeneidad en todo el territorio nacional”.

Este es solo el primer paso de un trámite que tiene como último destino el Congreso, donde la ley deberá superar la minoría del Gobierno y la anunciada negativa de Junts a todas las iniciativas del Ejecutivo (sus votos son claves, dando por hecho que PP y Vox no apoyan nada de lo que hace el Gobierno). La ministra Alegría ha informado en la rueda de prensa que la intención del Gobierno es que el texto llegue a la Cámara Baja en enero. Respecto a posibles apoyos, la también portavoz del Ejecutivo ha apelado a la responsabilidad de los partidos y ha recordado que anteriores leyes educativas, como la de Enseñanzas Artísticas, han obtenido un amplio respaldo.

El objetivo del Ministerio de Educación es que la nueva jornada lectiva y la consideración doble del alumnado NEEs entren en vigor en el curso 2026/2027. Las nuevas ratios comenzarán a implantarse progresivamente: en el curso 2027/2028 en Infantil y Primaria; en 2028/2029 en Secundaria; y en 2029/2030 en Bachillerato, alcanzando su plena aplicación en el curso 2031/2032.

“Existe un consenso generalizado de que cuando se reduce el número de alumnos por aula se favorece la atención del alumnado, la aplicación de los principios básicos de la educación inclusiva y la atención a la diversidad, además de que reduce la carga laboral del profesorado y, por tanto, mejora el bienestar docente”, argumenta la reducción de ratios el ministerio.

El anteproyecto “busca revertir los duros recortes que el mundo educativo, y especialmente los docentes sufrieron en 2012 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy”, ha afirmado la ministra de Educación, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Para la escuela pública

Las medidas que ha aprobado el Ministerio de Educación parecen destinadas a favorecer la escuela pública. Se observa en el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, que contará doble para establecer las ratios. Este tipo de alumnos, normalmente asociados a algún tipo de discapacidad, se concentran en los colegios públicos en una proporción más alta de lo que estadísticamente les correspondería. Ellos se beneficiarán de la reducción de alumnado por clase.

Los sindicatos valoraron positivamente la propuesta, aunque también exigieron que esta medida se generalice a todo el alumnado con alguna necesidad de apoyo. Por el momento Educación solo contempla aplicarla al alumnado con necesidades educativas especiales, pero deja fuera a los que tienen altas capacidades, dificultades de aprendizaje (retrasos madurativos, dislexia, inmigrantes con problemas de idioma) o están en situación de vulnerabilidad social.

Según un informe reciente de CCOO, en el sistema hay más de un millón de estudiantes que tienen alguna necesidad de apoyo, de los que solo 250.000 entran en la categoría de necesidades especiales que incluye el Gobierno en su propuesta. Tres de cada cuatro se quedarían fuera, por tanto.

“El profesorado necesitamos más y seguimos insistiendo en más mejoras en la jornada laboral, mayor rapidez en la aplicación de la bajada de ratios en todas las etapas y enseñanzas, que todo el alumnado con cualquier necesidad cuente para bajar ratios y para incrementar apoyos especialistas y aumentar los recursos en la red de orientación educativa”, ha valorado la secretaria general de CCOO, Teresa Esperabé.

Además, Educación está trabajando con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el desarrollo de un índice de vulnerabilidad socioeconómica. “Este índice servirá para identificar aquellos centros que, por diferentes circunstancias, como el tipo de alumnado o la ubicación, presentan una situación de especial complejidad”, explica el ministerio. El índice es una fórmula matemática que a partir de diferentes variables (como el contexto socioeconómico del hogar, entre otros) establecerá el grado de vulnerabilidad de cada estudiante para, a partir de este indicador, tomar medidas adicionales. El anteproyecto de Ley da seis meses desde la entrada en vigor de la Ley para desarrollarán recursos este tipo de centros educativos.

Habría que retrotraerse a la década de los 80 para encontrar una convocatoria de huelga de dos días consecutivos en la educación gallega como los que tendrán lugar este martes y este miércoles, 28 y 29. La iniciativa partió de los sindicatos CIG—el mayoritario, con una representatividad del 60%— y la también central nacionalista STEG, a los que se sumó la CUT. La movilización, que el primer día rodeará la sede de la Xunta en Santiago y el segundo se repartirá por las cuatro provincias gallegas, llega tras el paro del pasado 25 de septiembre, en el que los convocantes elevaron el seguimiento por encima del 60% mientras Educación lo dejaba a las puertas del 15%. CCOO, UGT y ANPE, que firmaron un acuerdo con la consellería a finales de 2023, no respaldan la protesta.

La huelga demanda una bajada de ratios en todas las etapas educativas a partir del próximo ejercicio 26/27. Reclaman que se recupere el horario lectivo ampliad por la crisis, en 2011 y 2012 —21 horas en primaria e infantil y 18 en el resto—, ya que Galicia es, a día de hoy, la única comunidad que aún no lo ha hecho. Solicitan medidas concretas que garanticen una correcta atención a la diversidad, un plan real para la eliminación de la burocracia, con más horario para equipos directivos, coordinaciones y tutorías y la contratación de más personal administrativo. Añaden mejoras retributivas para recuperar el poder adquisitivo perdido, que estiman en más de un 20% en los últimos 15 años, o la reducción de la jornada para los mayores de 55 años.

Por encima de las reivindiciones genéricas, elDiario.es ha hablado con cuatro docentes —una orientadora, un profesor de secundaria, una profesora de infantil y otra de FP— para conocer el día a día real de sus centros y los motivos para secundar la huelga.

La impotencia de la orientadora

“El trabajo es inabarcable y la situación, de impotencia”. Martina Martínez es la presidenta de la Asociación Galega de Orientadoras do Ensino Público. Su plaza está en el IES de Brión (8.200 habitantes, en el área metropolitana de Santiago de Compostela), donde ella sola atiende a 516 alumnos. Con resignación, admite que su caso no es de los peores: conoce compañeras que llegan a tener 1.079 en secundaria o centros de FP en la capital gallega donde se alcanzan los 1.500. El límite es el de la matrícula de cada centro, porque los orientadores no tienen ratio.

“No hay ratio y somos uno por centro, en el mejor de los casos, porque en ocasiones es compartido”. Martínez invoca como “objetivo” las recomendaciones de la UNESCO que hablan de un profesional por cada 250 alumnos, sin ponderar sus necesidades. A efectos de ratio de aula, un pequeño con una discapacidad del 33% cuenta por dos; con más del 66% lo hace por tres. El de la UNESCO —como hace la Xunta en muchas ocasiones a la hora de asignar grupos— sólo cuenta cabezas.

Su relato en primera persona refleja una realidad que se repite centro a centro. “Yo empiezo el día con mi plan de trabajo, pero de repente llama a la puerta una alumna con crisis de ansiedad. Mientras estoy con ella llega una familia a denunciar un problema de acoso y, en ese momento, aparece el conserje porque hubo un conflicto en un aula y uno de los implicados es un alumno con trastorno del espectro autista. Cuando acaba la jornada, tu plan de trabajo ni lo tocaste, sumas lo que apareció durante el día y lo que vienes arrastrando”. Lo que viene arrastrando es, por ejemplo, la docena de alumnos que aguardan la valoración de sus dificultades de aprendizaje. “Tengo una lista de espera que parezco el SERGAS [Servizo Galego de Saúde]”, narra con un punto de amarga ironía mientras comprende el enfado de las familias que siguen sin conocer los resultados.

A todo esto se suma la carga burocrática, un sinfín de papeleos e informes, cargados de datos y porcentajes que “en muchos casos son repetidos: los diste una vez y los tienes que volver a dar”. Y, mientras, nadie “racionaliza” las funciones de las oreientadoras. “Hace un año, un grupo de compañeras recopilaron en un documento todas las funciones que se nos encomendaban en los diferentes protocolos, planes y programas: el documento tiene 49 páginas”.

Mientras, la postura de la Xunta pasa por considerar la orientación algo “transversal” al conjunto del centro en lugar de reforzar el departamento específico. Martínez cree necesaria una combinación de las dos cosas: aumentar la plantilla de profesionales y formar al profesorado de forma obligatoria, ya no voluntaria. “Mucha gente no sabe cómo tratar a un alumno con necesidades o, simplemente, no tiene tiempo material para hacerlo con treinta alumnos en el aula: como estamos tan sobrepasados, lo que intentamos es cubrir mínimos”.

El profe de Mate y las alertas de suicidio

La atención a la diversidad es la primera preocupación de Suso Abalo. Y eso que este ingeniero de telecomunicaciones que, tras ocho años en el sector, quiso hacer “algo bueno por el mundo” y se metió en la docencia, no pertenece a esa especialidad. Tras cuatro años en centros privados y concertados, ya lleva otros tantos con plaza como profesor de Matemáticas. Actualmente la tiene en el IES Castelao de Vigo y, aunque como ingeniero supo lo que era pasar noches enteras en blanco para entregar proyectos a tiempo, rompe un mito: “Nunca trabajé tanto como desde que soy profesor”.

Empieza por la atención a la diversidad después de dudar entre los múltiples frentes abiertos en secundaria: “Es como si te dicen: 'hay que acabar con el cambio climático' y tú piensas... pero con el hambre, también”. Una medida conseguiría atacar ambas necesidades: “una reducción de las ratios permitiría mejorar esa atención”. Suso considera “alucinante” que Galicia sea “la única comunidad que no recuperó el horario de antes de la crisis de 2008”, aunque el aumento de horas lectivas llegase como consecuencia unos años más tarde.

“No es que vayas a trabajar menos: yo doy por hecho que, al igual que ahora, pasaré todas las tardes preparando clases, pero si preparo 18 las prepararé mejor que si tengo que preparar 20”. Eso conecta de nuevo con la atención a la diversidad. “Tengo que preparar material específico para alumnado con necesidades y eso requiere muchas horas” si el objetivo final es “lo que queremos: atenderlos bien, lo mejor posible”.

El docente reclama también mayor apoyo a la orientación y le parece “increíble” que non tenga ratio. “La de nuestro centro, una sola para más de 600 alumnos, está desbordada”. No son sólo los grandes números, también el trabajo de cada alumno es mayor: “Antes, si no estabas bien, te decían que te apañases, que dejases de estudiar... y había muchas cuestiones personales que no se llevaban a la escuela”.

Suso tuvo la prueba de esto cuando en clase hablaban de la otra huelga de este martes, la que ha convocado el Sindicato de Estudiantes por la muerte de Sandra, la niña de 14 años que se suicidó en Sevilla tras sufrir acoso escolar. En medio del maremagnum de opiniones cruzadas, una alumna le confesó que había tenido ya dos intentos de suicidio. “Esto ahora te lo cuentan; antes, seguramente, el profesor no te daría el espacio para hacerlo”. Al salir de clase, se lo contó a la orientadora. “Me dijo: 'mañana mismo hablo con ella...'”. Con más de 600 alumnos, era fácil imaginar cómo era ese día de “mañana” al que tendría que sumar una urgencia de ese calado.

Esa falta de tiempo es la que padecen los tutores. Suso este año no lo es, pero recuerda que el pasado, en la misma hora semanal que tiene ahora, tenía que ocuparse de todo lo que pudiesen necesitar los 30 alumnos de su tutoría: informes, atención a las familias... “Les dedicaba muchísimo tiempo, con la misma disponibilidad que ahora y sin ningún reconocimiento económico”. Y aunque él ese considera un privilegiado porque en su entorno nadie dice que los profesores “no dan golpe y viven como dios”, ironiza con que todavía tiene compañeros que tienen que escuchar cómo el camarero que les pone el café cada día les dice que, si van a la huelga, es porque “los tienen cuadrados”.

