Podemos nació en las primeras semanas de 2014 y se convirtió en la gran sorpresa con cinco diputados en las elecciones europeas de ese año. Y casi paralelamente empezaron sus problemas en los tribunales mucho antes de que el partido gestionase ninguna institución. Durante casi una década diferentes instancias, la judicial, la periodística y también los cuerpos policiales han tratado de poner en duda la limpieza de sus cuentas.

Más de una decena de denuncias, acusaciones policiales e imputaciones se amontonan en los archivos de los juzgados sin que ninguna haya reunido pruebas para llegar a juicio. El caso Neurona, después de tres años de investigación y centenares de titulares de prensa radio y televisión, es el último en seguir ese camino después del informe PISA, la persecución a la jueza Victoria Rosell y últimamente las denuncias de Vox por delito de odio. 

“Podemos tiene cuatro casos de corrupción sin haber gestionado un solo euro público”. Pablo Casado, entonces portavoz del comité de campaña del PP, se pronunciaba de ese modo en una entrevista en Onda Cero en febrero de 2015, aun con Mariano Rajoy en La Moncloa. Para entonces, dos personas que saben bien a qué huele el banquillo de los acusados habían abierto fuego judicial contra el partido con pólvora mojada: Emilio Rodríguez Menéndez y Miguel Bernad. 

El primero es un abogado que se hizo famoso por fugarse varias veces de la Justicia y ser condenado, recientemente, por estafa. El segundo lideraba un pseudosindicato, Manos Limpias, condenado por participar en extorsiones judiciales. A finales de 2014 acudieron al Tribunal Supremo para denunciar que Iglesias, entonces eurodiputado, y otros miembros de Podemos blanqueaban dinero del chavismo por haber trabajado para la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS). También por la facturación supuestamente ilegal de la productora con la que gestionaban el programa ‘La Tuerka’, donde se dio a conocer el exlíder del partido. 

El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, dictó entonces un auto cuyos argumentos se han reproducido en una docena de ocasiones para archivar este tipo de pleitos. Esa primera querella, afirmó el Supremo, “se limita a transcribir un artículo periodístico” sin aportar “datos objetivos y accesibles”. Un principio, un nudo y un desenlace que, casi una década después del nacimiento del partido, se siguen repitiendo: acusaciones basadas en informaciones periodísticas o documentos policiales que nunca pasan el filtro de una investigación judicial. 

La munición con la que se disparaba al partido era de fogueo pero suficiente para lanzarse al contraataque contra una formación que, en poco más de dos años de vida, había planteado una moción de censura contra Mariano Rajoy, había buscado capitalizar políticamente el descontento del 15M e, incluso, había sacado un ‘tramabús’ a la calle señalando a políticos y periodistas como integrantes de una estructura corrupta. El entonces presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, también presentó sin éxito una querella contra Iglesias tras ver su cara en ese ‘tramabús’ que circuló por distintas ciudades españolas. 

Parte de esa munición surgió de las maniobras urdidas desde el Ministerio del Interior que entonces dirigía el hoy procesado Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior entonces y amigo íntimo del presidente Mariano Rajoy. Una estrategia que había comenzado casi en cuanto el partido logró su primer triunfo electoral en las europeas de 2014, tal y como reveló años después el diario del comisario jubilado José Manuel Villarejo, uno de los actores clave de la guerra sucia contra la formación. El mismo grupo secreto de policías que durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy se había dedicado a combatir extrajudicialmente el proceso soberanista en Catalunya tenía ahora en Podemos un nuevo enemigo al que combatir de forma prospectiva y sin control judicial. 

Años después, las anotaciones de Villarejo desvelaron que a los cuatro meses de aquellos comicios ya estaba manteniendo encuentros con periodistas para facilitarles información del partido. Pero la mayor evidencia de la guerra sucia contra Podemos por parte de aquella cúpula policial llegó tras las generales de 2015, cuando los 69 diputados que logró la formación —que se convirtió en tercera fuerza política— podían imposibilitar un nuevo Gobierno del PP. Okdiario y El Confidencial informaron del contenido del llamado informe P.I.S.A. (Pablo Iglesias Sociedad Anónima): un texto sin firma ni sello que pretendía demostrar la financiación irregular del partido con dinero procedente de Venezuela e Irán. 

Su contenido fue despreciado, primero, por la Audiencia Nacional y, después, por el Tribunal Supremo. Pero en ese momento, cualquier información que vinculara a la marca de Iglesias con el chavismo resultaba vital para la brigada política y los enemigos del partido. Tanto es así que uno de sus miembros, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, llegó a trasladarse a Nueva York para entrevistarse con un exministro de Hugo Chávez, al que ofreció ayuda para él y su familia a cambio de supuestas pruebas sobre los vínculos de Podemos con Caracas. El informe policial que resultó de aquel encuentro nunca llegó a un juzgado pero fue publicado por el diario ABC.

La investigación del caso Villarejo ha acreditado la participación del comisario en aquellas maniobras junto a otros miembros de ese grupo de mandos policiales. Sin embargo, los funcionarios serán únicamente juzgados por la operación para favorecer al PP a través del sabotaje de la más grave causa de corrupción de la formación: el caso Gürtel. Pero, entretanto, esos informes apócrifos, sin atribución a una unidad policial, ni firma de funcionarios sí han servido durante años para alimentar las portadas de determinados medios de comunicación coincidiendo con momentos álgidos en el debate político. 

Por ejemplo, esa misma brigada política filtró en mayo de 2016 a OkDiario una supuesta orden de pago de 272.325 dólares por parte del Gobierno venezolano a favor de Iglesias a través de una cuenta en un paraíso fiscal y cuando el partido ya estaba fundado. El documento resultó ser falso, tal y como acreditó la entidad bancaria Euro Pacific Bank. Para elaborarlo, la Policía contó con Carlos Alberto Arias, un ciudadano venezolano que recibió el permiso de residencia por su colaboración con el Ministerio del Interior español, según confesó él mismo en un juzgado madrileño. 

De forma más reciente, en 2022, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón intentó resucitar las diligencias abiertas en su día a raíz del citado informe PISA para tratar de poner en marcha otra investigación sobre la supuesta financiación irregular de Podemos a partir del testimonio del exgeneral venezolano Hugo ‘El Pollo’ Carvajal’. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acusó al juez de utilizar “artificios” para intentar sortear los límites legales y seguir adelante con las pesquisas. Según los jueces, el antiguo jefe de la Inteligencia militar de Chávez solo pretendía “retrasar” su extradición a Estados Unidos. El juez acató esa orden y detuvo la investigación. 

