La Complutense reduce unas ayudas a jóvenes investigadores hasta casi el salario mínimo: “Recortan a los más pringados”

“Han recortado a los más pringados de la Universidad. Lo único que van a conseguir es que nadie quiera investigar”. Como Juan, unos 70 jóvenes investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que están preparando su tesis denuncian que el centro, que vive una situación financiera límite, ha reducido un 11% los salarios de las ayudas para la contratación de personal investigador predoctoral en formación (PIPF) que otorga la Comunidad de Madrid, lo que ha dejado unos contratos que no eran boyantes en origen rozando el salario mínimo interprofesional (SMI).

Además, explican los afectados, lo ha hecho sin avisar del recorte hasta el instante mismo de la firma de los contratos, momento en el que ya tenían que haber renunciado a cualquier otro empleo que tuvieran porque estas ayudas exigen exclusividad, por lo que se habían quedado sin margen de maniobra. “Llegado a ese punto estás obligado a firmar porque ya has dimitido de lo que tenías”, corrobora Luis, que dejó un trabajo ligeramente mejor remunerado pensando que con el PIPF tendría las condiciones de anteriores convocatorias, para encontrarse después con el recorte.

Cuando le han pedido explicaciones a la Universidad, esta les ha respondido que la medida se ciñe a la legalidad porque la convocatoria no especifica que tenga que haber un salario concreto y las cifras que ofrece se atienen al Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF). También les dijo, nota mediante, que se ha tomado esta decisión para “garantizar la estabilidad presupuestaria de la UCM” porque, según la Universidad, “el aumento de costes durante el cuarto año [de contrato] provoca que el coste real para la UCM supere la financiación máxima establecida para la convocatoria”.

La Complutense ha tenido que pedir un crédito a la Comunidad de Madrid para cerrar las cuentas del año y, como condición, ha tenido que aprobar un plan de austeridad que recurre a las jubilaciones y a la tijera –se van a cerrar estudios, por ejemplo– como vías para recuperar la estabilidad financiera. El centro no ha respondido a las preguntas de este periódico sobre el recorte en las ayudas a la investigación.

Los afectados dicen sentirse “engañados” porque no les informaron del recorte hasta que ya no podían dar marcha atrás y porque los 150 euros mensuales de menos respecto a anteriores convocatorias y lo que asumían que iban a ganar les hace la vida muy difícil en Madrid con 1.112 euros mensuales. “Entre el alquiler, facturas y gastos básicos te quedan 200-250 euros al mes para vivir”, describe uno de ellos una situación recurrente entre los demás. También está el agravio comparativo que sienten cuando miran a los compañeros de anteriores promociones y ven que están cobrando un 11% más que ellos.

2.000 euros menos

Los contratos PIPF son unas ayudas para jóvenes investigadores que concede la Comunidad de Madrid con 18.269,58 euros anuales, poco más que el SMI, que está en 17.094 euros. Hasta este ejercicio, la UCM complementaba la parte autonómica con un extra de unos 2.000 euros anuales, elevando la cuantía total hasta los 20.325,62 euros cada 12 meses. Con esta cifra contaban los investigadores cuando pidieron la ayuda para la convocatoria de 2024, que se tramita en 2025.

La sorpresa vino hacia finales de año, explica el colectivo de afectados en una nota, cuando fueron a firmar el borrador, habiendo renunciado a lo que pudieran tener antes, y descubrieron el recorte de 150 euros mensuales sin preaviso. “Lo que nos molesta es la falta de comunicación que ha habido con esto”, explica Guillermo. “Yo tenía un contrato PLI (de personal laboral investigador) y con esta ayuda pensaba que iba a poder cobrar ese pellizco más. Pensábamos todos que íbamos a poder tener un estilo de vida más relajado, porque con ese contrato va muy, muy justo en Madrid con 1.100 euros”. Ese extra mensual puede no parecer mucho, cuentan los investigadores, pero es una diferencia fundamental cuando vas tan justo.

“Me gasto la mitad en alquiler y con la otra mitad tengo que vivir, pagar los viajes a Sevilla para ver a mi familia”, relata Guillermo una situación que se repite. Cuando Alfonso supo que había ganado un contrato hizo planes con su novia. Ella, colombiana, vendría a España y se irían a vivir juntos. Alquiló una habitación doble, cuenta, para encontrarse la sorpresa del salario. “Pago 550 euros por la habitación, estoy bastante al límite con los gastos y estamos esperando para juntarnos porque no tengo capacidad de ahorro”, explica.

Una precariedad que amenaza las carreras investigadoras. “No es que te plantees dejarlo, porque estás haciendo lo que te gusta”, responde a la pregunta directa Alberto. “Pero tienes que trabajar, dar clase, corregir, si haces trabajo de campo lo haces gratis los fines de semana... Para que no haya un mínimo de compensación y en el momento en el que tenga cualquier percance o me suban el alquiler ya no es que quiera o no, sino que no podré permitírmelo”, explica.

Los investigadores están molestos porque la Complutense haya decidido recortar a los más débiles. “Es una situación un poco humillante”, pone voz Guillermo a lo que piensan todos. “La universidad recorta a los que estamos abajo del todo. No es una cantidad de dinero significativa para la UCM en su conjunto, pero para nosotros es un cambio muy grande”. “Esta situación [financiera] de la universidad es terrible, pero están cargando el peso en los más débiles, que somos los predoctorales recién contratados”, coincide Julia, otra afectada. “No es un buen reflejo de lo que tenemos que aspirar como sociedad. No se puede precarizar más a un sector que ya está bastante precarizado de por sí”, cierra Alfonso. Cuando se les pregunta cómo se sienten, las respuestas oscilan entre “estafados” y “humillados”, con una dosis de “ninguneados”.

La Universidad Complutense es el epítome de la situación de las seis universidades públicas madrileñas. El centro vive una situación financiera límite tras años de infrafinanciación por parte de la Comunidad de Madrid. En los dos últimos ejercicios, la UCM ha perdido 140 millones de euros, un estado de las cuentas que le ha forzado a cerrar estudios, ordenar un recorte del 35% en los gastos a todos los departamentos y, ahora, meter la tijera en la investigación. Tras dos ejercicios de un tenso tira y afloja con el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, hace unas semanas las partes firmaron un acuerdo financiero para los próximos años que los rectores calificaron de “hito”, pero que las plataformas en defensa de la universidad pública ven como un parche que apenas mejora la financiación, que pasará del 0,4% del PIB al 0,5% en un escenario optimista.

Los afectados por este recorte aún tienen un argumento para considerarse afortunados: su convocatoria es, por el momento, la última que ha realizado la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional anunció hace unas semanas que suspendía la siguiente (y se ahorra los 29,1 millones de euros que conlleva), lo que implicará que si vuelve a sacar estas ayudas habrá el doble de aspirantes en la próxima convocatoria.