El cole inclusivo al que no le dejan serlo

Elvira Fernández es profesora de música en el CEIP Mestre Martínez Alonso de Mos, también en la comarca de Vigo, donde comparte tutoría con el director del centro y desarrolla proyectos de innovación “con menos horas de las que necesito”, apunta. El colegio fue un centro de atención preferente a alumnado con necesidad motórica y hoy los es para la atención del alumnado con trastorno del espectro autista. Presumen de un modelo educativo de inclusión “real”, premiado en varias ocasiones por la propia Xunta pero que, ahora mismo, ha quedado en el filo de la navaja: el curso ha empezado con cuatro docentes menos de los necesarios y, a los que están en plantilla, “las fuerzas no nos dan”.

“Llevábamos varios años con recortes, pero lo de éste ha sido sangrante”, asegura Elvira que cree que la situación “va a explotar”. “Hay momentos en los que no disponemos ni siquiera de un profesor de guardia”. El centro ha comenzado a movilizarse semanalmente con la convocatoria de “Martes Negros” bajo el lema: “La inclusión real necesita personal”. “No sólo se necesita tecnología”, le dice a la Xunta, “también hacen falta personas: algunos alumnos necesitan a una sólo para ellos”.

El centro ha contabilizado las necesidades: de las más de 100 horas que precisan en Pedagogía Terapéutica (PT) no disponen ni siquiera de 50, “menos de la mitad”. Y, mientras, la consellería sólo ofrece parches, como un tutor a media jornada. Esta modalidad, la de la media jornada, se ha disparado en este curso y permite que la Xunta hable de número récord de docentes aunque a veces hagan falta dos para sumar las horas que hace apenas un año hacía uno solo. “Además, tanto al ANPA como a nosotros nos han prometido otro PT, pero hoy lunes hemos sabido que no va a venir”.

Cuando ve al conselleiro Román Rodríguez presumir de que, mientras cae el número de alumnos, el de profesorado aumenta, Elvira cree que, simplemente, “no conoce la realidad”. Y cuando la administración se aferra al catálogo del centro, responden que esos catálogos están “desactualizados” y que en su proyecto inclusivo basado en la codocencia, hay pequeños que no llegan a ser vistos por el PT. “No les preocupan las necesidades de esos niños”.

FP: la privada, presencial; la pública, a distancia

María Rodríguez es profesora en FP desde hace casi dos décadas y asegura no recordar un inicio de curso tan “caótico” como el actual. “Ha sido el peor, con mucha diferencia”. Relata casos de compañeros que todavía recibieron el horario definitivo “la semana pasada”, más de mes y medio después del inicio del período lectivo, un tiempo en el que los grupos de alumnos han estado “bailando” entra aulas y “recibiendo formación en módulos que non son los suyos”. Culpa de esa situación a las prisas de la Consellería para empezar muy pronto las clases —el 8 de septiembre— mientras aumenta la “burocracia”.

Tras unos años en los que la formación profesional “se dignificó”, la reforma que comenzó el pasado curso y que en este se generaliza la está “haciendo involucionar”. La apuesta de la Xunta por la FP Dual ha disparado a 500 horas las prácticas en empresas lo que supone “casi un mes menos de clase” sin revisión de los contenidos. Su conclusión, que el alumnado saldrá peor formado. Una consecuencia más de la “privatización” que, según denuncia, está afectando a esta enseñanza. Por un lado, por la autorización de ciclos a centros privados; por otro, por la apertura de los centros públicos a docentes nombrados por esas mismas empresas.

“Vienen a dar clase a los institutos pasando por alto los principios de igualdad, mérito y capacidad que se nos exigen en las oposiciones. Cómo no va a ser la FP la niña de los ojos del conselleiro cuando puede eleiminar profesorado público para contratar a amigos de empresas privadas”. Como ejemplo representativo señala lo sucedido con el módulo de sostenibilidad, donde las clases son impartidas por representantes de Repsol. “No puede haber esta reducción de horas en módulos prácticos y específicos para que venga una empresa privada y nos suelte su charla”.

La otra variante es más perversa: se elimina la presencialidad de los ciclos en centros públicos mientras se autoriza en los privados. Otra muestra: el ciclo superior de Integración Social que se imparte en su centro. Hasta hace tres años era presencial y estaba completo, con sus 30 alumnos. Ahora, se ha modificado para ofrecer formación a distancia, “con 50 alumnos y los mismo profesores”. En ese tiempo, se ha concedido a dos colegios privados que sí pueden impartirlo de forma presencial. “En Vigo no hay ningún centro público que pueda hacerlo”.

“Es una estrategia, no es casual que se elimine la presencialidad en los públicos”, asevera convencida María. Esa amplia matrícula permite que Educación pueda “alardear de números, con miles de alumnos”, pero esta docente del IES de Chapela –en Redondela, a un paso de la mayor ciudad de Galicia– se centra en los resultados. “La gente que titula es un 20%. Lo tienen muy difícil, porque son gente que trabaja, que tiene que estudiar a distancia...”.

Mientras, en la privada, para quien pueda pagarlo, “se abrió la veda”. En la FP “hay mucho dinero y permite hacer muchos favores; puedes hacer lo que quieras”. Rodríguez no oculta que la situación actual le da “pena”. “Siempre digo que los alumnos salen adelante a pesar de la consellería”, gracias a “la involucración completa del profesorado”.

La cuentas de Educación

Este lunes, víspera de la huelga, ha sido el día elegido por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para presentar en el Parlamento sus presupuestos para el próximo año, que llegarán a los 3.090 millones, casi 44 más que en 2025, lo que supone una subida porcentual de apenas el 1,5%, varias décimas por debajo del crecimiento medio de las cuentas autonómicas, que alcanzar el 21,%.

Rodríguez anunció la convocatoria en 2026 de unas 1.500 plazas docentes, lo que supondría “cubrir de nuevo el 120% de las plazas autorizadas por el Gobierno del Estado”. Asegura que, desde el acuerdo firmado con los sindicatos CCOO, ANPE y UGT en vísperas de la convocatoria de elecciones autonómicas, el presupuesto destinado a personal se ha incrementado en 160 millones e euros. La tres centrales —con una representatividad conjunta que ronda el 40% del profesorado— han llevado ante la justicia el pacto por los incumplimientos de Educación.

Los números del conselleiro no han convencido a la oposición. Según recoge Europa Press, la diputada del BNG María Cristina Fernández ha considerado “penoso” que para Rodríguez “sea un récord disponer de 3.000 millones euros de presupuesto” y, en puertas de la huelga, lamentó que “el PP prescinda de partidas suficientes para disponer de lo más básico, de personal”. Por su parte, el socialista Aitor Bouza denunció que los presupuestos “no responden a las necesidades que tiene la educación en Galicia” y que la inversión “decrece” respecto al total.

El Gobierno parece que se ha tomado en serio esto de rebajar las ratios que os contábamos hace unas semanas. Lo que parecía, conociendo al Ejecutivo, un anuncio genérico de buena voluntad se concretó la semana pasada con detalles: el Ministerio de Educación ha propuesto a los sindicatos que en Primaria haya 22 alumnos por clase y en Secundaria 25. Sin matices, para todos. Es una rebaja notable desde los 25 y 30 actuales, respectivamente.

Bueno, en realidad sí hay matices, pero son a más a más. Para incidir en la rebaja en las clases que más lo necesitan (el ministerio siempre ha dicho que son más eficaces las rebajas puntuales y dirigidas que el café para todos) el alumnado con necesidades educativas especiales contará doble. Esto es, si en una clase de máximo 22 estudiantes hay uno de este perfil el total real será de 21. Si hay dos, 20. Y así.

A los sindicatos les gusta esta idea, aunque a la vez advierten de que se queda corta porque deja fuera a muchos jóvenes que sin entrar en la categoría de necesidades educativas especiales (que se asocia a discapacidades) sí necesita apoyos de algún tipo (alumnado vulnerable, altas capacidades, etc.). Tampoco les gustan los plazos de aplicación que ha diseñado Educación: será progresivo, por cursos, empezando dentro de dos (desde el 2027-2028) y los representantes del profesorado exigen que sea ya. Aquí te dejo nuestro artículo con los detalles.

El mismo proyecto de ley –que se seguirá negociando este jueves– incluye la promesa del presidente de bajar las horas lectivas semanales (las horas de clase que imparte un profesor) a 23 horas en Primaria y 18 en Secundaria. Esta es una medida que tendrá menos impacto porque ya está vigente en casi todas las comunidades autónomas, pero será un alivio para las que no lo tienen, como Madrid, donde ha sido el caballo de batalla del profesorado los últimos dos cursos.

Con este tema va a tener que hilar fino el Gobierno si no quiere que le pase como a las organizaciones sindicales madrileñas, que firmaron un acuerdo pensando que se iban a 19 horas lectivas en Secundaria para encontrarse que la Consejería de Educación ha hecho una treta contable para que la mitad del profesorado tenga técnicamente 19 horas, pero en realidad solo se ha cambiado la consideración de las tutorías y todo sigue igual.

Otro día hablaremos más detenidamente de este cambio de actitud del ministerio, que como sabéis se negó a bajar las ratios cuando aprobó la Lomloe y ahora está realizando propuestas ambiciosas que creo que han sorprendido a más de uno. De momento, seguimos con más cosas, que hoy (también, está la educación agitada) vamos cargaditos.

Esta semana hemos hablado de...

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Cierro hoy, para variar, con una bonita historia.

Yo vuelvo a vuestro buzón el martes que viene.

Hasta entonces, ¡feliz semana!

El Ministerio de Educación ha aterrizado esta tarde a los sindicatos su propuesta genérica de bajada de ratios. El departamento que dirige Pilar Alegría propone reducir hasta 22 el número máximo de estudiantes por aula en Primaria (ahora son 25) y a 25 en la ESO (desde los 30 actuales) con carácter general para toda España, según ha adelantado El País y podido confirmar este periódico.

Dentro de la misma normativa que el Gobierno pretende modificar, la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, se incluye también la prometida rebaja de las horas lectivas máximas que debe impartir el profesorado, que bajará a 23 horas en Primaria y 18 en Secundaria. Esta medida afectará a pocas comunidades autónomas, porque la mayoría de ellas ya se manejan en esas cifras.

Si el Gobierno saca delante esta reforma –al ser una ley deberá pasar por el Congreso, lo que implica que el Ejecutivo necesita recabar apoyos– habrá dado respuesta a dos de las principales reivindicaciones del profesorado, que viene exigiéndolas desde que se aprobó la Lomloe en 2020.

Hace dos semanas Educación le anunció a las organizaciones sindicales su intención de rebajar las ratios, pero solo había deslizado algunas ideas generales: lo haría preferentemente en las aulas con alumnado más desfavorecido, en los centros ubicados en entornos socioeconómicamente más vulnerables y en los cursos de transición entre etapas (de la Primaria a la ESO es un momento crítico para el alumnado). También se incluía un anuncio más genérico de bajada generalizada.

Café para todos

Finalmente, el ministerio ha propuesto este martes el café para todos. “El tamaño de los grupos de clase es un tema central en el debate educativo y una preocupación clave para las escuelas, las autoridades educativas y las familias. Hay una percepción generalizada de que las clases más pequeñas son una oportunidad para que los docentes brinden una atención más individualizada, reduzcan el tiempo dedicado a la gestión del aula y adapten mejor su enseñanza a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, beneficiando especialmente a los estudiantes que proceden de entornos ocioeconómicos desfavorecidos”, argumenta en el anteproyecto de ley que ha presentado a los sindicatos.

El texto también incluye, en su segundo artículo, una referencia a que la escuela que forma parte de la red pública y “a fin de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad que se adapte a las características individuales de aquel alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, las Administraciones educativas procurarán una distribución equilibrada de dicho alumnado entre los centros sostenidos con fondos públicos”, en lo que parece un intento más de que la escuela concertada –que forma parte de la red pública por recibir financiación del estado– acoja la parte del alumnado con necesidades educativas especiales que le corresponde y que no está matriculando.