García Castellón es el mismo juez que reconvirtió una investigación sobre la presunta participación de Villarejo en la difusión del material del teléfono robado a una excolaboradora de Iglesias, Dina Bousselham, en un caso sobre el entonces vicepresidente del Gobierno. El magistrado estableció como prioridad determinar si él había dañado su tarjeta del móvil a pesar de que ella lo exculpaba. Durante dos años, ordenó todo tipo de diligencias, sin consultar a la Fiscalía, entre las que figuró incluso una comisión rogatoria internacional. El Supremo rechazó la exposición razonada contra Iglesias. Ante la imposibilidad de imputarlo, el juez cerró la instrucción del caso. 

Al margen de la brigada política, uno de los principales casos de guerra sucia contra Podemos fue el que afectó a Victoria Rosell, jueza de profesión y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género hasta hace unos días, con Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. El Supremo confirmó en noviembre de 2021 la existencia de una conspiración para tumbar a quien, en ese momento, era diputada de Podemos a través de la manipulación de una causa judicial que ella había instruido cuando estaba en activo. 

La persecución, otra vez a medio camino entre la política y los tribunales, comenzó tras las elecciones de 2015. El juez que la ejecutó, Salvador Alba, está en la cárcel desde hace poco más de un año. Pero, entre medias, la admisión en el Supremo de una querella contra la diputada presentada por el que fuera ministro del PP José Manuel Soria provocó que Rosell dimitiera de su cargo electo y que no concurriera en las elecciones de junio de 2016, convocadas ante la falta de acuerdo para formar Gobierno. A partir de entonces las bases de la conspiración comenzaron a tambalearse, pero el objetivo de apartar de la política al que era uno de los perfiles más relevantes de Podemos se había logrado. 

Tres años de caso Neurona

El caso más transversal a las distintas etapas del partido y que más se ha prolongado en el tiempo es el conocido como ‘caso Neurona’: la macrocausa judicial que arrancó hace más de tres años en un juzgado de Madrid para investigar las cuentas de Podemos, que llegó a tener una decena de piezas separadas y que ha quedado sobreseída hace apenas unos días. 

El caso arrancó a finales de 2019, cuando Podemos negociaba su entrada en el Gobierno de coalición y cuando un antiguo abogado del partido, José Manuel Calvente, acababa de ser despedido bajo acusaciones de acoso sexual que la formación nunca pudo probar. El letrado acudió a la Guardia Civil para denunciar irregularidades de todo tipo en la contabilidad de Podemos: una ‘caja B’, sobresueldos ilegales, dinero negro en la reforma de la sede central y miedo entre los trabajadores para no decir nada. 

Para la formación de Ione Belarra, tal y como han dicho en público todos sus dirigentes en repetidas ocasiones a lo largo de estos tres años, el caso Neurona es uno de los mayores ejemplos de ‘lawfare’ contra un partido que ha vivido la política española reciente. Tanto por el desarrollo de la causa, que mantuvo imputado al propio partido durante más de dos años, como por su capitalización por parte de la derecha, que llegó a hablar de ‘la Gürtel de Podemos’ y, en el caso de Vox, a personarse como acusación popular. 

El propio Calvente reconoció en su primera declaración judicial que una parte de sus acusaciones venían de “rumores” que había escuchado cuando trabajaba en el partido, y que muchos de sus testimonios no querían ir al juzgado para evitar represalias. Aún así el instructor, Juan José Escalonilla, puso en marcha batería tras batería de diligencias, abriendo y cerrando piezas separadas a medida que las imputaciones se sustentaban en las palabras de Calvente o en informes policiales que el tiempo ha desvelado como dudosos.

Las piezas centradas en aspectos como la contabilidad o las entradas y salidas del dinero se fueron archivando, dando paso a otras que afectaron al ámbito personal de los dirigentes de Podemos, como el conocido como ‘caso Niñera’. La investigación penal a varias colaboradoras de la entonces ministra Irene Montero por si habían malversado dinero público al cuidar de una de sus hijas cuando era un bebé. Al final, más allá de unas fotos donde alguna de ellas sujetaba a la pequeña, el propio juez reconoció que ni siquiera había pruebas de que esos cuidados hubieran existido. 

Todo esto ha servido para que Podemos denuncie desde hace años que Escalonilla se lanzó a una “investigación prospectiva”. El último en hacerlo ha sido el exdiputado Juanma del Olmo, uno de los imputados, en esta entrevista con El País. El partido entiende que la causa no ha conseguido demostrar ninguna irregularidad pero sí ha relacionado su imagen con la de episodios más populares y reales de la corrupción española, como la ‘caja B’ del PP cuya existencia sí ha sido demostrada judicialmente.

Del Olmo estuvo imputado hasta hace unos días, cuando el instructor del caso decidió dar carpetazo al asunto. Lo hizo cuando ya solo quedaba una pieza separada, la que daba nombre a la causa: la que investigaba si Podemos había pagado más de 300.000 euros a la consultora mexicana Neurona por trabajos no realizados, o que en realidad habían resultado más baratos, en las elecciones generales de 2019. Esa pieza se atascó durante más de un año a la espera de que alguien quisiera hacer un informe pericial para ver si, efectivamente, habían existido sobreprecios. El perito Aleix Sanmartín confirmó que, incluso, Podemos había pagado ese trabajo por debajo del precio de mercado y el caso ha ido al sobreseimiento provisional, todavía pendiente de posibles recursos. 

Todos estos casos se han cruzado con otras querellas y pleitos sin recorrido judicial pero con mucha estela mediática y política. Por ejemplo, las varias denuncias por delito de odio que el Tribunal Supremo ha rechazado contra dirigentes de partido, entre ellos la propia Ione Belarra, por relacionar al partido de extrema derecha con el nazismo. O la querella, de la que nunca más se supo tras el acto de conciliación, que presentaron contra Victoria Rosell, por unas declaraciones que hizo en TVE. 

Ninguna de estas querellas, en muchas ocasiones lanzadas por rivales políticos o por asociaciones y abogados cercanos a la extrema derecha, han pasado el filtro de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Desde la prevaricación hasta el blanqueo de capitales pasando por el fraude fiscal, el odio y las injurias, todas han naufragado en la sala que preside Manuel Marchena, por norma general con Pablo Iglesias como protagonista acompañado de dirigentes y antiguos miembros como Ione Belarra, Irene Montero, Juan Carlos Monedero o Iñigo Errejón, abarcando desde la financiación de Podemos hasta la gestión de la pandemia desde el Gobierno. 

Acciones judiciales que ni siquiera han llegado a juicio y que siempre han terminado en el archivo o el sobreseimiento con una misma premisa: no hay pruebas, más allá, de recortes de prensa, especulaciones o declaraciones sin sustento documental de ninguna trama de corrupción en el partido que el año que viene cumplirá una década en el tablero político español.

