El juez del 'caso Neurona' ordena investigar si una asesora de Podemos trabajó como cuidadora de los hijos de Irene Montero

El juez de Madrid que investiga a Podemos, Juan José Escalonilla, ha acordado que se abran tres “procedimientos independientes” para investigar las supuestas irregularidades denunciadas por la abogada Mónica Carmona, exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, según recoge un auto del 3 de marzo al que ha tenido acceso elDiario.es. 

El magistrado ha acordado que se abran estas tres causas al margen del ‘caso Neurona’ para indagar en la presunta “utilización por Irene Montero Gil [ministra de Igualad] de una persona a sueldo del partido como cuidadora de sus hijos”; el “presunto cobro por Pablo Iglesias [vicepresidente del Gobierno] de las costas procesales” en un caso que habrían ganado abogados y un procurador pagados por Podemos y las donaciones a dos fundaciones próximas a la formación, la escuela popular Pablo Freire y la Fundación 25M. “Que se elija el día de hoy para notificar este auto refleja lo que persigue esta causa”, destacaron fuentes de Podemos tras conocer la resolución. 

Estos supuestos hechos fueron puestos en conocimiento del juzgado el pasado febrero por Carmona, letrada despedida de Podemos en diciembre de 2019. El magistrado considera que se trata de “hechos nuevos” que “podrían ser constitutivos de delito” y, por lo tanto, deben ser investigados. “No cabe abstraerse de su denuncia devolviendo dichos expedientes a dicha testigo, procediendo su investigación”, afirma en la resolución.

El juez acuerda abrir estas pesquisas en procedimientos independientes para evitar “la dilación en la tramitación del presente procedimiento”, no en piezas separadas dentro del 'caso Neurona', como había solicitado la Fiscalía, que consideró que era preciso un “pronunciamiento” sobre esos hechos para ver “si revisten caracteres de delito y si deben ser investigados en el presente procedimiento”. 

La denuncia que el también abogado despedido de Podemos José Manuel Calvente presentó ante la Guardia Civil en diciembre de 2019 ha dado lugar a un procedimiento por el que está imputado el partido como persona jurídica y varios altos cargos. Hasta ahora, las pesquisas de Escalonilla se centraban en el contrato firmado por la consultora Neurona y Podemos para las elecciones generales del 28 de abril de 2019 por 363.000 euros, al sospechar que pudo ser un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas del partido.

Además, recientemente la Audiencia de Madrid ordenó reabrir la investigación sobre la llamada ‘caja de solidaridad’ de Podemos al considerar que existen indicios de administración desleal en este fondo al que los dirigentes del partido hacen donaciones de sus sueldos para destinarlas a proyectos sociales. En concreto, está bajo sospecha la transferencia de 30.000 euros de esa caja a la Asociación 404 Comunicación Popular, vinculada a varios miembros de la formación. Calvente definió este fondo como 'caja B', una denominación que también hicieron suya los partidos de la oposición.

El tribunal, en contra del criterio de la Fiscalía, estimó los recursos de Vox y Prolege y reclamó al juez que siguiera adelante con la investigación que había cerrado el pasado octubre. La Audiencia afirma que es “razonable pensar” que hay una “vinculación subjetiva encubierta” entre la asociación y Podemos que se pudiera haber utilizado para “obviar” las limitaciones de la ley de financiación de partidos y operar “al margen de la actividad inspectora del Tribunal de Cuentas”.