Además, para reforzar la atención a estos estudiantes (las necesidades educativas especiales suelen relacionar con algún tipo de discapacidad) Educación propone que cuenten por dos a la hora de establecer las ratios, en línea con lo que pedían algunos sindicatos. Esto es, para un aula de Primaria que deba tener un máximo de 22 estudiantes, si hay uno con necesidades especiales el máximo será 21, si hay dos será 20, etc. Queda fuera de este cálculo el alumnado con otras necesidades de apoyo educativo, como las altas capacidades, los vulnerables o los que tienen dificultades de aprendizaje (inmigrantes que no dominan la lengua, etc.).

La rebaja de las horas lectivas se implementará, si la reforma sale adelante, a partir del próximo curso, mientras la de las ratios será progresiva a partir del siguiente (2027-28) para Primaria, el posterior (2028-29) para la ESO y uno más (2029-30) para Bachillerato.

Por fin el Ministerio se ha animado a abrir el debate de las ratios. Profesores y directores pensarán que a buenas horas, que tuvo la oportunidad de hacerlo hace cinco años cuando tramitó la Lomloe y le pidieron que lo incluyera, pero más vale tarde que nunca.

El departamento que dirige Pilar Alegría trasladó el martes una oferta a los sindicatos para bajar el número de alumnos por aula por ley. Un poco lo mismo, proponer un cambio de ley, que anunció hace dos semanas con las horas lectivas del profesorado. Parece que en Educación se han dado cuenta de que recomendar, que es lo que venía haciendo, no es tan eficaz como obligar, sobre todo cuando las medidas implican un gasto para las comunidades autónomas.

La propuesta del Gobierno se articula en torno a tres ideas:

Como se puede observar, no es una bajada general sino dirigida a los centros, aulas o momentos que en teoría más lo necesitan. El café para todos es muy caro (bajar las ratios implica contratar más profesorado) y además de alguna manera está sucediendo de manera un poco natural con la caída demográfica. La literatura científica, reconoce ahora el Gobierno, respalda esta medida, pero no necesariamente generalizada.

La propuesta tuvo buena acogida entre los sindicatos. Poca sorpresa, dado que viene siendo una de sus principales reivindicaciones desde hace años. También han valorado que esas medidas van a tener impacto sobre todo en la escuela pública, que es la que acoge al alumnado con necesidades educativas especiales y llega a los barrios más humildes, donde no suele haber escuela concertada (un sindicato de la escuela privada lo reconoció indirectamente publicando una nota en la que lamentaba que no se van a beneficiar de esta medida).

También hay “peros”. CCOO se quejó porque al hablar de bajar la ratio en aulas con alumnado con “necesidades educativas especiales” se está dejando fuera a la mayor parte del estudiantado que necesita algún tipo de apoyo. Los chicos y chicas con necesidades educativas especiales suelen tener alguna discapacidad y son los que más refuerzo necesitan, pero también hay jóvenes con altas capacidades, dificultades de aprendizaje (retrasos madurativos, dislexia, inmigrantes con problemas de idioma) o que están en situación de vulnerabilidad social y que no recibirían ayuda. Según calcula el sindicato, la propuesta del ministerio deja fuera a tres de cada cuatro. 

Falta concretar el cómo para ver cuánto bajan esas ratios, que ahora mismo están entre ocho y 25 alumnos por clase en Infantil (según el curso), 25 en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato. CCOO hace años que viene proponiendo que para las ratios el alumnado con alguna necesidad de apoyo cuente doble. Esto es, si el máximo son 25 alumnos, pero en un aula hay tres que requieren refuerzo, para esa clase el máximo pasa a ser 22.

En cualquier caso, la respuesta es positiva. Reducir el número de estudiantes por clase contribuiría a mejorar el ambiente en el aula, uno de los problemas que más afectan al día a día en la escuela, según reflejan las encuestas a profesores o macropruebas como PISA. Como os venimos contando hace tiempo el profesorado está muy quemado en general y cualquier cosa que facilite el trabajo es bien recibida.

Te dejo el enlace al artículo por si quieres ampliar la información y seguimos con más cosas.

Esta semana hemos hablado de...

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El PSOE andaluz ha invitado este miércoles al Parlamento a “toda la comunidad educativa” -sindicatos de profesores, asociaciones de padres y madres de alumnos, empresas de comedor y otros servicios escolares, asociaciones de directores y escuelas rurales- para lanzar una ambiciosa proposición de ley que busca bajar la ratio de alumnos por clase y contratar a 13.000 docentes.

Los socialistas han registrado esta iniciativa, dotada con una memoria económica de 781 millones de euros, con la que pretenden condicionar y presionar al Gobierno de Juan Manuel Moreno, que ya tumbó una Iniciativa Legislativa Popular para bajar la ratio haciendo uso de su mayoría absoluta en el Parlamento.

La portavoz del grupo, María Márquez, se ha felicitado por ir “de la mano de absolutamente toda la comunidad educativa de Andalucía”, en una comparecencia ante el busto de Blas Infante, en los pasillos del Parlamento, junto a representantes de sindicatos UGT, CCOO, CSIF, Ustea y ANPE, que han realizado “aportaciones” a esta proposición de ley, según ha destacado.

La propuesta de ley del PSOE andaluz aparece días después de que el Ministerio de Educación del Gobierno de Pedro Sánchez haya anunciado, también, una reforma legal para bajar el tope máximo de alumnos por aula, que ahora está en 25 para Infantil y Primaria; 30 para Secundaria y 35 en Bachillerato y FP. Márquez ha dicho que su iniciativa pretende “ir más allá”, dado que las competencias en materia educativa están en las comunidades autónomas.

El Gobierno de Moreno firmó antes del verano un acuerdo con tres de los seis sindicatos más representativos del profesorado -CSIF, ANPE y UGT- con un compromiso de bajada de ratio progresiva de aquí a 2028. Las mismas organizaciones que suscribieron aquel pacto acompañaban este miércoles al PSOE, y valoraban positivamente su proposición de ley, aunque aún no conocían el documento cuando Márquez lo estaba presentando ante los medios.

La también vicesecretaria general del PSOE-A ha celebrado que al registro de la iniciativa han acudido también este miércoles al Parlamento representantes de las asociaciones de directores de colegios e institutos Asadipre y Adian, así como de padres de alumnos a través de la Codapa, de la Federación de las Escuelas Rurales y de “las empresas que representan los servicios complementarios que se prestan en los colegios y en los institutos” andaluces.

María Márquez ha defendido que la proposición de ley en cuestión es “una declaración de intenciones y un compromiso con toda la comunidad educativa de Andalucía”, ante la que el PSOE-A promete poner en marcha como “prioridad” esta iniciativa en la próxima legislatura si el Gobierno del PP-A, con mayoría absoluta en el Parlamento, “no nos acepta que tenga su curso parlamentario” en estos meses antes de las próximas elecciones autonómicas previstas para 2026.

Tras destacar también que habían acudido a esta convocatoria al Parlamento padres de niños con “necesidades educativas especiales” siendo conscientes de que “se está escribiendo una de las páginas más importantes de la educación en nuestra comunidad autónoma”, la representante socialista ha subrayado que su grupo ha defendido desde hace “muchos años la educación pública y de calidad”, y ha considerado que “ha llegado el momento de ponerle el apellido que le falta a la educación en Andalucía”, que es que sea “inclusiva” también para “los niños con necesidades educativas especiales”.

Cinco “líneas estratégicas”

La portavoz socialista ha detallado que la proposición de ley registrada cuenta con “cinco líneas estratégicas”, de las que la primera es la “bajada de la ratio” que reclama el PSOE-A, que ve “en la bajada de la natalidad una oportunidad para mejorar y blindar la calidad educativa en los colegios y en los institutos”.

Al respecto, ha advertido de que la educación andaluza cuenta, “especialmente en Secundaria y Bachillerato”, con “las medias más altas de ratio del país”, y los socialistas entienden que el actual contexto de “bajada de la natalidad” debería servir de “oportunidad” para impulsar una bajada de ratio.

En ese punto, ha criticado que el Gobierno del PP-A “ha decidido eliminar 2.700 aulas” en la comunidad autónoma, y en el PSOE-A entienden que “la solución no está en suprimir aulas, sino en bajar las ratios y garantizar la calidad de la educación en nuestras aulas”.

Por otro lado, la proposición de ley plantea un incremento en “13.000 docentes más” de la plantilla de profesores de la educación andaluza, para lo que plantea una inversión de 781 millones de euros, así como, en relación a los alumnos con necesidades educativas especiales, “blindar por ley las ratios de todos los profesionales que se encargan de cuidar” a estos niños.

En ese punto, María Márquez ha criticado que el PP “habla de aulas específicas”, algo que ha tachado de “impresentable”, porque los socialistas no quieren a niños “aislados, encapsulados” en aulas “al margen de la dinámica y de la vida de los colegios”, ha dicho.

“No queremos aulas que sean cajones de sastre, porque eso sea más fácil para la Administración, sino que queremos aulas inclusivas, y que por ley se blinden los derechos de los trabajadores que trabajan con los niños con necesidades educativas especiales, y que se blinden las condiciones en el aula si hay un niño con necesidades educativas especiales”.

La “cuarta pata” de esta proposición de ley pasa por “blindar por ley la educación en el ámbito rural en Andalucía”, y la quinta “tiene que ver con la simplificación administrativa”, teniendo en cuenta que los docentes “están todos los días trasladándonos” a los políticos que pasan “más tiempo encerrados en los despachos haciendo papeles que en las aulas enseñando a los niños”, según ha continuado explicando la portavoz del Grupo Socialista.

María Márquez ha reivindicado al PSOE con “el partido de los maestros”, que “se ha nutrido del talento de los docentes”, y que defiende “como columna vertebral que la gente se desarrolle en la vida en función de su talento y del esfuerzo, no en función de la cuna ni de la cuenta corriente de su familia”.

“Y por eso nos parece estratégico y capital el registro de esta iniciativa hoy” en el Parlamento, según ha abundado la representante del PSOE-A, que ha concluido trasladando su “profundo agradecimiento” por hacerlo de la mano de “los representantes de la comunidad educativa de Andalucía”.

Alumnos, profesores y familias del CEIP Arias Montano, en Sevilla, han sacado este martes los pupitres a la calle para denunciar que los continuos cortes de luz hacen “inviable dar clase” en el interior del centro. Este acto de protesta recrea una situación real que vivieron los docentes el pasado viernes, cuando decidieron vaciar las clases y llevarse al alumnado al patio, ya que en las aulas superaban los 30º C y no podían encender los ventiladores debido a “los fallos que está provocando la nueva instalación eléctrica”.

El motivo por el que este colegio ubicado en el barrio de la Macarena ha comenzado el curso sin luz, sin pizarras digitales y sin ventiladores conecta con unas obras que “se han alargado más de la cuenta”. El curso pasado, la comunidad educativa del Arias Montano convivió con los trabajos de renovación de la instalación eléctrica, una reforma que debía poner fin a los problemas de suministro que arrastraba el centro desde hacía años. “Se suponía que este curso ya iba a estar terminado, pero a la vuelta del verano nos hemos encontrado con que la luz salta constantemente”, explica Bernat Costa, portavoz de las familias de este centro sevillano.

Después de notificar el problema a la administración local, y viendo que persiste dos semanas después del inicio de las clases, la asociación de madres y padres del alumnado ha decidido movilizarse con una protesta organizada al finalizar la jornada escolar, que ha contado con la participación de toda la comunidad educativa. “Sin luz no se puede aprender” o “queremos aulas, no saunas” son algunas de las reivindicaciones que se podían leer en las pancartas que sostenían los pequeños, elaboradas por ellos mismos en casa.

Desde el Ayuntamiento –responsable del mantenimiento de los colegios públicos– aseguran que los trabajos de renovación del sistema eléctrico del CEIP Arias Montano encaran ya “su recta final”, a falta de unas actuaciones que acometerá Endesa. Sin concretar fechas, la delegada de Educación y Edificios Municipales, Blanca Gastalver, ha garantizado que este colegio público va a contar con una “instalación totalmente modernizada y con mayor potencia de uso”, según ha expresado en una nota de prensa difundida horas antes de la protesta convocada para este martes.