Diciembre de 2019. Un abogado, José Manuel Calvente, acude a un cuartel de la Guardia Civil para denunciar un rosario de irregularidades contables del partido político que acababa de despedirle. Podemos, que en ese momento negociaba su entrada en el Gobierno con el PSOE, vio cómo un juzgado de Madrid abría una matrioshka judicial llamada caso Neurona que no dejaba de crecer hasta que, tres años después, ha quedado archivada. El magistrado Juan José Escalonilla, señalado por Podemos como artífice de un episodio agudo de 'lawfare', ha dictado el sobreseimiento de un caso que llegó a ser comparado con la trama Gürtel, que se nutrió de informes policiales dudosos y que aportó gasolina a la hoguera que medios y partidos de derechas crearon a raíz de la apertura de diligencias.

Calvente acudió a la Guardia Civil después de haber sido despedido por Podemos con unas acusaciones de acoso sexual a una compañera que nunca se pudieron probar. Allí empezó a trazar un relato que combinaba sus conocimientos como coordinador del equipo legal del partido con las aportaciones de compañeros que, afirmó, no querían ir a declarar por miedo a represalias. Sus palabras llegaron al juzgado 42 de la Plaza de Castilla de Madrid, donde disparó por aspersión y reconoció que muchas de sus acusaciones estaban basadas en “rumorología”.

Los dardos de Calvente eran una oferta difícilmente superable. Atribuyó el menú clásico de la corrupción a un partido que basaba su existencia en la idea de renovar las instituciones y acabar, precisamente, con la corrupción: financiación ilegal, sobresueldos, facturas falsas, omertá interna y hasta una 'caja B' en el seno del partido que entonces comandaba Pablo Iglesias, recién nombrado vicepresidente del Gobierno.

El primer auto de Escalonilla no invitaba a pensar en una macrocausa. Puso en marcha las diligencias “esenciales”, dijo entonces, para ver qué había detrás de todo aquello. Prensa y analistas conservadores, espoleados por el propio denunciante, no pudieron resistirse: había nacido “la Gürtel de Podemos”, en los juzgados y en los titulares. Vox tardó menos de una semana en conseguir su personación como acusación popular.

Un caso “peor” que Gürtel o Filesa habría implicado, entre otras cosas, el amaño de adjudicaciones de contratos y obras en administraciones públicas por valor de cientos de millones de euros o la financiación irregular con dinero negro de campañas del partido. En este caso Neurona, las cantidades no sostenían la comparación pero el marketing de las piezas separadas sí hizo su trabajo, aunque todas ellas, poco a poco y a lo largo de tres años, fueron archivadas.

Quedó archivada la bautizada como 'caja B' de Podemos, que investigó irregularidades en la gestión del Fondo de Solidaridad. La exsenadora Celia Cánovas denunció salidas opacas de dinero de esta caja hacia una asociación: “No consta la existencia de distracción de los fondos”, dijo la Audiencia de Madrid. Tampoco había delito en la reforma de la sede del partido, asunto por el que sí ha sido sancionado el PP en su trama Gürtel: no hubo “distracción de dinero” para “pagos y obras ajenas” a la reforma, dijo el juez.

Finalmente los complementos salariales no eran sobresueldos irregulares a altos cargos de partido. Las donaciones que se hacían al Proyecto Impulsa no eran delictivas porque Podemos acreditó el destino que se dio al dinero. Los contratos con la consultora portuguesa ADB Europa eran contratos de consultoría, y no documentos que demostraban una “presunta red global de corrupción política” como dijo Calvente.

El partido, tres años imputado

Las primeras acusaciones e imputaciones cayeron como una bomba cuando Podemos formaba parte del Gobierno de coalición desde hacía medio año. El propio partido fue imputado como persona jurídica, un honor que hasta entonces solo había tenido el PP pero no por corrupción sino por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. Con Podemos, fueron llevados al banquillo atemporal Juanma del Olmo (secretario de comunicación), Daniel de Frutos (tesorero), Rocío Val (gerente), Carlos García (administrador) y Elías Castejón (Neurona).

La Fiscalía, en función de la pieza, jugaba un papel dual, solicitando el archivo de algunas diligencias y dando a entender que no tendría problema en que otras llegaran, incluso, a juicio. Las distintas piezas separadas, antes de sus respectivos archivos, se iban alimentando de informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que cimentaban las afirmaciones, ahora no probadas, dentro y fuera del juzgado.

Vox, mientras tanto, impulsaba en la Plaza de Castilla las acusaciones contra Podemos que no le habían servido de nada en la Fiscalía Anticorrupción. También daba rienda suelta a la ofensiva penal contra rivales políticos que había desarrollado durante el procés, la pandemia y ahora contra las negociaciones de investidura. Los de Santiago Abascal, incluso, intentaron juntar sus dos causas preferidas y pidieron, sin éxito, que Hugo 'El Pollo' Carvajal declarase en el caso Neurona. Si la investigación avanzaba era un éxito y si no lo hacía, para los de Abascal, era una prueba de la existencia de “una mafia”. El PP de Pablo Casado llegó a acusar a Pablo Iglesias de viajar a Bolivia a obtener información privilegiada del caso.

Nuevas piezas se fueron abriendo y cerrando, dejando tras de sí un reguero de informes policiales y acusaciones no probadas. Juan Carlos Monedero, fundador del partido, llegó a ser acusado por la UDEF de cobrar de Neurona con una factura “falsa” y que, según consideró el juzgado, era verdadera. Estuvo dos años y siete meses imputado. Varias colaboradoras de la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, fueron imputadas para dilucidar si habían malversado caudales públicos al sujetar y cuidar en momentos concretos a sus hijos.

El juez Escalonilla tardó 15 meses en decidir que no era delito, cerrando un 'caso niñera' por el que otro magistrado llegó a dirigirse por escrito al Congreso para advertir a Montero, que solo puede ser imputada por el Tribunal Supremo, de que había unas diligencias abiertas.

El último fleco: el caso Neurona

Una a una, las piezas separadas del caso Neurona fueron cayendo en el archivo y solo una siguió adelante: la que daba nombre al caso. El juez Escalonilla quería saber si Podemos pagó sobreprecios a esta consultora mexicana por unos trabajos de comunicación política en las elecciones de 2019 que, en realidad, ni siquiera se habían realizado. Un caso que ha ido desmontándose por fascículos. Juanma del Olmo fue el primero en afirmar delante del juez que esos trabajos sí se habían realizado. Era noviembre de 2020.

La Policía cuestionó los argumentos defensivos del partido pero, al final, el juez entendió que esos trabajos sí habían existido y solo quedaba saber si además hubo un sobreprecio que pudiera derivar en un delito electoral. Un informe pericial que nadie quería realizar hasta que Aleix Sanmartín se ofreció, con un análisis que no dejaba otra salida al juez Escalonilla: los trabajos se pagaron, incluso, por debajo del precio de mercado. Por el camino, el juez también archivó la causa contra Podemos con un argumento que tuvo que esperar más de tres años: el partido, como persona jurídica, no podía ser acusado de un delito electoral.

