La Justicia confirma que el cese nulo de la abogada de Podemos no fue una represalia del partido

Pablo Iglesias, al frente del partido cuando ocurrió el cese, en un acto en Leganés

Alberto Pozas


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El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha rechazado de nuevo que el cese de Mónica Carmona fuese una represalia de Podemos por investigar supuestas irregularidades en el seno de la formación política. Los jueces de lo social han rechazado el recurso de la letrada contra la sentencia que sancionó la reducción de su jornada a la mitad en diciembre de 2019 pero rechazan su alegación de que todo fue una venganza de Podemos por investigar las irregularidades que, posteriormente, José Manuel Calvente llevó a la Guardia Civil y se han traducido en la apertura del caso conocido como 'Neurona'.

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La resolución de la sala de lo social del alto tribunal catalán rechaza el recurso de Carmona, que llegó a ser responsable de Cumplimiento Normativo del partido que dirigía entonces Pablo Iglesias. Empezó a trabajar para Podemos en 2016 asumiendo esa responsabilidad un año después y fue apartada de ese puesto, con una reducción de jornada a la mitad, en diciembre de 2019. Ese mismo mes José Manuel Calvente, antiguo abogado del partido, denunció una supuesta trama delictiva en el seno de la formación dando origen al caso 'Neurona'.

En un primer momento el juzgado de lo social 1 de Granollers estableció la obligación de Podemos de restituir a Carmona en su jornada completa, al mismo tiempo que dictaba su derecho a cobrar la diferencia salarial que había dejado de percibir, pero rechazó que se vieran vulnerados sus derechos fundamentales. Algo que ahora confirma el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya al asegurar que su cese como responsable de Cumplimiento Normativo no fue una represalia por esas indagaciones sobre irregularidades en el partido.

Dice textualmente la resolución, que ha tenido como ponente al magistrado Andreu Enfedaque: "Como bien indica la juzgadora de instancia, no ha quedado demostrado en el juicio si la demandante conocía o no estas irregularidades". Los magistrados de lo social explican que su trabajo era, precisamente, perseguir este tipo de conductas supuestamente ilícitas dentro de Podemos pero que "en ningún momento se afirma que las comunicase a una tercera persona, ni tan sólo al propio partido". Precisamente, recuerdan, ese era su trabajo: "Era obligación de la demandante, abogada de profesión y responsable de Cumplimiento Normativo, comunicar los hechos a la dirección del partido".

En base a los hechos probados, por tanto, entiende el TSJC que Carmona no ejerció ningún derecho fundamental que pudiera verse afectado por su cese o que permita entender el movimiento del partido como una represalia. Dice la sentencia que "no ha existido ni el ejercicio de un derecho ante la empresa ni su represalia". Todo esto al margen de la nulidad del cese ya declarada por la magistrada del juzgado de lo social de Granollers en marzo.

El caso Neurona

El conocido como 'caso Neurona' arrancó en diciembre de 2019 cuando José Manuel Calvente, antiguo abogado de Podemos, acudió a la Guardia Civil a denunciar un ramillete de irregularidades supuestamente cometida en el seno del partido. Ya entonces Calvente afirmó que había investigado estos hechos durante meses y que había dado cuenta a Mónica Carmona de todos ellos, asegurando también al juez que ella podría darle más detalles. El juzgado 42 de Madrid, con Juan José Escalonilla al frente, abrió una causa con numerosos frentes centrada en la contratación de la consultora 'Neurona' para las elecciones de abril de 2019.

Desde entonces la causa ha mutado con varias piezas archivadas y otras reabiertas en varias ocasiones. El pasado mes de octubre, por ejemplo, el juez Escalonilla archivó la parte de la causa que investigaba el supuesto desvío de fondos del Proyecto Impulsa. A principios de este mes de noviembre la Audiencia Provincial de Madrid ordenó investigar, entre otras cosas, el supuesto uso de una trabajadora de Podemos para hacerse cargo de la hija de Pablo Iglesias e Irene Montero en un mitin, dando lugar a una situación en la que varios juzgados investigan lo mismo.

La salida de Calvente de Podemos también fue conflictiva y terminó en la vía judicial. En diciembre de 2020 la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el archivo de la causa seguida contra él por el supuesto acoso sexual denunciado por Marta Flor, abogada del partido. Previamente a esta resolución firme Podemos y Calvente llegaron a un acuerdo para reconocer la improcedencia de su despido y evitar ir a juicio a cambio de una indemnización de 30.000 euros.

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