Aulas saturadas

El anuncio de la delegada no ha frenado la movilización que tenía prevista el AMPA. “Nos da igual de quién sea la responsabilidad, queremos que haya luz para que puedan dar clases en condiciones dignas y el servicio de comedor esté garantizado, pues los cortes también dejan sin funcionar los frigoríficos, hornos y lavavajillas”, reivindica Bernat en nombre del resto de familias.

A la falta de suministro eléctrico, se suma otro problema que preocupa a la comunidad educativa: la saturación de las aulas. “Este curso se ha cerrado una línea en Infantil de 5 años y otra en 1º de Primaria, una medida que la Consejería de Educación justifica en la bajada de la natalidad, cuando desde el centro se lleva años pidiendo una bajada de ratios en lugar de la supresión de clases, que provoca que las aulas estén abarrotadas y ahora, además, a oscuras”, lamentan desde el AMPA del Arias Montano.

Al hilo, Bernat Costa recuerda que el “exceso de alumnos en las clases” genera un problema que afecta sobre todo al alumnado con necesidades educativas especiales. “Se necesitan más recursos para que los niños que necesiten un apoyo extra no vean sus necesidades desatendidas porque el profesorado está desbordado con aulas masificadas”, defiende este padre que lleva 11 años vinculado al centro.

Con la protesta de este martes, las familias del CEIP Arias Montano han querido manifestar que están “cansadas de sufrir el abandono por parte de las instituciones públicas”. “Patios peligrosos, retirada de líneas en pleno verano (con el aumento en la ratio que eso implica), y por supuesto, un sistema eléctrico que se ha demostrado deficiente”, resumen desde el AMPA de este colegio sevillano.

La concentración del Arias Montano no es un caso aislado, sino que comparte las mismas reivindicaciones que otros centros de Sevilla que han celebrado acciones de protesta desde que arrancó el curso el pasado 10 de septiembre. Esta misma mañana, la comunidad educativa del CEIP Pedro Garfias se ha manifestado para denunciar la falta de apoyo educativo en las aulas para el alumnado NEE y NEAE, mientras que la semana pasada fue la del CEIP Borbolla la que denunció la “falta de climatización digna para los niños y profesores”.

Por todo ello, las familias perciben que las deficiencias de los colegios de sus hijos son el reflejo de las carencias que arrastra la escuela pública en Andalucía: aulas masificadas, falta de climatización, retirada de líneas y obras “interminables” que convierten la educación en “un cuento de nunca acabar”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles una ley que mejorará las condiciones de los docentes rebajando sus horas lectivas y la ratio de alumnos por profesor, y reducirá la carga burocrática, dos de las principales reivindicaciones del profesorado. Además, ha recordado su compromiso de un programa de ayuda a las familias más necesitadas para la gratuidad total de la educación de niños de 0 a 3 años.

Sánchez ha avanzado estas medidas tras visitar una escuela infantil municipal en la localidad madrileña de Getafe, acto en el que ha estado acompañado, entre otras autoridades, por la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, y el titular de Transformación Digital y líder de los socialistas madrileños, Óscar López.

Tras hacer hincapié en la apuesta de su Gobierno por la educación, ha recordado que a partir del próximo curso se pondrán en marcha programas de ayudas en torno a los 175 millones de euros para familias por debajo del umbral de pobreza para que la educación de sus hijos de 0 a 3 años sea totalmente gratuita.

Ratios y horas lectivas

A principios de la pasada década, el exministro del PP José Ignacio Wert subió por ley las ratios de alumno por clase como parte de los recortes con los que aquel Gobierno afrontó la crisis de las hipotecas, hasta dejarlas en 25 estudiantes por clase para Primaria, 30 para la ESO y 35 para Bachillerato. Desde el primer momento fue una de las grandes batallas del profesorado. Fueron teniendo éxito: con los años, la mayoría de las comunidades autónomas bajaron esas ratios, pero no todas.

Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez tramitó su ley educativa pudo haber deshecho el movimiento de Wert, la cuestión fue planteada por los sindicatos y algunos partidos de izquierda, pero la entonces ministra Celáa lo rechazó. Ahora, casi cinco años despues de aquello el presidente anuncia la medida, que por otra parte está pasando de manera casi natural en algunos centros por la caída de la natalidad.

Con las horas lectivas sucedió algo similar. La LOMLOE fijó una recomendación sobre las horas lectivas de los maestros, y son muchas las Comunidades Autónomas que han ido reduciéndolas en los últimos años, después de que aumentaran de forma generalizada durante el mandato de José Ignacio Wert como ministro de Educación. Sin embargo, el panorama es desigual, y comunidades como Madrid aún no han revertido aquel recorte del exministro popular. A lo que se ha comprometido este miércoles Sánchez es a impulsar una ley en la que esta rebaja sea obligatoria, aunque lo hará con una pequeña trampa: el presidente habla de la ratio alumno/profesor, cuando la reivindicación sindical es de alumnos por aula, más indicativa de lo que sucede en las clases.

La norma recogerá que las horas lectivas en aula de los profesores en educación Primaria sea de 23 horas, mientras que para los de Secundaria y Bachillerato alcance las 18. En las comunidades donde no se han rebajado están en 25 y 20, respectivamente. También rebajará, según ha dicho, la carga burocrática que sepulta un poco más a los docentes con cada ley, aunque sin entrar en detalles de cómo se sustanciará esto.

Además de anunciar esa nueva ley, en su intervención ha concretado un compromiso que planteó en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado mes de junio en Barcelona, cuando avanzó la puesta en marcha de un nuevo programa dotado con 175 millones de euros provenientes del Fondo Social Europeo Plus para garantizar el acceso a la educación infantil gratuita del alumnado de familias con rentas bajas.

Sánchez ha concretado que será a partir del próximo curso cuando se pondrán en marcha esos programas de ayudas que ha recalcado que permitirá a las familias por debajo del umbral de la pobreza la educación totalmente gratuita de sus hijos de 0 a 3 años.

El presidente del Gobierno ha señalado que cuando accedió a la Moncloa constató que la educación infantil era una asignatura pendiente porque la tasa de escolarización de niños de 0 a 3 años era de las más bajas de la Unión Europea. Por eso ha recordado que, aun siendo una competencia autonómica, se pusieron en marcha 670 millones de euros para llegar en 2027 a las 65.000 nuevas plazas, y se ha llegado ya a las 42.000. “El Gobierno va a continuar en su apuesta por reforzar la educación pública, y lo hacemos no solo con leyes que traen dignidad y excelencia a nuestros niños y jóvenes, sino también con una apuesta decida por la calidad, la dignificación y el reconocimiento institucional, social y económico a todos los que participan en la comunidad educativa”, ha señalado Sánchez.

¿Qué tal, cómo va todo?

Enseguida hablamos del apagón, aunque ya está más bien en el recuerdo sin que tuviera mucha afectación en el sistema educativo más allá de una cierta desorganización y desinformación en algunas zonas.

Antes quiero hablar del profesorado. No sé si tenemos que preocuparnos, si ya deberíamos estarlo o si hay una especie de burbuja retroalimentándose, pero en las últimas semanas se suceden los informes-estudios-encuestas que alertan de la degradación de la profesión docente. Y eso es un problema.

Recordaréis quizá que hace unas semanas hablamos de una profesión cada vez más difícil de ejercer por las circunstancias que la rodean y la exigencia creciente que sienten maestros y profesores. Estos días se han sumado CCOO y CSIF al debate público con sendos textos que tampoco ofrecen un panorama mucho mejor.

Dice CCOO –bueno, lo dicen los docentes en una encuesta– que el profesorado no tiene tiempo para ejercer su labor dentro de la jornada laboral (necesitan, de media, seis horas de más) y ese aumento de la carga de trabajo contribuye a que la mitad de ellos sufran un desgaste emocional “significativo”.

Francisco García, responsable de Educación de CCOO, explicó que en las últimas dos décadas se ha producido un deterioro en las condiciones laborales que afecta a los docentes, también “ha cambiado el perfil del alumnado, de la escuela, de las demandas que le hace la sociedad. El profesorado pone de manifiesto cierta tensión, malestar por la sobrecarga y la burocratización. El profesorado necesita un cambio”. Aquí os dejo el artículo con la información y, si preferís el bruto, aquí el informe.

Y este mismo lunes CSIF ha presentado su propia encuesta, esta más centrada en la convivencia, que también habla de deterioro en las condiciones del aula, como ya hizo Esade. Para CSIF –para los afiliados a CSIF– las situaciones violentas en el aula, provocadas sobre todo por los roces con el alumnado y las redes sociales, son dos de los principales problemas que afrontan cada día. Encontráis detalles en este enlace.

En cualquier caso, al final todos los sindicatos –todas las encuestas, si preferís– acaban en lo mismo: el profesorado quiere menos alumnos por aula, menos horas de clase semanal y, en general, unas mejores condiciones de trabajo. Y quién no, estaréis pensando.

Pero os decía al principio que creo que es motivo de preocupación porque, en conjunto, el profesorado se declara cansado y desmotivado con carácter general pregunte quien pregunte. Y aunque está lejos de ser un problema generalizado, ya hay ausencia de determinados perfiles técnicos o humanistas (profesores de griego o latín) y eso en parte es porque la profesión no parece atractiva. Y cada vez más docentes lo expresan abiertamente, cuando antes era una rareza.

También es cierto que nos acercamos al final del curso y el año se hace largo, pero es una cuestión a considerar. Hay mucha fe en que el futuro estatuto docente, que se negocia estos días, ayude a resolver la situación. No sé si demasiada fe.

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Hasta aquí por hoy. Os pido disculpas porque ha quedado un poco largo, consecuencia de lo corto que fue el anterior por el apagón.

Gracias por estar ahí, el martes que viene nos leemos de nuevo.

¡Feliz semana!

El sindicato educativo STEC ha demandado al consejero del área, Sergio Silva (PP), que actúe en consonancia con lo que afirmó en el pasado y restablezca el equilibrio entre la educación pública y privada en Cantabria, toda vez que el descenso de alumnado por causas demográficas está repercutiendo de forma desigual en una red y en otra: en la pública, desciende el alumnado; y en la concertada está creciendo.

La red pública ha perdido 473 alumnos y la privada ha ganado 81 este curso. Según estos datos oficiales hechos públicos este miércoles por Belén González, STEC ha demandado a Silva que vele por el mantenimiento del equilibrio entre ambos sistemas educativos.

“El descenso demográfico está marcando todo nuestro sistema educativo -ha dicho la sindicalista de STEC-. Desde hace 10 años vemos que hay un descenso de alumnado. Este año, el sistema público ha perdido 1.650 matrículas en las etapas obligatorias (Infantil, Primaria y ESO), y además llevamos dos años en que no se recupera el alumnado en las etapas superiores. El saldo final arroja una disminución total de 392 alumnos en todo el conjunto educativo. Mientras la educación pública ha perdido 473, la privada-concertada ha ganado 81 alumnos este curso con respecto al anterior. Sergio Silva tiene que mirarlo porque no se está logrando el equilibrio entre las dos redes”.

El descenso demográfico y del alumnado ha posibilitado una mejora de la calidad educativa, mediante la disminución del número de alumnos por aula, por lo que STEC demanda que los ratios reducidos se amplíen a todas las etapas.

“El acuerdo de reducción de ratios de 2022 tuvo dos efectos positivos: mejoró la calidad y evitó el cierre de aulas y pérdida de puestos de trabajo. No entendemos que la Consejería no quiera ampliar la reducción de ratios a otras etapas”, ha valorado González, quien ha informado que el ratio de Primaria se sitúa en 25 alumnos y el de Bachillerato sigue fijado en 32.

Jornada mayores 55 años

El sindicato acaba de perder un contencioso-administrativo para que se extienda a los profesores interinos el acuerdo para la reducción de jornada lectiva a los profesores mayores de 55 años. Dicha sentencia puede ser recurrida, pero STEC demanda una solución política, ya que el fondo de la cuestión sigue siendo injusto, a su parecer.