Su último auto, el que ha cerrado la última pieza del caso Neurona, no es para todos los públicos. “Cabe concluir en base a lo anterior que no consta indiciariamente acreditado que el numerario de la cuenta electoral desde la que se abonó el importe de dicho contrato fuera distraído para fines distintos a los contemplados en la LOREG”. No hubo, por tanto, ni apropiación indebida de fondos electorales, ni tampoco un delito electoral.

Tres años después, la macrocausa que llegó a ser comparada con la Gürtel o con Filesa ni siquiera llegó a juicio, después de que el propio denunciante reconociera que muchas de sus acusaciones se basaban en “rumorología”. Al final, se ha convertido en una investigación por la cual Podemos ostenta, por el momento, el récord nacional de imputación penal de un partido político por sus finanzas. Por delante solo está el PP, pero no por la Gürtel, la de verdad, en la que ha sido considerado responsable a título lucrativo, sino por cuando fue acusado sin éxito de destruir los ordenadores de Luis Bárcenas.

El juez Juan José Escalonilla ha decidido archivar la última ramificación del caso Neurona contra Podemos: la investigación contra varios antiguos altos cargos por supuestas irregularidades en las cuentas del partido. Después de recibir un último informe pericial que acreditó que la formación no pagó sobreprecios en 2019 por los trabajos de la consultora mexicana, el juez da carpetazo a una causa que arrancó hace ya tres años: “No consta indiciariamente acreditado que el numerario de la cuenta electoral desde la que se abonó el importe de dicho contrato fuera distraído para fines distintos a los contemplados en la Ley Electoral”, afirma el auto que adelanta El País.

El sobreseimiento provisional afecta a Juanma del Olmo, Daniel Martínez de Frutos, Carlos García y Elías Castejón.

El caso bautizado como Neurona arrancó en 2020 después de que José Manuel Calvente, antiguo abogado del partido, compareciera ante la Guardia Civil y un juzgado de Madrid para denunciar una docena de irregularidades contables en el seno de la formación que entonces presidía Pablo Iglesias. Entre otras cosas, afirmó que existía una 'caja B' en la formación, que se desvió dinero de la campaña electoral de 2019 o que existieron irregularidades en la reforma de la sede central del partido en Madrid.

Todas las piezas separadas se fueron archivando poco a poco, incluidas aquellas que se abrieron posteriormente, como la que investigó si existió malversación de dinero público en el hecho de que una trabajadora del Ministerio de Igualdad cuidase de uno de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias, el bautizado como 'caso Niñera'. También se archivó recientemente la causa abierta contra Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores del partido, por varias facturas que cobró por trabajos en Latinoamérica en 2019.

La última ramificación que permanecía abierta desde hacía tres años era la que investigaba si el partido pagó un sobreprecio en los trabajos contratados con la consultora mexicana Neurona para las elecciones generales de 2019. La causa permaneció paralizada durante más de un año a la espera de un informe pericial del consultor Aleix Sanmartín que, finalmente, ha certificado que Podemos no pagó facturas por encima del precio de mercado por esos trabajos.

El resultado es el archivo de la causa tres años después según el auto que acaba de notificar el juez Escalonilla. “Cabe concluir en base a lo anterior que no consta indiciariamente acreditado que el numerario de la cuenta electoral desde la que se abonó el importe de dicho contrato fuera distraído para fines distintos a los contemplados en la LOREG, razón por la cual no cabe apreciar la presunta comisión de un delito de apropiación indebida de fondos electorales”, dice el magistrado.

El resultado, después de que hace poco el juez también dejase a Podemos fuera de la causa tras varios años imputado, es el sobreseimiento provisional de la causa contra varios exaltos cargos del partido: Juanma del Olmo, Daniel Martínez de Frutos, Carlos García y Elías Castejón.

El juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, ha rechazado la pretensión de la acusación popular que ejerce Vox para que Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, volviera a estar imputado en la causa y se terminara sentando en el banquillo. El magistrado archivó la causa contra Monedero el pasado mes de septiembre en un auto en el que dejaba fuera de la causa a la formación política, que figuraba investigada como persona jurídica.

Vox recurrió en reforma el auto del juez, esto es, para que el propio Escalonilla rectificara su decisión. La formación de ultraderecha alegaba que hay indicios suficientes contra Monedero como para que su eventual responsabilidad penal se dirima en fase de juicio oral.

Todo apunta a que el caso Neurona será definitivamente archivado y no llegará a juicio después de que el propio instructor señalara el carácter concluyente del informe pericial que debería determinar si Podemos infló el precio que pagó a Neurona por trabajos de consultoría. Ese informe fue entregado al juez este mismo mes de noviembre y en él se concluye que la formación política pagó un precio ajustado, e incluso por debajo del que regía el mercado.

Respecto de Monedero, el juez dice que ya expuso en el auto recurrido y “pormenorizadamente” los motivos que descartan indicios racionales contra Monedero respecto a la contratación llevada a efecto el día 27 de febrero de 2.019 por el partido político Unidas Podemos de la consultora Neurona Consulting CV S.A. “A tal respecto procede remitirse a lo expuesto en dicho Auto para evitar repeticiones innecesarias”, añade Escalonilla.

La causa dirigida durante estos tres años por el juez Escalonilla arrancó cuando José Manuel Calvente, abogado expulsado del partido entre acusaciones de acoso sexual posteriormente no probadas, acudió a la Guardia Civil para denunciar un rosario de irregularidades contables dentro del partido que dirigía entonces Pablo Iglesias: desde sobresueldos hasta la existencia de una caja B dentro de la formación, aunque amparándose en “rumorología” y el “miedo” de otros trabajadores para poder ofrecer más datos.

El juzgado fue abriendo piezas separadas que después quedaron archivadas. Entre ellas la que investigó si en la caja de solidaridad de Podemos existía, en realidad, un sistema de financiación irregular, si hubo ilegalidades en contratos con una consultora portuguesa o, entre otras, si hubo un 'casi niñera' por la presencia de cargos del partido sujetando a la hija de la ministra Irene Montero y Pablo Iglesias en determinados momentos.

En su recurso, Vox insiste en la supuesta falsedad de una factura emitida por Juan Carlos Monedero para justificar el cobro de más de 26.000 euros. “En el Auto recurrido –resuelve ahora el juez– se analiza dicha factura, la comunicación por correos electrónicos mantenida con Andrea Edlin López y los trabajos de consultoría por su parte llevados a efecto para concluir indiciariamente en la autenticidad de dicha factura, en cuanto al concepto por la que se emite, con independencia de los defectos formales apreciables en su emisión”.

