El juez del caso Neurona cierra la investigación contra Podemos y Monedero a falta del último informe

El juez que investiga desde hace años el caso Neurona ha decidido archivar la causa contra Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, y sacar al propio Podemos de la investigación. El magistrado ha aceptado estas peticiones aunque rechaza archivar la causa y explica que todo sigue pendiente de un último informe pericial que determinará si los pagos del partido a la consultora mexicana fueron o no legales y si existió algún tipo de delito electoral.

El juez Juan José Escalonilla investiga desde 2020 una denuncia del exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, en la que apuntaba a media docena de irregularidades contables en el seno del partido político. La mayor parte de esas piezas de investigación, entre ellas la que indagó en si la ministra Irene Monteró usó a trabajadoras del partido como niñeras de forma ilegal, han quedado archivadas y el magistrado solo investiga determinadas facturas pagadas o cursadas en 2019 a la consultora Neurona tanto por parte del partido como por parte de Juan Carlos Monedero.

Según ha podido saber elDiario.es el juez ha archivado la causa contra Monedero. “No existen indicios de que Juan Carlos Monedero Fernández intermediara ni tuviera participación alguna en la contratación llevada a cabo por Unidas Podemos en fecha 27 de febrero de 2.019 con la mercantil Neurona Comunidad S.L”, razona el juez para archivar el caso contra él. Los últimos informes policiales habían descartado que el profesor universitario hubiera falsificado o manipulado facturas para evitar la investigación.

En cuanto Podemos, imputado en la causa, el juez ha dictado un auto rechazando su petición de archivo del caso pero ha firmado otro en el que acepta que la formación política de Ione Belarra de “tenerle por apartado del presente procedimiento” ya que el delito electoral que se investiga no puede ser atribuido a un partido político. “No está prevista la posible responsabilidad penal de dicho partido político”, dice el juez, y por tanto permite a Podemos “apartarse del presente procedimiento” tal y como habían pedido Podemos y una de las acusaciones populares, la asociación ProLege.

En una de sus resoluciones el magistrado explica que está a la espera de recibir un último informe pericial encargado hace meses para determinar si los pagos hechos a Neurona se corresponden con un valor normal de mercado o si se trata de pagos irregulares, por los que siguen imputados varios exaltos cargos del partido. Un informe encargado finalmente al consultor Aleix Sanmartín después de que varios peritos, empresas y expertos hayan rechazado hacer el trabajo.

Ni 'caja B' ni caso niñera

La causa dirigida durante estos tres años por el juez Escalonilla desde la Plaza de Castilla de Madrid arrancó cuando José Manuel Calvente, abogado expulsado del partido entre acusaciones de acoso sexual posteriormente no probadas, acudió a la Guardia Civil para denunciar un rosario de irregularidades contables dentro del partido que dirigía entonces Pablo Iglesias: desde sobresueldos hasta la existencia de una caja B dentro de la formación, aunque amparándose en “rumorología” y el “miedo” de otros trabajadores para poder ofrecer más datos.

El juzgado fue abriendo piezas separadas que, a fecha de hoy, han quedado archivadas en su mayoría. Por ejemplo la que investigó si en la caja de solidaridad de Podemos existía, en realidad, un sistema de financiación irregular, si hubo ilegalidades en contratos con una consultora portuguesa o, entre otras, si hubo un 'casi niñera' por la presencia de cargos del partido sujetando a la hija de la ministra Irene Montero y Pablo Iglesias en determinados momentos.

Todas esas acusaciones quedaron archivadas y el juzgado solo mantiene abierta la línea de investigación en torno a los trabajos que la consultora mexicana Neurona hizo para la formación en las elecciones de 2019, que según el partido se pagaron a precio de mercado y sin que existiera ningún tipo de sobrecoste o pago irregular.

En este sentido el magistrado Escalonilla espera desde hace meses un informe pericial de Sanmartín, el consultor que ha accedido a estudiar esos pagos y determinar si efectivamente Podemos pagó lo que se suele pagar por ese tipo de trabajos en el ámbito de la comunicación política. En uno de los autos a los que ha tenido acceso elDiario.es, explica de nuevo que este informe será clave para decidir si archiva el caso o si envía la causa a juicio: “Habrá de estar al resultado de la pericial que se practique, y en su caso valorar la posible disfunción existente respecto del precio pagado, debiéndose entender la posible comisión de dicho delito en supuesto de que el precio abonado resulte excesivo, no real y no concorde con los servicios realmente prestados, y no en el supuesto de mínimas divergencias en su importe”, explica el juez.