Diegu San Gabriel, también de STEC, ha indicado al respecto: “Que su señoría no considere ilegal dejar fuera del acuerdo a interinos no quiere decir que sea legítimo, adecuado y acertado. Lo legal y lo ético no siempre son lo mismo. STEC va a reivindicar la mejora de ese acuerdo nefasto, que debe ser ampliado porque ni siquiera recupera las condiciones de hace 20 años en reducción de jornada lectiva”.

La reducción de la jornada lectiva afecta actualmente a 76 docentes. Para San Gabriel, que la propia Consejería consignara presupuestariamente, antes de conocer la sentencia, 1,7 millones para reducción de jornada lectiva quiere decir que no las tenía todas consigo a la hora de excluir a los interinos. “Eso es porque no estaban seguros de que fuera legal y no deben tener la conciencia muy tranquila en ese sentido”, ha comentado.

Asimismo, ha informado de que “hemos recuperado el permiso por deber inexcusable o cuidado de hijo mejor o persona con dependencia. Antes funcionaba muy bien, pero la actual Administración lo consideró residual: quitó dos días moscosos y remitía a otros permisos no remunerados. Ahora la administración da su brazo a torcer y recupera el permiso”.

Adecuación retributiva

Sobre el conflicto enquistado por la adecuación retributiva de los docentes, STEC ha considerado que la introducción por la Consejería en la negociación de nuevas propuestas no es un planteamiento aceptable. Ha recordado igualmente que la última manifestación de docentes congregó a 2.000 personas, que expresaron su rechazo al planteamiento de la administración, que se cifra en una subida de 90 euros en varios años y en una serie de complementos.

“Desde STEC, [la propuesta de la Consejería] ya ha sido contestada contundentemente en las calles, porque supondría una pérdida del 78% en poder adquisitivo y es llamativo introducir complementos que nadie ha pedido -ha valorado Diegu San Gabriel-. Es voluntad unánime de todos los sindicatos y está el mandato del Parlamento de que la negociación no deba ser condicionada a otros complementos...”

“Entendemos que Silva esté solo con Ayuso para penalizar salarialmente la mala salud”, ha dicho en referencia a la propuesta de la Consejería sobre bajas médicas. “Si la consejería busca mejoras para el mundo rural, la salud laboral tiene otros mecanismos. Debe dejar de lado estos planteamientos excéntricos para que sea posible avanzar en la negociación”, ha demandado.

Empieza la gran negociación que debe definir el futuro del profesorado. El Ministerio de Educación y los sindicatos sectoriales se sentaron este martes a la mesa para empezar a definir cómo van a abordar la reforma de la profesión docente y crear, idealmente, un estatuto docente. Fue una cita muy inicial en la que se habló de los grupos que compondrán la mesa negociadora, pero es la primera de lo que se espera que sea una gran negociación que incluya las ratios de alumnado por clase o profesor, las horas lectivas, la ubicación de este colectivo en la gran familia de funcionarios, cómo desarrollarán su carrera profesional, desde la formación inicial en las facultades hasta el acceso (el sistema de oposiciones) o la jubilación, entre otras cuestiones.

De un lado, juntos pero no necesariamente revueltos, los sindicatos CCOO, UGT, ANPE, CSIF, STES, CIG (gallego) y ELA (vasco). Del otro, el Ministerio de Educación, que en el encuentro de este martes envió al subsecretario de Estado de Educación, Santiago Roura. Entre ambos y como objeto de la negociación, 784.425 docentes, según datos del departamento que dirige Pilar Alegría, aunque no todos se verán afectados por igual por el fruto que salga de esta negociación: hay 569.705 en centros públicos pendientes de lo que suceda con los funcionarios y 214.720 en privados que no se verán afectados por esa parte.

La primera reunión dejó claro este martes la diferente aproximación que sindicatos y ministerio quieren hacer en esta negociación. Fuentes sindicales presentes explican que sus principales intereses están en lo que podrían considerarse condiciones laborales del profesorado: las ratios (cuántos alumnos tienen en cada clase), las horas lectivas semanales o la inclusión de todos los docentes en el grupo A1 de la escala funcionarial (ahora hay un batiburrillo de figuras).

El ministerio, según esta versión, está más interesado en abordar cuestiones más “teóricas”, como las oposiciones, la competencia docente que debe marcar el desarrollo profesional, la reforma de los planes de magisterio o del cuestionado máster del profesorado. Estas fuentes presentes en la reunión explican que Educación está abierta a ir aprobando cuestiones que se puedan acordar en las negociaciones para que entren en vigor antes de que se pacte el todo.

Las organizaciones de representación del profesorado llevaban años exigiendo que arrancara esta negociación, que el propio ministerio se comprometió a abrir en el momento en el que lo incluyó como una obligación en la Lomloe. Pero Educación se limitó a cumplir con los mínimo dentro del plazo autoimpuesto, hace ya dos años, y presentó un documento con 24 medidas “deslabazadas” (dijeron entonces los sindicatos) con el que consideró que había cumplido. Entre las medidas que planteaba ese documento está la creación de una prueba para acceder al Magisterio, una idea que el ministerio ha estado alimentando desde entonces. En cualquier caso, el asunto se dejó dormir hasta este martes cuando, completados ya los desarrollos normativos de la (no tan) nueva ley de educación, el ministerio quiere abrir lo que denomina “la legislatura del profesorado”.

Ratios y horas lectivas

Son dos de las principales reivindicaciones sindicales desde hace años. La historia de las horas lectivas, cuántas clases semanales imparte cada profesor, se remonta al menos a 2012, cuando el exministro José Ignacio Wert las subió dentro de las medidas que aprobó el gobierno para contener el gasto. Años más tarde el ministerio socialista revertió en parte esta medida, pero lo que Wert había hecho de manera obligatoria, Celáa propuso como voluntario. Eso provocó que no todas las comunidades autónomas, que son quienes fijan las horas lectivas en su territorio, hayan vuelto a las originales. Los sindicatos piden 18 en Secundaria y 23 en Primaria, cifras que se dan en muchas autonomías ya, pero no en todas. Y las organizaciones docentes quieren que queden fijadas como obligatorias.

Algo similar sucede con las ratios, que también subieron la década pasada. En este caso, sin embargo, algunas organizaciones están abiertas a que se haga una reducción selectiva, no generalizada. CCOO, por ejemplo, propone que para esta cuestión se cuente al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo como dos estudiantes en vez de uno, de manera que en estas aulas, que requieren más atención, bajarían las ratios, pero no en el resto.

Otro de los aspectos centrales que pretenden resolver los sindicatos es la actual dispersión de niveles funcionariales que hay entre los docentes, que oscilan entre el A2 nivel 22 que tienen los maestros y el A1 nivel 26 de los catedráticos de Secundaria. La petición sindical es que todos tengan un A1, dado que su “labor social y responsabilidad es máxima”.

Además, CSIF quiere hablar del “reconocimiento de la autoridad en el aula, la pérdida de poder adquisitivo por encima del 20% desde los recortes de 2010 y del incremento de la edad de jubilación”, una exigencia, esta última, compartida por otras organizaciones como UGT.

Este sindicato destaca también su interés –compartido– porque se reduzca la burocracia, o al menos la parte que le toca a los docentes. “A pesar de exigir cada vez más responsabilidades al profesorado, el perfil docente y las condiciones que regulan su trabajo no han evolucionado de la misma forma”, sostiene UGT.

Las competencias docentes

El ministerio presentó una agenda de cara a la cita de este martes en el que solo contemplaba la creación de los grupos de trabajo que tendrán que realizar la negociación efectiva. En ese documento se recogían los que parecen intereses de Educación para todo el proceso: se propone crear un grupo para el marco de competencias profesionales docentes; uno para la formación inicial del profesorado; para los sistemas selectivos e ingreso en la función docente; para la tutorización de prácticas e iniciación a la docencia; formación permanente del profesorado; y sistemas y procedimientos para el desarrollo profesional docente.

Quizá la principal novedad entre las propuestas esté en el primer grupo, de competencias profesionales docentes. Ese marco, de desarrollo profesional docente, define diferentes competencias para el profesorado y niveles adquiridos. Estas competencias son, según el documento: programación del proceso de aprendizaje y enseñanza; práctica y gestión del proceso de enseñanza y aprendizaje; evaluación del proceso de aprendizaje y enseñanza; desarrollo integral y bienestar del alumnado y el docente; acción tutorial; convivencia y valores democráticos; participación en el centro; compromiso con la mejora y la calidad educativa; desarrollo profesional continuo; liderazgo comunicativo; digital; y lingüística docente. Cada profesor podrá tener un nivel entre cero y tres en cada competencia, donde cero sería el adquirido al finalizar la formación inicial y tres el máximo posible.

La primera mano está repartida, pero la partida que debe definir el futuro docente apenas empieza. Sindicatos y ministerio son conscientes de que la negociación será larga.

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha anunciado este martes que el Departamento “va a aceptar algunas de las propuestas que las organizaciones sindicales han trasladado”, como una bajada lineal de ratios a 23 alumnos desde 1º de Educación Primaria a partir del próximo curso, y una rebaja en la formación institucional de 35 a 25 horas. Gimeno confía que los sindicatos de la enseñanza pública densconvoquen la jornada de huelga prevista para el 29 de octubre.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la mesa sectorial de Educación, Gimeno ha considerado que “no sería muy justificable que los sindicatos no atiendan a este acuerdo, un acuerdo que se puede seguir negociando, que se puede seguir trabajando”. “Entiendo que es un paquete de medidas suficiente como para llegar a un acuerdo, porque si no se firma un acuerdo, estas medidas no se pueden llevar a cabo”, ha subrayado.

Además de la bajada lineal de ratios en Primaria y de la rebaja en la formación, Gimeno ha señalado que se van a estudiar “casos singulares, casos individuales en la Educación Secundaria Obligatoria para el análisis de las ratios en esa etapa”. Así, el departamento se ha mostrado “dispuesto” a extender a Secundaria la reducción de ratios “analizando posibles casos en 1º de ESO de forma individualizada” y a “consolidar la bajada de ratios en los centros más vulnerables manteniendo la ratio de 20 alumnas y alumnos en el segundo ciclo de Educación Infantil en los centros que presenten índice negativo de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE)”. El alumnado repetidor no computaría para el cálculo de dicha ratio.

“Con respecto al alumnado mayor de 55 años, siempre que se dé la permanencia en el centro, se aseguran las retribuciones de este profesorado, si bien las sesiones que se reducen para dar clases se vinculan a proyectos, a trabajos, a recursos que se puedan establecer en los centros, a programas”, ha apuntado.

Así, estas horas serán “de permanencia en el centro, manteniéndose íntegramente las retribuciones del personal docente afectado”. Estas horas de presencia en el centro estarán asociadas a los proyectos, tareas o programas que se acuerden. Se plantea que los mayores de 55, 56 y 57 años de edad “asuman las tareas acordadas en todas sus horas de presencia en el centro y que los mayores de 58 años asuman la mitad de sus horas de reducción lectiva en las tareas acordadas y la otra mitad en trabajo personal sin determinar, como vienen haciendo hasta la fecha”. La concesión de las reducciones por edad estaría supeditada a la previa cobertura de la sustitución resultante.

En concreto, al profesorado mayor de 58 años “se le reduce tres horas, es decir, tres horas para trabajo personal sin definir, como en el momento actual, y 3 horas que se incorporarán para proyectos y para trabajo, fundamentalmente por la sobrecarga que aluden las organizaciones sindicales”. “Porque sería organizarlas en función de la ley orgánica de educación y porque, obviamente, los contribuyentes tienen que conocer que se están empleando 15 millones de euros en 6.348 horas para más de 1.600 profesores y profesoras de esta comunidad”, ha dicho.

En respuesta a los periodistas sobre si espera que con esta propuesta los sindicatos desconvoquen la huelga prevista para el martes 29 de octubre, el consejero ha indicado que “el departamento de Educación, ni en la mesa sectorial anterior ni en esta, va a tratar esa cuestión”. Según ha asegurado, “esta es una cuestión que nosotros no estamos instrumentalizando” y que “es una responsabilidad del profesorado de la escuela pública” el “dejar a su alumnado sin clase, teniendo en cuenta que tiene a sus representantes negociando en la mesa sectorial”.