Uno de los miembros de Podemos que aún mantiene la condición de imputado, Juanma del Olmo, presentó un escrito recientemente solicitando el archivo definitivo de la investigación abierta hace tres años.

El informe pericial clave en el caso Neurona ha acreditado que Podemos pagó por los trabajos encargados a la consultora mexicana Neurona un precio “dentro del rango medio, e incluso levemente por debajo, de lo establecido por los precios del mercado del sector”. El magistrado Juan José Escalonilla aguardaba el informe del experto al que encargó la pericial para adoptar una decisión sobre el caso que instruye en su juzgado y que, después de las conclusiones del perito, se ve abocado al archivo.

“Mas allá de los gustos personales o la opinión de cada particular en relación a los trabajos analizados en la presente prueba pericial, tenemos que concluir que los trabajos y servicios analizados cumplen con los cánones y estándares profesionales en el ámbito de la comunicación política internacional y el diseño de campanas”, analiza Aleix Sanmartín, designado por el juzgado para realizar la pericial.

Y añade el experto en comunicación: “En relación al precio de los productos y servicios analizados debemos concluir que se encuentran dentro del rango medio, e incluso levemente por debajo, de lo establecido por los precios del mercado del sector”. 

El juez Juan José Escalonilla investiga desde 2020 una denuncia del exabogado de Podemos José Manuel Calvente en la que apuntaba a media docena de irregularidades contables en el seno del partido político. La mayor parte de esas piezas de investigación, entre ellas la que indagó en si la ministra Irene Monteró usó a trabajadoras del partido como niñeras de forma ilegal, han quedado archivadas y el magistrado solo investiga determinadas facturas pagadas o cursadas en 2019 a la consultora Neurona.

El pasado septiembre, Escalonilla archivó la causa contra Monedero y sacó de la causa a Podemos como persona jurídica, ya que el delito que investiga, concluyó, “no puede ser atribuido a un partido político”.

La causa dirigida durante estos tres años por el juez Escalonilla desde la Plaza de Castilla de Madrid arrancó cuando José Manuel Calvente, abogado expulsado del partido entre acusaciones de acoso sexual posteriormente no probadas, acudió a la Guardia Civil para denunciar un rosario de irregularidades contables dentro del partido que dirigía entonces Pablo Iglesias: desde sobresueldos hasta la existencia de una caja B dentro de la formación, aunque amparándose en “rumorología” y el “miedo” de otros trabajadores para poder ofrecer más datos.

El juzgado fue abriendo piezas separadas que, a fecha de hoy, han quedado archivadas en su mayoría. Por ejemplo la que investigó si en la caja de solidaridad de Podemos existía, en realidad, un sistema de financiación irregular, si hubo ilegalidades en contratos con una consultora portuguesa o, entre otras, si hubo un 'casi niñera' por la presencia de cargos del partido sujetando a la hija de la ministra Irene Montero y Pablo Iglesias en determinados momentos.

Todas esas acusaciones quedaron archivadas y el juzgado solo mantiene abierta la línea de investigación en torno a los trabajos que la consultora mexicana Neurona hizo para la formación en las elecciones de 2019, que según el partido se pagaron a precio de mercado y sin que existiera ningún tipo de sobrecoste o pago irregular. Al juez le costó meses encontrar un perito de prestigio que se prestara a realizar una evaluación poco frecuente y que debía determinar, no ya la elaboración de los informes, si no que estos valían lo que se pagó por ellos. Con el informe pericial que firma Sanmartín el juez deberá decidir si archiva finalmente la investigación.

Podemos quiere que el juez del caso Neurona y todos los que han cometido “lawfare” contra el partido “rindan cuentas” y “sean juzgados”. La portavoz de la formación Isa Serra ha trasladado esta petición después de que el juez Juan José Escalonilla decidiera la semana pasada cerrar después de tres años la investigación dentro de esa causa contra Juan Carlos Monedero y apartar al propio partido.  

“Pedimos que los jueces que conspiran contra Podemos rindan cuentas y sean juzgados y que los medios que tantas portadas han dedicado contra Podemos dediquen ahora el mismo tiempo a decir que esto era una operación política contra Podemos”, ha dicho este lunes Serra en una rueda de prensa.

El juez Escalonilla investiga desde 2020 una denuncia del exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, en la que apuntaba a media docena de irregularidades contables en el seno del partido político. La mayor parte de esas piezas de investigación, entre ellas la que indagó en si la ministra Irene Montero usó a trabajadoras del partido como niñeras de forma ilegal, han quedado archivadas y el magistrado solo investigaba determinadas facturas pagadas o cursadas en 2019 a la consultora Neurona tanto por parte del partido como por parte de Juan Carlos Monedero, una parte de la causa que decidió cerrar la semana pasada.

El magistrado explicó que todo sigue pendiente de un último informe pericial que determinará si los pagos del partido a la consultora mexicana fueron o no legales y si existió algún tipo de delito electoral, pero decidió cerrar la causa contra Monedero. En cuanto al partido, imputado en la causa, el juez dictó un auto rechazando su petición de archivo del caso pero firmó otro en el que acepta que la formación de Ione Belarra quede apartada ya que el delito electoral que se investiga no puede ser atribuido a un partido político.

Serra ha calificado esa investigación de una “campaña de difamación” que se ha extendido tres años y medio “a base de mentiras gracias a medios de comunicación y determinados jueces como Escalonilla”. “Es uno más de los procesos contra Podemos y uno más de los que han quedado archivados”, ha recordado Serra que ha aprovechado para pedir que todos los jueces que han “conspirado” contra el partido rindan cuentas.

“No es no solo una campaña contra Podemos sino contra la democracia, el lawfare trata de subvertir la democracia. Por eso queremos insistir en que esto no acabe aquí, que haya una reparación contra Podemos, contra la democracia y que esto no vuelva a suceder”, ha cerrado.

La Policía Nacional ha confirmado al juez que investiga el caso Neurona que el envío de la factura que Juan Carlos Monedero emitió a la consultora Neurona en enero de 2019 no ha sido falseado para ocultar una comisión, como había apuntado la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF). Monedero, uno de los fundadores de Podemos, está imputado en la causa desde febrero de 2021 por las sospechas sobre el pago de 26.000 euros que le hizo la consultora mexicana. Monedero afirmó al juez que se correspondía por trabajos que él había realizado y ahora la Policía Nacional confirma que el email que envió con la factura en los primeros meses de 2019 fue remitido en esas fechas y no existe ningún tipo de falsificación.

El caso Neurona, después del archivo de casi todas las líneas de investigación, se centra ahora en los más de 300.000 euros que Podemos pagó a esta consultora mexicana por trabajos de comunicación en las elecciones generales de 2019 y si los trabajos se realizaron efectivamente o si el partido pagó algún tipo de sobreprecio con fondos electorales. Esta pieza principal se encuentra a la espera de un informe pericial clave para el que el juez, por ahora, no ha encontrado expertos.

