La Fiscalía archiva la denuncia de Vox contra el exfiscal del caso Villarejo y rechaza que filtrase información a Podemos

La Fiscalía de Madrid ha archivado las diligencias que abrió el 8 de julio de 2020 contra el fiscal Ignacio Stampa tras una denuncia en la que Vox le acusaba de connivencia con Podemos. La Fiscalía de Madrid rechaza que filtrase información a la formación de Pablo Iglesias y cierra la investigación al no ver delito en su actuación, pero pone los hechos en conocimiento de la Inspección Fiscal por si pudieran revestir “entidad disciplinaria”. Stampa era hasta el pasado octubre uno de los dos fiscales de Anticorrupción encargados del caso Villarejo, donde Podemos ejerce la acusación popular. 

La formación de extrema derecha pretendía que se le sancionara a raíz de las informaciones que lo relacionaban con una abogada de Podemos, basadas en afirmaciones de ésta en un chat interno de la formación. La letrada, Marta Flor, hacía comentarios que parecían apuntar a una relación personal con el fiscal que luego desmentía en otro chat interno. 

En un decreto fechado este 15 de febrero, la Fiscalía de Madrid concluye que de la “lectura atenta” de los mensajes incorporados en la documentación que acompaña la denuncia inicial “no es posible concluir que haya existido revelación de datos concretos declarados secretos en las actuaciones”. La denuncia de Vox estaba relacionada con una pieza del caso Villarejo en la que la Audiencia Nacional investiga el supuesto robo del móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham, cuyos datos aparecieron en posesión del excomisario.

No obstante, la Fiscalía afirma en su decreto de archivo que no ha podido ver la totalidad de los mensajes que se cruzaron los miembros de los Servicios Jurídicos de Unidas Podemos en las fechas en las que supuestamente tuvieron lugar estos hechos. El 9 de julio de 2020, el fiscal instructor los solicitó al Juzgado del caso Villarejo, que primero respondió aportando “un testimonio que no se correspondía con lo solicitado ni incorporaba los chats” y, después, confirmó que no obraban en ese procedimiento. 

En consecuencia, el fiscal instructor sostiene que las diligencias de investigación carecen de “un soporte documental válido, íntegro y contrastado” del contenido de las comunicaciones de las que se pretendía inferir la comisión del delito de revelación de secretos por parte del fiscal porque se basan únicamente en las noticias publicadas en los distintos medios de comunicación. 

De hecho, tras la comunicación del juzgado sobre la inexistencia de los mensajes, el fiscal instructor los solicitó a uno de los testigos, el abogado José Manuel Calvente, tal y como había ofrecido él mismo en su declaración testifical. Pero la petición se dejó sin efecto al constatar que el contenido de esos chats podía afectar al secreto profesional en el ejercicio de la abogacía de otros letrados integrantes del citado chat. Calvente es el abogado que despidió Podemos en diciembre de 2019 y que después llevó a la formación a los tribunales por un amplio abanico de supuestas irregularidades financieras.

Además de a este letrado, durante la investigación se tomó declaración en calidad de testigos a los abogados Marta Flor y Alejandro Gámez Selma, que en la actualidad siguen contratados por Podemos, y al fiscal anticorrupción Miguel Serrano, compañero de Stampa en el caso Villarejo. 

Además de notificar el decreto de archivo a los denunciantes y a la persona denunciada, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha acordado poner los hechos en conocimiento de la Inspección Fiscal por si pudieran revestir “entidad disciplinaria”.

El pasado septiembre, el fiscal jefe inspector, Fausto Cartagena, archivó en tres días otro expediente contra Stampa. En este caso, abierto a raíz de la ampliación de la denuncia contra él que interpuso una locutora canaria intentando atribuirle un extravío de documentación de un caso de corrupción en Lanzarote. Cartagena la archivó al entender que los hechos denunciados “para nada” estaban vinculados con él.

Stampa es uno de los dos fiscales que han impulsado las más de treinta piezas de las que se compone el caso Villarejo. El pasado 27 de octubre, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, rechazó asignarle una de las ocho plazas en propiedad en la Fiscalía Anticorrupción a las que había optado, por lo que dejó de estar adscrito a ese caso. Hasta entonces estaba en comisión de servicio es ese departamento. Delgado no lo propuso para una plaza fija siguiendo el criterio marcado por el Consejo Fiscal, donde no fue respaldado por ninguno de sus compañeros.