A su juicio, las dos principales medidas “que se aceptan claramente”, como son la reducción de ratios en Educación Primaria y la reducción de formación institucional, “son dos medidas importantes que se añaden al paquete de las 1.000 horas de refuerzo que se consolidan, de la reducción a 20 alumnos y alumnas en el segundo ciclo de Educación Infantil para centros vulnerables, más obviamente todo el trabajo de sobrecarga burocrática que ya se ha planificado con desarrollos informáticos que se están poniendo en marcha”.

En este sentido, el departamento “se compromete al adelanto de los desarrollos informáticos y la eliminación de duplicidades que permitan la reducción de tareas burocráticas, además de reafirmar su compromiso de consolidar el paquete de 1.000 horas de refuerzo pedagógico en centros de infantil y primaria que se ha comenzado a llevar a cabo en el presente curso escolar”.

Se mantiene la oferta de acuerdo para que, “si los desdobles necesarios por las medidas anteriores no caben por cuestiones de espacio en los centros”, se doten en horas de refuerzo (co-docencia o docencia compartida), “sin conllevar necesariamente que se exija la ampliación del centro en cuestión”.

“Por lo tanto, entiendo que es un paquete de medidas suficiente como para llegar a un acuerdo, porque si no se firma un acuerdo, estas medidas no se pueden llevar a cabo”, ha dicho. En este sentido, la aplicación de las medidas anteriores “está condicionada a la firma de un nuevo pacto”, que estaría vigente hasta el 31/8/2028 y a que las bajadas de ratios propuestas “reviertan necesariamente en la mejora del sistema”.

Además, el Departamento advierte de la necesidad de “revisar las ratios del sistema, de manera general, cuando se disponga de la herramienta de análisis que está desarrollando el Instituto de Estadística de Navarra (NASTAT) en colaboración con la UPNA, sobre el desarrollo demográfico de Navarra para los próximos años”.

Sobre la postura que espera que adopten las organizaciones sindicales ante esta propuesta, Gimeno ha afirmado que “no sería muy justificable que los sindicatos no atiendan a este acuerdo, un acuerdo que se puede seguir negociando, que se puede seguir trabajando, pero entiendo que son cuestiones que se aceptan por parte del departamento relevantes y significativas”.

Las cuestiones de retribuciones, ha dicho Gimeno, “son cuestiones que, de acuerdo al decreto foral legislativo que existe en materia de función pública en la Comunidad Foral de Navarra, se tratan en la mesa general”. “Más aún todavía cuando las noticias que yo tengo es que se está calendarizando un nuevo estatuto para el personal de las administraciones públicas de Navarra que se va a anunciar próximamente, por lo tanto el abordaje no será sectorial, sino será un abordaje para todo el personal de la función pública de Navarra en la mesa general en los próximos días”, ha añadido.

En relación a la demanda sindical de reducir las tareas burocráticas del profesorado, el Departamento “se compromete a realizar nuevos desarrollos informáticos en el portal Educa que estarían listos antes del próximo curso escolar 2025-2026 y que atenderían las exigencias derivadas de la evaluación por competencias LOMLOE, en este último caso para el curso 2026-2027”.

En una época de bulos, desinformación y medias verdades, Jesús Rogero y Daniel Turienzo se han embarcado en la casi utópica tarea de argumentar. De intentar desmontar mitos educativos, cuestiones más o menos asentadas en el imaginario público –o en parte de él al menos– sobre la escuela que sin embargo no tienen respaldo en los datos o la realidad. En Educafakes (Capitán Swing), Rogero –profesor de Sociología de la Universidad Autónoma– y Turienzo –maestro y también profesor en la Universidad Camilo José Cela– abordan 50 “mentiras o medias verdades sobre la educación española”: desde la supuesta superioridad de la escuela privada frente a la pública hasta el mito de que el esfuerzo personal determina el éxito del alumnado, pasando por la caída del nivel que no respaldan los datos o el imposible de que la escuela no tenga ideología.

Rogero y Turienzo desmontan ideas establecidas, ponen datos sobre la mesa, intentan argumentar y ofrecer información. Lo hacen, explican, porque al final estas ideas “tienen efecto en la realidad educativa, en la vivencia del sistema educativo por parte de docentes, de familias y de alumnado, y también en el diseño de políticas educativas, en cuáles son las prioridades en esta materia”. También, subrayan, porque hay muchos intereses “políticos, económicos o religiosos” detrás de estas ideas, como el que tiene la escuela concertada en asociarse con el concepto de “libertad”.

El libro está escrito a modo de manual, para consultar cada mito de manera individual. Se articula en seis bloques: nivel educativo y exigencia; esfuerzo y talento; financiación de la educación; separación del alumnado y segregación; libertad en la educación; y política educativa. Pese a que Rogero y Turienzo quieren “abrir debates”, son conscientes de que el nivel de enconamiento de la conversación pública es tal que será difícil convencer a nadie por muchos datos que se aporten.

¿Cuál es el objetivo final de difundir este tipo de ideas?

Jesús Rogero: Hay una multiplicidad de intereses. No hay, creo, una conspiración perfectamente organizada para transmitir equis ideas. Pero sí hay ideas que interesan a determinados sectores. Por ejemplo, el tema de asociar la idea de libertad educativa con la posibilidad de elegir un centro privado subvencionado con fondos públicos. Evidentemente hay intereses económicos y políticos detrás, hay un status quo de una escuela privada concertada a la que interesa esa asociación de ideas.

Daniel Turienzo: Hay una diferencia entre los mitos. Hay algunos que ni siquiera son propios de España. Por ejemplo, el famoso de la caída del nivel educativo. Es un debate que se ha tenido en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Hay otros que ni siquiera son de nuestro momento histórico. Son universales, como que la generación que llega es peor que las precedentes. No sabemos muy bien por qué se asientan, pero sí que hay algunos que tienen un objetivo determinado.

Que la educación deba estar desligada de la ideología es falaz y esconde intereses. Las leyes educativas y el sistema tienen un sentido ideológico. Durante el régimen franquista los objetivos del sistema educativo partían de una ideología autoritaria, patriarcal, etcétera. En la época democrática, en todas las leyes hay unos principios y valores comunes que enseñar al alumnado

En España, por ejemplo, en un momento en que era muy frecuente encontrar artículos que, salvo a las desigualdades estructurales, le echaban la culpa de los males del sistema educativo a todo, a la formación de los docentes, a la actuación de las familias. No podemos decir que sea orquestado, pero se veía cómo reiterativamente se buscaban las causas en las ideas más peregrinas antes que en los problemas estructurales: la inversión, los recursos.

Vamos a abordar algunos de estos mitos que aparecen en el libro. Pero antes, ¿cuál es su favorito? O el que les parece más sangrante. Los que abordan lo relativo al esfuerzo y el mérito, el de la segregación en el aula o el de las ratios son de los más largos en el libro. ¿Los consideran más importantes?

Jesús Rogero: No es tanto porque sean más importantes, sino porque son más complejos. No es fácil elegir un un fake. Hay uno clásico que dice que los resultados académicos dependen del esfuerzo y del talento individual. No es específico de España, es compartido universalmente. Pero hay elementos coyunturales de una realidad socioeconómica, una estructura económica del territorio y otros muchísimos factores que influyen más allá del esfuerzo, como el origen familiar.

En el libro hablamos de hasta qué punto influye esto. Más allá de lo que el estudiante pueda esforzarse, mostramos cómo con el mismo esfuerzo, y capacidades cognitivas –lo que comúnmente llamamos inteligencia–, en diferentes contextos socioeconómicos los estudiantes logran resultados muy diferentes. La investigación se ha encargado repetidamente de demostrar el peso de ese origen socioeconómico en los resultados académicos. Ese sería uno de los de los más importantes. A nosotros nos gustaría abrir ese debate, porque se habla mucho de la cultura del esfuerzo, de la exigencia, pero creemos que es fundamental asentar esto antes de ver cómo abordamos la realidad educativa.

Daniel Turienzo: Ese mito es muy importante porque tiene repercusiones en otros. Por ejemplo, los que hablan de las diferencias entre la escuela pública y la escuela concertada, que tienen mucho que ver con el origen de los estudiantes. O cuando hablamos de las diferencias entre nativo e inmigrante y obviamos las diferencias socioeconómicas. Ese mito es tan importante porque es fundacional. Hay algunos mitos que son más auxiliares, pero este es central. A mí me gusta mucho el de que la juventud actual es más inculta e incapaz que las generaciones anteriores. Me gusta porque es un mito muy reiterativo, nos lo encontramos generación a generación y siempre los padres lo han dicho de los hijos.

Jesús Rogero: Otro más: nos parece importante esta idea [que se vende] de [que hay que] separar ideología y educación, que la educación debe estar desligada de la ideología. Sencillamente es imposible. El sistema educativo está diseñado con un propósito ideológico y los fines de las leyes educativas y del propio sistema tienen un sentido ideológico.

Podemos elegir cualquier indicador: abandono educativo temprano, repetición, tasa de graduación, tasa de promoción. No hay ninguno que nos permita decir que la escuela antes era mejor. ¿Cuándo era mejor? Reto a cualquiera que me lo diga

Durante el régimen franquista los objetivos del sistema educativo eran unos y partían de una ideología concreta, autoritaria, patriarcal, etcétera. En la época democrática, en todas y cada una de las leyes hay una serie de principios y valores comunes que son también ideológicos y que el sistema educativo debe encargarse de proveer y difundir y enseñar al alumnado. Que la educación debe estar al margen de la ideología es una idea falaz que en ocasiones esconde intereses.

Hay mucha gente, incluidos profesores, diciendo que el nivel ha bajado y que la educación es hoy peor que ayer. ¿Por qué es falso?

Daniel Turienzo: Ya a nivel de medios y recursos la escuela es mejor. Tenemos más medios que en otros momentos de la historia. Y lo que es para mí más importante son los indicadores que manejamos, sean del tipo que sean. Esto es rotundo: la inmensa mayoría nos dice que la escuela nunca estuvo mejor. Podemos elegir cualquier indicador: abandono educativo temprano, repetición, tasa de graduación, tasa de promoción. No tenemos ninguno que nos permita decir que antes era mejor. Y, sobre todo, es difícil elegir el momento histórico que era mejor.

Yo reto a cualquiera que me diga: 'No, mira, la educación buena era la de 1996'. Pero si miramos cualquier indicador de esa época, la realidad es que las cosas van mejor hoy. Hemos conseguido que la escuela sea una escuela de masas, una escuela más inclusiva. Reconociendo las necesidades y todo el margen de mejora que hay, que es mucho, no podemos decir que hubiera un momento en el que la educación, de manera rotunda, categórica y en todo su esplendor, fuera mejor que ahora.

Otros dos, no directamente relacionados entre sí pero sí con una lógica similar, son que, a partir de cierto punto, ni subir la inversión ni bajar las ratios tiene un gran efecto en cuanto a resultados. ¿Por qué son falsos?

Jesús Rogero: Este es de los que más daño han hecho. Son mitos que van de la mano. Decir que a partir de un umbral la inversión ya no es significativa en cuanto a su impacto en el aprendizaje y que las ratios en realidad tampoco es como decir que aumentar la inversión o reducir las ratios no son medidas tan necesarias. Hay que matizar. En el libro aportamos argumentos y datos para fundamentar que son dos elementos importantísimos para la mejora educativa, y más en el caso español, que todavía tiene margen de mejora en financiación, particularmente en algunas regiones como la Comunidad de Madrid o Catalunya. Con las ratios es verdad que generalizar dificulta mucho el debate, ahí sí que conviene entrar al detalle de dónde es mejor reducir las ratios, pero es evidente, con la investigación en la mano, que es una medida altamente eficaz y necesaria si se hace con sentido.