Otra ramificación del caso gira en torno a Juan Carlos Monedero y una factura de 26.000 euros que emitió para Neurona unos meses antes de las primeras elecciones generales de 2019. José Manuel Calvente, antiguo abogado del partido cuya denuncia dio origen al caso, señaló al fundador de Podemos como un “comisionista” entre el partido y Neurona y el juez puso el foco sobre esta factura, que según explicó el propio Monedero en el juzgado no es falsa y se corresponde con trabajos que él realizó para la empresa.

La factura era por el concepto de “300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, México y Colombia” y el juez decidió imputarle apoyándose en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que acusaba al profesor de crear la factura para justificar el cobro de una comisión relacionada con la relación posterior entre Podemos y Neurona. Un punto de conflicto entre la representación del fundador del partido y la UDEF, con acusaciones de Monedero al cuerpo policial de “falsear la verdad” y “excederse” en estas apreciaciones.

Una de las diligencias que el juez puso en marcha fue pedir a la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional que confirmara si el correo con el que Monedero envió la factura a Neurona el 13 de enero de 2019 era falso. El informe descarta cualquier tipo de falsedad por parte de Monedero en el envío de ese correo, lo que según interpretan desde la formación de Ione Belarra descarta cualquier sospecha de falsedad por su parte.

Monedero, dice el informe, “no tiene capacidad de modificación de un correo ya enviado”. Un correo ya enviado “se podrá eliminar, no alterar ni manipular” y, además, está guardado en los ficheros de Google que no están al alcance de Juan Carlos Monedero para modificarlo de alguna manera.

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Hace dos años, un juzgado de Madrid ponía en marcha las diligencias 1182/2020. Una investigación llegada desde Martorell (Barcelona), donde un abogado llamado José Manuel Calvente había denunciado ante la Guardia Civil un ramillete de irregularidades supuestamente cometidas en el seno de Podemos, partido para el que había trabajado y del que había salido entre acusaciones no probadas de acoso sexual. Dos años después de la apertura del caso, solo una de las múltiples piezas separadas abiertas por el juez Juan José Escalonilla a raíz de esa declaración permanece abierta, a la espera de saber si llegará o no a juicio: los pagos de Podemos a la consultora Neurona por trabajos en la campaña electoral de 2019. Por el camino han naufragado investigaciones sobre una supuesta 'caja B' en el seno de la formación, sobresueldos inexistentes e, incluso, más de un año de diligencias para descubrir si varias colaboradoras de Irene Montero y del partido cometieron un delito al sujetar a su bebé en horario laboral.

La causa arrancó con la declaración de Calvente, abogado que había abandonado el departamento legal del partido en un cruce de acusaciones no probadas y de un enfrentamiento directo con Marta Flor, otra de las letradas que actúa en los tribunales en nombre de Podemos. Él acusó a Flor y al partido de intentar manipular a su favor procesos judiciales y tener un trato demasiado cercano con el fiscal del caso Tándem. Y el partido contestó acusando al abogado de haber acosado sexualmente a su compañera. Las acusaciones de Calvente se quedaron en los titulares y las del partido terminaron en absolución firme para el letrado.

En ese contexto de máxima conflictividad, José Manuel Calvente llegó al juzgado número 42 de Madrid y declaró durante tres horas. Se ratificó en su denuncia de contratos simulados en el partido para una campaña electoral, pero puntualizó: “Tampoco es que lo afirme categóricamente, porque no dejan de ser una serie de indicios”. Según explicó, le habían llegado de compañeros a los que no quería sacar del anonimato. “Son personas que temen por su trabajo, están verdaderamente asustados. Podemos, actualmente, es un partido autoritario. Está amenazando a personas. A mí me ha creado un círculo, un cordón sanitario”, lamentó ante el juez.

Ese día también apuntó al fundador de Podemos Juan Carlos Monedero por cobrar una comisión. “Eso es lo que me dicen que está pasando, yo no lo he visto (...) se rumorea, se rumorea en el partido”, dijo Calvente. También denunció irregularidades en la 'caja de solidaridad', explicando que lo sabía a partir de “comentarios y rumorología a nivel de militancia”. Apuntó igualmente a la reforma de la sede del partido en la calle Francisco Villaespesa de Madrid. A sus declaraciones se sumaron las de otros antiguos trabajadores y miembros del partido: la abogada Mónica Carmona, la antigua escolta de Irene Montero y la exsenadora del partido Celia Cánovas. La primera mantuvo un litigio con el partido después de que redujeran su jornada a la mitad, la segunda había sido despedida en 2019 y la tercera había mantenido un enfrentamiento abierto con el partido un año antes y acusando, por ejemplo, a Irene Montero de “nepotismo”.

A estos testimonios se unieron las acusaciones populares del caso mientras la Fiscalía iba pidiendo el cierre progresivo de las piezas abiertas. En agosto de 2020 el juez aceptó a Vox como acusación popular del caso. Unos meses antes, el partido ultraderechista había fracasado al denunciar hechos similares en la Fiscalía Anticorrupción y usó esa denuncia fallida para solicitar su ingreso en el caso Neurona. También se sumó a la nómina de acusaciones populares del caso Pro Lege, una asociación autodenominada de '“juristas europeos” cuya única cara visible conocida es la abogada Carolina Mata que, según informó InfoLibre, se declaraba cercana al Partido Popular, y que ha impulsado la acusación en causas contra políticos, personalidades y partidos progresistas.

Cada una de esas afirmaciones de Calvente se transformó en una causa judicial con imputaciones a lo largo y ancho del organigrama de Podemos, liderado entonces por Pablo Iglesias y hoy por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Fueron implicados su responsable de finanzas Daniel de Frutos, su entonces director de comunicación Juan Manuel del Olmo e incluso Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores del partido. Dos años después, solo una línea de investigación sobrevive a falta de que el juez reciba los últimos informes y decida si debe llevarse a juicio: lo que pagó el partido a la consultora Neurona por trabajos para la campaña electoral de 2019, si los trabajos se realizaron y si el dinero llegó donde tenía que llegar.

El juez ya rechazó la petición de Vox y Pro Lege de prolongar la causa y tendrá que decidir en los próximos meses si envía el caso a juicio o si dicta un nuevo archivo. Por ahora cuenta con el testimonio de varios trabajadores de Neurona que han afirmado que todos los pagos se corresponden con trabajos efectivamente realizados. También con los de decenas de testigos que recuerdan haber trabajado con personal de Neurona en la campaña. Recientemente, la fiscal Lorena Álvarez ha dejado por escrito en un informe que no hay pruebas de “la existencia de un contrato simulado” y que solo queda aclarar “el valor de los trabajos realizados y si hay exceso en el pago”. Un escrito en el que, sin embargo, no cerraba la puerta a que el caso sea llevado a juicio.