Daniel Turienzo: Nosotros intentamos complejizar el debate, sobre todo con las ratios. No es lo mismo reducir dos alumnos en todas las aulas que reducir diez alumnos en un aula masificada. Queremos ese debate: cómo lo hacemos, cómo es más eficaz, más eficiente, cuáles son sus posibilidades. Nosotros, de hecho, apostamos abiertamente por reducir en aquellos sitios donde hay más necesidades o en las realidades más complejas, más que un descenso generalizado.

Otra idea que generó mucha controversia en su momento fue cuando la exministra Isabel Celaá dijo que los niños no son de los padres y fue muy criticada. ¿Por qué dicen que tenía razón?

Jesús Rogero: Es un tema muy espinoso y donde hay muchos equívocos interesados. Los niños y las niñas tienen derechos independientemente de en qué familia vivan y tienen derecho a la educación, y el derecho a la educación tiene un contenido, no abstracto. Y el Estado tiene el deber de garantizarlo. Eso es lo que pretendía decir Celaá. Pero el titular era que los niños no son de los padres y se montó el lío. Las familias no pueden impedir que esos niños y niñas ejerzan ese derecho. Pero es un tema controvertido y se está utilizando estos últimos años políticamente de una manera bastante peligrosa.

Daniel Turienzo: Esta idea de que el menor es el sujeto de derecho no es nuestra ni de la ministra viene recogida ya en la Carta de Derechos del Niño. Esos valores en los que tenemos que socializar al niño recaen sobre el menor, no sobre las familias. El niño tiene derecho a ser educado en la justicia, en la igualdad, en la democracia, en toda una serie de principios a los que la familia no puede voluntariamente renunciar.

Un debate muy presente respecto a los bulos o fakes es hasta dónde hay que ir para desmentirlos. Porque se generan a una gran velocidad y a veces nos pasamos el día corriendo detrás a desmontarlos, pero según terminas con uno aparece otro y se acaban quedando ahí, es imposible apagar todos los fuegos.

Daniel Turienzo: Lo que pasa es que algunos están vinculados entre sí y otros se reproducen mucho. No sabemos cuál es el interés o por qué pasa. Pero uno de los elementos que vemos en muchas publicaciones, que es como un argumento circular que siempre se repite, es la idea de que ante un problema social la educación lo tiene que resolver. Reducimos la educación a la educación escolar, obviando toda la obligación que tiene la sociedad en la educación de las nuevas generaciones. Y encomendamos eso a los docentes.

El razonamiento es perfecto: el problema de que exista acceso al porno en niños menores de siete años es que los docentes no están suficientemente preparados o es la escuela. ¿El problema de la evasión fiscal? Eso se se resuelve a través de la educación. Al final depositamos en la escuela demasiadas expectativas, y además son exponenciales, porque los problemas sociales se generan continuamente. Y esto lleva a que muchas personas, cuando les preguntan por el sistema educativo, dicen que la educación española no es muy buena, porque al final yo veo continuamente que hay un montón de problemas y me dicen que la educación no es capaz de resolverlos.

Jesús Rogero: Hay otro, que también es como forma parte de casi el sentido común de la de la ciudadanía en general, que es que la educación privada concertada es más exigente que la pública. Nos interesaba recuperar este tipo de mitos o ideas preconcebidas y decir, ¿esto es así? Vamos a verlo, ¿no?

Ya que saca el tema, no me lo deje colgando. ¿Cuál es la respuesta a esa afirmación?

Jesús Rogero: Hay que ver cómo traducimos esa idea de exigencia en datos. ¿Con exigencia nos referimos a que es más difícil superar un curso? ¿A que hay más distancia entre las notas que ponen en bachillerato esos centros y una evaluación ciega como es la prueba de acceso a la universidad? ¿O la exigencia es la cantidad de deberes que se mandan para casa? Nosotros analizamos estos tres indicadores y vemos que en ninguno de ellos [la escuela privada] es más; de hecho parece que al revés. Aquí tenemos datos para comprobar esta idea y vemos que no es así. Si alguien ofrece mejores datos y argumentos, estaremos encantados de escucharlos.

El de la jornada continua o partida es un debate complejo que de manera interesada se polariza. Pero hay que escuchar todos los agentes implicados y superar ese debate dicotómico para intentar analizar en su conjunto los horarios escolares, las jornadas laborales, los derechos del menor, las actividades extraescolares, el tiempo de comedor, el número de calorías que se ingieren en el comedor, la pausa de comedor, la hora de inicio en secundaria, el número de horas lectivas...

Han dicho que su objetivo es, en parte al menos, abrir debates. Pero el debate educativo público es, en general, de trazo muy grueso.

Daniel Turienzo: Se vuelven dicotómicos: jornada continua o jornada partida, reducimos ratios o no. Pero creemos que la riqueza y el objetivo de este libro no es hacer la Biblia de las políticas públicas, es abrir esos debates.

Menciona el debate sobre la jornada partida o contínua, que se ha quedado fuera del libro pese a ser uno de los temas más polémicos, al menos entre familias y profesorado. ¿Por qué?

Daniel Turienzo: Es un tema que hemos abordado otras veces en artículos. Hay que escuchar todos los agentes implicados y superar ese debate dicotómico de continua o partida para intentar analizar en su conjunto los horarios escolares, haciendo alusión a las jornadas, los horarios laborales, los derechos del menor, las actividades extraescolares, el tiempo de comedor, el número de calorías que se ingieren en el comedor, la pausa de comedor, la hora de inicio en secundaria, el número de horas lectivas... Es un debate muy complejo que de manera interesada por parte de todos los actores, se suele polarizar.

¿Hay más interés social por la Educación en los últimos años? No sé si es deformación profesional, pero yo veo mucho debate público.

Jesús Rogero: Me da la sensación de que hay interés por el mundo educativo, pero hay ciertos bloques cada vez más inmóviles en determinados planteamientos. Cada vez es más difícil hablar de forma sosegada y argumentada sobre educación. Y esto es un problema y es una motivación por la que Dani y yo escribimos este libro, para abrir debates, para seguir reflexionando sobre educación. Hay gente que te dice si merece la pena el esfuerzo de escribir este libro con la polarización que hay. Nosotros estamos convencidos de que precisamente por eso hay que abrir canales de comunicación y debate. Las posturas cada vez son más enconadas y pueden bloquear un debate que sigue siendo muy necesario.

El que está firmemente convencido de algo, dada la polarización, es difícil que esté abierto a escuchar nuevos argumentos. Pero hay temas que se obvian en el debate, se dan por sentados y eso hace que todos juguemos en ese marco. Un marco que a lo mejor se basa en una creencia que es incierta. Ahí tenemos margen de mejora

Da la sensación de que es muy a menudo es un diálogo de sordos. ¿Aspiran realmente a convencer a alguien con argumentos?

Daniel Turienzo: Va a ser difícil convencer a muchos. El que está firmemente convencido de algo, dada la polarización, es más difícil que esté abierto a escuchar nuevos argumentos. Pero sí creo que abrimos algunos temas que no se debaten frecuentemente. El hecho de que algunos asuntos se obvien en el debate, se dé la realidad por sentada, hace que todos juguemos en ese marco. Un marco que a lo mejor se basa en una creencia que es incierta. Ahí es donde tenemos margen de mejora, sobre todo en aquellos mitos de los que no se habla.

El debate está tan enconado, es tan tenso en ocasiones, que se critica a todo el que opina solo por ser quien es. A los profesores de universidad porque no han pisado un aula. A los profesores porque solo hablan desde su experiencia personal. Ustedes vienen cada uno de un bando, si se me permite la expresión. Un maestro y un profesor de universidad. ¿Qué está pasando entre los expertos?

Jesús Rogero: En el libro abordamos el papel de los expertos. Hay mucha crítica cuando alguien que no está directamente en la realidad cotidiana del aula vierte una opinión o plantea que hay que hacer cierta política pública. Esa visión de economistas, politólogos, sociólogos, pedagogos, etcétera., y desde la investigación educativa académica, es una perspectiva muy necesaria en el debate educativo, pero no puede ser la única. Es fundamental que cuando decidimos qué política educativa vamos a desarrollar estén las voces de todos los actores: familias, docentes, alumnado –que muchas veces se nos olvida– y también expertos en educación. Y luego entramos a los argumentos, los datos, etcétera. Pero es preocupante que por el hecho de que una opinión o un planteamiento proceda de determinadas personas no se tengan en cuenta.

Daniel Turienzo: Es triste, pero muchas veces se niega al otro. Igual que en ocasiones se niega la capacidad del experto para aportar, se niega la capacidad de los docentes no universitarios para ser expertos. Se produce la paradoja de que quienes ejecutan un trabajo no son percibidos como agentes intelectuales válidos para opinar sobre ello. Es necesario avanzar en ese sentido, crear grupos de investigación conjuntos, considerar a los docentes como parte básica de la investigación, valorar los aportes que se hacen desde la academia y ser capaces de incorporarlos al día a día de la docencia.

Siempre había pensado que terminaría viajando por el mundo, como profesora visitante en centros españoles en el extranjero. Luego empezó a tomar cuerpo la posibilidad de disfrutar un año sabático y viajar, pero sin trabajar. El caso es que no llegué a hacer nada de eso, ni siquiera a pedirme unas semanas sin sueldo. Conforme me iba haciendo mayor, lo que me apetecía más era tener más tiempo cada día, para mi familia, para leer, para poder hacer un poco de deporte, para vivir.

No hay mal que por bien no venga, me decía mi madre. Puede ser, porque lo que al final me ha decidido a pedir la reducción de la jornada ha sido que este año casi me pongo mala. Hubo un día que salí de una clase, en la que un chaval me había amenazado de muerte -no quería venir al instituto y había descubierto que buscando la expulsión se libraba del protocolo de absentismo, 12 años-, y se me empezaron a caer las lágrimas mientras redactaba la amonestación en la sala de profes.

Nunca antes había llorado de pura frustración por un alumno. Casualmente, esa semana tenía revisión médica y le pedí a mi doctora que lo hiciera constar en algún sitio. “Imagínate cómo estamos nosotras”, me decía la pobre. Jovencita, supliendo a su titular y a quien estuviera de baja esos días. Atención primaria en Murcia, you know.

El parón de primavera no fue suficiente para recuperarme, como otras veces, de un trimestre demasiado largo y con grupos muy conflictivos en 1º ESO. A la semana de haber empezado las clases tenía que armarme de valor para entrar a algunas aulas, poner distancia, no poner el cuerpo. Por primera vez sentía que no estaba haciendo bien mi trabajo porque me estaba obligando a no implicarme con cada estudiante, para evitar llorar y para evitar el pánico cuando de golpe volvían varios de los expulsados a la vez. La clase sin respirar, expectante a ver cuándo se liaba del todo.

Intervenciones desde tutoría, con las familias, desde Jefatura de Estudios, acciones coordinadas con todo el equipo docente, con el equipo de Orientación, activados protocolos de absentismo, puesta en conocimiento de servicios sociales de quienes presentaban mayores problemas… Todo lo que se podía hacer, se hizo. Insuficiente. Niños que vendrán a clase de manera intermitente hasta cumplir los 16 que no habrán aprendido casi nada. Fuera del sistema en su barrio y en el instituto. Lo pongo en masculino porque casi siempre son niños, las niñas vienen, hasta que dejan de venir.

Así que por fin me he animado, a ver qué tal. Este año puedo afrontar la reducción del sueldo y seguir pagando el alquiler, tengo dinero ahorrado, no tengo cargas familiares. Espero que sea suficiente para coger fuerzas. Me da a mí que en un año no habrá habido grandes cambios en la política educativa de nuestra Región. Aún así, he querido que conste, así que he mandado esto por registro a prevención de riesgos laborales, porque con malas condiciones laborales, el trabajo nos enferma.