Pleno de archivos

El resto de ramificaciones del caso Neurona abiertas por el juez –y, en ocasiones, reabiertas por la Audiencia Provincial de Madrid– han terminado en el archivo. El primer auto en ese sentido llegó en octubre de 2020, cuando el juez envió al cajón las acusaciones de Calvente contra los contratos de Podemos en 2019 con la consultora portuguesa ADB Europa que contaban incluso con el aval del Tribunal de Cuentas. “No cabe sino concluir en la inexistencia de indicios racionales acreditativos de que dichos contratos se traten de contratos simulados”, dijo el juez Escalonilla.

El segundo archivo llegó pocos meses después en la ramificación que indagó en posibles irregularidades en la reforma de la sede del barrio de Pueblo Nuevo de Madrid que Podemos acometió en 2019. Calvente llegó a afirmar que el presupuesto se había inflado ilegalmente y que la licitación había sido simulada. El juez, en enero de 2021, archivó la causa: no hubo “distracción de dinero” para “pagos u obras ajenas”.

Lo mismo sucedió con la pieza separada que investigaba el origen y destino de las donaciones que cargos públicos de Podemos hicieron al Proyecto Impulsa, gestionado por la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia, a lo largo de 2016. El partido presentó medio centenar de certificados de donación desde esa fundación a diversas asociaciones destinadas a distintas causas sociales y el juez optó por el archivo. La denuncia sobre los supuestos sobresueldos que cobraban los líderes del partido político también acabó en el archivo en marzo de 2021. Tanto Calvente como Carmona denunciaron que las nóminas de algunos altos cargos del partido tenían complementos salariales irregulares. El juez Juan José Escalonilla entendió que eran complementos aprobados por el Consejo de Coordinación del partido y que los gastos que pasaban a la formación política eran “aprobados en sus respectivas áreas”.

Una de las derivadas del caso que más titulares y más idas y venidas judiciales protagonizó fue la de la caja de solidaridad de Podemos, bautizada por las acusaciones como una 'caja B' que finalmente no existía. En enero de este año la Audiencia Provincial de Madrid certificó en firme que no existieron salidas opacas de dinero del Fondo Salarial del partido a una asociación llamada '404', tal y como denunciaba entre otros la exsenadora Celia Cánovas. “No consta la existencia de distracción de los fondos recibidos por el partido Podemos dirigidos a dirigentes suyos”, dijo, contundente, la Audiencia de Madrid.

Imputadas por cuidar un bebé

El último auto de archivo, todavía recurrible ante la Audiencia Provincial, tiene que ver con una acusación surgida de un informe de Mónica Carmona remitido a los tribunales. La abogada afirmaba que el matrimonio formado por Pablo Iglesias e Irene Montero había utilizado de forma irregular a un cargo público, Teresa Arévalo, como niñera de su hija pequeña. El juez ha mantenido esta línea de investigación abierta durante más de un año e incluso ha indagado en la posibilidad de que más colaboradoras de los políticos hubieran usado a una segunda trabajadora, Gara Santana, igualmente como niñera. Un juez incluso se dirigió por escrito a Irene Montero, ministra de Igualdad, a través de la Comisaría del Congreso para que tuviera constancia de la apertura del proceso penal.

Detrás de este procedimiento, que recientemente ha quedado archivado ante la ausencia de cualquier prueba estaba la alegación de Mónica Carmona de haber recibido una denuncia anónima destapando este uso irregular de una empleada del partido como niñera de su hija. Posteriormente la causa engordó cuando la antigua escolta de Montero, que pleiteó con la ministra tras su despido, también denunció que era usada como “recadera” y alegó haber sufrido un trato humillante. Ella fue quien, ante el juez, apuntó a Santana como otra niñera supuestamente irregular.

El juez fue claro en su auto: “De las diligencias de investigación practicadas no solo no consta acreditado que Teresa Arévalo o Gara Santana se encargasen del cuidado de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias, sino que incluso no consta acreditado que persona alguna, ajena a los propios padres, se haya encargado de su cuidado durante el tiempo que desempeñaba funciones remuneradas por el partido político Podemos o remuneradas por el erario público”.

El juez de Madrid que investiga a Podemos, Juan José Escalonilla, acaba de dar carpetazo a una de las tres líneas de investigación que quedan vivas en el ‘caso Neurona’, la relativa a los supuestos sobresueldos mediante complementos salariales que, según la denuncia que dio origen el caso, habrían cobrado la gerente del partido, Rocío Esther Val; y el tesorero, Daniel de Frutos. En un auto del 11 de marzo al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez concluye que no hay irregularidades en las retribuciones de ambos empleados. El archivo no es firme. 

La existencia de estos supuestos “sobresueldos” fue objeto de denuncia de los abogados enfrentados con la cúpula del partido, José Manuel Calvente y Mónica Carmona, que cuestionaron los aumentos de las nóminas de Val y De Frutos mediante la implementación de dos complementos salariales —por importe de 210,32 y 400 euros— así como a través del reintegro a los mismos de gastos por desplazamientos u otros conceptos que consideraban “indebidos, desproporcionados y por conceptos no autorizados”. 

El juez Escalonilla, tras practicar las diligencias oportunas, considera que esos incrementos salariales están dentro de la legalidad. En su auto, destaca que el Consejo de Coordinación del partido aprobó los complementos salariales implementados por la gerente y que no se aprecia por su parte la presunta comisión de un delito de administración desleal. También subraya que el reembolso o reintegro de gastos presentados por ambos para su abono fueron aprobados por el Equipo de Finanzas y Transparencia y que “no se tratan de gastos unilateralmente cargados por dichos investigados, sino de gastos aprobados en sus respectivas áreas, por lo que no cabe apreciar indiciariamente irregularidad alguna”.

Con este archivo provisional, el ‘caso Neurona’ se limita a la investigación sobre el contrato con la consultora Neurona Comunidad para las elecciones generales de abril de 2019, que el juez sospecha que pudo ser simulado para desviar dinero de la subvención electoral; y a las pesquisas sobre la llamada ‘caja de solidaridad’. Tras el archivo del juez Escalonilla, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó el pasado 16 de febrero reabrir esta investigación al considerar que existen indicios de administración desleal en este fondo al que los dirigentes del partido hacen donaciones de sus sueldos para destinarlas a proyectos sociales. En concreto, está bajo sospecha la transferencia de 30.000 euros de esa caja a la Asociación 404 Comunicación Popular, vinculada a varios miembros de la formación.

La causa se ha ido adelgazando en los últimos meses con el cierre de varias de las líneas de investigación tras la denuncia de Calvente, aunque el instructor mantiene imputado al partido. Hace dos meses, el 12 de enero, el juez archivó la línea de investigación sobre la reforma de la nueva sede del partido, que se centraba en la diferencia de precios entre el presupuesto y la ejecución de esas obras; y sobre el presunto delito de revelación de secretos y vulneración de la intimidad que también había denunciado el abogado despedido.

Previamente, en octubre, el juez había cerrado otra de las líneas de investigación de esta causa, la relativa a las supuestas irregularidades en cuatro contratos del partido con la consultora portuguesa ADB Europa correspondientes también a las generales de 2019. El magistrado anuló las diligencias que él mismo solicitó tras recibir un informe en el que el Tribunal de Cuentas acredita que no hay irregularidades en dichos contratos. 

Por otro lado, el pasado 3 de marzo, el juez Escalonilla acordó la apertura de tres “procedimientos independientes” para investigar las supuestas irregularidades denunciadas por Carmona. Estas tres causas, al margen del ‘caso Neurona’, indagarán en la presunta “utilización por Irene Montero Gil [ministra de Igualdad] de una persona a sueldo del partido como cuidadora de sus hijos”; el “presunto cobro por Pablo Iglesias [vicepresidente del Gobierno] de las costas procesales” en un caso que habrían ganado abogados y un procurador pagados por Podemos y las donaciones a dos fundaciones próximas a la formación, la escuela popular Pablo Freire y la Fundación 25M. 

El juez de Madrid que investiga a Podemos, Juan José Escalonilla, ha citado como investigado al cofundador del partido Juan Carlos Monedero en el llamado caso 'Neurona'. El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, lo ha citado para tomarle declaración a las 11.30 horas del próximo 15 de marzo, según una providencia fechada este martes. Monedero fue nombrado el pasado verano director del Instituto 25M, la fundación de Podemos.

La citación se produce tras detectar una factura, de diciembre de 2018, que el magistrado cree que Monedero pudo falsificar para cobrar 26.200, 31 euros de Neurona, la consultora que después contrató Podemos para las elecciones de abril de 2019, según consta en un auto del pasado mes de noviembre al que tuvo acceso elDiario.es.

“Cabe actuar, tal y como expone la fuerza actuante (la Policía), que dicho documento fue elaborado ad hoc para justificar dicho ingreso en dicha cuenta bancaria, no reuniendo los requisitos propios de una factura”, asegura el magistrado en su resolución razonada. El juez, a continuación, vincula esa presunta factura falsa con la contratación por parte de Unidas Podemos de Neurona Consulting para diversos trabajos relacionados presuntamente con las elecciones de abril de 2019. 

Monedero cobró la citada cantidad el 25 de enero de 2019, “esto es un mes y dos días antes de la formalización del contrato entre Unidas Podemos y Neurona Comunidad S.L”, destaca el juez en el auto. Esos servicios entre la formación política y la consultora ascendieron a 363.000 euros y constituyen el centro de la investigación que desarrolla el juez Escalonilla a raíz de una denuncia del abogado despedido de Podemos José Manuel Calvente, al dudar el magistrado de que fueran realmente prestados. 

Cuando Monedero cobró esa factura todavía no se podía prever el contrato electoral con Neurona ya que no estaba en ninguna previsión que se fueran a celebrar unos comicios, a lo que abocó la negativa de ERC a apoyar los Presupuestos Generales del Estado presentados por Pedro Sánchez. Fuentes del entorno de Monedero mostraron el pasado viernes su sorpresa por que la investigación de todos estos meses se centre en una factura que está declarada a Hacienda.

Según la citada providencia, el mismo 15 de marzo también están citados como testigos Eric Alfredo Guerrero Márquez, la persona que supuestamente confeccionó el contrato con Neurona, según Mónica Carmona, exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos enfrentada a la cúpula de la formación y que ha aportado documentación al juez Escalonilla; y José Miguel Almazán, representante legal de Yugen Media, otra compañía contratada por Podemos para servicios electorales ante de las generales de abril de 2019. 

Asimismo, pide a Podemos que en el plazo de cinco días le informe si la dirección de la formación “tenía conocimiento del aumento de sueldo de la gerente Esther del Val y del tesorero Daniel De frutos y de otros trabajadores del partido mediante la inclusión de un complemento  de coordinación en la nómina”. Y solicita que le concrete si esa subida fue aceptada por el Consejo de Coordinación y, en tal caso, presente el acta correspondiente. 

Denuncia de Calvente y líneas archivadas

La investigación que se sigue desde el pasado verano en un juzgado de Madrid —y en el marco de la cual ahora ha sido citado Monedero— se abrió a raíz de la denuncia que Calvente presentó en diciembre de 2019 ante la Guardia Civil. El abogado sostenía en esa denuncia que pudo haber “contrataciones ilícitas” para simular gastos y llevarse así “comisiones”. 

Los agentes elaboraron un atestado en el que apreciaron delitos de administración desleal y malversación y el juez Escalonilla ordenó una serie de diligencias entre las que estaban la imputación del secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las dos últimas campañas electorales, Juan Manuel del Olmo Del Olmo, la gerente, Rocío Esther Val, y el tesorero, Daniel de Frutos. 

El juez también tomó declaración al propio Calvente, que por redes sociales había dicho que el caso era “peor que Gürtel” pero que en su declaración rebajó sus acusaciones y dijo que no tenía pruebas de esas “autocontrataciones”. Podemos pidió personarse en las actuaciones y el juez le atribuyó la condicion de investigado, una figura que la fiscal ha reiterado que debe mantener como medida garantista.

Las acusaciones contra el partido se han ido rebajando en los últimos meses. En octubre, el juez sobreseyó por falta de indicios la línea de investigación abierta sobre la supuesta salida “opaca” de dinero del fondo al que los dirigentes del partido hacen donaciones para proyectos sociales, la llamada ‘caja de solidaridad’. El magistrado concluyó que no hubo administración desleal en el fondo que Calvente definió como 'caja B', una denominación que también hicieron suya los partidos de la oposición. Días antes también había acordado anular diligencias que él mismo había solicitado encaminadas a indagar en los contratos del partido con la consultora portuguesa ADB Europa tras constatar que el Tribunal de Cuentas había acreditado que no había irregularidades en dichos contratos. 

En un auto del pasado 12 de enero, el juez descartó también la “distracción del dinero” destinado a la ejecución de las obras en la sede para “pagos u obras ajenas” a dichos trabajos y sobreseyó la investigación por un presunto delito de apropiación indebida en torno a esas obras. Asimismo, acordó el sobreseimiento de la causa sobre el presunto delito de revelación de secretos y vulneración de la intimidad que también había denunciado Calvente.