Que la solicitud se produce en un intento de no caer en el síndrome del profesor, en este caso profesora, quemado. El personal docente, ante una situación constante de estrés, responde con un profundo malestar, agotamiento físico y mental, frustración, hastío, pérdida de paciencia y de capacidad de empatía con el alumnado…

Que la situación que ha llevado a este extremo viene dada por la organización derivada de los programas bilingües, que agrupan al alumnado de profundización de inglés en unos grupos y, en el resto, a quienes tienen peores resultados académicos, lo que incluye a todo el alumnado con desfase curricular y con diagnósticos de educación especial.

Que dentro del alumnado con desfase curricular se incluyen familias que provienen de entornos marginales, migrantes, muchas veces con desconocimiento del idioma, y en general, con pocos recursos económicos y/o falta de red familiar y tiempo para compensar las desigualdades y las necesidades específicas en su entorno.

Que el malestar emocional y los problemas de salud mental son una realidad hoy que afecta también a niñas y niños, lo que viene a agravar la dificultad para gestionar aulas enormemente heterogéneas en su diversidad, homogéneas solo en el rendimiento académico.

Que la falta de recursos públicos incide en la reducción de la capacidad de respuesta de un profesorado agotado frente a las complejas problemáticas a las que nos enfrentamos, que cualquier ayuda externa está convenientemente forrada de papeles que no llegan a ningún sitio, porque no hay recursos suficientes tampoco en servicios sociales, porque los ayuntamientos, en este caso el de Murcia, no garantizan la colaboración de todo el entorno vecinal y su comunidad educativa, dejando a los centros como entes independientes y a cada docente como una isla.

Que la apuesta de la Comunidad Autónoma por la empresa privada subvencionada con fondos públicos a través de los conciertos educativos o de externalizaciones ha convertido los centros públicos en guetos de pobreza. Que la falta de atención a la infancia, la falta de recursos en la sanidad pública para atención temprana o salud mental, la falta de recursos de atención al menor o de servicios sociales es una condena para las familias que no tienen recursos.

Que la falta de financiación para la educación pública afecta directamente a la calidad de la enseñanza y a la salud en el trabajo. Que las ratios elevadísimas, la inexistencia de reducción de ratio por alumnado con ACNEE y ACNEAE, las ratios con las que trabajan en los departamentos de Orientación, la falta de apoyos dentro y fuera del aula y la falta de asesoramiento externo y apoyo por parte de sanidad, salud mental, menores, servicios sociales, organizaciones vecinales y proyectos comunitarios, la burocracia, la sobrecarga horaria, la falta de medidas reales de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, hace que la labor educativa se vea profundamente menoscabada.

No garantizamos el derecho a la educación de todo el alumnado, especialmente de quienes proceden de entornos más pobres, de quienes proceden de entornos racializados, de si eres niña o niño. Fracaso escolar y abandono escolar temprano. Los datos de nuestra región avalan lo que digo.

Que me veo obligada a solicitar una reducción de mi jornada laboral porque no quiero ponerme enferma. Que tenemos una Ley de Salud en el Trabajo que la administración pública no cumple, que nuestro servicio de prevención no da abasto y que no hay ningún interés por cambiar eso. Hasta que reventemos.

Por las ratios en Andalucía; por las horas lectivas en Madrid; contra la ley de 'libertad' educativa en la Comunitat Valenciana, a favor del catalán en Illes Balears; por un poco de cada, contra los recortes en general y por unas mejores condiciones laborales en todas ellas. La comunidad educativa siente cómo se le acumulan los agravios y, tras una temporada de calma, vuelve a echarse a la calle.

Las políticas de los nuevos gobiernos autonómicos de derecha y ultraderecha en algunos casos, o la inacción de los que han repetido a la hora de revertir los tijeretazos de la anterior crisis en otros, han provocado una suerte de reactivación de las mareas verdes que inundaron las ciudades a principios de la década de 2010.

“La desinversión educativa ha empeorado las condiciones laborales. Se subieron las ratios (de alumnos por clase), se subieron las horas lectivas (de clase que imparte el profesorado cada semana) y en algunas comunidades autónomas no se ha revertido aún. Sobre eso se ha producido la implantación de una reforma, la Lomloe, que aumenta la burocracia, el trabajo no relacionado con la educación, lo que le genera un mayor estrés al profesorado. Y sobre todo esto llegan los gobiernos autonómicos de derecha, o con la ultraderecha, que generan nuevos recortes (sea en condiciones laborales o educativas), lo que está provocando que crezca la inquietud en estas comunidades. Vivimos una situación muy compleja”, reflexiona Francisco García, secretario general de la Federación de Educación de CCOO. El curso se acaba, pero las protestas no, vaticina.

Algunas administraciones están consiguiendo que sindicatos con ningún o casi ningún punto en común más allá de la defensa de la escuela pública actúen conjuntamente. No necesariamente revueltos, pero sí a la vez y por la misma causa. Ha sucedido en Madrid, donde las siete principales organizaciones, entre ellas sindicatos tan dispares como CGT y Anpe, han respaldado las dos últimas jornadas de huelga.

También en la Comunitat Valenciana, la última en echarse a la calle, este pasado jueves. La Plataforma per l'Ensenyament Públic, que engloba a sindicatos y entidades ciudadanas como STEPV, Escola Valenciana, CCOO, UGT, CGT Ensenyament, Fampa–València y Adep–PV, les convocó a todos ellos para protestar contra, entre otras cuestiones (casi nunca hay sola razón en Educación), la nueva ley de libertad educativa que tramita el nuevo Gobierno de PP y Vox en el parlamento autonómico. Una norma “innecesaria, discriminatoria y regresiva”, según la Universitat de València. Antes de ellos, Madrid acumula ya cinco jornadas de huelga este curso y Andalucía otra. También ha habido protestas –sin paros– Balears, y también en Castilla-La Mancha y Asturias, gobernadas por los socialistas.

La expansión del distrito único

La plataforma valenciana protesta entre otras cuestiones, y esto es común a otras autonomías donde ha desembarcado el PP, con o sin Vox, contra la implantación del distrito único educativo en la región. Esta medida, exportada de Madrid para España, se basa en la teórica “libertad de elección de las familias”. Pero Madrid es la región de España que más segrega a su alumnado, según un estudio realizado en la Universidad Autónoma de Madrid, y en parte se debe a su modelo, con un papel preponderante del distrito único. El informe señalaba que tiene una lógica mercantil en la que “los centros conforman un mercado para las familias” y que “beneficia a las familias que pueden elegir, que tienen acceso a la información y que pueden desplazarse” cada día hasta el colegio de su elección, según Javier Murillo, uno de sus autores.

Los nuevos gobiernos de derechas han recuperado (o implantado por primera vez, según dónde) esta medida en varias autonomías con mayor o menor entusiasmo: en la citada Comunitat Valenciana, en Aragón, en Baleares y en La Rioja.

García, de CCOO, sostiene que en ese modelo “no da a las familias mayor capacidad de elección, sino que da a los colegios mayor capacidad de selección del alumnado”. El distrito único escolar es una medida que habitualmente critican las asociaciones y sindicatos que defienden la escuela pública y reivindican los centros concertados y las asociaciones católicas de familias (en el caso valenciano la La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA).

El “ataque a la lengua”

También señala la comunidad educativa valenciana que la nueva ley “margina el valenciano en la enseñanza y la sociedad” y dejará la lengua en “situación de inferioridad”, según la Acadèmia Valenciana de la Llengua. La proposición de ley, sostiene la AVL, “no es que se limite a equiparar las dos lenguas, sino que va en la dirección contraria a la normalización de la lengua propia de la Comunitat Valenciana: en lugar de promover el valenciano, favorece el castellano”, algo “especialmente significativo en el caso de las comarcas castellanohablantes en las que los alumnos se ven impedidos de acceder a un conocimiento suficiente del valenciano”.

La misma reivindicación tienen en Balears, donde hace 11 años ya se vivió una manifestación histórica con 100.000 personas exigiendo en la calle que se retirara la ley del Tratamiento Integrado de las Lenguas de José Ramón Bauzá, expresidente balear del PP. Ahora, buena parte de la comunidad educativa ve cómo los populares han pactado con Vox lo que el partido de Abascal llama “libre elección de lengua”, un plan para que las familias puedan elegir si sus hijos estudian en catalán o castellano durante las primeras fases educativas de la enseñanza, así como aumentar el castellano en los colegios e institutos. La mayor parte de la comunidad educativa, en cambio, defiende que se trata de un plan para “segregar” al alumnado en función de la lengua y denuncia que al poner la decisión inicial de si adherirse o no al plan en manos de los centros, “toda la presión será para los docentes”.

De ratios y horas lectivas

El número de alumnos por clase y las horas que el profesorado dedica a impartir clase cada semana son otros elementos compartidos por algunas comunidades en sus protestas. El primero es universal y una de las principales luchas de los docentes: menos estudiantes en el aula suponen una mejor atención a cada uno de ellos o incluso algo tan simple como gestionar mejor la disciplina en clase. Y en muchos colegios están viendo cómo pese a la caída de la natalidad, o precisamente por ella debido al cierre de colegios, están aumentando las ratios, según han explicado manifestantes por todo el territorio.

Aunque esta reivindicación es transversal, ha sido la principal en Andalucía, donde el profesorado hizo huelga la semana pasada para exigir al Gobierno de Moreno Bonilla que baje las ratios, para lo cual la fórmula más sencilla es aumentar las plantillas docentes. “La comunidad educativa reclama, desde hace años, que el descenso de la natalidad no se utilice como pretexto para mermar la red pública, sino que se aproveche la oportunidad para bajar las ratios: una reivindicación histórica y unánime de la comunidad educativa”, explican desde el sindicato Ustea.

La gota malaya privatizadora

La privatización del sistema es otro de los puntos de protesta transversales a casi todas las manifestaciones. Comunidades como Madrid llevan años favoreciendo a la escuela concertada y algunos nuevos gobiernos populares se están apuntando a ese camino. Aragón ha destinado este año 112 millones de euros más a los centros privados sostenidos con fondos públicos (el presupuesto ha subido un 33%). Muchos ejecutivos regionales están dilatando o maniobrando entre los resquicios de la ley para evitar quitar los conciertos a colegios privados que segregan por sexo, práctica que la ley prohíbe y los cheques para cursar estudios no obligatorios en la privada corren con libertad.

La ampliación de la FP, una de las apuestas del Gobierno pero sobre la que no tiene competencias, se está realizando a base de centros privados y con una gran presencia de fondos de inversión. En el sector universitario no se abre un centro público desde 1998, mientras solo en los últimos años Andalucía ha aprobado o está tramitando cuatro centros, Euskadi uno, Galicia otro y en Madrid van camino de perder la cuenta con cuatro ya aprobadas en los últimos años y otras cuatro en estudio para llegar hasta las 17 universidades privadas.

¿Y el Ministerio de Educación?

Por el momento las protestas se están dirigiendo a los gobiernos autonómicos, que tienen las competencias en materia educativa, pero los sindicatos son conscientes de que hay elementos en los que el Ministerio de Educación podría hacer más. Las ratios, por ejemplo, fueron subidas por el exministro del PP, José Ignacio Wert, por Real Decreto y para todos sin excepciones. Luego muchas comunidades autónomas las bajaron, pero las titulares socialistas de la cartera, primero Isabel Celáa y ahora Pilar Alegría, nunca han querido revertir aquella subida por la misma vía y con la misma universalidad.

Algo parecido sucede con los criterios de escolarización que establece la Lomloe, que apuntan a reducir la segregación pero que algunas comunidades autónomas se podrían estar saltando. En un plano más puramente de condiciones laborales del profesorado, el ministerio está comprometido por ley a sacar adelante el Estatuto Docente que regule la carrera profesional, una reivindicación histórica del profesorado que nunca acaba de llegar. Educación sacó una primera propuesta con 24 meses para comenzar desde ahí hace más de dos años, pero los sindicatos denuncian que no han vuelto a saber nada.

García advierte que, aunque el curso esté a punto de concluir, “las banderas están en alto”. “No va a haber retirada a los cuarteles. Vamos a exigir al Ministerio que cumpla con lo pactado. Si no lo hace, habrá movilizaciones”.